Un alcalde y un edil y ex regidor del PP condenados por delitos urbanísticos no dimitirán

ELMUNDO/Málaga* : El alcalde de Canillas de Albaida, Antonio Gregorio Díaz (PP), y el ex regidor de Salares y concejal del PP en el municipio malagueño, Jorge Luis Fernández, no dimitirán de sus cargos, después de haber sido condenados por delitos urbanísticos. El presidente del PP en Málaga, Elías Bendodo, ha informado a los periodistas de que tanto Díaz como Fernández recurrirán sus sentencias y ha afirmado que su partido no adoptará ninguna decisión sobre ellos hasta que no haya un pronunciamiento judicial firme.

"Los partidos políticos están para hacer política y los jueces son los que tienen que administrar justicia", ha señalado Bendodo, que ha criticado la actitud que mantenía el PSOE con la expulsión de alcaldes y concejales nada más conocer si eran imputados.

"El PSOE no interpreta que los partidos nunca deben asumir las funciones del poder judicial, pero ahora parece que han vuelto a la lógica", ha añadido el presidente del PP malagueño, que ha visitado el municipio de Vélez-Málaga.

El alcalde de Canillas de Albaida ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga a siete años de inhabilitación para cargo público de concejal o alcalde, y a una multa de quince meses por un delito de prevaricación urbanística.

El tribunal considera aprobado que el alcalde concedió una licencia de obras de una vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable "con grave incumplimiento de la normativa reguladora de la concepción de licencias", según la sentencia.

Por su parte, el ex alcalde de Salares y concejal en el Ayuntamiento ha sido condenado ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga a un año de prisión y ocho de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito contra la ordenación del territorio.

En la sentencia a la que ha tenido acceso Efe, el juez considera como hechos probados que Fernández tenía pleno conocimiento de unas obras irregulares para la construcción de una vivienda unifamiliar ejecutadas en el paraje "El Pino" entre 2001 y 2007 sin la correspondiente licencia y en suelo no urbanizable.

El ex regidor, "plenamente consciente de la ilegalidad de los trabajos", hizo caso omiso a las advertencias de la secretaria municipal y a las denuncias interpuestas por el propietario de una parcela situada junto a la que se desarrollaron las obras.





* El Mundo - 4.05.10
Foto: Canillas de Albaida (Málaga) - wikimedia.org

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Colmenar de Oreja persiste en la política del todo urbanizable

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Colmenar de Oreja, dado a conocer en un nuevo periodo de información pública, pretende multiplicar por cuatro el número de viviendas y por seis la población actual. Este plan general se divide en dos fases para eludir requisitos ambientales. ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE MADRID* lamenta que este municipio siga anclado en la política urbanística del “todo urbanizable”.

Colmenar de Oreja es un municipio situado al sur de la Comunidad de Madrid, colindante con Aranjuez. Con 8.357 habitantes, el Plan general de Ordenación Urbana (PGOU), plantea la construcción de 15.516 viviendas y la reclasificación de 7.424.449 m2 de suelo. Estas previsiones permitirían alcanzar una población superior a los 50.000 habitantes, lo que supone un incremento del 620%.

Los principales crecimientos se plantean en torno al núcleo principal, con la reclasificación de 264 ha (2.645.952 m2) distribuidos en diez sectores. En esta zona se prevé la construcción de 3.516 viviendas. Pero el desarrollo más importante se sitúa al oeste del casco urbano, separado más de 11 km, junto al casino de Aranjuez Este nuevo sector, conocido como Valdeguerra, tiene una superficie de 4.822.600 m2 y albergaría 12.000 viviendas.

Parte de los terrenos de Valdeguerra son propiedad de Fadesa que en 2006 adquirió, al menos 148 ha, por cesión del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, propietario hasta entonces. Sin embargo, el Plan General expuesto a información pública, ha omitido cualquier información al respecto de esta empresa que en 2009 presentó suspensión de pagos. Se da la circunstancia de que aunque el suelo actualmente es no urbanizable, en la publicidad que facilita Martinsa-Fadesa se afirma que es suelo urbanizable sectorizado ordenado pormenorizadamente en el PGOU de Colmenar de Oreja.

