ELNORTE* : El magistrado de Instrucción nº1 de Valladolid ha citado a declarar mañana, viernes, al ex concejal del Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid, José Antonio García de Coca, en relación con la investigación que lleva a cabo por las manipulaciones en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el año 2003, que han supuesto incrementos de edificabilidades y cambios de uso del suelo en algunas áreas de la capital vallisoletana.
El que fuera edil de Urbanismo entre los años 2003 y 2007, y hoy profesor de Derecho de la Universidad de Valladolid, ha sido citado como único imputado hasta el momento por este caso, que fue denunciado por el Grupo Municipal Socialista ante la Fiscalía de Valladolid a comienzos de este año. Según el PSOE, varios de los planos que se entregaron a la Consejería de Fomento para su revisión después de que el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid hubiese acordado una nueva redacción del Plan General, habían sido alterados, lo que ha supuesto un beneficio para algunos de los propietario y promotoras dueños de dichos solares.
Uno de los ejemplos corresponde al plano 54-07 de la avenida de Madrid donde una alteración permitió un posterior estudio de detalle, que significó las edificación de 124 pisos donde sólo se preveían nueve casas. La supresión de la condición de parcela mínima de 2.000 metros cuadrados, llevada a cabo entre el Pleno de la capital y la aprobación definitiva por parte de la Junta de Castilla y León, conllevó, según la denuncia socialista, una edificabilidad de 18.704 metros cuadrados.
Las modificaciones también afectaron a un edificio de la plaza de la Rinconada, en la esquina con Correos, y al solar de Cáritas en la calle Simón Aranda.
A comienzos de este mes, el magistrado exigió al Grupo Socialista una fianza de 45.000 euros para permitir la personación como acción popular. El PSOE ha recurrido este auto judicial por considerar elevada la cantidad reclamada para estar presente en esta investigación en la que se espera que declaren también funcionarios.
* El Norte de Castilla - 18.09.08 - J. MORENO
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org
Valladolid: El ex concejal de Urbanismo García de Coca declara como imputado por las manipulaciones del PGOU
Seis de los siete ediles de Vilaller, imputados por delito urbanístico
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LAMAÑANA/Lleida* : Fiscalía ha imputado a los seis concejales del ayuntamiento de Vilaller que votaron a favor de la polémica licencia urbanística en la que se aprobó la permuta y segregación de los terrenos de la nave de Monthidro de propiedad municipal y lindante a los bloques de Mercè y Lavaix de Vilaller.
La citada nave es una zona de equipamientos del consistorio y gracias a la licencia se pretendía, supuestamente, no sólo ampliar la zona de equipamientos, sino aprovechar para construir una promoción de pisos encima de los bajos sin que se hubiera recalificado antes el terreno.
Fuentes vecinales aseguran que la licencia urbanística no contaba con el beneplácito ni de la asesoría jurídica del ayuntamiento ni del técnico municipal. Aún así, se decidió seguir adelante con la licencia, pese a no haber aprobado el correspondiente Plan de Ordenación Urbanístico Municipal. Según fuentes cercanas al caso la licencia se adjudicó, con múltiples presuntas irregularidades. Entre otras apuntan a que no se segregó el terreno, no se realizó exposición pública, no se publicó en ningún boletín y además se realizó una adjudicación directa a un constructor que trabajaba con el concejal de cultura del Ayuntamiento de Vilaller.
El Ministerio Fiscal acusó en abril de 2007 de delitos de urbanismo y tráfico de influencias, al alcalde Jaume Monsó y al concejal de Cultura, Marc Moreno, pero sus investigaciones han llevado a considerar, supuestamente, que todos aquellos regidores que participaron en el pleno de mayo de 2006 que dio luz verde a la polémica licencia. Se da la circunstancia que el pleno lo conforman siete regidores y seis serán los imputados en la causa. El único que no participó en la votación porque, por causas que se desconocen, no se presentó al pleno fue el concejal de Urbanismo, Pere Palacín, del equipo de gobierno y que milita en el partido Independents per Vilaller. Con la excepción de Palacín, el resto de concejales han sido imputados por la Fiscalía. Los acusado son del equipo que entonces gobernaba, Independents per Vilaller, el alcalde Jaume Monsó y los concejales Marc Moreno, Manuel Roque y Joaquín Ginés. La acusación pública también ha imputado a los dos concejales de la oposición los cuales también votaron a favor de la citada licencia. Los imputados son el concejal por CiU, Josep Torrobella, y el socialista Manuel Rodríguez. En total, el Ministerio Fiscal acusa a seis concejales por participar en una, presunta, votación ilegal y por delitos urbanísticos y de tráfico de influencias.
