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IDEAL/Jaén* : El actual alcalde llevó ante la Justicia la posible responsabilidad de estas administraciones a los tres días de tomar posesión, cuando la Guardia Civil pidió papeles de la zona. La investigación que ya había en marcha ha quedado paralizada pues la hacía el Seprona, ahora parte implicada, lo que puede dar tiempo para iniciar la legalización urbanística.
Miguel Ángel Martínez tomó posesión de la alcaldía de Mengíbar en una moción de censura el 28 de marzo. A los tres días, el 31, llegó la Guardia Civil al Ayuntamiento, le informó de que había abierta una investigación sobre chalés ilegales en la localidad, requirió documentos y dijo que podría haber responsabilidades municipales. Con las mismas, Martínez se fue al cuartelillo y denunció que Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y hasta el Seprona del Instituto Armado, entre otras administraciones públicas, podrían haber incurrido en responsabilidades por no haber perseguido esas posibles infracciones urbanísticas en una zona junto a un río. Martínez explica que «lo que hice fue poner en conocimiento de las autoridades unos hechos y que este equipo de gobierno municipal está dispuesto a colaborar con la Justicia». Otras fuentes consultadas indican que puso una denuncia en toda regla implicando a otras administraciones públicas. «Hay una responsabilidad de otras administraciones. Aquí no pueden venir tres días después de tomar posesión a achacarnos una situación de hecho anterior», indica el regidor.
La Guardia Civil investigaba estas construcciones tras una denuncia del ex parlamentario de IU José Cabrero, que explicó recientemente que «la denuncia se hizo como IU de Mengíbar y la firmé yo». Aunque ayer el alcalde dijo que lo hizo «a instancias de un particular que luego intentó retirarla». Se sospecha que puede haber no menos de 80 chalés de dudosa legalidad en la ribera del Guadalbullón, cerca de la carretera de Villargordo.
Denuncia o comunicación de unos hechos a la Justicia, el acto de Martínez ha tenido ya un efecto: el Seprona, como parte ahora denunciada, ha parado la investigación hasta que la Justicia decida si le da trámite a lo que dice el alcalde o lo archiva. Los especialistas en este tipo de investigaciones del Instituto Armado iban a hacer una batida en profundidad, y en casos similares en otros pueblos habían acabado imputando a responsables y funcionarios municipales por dejación de sus obligaciones de control.
Martínez, sin embargo, le ha dado la vuelta a la tortilla al acusar al mismo investigador que trata de esclarecer los hechos, que a su vez es responsable de detectar delitos urbanísticos contra la naturaleza. Los chalés de Mengíbar se ven desde la autovía, y se han ido construyendo desde hace años.
Responsabilidad
De paso, Martínez combate la situación que se había producido en otros pueblos (como Torredelcampo), donde el alcalde acababa apechugando (Blas Sabalete está acusado y se juega la inhabilitación) por obras ilegales en su término municipal pero en terrenos que son también competencia de otras administraciones (la Junta en el caso torrecampeño, pues se ha invadido una cañada real).
La prioridad de Miguel Ángel Martínez, sin embargo, no es el tema judicial, sino la regularización urbanística de una zona habitada de hecho. «Las administraciones tienen que darle una solución», insiste. De hecho el Ayuntamiento, explica, se puso en contacto inmediatamente con la delegación provincial de Obras Públicas para pedirle colaboración en la modificación de las normas urbanísticas que sean precisas. Aunque el regidor asegura que no se obtuvo una respuesta positiva. Pero insiste: «Estamos dispuestos a colaborar para que haya un plan especial para esta zona».
* Ideal - 13.05.08 - JUAN ESTEBAN POVEDA
Foto: Mengíbar (Jaen) - aytomengibar.net
Denuncian al Seprona y a Confederación por los chalés ilegales en Mengíbar
Los sindicatos denuncian que el nuevo decreto del Consell será un 'pelotazo' para los dueños de suelo
LEVANTE/Valencia* : Los sindicatos CCOO y UGT lamentaron hoy que el Consell aprobará antes de que acabe este mes un decreto que supone un "pelotazo" para los propietarios de suelo, al tiempo que limita el acceso a la vivienda protegida, puesto prevé el incremento de su precio y de la valorización del suelo de protegido, así como la disminución de las ayudas para acceder a estos inmuebles.