El nuevo PGOU de Colmenar de Oreja que ahora se ha dividido en dos fases, sigue utilizando el criterio del “todo urbanizable”, ignorando así los principios de la Ley de Suelo estatal. En ningún caso se justifica la enorme reclasificación de suelo urbanizable, a pesar de que así se solicita en informes de las Direcciones Generales de Evaluación Ambiental y de Urbanismo de la Comunidad de Madrid. Sin duda con la fragmentación del PGOU en dos fases se pretende eludir requisitos ambientales y minimizar el impacto de la reclasificación de suelo.

Ecologistas en Acción considera muy preocupante la actitud del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja que, a pesar de la crisis inmobiliaria y del daño que la especulación urbanística ha causado a la economía española y al medio ambiente, siga empeñado en mantener un modelo desarrollista caduco e injustificado.





* Ecologistas en Acción > Comunidad de Madrid - 3.05.10
Foto: Colmenar de Oreja (Madrid) - cosasdemadrid.es

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Santo Domingo somos todos

7DÍAS/R.Dominicana* : La ciudad es intercambio, comercio y cultura. Cuando hace un par de años, algunos ciudadanos nos opusimos al crimen ecológico urbano que iniciaba el síndico de la capital en su aplicación del “Plan Verde”. Nunca pensamos que ese movimiento debía estructurarse permanentemente. Fue un error. Había surgido por la indignación que suscitaba la tala de árboles de sombra -necesarios en nuestro medio tropical-, para sembrar palmas ya que el impacto ecológico negativo era muy alto, tanto en el lugar de extracción de las palmas como en la ciudad porque sus probabilidades de sobrevivencia eran muy remotas por el ambiente urbano hostil y la falta de mantenimiento (riego).

Las razones se diversificaron por el abusivo costo de esas palmas, lo que suponía un negocio rentable entre las partes involucradas y, sobre todo, por los métodos antidemocráticos del síndico que revelaba su autoritarismo.

Ese movimiento había sido precedido de varias protestas contra la construcción de la Isla Artificial y de un helipuerto en la plaza Omar Torrijos y la copa de la indignación rebozó con las “canquiñas”. ¿Por qué? Porque se evidencia, una concepción errónea de la gestión de los espacios públicos, una actuación autoritaria orientada hacia objetivos que no son incluyentes y además, implementa políticas transculturales extrañas a nuestra cultura y a nuestra cotidianidad, que no se adaptan a nuestro clima, a nuestra ciudad, a su escala y volúmenes, que deben estar acordes con su tamaño.

El espacio público tiene varias dimensiones:

Dimensión política: Si la política es el encuentro de los intereses en conflicto, de la expresión colectiva de intereses comunes, de la visibilización de lo que somos, el espacio público no es sólo representación de todo ello, sino también vehículo para poder expresarlo, es el ágora moderna..

Dimensión urbanística: Construir ciudad, hacer ciudad mejor dicho, es dar forma al espacio público y articular en torno a él el diseño urbano, no lo contrario.

Dimensión cultural: La ciudad es centro y es periferia, es edificios, es equipamientos e infraestructura, y todos estos elementos forman parte de la vida colectiva y deberían tener un objetivo cultural, de formación de valores cívicos.

Dimensión social: Frente a las estrategias de privatización, de fortress o fortificación, de gentrificación, de unificación, de especialización, de expulsión, de tecnificación… el espacio público redistribuye el espacio, es una forma de redistribución de la riqueza, es una forma de dar acceso al derecho a la ciudad, es una forma de dar acceso al "derecho a la belleza", que comenta Jordi Borja: la peatonización de calles y su devolución a los peatones, la regeneración de zonas especializadas como puertos, muelles, almacenes, la renovación del diseño urbano para crear "amabilidad" en la calle, la dotación de equipamientos públicos de proximidad de alta calidad urbanística son algunas de las intervenciones que se pueden realizar. Ganar espacio, hacer mejores espacios, convertir espacios y dar prioridad a esos espacios es gestionar contrario a la gestión pública de esos espacios que es imponer un nuevo uso al espacio urbano, tal como hace Roberto Salcedo, el alcalde que no consulta e impone.