Todos prestaron declaración en el Juzgado de Tremp y se limitaron a exculparse del presunto pelotazo urbanístico. Incluso alguno llegó a asegurar que cuando “menos fue curioso que el concejal de urbanismo no estuviera presente” en el pleno donde se aprobó el irregular Plan de Ordenación Urbanística.
Además, la presunta obra ilegal fue adjudicada , presuntamente, a una empresa que, a su vez, subcontrató a otra empresa, propiedad del concejal de cultura, Marc Moreno.
En agosto de 2006, en un pleno, el ayuntamiento comunicó la intención de expropiar el vial que une la nave y los bloques de Mercè y Lavaix y los vecinos acordaron presentar una denuncia a Fiscalía.
Tras la imputación efectuada por Fiscalía el alcalde, Jaume Monsó , aseguró, en su días, estar muy tranquilo porque “al parecer no hice bien lo de dar la licencia, pero yo sólo quise dar unos equipamientos al municipio como es un centro de día”. En cuanto a la acusación delictiva, Monsó aseguró estar sumamente tranquilo, “yo sólo soy un cabeza de turco y no tengo conciencia de haber hecho nada mal para mi municipio”.
El Ministerio Fiscal también investigó la construcción de unos pisos que presuntamente superan la altura permitida.
Presuntamente, el ayuntamiento de Vilaller otorgó la licencia para la construcción de un bloque de pisos de cuatro plantas en la avenida Catalunya del municipio. Fuentes cercanas al caso aseguraron que la altura del inmueble contraviene la normativa urbanística municipal.
Pero ese es otro caso que todavía estudia la el Ministerio Fiscal.
* La Mañana - Lleida - Alfonso L. Congostrina / Begoña Ruiz 2008-09-18
Foto: Vilaller (Lleida) - vilaller.ddl.net
La Fundación César Manrique llevará al Gobierno a los tribunales si legaliza hoteles y apartamentos sin licencia
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LAPROVINCIA/Lanzarote* : La Fundación César Manrique (FCM) anunció este jueves su intención de impugnar una hipotética ley del Gobierno de Canarias en la que dé cabida a disposiciones para legalizar los hoteles y apartamentos con licencias anuladas por los tribunales. La institución rechaza un instrumento de "punto final" que autorice actuaciones con sentencias judiciales en contra.
La FCM se basa en el anuncio de la Consejería del Política Territorial del Gobierno de Canarias de impulsar la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes, en la que podrían incluirse disposiciones para legalizar los hoteles y apartamentos declarados ilegales por los tribunales", precisa esta institución lanzaroteña sin ánimo de lucro.
En este contexto, la Fundación recuerda que las sentencias emitidas por los tribunales que anulan las licencias "han venido a demostrar que los pleitos interpuestos por la FCM y el Cabildo de Lanzarote acertaron al denunciar una operación masiva y sistemática de fraude en la concesión de licencias turísticas y residenciales en Yaiza y Teguise".
Desde la institución se han interpuesto 23 recursos contencioso-administrativos, de los que 14 tienen sentencia firme favorable, anulando unas 6.000 camas. "Del resto de recursos", subraya la FCM, "se cuenta ya con un fallo en primera instancia sobre el Plan Parcial Playa Blanca, que anuló otras 4.500 camas".
Según este órgano, ese escenario "está creando una inestabilidad política, social y económica poco deseable que, sin duda, es necesario solventar en el marco de la ley y depurándose las responsabilidades que se deriven de la gravísima situación urbanística que se ha generado".
EXIGENCIAS. Por ello, la FCM entiende que la Ley de Medidas Urgentes "supondría un cambio radical de rumbo" en cuanto al modelo turístico y conllevaría un retroceso en la política de protección del territorio y contención del crecimiento turístico, "que acarrearía graves consecuencias".
