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ELDIARIOMONTAñÉS/Cantabria* : El Juzgado de Instrucción nº4 de Torrelavega ha decidido el procesamiento del alcalde de Alfoz de Lloredo, Enrique Bretones (PP), y de los cinco ediles del equipo de gobierno por un presunto delito de prevaricación, relacionado con el bloqueo de la construcción de 80 viviendas en Cóbreces.
Además, ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa que afectaba al anterior alcalde, el socialista Luis Alfonso González, así como a la secretaria y al aparejador municipal, por considerar que no han participado en el hecho delictivo relacionado con la construcción en la llamada "Finca del Obispado", en Cóbreces.
En una diligencia, el juez anuncia que una vez sea firme una resolución sobre el procesamiento del equipo de gobierno iniciará de oficio una investigación sobre otro convenio urbanístico firmado hace unos meses, por si la concesión de licencia urbanística podría estar afectada por otro delito.
En especial, el magistrado entiende que su actuación futura permitiría determinar si la licencia concedida a la otra empresa promotora vino procedida por una "ilícita intimidación" por parte miembros del equipo de gobierno o funcionarios municipales, "merecedora de reproche legal".
El procesamiento del alcalde y el equipo de gobierno del PP es consecuencia de la querella presentada hace meses por una promotora inmobiliaria, ante lo que considera resoluciones injustas adoptadas por el equipo de gobierno que le impiden desarrollar un proyecto urbanístico para la "Finca del Obispado".
El contencioso tiene su origen en 2004, cuando una promotora adquiere en 240.000 euros la llamada "Finca del Obispado", situada junto al polideportivo de Cóbreces, con el compromiso de construir 40 viviendas sociales, diez de ellas de régimen general y 30 de régimen autonómico.
Pocos meses después surgieron las desavenencias entre el Ayuntamiento y una nueva empresa constructora que adquirió la finca y los derechos urbanísticos en 1,5 millones de euros. Esa empresa pretendía construir 40 viviendas de precio libre.
Posteriormente, y ante las dificultades que la promoción tenía para ser aprobada por el Ayuntamiento, la propietaria del suelo intentó vender la finca y los derechos de construcción a un tercera promotora en 4,8 millones de euros, operación que no se llegó a producir ante la oposición de la Corporación a tramitar el proyecto.
Durante este tiempo, la empresa llegó a iniciar los trámites para levantar en este finca una urbanización de 81 viviendas, propuesta rechazada en un pleno con los votos del equipo de gobierno del PP, que además promovió una modificación de las Normas Subsidiarias para posibilitar la construcción de viviendas de protección oficial.
La empresa esgrimía que el primitivo convenio urbanístico -de 2005- no contempla de forma expresa que el solar debía ser para construir viviendas sociales y, por ello, defendía su derecho a urbanizar la parcela de acuerdo a sus intereses.
Ante la negativa de la Corporación, la promotora acudió al Juzgado con una denuncia contra el alcalde y el equipo de gobierno, asegurando que los ediles habían dictado resoluciones injustas a sabiendas que la habían perjudicado económicamente.
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 4 de Torrelavega da por buenas en su resolución parte de las consideraciones de la empresa, entre ellas que el convenio urbanístico de 2005 no existió y fue "un pacto de caballeros" sin soporte en la licencia concedida.
También hace constar que la actuación municipal "es merecedora de reproche legal", ya que la concesión de licencias urbanísticas son actos reglados y el hecho de pretender la construcción de viviendas sociales "no justifica ni elimina la arbitrariedad de la medida adoptada", como es retrasar la construcción de las casas.
* El Diario Montañés - EFE - 8.04.09
Foto: Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, en Novales, la capital municipal. - wikipedia.org
Imputan por prevaricación al equipo de gobierno por las viviendas de Cóbreces
Santa Cruz: La juez cita como imputada a Reverón por el ´mamotreto´
LAOPINIÓN/Tenerife* : La concejal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, Luz Reverón, tendrá que comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Cruz de Tenerife en calidad de imputada por delitos relacionados con el edificio de aparcamientos situado a la entrada de la playa de Las Teresitas, popularmente conocido como el mamotreto.
Así lo ha reflejado la magistrada Juana María Hernández Hernández a través de una providencia emitida el pasado 3 de abril, dentro de las diligencias previas.
En el documento se establece el próximo 12 de mayo como fecha para tomar declaración tanto a Luz Reverón como a su antecesor al frente de Urbanismo, Manuel Parejo. No obstante, en el caso de Parejo, que comparecerá ante la juez justo antes que Reverón, no se menciona la palabra imputado, de modo que acudirá en calidad de testigo.