Hoy, por su permeabilidad cultural, el alcalde de la capital, impone a la ciudadanía un parque temático, con animales de tamaño exagerado, más cerca de una película de terror que de un parque para infantes. Como idea importada de los Estados Unidos, el alcalde no se percató de que en los países donde se construyen parques temáticos se toman en cuenta algunas consideraciones como espacio, lugar, volumen y tamaño. Así, los parques que se refieren a la era prehistórica (Santiago de Cuba) reconstituyen animales gigantescos porque la fauna de esa era tenía dimensiones extraordinarias y todos los escolares lo aprenden; se muestran y se discute su evolución con la fauna actual a partir de los procesos de adaptación al medio (clima, flora, océanos, ríos) por eso, se construyen en espacios naturales, grandes, abiertos donde las dimensiones de los animales son reales pero relativizadas por la naturaleza abierta del parque. Y en estos casos, los infantes no se asustan porque ya se lo representaron mentalmente.

En otros casos, esos terrenos son suburbanos y los visitantes no tienen posibilidades de comparación con los edificios circundantes, pues no existen, sicológicamente las dimensiones son vividas como irreales por exageradas por eso no asustan, los niños saben que son recreaciones al limite del arte, de lo sobrenatural, de lo teatral, de lo espectacular a veces de lo cómico. (El Fairchild Tropical Botanical Garden en el lago Pandanus, Miami).

Pero no es el caso del parque temático de la Av. Lincoln con Kennedy, en plena ciudad, arriba del elevado, debajo, las bestias recreadas son vistas como agresivas, agigantadas por el entorno; en esa esquina no se integraran jamás con o sin hiedra, se elevan contrastando con los usos habituales de la ciudad en ese lugar y con el entorno general del terreno escogido. Esas dimensiones y tamaños de animales familiares para los niños no responden a las imágenes que de ellos se formaron. Por lo tanto, provocan terror y espanto en los infantes que no esperan ver en ese entorno figuras tan espectaculares porque nunca las vieron y nunca nadie les enseñó con esas proporciones. De ahí que el parque temático no sea pedagógico, sino contraproducente sicológicamente y cumple menos esa función “ecológica” que le atribuye el síndico al revestir de hiedra animales de África, dándoles una espectacularidad aterrorizante para cualquiera.

Analizando el lugar del parque temático

Lugar escogido: un terreno baldío, en conflicto jurídico, en una intersección de avenidas de tránsito permanente hasta altas horas de la noche, con semáforos en todas las esquinas que provocan filas interminables, contaminación y ruido incesante.

Accesibilidad: solo a partir de la av. De los Próceres, dirección norte-sur, con una diagonal, sin parqueo.

Uso común de la intersección: Eminentemente comercial por lo que el uso recomendado debía ser similar al existente: sede de oficinas comerciales, exhibición para ventas de carros o paradas de autobuses o estación de bomberos o de Amet.

Uso común circundante: Eminentemente comercial, administrativo y universitario con un progresivo cambio a edificios residenciales incluyendo residencias unifamiliares de baja densidad poblacional.

Conclusión: el terreno, por su dimensión y su ubicación en la salida de la ciudad hacia el Cibao ofrece posibilidades urbanísticas que hacen factible su dedicación a actividades comerciales-administrativas, pero no tiene vocación lúdica, ni recreativa, ni cultural por esas mismas condiciones. Los habitantes de Arroyo Hondo, beneficiados con condiciones ambientales excepcionales no necesitan parque temático, ni van a adoptar ese lugar como su lugar de recreación… al menos que jevitos adopten el parque para sus desmanes nocturnos, encaramándose encima de esas criaturas y otros placeres,porque el lugar así como el ocio expresan valores personales y sociales y son una necesidad psicológica, un prerrequisito social y un atributo espiritual. ¡Que sorpresa podrían darnos ese parque y la juventud actual!

La ciudad es intercambio, comercio y cultura. Es concentración física de personas y edificios, diversidad de usos y de grupos. Es el lugar del civismo, donde se dan procesos de cohesión social y se perciben los de exclusión, de pautas culturales que regulan relativamente los comportamientos colectivos, de identidad que se expresa material y simbólicamente en el espacio público y en la vida ciudadana. Es, en definitiva, donde la ciudadanía se realiza mediante su participación en los asuntos públicos de la ciudad, en sus asuntos.


* Amparo Chantada



* 7 Días - 2.05.10
Foto: Santo Domingo, elefantes - 7días.com


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Indisciplina urbanistica en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

TARA* : De los 10 técnicos municipales que existían hace años, ha quedado solo reducidos a 4, un equipo jurídico mermado por épocas, idas y venidas de personal auxiliar y demás hechos que imposibilita la razón de la existencia del departamento, hacer cumplir las ordenanzas a todos, actualmente se están realizando traslados forzosos de personal encargado de tramitar los expedientes sancionadores, sin que se repongan los efectivos desalojados por personal de refuerzo

La sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Las palmas Denuncia públicamente las graves anomalías en la tramitación de expedientes sancionadores en materia de urbanismo y la tramitación sin seguir el orden de entrada, sino un sistema arbitrario y politizado.

