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LAVOZ/A Coruña* : El Juzgado nº3 de lo Contencioso - Administrativo de A Coruña considera ilegal la obra de 52 viviendas de una promoción construida por el grupo inmobiliario Lábaro en Fisterra. El fallo judicial no responsabiliza a la promotora sino al Ayuntamiento, por considerar que la licencia dada el 28 de octubre del 2004 para la construcción de dos edificios frente a la playa de A Langosteira es nula de pleno derecho.
La sentencia responde a un recurso presentado por la Xunta después de que el Concello no acatase el requerimiento de revisión de varias licencias -que afectan a cerca 400 viviendas- que la Dirección Xeral de Urbanismo consideraba ilegales, por no cumplir las parcelas los requisitos necesarios para poder urbanizar. El Ayuntamiento fisterrán no acató el requerimiento y el Gobierno gallego presentó cerca de una decena de recursos, uno por cada promoción que consideraba ilegal. En total, 400 viviendas.
Un primer fallo judicial permitió a la mayor parte de los promotores seguir con las obras mientras no hubiese sentencia firme. Casi todos los proyectos inmobiliarios cuya legalidad se dirime en los tribunales están ya finalizados y muchas viviendas, como las del grupo Lábaro, vendidas y habitadas.
La sentencia considera que, «en la fecha de concesión de la licencia, la parcela carecía del grado de urbanización necesario como para merecer la consideración de solar, pues si bien en el momento en que giró visita [el arquitecto designado por el Juzgado] a las edificaciones ya se contaba con todos los servicios urbanísticos, no existía en el momento de la concesión de la licencia el saneamiento, como tampoco funcionaba la estación depuradora».
Por todo ello, el juez considera que el área «o bien no tenía la consideración de suelo urbano o (en el caso más favorable), no se presentó proyecto de urbanización, lo que suponía que tuviera que haberse accedido a la pretensión de revisión de oficio». El texto dice también que «se debe sumar la discordancia de ese conjunto edificatorio con el que presenta la zona, de edificios bajos unifamiliares, lo que supone el grave incumplimiento urbanístico advertido». Así, el juez admite el recurso de la Xunta y anula la licencia aprobada por el Ayuntamiento.
El mismo juez
Hace una semana, el mismo juez emitió un fallo similar con respecto a otro edificio, de 88 viviendas y construido por Plaza Gardens, que también está ya finalizado y habitado.
En total, 130 pisos que quedan fuera de la legalidad y que podrían acabar demolidos.
El alcalde muxián aseguró que recurrirá las dos sentencias e insiste en que el Concello cumplió escrupulosamente con las normas subsidiarias en vigor, en las que la zona aparece calificada como suelo urbano.
Los servicios, como el saneamiento, que aún estaban sin acometer cuando se iniciaron las obras -dice el regidor- estaban previstos desde el año 2002, cuando fueron aprobados por la Diputación.
* La Voz de Galicia - Eduardo Eiroa - 14/3/2008
Foto: Fisterra - XESÚS BÚA, lavozdegalicia.es
Una sentencia declara ilegales 52 pisos, la mayoría ya vendidos, en Fisterra
Más de un centenar de personas protesta contra Gran Scala y Biel
ELPERIÓDICO/Aragón* : Un centenar de personas aproximadamente se concentró ayer por la tarde en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza para expresar su reprobación al Ejecutivo aragonés, especialmente al vicepresidente, José Ángel Biel, por la gestión del macro proyecto Gran Scala, ya que "no es capaz de ver más allá de recoger dinero", según informó Efe.
La Plataforma contra Gran Scala sostiene que el Gobierno de Aragón modificará leyes en detrimento de los intereses de los ciudadanos para favorecer los intereses empresariales de la promotora que quiere instalarse en Monegros, y presenta este parque de ocio "como el maná", cuando en realidad "no hay nada, solo humo", indicó una portavoz de esta asociación, Maribel Martínez.
"Nos avergüenza tener un vicepresidente como Biel, y también el resto del Gobierno, empezando por el señor Iglesias", aseveró la representante. Esta plataforma es la principal asociación opositora a la instalación del macrocomplejo de ocio y juego.
El colectivo había convocado una concentración en el centro de Zaragoza que congregó cerca de un centenar de personas que coreaban consignas como Monegros no se vende, Gran Scala, gran estafa y portaban pegatinas con el lema: A ´cascala´ Gran Scala. Este complejo de ocio que se ubicará en la comarca de Los Monegros conllevará "basar" el desarrollo de Aragón en el juego, cuando hay otras cuestiones "importantes para la comunidad que se deberían potenciar", reseñó la portavoz, quien apuntó a la agricultura o el desarrollo de la industria como posibles alternativas.