Además, la FCM cree que se trataría de "una decisión guiada por el cortoplacismo", ya que "se pretende crear una norma para unos pocos privilegiados, demostrando claramente que no se legisla de la misma manera para todos los ciudadanos".
En tercer lugar, la Fundación considera que se generaría "una política injusta y, por otro, acrecentar desgraciadamente la desconfianza" hacia las instituciones públicas y sus gestores, al margen de "una burla al principio de igualdad y legalidad y al amparo que ofrece el ordenamiento jurídico a todos los ciudadanos".
Además de rechazar las declaraciones del consejero Domingo Berriel en ese sentido, la FCM declara "completamente inaceptable" un fundamento legal que "deja desamparadas a las administraciones públicas e instituciones que han
interpuesto los recursos, pero sobre todo a los ciudadanos y empresarios que han
cumplido la ley".
* La Provincia - ACN PRESS - 18.09.2008
Foto: Yaiza (Lanzarote), hotel licencia anulada playa Blanca - laprovincia.es
Estafa, tráfico de información y cohecho en torno a Son Oms
DIARIODEMALLORCA/Palma* : La fiscalía anticorrupción abrió el 22 de octubre del 2007 unas diligencias informativas por presunta estafa y tráfico de información privilegiada en torno a la gestación y explotación del polígono industrial de Son Oms, una iniciativa que desde los años 90 fue promovida por dirigentes de Unió Mallorquina (UM).
Once meses después, ya hay nueve personas imputadas en el sumario y los presuntos delitos objeto de investigación se han ampliado al posible blanqueo de dinero, cobro de sobornos (cohecho), emisión de documentos mercantiles falsos y fraude fiscal.
La nómina de sospechosos está encabeza por el hoy portavoz de UM en el Parlament, Bartomeu Vicens, y el ex president de dicha cámara autonómica por el mismo partido Maximilià Morales. Ambos ya declararon en calidad de imputados ante la fiscalía superior y rechazaron cualquier tipo de conducta corrupta en torno a este polígono, cuya génesis se prolongó por más de diez años.
Morales y Vicens sostienen que, a principios de los 90, participaron en el impulso para crear el polígono, pero en calidad, respectivamente de asesor fiscal y abogado y al margen de su rol político, por entonces de baja intensidad.
La sombra de la corrupción también ha salpicado a los empresarios Bernat Febrer, Miquel Munar y Jaime Montis, éste último abogado de profesión. Los tres, que también declararon en fiscalía, aparecen relacionados con la junta de compensación del plan parcial que dio pie a Son Oms.
Dos mujeres
La querella también se ha dirigido contra dos mujeres: Antònia Martorell, la esposa de Bartomeu Vicens; y Elisabet Diéguez, amiga y supuesta testaferro del matrimonio.
Ayer, a la lista de imputados se unieron un empresario y un profesional liberal, al parecer un asesor de Vicens que hizo de intermediario para facilitarle a éste la presunta trama facturera.
La querella trata de esclarecer si hubo un reparto de 1,2 millones de euros procedentes de sobornos y si este dinero se camufló a través de facturas falsas emitidas con la intervención del bufete Montis y de la empresa tapadera Metalumba. Los investigadores manejan decenas de facturas y otros documentos y están tratando de reconstruir el rastro del dinero negro y desentrañar el alcance real del supuesto entramado.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.M. PALMA - 19-09.2008
Foto: Aspecto del polígono industrial de Son Oms ayer. / Lorenzo, diariodemallorca.es
Los valencianos piden a Camps criterios más sostenibles en urbanismo y modelo turístico
LEVANTE* : Los valencianos que han participado en la elaboración de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana apoyan mayoritariamente un cambio en el modelo turístico y en el urbanístico. De entre los 25 "objetivos estratégicos" y "criterios" que se recogen en la estrategia, cuyo proceso de elaboración comenzó hace meses, solo unas pocas superan el 84% de respuestas que se muestran "muy de acuerdo o bastante de acuerdo" con las propuestas.