La secretaria de Acción Sociopolítica Territorial y de Vivienda de CCOO PV, Eva Hernández, explicó que este decreto surge a partir de una modificación del Plan de Vivienda Estatal realizada por el Ministerio en enero de 2008, y que, según advirtió permitía "que las comunidades autónomas aumentaran los porcentajes del precio de la vivienda protegida", ante el que el Consell "ha cogido el máximo posible que el decreto le permitía", apostilló.
Hernández indicó que las mayores subidas las experimentarán las viviendas concertadas y las de régimen especial. Por ejemplo, dijo, en la ciudad de Valencia, la vivienda de régimen especial, que está en 1.485 euros el metro cuadrado, con el decreto se situará en 1.705 euros el metro cuadrado. De este modo, un piso de 90 metros cuadrados alcanzaría los 180.000 euros.
También en Valencia capital la subida de suelo para vivienda de precio concertado llega al 102 por ciento y para las de de régimen especial, al 92 por ciento, señaló la representante de CCOO. En cuanto a disminución de las ayudas para el acceso por el cambio del sistema de cálculo, explicó que habrá una pérdida de entre 10.000 y 15.000 euros dependiendo de unidades familiares.
Además, prevé un cambio en la adscripción por zonas de los municipios de la Comunitat para aplicarles un determinado coeficiente de subida de precio, pasando de las seis zonas actuales a cuatro, lo que supondrá que en determinados municipios las viviendas "no sólo subirán por el aumento de precio, sino por el cambio de adscripción de municipio".
Este decreto plantea también que la valorización del suelo, cuyo valor en la actualidad no puede superar el 15% del precio total de la promoción de la vivienda protegida, aumentará hasta un máximo del 25 por ciento. Hernández recordó también que "la propiedad del suelo protegido la comparten promotores privados y Administraciones públicas".
Resaltó también que hasta ahora se podía realizar una transferencia de vivienda pública a protegida transcurridos dos años del inicio de la promoción, mientras que la modificación lo reduce a un año.
VULNERACION DE DERECHOS
Por su parte, la secretaria de la Mujer e Igualdad de UGT Elvira Ródenas, señaló que el decreto "vulnera los derechos del acceso a la vivienda de los sectores más desprotegidos".
Asimismo, lamentó que no va a incrementar la construcción de viviendas y obedece "más que a un interés que incentivar la economía" a un acuerdo entre el Gobierno Valenciano "y un sector de las promotoras atendiendo a que la vivienda libre en este momento está parada, no se compra".
A su juicio, la modificación se hace para "poder colocar la vivienda libre que está en el mercado sin vender a un precio que pueda interesar, no más al colectivo de ciudadanos y ciudadanas, sino a un reducido colectivo, que es el de los promotores". Las previsiones sindicales es que el empleo caiga en la construcción hasta 2009 en un 20 por ciento.
* Levante-EMV - Europa Press - 13 de mayo de 2008
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org
Segovia: Grupos ecologistas recurren el proyecto Área Industrial Europa
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20MINUTOS* : Ecologistas en Acción y la Asociación Centáurea vuelven a unir sus fuerzas para denunciar lo que a su juicio consideran un daño al medio ambiente de Segovia que se pretende llevar a cabo de manera ilegal. En un comunicado hecho público ayer ambas formaciones conservacionistas alegan en contra del 'Área Industrial Europa' que se pretende ubicar en el segoviano pueblo de Valverde del Majano.
Estas plataformas ecologistas tienen muy claro que los trámites legales no se están cumpliendo y han interpuesto dos recursos de alzada ante la Consejería de Fomento. Y es que según ambos grupos el Ayuntamiento de Valverde del Majano pretende la reclasificación de 1.799.332 metros cuadrados de suelo rústico a suelo urbanizable industrial y comercial a fin de ampliar el polígono industrial existente.
