LAPROVINCIA* : Son tres edificios promovidos por otras administraciones, pero serán los vecinos de la capital quienes lo paguen. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tendrá que abonar unos cuatro millones de euros en indemnizaciones por las irregularidades urbanísticas en la autorización de las sedes oficiales de la Jefatura Superior de Policía, la Biblioteca del Estado y el edificio Insular I.
Sendas sentencias del Tribunal Supremo, que dan la razón a los pleitos interpuestos por los vecinos de estos inmuebles, obligan a la Corporación municipal a optar por la vía de la negociación al ser "imposibles de ejecutar" tales resoluciones, explica el director de gobierno de Urbanismo, Carmelo Padrón, ya que en ese caso obligaría a demoler la supercomisaría, la Biblioteca del Estado y el edificio Insular I.
Las tres sentencias datan de hace ya varios años, pero el Ayuntamiento no le ha dado cumplimiento al verse obligado a negociar con los vecinos de las calles Luis Doreste Silva -los edificios contiguos a la supercomisaría- y la Avenida Marítima, estos últimos afectados por la construcción de la Biblioteca del Estado y del edificio donde el Cabildo de Gran Canaria ha establecido en los últimos años sus unidades administrativas.
En los tres casos coinciden las irregularidades administrativas, por las que el Tribunal Supremo ha condenado al Ayuntamiento, la administración que otorgó las licencias. No obstante, los tres inmuebles ya se han legalizado al incluirse en el actual Plan General.
En el caso de la supercomisaría, el más antiguo de los tres, el Alto Tribunal consideró que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 1989 (ahora está vigente el de 2000) en 1994, para autorizar las alturas del edificio, no era ajustada a derecho, ya que se hizo con posterioridad al proyecto.
VOLÚMENES Y ALTURAS. La Biblioteca del Estado fue denunciada por vecinos de la zona porque el proyecto incumplía los parámetros urbanísticos de la zona en materia de volúmenes y alturas. Para dar cumplimiento a la sentencia, el Ayuntamiento ha tenido que resolver indemnizaciones millonarias, además de legalizar el inmueble a posteriori en la última revisión del Plan General vigente, en 2005.
El caso del edificio Insular I es distinto, ya que el pleito judicial se encaminó por el uso indebido de la parcela.
El origen de esta polémica fue la permuta del terreno, que en el Plan General de 1989 figuraba como uso libre, por otras dos situadas en los barrios de San Juan y Lomo Los Frailes, para construir canchas deportivas y viviendas sociales, respectivamente. A cambio de construyó un edificio de siete plantas de altura para uso administrativo y aparcamientos detrás de la calle Venegas -Agustín Millares Carló- y en la trasera de la avenida Alcalde Ramírez Bethencourt.
* La Provincia - MIGUEL M. GUEDES / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 02 de noviembre de 2007
Foto: Las Palmas, supercomisaría - laprovincia.es
Las Palmas: La ciudad pierde cuatro millones por irregularidades urbanísticas
El fiscal acusa de cohecho a los ediles de Gondomar pillados 'in fraganti'
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ELPAÍS/Pontevedra* : Un vídeo grabado con una cámara oculta en el botón de la chaqueta de un empresario infiltrado y la incautación de 120 billetes de 500 euros. Estas son las pruebas esgrimidas por la Fiscalía en el escrito de acusación que acaba de elevar al juez y en el que implica a dos ex concejales de Gondomar y a un arquitecto de Vigo en la extorsión a una promotora que quería firmar tres convenios urbanísticos con el Ayuntamiento.
El supuesto cobro de 900.000 euros en comisiones ilegales por parte de estos dos ediles del PP es el primer caso de corrupción urbanística que la Justicia destapa en Galicia gracias a un confidente que pilló in fragati a los presuntos autores de las extorsiones a promotoras.
Tras la denuncia de soborno que presentó el intermediario de la promotora A Pousa, SL, en la Fiscalía de Vigo el 27 de noviembre de 2006, el Seprona obtuvo las pruebas que acusan de tres delitos de cohecho a José Luis Mosquera, entonces edil de Cultura del Ayuntamiento, y a su compañero de corporación, Alejandro Gómez, que era responsable de Urbanismo.
La acusación provisional no conlleva penas de prisión pero establece 1,2 millones de euros de multa para cada uno y la suspensión de dos años de cargo público, y será sometida al dictamen de un jurado popular. La cuantía fijada para el arquitecto Borja Ramilo, que hizo de interlocutor en el pago de las comisiones ilegales, es de 720.000 euros y cinco meses de inhabilitación.
La promotora denunciante inició antes del verano de 2006 las negociaciones con la Corporación de Gondomar para poder construir 66 chalés adosados en una parcela de 33.000 metros cuadrados. Los ediles implicados no formaban parte de la comisión de gobierno, pero supuestamente vendían a precio de oro la tramitación de los proyectos que entraban en el Ayuntamiento y su voto en el pleno.
