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DIARIODECÁDIZ* : El que ha sido bautizado como el caso Obra Nueva Puerto, la investigación que la Fiscalía de Medio Ambiente lleva a cabo con el Equipo de Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil desde que el gobierno del Partido Popular de El Puerto denunció en octubre de 2007 los primeros casos de certificados falsos de obra nueva detectados en el municipio, durante el anterior mandato municipal de Independientes Portuenses (que gobernaban en coalición con el PSOE), ya ha alcanzado a los políticos.
El fiscal coordinador de la red de fiscales de Medio Ambiente en Andalucía, Ángel Núñez, avanzaba a este diario que ya había interpuesto del orden de unas 150 denuncias en los Juzgados. Unas denuncias que se dirigían contra autores y beneficiarios de esos certificados falsos, con los que, según las previsiones del gobierno del PP de El Puerto, se habrían edificado más de tres centenares de viviendas ilegales.
Ayer, el propio Núñez desveló a este periódico que también ha empezado a interponer denuncias en los Juzgados de la localidad contra anteriores dirigentes de Independientes Portuenses. Y es que hay que recordar que algunos de los casos fraudulentos de obra nueva remitidos a Fiscalía fueron además 'legalizados' por decreto municipal.
Esos decretos de legalización de viviendas habrían sido firmados por al menos tres personas: el ex edil de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, el ex alcalde Hernán Díaz y el también ex alcalde de IP Fernando Gago, ahora miembro del gobierno del PP de El Puerto. Con estos decretos, dueños de viviendas construidas sin licencia habrían logrado el beneplácito municipal a edificaciones erigidas además al margen del Plan general, bien en suelos clasificados como no urbanizables o urbanos no consolidados, en los que tampoco se pueden autorizar edificaciones. Incluso se han legalizado casas que sólo estaban en cimentación. Y en algunos casos, por supuesto silencio administrativo, comunicado curiosamente de puño y letra por el ex edil de Urbanismo.
El fiscal informó que las denuncias interpuestas son por la posible comisión de un delito de prevaricación, si bien no descarta que en algunos casos coexista también un presunto delito contra la ordenación del territorio.
* Diario de Cádiz - Rosa Romero - 21.11.2008
Foto: Viviendas construidas al margen del planeamiento en la carretera de Sanlúcar, en El Puerto - diariodecadiz.es
El caso 'Obra Nueva Puerto' alcanza ya a los políticos
La Fiscalía denuncia al alcalde de Maria de la Salut por el convenio del polígono industrial
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LIBERTADBALEAR/Mallorca* : La Fiscalía ha denunciado al alcalde de Maria de la Salut, Antoni Mulet, por el convenio urbanístico del polígono industrial de la localidad, a raíz del contencioso interpuesto en su día por el PSIB-PSOE en la localidad y en la que también se pedían responsabilidades al propietario de los terrenos Antoni Crespí Rotger.
Según el PSIB-PSOE es ahora la Fiscalía la que “ha visto indicios de delito” en este operación y ha denunciado al alcalde y también al propietario de los terrenos. Los socialistas aseguran que ya habían pedido la “renovación” de este convenio que califican también de “polémica” para la construcción del polígono industrial al considerar que es “contrario al ordenamiento jurídico”.
Según el PSIB-PSOE los hechos se iniciaron a principios de 2003 cuando el alcalde en ese momento, Jaume Mestre, firmó dos convenios urbanísticos: uno con Miquel Mas Ribas, para conseguir suelo urbano para construir un centro escolar y sanitario en terrenos confrontados al campo de fútbol, y otro con Jaume Aloy Pastor, también para conseguir suelo urbano para viviendas de protección oficial.
También en 2003, según recuerdan los socialistas, se aprobó el avance de la revisión de las Normas Subsidiarias del municipio en las que se indicaba la necesidad de suelo industrial y de sacar del núcleo urbano las industrias existentes, para lo que se proponen unos terrenos cerca de la carretera PM-334.