"El monocultivo del juego no va a ser el futuro de Aragón, y el señor Biel se equivoca y tiene que anteponer los beneficios y derechos de los aragoneses", añadió la portavoz, quien denunció el gran impacto medioambiental que vivirá esta zona de Aragón.
En este sentido, Martínez anunció que la Plataforma contra Gran Scala proseguirá con concentraciones periódicas y prevé organizar una manifestación, con fecha aún por determinar.
* El Periódico de Aragón - 14/03/2008
Foto: La plataforma ´Stop Gran Scala´ se concentró en el Paraninfo de la universidad/ CHUS MARCHADOR, elperiodicodearagon.com
Telde: El juez imputa a la ex concejala Torres por blanqueo de capitales
EFE/Gran Canaria* : El juez que instruye el "caso Faycán", sobre una supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria), imputó ayer a la principal acusada de este sumario, la ex concejala de Obras Públicas María Antonia Torres, a la que algunos consideran como el cerebro de gran parte de esta trama, por un presunto delito de blanqueo de capitales, según informaron fuentes judiciales.
María Antonia Torres se negó ayer a declarar ante el juez de instrucción número 3 de Telde, Javier García García-Sotoca, quien la había citado a declarar por la mañana, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Además de imputar a la ex concejal por blanqueo de capitales, el juez añadió contra Torres una nueva acusación, un delito contra la ordenación del territorio, mientras que le retiró las imputaciones que había mantenido anteriormente contra ella por los delitos de tráfico de influencias y alteración de precios.
34 imputados
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Telde investiga desde hace dos años el caso, en el que figuran como imputados más de 34 personas, entre ellos el que fuera alcalde del municipio de Telde, Francisco Valido (elegido como primer edil en las filas del Partido Popular), que tuvo que dimitir por su implicación en el caso en el que están implicados varios concejales de su partido, empresarios y empleados municipales.
Entre los ediles figura la principal imputada, la ex concejala de Obras Públicas y ex diputada autonómica por la formación conservadora María Antonia Torres, así como las ex responsables de Aguas, Candelaria Sánchez, y de Festejos, Guadalupe López.
Las investigaciones de lo que se da en llamar "caso Faycán" se iniciaron en julio del año 2005 después de que el representante legal de una empresa denunciase que la concejalía de la cual era titular Torres le había exigido el pago de una comisión de hasta el 20 por ciento del presupuesto de la obra pagada con fondos municipales y a cuya adjudicación aspiraba.
Posteriores pesquisas determinaron que varias empresas fueron presuntamente favorecidas en la adjudicación de contratos de obras y suministro de materiales al consistorio.
* El Día - EFE - 14 DE MARZO DE 2008
Foto: Telde, registro caso Faycán - Teldeactualidad
Tres investigados del 'caso Alhendín' controlaban doce empresas y más de 70 cuentas bancarias
IDEAL/Granada* : La Policía Nacional ha entregado un informe de 34 páginas sobre el patrimonio y las empresas de 14 investigados en el 'caso Alhendín' por la supuesta trama de corrupción en Alhendín. El estudio constata que los implicados habían montado una descomunal trama de sociedades por donde circulaba el dinero unas veces con mayor control que otras.
Según el propio informe, algunos de los investigados declaraban una cantidad aislada por una venta mientras la empresa o particular con los que hacía el trato expresaba otra diferente, normalmente superior. Le ocurre al ex concejal de Urbanismo, Manuel Fernández, detenido en marzo de 2007. Con la circunstancia añadida de que aparecen ingresos a nombre de algunas entidades que tenían suelo en el pueblo y estaban metidas en proyectos urbanísticos.
Pero no es un fenómeno aislado. Los peritos y el juez tendrán que analizar a qué obedecen tantos movimientos y el destino de los terrenos que se compraron y vendieron entre 2003 y 2005. La red es descomunal: sólo tres de los investigados -el ex concejal, el ex alcalde, José Guerrero, y uno de sus hermanos- controlaban al menos 70 cuentas bancarias y una docena de empresas. Y eso suponiendo que casi la mitad de las cuentas estuvieran compartidas.