La grabación en vídeo y audio de cómo José Luis Mosquera exige el dinero a la constructora la obtiene el Seprona el 7 de febrero. Manuel Rodríguez, un conocido promotor de Vigo, había accedido a hacer de señuelo en la investigación. Para ello tuvo que superar algunas dificultades porque, en un principio, los concejales desconfiaron de él y prefirieron negociar con otro portavoz de la promotora, al que el arquitecto ya había advertido que la empresa debía pagar una comisión si quería construir.Para obtener la grabación del cohecho, el empresario infiltrado acudió a la cita con el ex concejal de Cultura de Gondomar pertechado con varios artilugios. La Guardia Civil le colocó a Manuel Rodríguez una pequeña cámara de vídeo doméstica debajo del brazo izquierdo, sujeta a la piel con varias cintas de velcro. Los cables iban conectados a una microcámara en forma de botón que recogió vídeo y audio.
Manuel se dirigió caminando desde la calle Rosalía de Castro de Vigo hasta Colón y, al entrar en el despacho, puso a funcionar la cámara. Aunque el edil de Urbanismo no acude a la cita, la grabación recoge cómo Mosquera y Ramilo explican que el edil está al corriente de todo.
Después de estas palabras, el arquitecto se ausenta y el concejal habla largo y tendido con el confidente. Éste afirma que su empresa no puede asumir los 300.000 euros que le exigen por tramitar el papeleo. "Ya me decía antes de venir el concejal de Urbanismo que pediríais por todo 180.000. ¿Qué te parece si lo hacemos en tres plazos? Pero que dé la impresión de que tú y yo hemos estado negociando duramente durante horas", dice Mosquera. A través de los teléfonos pinchados, los agentes del Seprona controlan las conversaciones entre los cómplices.
Para efectuar la entrega de los primeros 60.000 euros, la promotora tuvo que pedir un crédito por este importe. El dinero se llevó al juzgado donde se fotocopiaron uno por uno los 120 billetes de 500 euros para dejar constancia de su numeración. El 14 de febrero todo estaba preparado para llevar a cabo la última parte del operativo. El confidente Manuel Rodríguez llamó por teléfono al arquitecto para concertar una cita y efectuar el primer pago del soborno. "Borja, ya tengo esto aquí", le dijo. Las otras dos entregas se harían cuando se aprobase definitivamente el plan.
La cita para que el empresario infiltrado entregase el dinero al concejal José Luis Mosquera fue en la cafetería del Hotel Galicia. Cuando entra en el local, el confidente ve al edil sentado con su compañera sentimental Belén Fernández, acusada de cómplice en este proceso. Mosquera se dirige a Manuel Rodríguez y le dice: "Vamos hacia el baño". En los servicios de la cafetería, Mosquera recoge el sobre con el dinero y antes de despedirse le comenta: "Tengo más solares en Gondomar que os pueden interesar, la semana que viene hablamos".
Mientras el fiscal Juan Carlos Aladro defiende la legalidad de las pruebas, la defensa de los acusados ha pedido la nulidad de las escuchas y la suspensión del procedimiento.
* ELPAIS.com - ELISA LOIS - Vigo - 02/11/2007
Foto: Gondomar (Pontevedra) - lavozdegalicia.es
Un ‘Marina D’Or’ en Extremadura
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DIAGONAL* : La Junta de Extremadura ha declarado de interés regional un mega complejo turístico de lujo que urbanizará espacios naturales protegidos, vulnerando la Ley del Suelo estatal y regional. Las obras del mayor complejo turístico y residencial de Extremadura, en el noreste de la provincia de Cáceres, ya han comenzado. Para este resort de lujo, que estará ubicado en un islote del pantano de Valdecañas, se prevé una inversión de 200 millones de euros. Entre sus atractivos tendrá una playa artificial, pistas deportivas, un hotel de cuatro estrellas, un balneario y una urbanización de 300 viviendas, además de un puerto náutico.
El complejo turístico de salud, paisajístico y de servicios Marina Isla de Valdecañas, como lo han denominado, cuenta con el apoyo incondicional de la Junta de Extremadura, para quien la iniciativa privada influirá positivamente en el desarrollo económico de la región.
Además, el complejo turístico es considerado como proyecto de interés social para la zona y se espera que ayude a la revitalización de los municipios colindantes. Con esta justificación, el 10 de abril fue considerado por el Consejo de la Junta de Extremadura como Proyecto de Interés Regional. De esta forma, también se recalificaron como urbanizables los terrenos de suelo no urbanizable y de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), así como zonas que están dentro de la Red Natura 2000 (espacios naturales protegidos por la Unión Europea).