Una nueva polémica urbanística
Después de los casos del Aeropuerto de Cantimpalos y de la finca de Quitapesares llega a la opinión pública el 'Área Industrial Europa'. Ecologistas en Acción de Segovia y la Asociación Centaurea consideran que la Comisión Territorial de Urbanismo y el Ayuntamiento de Valverde del Majano han vulnerado la normativa urbanística y ambiental, aún a pesar de existir varios informes negativo sobre esta actuación, emitidos desde la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Fomento.
Y es que según estas plataformas proteccionistas, el procedimiento utilizado para la modificación del planeamiento urbanístico ha sido declarado contrario a Derecho por el Director General de Urbanismo, quien a petición de la Comisión de Urbanismo de Segovia emitió dos informes en 17 de agosto y 21 de septiembre de 2007, en los que dejaba claro que por la magnitud de la reclasificación de terrenos debía acudir a la Revisión del planeamiento o a la reducción del área a reclasificar.
Pero en este caso tanto Ecologistas en Acción como Centáurea han querido dejar muy clara su postura. Reconocen la importancia de este proyecto industrial dentro de la provincia de Segovia; pero afirman no poder permanecer impasibles ante las acometidas contra el medio ambiente y contra el Derecho de aquellos "que se supone han de defender y aplicar la legalidad vigente", afirman en su comunicado conjunto.
* 20 Minutos - JONATHAN GIL MUÑOZ. 12.05.2008
Foto: Valverde del Majano (Segovia), polígono - nortecastilla.es
«La gente es el elemento sobre el que debe girar todo el urbanismo»
LAVERDAD/Murcia* : Maestro de maestros y uno de los pensadores más reconocidos en la esfera del urbanismo sostenible y de la arquitectura del pueblo y para el pueblo, Lucien Kroll (Bruselas, 1927) es un referente a la hora de conocer qué futuro tienen por delante las personas y las ciudades, y qué medidas se deben empezar a aplicar «mañana por la mañana» para poder «salvar a la humanidad».
En su conferencia, titulada Orden, desorden y contraorden, con la que se clausuró el IV Foro de Urbanismo organizado por el Colegio Oficial de Arquitectos, Kroll aseveró que «quedan diez años para que el clima entre en un desorden sin marcha atrás», y apuntó a la tecnología como un factor clave -según se está empleando- en el deterioro del planeta. «Nos lo estamos cargando», aseguró.
Según el arquitecto belga, «las ciudades sostenibles, los barrios sostenibles, se deben crear en base a las personas. Que una persona ande para hacer un sendero, del sendero hacer las fachadas, de las fachadas las viviendas, y así sucesivamente. La gente es el elemento sobre el que debe estructurarse el urbanismo, y la gente debe decidir qué barrio quiere para vivir».
Paseando por Murcia
Antes de empezar su conferencia, Lucien Kroll charló unos momentos con La Verdad -con la altruista colaboración de la traductora María Hervás- para mostrar sus sensaciones sobre Murcia, sus calles y sus gentes. Kroll, en los paseos que ha dado por la capital ha podido apreciar que Murcia es «una ciudad muy diversificada, pero también muy incongruente. Calles muy pequeñas que van a parar a lugares muy amplios, el edificio Moneo enfrente de una joya como la Catedral...».
Sin embargo, Lucien Kroll asegura que Murcia «podría ser un referente para el desarrollo de otras ciudades, aunque no hay ciudades modelo, porque poner un modelo es hacer un ejercicio de pérdida de realidad. Las ciudades tienen defectos». ¿Su ciudad favorita? «el mundo, pero siempre tirando hacia el sur».
* La Verdad - 11.05.08 -D. VIDAL
Foto: Murcia, plaza Catedral y polémico edificio Moneo - wikipedia.org
Benidorm: Levantar edificios para el derribo
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ELPAÍS* : Edificaciones Calpe, perteneciente al grupo constructor Ballester, culminará a finales de este mes las 21 alturas del complejo Gemelos 28 que levanta en el cabo de Punta Llisera, en primera línea de mar, en la popular playa de Levante de Benidorm. Las dos torres se encuentran en una parcela 10.000 metros cuadrados en servidumbre de tránsito y de protección, que Medio Ambiente prevé incorporar al parque natural de Serra Gelada.