Por lo cual la mayoría prescriben o simplemente no se cursan denuncias, por lo que el urbanismo en esta ciudad está totalmente fuera de la legalidad vigente.

La grave falta de personal en el área técnica de la Sección de Protección del Medio Urbano y Rural (antigua Disciplina Urbanística) hace que los expedientes se acumulen en las estanterías de las oficinas, sin que por medio humanos sean capaces de digerir, este departamento del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria llego a contar con 10 técnicos encargados de velar por la normalidad y corrección de las Normativas Municipales tanto de particulares como de empresas que realizan obras o instalaciones en el exterior.

De media 20 denuncias diarias de particulares, Policía Local y otros Servicios, cuatro técnicos municipales emiten informes técnicos con una media de poco más de uno al día (además de los expedientes ya en curso), la media de las inspecciones son del 20 % de las denuncias que se registran en el Ayuntamiento, este mínimo porcentaje tan solo cubre normalmente asuntos urgentes de mal estado y conservación de inmuebles, muros u obras sin licencia de envergadura o en inmuebles catalogados, quedando el otro 80% de las obras ilegales, la mayoría de las denuncias sin licencia, sin visitar y sin informar, sin expedientar y sin actuar, ya que con el personal técnico existente es materialmente imposible visitar los hechos denunciados.

De los 10 técnicos municipales que existían hace años, ha quedado solo reducidos a 4, un equipo jurídico mermado por épocas, idas y venidas de personal auxiliar y demás hechos que imposibilita la razón de la existencia del departamento, hacer cumplir las ordenanzas a todos, actualmente se están realizando traslados forzosos de personal encargado de tramitar los expedientes sancionadores, sin que se repongan los efectivos desalojados por personal de refuerzo, ni un estudio real sobre las deficiencias de organización con lo que se agrava las circunstancias del servicio.

En el 80% del desecho de oficio del departamento están las denuncias que en el cumplimiento de su deber diario se encuentran las de los agentes de la Policía Local, entendemos así su malestar cuando realizan sus boletines de denuncias, la mayoría de la veces a petición de los ciudadanos, sabiendo a priori que dicha denuncia quedará archivada a la espera de inspección técnica en función de los medios humanos de los que disponga el Área.

De ahí el agravio comparativo que sufren los ciudadanos que sí cumplen la ley y realizan obras ajustadas a licencia, pagan sus cuotas y tasas, cuentan con técnicos profesionales que avalan las obras e instalaciones y cumplen con sus respectivos tasas manteniendo sus propiedades en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y decoro, observan impotentes como obras sin licencia de todo tipo realizadas en el municipio no son sancionados si no bendecidas por silencio administrativo.

Por lo que desde este consistorio anima a la población a no solicitar licencias urbanísticas, a que ejecuten lo que les de la gana, como puedan, cuando quieran y donde quieran, que las ordenanzas de convivencia ciudadana están hechas solo para unos pocos, así con este orden y conciencia común nos acercamos a un estado bananero de desorden y colorido.

Desde esta sección sindical creemos necesario el estudio real de los puestos de trabajo adjudicándole su respectiva estructura organizativa, buscando medios humanos e implicación política para la gestión efectiva de sus funciones, gestionando así el bien común y el interés general.

La policía local cuenta con 550 agentes en el municipio y cuya función es la de hacer respetar las ordenanzas Municipales y las de Convivencia Ciudadana, el hecho que este tipo de sanciones no se gestionen adecuadamente hace que vuelva a florecer el concepto de ciudad espontanea con diversidad de formas en los edificios, solares y en general en las construcciones, afeando considerablemente el espacio urbano donde se implantan estas actuaciones ilegales.

Por todo ello solicitamos que se dote a este departamento del personal adecuado y se gestionen los expedientes por orden de entrada, sin dejar ninguno atrás, ni por falta de personal, ni por caprichos políticos que rozan la corrupción.