A pesar de que el ‘Marina D’Or de Cáceres’ se ofrece como un referente en cuanto al turismo de calidad, las opiniones contrarias no son pocas. Ecologistas en Acción de Campo de Arañuelo tramitó un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura impugnando la declaración del proyecto como de Interés Regional. Según José María Trillo, abogado de Ecologistas en Acción, “por un lado hay una vulneración de la Ley del suelo de Extremadura y de la Estatal, porque en ningún caso se debe recalificar un terreno para hacer un complejo turístico. En todo caso, se podría recalificar si fuera una construcción para usos sociales como un centro de salud”.
En segundo lugar, el letrado apunta a que no ha habido una valoración suficiente del daño ambiental que el proyecto va a provocar. “Y en tercer lugar”, prosigue, “todos los estudios de impacto ambiental deben proponer varias ubicaciones según la ley, y éste no ha propuesto ninguna ubicación alternativa. Creemos que se debieron aplicar los principios urbanísticos y que lo lógico hubiera sido ubicar el proyecto en torno a los núcleos urbanos consolidados”.
Sin embargo, incumpliendo la Declaración de Impacto Ambiental, y sin haberse resuelto todavía el recurso, las obras comenzaron en septiembre. Se prevé la finalización de la primera etapa del proyecto para la primavera de 2009. La población prevista es de 2.105 habitantes, por lo que se va a cuadruplicar la población en relación a los dos términos municipales colindantes, el Gordo y Berrocalejo. Mientras tanto, la Junta de Extremadura se vanagloria por el compromiso social que asume el complejo, al resolver el déficit de infraestructuras que tienen los municipios de la zona (potabilizadora de agua, depuradora de vertidos y mejora en la red eléctrica).
“Creemos que la Junta se está beneficiando de este proyecto al declararlo como de Interés Regional, pues se están delegando responsabilidades que competen a los ayuntamientos. Se está haciendo un fraude de ley, pues los únicos que tienen aquí intereses son la promotora y la Junta. Al declararlo como de Interés Regional, por la inversión en infraestructuras, la Administración se lava las manos y no hace cosas que debería de haber hecho mucho antes”, denuncia el abogado.
La promotora del complejo es la Sociedad Marina Isla de Valdecañas SA, sociedad cuya accionista mayoritaria es Marina de Islantilla. Esta promotora viene desarrollando complejos similares en la costa de Huelva y ya ha sido denunciada por Ecologistas en Acción por los daños ambientales que ha ocasionado en el litoral onubense. Cabe resaltar que el que aparece como apoderado de la empresa es José María Gea, que según el registro mercantil es titular de 20 sociedades.
El turismo corporativo promovido por estas sociedades suele venir acompañado de graves impactos en el medio y en la población local, que termina siendo, en último término, la más afectada, sobre todo en las épocas de alta temporada. Es usual que se dé una competencia por los recursos primarios entre los habitantes de los pueblos y los turistas, como ocurre con el agua potable o la electricidad.
Por otro lado, la supuesta reactivación económica que se da en estos periodos no siempre es la más deseada por la población. Francisca Blanco, coordinadora de Ecologistas en Acción de Campo Arañuelo, no puede ser más clara: “Lo que ocurre es que ya se han cargado el litoral y ahora van a cargarse el interior, haciendo grandes negocios inmobiliarios mientras juegan con nuestra salud en nombre del progreso. Y tal vez se generen más empleos, pero será porque al final la empresa constructora subcontrata a otra subcontrata que llevará a emigrantes casi rayando el esclavismo y no contratan a las gentes de los pueblos”.
Empiezan las obras y decrece el río Tajo
El 3 de octubre, la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos Naturales de Extremadura (ADENEX) y Ecologistas en Acción presentaron una denuncia que considera que la desecación del río Tajo es consecuencia de las obras del Complejo Isla Valdecañas. Los grupos ecologistas vienen denunciando que la reducción del caudal forma parte de una maniobra de la empresa privada y la Confederación Hidrográfica, que afecta a miles de animales atrapados por la bajada de las aguas. El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo ha comunicado a finales de octubre la apertura de las diligencias. Esto implica que si el fiscal considera que hay indicios suficientes para declarar que la Confederación Hidrográfica ha permitido la desecación del río Tajo para las obras, se tendrían que emprender las diligencias penales oportunas.
* Diagonal - Carolina Yacamán - 1 nov - 14 nov 2007
Foto: Valdecañas (Cáceres), golf_y_urbanizacion - ecologistasenaccion.org
Alicante: Una costa casi privada
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ELPAÍS* : La primera línea de costa de Alicante es la cuarta más edificada del Mediterráneo. Según el informe Corine Land Cover, en 2000, el 49,38% del primer kilómetro de costa estaba ya edificado. La invasión de las urbanizaciones privadas, en algunos casos, ha traspasado claramente la raya de los 100 metros de dominio público marítimo-terrestre. Los ejemplos más flagrantes de ese desbocado crecimiento son la urbanización del Bon Nou (siete bungalós a 20 metros del mar) en La Vila Joiosa, dos torres de 22 plantas en la playa de Levante de Benidorm y un hotel de 24 plantas, a seis metros de la orilla del mar, en Calp.