Ya en el 2005, siempre según la versión del PSOE, con Antonio Mulet como alcalde de María, este informó de la dificultad de cumplimiento del convenio para desarrollar el centro escolar y sanitario en los terrenos confrontados al campo de fútbol aduciendo dificultades con la normativa supramunicipal dependiente del Consell de Mallorca..
También en el año 2005, se constituye la empresa Closanet S.L., que tiene como administradores a Antoni Crespí Rotger y Construcciones Rústic des Pla S.L., empresa de la que son administradores el padre y el hermano del alcalde.
En agosto de 2005, como consecuencia de la existencia de “presuntas dificultades” para desarrollar el convenio firmado en su día con Miquel Mas para construir el centro escolar y sanitario y por la necesidad de estas instalaciones en el pueblo, se firma otro convenio con la familia Pastor Aloy, que sustituye al citado con Miquel Mas Ribas, y por el que la superficie cedida es menor que con el anterior. En octubre de 2005 siguen explicando los socialitas, el alcalde vuelve a insistir en que el convenio con Mas Ribas “es inejecutable” por causas externas al Consistorio.
Curiosamente, según el PSIB-PSOE, en noviembre de 2005, Antonio Crespí adquiere los terrenos de Miquel Mas que eran objeto del convenio “inejecutable” según el alcalde. Antoni Crespí es el administrador de Closanet S.L., juntamente con la empresa Construcciones Rústic des Pla, siendo administradores de esta última el padre y el hermano de alcalde.
El 23 de diciembre, una empresa técnica en representación de una empresa promotora presenta un escrito a la dirección insular de Carreteras en la que se informa de la intención de adecuar los terrenos adquiridos por Antonio Crespí Rotger para las necesidades de lo que será un futuro polígono industrial. Según los socialistas, lo que llama la atención “es que no es hasta el 30 de diciembre cuando el Ayuntamiento de maría presenta la petición de información sobre la posibilidad de crear dicha área de servicios, es decir, la empresa informa de su voluntad de adecuarse al futuro polígono antes que el Ayuntamiento solicitara la creación de este espacio”.
En enero de 2006, el alcalde da a conocer que se había solicitado del Consell de Mallorca “informe previo” para dotar una zona industrial y de servicios en un sector próximo del polideportivo municipal. Curiosamente, afirman desde el PSIB-PSOE de Maria de la Salut, “se trata de los terrenos en los que estaba prevista la construcción de una escuela y un centro sanitario y que, ahora que son propiedad de Antoni Crespi, socio de entidades mercantiles con la familia del alcalde, se intentan convertir en suelo urbano al objeto de construir un polígono industrial”.
Finalmente, según los socialistas, en mayo de 2008, se aprobó el convenio entre el Ayuntamiento y Antoni Crespí para la construcción de un polígono industrial.
* Libertad Balear - 21.11.2008
Foto: Maria de la Salut (Mallorca) - libertadbalear.com
Marbella: Ingresan en prisión cuatro ex ediles del GIL por delito urbanístico
MÁLAGAHOY* : Los ex ediles del GIL de Marbella Tomás Reñones, Alberto García Muñoz y José Luis Troyano ingresaron el miércoles sobre las 20:00 en la prisión de Alhaurín de la Torre de forma voluntaria para cumplir una pena de nueve meses de prisión por delito urbanístico por una de las causas incluidas en el pacto de conformidad alcanzado con la Fiscalía.
Además, el ex concejal José Luis Fernández Garrosa entró en la cárcel hace unos días por no haber hecho frente a una multa económica impuesta en otra causa urbanística en la que se le ofreció la posibilidad de cambiar la pena de prisión por la citada multa.
El ingreso en la cárcel de los tres primeros se produjo tras recibir la sentencia firme que los condena por dar una licencia ilegal para construir 250 viviendas en suelo rústico a la empresa Albagamar II S. L. entre 1998 y 1999, según publicó ayer Sur. Fuentes del caso precisaron que, por el momento, la única condena incluida en el pacto con la Fiscalía que tienen los ediles de esta Corporación -entre 1999 y 2003- sería la referente a la citada licencia, ya que las anteriores "eran penas de multa o se permitía la sustitución de la condena".