Manuel Fernández figuraba en 2003 en 17 cartillas bancarias; en 2004 consta como titular y beneficiario en 20 y en 2005 en 19. El alcalde aparece, entre titular o autorizado, en 25 cuentas en 2003, en 30 en 2004 y en 29 en 2005. Uno de sus hermanos está presente en 33 cuentas en 2003, en 52 en 2004 y en 37 al año siguiente. Además, los hermanos Guerrero comparten una decena de sociedades y el ex concejal de Urbanismo figura en dos empresas, una de ellas dedicada al ladrillo.
El informe policial también llama la atención sobre dos cheques de 12.000 euros cada uno en los que aparece Manuel Fernández. En el informe se destapan otras operaciones sin especificar conceptos de una investigada por importes de 8.495, 6.342, 4.543 y 3.100 euros
Varios de los implicados hacen tratos -a título particular o través de sus sociedades- con la empresa Frai, la promotora que construye los edificios que hay que desmochar para que pasen los aviones de la base. Una operación urbanística en la que los peritos han calculado que el Ayuntamiento 'perdió' medio millón de euros. La Policía apunta en 2004 una venta del ex alcalde a Frai por 115.454 euros. Uno de sus hermanos también recibe 115.454 euros de la empresa en otra operación.
Según el informe, el hermano Jesús es uno de los pilares económicos. Figura en 52 cuentas, ingresa 176.555 en 2004 y 153.000 en 2006, año en el que invierte 40.000 en un fondo inversión. Jesús aparece además como «transmitente» de un solar a Frai.
Áridos Guerrero es el buque insignia de la familia. La sociedad -según la Policía- experimenta un crecimiento espectacular entre 2003 -con una base imponible de 151.703 euros- a 2005 -con una base de 2.181.442 euros-. Áridos Guerrero figura como propietaria de 49 fincas de distintos tipos.
Una empresa de envergadura que en 2003 justifica sendos importes de 54.000 euros en concepto de compra de reactores nucleares en Holanda; otro de 82.800 en el mismo concepto y otra operación de 30.232 euros en Bélgica en sal, azufre, tierras, piedras y yesos.
* Ideal - Q. CHIRINO Y C. MORÁN - 14 marzo 2008
Foto: alhendin - ideal digital
Bigastro: La juez imputa a los ediles que en 2005 aprobaron las subastas de La Pedrera
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INFORMACIÓN/Alicante* : El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Orihuela ha imputado a todos los concejales del PSOE de Bigastro del anterior mandato municipal en relación con un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos ligado a la adjudicación de parcelas rústicas municipales en el paraje de La Pedrera.
Según la denuncia, presentada por el PP local de Bigastro, en una misma sesión plenaria, el 8 de agosto de 2005, y a propuesta de la alcaldía, se adjudicaron 35.000 metros cuadrados a una empresa y se cedió el uso de otros 45.000 a la misma sociedad. A la vez se recalificaron de rústicos a urbanos las parcelas para un "complejo hotelero", sin mediar el procedimiento para modificar su condición de no urbanizables, competencia supervisada por la Generalitat, según la legislación.
En el marco de las diligencias previas 3062/2006 la juez Raquel Lacunza Ruiz pide en febrero, entre otros procedimientos, que declaren en calidad de imputados los concejales del PSOE que votaron a favor en el pleno de esa aprobación a Promociones Alicante Torrevieja S.L. A la imputación ya anunciada del alcalde José Joaquín Moya, se suma la del actual concejal de Cultura y Barrios, José Espinosa Espinosa y Mari Carmen Grau Espinosa, que dejó su cargo de teniente alcalde el pasado mes de octubre. A éstas se añaden la de los ex ediles Maria Jesús Torres García, Juana Ortiz Ferrer, Maria Francisca Nortes Hernández y José Julián Sánchez Martínez.
En esencia la denuncia relata que se adjudicó la subasta de suelos rústicos para realizar una actuación urbanística "encubierta" sin la supervisión de la Generalitat sobre 35.000 m2 y la cesión de otros 45.000 m2 por 50 años a la misma sociedad para hacer un campo de golf de "reducida superficie". A cambio el municipio obtuvo 2,1 millones de euros de la empresa constructora. La Genealitat paralizó la actuación.
Entre otras supuestas irregularidades administrativas el acuerdo se aprobó en el pleno municipal dos días antes de que se terminara el plazo legal para la presentación de plicas para optar a la subasta. Este periódico intentó ayer recaber la valoración del primer edil sobre este procedimiento.
Okupa
Por otra parte el alcalde de Bigastro, José Joaquín Moya, opinó ayer sobre la polémica de la denuncia - que no ha sido retirada- del portavoz del PP, Aurelio Murcia, contra uno de sus socios por robo con fuerza, lesiones y allanamiento tras el derribo de una puerta de su vivienda. Moya dijo que Murcia es un "okupa" de esa vivienda. El alcalde, a pesar de aclarar que se trataba de un asunto personal, sugirió en Onda Cero que ese edil no debería dedicarse a los negocios y a la política al tiempo.