Los únicos rincones a salvo del ladrillo, con la excepción de la playa de Llobella, en Benissa, y dos calas en Torrevieja, son las áreas entorno a los parajes naturales. Es en este punto en el que hará hincapié el plan de choque del Ministerio de Medio Ambiente contra el urbanismo salvaje mediante la adquisición directa de suelo para protegerlo de la piqueta y mediante la redefinición de los deslindes de la zona pública en la costa (en esta provincia queda pendiente el 38%, es decir 106 kilómetros). Todo ello con el propósito de aumentar los espacios públicos en una costa casi privada. "Todo lo que compremos lo haremos con el objetivo de preservarlo de las edificaciones", asegura Vicente Martínez, jefe provincial de Costas. Este departamento ha remitido al Ministerio de Medio Ambiente un total de 117 propuestas para adquirir fincas e inmuebles en el entorno del área de dominio público y parajes naturales, entre las que destacan los 2,8 millones de metros cuadrados del saladar de Agua Amarga, al sur de la costa de la capital alicantina.
En la parte septentrional del litoral alicantino, dominado por los núcleos turísticos de Dénia y Xàbia, la terapia de choque del Gobierno en su batalla por recuperar el carácter público de la costa incluye dos llamativas propuestas: recuperar el espacio de dominio público entre Les Bassetes, los Molinos y el puerto de Dénia, y la adquisición de los terrenos en la franja de 500 metros en el Cabo de San Antonio, en Xàbia. En este segundo municipio se plantea la recuperación de la zona de tránsito y dominio público en la playa del Arenal.
En Dénia, el Gobierno redefinirá la línea de deslinde del río Girona para incorporar al dominio público parte de su desembocadura. Este punto está poblado de urbanizaciones, que quedaron temporalmente anegadas tras la excepcional crecida del río el pasado 12 de octubre.
El siguiente punto donde pone énfasis el plan del Gobierno es el litoral de Calp, otro de los municipios afectados por la reciente riada de Alicante. Aquí, la intención es comprar el Saladar. En este municipio, el Ministerio de Medio Ambiente ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la licencia de obras, otorgada por el anterior gobierno local, del PP, y validada por la Generalitat valenciana, a un promotor para levantar un hotel de 24 plantas a escasos seis metros de la orilla del mar.
"Este es uno de los puntos más agredidos por el urbanismo en la costa alicantina", comenta Carlos Arribas, portavoz en Alicante de Ecologistas en Acción del País Valenciano.
Unos kilómetros más al sur se sitúa el municipio de Altea, donde el Gobierno recuperará la zona de tránsito y se practicarán expropiaciones de edificios fuera de ordenación en Villa Gadea, se protegerá el triángulo del delta del río Algar y se eliminarán las ocupaciones del dominio público y zonas de tránsito desde la cala del Soto hasta la desembocadura del mencionado río. En el cauce del Algar hay programado ya un PAI que prevé levantar unas 6.000 casas, una quinta parte de ellas dentro del primer kilómetro de costa.
Para Benidorm, meca del urbanismo vertical en la costa española, la propuesta es la adquisición de la franja de 500 metros al borde del acantilado de Serra Gelada y ampliar el espacio público de este parque natural con los terrenos urbanos en el rincón de L'Oix, en la playa de Levante. En ese punto, el Gobierno ha iniciado ya el expediente de expropiación del solar, ubicado en la zona de dominio público, donde un promotor estaba levantando dos torres de 22 plantas.
En el tramo de costa comprendido entre los municipios de La Vila Joiosa y El Campello, el documento del Gobierno pone especial atención en la Cala de Finestrat, en el litoral de la primera población, y alerta de la indefinición de los planes de actuación de la zona, donde hay más de 5.000 viviendas particulares y se levantó un hotel, el Atrium, con un exceso de volumetría de 53.000 metros cuadrados (equivalente a 11 alturas) respecto a lo autorizado en el PGOU. El hotel fue legalizado, tras imponer una multa de 12 millones al promotor y obligarle a derribar 14.700 metros del exceso de obra.
En el caso de la fachada litoral de la capital de la provincia, las propuestas más destacadas hacen referencia al tramo sur de la costa, donde el Gobierno propone recuperar la zona de dominio público marítimo-terrestre que ha invadido la urbanización Urbanova.
En Santa Pola, la propuesta más sobresaliente es declarar fuera de ordenación la primera línea de costa construida, y reubicar la carretera que llega desde la playa de El Pinet hasta el puerto para incorporarla el dominio público junto a las salinas y eliminar todas las edificaciones situadas en esa playa (140 casas).
En Guardamar del Segura se plantea recuperar el borde del litoral mediante la denegación de licencias de reparación y recuperación de concesiones en las 120 casas de Babilonia, cuyo mal estado amenaza la seguridad de sus inquilinos.
