EFE* : Más de 2.800 pueblos españoles están completamente deshabitados, según datos contenidos en el Nomenclátor de 2007 del Instituto Nacional de Estadística (INE), que muestran que dos tercios de esas poblaciones deshabitadas pertenecen a las comunidades de Galicia y Asturias.
En Galicia hay 1.261 entidades deshabitadas, más de un 44% de las 2.815 que existen en el conjunto de España, y la provincia gallega en la que se pueden encontrar más poblaciones de este tipo es Lugo, con 524. Por provincias, Asturias es la que más 'pueblos fantasmas' tiene, con 637 sobre un total de 6.939 poblaciones, lo que supone algo más de un nueve por ciento.
El más alto
No obstante, Madrid es la autonomía con un porcentaje más alto de entidades de población abandonadas, ya que un 22% de los núcleos madrileños está deshabitado, es decir, 186 de los 815 que existen en la Comunidad, mientras que Salamanca se acerca al 20%, con más de 180 'pueblos fantasmas' de los 929 totales.
Además de Ceuta y Melilla, donde sólo existen seis núcleos poblacionales en total -dos de los cuales son las islas Alhucemas y las islas Chafarinas, habitadas permanentemente por sendos contingentes militares, pero no por población civil-, tres provincias españolas no cuentan con ningún pueblo en situación de abandono: Granada, Málaga y Zamora.
* 20 Minutos - EFE - 09.08.2008
Foto: Pueblos abandonados en España - 20minutos.es
Más de 2.800 pueblos abandonados en España, la mayoría en Galicia y Asturias
Vigo: Cientos de amenazados de derribo confían en el indulto del Plan Xeral
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LAVOZDEGALICIA* : Cientos de afectados por sentencias de derribo de edificios ilegales en Vigo confían en salir del limbo jurídico en el que se encuentran y legalizar su situación a través del nuevo Plan Xeral, tal y como pretende el Ayuntamiento. La Voz ha testado la opinión de propietarios que viven bajo la amenaza de la piqueta, tras la última sentencia que insta a la demolición del edificio conocido popularmente como Piricoto.
Un vecino de la urbanización situada en la Colina de Castrelos dice rotundo: «Estamos hartos» de la polémica sobre los tribunales. Esto es lo menos ilegal que hay en Vigo. No han tirado los pisos ni los van a tirar. El Ayuntamiento no tiene dinero para pagar los 40 millones que costarían las indemnizaciones».
Otro vecino acota al problema a la tercera torre, la que aparece en los objetivos indiscretos que recogen el pazo de Castrelos.
Solo a unos cientos de metros, Alberto Méndez sale sonriente de su vivienda en A Pastora, junto enfrente de la Colina de Castrelos, sobre la que también pesan varios fallos judiciales. «Compramos sobre plano y no nos dieron licencia de primera ocupación», asegura.
Confía en el efecto legalizador del nuevo Plan Xeral. Lo mismo que le ocurre a José Carrera, que disfruta de su apartamento en Samil. Lo compró hace cuatro años «y tres meses después me enteré por la prensa que no tenía licencia», explica el vecino de los llamados apartoteles.
El documento urbanístico del Concello que entrará en vigor a finales de este mes es esperado como agua de mayo, como una especie de indulto para todos los afectados.
* La Voz de Galicia - Luis Carlos Llera - 10.08.2008
Foto: Vigo, cámara_municipal - João Méndez (wikipedia.org)
El Puerto: Plantean agilizar los permisos de luz y agua a las viviendas ilegales
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DIARIODECÁDIZ* : Equipo de Gobierno y entidades que representan a los diseminados ilegales mantienen sus amplias diferencias en torno a la concesión de permisos de suministros (luz y agua) a viviendas al margen del planeamiento.
El Área de Urbanismo insiste en una serie de condiciones que deben cumplir las edificaciones para que obtengan la autorización mientras que los diseminados reclaman que éstas no sean tan exigentes para que pueda beneficiarse a un mayor número.
El equipo de Gobierno ha presentado dos propuestas de protocolo donde se regula las condiciones en las que se podrán acceder a estos suministros que no difieren en lo básico: los requisitos que deberán tener las viviendas. Éstas se basan en un informe del asesor jurídico del Área de Urbanismo, Pedro García Retortillo, que realiza un análisis de toda la normativa que regula las edificiaciones al margen de la ley.