* Revista Tara - 4.05.10
Foto: Las Palmas de Gran Canaria, ayuntamiento - flickr.com

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Concluye hoy la declaración de testigos en el juicio por la tramitación irregular del Nevada

20MINUTOS/Granada* : El juicio que se sigue en el Juzgado de lo Penal 3 de Granada por la supuesta tramitación irregular del Centro Comercial Nevada de Armilla vivirá hoy su séptima sesión, en la que está previsto que concluya la declaración de todos los testigos propuestos por las partes personadas, informaron a Europa Press fuentes del caso. Concretamente, mañana declararán cuatro testigos de la defensa: el que fuera secretario general de la Delegación Provincial de Medio Ambiente; una funcionaria del Ayuntamiento de Armilla; la secretaria del ex alcalde José Antonio Morales Cara, imputado en la causa junto a otras diez personas más, entre ellas el ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate y el promotor de la construcción, Tomás Olivo; y el ingeniero industrial del Consistorio que realizó un informe en el que alertaba de que, para la concesión de licencia, era necesario incluir en el expediente urbanístico el proyecto de actividad.

Hasta ahora, además de los once imputados en la causa, han declarado el letrado municipal, el secretario y la que fuera jefa de Urbanismo en el Ayuntamiento.

Sus testimonios han rebatido los argumentos esgrimidos durante todo el proceso judicial por los responsables municipales, que sostienen que la tramitación fue legal y que el informe del arquitecto municipal no fue desfavorable, sino que contenía unas "observaciones" que fueron incorporadas al expediente por el que se concedió la licencia de obra, y que además no existió el redactado por el letrado municipal en el que se advertía de que el Nevada conculcaba la legalidad urbanística.

En contra de esas afirmaciones, tanto el letrado como el secretario municipal aseguraron en la sesión que tuvo lugar el pasado viernes 23 de abril que el informe jurídico existió pero que "desapareció" en la misma mañana en la que se iba a probar la licencia del Nevada, el 30 de septiembre de 2005, por causas que desconocen. El contenido del documento, según el propio letrado, era conocido tanto por Morales Cara como Cañavate, que además le "presionaron" para que cambiara su sentido.

"muchas presiones y prisas"

El secretario dijo por su parte haberse "sorprendido" de que a pesar de que era notorio en todo el área de Urbanismo del contenido de este informe, y de que se adjuntó al expediente el informe "desfavorable" del arquitecto municipal, la concesión de licencia se aprobó. Así, aunque él avisó en la Junta de Gobierno local de la ausencia del informe "preceptivo" del letrado, se le dio luz verde al proyecto. "Había muchas presiones y muy fuertes, prisas e interés en que se diera la licencia. La hubieran aprobado aunque yo hubiera dicho misa en latín", señaló ante el tribunal.

La jefa de Urbanismo coincidió con el secretario en que en el expediente se incluyeron informes externos, "demasiados", que no eran habituales en el Ayuntamiento, como tampoco lo era contar con informes del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación, como así se hizo, razón por la que está imputada en la causa una letrada de la institución provincial.

También ha testificado ya el arquitecto de la Consejería de Obras Públicas que redactó un informe sobre el plan parcial sobre el que se levantaría el Centro Comercial, que confirmó que detectó irregularidades en los aparcamientos —que debían ser públicos y no de titularidad privada— o en el establecimiento de criterios urbanísticos contradictorios en materia de edificabilidad o medición de alturas con el planeamiento urbanístico superior.

El actual arquitecto municipal declaró también el 28 de abril que en una primera inspección del Nevada, para constatar si se ajustaba o no la licencia concedida en septiembre de 2005, fue cuando detectó la "invasión" de espacios dotacionales, tras lo que el Ayuntamiento decretó la paralización de las obras de ejecución.

El arquitecto que redactó el informe previo a la concesión de licencia, de fecha 20 de septiembre, en el que alertaba de que se habían proyectado aparcamientos en suelo no urbanizable, escaleras en zonas verdes o del incumplimiento en el cómputo del número de alturas, declarará previsiblemente sobre el 20 de mayo, ya que se encuentra de viaje y tiene previsto regresar a España en esa fecha. Así, aunque la pretensión de las partes era que ofreciera su testimonio antes de que comiencen a declarar los peritos, por ahora se cree que sólo podrá asistir a la vista una vez que culminen todas las pruebas.