El director general de Costas, José Fernández, anunció hace justo un año la intención del Gobierno de expropiar la finca, cuando había terminado la demolición del edificio anterior y las obras del nuevo apenas habían empezado.
El 15 de junio de 2007 el Consejo de Ministros aprobó la declaración de utilidad pública del solar, cuando los trabajos ya estaban en marcha. En febrero de 2008 tuvo lugar el segundo trámite, y se declaró la necesidad de ocupación. El 14 de febrero, cuando la estructura ya llegaba a la mitad, el jefe provincial de Costas, Vicente Martínez, y la notario María Dolores Signes levantaron acta de lo construido para realizar su valoración. Martínez anunció entonces que el ministerio no pagaría lo que se construyera "en adelante", que correría "a cuenta y riesgo del promotor".
La empresa promotora ha continuado los trabajos, al considerar que no tiene ninguna orden judicial de paralización. Un portavoz de Ballester alega que la empresa no puede parar hasta que no se decrete la urgente ocupación de la parcela, momento en el que el Estado debe pagar por el inmueble. "Nosotros tenemos un solar que está a nuestro nombre, una licencia de construcción perfectamente en regla, compromisos con las empresas subcontratadas que tenemos que cumplir y una fecha de entrega con los compradores", indica el portavoz. "No podemos hacer otra cosa que continuar hasta que alguien nos diga lo contrario".
Fuentes de Costas en Alicante admiten que no pueden paralizar las obras y no hay más remedio que esperar a que la tramitación siga su curso. Mientras tanto, el edificio culmina el esqueleto de sus últimas plantas, visible desde toda la bahía de Benidorm.
Desde que se aprobó la utilidad pública de la parcela el grupo inmobiliario suspendió la comercialización de las 168 viviendas, justo cuando había vendido una tercera parte. La promotora devolvió a los propietarios que lo solicitaron (cuatro) el dinero, y paralizó los pagos a cuenta del resto. "Somos los principales perjudicados de esta situación, ya que no podemos parar las obras por los compromisos adquiridos, y tampoco estamos comercializando el producto", indicó el portavoz.
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 13/05/2008
Foto: Benidorm (Alicante), proyecto torres Gemelos2 - adn.es
El quinteto del ladrillo en Ferrol
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ELCORREOGALLEGO* : Quo vadis, ferrolanus? Entre baches conduces y sobre los socavones saltas, de camino a tu casa. El urbanismo ferrolano se encuentra bloqueado debido a los imparables cambios de corporaciones: los ciudadanos no optan precisamente por la continuidad en los gobiernos. Y los proyectos urbanísticos se modifican o tumban en cada cambio de mandato.
Así ocurre con la plaza de España, Recimil, o la rehabilitación del casco histórico. Pasemos por el quinteto del polémico ladrillo en Ferrol.
La ciudad del Noroeste ejemplifica el creciente poder de la construcción y la rehabilitación en la economía. Todo empezó en 2002 con la plaza de España. El gobierno del nacionalista Xaime Bello retiró la estatua ecuestre de Franco y creó un parquin subterráneo de 625 plazas. Pero el siguiente gobierno del popular Juan Juncal decidió cambiar la reforma de la superficie, y alzar un edificio de 21 metros de altura con usos comerciales. Hasta que llegó el bipartito comandado por el socialista Vicente Irisarri. Se paralizó el inmueble con el apoyo de la Xunta, y se redefinió por enésima vez la superficie. ¿Qué nos encontramos ahora por allí? Máquinas paradas, una plaza de cemento y alguna tomatera surgida gracias a alguna afortunada simiente de los desperdicios.
En los demás proyectos, más de lo mismo. El actual equipo PSOE-IU intenta sacar del estancamiento a la ciudad. Ferrol cuenta con su particular barrio de las 1.000 viviendas: el municipal Recimil. Las conocidas como Casas Baratas llevan sus 60 años de vida sin beneficiarse de una reforma en condiciones. En el mandato de Juncal se apostó por la reconstrucción de todos los bloques, con una renovación de la entrada de la ciudad. Pero el nuevo ejecutivo se decanta por la rehabilitación integral. ¿El problema? El proyecto se paraliza una y otra vez antes de cada pleno, ya que falta un acuerdo definitivo entre la concellería de Vivenda y la Xunta de Galicia.