Un edil del PP testifica hoy
José Antonio Ricart, concejal del Partido Popular de Bigastro, ha sido llamado a declarar hoy en calidad de testigo en relación al otro procedimiento en el que también está imputado el alcalde José Joaquín Moya y que denunció junto a la militante de Los Verdes, Carmen Castaño ante la Fiscalía Anticorrupción. En esta denuncia, con diligencias de investigación número 251/2008, el juzgado intenta esclarecer entre otros hechos el supuesto uso de recursos materiales y humanos por parte del alcalde José Joaquín Moya para levantar un edificio en Vistabella (Jacarilla). La misma denuncia recoge supuestas irregularidades a la hora de conceder una licencia para un huerto solar en el paraje de La Pedrera a una empresa.
* Información - D. PAMIES - 14 de marzo de 2008
Foto: Bigastro (Alicante) - ebigastro.com
¿Ha influido la corrupción urbanística en las elecciones generales?
SER* : ¿Cuántas referencias han hecho los líderes de PP y PSOE durante la campaña electoral a la corrupción? ¿Cuántas medidas han propuesto para poner freno al desmán urbanístico? Ambos partido apenas han profundizado en este asunto en campaña electoral a pesar de que no son pocos los cargos públicos de uno y otro partido que están inmersos en asuntos judiciales por esta cuestión. El único que lo ha hecho, y de forma recurrente, ha sido Gaspar Llamazares.
Los resultados en los diferentes municipios arrojan resultados desiguales. En algunos el voto de castigo se ha hecho notar, en otros las formaciones en el poder han consolidado su mayoría. Estos son los casos más significativos:
En Castellón, Carlos Fabra, concejal y Presidente de la Diputación -del PP-, está imputado por presuntos delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal. El Partido Popular es la única formación que mejora los resultados respecto a 2004. Obtiene un 3 % más de sufragios.
En Totana, Murcia, el alcalde José Martinez Andreo está encarcelado por una trama de corrupción urbanística cuyo presunto cabecilla es el diputado del PP, Juan Morales. La participación ha subido al 85%, 14 puntos por encima de la media nacional. El PP ha obtenido resultados históricos, el PSOE ha bajado. IU, que denunció la trama cae en picado.
También en Murcia, en Los Alcázares, el ex alcalde, Juan Escudero, del PSOE, junto al arquitecto municipal, son los principales implicados en una trama de favores a constructores vinculados a la Operación Malaya. El PP ha subido 8 puntos. Voto de castigo para el PSOE, que baja 7.
Cerca de la capital, en Ciempozuelos, el alcalde Pedro Antonio Torrejón y el ex alcalde Joaquín Tejeiro -ambos del PSOE- fueron detenidos esta legislatura acusados de cohecho y blanqueo. Los electores han castigado a los socialistas que caen más de siete puntos. El PP ha subido ocho.
En noviembre de 2006, en Andratx, Mallorca, el alcalde Eugenio Hidalgo y el director general de urbanismo Jaume Massot, del PP, fueron detenidos acusados de blanqueo de capitales y delitos contra el territorio. Voto de castigo. Los populares han caido un punto y medio y los socialistas han subido casi cinco.
En Alhaurín El Grande, el alcalde popular, Juan Martín Serón, está acusado de los delitos de prevaricación y cohecho. La policia intervino en su domicilio 70.000 euros. El PP no se resiente en las urnas. Sube 11 puntos y el PSOE baja 9 respecto a 2004.
Además, en Seseña, en Toledo, Izquierda Unida denunció en Julio de 2006 que la Junta de Castilla la Mancha había favorecido al empresario Francisco Hernando que levantó 13.000 viviendas en un secarral del muncipio. La coalición ha caído cinco puntos en las generales respecto a 2004. El PSOE ha perdido siete y el PP ha subido 10 puntos.
Son sólo algunos ejemplos pero la lista es interminable. En los municipios de Telde o Mogán, en Las Palmas, el PP se ha visto envuelto en casos de corrupción. Sus resultados electorales han sido peores que en 2004 pero aún así han superado ampliamente al PSOE.
Esta información ha sido elaborada por las redacciones de Radio Madrid, Málaga, Murcia, Mallorca y Castellón.