Entre estas se encuentran la de "definir unas pautas racionales y sostenibles de ocupación de suelo", con el 85,10%; la de "proteger el paisaje como activo cultural, económico e identitario" (85,90%) y "reorientar el modelo turístico hacia pautas territoriales mas sostenibles" (84,58%).
Se trata, aparentemente, de propuestas divergentes con el urbanismo que se ha impuesto en los últimos años en la Comunitat dinamitando los modelos territoriales surgidos de la legislación valenciana, aunque el discurso oficial mantiene que las políticas de la Generalitat son "sostenibles" y respetuosas con el entorno.
En la actualidad, el documento inicial está siendo sometido a la consideración de expertos en ordenación del territorio, que se concretarán en cinco jornadas técnicas al tiempo que se consulta también la opinión de los ayuntamientos en los municipios que son cabecera de comarca.
Fuentes de la conselleria de Medio Ambiente confirmaron ayer que la posible redefinición del modelo urbanístico valenciano pasa por las conclusiones que se obtengan del proceso participativo abierto en la definición de la Estrategia Territorial, por la "reforma" de la legislación urbanística cuestionada por Europa y por un posible "gran pacto" entre las fuerzas políticas valencianas que el conseller José Ramón García Antón y también el presidente de la Generalitat Francisco Camps vienes propugnando desde hace semanas.
En este sentido no se descarta que el presidente de la Generalitat aproveche el debate de política general que se celebrará el próximo 23 de septiembre en las Corts Valencianes para reiterar formalmente su propuesta de pacto.
Antes - el próximo lunes finaliza el plazo para recurrir- la Generalitat podría hacer público el contenido del recurso contra la decisión de la Comisión Europea de denunciar la Ley Urbanística Valenciana (LUV) ante los tribunales europeos. Fuentes de la conselleria destacaron la "sintonía" que ha existido entre la administración estatal y la autonómica a la hora de elaborar este recurso.
Dificultades
Por su parte, el diputado y portavoz de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda del PSPV en las Corts, Francesc Signes, aseguró ayer que la estrategia territorial que elabora el Consell con la participación de especialistas es solo un "punto de partida" y objetó que su exposición pública se hubiera realizado en pleno mes de agosto.
Signes subrayó que pese a que la Generalitat "escondió" el debate inicial "y no preguntó" por la valoración de sus políticas, "las respuestas parecen indicar que los valencianos van en dirección contraria a la elegida por el gobierno valenciano y reclaman un modelo más sostenible y menos agresivo con el territorio".
* Levante-EMV - José Sierra, Valencia - 18.09.2008
Foto: Valencia, obras circuito urbano F1 - F.Montenegro, levante-emv.com
La policía reabre el 'caso Estepona' y llama a declarar a otros 17 implicados
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ELPAÍS* : Estepona (Málaga, 60.300 habitantes) era ayer un hervidero de rumores y quinielas judiciales después de conocerse que la Policía ha reabierto el caso Astapa, la trama de corrupción destapada el pasado 17 de junio y por la que permanecen en prisión el ex alcalde socialista Antonio Barrientos, su jefe de gabinete y dos de sus antiguos socios de Gobierno, pertenecientes a un partido posgilista.
Desde comienzos de esta semana, la Policía ha comenzado a citar a 17 nuevos implicados entre los que hay empresarios, abogados, antiguos cargos de confianza municipales y concejales. Varias fuentes consultadas por este periódico señalaron que la mayoría de los llamados acudirán en calidad de imputados y sólo unos pocos lo harán como testigos.
La notificación policial se hace mediante una llamada telefónica en la que se le indica al citado que se le va a enviar un fax con la hora y el día en el que se le tomará declaración. Los llamados deben acusar el recibo enviando otro fax de vuelta.
La nueva remesa de implicados en la trama de corrupción tendrá que declarar primero ante los investigadores, bien en la comisaría de Estepona o en Madrid, ya que la investigación ha estado centralizada en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial. Después, comparecerán ante la juez Isabel Conejo, instructora del caso y titular del juzgado número 1 de Estepona, que todavía está de vacaciones.