Después de las testificales, el día 5 se dará paso a las periciales, tras las que las partes definirán sus conclusiones definitivas y expondrán sus informes para dar fin, el 27 de mayo según lo previsto, a uno de los juicios más prolongados en tiempo de la historia judicial de Granada.






* 20 Minutos - EP. - 4.05.10
Foto: Armilla (Granada), centro comercial Nevada - ideal.es

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Urbanidad para El Cabanyal

GERARDO ROGER* : La resolución del Tribunal Constitucional que suspende la ejecución del Plan de El Cabanyal, supone una sobrevenida oportunidad para reflexionar, desde el sosiego, y tratar de reconducir, desde el consenso, una intervención urbanística tan controvertida y que tanta crispación ha venido generando en la ciudadanía. La finalidad básica de la intervención, según sus promotores, es la de acceder al mar mediante la prolongación de Blasco Ibáñez, atravesando la trama urbana y sustituyendo edificios por viario en un ámbito espacial declarado Conjunto Histórico-artístico y Bien de Interés Cultural.

Como ejemplos de actuaciones históricas de cirugía urbana análogas, se señalan las operaciones de Haussmann en Paris o la recientemente centenaria Gran Vía de Madrid.

Sin embargo, desde la urbanística, el objetivo defendido como básico de acercamiento al mar resulta técnicamente cuestionable. Si lo que se pretende es facilitar el acceso al litoral desde la mayor parte de la ciudad, dada la considerable distancia existente entre ambos polos, solo se satisfaría solventemente mediante la utilización del transporte público o privado y para ello, en la actualidad, ya se dispone de las avenidas de los Naranjos, del Puerto, y de Baleares. Por tanto, una nueva vía rodada no resulta imprescindible para satisfacer la finalidad expuesta. Consecuentemente, debería plantearse otra modalidad de accesibilidad que partiera del final inacabado de Blasco Ibáñez mediante la disposición de sistemas de movilidad blanda, de carácter más urbano y calmado y siempre menos traumática que la planteada, aprovechando inteligentemente las condiciones espaciales preexistentes.

Para ello, podemos adoptar como referencia la solución que se dio en Lisboa en los siglos XVIII y XIX. El terremoto que asoló la ciudad en 1755 propició la construcción del barrio de la Baixa por el Marqués de Pombal, dotándolo de una estructura urbana de calles paralelas y perpendiculares al frente fluvial (análoga al Cabanyal), articulándose con él, a través de la plaza Do Comercio abierta al Tajo. Un siglo después (1880), el gobierno liberal construyó la avenida de la Liberdade, bulevar arbolado a la manera francesa, de trazado casi ortogonal a la Baixa, pero que renuncia lúcida y prudencialmente a seccionarla, vertebrándose con el barrio a través de la disposición de dos plazas contiguas, la del Rossio y la de los Restauradores, y accediendo al frente fluvial a través de la utilización en peine de la estructura de calles de la Baixa como viarios peatonales y de coexistencia que desembocan en la plaza Do Comercio y en el Tajo.

Este tipo de solución, que responde más a criterios de una deseable urbanidad urbana que a las intervenciones duras haussmannianas, podría ser un ejemplo muy sugerente para su aplicación en Valencia, permitiendo satisfacer los objetivos de facilitar un acceso sosegado al mar desde la utilización de criterios de explícita e intencionada sostenibilidad urbana y de tráfico blando, que posibilitaría, adicionalmente, rehabilitar El Cabanyal en su integridad, poniendo en valor y revitalizando sus singulares características arquitectónicas y sociales y aprovechando, para ello, los trascendentales recursos económicos y normativos que las administraciones y, en concreto la general del Estado, están disponiendo en el Plan de Vivienda 2009-12 y en el proyecto de Ley de Economía Sostenible y ello, aún más, en una etapa histórica, en que la promoción de nueva urbanización y, sobre todo, su financiación, se encuentran gravemente comprometidas.

Esperemos que la tregua que comporta la resolución del tribunal posibilite llegar a un acuerdo tranquilo y desde la urbanidad, abriéndose un debate profesional que abandone posicionamientos extremos y permita analizar, desde el consenso, soluciones asumibles que vengan a favorecer el desarrollo urbano equilibrado y solvente que nuestra ciudad viene demandando, porque hay que tener en cuenta que estosololoarreglamosentretodos.org.


* Gerardo Roger Fernández es arquitecto y Profesor de Urbanismo.




* ELPAIS.com - opinión - 2.05.10


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