* Cadena Ser - 13-03-2008
Foto: corrupción urbanística, viñeta
Piden 10 años de inhabilitación para el alcalde de Humanes por prevaricación
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MADRIDIARIO* : El fiscal del Juzgado de Instrucción nº 1 de Fuenlabrada pide diez años de inhabilitación para el alcalde de Humanes de Madrid, Adolfo Álvarez Sojo (CSH), por un "delito continuado de prevaricación" entre 1998 y 2001 al considerar que "fraccionó varios contratos de ejecución de obras a pesar de contar con reiterados informe negativos el secretario y el interventor del Ayuntamiento".
Estas actuaciones tenían como objetivo "disminuir la cuantía de la obra y eludir así los requisitos de publicidad, procedimiento y forma de adjudicación de las mismas, impidiendo la participación de otras empresas", según reza el texto de la diligencia según el PSOE de la localidad, que fue quien presentó la denuncia.
Concretamente, Álvarez Sojo habría adjudicado diez obras por importe de 30 millones de euros a las empresas Consvial, S.L. y Jemecon, S.L. en 1998. Además, fraccionó 33 contratos menores de ejecución de las obras de la avenida Campohermoso y en el barrio de la Estación, ambas "con informes negativos del secretario y del interventor".
En el año 2000, y también con un informe negativo del secretario y prescindiendo del procedimiento negociado o concurso, el alcalde habría adjudicado asimismo directamente a la empresa Jemecon la realización de once obras menores en la misma zona.
Un año después, el alcalde procedió, según el PSOE, a fraccionar los contratos en la realización de las obras de la plaza Miguel Echegaray y Campo Hermoso. Una vez más las empresas adjudicatarias fueron Consvial y Jemecon.
Por su parte, el regidor negó este jueves que cometiese un presunto delito de prevaricación al fraccionar dichos contratos de obras, y afirmó que todas las operaciones de aquel entonces "contaron con el visto bueno" del arquitecto municipal y que fueron aprobadas en Comisión de Gobierno.
"Tengo la conciencia muy tranquila porque actué conforme a lo que me dijeron los técnicos municipales, ahorrando dinero al municipio y acelerando los trabajos", declaró.
Por otro lado, Álvarez Sojo atribuyó la petición del fiscal a "una denuncia política" de sus ex compañeros en el PSOE, que le expulsaron del partido en 2002. Por último, admitió que algunas de las adjudicaciones contaron con el informe desfavorable del secretario municipal o de Intervención, pero recalcó que en estos casos los firmantes de los informes "no visitaron las obras para verlas" y comprobar que la segregación estaba justificada.
* Madridiario - 13-03-2008 - MDO/E.P.
Foto: Humanes (Madrid) - madridiario.es
Valencia: La avenida partirá en dos El Cabanyal
ELPAÍS* : Rita Barberá podrá prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar. Así lo ha decidido el Tribunal Supremo. El barrio de El Cabanyal, en Valencia, con una planimetría singular protegida como Bien de Interés Cultural (BIC) por la importancia de su trama urbana, quedará partido en dos por una gran avenida. 1.652 viviendas se verán afectadas por el que ha sido un proyecto emblemático del PP en Valencia, que ha tenido diez años de recorrido judicial y que levantó desde el primer momento oposición en diversos sectores ciudadanos.
Unos sectores a los que Barberá no se recató ayer en calificar como "izquierda radical".
Salvem El Cabanyal, plataforma cívica que agrupa a los damnificados por el proyecto, lamentó ayer la respuesta del Supremo y anunció que, si es posible, planteará un nuevo debate jurídico en el Constitucional. La sentencia del Supremo no estaba ayer redactada y solo se dio a conocer el fallo. Según fuentes de Salvem El Cabanyal, la resolución se fundamenta en que el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, tras un exhaustivo estudio del asunto, ya se pronunció a favor del Ayuntamiento de manera razonada y, por tanto, no ha entrado a discutirlo.
Un portavoz de Salvem El Cabanyal afirmó que dos sentencias de 2007 sobre asuntos similares les servirían para plantear un recurso. Esa fue una primera afirmación, a falta de conocer el detalle de los argumentos utilizados por la sala del Supremo para respaldar la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar. La plataforma celebró anoche una asamblea en el Teatre de Titelles la Estrella, ubicado en el popular barrio del distrito marítimo.
