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ELPERIÓDICO/Barcelona* : Tres jóvenes se han colgado esta mañana en las Tres Torres de Esplugues de Llobregat para protestar contra el plan Caufec, que prevé la construcción de viviendas, oficinas y zonas verdes en el barrio de Finestrelles de la población, y el encarcelamiento de un activista.
Esta acción, que se inició sobre las 6.30 horas, critica el encarcelamiento de un activista contra el plan que se negó a pagar una multa de 60 euros por participar en un acto idéntico hace dos años y que la semana pasada ingresó en prisión. Los jóvenes portan una pancarta que reza Por esto, 10 días de prisión.
Una portavoz de Paremos el Caufec ha asegurado que los tres activistas no bajarán hasta que se libere al joven encarcelado, mientras que los Mossos d'Esquadra han asegurado que la situación, por el momento, es de "tranquilidad".
* El Periódico - Europa Press - 4.05.09
Foto: Tres jóvenes colgados en las Tres Torres de Esplugues de Llobregat, esta mañana. Foto: WWW.NOALPLACAUFEC.NET
Tres jóvenes se cuelgan en Esplugues por el encarcelamiento de un activista del plan Caufec
Fiscal pide ocho años de inhabilitación para la alcaldesa de El Madroño por presunta prevaricación
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EP/Sevilla* : La Fiscalía de Sevilla reclama una pena de un año y medio de prisión y ocho años y seis meses de inhabilitación para la alcaldesa de El Madroño, la socialista María Josefa Rubiano, por el presunto delito continuado de prevaricación que cometió al conceder dos licencias para la construcción de viviendas en terrenos no urbanizables.
En el escrito de acusación, consultado por Europa Press, el fiscal explica que la acusada recibió el 21 de Septiembre de 2004 una solicitud de licencia para construcción de vivienda unifamiliar presentada por D.M.T. y con proyecto técnico realizado por el arquitecto D.C.S.
Según prosigue el Ministerio Público, dicha construcción se iba a realizar en una parcela del terreno conocido como 'Cercado las Eras' que en esa fecha tenía la condición de no urbanizable por aplicación de las normas urbanísticas vigentes en aquel momento.
Así las cosas, la inculpada, "sin recabar informe técnico ni consulta a la Diputación de Sevilla", procedió a conceder la licencia solicitada el 27 de Septiembre de 2004 "pese a constarle la calificación de no urbanizable del terreno". Ya el 30 de junio de 2006 se comprobó la efectiva realización de las obras por su dueño, D.M.T. En auto de septiembre de 2007 se acordó el sobreseimiento provisional respecto al dueño de la obra y al arquitecto redactor del proyecto.
Por otro lado, la acusada acordó en Decreto de 13 diciembre de 2004 conceder licencia a J.L.M. para la construcción de una casa de labranza en la finca 'La Berrocosa', si bien esta edificación --asegura el fiscal-- también se iba a realizar en suelo calificado por la normativa en vigor como no urbanizable y, por tanto, dicha licencia "no se ajustaba a la legalidad".
Según defiende el fiscal en su escrito, la acusada concedió la licencia "pese a que constaba en la solicitud que se trataba de hacer una casa de labranza, se aludía a la edificación como vivienda y se aludía a la existencia de chimenea con lo que se excluía la vinculación de la edificación a explotación agraria o ganadera".
J.L.M. realizó las obras que fueron detectadas como "irregulares" por la Policía autonómica y que dieron lugar a diligencias judiciales por tal construcción en las que se acordó el sobreseimiento provisional el 23 de octubre de 2008. En la fecha de los hechos estaban en trámite la normas subsidiarias de planeamiento cuyo trámite se inició en julio de 1993 y que no habían sido aprobadas por la autoridad competente y por tanto carecían de vigencia.
