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LAPROVINCIA* : La piqueta vuelve a planear sobre las más de mil viviendas ilegales en una veintena de núcleos costeros de las Islas. La admisión del recurso de inconstitucionalidad contra la última modificación de las Leyes del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias suspende los artículos que pretendían evitar el derribo de esas casas, por lo que la Dirección General de Costas puede actuar contra las edificaciones en la zona de dominio público marítimo-terrestre.
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Estado contra los cambios aprobados en el Parlamento de Canarias por el Gobierno de CC-PP para 'amnistiar' a muchas de esas viviendas, que en los casos de Cho Vito, en Tenerife, o Los Molinos, en Fuerteventura, ya han empezado a derribarse.
En concreto, el Constitucional suspende los artículos 1, 2 y 3 del texto refundido de las leyes del Territorio y de Espacios Naturales sobre la ordenación de áreas urbanas en el litoral canario, al entender que pueden vulnerar la Ley de Costas, tal como había argumentado el Gobierno central en su recurso.
Por tanto, las administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma deben ahora presentar sus alegaciones, para que en un plazo máximo de cinco meses el alto Tribunal decida si levanta la suspensión o la ratifica, explicaron fuentes del Ejecutivo regional, que precisaron que la Consejería de Medio Ambiente ya ha empezado a preparar dichas alegaciones.
Miguel Ángel Pulido, viceconsejero de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, argumentó al modificar la ley que se intentan salvar las construcciones que tienen un valor etnográfico, cultural o pintoresco. Por su parte, la oposición socialista se opuso a esos cambios y advirtió en el Parlamento que la decisión del Ejecutivo regional acabaría en el Tribunal Constitucional, como así ha ocurrido.
DERRIBOS. Los expedientes de derribo iniciados por la Dirección General de Costas incluyen una veintena de asentamientos costeros, aunque algunos de ellos tienen resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que avalan los acuerdos del Gobierno canario para evitar su desaparición.
Al igual que ocurrió con Cho Vito y Los Molinos, la piqueta planea sobre los asentamientos costeros de Tufia y Ojos de Garza , en el municipio grancanario de Telde. En Lanzarote se encuentran amenazados los núcleos de El Golfo (Yaiza), La Santa (Tinajo) y Los Ancones y La Caleta (Teguise). En la isla de Fuerteventura se contabilizan otros cuatro: Majanicho y el Jablito (La Oliva), Jacomar (Antigua) y El Puertito (Pájara).
En Tenerife hay cuatro núcleos costeros en el municipio de Güímar, El Tablado, La Caleta, Punta Prieta y La Puente, que han sido reconocidos como urbanos por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). No obstante, la Dirección de Costas del Estado no esa regulación autonómica porque, a su juicio, invade las competencias del Estado.
También en la isla de Tenerife, la Cotmac, pidió que se modificara la anchura de la zona de servidumbre de protección del dominio marítimo-terrestre en Agache, Igueste de San Andrés, Almáciga, Roque de Las Bodegas, Tachero, y en viviendas situadas en el Parque Rural de Anaga.
* La Provincia - JESÚS MONTESDEOCA - 8.08.09
Foto: Candelaria (Tenerife), vista Cho Vito - flickr.com
Canarias: La piqueta vuelve a planear sobre las mil viviendas ilegales
Hasta que el alquiler social les sea rentable
ANE ABARRATEGI ZAITEGI* : Ya se sabe que la diferencia que existe entre el precio de la vivienda y los sueldos constituye el mayor problema para la juventud vasca a la hora de independizarse. Tirando en una dirección los sueldos, el mercado laboral precario y el creciente paro; en la otra dirección, la vivienda con unos precios de venta y alquiler que nos llevan a gastar más del total de nuestro sueldo. Y en la mitad, nosotros/as, a punto de ahogarnos.
El Consejo de la Juventud de España, el Observatorio de la Juventud y el Gobierno Vasco han hecho públicos algunos datos en torno al tema. Tanto unos como otros, dejan claro que los/as que retrasan el momento de volar del nido familiar, no lo hacen debido a aspectos culturales y generacionales; estamos ante una situación provocada por factores económicos y políticos, sí o sí.