Los tres ex concejales fueron penados con nueve meses de cárcel, que es la pena fijada para los miembros de la Corporación 1999-2003 en el acuerdo con la Fiscalía. En total e independientemente del número de causas que tengan pendientes, cumplirán 27 meses de prisión, el triple de la pena impuesta, ya que los delitos urbanísticos de los que están acusados y por los que tienen varios procedimientos abiertos se consideran conexos.
Una vez internos, y puesto que no tienen otra condena de cárcel ni cumplen prisión preventiva por otra causa, los ex concejales deben ser clasificados. Según fuentes de Instituciones Penitenciarias, la junta de tratamiento del centro debe hacer una propuesta para que resuelva la Dirección General, ya que se trata de la clasificación inicial. Los ex concejales pueden ser clasificados como presos de segundo grado, que es lo normal, o de tercer grado. Según las fuentes, habría que tener en cuenta aspectos como los antecedentes de cada uno, las causas pendientes o el arraigo social. La ley fija un plazo máximo de cuatro meses en total para cumplir todo el proceso, tanto la propuesta como la resolución final de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. La libertad condicional se concede tras cumplir dos tercios de la pena.
Está previsto que también ingresen en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre los ex concejales Dolores Zurdo y Francisco Javier Lendínez, también condenados en este caso junto al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y los ex concejales Marisa Alcalá y Rafael Alcalá, que están en tercer grado, y Manuel Calle, en libertad condicional.
* Málaga Hoy - Agencias · Redacción - 21.11.2008
Foto: Marbella ayuntamiento - euroresidentes
Un millón y medio de familias viven en infraviviendas en España
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PÚBLICO* : Un millón y medio de familias viven en infraviviendas y más de 30.000 personas no tienen hogar en España, dos realidades denunciadas por las organizaciones Cáritas Española, FACIAM y FEANTSA con motivo de la celebración este domingo del Día de los Sin Techo.
Cáritas, la Federación Europea de Asociaciones de Centros para Integración y Ayuda a Marginados (FACIAM) y la Federación Europea de Asociaciones Nacionales que trabajan con personas sin hogar (FEANTSA) presentaron hoy la conmemoración de la jornada de los Sin Techo que se celebrará, anunciaron, bajo el lema No Tener Hogar Significa Mucho Más Que Estar Sin Techo.
"Dicho día queremos llamar la atención sobre el profundo valor humanizador del hogar como espacio de crecimiento y de autonomía personal insustituible para todos los ciudadanos, pero del que no pueden disfrutar las personas que viven en la calle", ha opinado Julia Almansa, vicepresidenta de FACIAM, en una conferencia de prensa celebrada para presentar la campaña de sensibilización.
Difícil acceso
Las tres organizaciones han denunciado hoy el "difícil acceso como derecho social, de cualquier ser humano, a una vivienda digna y adecuada, que sufren con especial dramatismo las personas sin hogar".
"La vivienda es el primer paso para construir un hogar, para tejer vínculos y redes que están al lado de cada ser humano, para caminar en la recuperación de la identidad", ha apuntado Sonia Olea, de Cáritas Española.
En este sentido, Olea recordó que el estereotipo de la persona sin techo "no es el de siempre".
Varón, de 38 años y 302 euros de ingresos
Según los datos recogidos en los materiales editados con motivo del Día de los Sin Techo, el 82,7% de las personas sin hogar son varones, su edad media es de unos 38 años y sus ingresos medios son de 302 euros al mes, ha recordado Olea.
Además, un tercio de las personas sin hogar son abstemias y nunca han consumido drogas, y la mitad de la población sin hogar busca trabajo.
El 51,8% son españoles y el 48,2% son extranjeros mientras que el 27,3 % de los sin hogar tiene como principal fuente de ingresos su propia actividad: trabajo, venta de objetos y servicios.