Y el gobierno local aún se tira de los pelos con la actual reurbanización del centro histórico. En el anterior mandato se perdió una subvención autonómica de cinco millones de euros ligada al Plan de A Magdalena, ya que las obras comprometidas no se ejecutaron. Además, la reforma de las calles semeja no tener fin para desesperación de los co- merciantes.
¿La gota que colmó el vaso? Cuando se empezaron a desplomar las casas en ruinas, pese a las reiteradas presiones del Ayuntamiento sobre los misteriosos poli-propietarios. ¿Y el quinto relato de intriga? La no legalización del edificio de un hotel, pese a que su dueño ya lo había echado a andar.
LAS 4 PREGUNTAS
¿Por qué algunos incumplen la ley?
Pese a que las ordenanzas municipales obligan al mantenimiento de los edificios históricos, más de un propietario apuesta por las ruinas. En el caso del hotel ilegalizado, su dueño puso a funcionar el restaurante y el bar sin los permisos necesarios.
¿Cómo se pueden perder las ayudas?
Gran parte de la reurbanización de A Magdalena pudo ejecutarse, y se abandonó al desaprovechar una subvención millonaria. Actualmente, la deuda municipal se establece en 5,8 millones de euros. También volaron los millones en la plaza de España.
¿Se hace caso a las denuncias vecinales?
Escritos ante el Registro del Ayuntamiento e incluso ante la Fiscalía denuncian "a coincidencia de sucesos con lumes e esborallamentos en edificios de Ferrol Vello, A Magdalena e Esteiro". Los vecinos acusan así a los propietarios de las ruinas.
¿Existen partidarios del gran deterioro?
En Esteiro, un antiguo edificio de molinero se encuentra en franco deterioro. Según los vecinos, "o propietario afundiu o tellado e quitou as portas con claras intencións especulativas". Es el mismo dueño del inmueble derrumbado en A Magdalena.
* El Correo Gallego - PATRICIA HERMIDA - 11.05.2008
Foto: Plaza de España: eterno centro de las polémicas urbanísticas, un proyecto iniciado en el año 2002/ KIKO DELGADO, elcorreogallego.es
Los Merinos un paradigma de la Calidad de nuestra Democracia
AZZAM QASRAWI* : España se encuentra en peligro de convertirse en un país donde los especuladores urbanísticos sean sus auténticos gobernantes. Les ayudan y apoyan políticos corruptos o incompetentes y les tolera un sistema judicial débil y lento. Esto sólo puede conducir a un total quebrantamiento de la confianza en la Ley, a la corrosión de la democracia y a desastres sociales y medioambientales. Inevitablemente, también llevará a la pérdida de respeto por España y a su credibilidad como democracia europea.
Quizás piense el lector que todo esto no son sino exageraciones sin fundamento, pero ¿lo son?.
Desde el comienzo de la Operación Malaya en Marbella en marzo del pasado año, no hay más que abrir, cualquier día, cualquier periódico nacional para encontrar páginas y páginas dedicadas a casos de corrupción, de proyectos urbanísticos ilegales en los que se encuentran involucrados gobiernos regionales o locales. Meterse en la política local es una forma de enriquecimiento rápido. He de decir que, desgraciadamente, todos los partidos políticos en España se han manchado por estos escándalos.
Lo que más me preocupa es que esta casi-impunidad va acompañada también de una corrupción de nivel bajo que impregna a instituciones, asociaciones y a los medios de comunicación locales. Así mismo, los constructores actúan de forma extremadamente agresiva, intentando asfixiar cualquier tipo de resistencia local a sus proyectos. Por supuesto, todo esto lo justifican usando argumentos como beneficio público, trabajo y desarrollo.
España tiene leyes excelentes para proteger el medio ambiente. Son leyes cada vez más estrictas para frenar el crecimiento urbanístico salvaje y la sombría amenaza del Calentamiento Global. Desgraciadamente, estas leyes son continuamente burladas por los gobiernos locales. Los gobiernos regionales son incapaces o, sencillamente, no tienen ganas de detener las infracciones.