Resumiendo, el informe establece que el Ayuntamiento, para no incurrir en problemas legales, podrá conceder el suministro a viviendas cuya infracción urbanística haya prescrito (establecido en cuatro años), que no estén construidas en suelo protegido y ni haya que hacer obras de urbanización para el enganche. A estos condicionantes, el equipio de Gobierno le añadió una que no gusta especialmente en los colectivos vecinales. Ésta es que la unidad familiar deberá acreditar que ésta es su única vivienda mediante la acreditación por parte de un trabajador social. Asimismo en el protocolo se advierte de que todos los permisos deben tener "carácter excepcional" y "ponderarse de forma extremadamente cautelosa".
Durante estos días, se producirán nuevos encuentros tanto con Fevema como Coave, las dos entidades que representan a la casi totalidad de los diseminados ilegales del término municipal, para tratar de consensuar un documetno.
El protocolo presentado hace unas semanas difiere del propuesto hace unos meses en que pretende agilizar las solicitudes, según explicó la concejala de Urbanismo, Patricia Ybarra. Se plantea que todas las solicitudes se gestionen a través de las dos asociaciones de diseminados. Incluso se les propone que elaboren un estudio sobre las viviendas que podrán verse beneficiadas.
Asimismo se facilitaría la tramitación y la documentación que deben presentar los propietarios que lo soliciten. Así por ejemplo, para certificar la antigüedad de una vivienda bastará con presentar fotografías aéreas que se podrán consultar en el Área de Urbanismo. Y para certificar que no es necesario realizar obras de urbanización bastará con un escrito y fotografías que presente las federaciones de asociaciones. Por último, un trabajador social estará a disposición de los diseminados en la oficina técnica de emas que gestiona la empresa municipal Serecop.
No obstante, este documento está pendiente de cerrarse en próximas semanas antes de ser respaldado finalmente por el Pleno Municipal para su entrada en vigor. Asimismo está previsto que en los próximos días representantes de estas entidades mantengan un encuentro con Territorio y ciudad, la empresa que está elaborando el nuevo PGOU (Plan General de Ordenación Urbana).
* Diario de Cádiz - E. M. Cañas / El Puerto - 10.08.2008
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz). viviendas ilegales carretera Sanlúcar - diariodecadiz.com
Montserrat: Economía ve ilegal el contrato para dar agua a un PAI de 1.200 viviendas que avaló Urbanismo
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LEVANTE/Valencia* : La Conselleria de Economía considera "contrario al ordenamiento jurídico", porque "infringe manifiestamente la ley", el contrato entre el Ayuntamiento de Montserrat y la empresa Aquagest Levante SA para abastecer de agua a esta población y garantizar el suministro a un proyecto urbanístico de 1.200 viviendas con campo de golf.
En un demoledor informe, elaborado por la Junta de Superior de Contratación Administrativa de la Conselleria de Economía a petición del propio ayuntamiento, se considera que "el contrato de abastecimiento de agua potable" con Aquagest, modificado el 18 de agosto de 2007 y el acuerdo plenario de febrero de 2007 que lo impulsó, "son contrarias al ordenamiento jurídico al alterar elementos esenciales del contrato licitado y adjudicado; habiéndose por tanto vulnerado los principios de publicidad y libre concurrencia rectores de la contratación pública".
Se da la circunstancia que el PAI (programa de actuación integrada) Vertix XXI que pretende nutrirse de este nuevo contrato ya ha obtenido vía libre de la Comisión Territorial de Urbanismo aunque con varios condicionantes: "la efectiva disponibilidad legal" de los recursos hídricos suficientes, el cumplimiento de la declaración de impacto ambiental y del informe acústico. El PAI, que se tramita desde antes que entrara en vigor la Ley Urbanística Valenciana (LUV), prevé la reclasificación de 1 millón de metros cuadrados de suelo de tres términos municipales (Montserrat, Torrent y Picassent) para construir 1.200 viviendas y un campo de golf.
Los antecedentes de este rocambolesco contrato se remontan a 1997. El Ayuntamiento de Montserrat contrató ese año, mediante concurso, la concesión del servicio de agua potable de la población a la mercantil Aquagest Promoción Técnica y Financiera de Abastecimiento de Aguas SA. Diez años después, "por razones de interés público basadas en nuevas necesidades se plantea una modificación del contrato" con Aquagest "en el ámbito territorial y temporal, modificando el régimen económico-financiero de la concesión y las tarifas, con el objetivo de alcanzar una tarifa única y una única empresa concesionaria en todo el ámbito territorial del término municipal".