En Torrevieja, la principal iniciativa es adquirir las únicas parcelas urbanizables todavía sin construir en la desembocadura del río Seco, al sur del barranco Rubio, en la playa de Campoamor y al sur de las playas de Cabo Roig. Para Orihuela, el punto más meridional del litoral alicantino, se propone ordenar los accesos y una senda peatonal en torno a Punta Prima y ampliar la senda entre Cala Flamenca y Cala Cerrada. En la costa de este municipio, el gobierno local del PP, autorizó hace un año la urbanización del último tramo virgen, Cala Mosca, donde está previsto levantar 1.700 nuevas casas.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 02/11/2007
Foto: Calpe (Alicante)- Císcar (ELPAIS.com)
Ni falsas promesas ni especulación: la vivienda fuera del mercado
ENLUCHA* : El G-14, el grupo de las catorce inmobiliarias mas grandes del Estado español, ha pasado a la acción. Ante la abundancia de noticias y titulares anunciando el fin del ciclo de crecimiento de la última década, Antonio Marín, presidente de Fadesa y miembro destacado del G-14 amenaza con una subida vertiginosa del precio de la vivienda e implora al gobierno ayudas para salvar de la crisis a las grandes constructoras. Las recientes iniciativas legislativas, la reforma de la Ley del Suelo, la nueva Ley del Derecho a la Vivienda en Andalucía o el reciente Pacte Nacional per l’Habitatge firmado en Catalunya, forman parte de una batería de medidas electoralistas que han copado la atención de los principales medios de comunicación y que están destinadas a reforzar la posición del PSOE ante su electorado de cara a las elecciones generales de marzo del año próximo.
A pesar del intento de adueñarse del discurso promovido desde los movimientos sociales, las medidas propuestas, lejos de garantizar el derecho a una vivienda digna, darán continuidad a la actual situación mediante la transferencia millonaria de fondos públicos a los que llevan años enriqueciéndose con el negocio de la vivienda, para que puedan seguir haciéndolo. Así, por ejemplo, se prima la compra de vivienda protegida frente al alquiler público, se deja en la estacada a los hipotecados atrapados por el euríbor, se deja que los promotores controlen un 30% de la VPO que promuevan todo ello a cambio de llegar al 15% de viviendas protegidas en el lejanísimo 2020. Además es necesario considerar que el precio de la VPO no lo marca el salrio mínimo si no que es un porcentaje menor al del precio de mercado, hecho que provoca que a mucha gente “agraciada” en los infames sorteos deba renunciar ala vivienda al no poder pagar ni la entrada. En definitiva no se emprenden acciones decididas para garantizar la función social de los tres millones de pisos vacíos que hay en el Estado español., ni en Catalunya ni en el resto del Estado. En el fondo no se pretende universalizar un derecho si no que se opta por la doctrina neoliberal del “toma un talón y haz lo que puedas”
Mientras la vivienda siga siendo una mercancía más, el derecho a una vivienda digna siempre quedará por detrás de los intereses de bancos, constructoras, inmobiliarias y especuladores.
A pesar de que las medidas propuestas no servirán para garantizar el acceso a una vivienda digna, están teniendo un efecto desmovilizador que se nota al salir a la calle. De ahí que las movilizaciones del pasado 6 de octubre tuvieron una asistencia menor a la de pasadas convocatorias. Sin embargo, la reivindicación por una vivienda digna sigue siendo una de las luchas sociales que en la actualidad muestra una mayor capacidad de interpelar tanto a la sociedad cómo a los gobiernos.
El dinamismo del movimiento en el momento de generar y comunicar su discurso propio, en oposición a las políticas continuistas y de mercado impulsadas desde las administraciones, ha quedado más que demostrado durante el último año y medio de movilizaciones. Ahora más que nunca el reto es hacer visibles las respuestas y propuestas. En este sentido, la movilización sigue siendo la clave.
Continuar impulsando el trabajo de coordinación entre las diversas asambleas locales por una vivienda digna nos permitirá no sólo incidir de forma más efectiva en las luchas locales, sino también afrontar con más fuerza las movilizaciones futuras con las elecciones generales como próximo horizonte.
* En Lucha - 26 de Octubre de 2007
El concejal de Urbanismo de La Línea dio un pelotazo de 1,3 millones de euros
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PÚBLICO/Cádiz* : En un gesto inédito, el concejal de Urbanismo de La Línea (Cádiz), Carlos Ruiz Calama (PP), se ha reconocido implícitamente autor de un suculento pelotazo por el que se habría embolsado 1,3 millones de euros tras vender una finca catalogada como suelo rústico de especial protección y que el ayuntamiento trató luego de recalificar. Y lo ha hecho en un intento por evadir la acusación de soborno por la que, en el denominado caso Roseworld, una juez de la localidad lo investiga a él mismo, al alcalde, Juan Carlos Juárez (PP), y al empresario que en 2005 logró la adjudicación de unas parcelas municipales tras un proceso supuestamente irregular.