En los últimos dos meses el nuevo alcalde de la ciudad, el socialista David Valadez, trata de recomponer el maltrecho consistorio esteponero. El regidor, al que diversas fuentes apuntan como el denunciante de la trama corrupta, hace equilibrios para sacar adelante los proyectos. Aparte de los obstáculos naturales que le pone la oposición, Valadez sufre las trabas, más o menos soterradas, de algunos miembros de su propio equipo de gobierno. Seis de los 25 ediles de la corporación están imputados en la trama. Cuatro de ellos han pasado del grupo municipal socialista al de ediles no adscritos. Los otros dos, los posgilistas José Ignacio Crespo y Manuel Reina, están en prisión preventiva y se niegan a abandonar sus actas.
Este nuevo capítulo de la instrucción ha desanimado enormemente a los cuatro implicados en prisión preventiva. "Tenían la ilusión de salir para septiembre, pero con la nueva ronda de declaraciones ven que les queda todavía una temporada", señaló ayer uno de sus abogados.
La última vez que la juez denegó la libertad a uno de ellos alegó que quedaban "pendientes de practicarse en breve una serie de diligencias de gran importancia". En un auto en el que rechaza la libertad del ex alcalde Barrientos la instructora cree que el secreto sumarial no es suficiente para impedir que el ex regidor destruya pruebas o influya sobre "otros imputados, testigos o peritos".
La instructora considera a Barrientos "máximo responsable" de una red dedicada a "obtener fondos de promotores y empresarios" para financiar "actividades tanto públicas como privadas" y para "enriquecerse personalmente". El regidor expulsado del PSOE está acusado de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.
Durante el verano, el nuevo regidor de Estepona ha visitado a la instructora al menos en una ocasión. Lo hizo, según sus propias palabras, para "aportar documentación sobre irregularidades de varias áreas del consistorio". Una de ellas está relacionada con la construcción del aparcamiento público Zapallito, en funcionamiento desde 2005 a pesar de no tener licencia de actividad. El alcalde también entregó una gran cantidad de facturas de contratos irregulares.
El caso Astapa suma por ahora 41 imputados, entre los que hay empresarios de la construcción, concejales de varias corporaciones, técnicos y empleados del Ayuntamiento malagueño. La fianza más alta, impuesta al ex consejero delegado de la promotora Valle Romano, llegó a los 500.000 euros.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ / F. J. PÉREZ - Málaga - 18/09/2008
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
Crisis del sistema, no de las inmobiliarias
MIGUEL ÁNGEL LLANA* : Esta es una historia equívoca porque, en primer lugar, se abusa de los efectos de la crisis y se eluden, una y otra vez, las causas que ni siquiera se mencionan y sobre las que no se están tomando medidas, sino al contrario, intentan resolverlo con la mismas políticas que han causado el actual problema y, en segundo lugar, porque la crisis lo es sobre todo para los millones de ciudadanos a los que realmente les toca padecerla y, además, pagarla. La pregunta es: ¿Quién está, realmente, en crisis, desde cuando, porqué y cuál es la causa?. Ni Gobierno, ni oposición ni los medios responden a nada de todo esto.
Resulta que unas promotoras inmobiliarias, que durante años han amasado fortunas, diseñaron a su medida la ley del suelo y un sistema crediticio que ahora entra en problemas cuando no en quiebra. Con toda la Administración a su servicio, acapararon y recalificaron más de 20.000 hectáreas de suelo urbanizable cada año para terminar imponiendo su ley, pero no en el teórico terreno de un "libre mercado" inexistente, sino ante unos compradores atados de pies y manos a un salario que, de un modo o de otro, es condicionado por las propias promotoras y entidades financieras como parte que son del poder político-económico.
Pero, ahora resulta que son las promotoras las que están en crisis, es decir, ya no pueden seguir hinchando su negocio por la sencilla razón de que la acumulación de recursos y de dinero ha vaciado los bolsillos y las posibilidades de los ciudadanos, incluyendo la de hipotecarse de por vida. Estas promotoras han entrado en crisis porque ya no hay clase media a quien vender y porque tanto han apretado a lo que ellos denominan "libre mercado" que lo han asfixiado.