Por ejemplo, según los datos facilitados por el Observatorio Joven de la Vivienda para la juventud, en Araba una casa vale 243.090 euros en el mercado libre; en Bizkaia 294.880 euros; y en Gipuzkoa 299.090. Siendo este el panorama, una persona joven bizkaina tendría que gastarse el 111.6 % de su sueldo para poder comprar una casa solo; una gipuzkoana el 106.6% de su sueldo; y un alavesa un 79.7% de lo que gana. Es más, si solo gastásemos el recomendado 30% de nuestros ingresos, destinaríamos el 258.5% de lo que ganamos a la vivienda (según la última investigación del Consejo de la Juventud de España). Así, no es de extrañar que el número de jóvenes que vive fuera de casa de sus padres no alcance la mitad; y por si esto fuera poco, la mayoría de los que todavía lo hacen no esperan poder vivir por su cuenta en los siguientes 4 años (según las últimas encuestas del Gobierno Vasco). Mas allá de los datos estadísticos, esta situación tiene otras consecuencias: los y las jóvenes no tenemos la suficiente seguridad material (seguridad que se consigue mediante la vivienda y el trabajo) para poder desarrollar nuestro proyecto de vida propio; esta inseguridad a su vez, nos margina y condiciona nuestra participación social. Dicho de otra manera, hoy en día no existen condiciones mínimas para que la juventud pueda desarrollar su ciudadanía.
No se puede negar que el problema de la vivienda necesita de medidas proporciónales a su magnitud. Aun así, y atendiendo a las consecuencias, podríamos decir que las política llevadas a cabo en los últimos años no han puesto muchas resistencia a un mercado que no entiende el lenguaje de los derechos. Por un lado, los escasos recursos económicos de los planes de vivienda del Gobierno Vasco, por otro la política fiscal de las 3 diputaciones que no ha hecho otra cosa que incrementar el precio de la vivienda, y por ultimo las políticas de urbanismo utilizadas como fuente de ingreso de los ayuntamientos... Las políticas llevadas a cabo por las distintas instituciones no han sido capaces de dar la vuelta a la situación. Lamentablemente, el futuro también se perfila bastante oscuro para la juventud vasca. Los portavoces del gobierno de la CAV, han dado a conocer las bases de la futura política de vivienda, incluso se ha aprobado alguna medida especifica en el parlamento. Sin embargo, lo anunciado va en la misma dirección que hasta ahora, al considerar el sector de la vivienda y la construcción el motor de la economía.
Sí, aunque lo intenten disimular con un nuevo traje, las políticas planteadas por la Consejería Vivienda huelen a cemento, y vemos como de nuevo se han puesto medidas encima de la mesa que benefician de unos pocos y fomentan la perversión de un derecho fundamental. Por ejemplo, para activar la economía, se propone re-activar el sector de la construcción propiciando un pacto entre las cajas de ahorros o bancos, las empresas de construcción, inmobiliarias y la administración. De todas formas, seguimos sin ver con claridad de que manera solucionarán estas medidas el problema de la vivienda: ¿Como va a garantizar el aumento en la construcción de viviendas la accesibilidad de las mismas? Teniendo en cuenta las necesidades demográficas ¿de verdad hacen falta mas viviendas? ¿Cómo se va a gestionar el problema de las miles y miles de viviendas vacías que hay en Euskadi? Una misma receta para salir de la crisis y para cocinarla. En los últimos meses muchas personas agraciadas con una vivienda de protección oficial en régimen de compra se han visto obligados a rechazarla por falta de capacidad de pago. Ante esta situación, el gobierno, para sacar del mercado las viviendas protegidas y para fortalecer el sector, propone abrir las viviendas de protección oficial a rentas mas altas. Parece que como los pobres se han empobrecido demasiado, vamos a dar la opción de comprar las viviendas que se han construido con el dinero de todas a los "ricos". El planteamiento tiene lógica desde un prisma mercantilista, pero no acaba de encajar desde un punto de vista ético. Dejando a un lado los intereses que subyacen a las nuevas propuestas del gobierno, creemos que hacen falta medidas que tengan capacidad de responder a los intereses y necesidades de la mayoría.