Desde comienzos de octubre, Calama y Juárez están sin pasaporte por orden judicial. Y Calama tiene bloqueadas sus cuentas por importe de tres millones de euros, cantidad que, según la tesis de la Policía y de la propia magistrada, se corresponde con el supuesto soborno por la adjudicación de las citadas parcelas municipales al empresario de origen indio Anil Thakurdas.
En su esfuerzo por disipar la acusación de soborno, Calama contó a la juez que si recibió tres millones de Thakurdas entre 2005 y 2006 fue como pago por la venta de una finca de su propiedad.
Once días de diferencia
Pero incluso si la versión del concejal es cierta, se le avecinan nuevos problemas: porque significaría que Calama compró la finca por 360.000 euros y, once días después de escriturarla a nombre de su empresa privada Lineatrans, se la vendió a Laxmi, una de las sociedades de Thakurdas, el 13 de noviembre de 2004 por un precio seis veces superior (1.742.934 euros), aunque esa segunda operación no llegó a escriturarse. La finca, de cuatro hectáreas, se sitúa en el Zabal, zona cuya recalificación vetó la Junta de Andalucía. Calama no ha atendido las llamadas de este periódico.
Los datos anteriores figuran en el recurso interpuesto por Calama contra la retirada de pasaporte y el bloqueo de cuentas. Su versión no resulta creíble para la fiscal anticorrupción de Cádiz, que ha encargado un peritaje de la finca.
En la fecha en que se produjo la transacción de la finca, Calama no era concejal pero sí gerente de Urbanismo, y así lo hizo constar su abogado en el recurso contra la decisión de la juez. Pese a ser gerente de Urbanismo, el contrato privado que firmó con Thakurdas revela que el hoy concejal otorgó al empresario un apoderamiento para que pudiera "gestionar, tramitar y llevar a cabo cuantas gestiones urbanísticas" se requiriesen para "obtener las licencias y los permisos municipales" necesarios.
Supuestamente, Calama había comprado esa finca en mayo de 2002, pero lo único que avala esa afirmación es un contrato privado que no se elevó a escritura pública hasta dos años y medio más tarde. Cuando Calama "vendió" a Thakurdas la finca, el concejal ni siquiera había satisfecho en su integridad los 360.000 euros que él mismo había pactado con el propietario original del terreno. La acusación popular, ejercida por el ex policía local que denunció el caso, cree que la venta a Thakurdas pudo no existir y ser mero disfraz del presunto soborno.
* Público - ALICIA GUTIÉRREZ - Sevilla - 01/11/2007
Foto: La Línea de la Concepción (Cádiz), ayuntamiento - flickr.com
Málaga: 200 kilómetros de muralla de cemento
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ELPAÍS* : Los 208 kilómetros del litoral malagueño, especialmente los situados entre la capital y Manilva, en el límite con Cádiz, son una muralla continua de cemento y cristal apenas interrumpida por la desembocadura de algunos ríos. En el conjunto de la provincia, el primer kilómetro desde el mar hacia el interior está urbanizado en un 50,8% y en multitud de puntos las edificaciones se sitúan casi encima del Mediterráneo.
El Ministerio de Medio Ambiente ha identificado numerosas invasiones, tanto de edificios, como de otro tipo de instalaciones, del dominio público marítimo terrestre, es decir, de la primera línea de litoral calificada de uso público por la Ley de Costas de 1988. Sin embargo, al contrario de provincias como Murcia, Cádiz y Almería, donde el Gobierno se ha centrado en proteger zonas todavía vírgenes, en Málaga las actuaciones de la Estrategia para la sostenibilidad de la costa buscan sobre todo paliar el daño que el desarrollo urbanístico -en un 80% anterior a la Ley de Costas- ha causado en las playas.
Las actuaciones que prevé para Málaga la Dirección General de Costas abarcan desde la demolición de desastres urbanísticos que han adquirido la categoría de símbolos, como el bloque de apartamentos Banana Beach en Marbella o el esqueleto del nonato hotel La Rada, en Estepona, hasta la reubicación de 600 chiringuitos levantados prácticamente sobre la arena. También se contempla la adquisición de las pocas grandes fincas cercanas al mar que quedan libres de ocupación, como el Playazo, en Nerja, o Arraijanal, en Málaga, y la "recuperación" del dominio público en zonas ocupadas por casas, campings, talleres y otras instalaciones como paso previo a su derribo y restauración. Uno de los elementos principales del plan de Costas para Málaga consiste en la aportación de arena para regenerar playas cuya recuperación natural se ha visto entorpecida por la presencia de espigones, puertos deportivos y otros obstáculos.