En diciembre del año pasado, Miloon Kothari, experto en temas de vivienda de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, visitó España para investigar este fenómeno. Sus conclusiones son acusatorias: Aunque hay tres millones de viviendas vacías en España, ¡el 25% de la población carece de una vivienda digna! Kothari llegó a la conclusión de que las prácticas deshonestas de desarrollos urbanísticos se han convertido en norma y que el caso de corrupción de Marbella es sólo la punta del iceberg. M. Kothari manifestó sus dudas de que las nuevas leyes (aprobadas por los gobiernos central y regionales con el fin de frenar la implacable ola de especulación urbanística) tengan efecto alguno. Llegó incluso a recomendar que el gobierno central pusiera una moratoria inmediata a todo tipo de re calificación de tierra y retirase, si fuera necesario, tales competencias de los gobiernos locales y regionales.
Por si fuera poco, nos encontramos ahora con la siniestra amenaza del Calentamiento Global y sus devastadores efectos sobre España, especialmente a lo largo del litoral mediterráneo. Las conclusiones de un vasto estudio (encargado por el Ministerio de Medio Ambiente) realizado por un grupo de unos cuatrocientos científicos españoles son absolutamente claras. El Calentamiento Global podría llevar a una reducción de las precipitaciones de un 40% para el año 2070, a un aumento de hasta 7 grados en la temperatura media en verano, y a una elevación del nivel del mar de hasta 50 centímetros. Unido todo esto a los escasos recursos hídricos sólo puede conducir a una desertización de zonas cada vez mayores y a pérdidas importantísimas en la industria del turismo, especialmente en las costas.
Los especuladores urbanísticos se han sentido ya atraídos por Ronda y su Serranía. La Costa del Sol se encuentra saturada por sus incontables desarrollos urbanísticos ilegales. A los inversores y constructores no les queda más remedio que desplazarse hacia el interior.
Ronda es un modelo perfecto de lo que ha sucedido en el resto de Andalucía. Ya en 2001, había, según datos oficiales, 1770 viviendas sin ocupar en una población de 36.000 habitantes. Durante los últimos seis años se han construido varios miles de casas y pisos, tanto cercanos al núcleo urbano como lejos del mismo, en tal densidad que con frecuencia carecen de zonas verdes e infraestructuras. Todo esto no ha sido resultado de las necesidades reales de la población local. La mayoría de estas viviendas permanecen vacías. Las parejas jóvenes con ingresos modestos o incluso medios, simplemente no pueden permitirse el acceso a su primera casa debido al aumento astronómico en los precios de la vivienda (173% en los últimos diez años).
En Ronda, un precioso pueblo andaluz con un patrimonio arqueológico, artístico y cultural simplemente impresionante, el mayor proyecto que se quiere llevar a cabo en la zona es también el más controvertido: el Club de Campo & Golf de Ronda. El proyecto consiste en dos campos de golf y uno de prácticas, tres hoteles de lujo, 442 villas en parcelas, 341 viviendas agrupadas en cuatro “pueblos serranos”, un colegio internacional bilingüe, una residencia geriátrica, etc. Todo esto está proyectado para construirse en Los Merinos Norte, una finca de 800 hectáreas situada en una zona declarada por la UNESCO Reserva de la Biosfera, lindando con el Parque Natural Sierra de las Nieves.
En 1995 la Junta de Andalucía aprobó el proyecto inicial presentado por los anteriores propietarios de la finca. Este proyecto estaba sujeto a severas restricciones en cuanto a su alcance y a estrictas medidas para limitar el impacto medioambiental, sobre todo en lo referente al acuífero que subyace en la zona. Estos propietarios abandonaron el proyecto y vendieron la propiedad a los actuales promotores.
Lo primero que se le ocurrió hacer a los nuevos propietarios fue arrancar, entre julio y agosto de 2003, más de un millar de encinas, árboles protegidos en la mayor parte de la Serranía de Ronda. Cuando se detectó el estropicio causado, el Ayuntamiento les impuso una multa de 254.219,67 euros, cantidad que, hasta día de hoy, no ha sido abonada.