Según las ultimas encuestas realizadas por el Gobierno Vasco, debido a la falta de estabilidad laboral y el precio de la vivienda, se ha duplicado el numero de solicitantes de alquiler dentro del programa Etxebide, pasando de ser un 32,1% en 2007 a un 61% en la actualidad. Otro dato más, este último que evidencia la necesidad de poner en marcha políticas activas en torno al alquiler. Así, si de verdad se quiere avanzar en el reconocimiento del derecho a la vivienda y si además se busca articular una respuesta en clave de universalidad y servicio público, es imprescindible ampliar el parque público de alquiler de manera prioritaria e inmediata.
El alquiler social, además de ser una ayuda capaz de adaptarse a distintas necesidades (poniendo en marcha alquileres en base a los ingresos), tiene potencial para acabar con el problema de las vivienda vacía originado por la especulación de los últimos años, y es una medida que puede hacer frente a realidades bastante dispares, entre otras a la de la juventud. A raíz de unas políticas públicas que principalmente se han diseñado para adaptarse a las necesidades del mercado, hoy en día nos situamos lejos de garantizar el derecho a la vivienda, y es ahora cuando se deberían fijar una nuevas bases para los futuros planes y poner en marcha recursos para fortalecer el estado del bienestar. Un pena, por que visto lo visto, y viéndolas venir, tenemos la sospecha de que tendremos que esperar hasta que alguno o alguna halle la manera de obtener beneficio económico mediante el alquiler social para ver implantadas medidas de este tipo.
* ANE ABARRATEGI ZAITEGI, CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI
* Diario Vasco - Opinión - 09.08.09
Chiclana: "El Ayuntamiento debe entender que esto es patrimonio del pueblo"
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DIARIODECÁDIZ* : La asociación de vecinos 'Cerro de la Espartosa' se moviliza para preservar y dar a conocer un entorno natural amenazado por la expansión urbanística local. El Parque Forestal Cerro de la Espartosa- Pinar de Hierro es un entorno natural situado a medio camino entre la costa y el centro de la localidad. Recientemente, el Pinar de Hierro ha sido declarado Zona Verde, lo cual lo convierte en espacio protegido.
En cambio, la pequeña zona colindante a éste, el Pinar de la Espartosa, queda fuera del amparo de las leyes medioambientales y se ve amenazada por planes urbanísticos de inminente ejecución.
La Asociación de Vecinos Cerro de la Espartosa se unió hace unos tres años para defender este entorno, pues, según su presidente, H. Piñeiro, "era la crónica de una muerte anunciada. Lo veíamos venir, así que decidimos actuar antes de que se nos echara todo encima". Este colectivo podría definirse como una amalgama entre una asociación de vecinos y una organización ecologista, y está compuesto en su mayoría por propietarios de viviendas en la zona cuyo objetivo es "dar a conocer y sensibilizar a la población chiclanera de la belleza y la importancia de este entorno natural", tal y como ellos mismos señalan en su reciente página web (www.aavv-cerro-espartosa.es).
"Queremos recordar al Ayuntamiento que hay otras opciones. Deben entender que esto es patrimonio del pueblo chiclanero, pues se trata de un enclave de alto valor paisajístico", señala el presidente de la asociación. Algunas de las medidas para conseguir que la Espartosa obtenga la denominación de Zona Verde son la elaboración de programas educativos, conducidos y elaborados por licenciados en Ciencias Medioambientales y dirigidos a alumnos de educación primaria y secundaria, además de una recogida de firmas vía internet.
Los planes de urbanización en la Espartosa consisten en la construcción de un hotel y un conjunto de entre 400 y 600 viviendas pareadas. El lugar concreto sería muy cerca de lo que actualmente es uno de los Puntos Mágicos que hay por los parajes naturales de la localidad, "lo cual puede interpretarse como algo contradictorio, pues se supone que los Puntos Mágicos son lugares de especial belleza, y un complejo con cientos de viviendas, a nuestro entender, no lo es", argumenta Piñeiro.
Este proyecto ha recibido tanto apoyos como críticas. La conocida asociación ecologista local La Chinita en el Zapato simpatiza con esta causa, así como el portavoz de Izquierda Unida José Pedro Butrón. Y es que desde la AAVV Cerro de la Espartosa también se quiere destacar que la zona no sólo es de alto atractivo vegetal, sino también faunístico. En cambio, desde el Ayuntamiento no se ha visto con buenos ojos esta iniciativa, y pese a mantener varias reuniones, los vecinos no dan su brazo a torcer. Según su presidente "entendemos que gobernar es una tarea complicada, pero una corporación no puede hablar en nombre de los ciudadanos".