La oposición política expresó su respaldo a Salvem el Cabanyal ante la inminencia de la ejecución del proyecto. Muy distinta fue la reacción de la alcaldesa de Valencia, que se mostró satisfecha y afirmó que el fallo permitirá acabar con la "degradación" del barrio, cuya "culpa", señaló, ha sido "exclusivamente de la izquierda radical". Agregó que durante los 10 años de conflicto entre el Ayuntamiento y los afectados, "ha habido momentos de tremenda violencia". Barberá añadió que en sucesivas elecciones los vecinos de El Cabanyal han respaldado la intervención, en alusión a las reiteradas victorias electorales que el PP ha obtenido en esa zona de Valencia. La alcaldesa no quiso concretar una fecha para retomar el proyecto, pero sí se comprometió con los vecinos a que se comenzará "muy intensamente para poder avanzar" tanto en la prolongación de la avenida como en la recuperación de este barrio.
Por su parte, la portavoz socialista, Carmen Alborch, lamentó que el Ayuntamiento "no haya invertido en El Cabanyal y haya permitido que el barrio se deteriore". Y exigió el cumplimiento de la parte buena del proyecto: "La construcción de 70 equipamientos, la rehabilitación de 560 edificios y la construcción de vivienda pública".
La presidenta de la Federación de Vecinos de Valencia, María José Broseta, expresó su rechazo al fallo. "No es una decisión justa. En lugar de dejar degradado todo lo que está alrededor, se tendría que haber reactivado la zona para que los vecinos tuvieran sus casas como toca, rehabilitadas y bonitas, y covertir este barrio en una zona entrañable de la ciudad de Valencia".
La asociación de vecinos Pavimar y el Instituto de Defensa de Intereses Patrimoniales, Culturales y Artísticos de El Cabanyal Canyamelar (Indipcacc-Salvem El Cabanyal) recurrieron al Tribunal Supremo después de que la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) diera la razón a Rita Barberá y le permitiera separar el barrio con la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar. Entonces, en 2004, con ocho votos a favor de los 11 miembros de la sala, el TSJ consideró que el proyecto urbanístico lograría "la mejora del barrio siendo respetuoso con él" y facilitaría "su integración en la ciudad". Para el TSJ, la protección por su condición de BIC (Bien de Interés Cultural) no fue una circunstancia que pudiera restar peso al "interés general". En aquel fallo, los magistrados reconocían las singularidades del barrio y también su deterioro. Precisamente, esas dos cuestiones fueron esenciales en el recurso plateado al Supremo.
Los afectados expusieron que el plan de reforma urbanística supone "un claro expolio del patrimonio histórico español", y con ello una vulneración de normas estatales específicas sobre patrimonio. El Cabanyal, barrio de pescadores, se unió a Valencia en 1897, se caracteriza por la particular disposición de sus calles, una trama urbana que discurre perfectamente paralela y perpendicularmente al mar, con algunos de los mejores ejemplos de arquitectura industrial del siglo XIX y con viviendas populares inspiradas en el modernismo. Eso le valió la declaración de BIC. Los tribunales han ignorado el valor añadido que encierra El Cabanyal. Su historia, su geometría urbana, no han contado para los jueces.
El proyecto de prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez, que presentó Rita Barberá hace 11 años afecta a 450 inmuebles. De ellos, un centenar están catalogados. Son 1.652 viviendas. Los derribos previstos, sobre los que hubo hasta el año pasado una suspensión cautelar excepto en la zona protegida, se extienden por 25.000 metros cuadrados de la parte del barrio declarada BIC y 100.000 metros cuadrados del total del conjunto histórico. 2.000 vecinos serán obligados a desplazarse. Todo eso, a cambio de la división en dos del barrio para dar cabida a una avenida de 48 metros, aunque la franja derribada alcanzará los 106 metros de ancho, y la construcción de edificios de cinco o seis alturas romperá claramente con la morfología característica de El Cabanyal-Canyamelar. El Supremo considera, como lo hizo el TSJ, que vale la pena.
Los afectados se reunieron anoche en asamblea en el Teatre de Titelles La Estrella. La convocatoria fue multitudinaria. Los vecinos esperan el detalle de la sentencia del Supremo y buscan una nueva forma de hacer frente a lo que consideran un ataque cultural y social para favorecer los intereses urbanísticos del Ayuntamiento del PP.
El PP, con el apoyo de los tribunales, defiende la actuación sobre El Cabanyal. Ayer se evidenció de nuevo. La oposición pidió responsabilidad a Barberá, para que el respaldo judicial no suponga una licencia sin límites. Isaura Navarro, de Iniciativa del Poble Valencià, afirmó: "La justicia está para defender al débil frente al poderoso y en el fallo no se ha cumplido esta premisa".