Significado profundo
En la conferencia de prensa, Olea ha recordado también que "más allá de definiciones económicas y sociales utilizadas por los organismos públicos internacionales y nacionales, hogar tiene un significado mucho más profundo".
Cáritas, FACIAM y FEANTSA recuerdan que en la actualidad prácticamente no existen políticas de vivienda para personas sin hogar y el acceso a las de protección pública se hace prácticamente "inalcanzable" al exigirse requisitos legales como ingresos mínimos o empadronamiento.
Para reflejar dicha situación, Olea ha expuesto que la previsión para el año 2011 es que el porcentaje de viviendas vacías (13,8%) en España sea superior al de viviendas en alquiler (9%).
Derechos sociales
Para ello, ante el Día de los Sin Techo, desde estas entidades se ha reclamado hoy políticas públicas y actitudes de acogida de toda la sociedad y de cada ciudadano "para que los derechos sociales que todo ser humano tiene, encuentren su cauce jurídico, social, personal y comunitario en la creación o reconstrucción del ser-tener hogar.
FACIAM, FEANTSA y Cáritas han llamado la atención sobre la necesidad de coordinación entre los servicios sociales autonómicos y locales en lo que atañe a la atención y seguimiento de personas sin hogar, sobre todo en lo que se refiere a los temas de salud.
José Antonio, un sin techo presente en la conferencia de prensa leyó a la conclusión de la misma el manifiesto que se difundirá con motivo del "Día de los Sin Techo" el próximo domingo.
En el mismo se denuncia la "situación de vulnerabilidad" de quien no tiene un espacio donde estar y la "precariedad en la red de alojamientos", a la vez que se responsabiliza a la "Administración y la sociedad civil" para que "aumente y favorezca la creación de hogares y redes que permitan el arraigo en los barrios y en la ciudad".
* Público - EFE - 19.11.2008
Foto: Madrid, chabolas de la Cañada Real Galiana - ULY MARTÍN (El País)
Lora del Río: El juez imputa al ex alcalde por 150 casas ilegales tras 5 años de diligencias
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DIARIODESEVILLA* : Más de cinco largos años de instrucción de diligencias previas han dado paso a la imputación judicial de Manuel Ledro León, ex alcalde de Lora del Río y ex diputado autonómico del Partido Popular (PP), por la construcción en dicha localidad de 150 viviendas unifamiliares en una zona verde, denominada El Zahornil, y en otra ocupada por una vía pecuaria.
El caso se remonta al año 2000, cuando el gobierno local que entonces presidía Ledro autorizó presuntamente el proyecto de urbanización al margen del planeamiento urbanístico.
Según Ecologistas en Acción, asociación promotora de la denuncia que dio origen a la apertura de diligencias y que actúa como acusación particular, la imputación se produjo el pasado día 14, cuando Ledro compareció ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Lora.
Si bien la Fiscalía no ha calificado aún las supuestas vulneraciones legales cometidas, Ecologistas aprecia indicios de delito urbanístico y de prevaricación en la actuación del ex alcalde, al tiempo que considera que otros cargos públicos y ex responsables de las administraciones implicados en la causa pueden también ser inculpados.
La denuncia inicial fue interpuesta ante el Ministerio Fiscal el 12 de junio de 2003 después de que se le hiciera llegar el expediente abierto al respecto por el Defensor del Pueblo Andaluz, que había tramitado una queja presentada en 2001 por la Asociación de Amigos y Usuarios de la Dehesa de Matallana de Lora (Amud-Ecologistas en Acción).
El inicio de las diligencias en los tribunales no impidió que el proceso de construcción de los unifamiliares siguiera adelante hasta la entrega de llaves a sus propietarios, en 2007. En todo ese periodo, según Ecologistas, ni Ledro -que abandonó el cargo tras las elecciones municipales de 2003- ni su sucesor en el cargo, Francisco Javier Reinoso (PSOE) dieron marcha atrás al proceso de obras.