No obstante, esta nueva situación suscitaba dudas sobre si se debía acudir a un nuevo contrato por lo que el Ayuntamiento de Montserrat decidió consultar a la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Conselleria de Economía. Al consistorio le interesaba, sobre todo, "las condiciones que se han de cumplir para no tener que realizar una nueva licitación, teniendo en cuenta que se dispone de acuerdo con la empresa concesionaria".
El primer comentario del informe de la Conselleria de Economía no tiene desperdicio. "La cuestión planteada por el Ayuntamiento de Montserrat no es baladí, pues viene siendo lamentablemente común, que por vía de modificación de contrato en aras al interés general y nuevas necesidades, se produzcan alteraciones sustanciales de lo inicialmente licitado y adjudicado, transgrediendo así los principios de publicidad y concurrencia informadores de la contratación pública". Entre las infracciones más flagrantes de la ley, se encuentra la duración del contrato entre el ayuntamiento y Aquagest. "El contrato se suscribe inicialmente por 4 años, con prórrogas iguales hasta los 75 años, máximo permitido por esta legislación aplicable en la fecha, y que la modificación pretendida establece que la duración del contrato será de 40 años desde la firma de la misma".
Se infringe manifiestamente la ley
Pero la Junta es taxativa. "El contrato inicialmente aprobado infringe manifiestamente la ley, puesto que rompe con el principio general de que las prórrogas no pueden superar el plazo inicial de ejecución", señala el informe de Economía. De esta manera, si el contrato inicial era de 4 años, la prórroga sólo podía establecerse por cuatro años más. Sin embargo, "el pliego de condiciones económico administrativas y técnicas establece prórrogas sucesivas de cuatro años hasta llegar a los 75 ".
Mireia Mollà, diputada de Compromís, ha dirigido una pregunta al conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, para verificar si al dar vía libre al PAI la Comisión de Urbanismo "ha tenido en cuenta el informe" de Economía.
* Levante-EMV - L. BALLESTER BENEYTO - 10 de agosto de 2008
Foto: Montserrat (Valencia) - lasprovincias.es
De la reconversión industrial a la revolución urbanística
LNE/Oviedo* : «Con la industria que tenía San Claudio y el hambre que quitó... Ahora, lo que dan de comer son los pisos. Aquí ya no conoces a nadie». Es la radiografía que realiza de San Claudio Serafina Díaz, de 78 años, vecina de nacimiento de esta localidad ovetense. No le falta razón: si la evolución de San Claudio estuvo marcada a lo largo del siglo pasado por la industria, con la Fábrica de Loza como mayor exponente, el presente y el futuro de la localidad pasan por el urbanismo.
La localidad, con 2.500 vecinos censados -se calcula que en realidad residen casi 5.000- tendrá en cinco o seis años 16.000 habitantes, seis veces más que ahora, repartidos en 4.500 pisos, que atraviesan distintas fases de tramitación.
Hace una década que San Claudio, a cinco kilómetros del casco urbano de Oviedo, empezó a recibir nuevos pobladores, atraídos por el encanto natural de la localidad y por la cercanía con la ciudad. A diferencia de lo que ahora se avecina, las construcciones de los últimos años se centraron en la vivienda unifamiliar, exceptuando el centro del pueblo, donde sí se construyeron pisos, o a la entrada del núcleo, que alberga varias urbanizaciones de chalés adosados. Ahora, las excavadoras están a punto de tomar San Claudio.
La opinión de los vecinos sobre el «boom» urbanístico que se avecina está repartida entre los que ven en él una vía hacia el progreso y entre los que se fueron a vivir a San Claudio en busca de tranquilidad, que no creen que ésta pueda mantenerse. «Yo vine a vivir aquí porque hasta ahora era un pueblo y es lo que buscaba, tranquilidad», explica Marcelino Garrido, miembro de la Asociación de ecvinos «San Cloyo». Por el contrario, Carmen Soto, una joven vecina de 32 años, cree que «cuantos más seamos, más servicios tendremos, más fuerza tendremos para pedir las cosas y más cosas se harán». Sus opiniones son la cara y la cruz del futuro de San Claudio.
En lo que sí coinciden los vecinos es en que San Claudio no está preparado para asumir las toneladas de ladrillo que se le vienen encima. El alcalde pedáneo de la localidad, Santiago Menéndez, confía en que se tomen las medidas necesarias para dotar a la localidad de infraestructuras acordes a la población que tendrá, empezando por las comunicaciones. «Los ayuntamientos no pueden hacer autopistas. Si ahora ya tenemos problemas con el tráfico y con el acceso a Oviedo, cuando se hagan las nuevas urbanizaciones el problema será brutal. San Claudio y toda la zona oeste necesita un acceso a la autovía de Grado, la famosa Ronda Norte», resume. El Alcalde cree que otro de los problemas de la localidad está en el censo. «La gente sigue censada en sus municipios de origen y, a la hora de pedir cualquier servicio, lo miran por número de habitantes. En San Claudio viven 5.000 personas, pero sólo estamos censados la mitad».
Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos «San Cloyo», Andrés Lázaro, pone el dedo en la llaga del saneamiento. «Es el problema más importante de San Claudio. En la calle de La Estación, las aguas fecales suben por la ducha hasta los primeros», comenta. Su denuncia la certifica desde la ventana de una de las viviendas afectadas, en el número 19, el propietario: «Llevamos quince años así, desde que nos vinimos a vivir a San Claudio. Cuando llueve te pasas ocho horas achicando el agua».
Mientras culmina la tramitación urbanística para la construcción de las nuevas viviendas, lo único que puede verse, de momento, en la localidad son los cartelones anunciadores de las promociones que flanquean el camino desde fuente la Plata. Se espera que este año comience la construcción de las primeras promociones, aunque las llaves de los pisos, que ya se comercializan, no se entregarán hasta dentro de dos años.
Cuando los nuevos vecinos lleguen a San Claudio se encontrarán con una localidad pintoresca y solana que, fuera de las fronteras de Oviedo, es conocida por su Fábrica de Loza, una factoría centenaria -Senén María Ceñal la fundó en 1901- que no atraviesa su mejor momento. El año pasado la propiedad de Fábrica de Loza, el empresario Álvaro Ruiz de Alda, trazó un plan de viabilidad que culminó con el despido de un centenar de trabajadores, la mayoría de San Claudio. «Aunque no todos eran de San Claudio, la verdad es que se ha notado en la economía del pueblo», indica el alcalde pedáneo. También el año pasado la Consejería de Cultura del Principado inició un expediente para declarar la antigua locería bien de interés cultural. El Pleno del Ayuntamiento de Oviedo pidió que se tomase esta medida para evitar el cierre de la industria. En principio, el ámbito de protección marcado por el BIC afectaba prácticamente a todo el pueblo, lo que hizo saltar la alarma entre los vecinos y también en el Ayuntamiento, que temía que se desmoronase todo el plan de vivienda. Finalmente, Cultura accedió a reducir el ámbito de protección al recinto fabril y una franja de unos metros alrededor del mismo.
La serie «Oviedo siglo XXI» analizará mañana, una por una, todas las urbanizaciones previstas en el plan de vivienda de San Claudio y su estado de tramitación.
* La Nueva España (LNE)- Marta PÉREZ - 10 de agosto de 2008
Foto: En algunas zonas, los residentes se quejan de falta de aceras. nacho orejas, lne.es
Portugal resiste con dificultad a la presión de la desaceleración del sector inmobiliario
ELMUNDO/Reportaje* : El mercado inmobiliario portugués no atraviesa por su mejor momento. Aún así, no es comparable a la crisis que enfrenta el sector español. Los expertos dicen que no se puede hablar de burbuja inmobiliaria en Portugal en estos momentos ya que el gran boom de la construcción en suelo portugués se produjo en las décadas de los 80 y 90.
Aunque la tasa de construcción de los últimos diez años se sitúa por encima de la de otros países de la Unión Europea, Portugal parece estar siendo capaz de resistir a la crisis internacional, ya que aquí no se han registrado excesos como los que se han producido en España.
Aún así, esto no significa que las cosas estén equilibradas. En estos momentos hay en Portugal alrededor de medio millón de casas vacías, lo que pone de manifiesto el desajuste que existe entre la oferta y la demanda, provocada, como en el caso español, por el exceso de construcción de los últimos años. Esta circunstancia se acentúa en las dos principales ciudades, Lisboa y Oporto. En la capital portuguesa, centro y alrededores, existen aproximadamente 117 mil casas para ser vendidas, a un precio medio de 1.789 euros por metro cuadrado, un valor todavía asequible comparado con otras capitales europeas; aunque el centro de Lisboa, donde la oferta ronda las 23 mil viviendas, puede alcanzar precios más elevados, en torno a los 2.500 euros por metro cuadrado.