El Ministerio Público considera que los hechos relatados constituyen un delito continuado de prevaricación urbanística, por lo que reclama para la alcaldesa de El Madroño un año y seis meses de prisión y ocho años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
* Europa Press - 4.05.09
Foto: EL Madroño (Sevilla) - sevillaweb.info
Multas a 46 inmobiliarias por vulnerar derechos del consumidor
ELPAÍS/Cataluña* : Hay contratos de compraventa de viviendas que obligan a subrogar las hipotecas subrogadas previamente, contratos de venta sobre plano en los que la promotora se arroga la potestad de cambiar las características del piso en cuestión y otros en los que se traslada al comprador el pago de todos los impuestos derivados de las transacción. Son cláusulas abusivas en todos los casos, que vulneran los derechos de los consumidores y, por tanto, son motivo de multa.
Inquieto por las malas prácticas en que puede derivar la mayor presión de las inmobiliarias para vender, el Gobierno catalán ha sancionado con 320.800 euros a 46 promotoras y constructras en Cataluña por estas y otras infracciones cometidas en 2008.
Además de los casos comentados, las malas prácticas incluyen el incumplimiento del deber de información y el mal uso de las cantidades pagadas por los compradores como adelanto. El expediente sancionador más elevado asciende a 20.200 euros, según la Agencia Catalana de Consumo, que en 2008 lanzó la primera campaña específica sobre el mercado de la vivienda. Su temor eran las consecuencias de la mayor presión para vender, ya que, con el actual ritmo de ventas de pisos, una promoción tarda en venderse en Cataluña una media de 41 meses, y en Barcelona ciudad, peor: 53, según los datos del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda. Pero las cuantías totales de las multas no difieren mucho, pese a la crisis, de las aplicadas en campañas globales realizadas en años anteriores.
Entre las 75 empresas visitadas, las cláusulas abusivas han supuesto el principal incumplimiento, con un volumen de multas de 194.300 euros, según el director de la agencia, Jordi Anguera. El segundo gran motivo de infracción, que ha supuesto sanciones de 79.400 euros, es la falta de información.
Cuándo termina la obra
Los compradores de una vivienda tiene derecho a saber cuándo empiezan las obras de su piso, cuándo terminan y en qué momento están, además de si se trata de obra nueva o de vivienda de segunda mano. "Hemos encontrado casos en que se daba por nueva una vivienda que no lo era", explica Anguera.
Las promotoras también han pecado con el uso del dinero que adelantan los compradores de pisos. Cuando el futuro propietario de una vivienda empieza a avanzar cantidades, la ley establece que la señal debe depositarse en una cuenta especial, que el comprador debe conocer, y sólo se pueden utilizar dichas cantidades para la obra en cuestión.
Además deben estar avaladas y garantizadas, de forma que en caso de que la promotora acabe en un consurso de acreedores (es decir, que suspenda pagos, como ha ocurrido con una larga lista de empresas del ladrillo en el último año), las aportaciones de los clientes estén aseguradas. Un total de 20 de las compañías inspeccionadas no había cumplido con esta obligación el año pasado, lo que supuso multas de 29.300 euros.
Desde que estalló la crisis, los teléfonos de la Agencia Catalana de Consumo echan humo. Entre el último trimestre de 2007 y el de 2008 las consultas de los consumidores se dispararon el 34%. Y eso en un año en que no ha habido un conflicto particular, como el gran apagón de Barcelona en 2007 o el cese de actividad de Air Madrid a finales de 2006. El grueso de las consultas tiene que ver con el mercado inmobiliario y sus derivadas, como las comisiones y las hipotecas.
* El País - AMANDA MARS - Barcelona - 04/05/2009
Las comisiones de Son Oms se ocultaron con ventas ficticias
ELMUNDO/Palma* : La investigación del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional sobre la trama político-empresarial en torno a la recalificación del polígono de Son Oms confirma en un informe elevado ahora al juez que las comisiones del 15% en suelo exigidas por los políticos de UM a cambio de la transformación de aquella zona rústica en un polígono industrial se cedieron simulando una compraventa «ficticia» ante notario.