La organización proteccionista denuncia que en todos esos años, debido en parte al retraso del juzgado en activar la instrucción, el Ayuntamiento hizo caso omiso de cuantos informes oficiales contrarios a la urbanización llegaron a sus manos. Entre éstas cita las recomendaciones realizadas por el Defensor y por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.
"De todo este proceso", señaló ayer Ecologistas en un comunicado, "tuvieron igualmente conocimiento otros organismos de la Junta de Andalucía, como la Consejería de Obras Públicas y la Dirección General de Ordenación del Territorio, quienes despacharon el asunto aduciendo que la competencia en materia de urbanismo correspondía al Ayuntamiento de Lora del Río".
En este punto, los ecologistas apuntan que la Delegación Provincial de Medio Ambiente "emitió un escrito de conformidad al levantamiento de la suspensión de las obras de edificación, las cuales se encontraban paralizadas precisamente por orden de la misma Delegación provincial de Sevilla, sin que se hubieran llevado a cabo actuaciones de tipo alguno que cambiaran las condiciones del suelo en que se estaban realizando estas edificaciones".
* Diario de Sevilla - Javier Chaparro - 20.11.2008
Foto: Urbanización El Zahornil, en Lora del Río - diariodesevilla.es
Canarias: Más de 12.000 expedientes abiertos por obras ilegales
CANARIAS7* : En los casi diez años de vida de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) ha abierto un total de 12.214 expedientes por construcciones ilegales en las Islas, pero sólo una pequeña parte de estas obras acaba siendo demolida.
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Vicente Garrido, se mostró ayer a favor de la demolición cuando un fallo declara ilegal una obra. A su juicio, «las decisiones judiciales están para cumplirse. Cuando un órgano ordena la demolición de una obra, lo que hay que hacer es cumplir».
Sin embargo, desde que se produce una denuncia por infracción urbanística hasta que se procede a la demolición puede pasar años, y depende de la decisión judicial. Éste es un proceso largo y lento.
Cualquiera puede presentar una denuncia, pero la inspección corresponde a la Guardia Civil o a la Agencia de Protección, en la que, además del Gobierno de Canarias, participan cabildos y practicamente todos los ayuntamientos de la Comunidad autónoma. Una vez localizada la infracción, al propietario la opción de legalizar la obra antes de imponer una sanción. Entre los años 2001 y 2007, solamente se derribaron en las Islas unas cuarenta viviendas, a pesar de que en esos años se presentaron 8.601 denuncias por infracciones constructivas.
De los más de 12.000 expedientes abiertos en el Archipiélago, Gran Canaria y Tenerife son, de lejos, las Islas que acumulan mayor número de denuncias contra la normativa urbanística -3.495 en el primer caso y 3.750 en el segundo- desde el año 1999 hasta el pasado mes de octubre, según los datos facilitados por la Consejería de Política Territorial del Gobierno canario.
Sólo en lo que va de año, el número de expedientes abiertos por irregularidades constructivas alcanza las 746 en toda la Comunidad, que se incoaron sobre todo entre los meses de marzo y junio de este ejercicio. Sin embargo, el mayor número de expedientes abiertos registrados en 2008 se produce contra la Ley de Residuos, capítulo en el que se contabilizan 1.440 denuncias.
La vulneración de la normativa urbanística ha sido el origen de la mayoría de las demoliciones que se han producido en Canarias en los últimos años, y se sitúa por encima de los incumplimientos de la Ley de Costas.
Sin embargo, la Ley de Residuos es la que más infracciones registra. En total, en la Comunidad autónoma hay 10.686 expedientes abiertos por vulnerar la norma de Residuos. La Agencia ha abierto casi 30.000 expedientes por todos los capítulos de su competencia: infracciones contra la ley de costas, por vertidos al mar, residuos, de impacto, contra los cetáceos, parcelaciones o la ley de envases.
* Canarias 7 - Las Palmas de Gran Canaria - 20.11.2008
Foto: Derribos. Imagen de archivo de la demolición de una vivienda ilegal en la isla de La Palma - canarias7.es