El diez de octubre de 2004, poco tiempo después de erigirse alcalde de Ronda, Antonio M. Marín Lara concedió una entrevista al diario El Mundo en la que decía: “No veo claro este proyecto de Montaner. No aceptaré pelotazos urbanísticos de nadie. Seré inflexible en estos asuntos y yo mismo examinaré el proyecto con lupa”.
Curiosamente, Marín Lara dio otra entrevista el 23 de octubre de 2005 al mismo diario en la que su postura respecto al proyecto había cambiado radicalmente. Aunque afirmó que “los campos de golf están sirviendo de jardín de una actividad especulativa” añadió que ¡“Ronda necesita de estos dos proyectos (Los Merinos y La Parchite), pero no más”! Días más tarde, el alcalde aprueba el proyecto de Los Merinos.
En diciembre del pasado año, Ignacio Trillo, Delegado Provincial de la Agencia de Medio Ambiente, objetó la aprobación del proyecto reiterando las restricciones al mismo formuladas por el estudio de impacto medioambiental llevado a cabo en 1995. La limitación más importante hace referencia a que la actuación sobre el terreno no puede afectar a más del 25% de la superficie. El proyecto actual intenta transformar el 69% de la zona, casi triplicando de esta forma los efectos negativos sobre el medio ambiente.
En ese mismo mes, la Agencia Andaluza del Agua también objetó el proyecto en base a que simplemente no es viable a causa de la escasez de recursos hídricos, los cuales son actualmente deficitarios. La Agencia Andaluza del Agua manifestó que el proyecto, junto con los dos millones de metros cúbicos de agua (potable o reciclada) al año que demandan, pondría en alto riesgo el suministro de los pueblos de alrededor, especialmente Cuevas del Becerro y Arriate. Esta cantidad de agua es casi el equivalente de la consumida por toda la ciudad de Ronda.
A pesar de estas dos serias objeciones al proyecto por la Junta de Andalucía, el alcalde de Ronda aprobó definitivamente ( por decreto ) el proyecto en julio de 2006. El solo voto en contra los convenios urbanísticos para suministrar el agua al proyecto, fue el del único concejal de Izquierda Unida (Rafael Ruiz).
Inevitablemente, la aprobación del proyecto ha provocado el inicio de una campaña en contra por parte de muchos ciudadanos de Ronda y su comarca. Un centenar de residentes extranjeros firmaron y enviaron una carta abierta al presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, protestando por la aprobación de un proyecto ilegal y solicitando audiencia para que sus quejas fueran escuchadas. El Presidente Chaves no ha nunca contestado esta carta.
En octubre del año pasado, toda la población de Cuevas del Becerro fue a una huelga general para protestar por la aprobación del proyecto, que tendría peligrosas consecuencias en su suministro de agua.
En Noviembre pasado varios miles de manifestantes marcharon a la finca Los Merinos demandando la re apertura del sendero de largo recorrido GR-7 que enlaza Tarifa con Atenas y que los promotores del proyecto habían cerrado con todo descaro.
Estas protestas hubieron de hacer frente a una respuesta fuertemente agresiva por parte de los promotores. Empleando ingentes cantidades de dinero y apoyados por un batallón de abogados, agentes inmobiliarios, agentes de seguridad, etc. denunciaron o llevaron a juicio a nueve residentes españoles, británicos y alemanes, acusándoles de haber infringido la ley en sus asuntos privados o profesionales. En el caso concreto de tres residentes extranjeros les acusaron por los “crímenes” de calumnia, amenazas, coacción, recibir sobornos, falsificación de documentos y firmas, etc. He de decir que todos los acusados son personas honradas, respetuosas con la ley, que viven y trabajan en Ronda y su comarca. Todas las acusaciones contra ellos están basadas en falsedades. Los jueces han rechazado muchos de los cargos de los acusados pero los promotores continúan hostigando con cuestiones legales a los que se oponen a sus proyectos, siendo causa de ansiedad y afectando a sus vidas privadas y profesionales.