De cualquier forma, bien es cierto que las disputas entre organismos oficiales y colectivos ecologistas están a la orden del día, especialmente en España. Nuestro país recibe cada vez con más frecuencia advertencias del Parlamento Europeo por problemas de corrupción urbanística.
* Diario de Cádiz - P. Luque - 9.08.09
Foto: Zona en la que se encuentran los pinos a conservar. - diariodecadiz.es
Costas niega que la "erradicación" de las casas de El Palo sea sinónimo de derribo
MÁLAGAHOY* : Admite que la propuesta al PGOU pasa por mantenerlas "fuera de ordenación" y aboga por buscar una solución "definitiva" entre todas las administraciones.La publicación del último informe de la Dirección General de Costas al Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Málaga, en el que habla de la "erradicación" de las casas levantadas sobre dominio público marítimo terrestre en El Palo, Pedregalejo, Las Acacias y Playa Virginia ha hecho saltar, por enésima vez, todas las alarmas entre los vecinos de la zona.
Los expuesto por este departamento se suma al largo listado de episodios que han tenido lugar a lo largo de las últimas décadas con estas edificaciones como eje del debate.
Hermoso subrayó que la solución final pasa por un acuerdo entre las tres administraciones implicadas, es decir, el Gobierno, la Junta y el Ayuntamiento. "Hay que ser coherentes, porque lleva muchos años enquistado y nunca se le ha encontrado una solución, quizá porque no ha habido una coordinación", explicó. Cuestionado por los pasos que ha dado su departamento para tratar de hallar una salida, dijo que se han barajado diversas opciones.
Pero si llamativa fue la explicación de Costas para quitar hierro, no lo fue menos la propuesta del alcalde, Francisco de la Torre, para salvaguardar estas construcciones. El regidor, que pareció atender a lo que el pasado jueves propuso la asamblea de IU en El Palo, planteó su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), al entender que hay argumentos para ello. No obstante, precisó que la solución final pasa por modificar el deslinde. A su juicio, esta medida "es un mecanismo más para asegurar la legalidad" de estas casas, aunque dijo que lo que le preocupa es que los vecinos puedan obtener la propiedad de las viviendas, para lo que se precisa "un deslinde distinto". Más contundente fue el presidente del PP en la provincia, Elías Bendodo, quien acusó al Gobierno de haber puesto sus ojos en Málaga en los últimos meses y de dedicarse "a fastidiar". "Primero, con los chiringuitos, y ahora vuelve al ataque con la idea de poner en peligro las casas de El Palo", denunció. Desde el PSOE, su secretario de Organización, Francisco Conejo, planteó la creación de una mesa de negociación para buscar la mejor opción. "Creemos que se puede establecer un símil con lo que se ha hecho con los chiringuitos", comentó, al tiempo que subrayó la necesidad de dar las máximas garantías jurídicas a los vecinos.
El origen de los problemas a los que hoy siguen enfrentándose los vecinos de El Palo y Pedregalejo se remonta a varias décadas atrás, hecho del que da fe el ex jefe de Costas Luis López Peláez. Haciendo memoria, recuerda cómo se realizaban los deslindes en los años 60. "Se hacían de cualquier forma. Iba el presidente del Puerto, porque entonces no había Demarcación de Costas, o el jefe de Obras Públicas, el delegado de Hacienda y el comandante de Marina y le preguntaban a un vecino 'usted dónde cree que llegó por última vez el oleaje'. Y lo pintaban en el plano".
Es historia viva de este conflicto y tras tantos años dice no entender que aún no haya una solución definitiva, que podría haber llegado si los responsables del Ministerio de Medio Ambiente hubiesen atendido la propuesta que hizo, en 2000, para variar el deslinde y llevarlo hasta la facha misma de las casas. Incluso, apunta que en 1997, el máximo responsable de Costas le propuso "el desalojo inmediato" de las casas de El Palo. "Resistí porque me pareció un disparate", comenta, al tiempo que ensalza el papel de la entonces alcaldesa, Celia Villalobos, quien terció con la ministra de Medio Ambiente para revertir la situación.
* Málaga Hoy - Sebastián Sánchez -8.08.09
Foto: Málaga , el Palo - mma.es