Este encarecimiento de las casas lisboetas en comparación con otras zonas de las afueras ha hecho con que en los últimos años la capital lusa se haya quedado prácticamente desierta. Hay zonas en pleno centro, como el Chiado o la Baixa, en las que ya casi no vive nadie, mucho menos los jóvenes, quienes se han refugiado en los alrededores, en la zona de Oeiras o al sur del río Tajo, donde los precios son mucho más atractivos. La desertización de la capital ha provocado a su vez un deterioro notable de las casas, un fenómeno que se repite en otros puntos del país. En total se calcula que el 57% de las casas de primera residencia de Portugal sufre una fuerte degradación. Otro 30% está vacío y en estado de ruina. El norte del país es el más afectado por la degradación y en total existen en Portugal 190 mil casas en mal estado.
Los principales responsables del sector inmobiliario son conscientes de esta realidad y están apostando cada vez más en la rehabilitación de las viviendas, ya que la construcción de nuevas casas ya no resulta tan rentable como era. Algunas promotoras españolas instaladas en Portugal desde hace algunos años han empezado a ver este segmento como un negocio de futuro. El propio ayuntamiento lisboeta está apostando en la rehabilitación de las zonas históricas y uno de sus objetivos es devolver a los jóvenes a la ciudad.
Pero no es una tarea sencilla porque normalmente las casas rehabilitadas en el centro de Lisboa siguen teniendo precios superiores a los que se practican en las afueras. Y en estos momentos, debido a la crisis financiera internacional y la subida de los tipos de interés, los bancos portugueses se han hecho más cautelosos a la hora de conceder préstamos hipotecarios. Así que el Plan Estratégico del gobierno consiste en apostar en el alquiler. Pero los portugueses, como les sucede a los españoles, tienden por tradición a la compra antes que a alquilar una vivienda. En la mayoría de los casos es comprensible porque con las condiciones dadas por los bancos hasta ahora compensaba más pagar una hipoteca que un alquiler, ya que los valores resultaban similares.
Pero cada vez es más difícil comprar una casa en Portugal, sobre todo, para aquellos cuyos rendimientos no son demasiado altos –hay que recordar que el sueldo mínimo luso es de 408 euros-. Es de lo que más se quejan los mediadores inmobiliarios, de que cada vez es más difícil vender casas de término medio (150 y 300 mil euros) que antes se vendían con mucha más facilidad. Normalmente, los vendedores ponen sus casas a la venta un 15% por encima del valor a las que las consiguen vender. Lo que mejor se está vendiendo son los apartamentos de una habitación, debido a los divorcios.
El lujo no entiende de crisis
Los jóvenes son los que más complicado lo tienen porque cada vez cuentan con menos garantías laborales, además de que la media de sueldos se sitúa en los 500 ó 600 euros. Con una declaración de la Renta baja, con trabajos precarios o sin contrato es muy difícil que un banco les conceda un préstamo, por lo que, para poderse hipotecar y emanciparse siguen necesitando la ayuda de sus padres como avales. Aún así, los bancos han empezado a alargar los plazos de los préstamos para que los jóvenes puedan permitirse pagar una letra mensual. Lo habitual ahora es que jóvenes de 30 años firmen hipotecas a 40 y 50 años, lo que, aplicados los intereses, acaba siendo una cantidad mucho más elevada que la solicitada.
A pesar de todo, los especialistas dicen que es un buen momento para comprar una casa en Portugal, siempre y cuando se disponga de capital y no se necesite una financiación demasiado elevada, ya que los precios se han estabilizado en comparación con los últimos cinco años o incluso han bajado ligeramente.
Un sector que no se ha visto nada afectado por esta crisis inmobiliaria es el segmento de residencias de lujo. Portugal puede ser un paraíso para aquellos turistas o inversores que quieran adquirir una segunda residencia. Una de las zonas más procuradas, además de Lisboa y Cascais, es el Algarve, la región más cara del país, con valores que pueden rondar los 6 mil euros por metro cuadrado. En el sur de Portugal, junto a Andalucía, han proliferado una multitud de complejos turísticos de cinco estrellas, con instalaciones de lujo del ‘resort’ en el que el Real Madrid realizó parte de su pre-temporada, en la localidad algarvía de Vale do Lobo.
En el Algarve, este tipo de segundas residencias dirigidas a la clase media alta son las que más rápido se venden, mientras que las viviendas más asequibles pueden llegar a estar cerca de un año a la venta sin ser vendidas o teniendo que bajar el precio. Aún así, los agentes inmobiliarios aseguran que los portugueses, a pesar de las dificultades, no han dejado de comprar.
* El Mundo - VIRGINIA LÓPEZ (Especial para elmundo.es) - 28/07/2008
Foto: Lisboa, barrio Alfama - elmundo.es