Otra importante protesta contra este proyecto ilegal se llevó a cabo el pasado noviembre. El comité español “Hombre y Biosfera” de la UNESCO, presidido por Javier Castroviejo, publicó un cáustico informe criticando los dos principales proyectos en la comarca de Ronda: el Ascari Race Resort (en Los Merinos Sur) y el proyecto de Los Merinos Norte. El informe llegaba a la conclusión de que estos proyectos son incompatibles con la protección que esta zona debería tener garantizada al ser nombrada Reserva de la Biosfera.
La reacción a este informe fue fulminante. La Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, sin ningún tipo de explicaciones, despidió al presidente del comité, Javier Castroviejo, al vicepresidente, Jesús Vozmediano y a otros miembros del comité. Reacción curiosa de alguien que lleva el cargo de Ministra de Medio Ambiente. ¿Por qué reaccionó de esa forma?
En una entrevista concedida por Castroviejo al diario ABC el pasado enero, el ex - presidente del comité “Hombre y Biosfera” afirmaba que él “sabía que si nos enfrentábamos a proyectos urbanísticos especulativos íbamos a durar poco”. A la pregunta de qué pensaba del hecho de que políticos del PSOE como Luis Solana y Jaime Montaner estuvieran implicados en el proyecto contestó: “¿Qué quiere usted que piense? ¿Vamos a pensar que hacen esto por amor a las razones sublimes de la ética y la moral?.”
En febrero de este año miles de ciudadanos de Ronda y su comarca se manifestaron por las calles de esta ciudad para protestar por la continuidad de las obras ilegales en Los Merinos y contra las tácticas intimidatorias y agresivas adoptadas por la promotora contra toda persona que se atreviera a oponerse a su proyecto.
¿Qué ha hecho la Junta de Andalucía hasta ahora?
En septiembre de 2006, la Junta de Andalucía llevó el caso al TSJA (Tribunal Supremo de la Junta de Andalucía) cuestionando la legalidad de la aprobación de este proyecto por parte del alcalde de Ronda. Hasta ahora, el TSJA no ha tomado ninguna resolución.
En febrero pasado, la Junta de Andalucía solicitó al tribunal de Málaga la paralización de las obras que se estaban realizando en Los Merinos hasta que el TSJA decidiese sobre la legalidad o ilegalidad del proyecto. Nada se ha hecho al respecto. Los constructores continúan arrancando árboles y cambiando el paisaje removiendo el frágil suelo.
Finalmente, parece ser que, como respuesta a la presentación de pruebas por parte de Antonio Romero, representante de Izquierda Unida en el Parlamento Andaluz, la fiscal de Málaga investigará las infracciones urbanísticas y medioambientales en que incurre este proyecto.
¿Por qué se permite que continúe esta manifiesta infracción a la ley? La Junta tiene el poder legal y la obligación de parar las obras. ¿Por qué no actúa? Con la excusa de la lentitud de los procesos legales ¿está siguiendo la Junta una política de hechos consumados en este caso concreto?
¿Es política electoralista fría y calculadora? ¿Con qué propósito? ¿Es para que regionalmente la Junta pueda reivindicar que su objetivo es el cumplimiento de la ley mientras que el PSOE local intenta desbloquear esa situación de impasse?
Tenemos derecho a formular la siguiente pregunta: ¿Están los políticos y funcionarios de la Junta de Andalucía protegiendo a los promotores? ¿Por qué se les permite que continúen con las obras? ¿Contestaría el señor Chaves, Presidente de la Junta de Andalucía estas preguntas?
También tenemos todo el derecho a preguntar: ¿Son los políticos en el gobierno nacional los que impiden la paralización de un proyecto ilegal? ¿Contestaría la pregunta el señor Zapatero, jefe del gobierno?
¿Quién es el principal responsable para impedir estas serias infracciones de la ley cuando la Junta de Andalucía se niega a actuar? Indudablemente, serán jueces honestos y valientes quienes impondrán un alto definitivo a estas actividades que amenazan nuestros recursos naturales.
Todos los ciudadanos afectados de Ronda y su comarca aguardan su pronta acción. No deseamos más que la ley en Andalucía se respete y se cumpla.
* Azzam Qasrawi - Miembro de la Asociación Guiris contra los campos de Golf
* Nueva Cultura del Territorio - Coordinadora Ciudadana de Málaga - 8 de mayo de 2008