El ministerio sitúa el cambio climático como principal amenaza para el litoral malagueño, al que ha dividido en seis "áreas de gestión". Según la consultora que ha redactado la Estrategia, entre Nerja y Rincón de la Victoria, en la Costa del Sol oriental, es "probable" un aumento del nivel medio del mar de más de medio metro en 100 años, con el consiguiente riesgo de inundación. Las previsiones de Medio Ambiente dan un severo toque de atención a los planes urbanísticos y territoriales de la Junta de Andalucía en la Costa del Sol occidental que estiman que en la franja entre Fuengirola y Manilva la población se triplicará hasta los 1,7 millones de habitantes en una década. Una de las amenazas detectadas es "el crecimiento por encima de las necesidades reales" y el "entender la franja costera no como un enclave turístico sino como una conurbación".
En la actualidad sólo se ha terminado el 62% del deslinde del dominio público marítimo terrestre en el litoral malagueño. Sin embargo, el ingeniero jefe de la Demarcación de Costas de Málaga, Juan Carlos Fernández-Rañada, indica que "el resto del litoral ya tiene abiertos los expedientes en distintas fases de tramitación y en dos años estará completado". Además, muchas de las iniciativas contempladas en la Estrategia, como la adquisición de grandes fincas para evitar su urbanización, forman parte de actuaciones anteriores del ministerio, y ya están avanzadas. Costas está elaborando también un "inventario de ocupaciones" del dominio público con el que se podrán "iniciar las recuperaciones posesorias", asegura Fernández-Rañada.
Las tropelías urbanísticas en la costa malagueña comienzan ya en la misma frontera con Cádiz. En el municipio de Manilva (11.181 habitantes), Costas ha terminado el desmantelamiento del camping Chullera I y está negociando la salida del camping Chullera II para situarlo detrás de la llamada zona de servidumbre de protección, es decir la zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar. "El criterio es realojar las instalaciones en los suelos más próximos posibles a la antigua ubicación", afirma Fernández-Rañada.
En el mismo Manilva, municipio que ha duplicado su población en cinco años, Costas propone demoler las viviendas situadas en dominio público. "Es una operación combinada con el Ayuntamiento. Ya hemos acordado el desalojo de 7 u 8 viviendas", asevera el jefe de Costas. Otra estrategia consiste en incorporar, por compra o por expropiación, 25.000 metros cuadrados de terreno en la playa del Negro, todavía poco explotada.
En la vecina Estepona, los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL) y sus continuadores dejaron un edificio -el hotel La Rada- que se ha convertido en símbolo de los atropellos urbanísticos. El inmueble, que no llegó a terminarse, está ubicado entre el puerto de la localidad y la playa de La Rada, y Costas ya cuenta con una partida presupuestaria para demolerlo "de aquí a final de año". El principal problema que ha tenido este expediente, que "ocupa una habitación entera", afirma Rañada, es que el promotor del edificio se lo vendió a un "comprador de buena fe", que ignoraba que estuviera situado en una zona prohibida.
En ministerio se plantea recuperar el suelo costero ocupado por la urbanización Bahía Dorada, en la que algunos jardines e incluso las esquinas de varios chalés entra directamente en la playa. Poco más hacia el este, en el puerto de Estepona, se pretende adquirir una explanada anexa a las instalaciones portuarias para incorporarla al dominio público y evitar que sea pasto de la voracidad urbanística.
Al igual que ha sucedido con los planes urbanísticos tierra adentro, Marbella recoge algunas de las actuaciones más significativas de la estrategia de Costas. Sus 26 kilómetros de litoral son algunos de los más maltratados de la provincia y el desarrollo inmobiliario de las últimas décadas ha castigado sobremanera a sus playas, verdadero motor del turismo malagueño.
La actuación más emblemática en Marbella tiene nombre propio: Banana Beach. Medio Ambiente se suma a las voces que reclaman la demolición de este bloque de 238 apartamentos, calificado por el juez como "crimen urbanístico" y que supuso la primera condena de prisión al ex alcalde gilista Julián Muñoz. Además del derribo del inmueble, que sigue a la venta en Internet, Costas quiere incorporar al dominio público 120.000 metros cuadrados de suelo litoral entre Banana Beach y la urbanización Río Real, cuatro de cuyos nueve bloques están sujetos a una orden de derribo.
Medio Ambiente está dispuesto a recuperar las "servidumbres de tránsito" en las playas del Alicate, Costa Bella y Pinomar, en las que algunas viviendas de lujo han hecho de la playa prácticamente un coto privado. Entre las viviendas afectadas por esta medida se encuentra la polémica residencia del actor Antonio Banderas, y que anteriormente perteneció a la periodista Encarna Sánchez. Los jardines y la piscina de la casa se internan notablemente en la arena de la playa del Alicate.
En el casco urbano de Marbella, las actuaciones previstas buscan restaurar la continuidad de la playa y favorecer su regeneración natural. Para ello Costas desmantelará el puerto deportivo y lo realojará en el actual puerto pesquero. Esto permitirá rehabilitar y estabilizar los arenales, que prácticamente desaparecen cada vez que hay un temporal. "Con la presencia de edificios y paseos marítimos es casi imposible corregir la inestabilidad de los arenales. Al interrumpir las playas altera toda la dinámica litoral", asegura Fernández-Rañada. Además, el enladrillamiento costero ha enterrado las arenas con las que se podrían rehabilitar más fácilmente las playas, con lo que Costas debe recurrir al caro método de buscar material de relleno en obras públicas que precisan extracciones masivas de tierra, como aparcamientos o túneles de metro y AVE.