El secretario comarcal del Bloc de Valencia, Ximo López, manifestó que la decisión del Supremo "no puede ser un talón en blanco para la alcaldesa".
Una batalla legal
- 1998. Después de perfilado el proyecto, se inicia la tramitación.
- 2001. La Generalitat da el visto bueno en abril y en mayo lo ratifica el Ayuntamiento.
- 2002. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) acepta las reivindicaciones de los vecinos y ordena la paralización cautelar.
- 2004. El TSJ levanta la paralización de los derribos y respalda a Barberá.
- 2008. El Tribunal Supremo da luz verde al proyecto.
* ELPAIS.com - LYDIA GARRIDO - Valencia - 14/03/2008
Foto: Zona del barrio de El Cabanyal que se verá afectada por la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar/ SANTIAGO CARREGUÍ, elpais.com
La Fiscalía denuncia al alcalde de Atarfe por delito contra la ordenación del territorio
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TERRA/Granada* : La Fiscalía ha denunciado al alcalde de Atarfe, Víctor Sánchez (PSOE), por un posible delito contra la ordenación del territorio al permitir la construcción de una nave en suelo no urbanizable y tratar de consolidar esa actuación en el nuevo PGOU extendiendo el límite urbano en zona de valor productivo.
La denuncia, que el fiscal dirige al alcalde 'sin perjuicio de la ampliación de la imputación a otros posibles coautores', es el resultado de las diligencias de investigación penal abiertas por el Ministerio Público tras la denuncia interpuesta por IU, Ecologistas en Acción y otras dos asociaciones conservacionistas contra el regidor, al que atribuían también un presunto cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, fraude y estafa.
En el decreto por el que acuerda denunciar al alcalde, del que ha informado hoy el Ministerio Público, el fiscal considera que en la construcción de la nave comercial 'no se dieron los requisitos legales de exigencia básica' y que mediante resoluciones 'claramente ilegales' se autorizaron las obras en suelo no urbanizable según las normas subsidiarias vigentes.
La edificación de la nave, en la N-4332 Granada-Córdoba, se produjo a escasos metros de la vía del tren, en zona contemplada en las normas subsidiarias como Sistema General de Ferrocarriles al estar dentro de los cien metros de afección territorial y limitando con una franja considerada área de reserva de terrenos.
En el informe remitido por el alcalde a la Fiscalía en el marco de las diligencias de investigación, Sánchez reconocía que la nave se hizo en suelo no urbanizable pero con la declaración de interés público, declaración que se aprobó en un pleno municipal en 1999 -por mayoría de ocho ediles del PSOE, tres de IU y uno del Grupo Mixto, y el voto en contra del PP- sin que fuera impugnado.
Según el fiscal, aunque es cierto que el pleno aprobó la construcción bajo la invocación del interés social, esa declaración 'se alejó de la legalidad' porque no fue autorizada por el órgano competente -la Consejería de Obras Públicas-, como exige la ley.
La consejería, según el fiscal, afirmó que el proyecto era de utilidad pública pero se opuso a la ubicación de la nave en la parcela pretendida por el Ayuntamiento y propuso otra localización.
Tampoco se elevó la propuesta a la Comisión Provincial de Patrimonio, según el fiscal, a quien consta igualmente un informe de la oficina técnica municipal indicando que el emplazamiento de la nave era contrario a la normativa y las ordenanzas municipales.
Esas circunstancias, unidas a la 'reticencia municipal' a mostrar al Seprona la información requerida, llevan al fiscal a considerar que en la construcción de la nave 'no se dieron los requisitos legales de exigencia básica'.
El fiscal también considera acreditado 'indiciariamente' que el alcalde pretendió dar 'cobertura legal a los hechos consumados', mediante la revisión del PGOU incluyendo el terreno de la nave como equipamiento comercial y extendiendo el límite urbano de la localidad en suelo no urbanizable de excepcional valor productivo según el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG).
* Terra Actualidad - EFE - 13 de Marzo de 2008
Foto: Atarfe (Granada) - ideal.es
Cáceres: Ofensiva judicial contra las construcciones ilegales en la provincia
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HOY* : En la provincia de Cáceres hay numerosos parajes de gran belleza, espacios protegidos en los que a muchos les gustaría hacerse una casa, y la realidad es que en esos sitios se han construido miles de viviendas ilegales. Los interesados compraban los terrenos y sin pedir licencia alguna se ponían a construir. Esa ilegalidad, prácticamente ha terminado.