Mientras, millones de españoles de a pie no pueden ni siquiera pensar en comprar o alquilar una vivienda aunque, en cambio, millones también de viviendas permanecen vacías y así continuarán. Semejante despilfarro de recursos no es mayor que la tozudez neoliberal de los políticos del Gobierno. Pero, así las cosas, resulta que la crisis es para el promotor que tiene las viviendas en barbecho y, en cambio, no hay crisis ni problema para quien no tiene vivienda y ni siquiera puede iniciar o mantener su vida familiar.
Sigue siendo crisis para el promotor que no sabe qué hacer con tanto piso vacío que ahora no tiene modo de vender pero, su drama aumenta porque no puede seguir construyendo más y más viviendas, desocupadas, aunque en cambio, para los dos millones y medio de parados -¿Quién se acuerda de ellos?- no hay crisis ni problema porque ni siquiera existen, de hecho, o sólo como pura estadística que España encabeza, y casi duplica, la tasa de paro de la UE, sin mencionar el liderazgo en la precariedad del empleo, los contratos basura, accidentes laborales y un largo etc.
Los promotores inmobiliarios están en crisis de oferta, de abundancia, es decir, han construido a destajo, tienen demasiado y no pueden venderlo; han apilado una fortuna. Pero, sería mejor decir que más bien es una crisis de demanda porque la gente no puede comprar, sin olvidar, además, que están con problemas económicos, o en paro, por causas directas y debidas, precisamente, a esta nefasta política neoliberal.
Así las cosas, al Gobierno, para resolver el problema, opta por subvencionar y solidarizarse con los promotores y abre una línea de crédito de 3.000 millones de euros. Es decir, salvemos a los promotores y ayudemos a las inmobiliarias en su crack de ahora para que puedan seguir construyendo más pisos vacíos que nadie puede comprar. Y, ¿Qué pasa con la crisis social derivada de la inflación, la precariedad, el empleo y los servicios sociales cada vez más escasos y más privatizados?
Siguiendo con el lenguaje neoliberal del Gobierno, si hay saturación de la oferta, si sobran pisos a este precio y en estas condiciones ¿Porqué y para qué subvencionar más a los promotores que nunca han repartido beneficios?. ¿No sería más lógico subvencionar a la demanda que no puede comprar lo que además sobra y está ocioso? Ni siquiera, el gobierno y patronal, se comportan conforme a las leyes de su mercado al que dicen atenerse. Porque, sucede que no hay "libre mercado", ni más falso, ni más artificial que el existente que sobrevive gracias a la coacción y al apoyo de los recursos públicos. Bien sea directamente o mediante una política urbanística, fiscal o económica en perjuicio, y a costa claramente, de los ciudadanos.
Desde los años noventa, el valor astronómico de los terrenos recalificados sumaba, cada año, más del 20% del PIB y más de un tercio de la masa salarial bruta de los españoles. Estas recalificaciones a favor de los promotores las hacía, y las continua haciendo, la Administración (Local, Autonómica o del Estado) de modo que un terreno que no vale nada o casi nada, su valor se multiplica por decenas o centenas por el hecho de poner una firma o "programar" una actuación urbanística que crea una plusvalía absolutamente artificial, ficticia, que es la esencia de la especulación en estado puro. Y, al lado, la corrupción sistemática.
El gravísimo problema es el social, precisamente del que menos se habla, y que es consecuencia directa de esta política económica y fiscal que favoreció el "libre mercado" de la especulación y del dinero fácil. Pero, ahora, la situación se agrava al suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio porque va a contribuir de inmediato a un mayor fraude fiscal que, como fácilmente se adivina, va de la mano de la especulación. Conviene recordar que, aunque la recaudación del impuesto sobre el patrimonio fuera especialmente ridícula, servía al menos, para conocer el patrimonio y su evolución. Ahora ya ni esto.
Pretenden y esperan activar el sector pero, con las medidas que no se toman por ningún lado, continuarán sin resolver nada, salvo el ajuste por quiebra y ruina de los ciudadanos que han de pagar el parón inmobiliario a cambio de nada. A estos precios y en estas condiciones ¿Más pisos para qué, si los que hay no son asequibles y los que se construyan tampoco lo serán?
Nada ha cambiado. La crisis es del sistema y de los políticos del gobierno neoliberal de turno.
* Rebelión - 18.09.2008