Siguiendo hacia el este, la principal preocupación de Costas en Mijas y Fuengirola consiste en la reubicación de los chiringuitos. La inmensa mayoría de los cerca de 600 establecimientos de este tipo se encuentran ubicados directamente sobre la arena. En Benalmádena, localidad gran explosión urbanística. Costas derribará la residencia de ancianos de Unicaja en cuyos bajos se sitúa el Aula del Mar.
En la capital malagueña se concentran algunas de las actuaciones más espectaculares y que afectan a barrios enteros. Costas insiste en su vieja idea de "esponjar" -léase derribar algunas partes- las casas que impiden el acceso a las playas de Pedregalejo y El Palo, así como las situadas prácticamente sobre la arena en La Araña.
En la Costa del Sol oriental, donde todavía quedan zonas libres de origen agrícola, los derribos se concentran en las casas situadas junto al puerto de Caleta de Vélez, además de las viviendas situadas bajo la línea de la N-340 en las playas de Lagos y Mezquitilla, que deberán ser realojadas en urbanizaciones cercanas. Una de las principales actuaciones consiste en comprar los terrenos detrás de la playa del Playazo en Nerja.
* ELPAIS.com - FERNANDO J. PÉREZ - Málaga - 01/11/2007
Foto: Málaga, costa El Palo - J.Rojas (El País)
31 municipios quieren dar a la Xunta sus funciones de control urbanístico
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ELPAÍS/Galicia* : Hasta 31 municipios gallegos, en su mayor parte de reducidas dimensiones, han manifestado su interés en delegar en la Xunta competencias de vigilancia, inspección y sanción urbanística que no están en condiciones de ejercer eficazmente frente a los promotores inmobiliarios. El organismo encargado de asumir estas funciones será la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), cuyos estatutos fueron aprobados ayer por el Consello de la Xunta.
La agencia en cuestión, que se constituirá en los próximos días, ha sido diseñada de común acuerdo con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) con el objetivo de "garantizar la función social del suelo" y se ocupará de vigilar e inspeccionar el territorio, así como de proteger el litoral.
El combate de la ilegalidad, la prevención y la persecución de las infracciones en materia de urbanismo y de costas (especialmente aquellas que se puedan cometer en zonas consideradas sensibles) también figuran en la relación de materias de las que deberá ocuparse la nueva agencia.
De la agencia formarán parte todos los municipios que voluntariamente decidan adherirse a ella en los términos y condiciones establecidos. La vinculación se regulará mediante un convenio e incluirá, necesariamente, la atribución a la agencia de las competencias de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento de la legalidad que correspondan al municipio.
Al frente del organismo estará un director (nombrado por el Consello de la Xunta por un período de cuatro años) y un consejo ejecutivo. Este último, como órgano de control de la agencia, estará formado por el director general de Urbanismo y ocho miembros (cuatro en representación de la Xunta y otros cuatro nombrados por los municipios). El personal de la agencia estará integrado por funcionarios públicos de la comunidades autónoma y de la administración local.
La Axencia da Legalidade Urbanística forma parte del conjunto de medidas en las que el Gobierno gallego ha depositado su confianza para "ordenar el territorio y frenar su degradación", entre las que destaca la Lei de Medidas Urxentes en Materia de Ordenación do Territorio e do Litoral de Galicia. Esta normativa suspendió cautelar y transitoriamente todos los nuevos desarrollos urbanísticos en la franja de los 500 metros del litoral para determinados tipos de calificación de suelos (se excluye el suelo urbano consolidado dentro de esa franja).
La ley afecta al 13% de la superficie urbanizable de los municipios costeros (unas 3.000 hectáreas), lo que representa el 1% de la superficie urbanizable de las cuatro provincias gallegas.
El Gobierno trabaja también en la preparación del Instituto de Estudios do Territorio, la entidad que se ocupará de prestar asistencia a los ayuntamientos para la elaboración, gestión, adecuación y ejecución de su planeamiento, así como realzar trabajos de investigación y difusión.
Al mismo tiempo, está en preparación el Plan de Ordenación do Litoral de Galicia, que establecerán los principios y normas urbanísticas de la costa a partir de criterios de desarrollo sostenible.
Como complemento de estas actuaciones, el Gobierno también ha habilitado ayudas anuales para subvencionar la adaptación de los planeamientos municipales a la normativa urbanística vigente que van del 100% al 80% de los gastos totales.
* ELPAIS.com - F. VARELA - Santiago - 01/11/2007
Foto: Santiago, pazo Raxoi, sede Xunta y Ayuntamiento - Vasco Roxo (wikipedia.org)