Apunta que así se deduce del análisis de parte de la documentación incautada por la Policía Judicial del despacho del abogado y testaferro de los políticos de UM en el negocio, Jaime Montis, en un registro que se produjo siete meses después de que éste declarase ante la Fiscalía por el caso.
Son las conclusiones a las que llega el extenso dictamen que la Policía ha puesto sobre la mesa del titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Palma que investiga si, como ha denunciado la Fiscalía Anticorrupción, en aquella reconversión urbanística hubo tráfico de influencias, estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental, delito contra la Hacienda Pública y cohecho. «Uno de los fines con los que se constituyó Gestora Desarrollo Son Oms -la empresa creada por Montis que se quedó con esas comisiones en especie del 15%- fue conseguir el control de la Junta de Compensación [del polígono]; con esta finalidad la sociedad compró ficticiamente el 15% de la propiedad de diversas fincas (...) dicho 15% sería en realidad la contraprestación a pagar por los propietarios de esas fincas para que pudiese producirse la urbanización de Son Oms», sostiene la Policía.
¿Y en qué se basa para afirmar que fue «ficticia»? La respuesta, indica, estaría en una serie de documentos contenidos «en una carpeta amarilla con el membrete Montis Abogados» que recogen la liquidación de Gestora Desarrollo. «Se podía empezar a considerar el calificativo de ficticia por la ambigua alusión al pago anticipado del precio sin especificar el medio de pago utilizado. Asimismo, en los documentos de Gestora se puede verificar que las cantidades supuestamente entregadas no coinciden, circunstancia que hace hincapié en su falta de veracidad».Y es que como resume el informe policial, en la contabilidad de Gestora aparecen precios diferentes a los recogidos en las escrituras notariales. «Muy inferiores al precio real de mercado».
Ese precio, determina la Policía, «ni siquiera llegó a entregarse a los vendedores, ya que fue compensado con unos supuestos créditos históricos en los que Gestora Desarrollo se subrogó». No en vano, siempre según la Policía, este maquillaje contable quedó plasmado en un documento incautado a Gestora donde se dice que las sumas «que rezan en las escrituras fueron compensadas con supuestos créditos históricos subrogados por Gestora Desarrollo que quedaron cancelados con las escrituras».
La Policía también indica como sospechoso que todos los 15% fueran entregados el mismo día mediante escritura notairal, «plasmándose en dos de ellas la urgencia para que el otorgamiento se celebrase en ese día». No en vano, aquella entrega, la concreción de las comisiones pactadas por el ex conseller de Territorio de UM y aún hoy diputado Bartomeu Vicens y el ex presidente del Parlament y peso pesado del partido Maximiliano Morales, se produjo el 6 de abril de 1999. Unas semanas después de que el Consell que por entonces presidía UM a través de la figura de Maria Antònia Munar, aprobase la recalificación. El 25 de febrero de ese año, Montis había creado la sociedad Gestora Desarrollo Son Oms para aglutinar los 15%. Las plusvalías que generaron al pasar de rústico a industrial acabaron en manos de Vicens y Morales.
La Policía considera que el hecho de que aquella compraventa fuese una mera pantomima «respalda la idea de que realmente existió una unidad de acción y un propósito» en la adquisición del 15% de aquellas parcelas. Ya que con aquella cuota Gestora Desarrollo pasaría a tener el control del polígono, su órgano de gobierno.
Todas estos extremos que ahora desvelan las pesquisas policiales han venido siendo denunciados durante los últimos meses por EL MUNDO y por la Fiscalía Anticorrupción de Baleares. Las conclusiones del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Judicial, a quien el juez recurrió para que analice la extensa documentación incautada del despacho Montis, los confirman. Desde hace unos días están sobre la mesa del Juzgado.
* El Mundo - Estetan Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma - 4.05.09
Foto: Palma, polígono industrial de Son Oms - diariodemallorca.es