El origen de que por fin se cumpla la ley en el campo, se debe a que hace un año, en marzo del 2007 se crearon las unidades de la Guardia Civil para la lucha contra la delincuencia urbanística. La dirección general de la Policía y la Guardia Civil, repartió por toda España a 194 agentes especializados en investigar las infracciones penales relacionadas con el desarrollo urbanístico y su impacto en el medio ambiente. Tres de esos agentes comenzaron a investigar las construcciones ilegales que hay en la provincia, deteniendo a los promotores que eran sorprendidos, nunca mejor dicho, con la manos en la masa. Los guardias han contado con el apoyo de la Fiscalía de Cáceres, que desde el año 2006 tiene al fiscal Juan Antonio Galán especializado en perseguir los delitos de ordenación del territorio.
La especialización de la Guardia Civil y la Fiscalía ha dado sus frutos. En el año 2005 en los tribunales de la provincia sólo había un procedimiento por una construcción ilegal, en el año 2006 hubo otro caso; pero en el año 2007 los procedimientos ya fueron 40.
Segunda vivienda
Juan Antonio Galán señala que la mayoría de los casos se han detectado en la zona norte de la provincia, « la razón -explica-, es que la actuación que realiza la nueva unidad de la Guardia Civil se concentra en las zonas de especial protección de aves y la zona que está comprendida en la Red Natura 2.000, que es en casi su totalidad el valle de El Jerte, La Vera, la mayor parte de Las Hurdes y Sierra de Gata».
De los cuarenta casos que están pendiente de juicio, el fiscal indica que la mayoría son casos de segunda vivienda, personas que viven por ejemplo en Plasencia y tienen una casa de recreo en La Vera. Se da el caso de los que cometen la ilegalidad pensando en enriquecerse con un negocio de turismo rural. De los 40 casos hay cuatro de apartamentos turísticos y casas rurales. También hay unos tres casos de naves industriales de ganado ilegales.
La Justicia puede perseguir a los que han construido ilegalmente en los últimos tres años, ya que más allá de ese tiempo el delito prescribe; pero la Guardia Civil está actualmente deteniendo a los promotores y dueños de terrenos que están levantando las construcciones sin permisos. Tienen tanto trabajo que por ahora no persiguen a los que ya han terminado la construcción de la vivienda. Por ahora centran su ataque a los que están construyendo.
Hay afectados que alegan desconocimiento, pero eso no les exime de culpa. «Todo el mundo sabe que para edificar se necesita una licencia municipal -señala el fiscal-. Para realizar un pozo, una pequeña caseta, para poner una alambrada hace falta licencia municipal y según el sitio, también de la Junta de Extremadura. Ahora se persiguen, sobre todo, los casos de viviendas y chales, en los que hace falta una licencia municipal de obras, un proyecto técnico y si es una zona protegida un informe del impacto ambiental ante la Junta».
Dos casos
Se espera que cuando termine la huelga de los funcionarios de Justicia, se sucedan los juicios por levantar construcciones ilegales. Galán, que no duda de que los jueces ordenarán en sus sentencias el derribo de las viviendas, ya ha elaborado cinco acusaciones.
Un caso es el de la propietaria de dos parcelas rústicas de Casas del Castañar de unos 3.000 metros cuadrados. En el 2006 ella y su compañero comenzaron a construir una vivienda unifamiliar de dos plantas, otra vivienda de una planta, una cochera, una piscina con depuradora, un pozo de agua y una barbacoa. Las hicieron sin tener proyecto técnico y sin licencia municipal. Edificaron en suelo no urbanizable protegido. El ayuntamiento de Casas del Castañar les ordenó en julio de 2007 que pararan las obras, pero siguieron. El fiscal tiene previsto solicitar para cada uno de los acusados 2 años y 3 meses de prisión, que tiren las edificaciones, y pagar 400 euros de multa.
El otro caso ocurrió en El Torno. Julián J. C. compró en 2006 dos parcelas en El Torno de unos 7.000 metros cuadrados. En enero de 2007 comenzó a construir una vivienda de dos plantas, con una superficie de 176 metros cuadrados cada una, más una terraza de 46. El chalé se hizo sin proyecto técnico y sin licencia municipal, y en un paraje incluido en los espacios de la Red Natura 2000. El fiscal tiene previsto solicitar al tribunal que se tire el chalé, y que Julián y el constructor sean condenados cada uno a un año y medio de prisión y pagar 400 euros de multa. Además de inhabilitarles dos años para el ejercicio de la construcción.
* Hoy - Cáceres - 14.03.08 - SERGIO LORENZO
Foto: Aldeanueva de la Vera (Cáceres) - ctv.es