El Juzgado de Instrucción número 2 de la capital acepta de esta forma la petición realizada por el Ministerio Fiscal en julio pasado. El día 15 de aquel mes, la fiscal Inmaculada Violán solicitó la imputación de Reverón por "la comisión de un delito Relativo a la Ordenación del Territorio y de Prevaricación urbanística. La providencia de la magistrada no define, no obstante, cuáles son los delitos que se le imputan a la actual responsable del Urbanismo en la capital tinerfeña.
ATAN. La primera denuncia contra Reverón fue presentada por el colectivo ATAN, cuyo representante legal es Pedro Fernández Arcila, el 28 de enero de 2009, al considerar que la obra invadía tanto el dominio público marítimo terrestre como la servidumbre de protección, y no constar en ningún caso de las autorizaciones pertinentes. Con la misma fecha Dolores Rebrow, en representación de la Asociación de Amigos de la Playa de Las Teresitas, y, sólo un día después, el secretario general del PSOE de Santa Cruz, José Manuel Corrales, presentaron su propia denuncia y aportaron documentación con el objetivo de que se abrieran diligencias penales.
Reconocimiento. Urbanismo ha reconocido que comenzó los trabajos de edificación del mamotreto sin haber obtenido el correspondiente permiso por parte del Gobierno de Canarias, a cuya administración compete la ordenación de esa zona inmediatamente posterior al dominio público. Tal autorización no era susceptible de darse por el Ejecutivo toda vez que aún no se había aprobado el nuevo deslinde Las Teresitas. La ley de Costas de 1988 impide actuar en servidumbre hasta que no se fije el deslinde.
No está en suelo público
Al margen de la depuración de responsabilidades penales, en el caso mamotreto se incluye un aspecto que ha modificado la situación respecto a la descrita por Inmaculada Violán en su escrito de petición de imputación para Luz Reverón. Se trata del nuevo deslinde de Las Teresitas, aprobado por la Dirección General de Costas el pasado febrero y que deja al mamotreto en servidumbre de protección en su totalidad, a diferencia del anterior, en función del cual una parte del edificio se levantaba sobre suelo público. En la providencia de la magistrada, se vuelve a solicitar a la Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife la resolución acerca del nuevo deslinde. El consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel ha dicho ya que la obra es "autorizable".
* La Opinión de Tenerife - S.L.- S.G. (IDEAPRESS) - 8.04.09
Foto: Imagen del edificio de aparcamientos y centro comercial conocido como el mamotreto, junto al barrio de San Andrés y la playa de Las Teresitas. José Luis gonzález, laopinion.es
Barcelona: Imputados por corrupción un edil del PP y un asesor de Fernández Díaz
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ELPAÍS* : El Juzgado de Instrucción nº9 de Barcelona ha imputado a dos destacados militantes del PP de Barcelona por los supuestos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Uno de ellos es asesor del presidente del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Barcelona y ex líder regional del partido en Cataluña, Alberto Fernández Díaz.
El segundo es concejal del equipo de gobierno de Vallirana (Baix Llobregat), población en la que encabezó la candidatura en las últimas elecciones locales.
La querella ha sido presentada por la propietaria de un bar de Barcelona a la que se concedió el permiso de apertura del establecimiento después de pagar presuntamente 6.000 euros a ambos militantes para que agilizaran los trámites administrativos. Cuando al parecer se negó a abonar más dinero, el Ayuntamiento le precintó el bar alegando que no cumplía la distancia mínima de separación con otro establecimiento del mismo tipo, en concreto le faltaban seis centímetros. Un primer informe de los técnicos municipales, realizado un año antes y que ahora no aparece, verificó que la distancia era la legal, 25 metros (véase la fotografía adjunta). Por este motivo, la querella se amplía contra la gerente del distrito de Gràcia y un funcionario técnico.
El asesor municipal del PP es Alberto Belón García, que además ocupa el cargo de consejero en el distrito de Gràcia, barrio donde se ubica el bar objeto de la querella y en el que forma parte de la Comisión Consultiva de Urbanismo. Belón envió un fax desde el propio Consistorio, con membrete del PP, a los propietarios del establecimiento adjuntándoles las alegaciones que presentó para obtener el permiso de apertura del local.
El otro imputado es Antonio Penalba Fernández, asesor de profesión y miembro del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vallirana. Los otros imputados son la gerente del Consistorio barcelonés en el distrito de Gràcia, María Carmen Fernández González, y Josep Serrano Jornet, un funcionario técnico.
En la querella se expone que a finales de febrero de 2008, poco antes de las elecciones generales, la propietaria del bar se entrevistó con el entonces secretario del PP en Cataluña, Rafael Luna, en su despacho del Parlament, para quejarse de la actuación de Belón y Penalba. Durante esa entrevista Luna recibió una llamada de Alberto Fernández Díaz para interesarse por el caso, extremo que Luna admite, según comentó ayer un portavoz oficial del partido. Luna, según consta en la querella y reconoce el PP, recomendó a la propietaria del local que si existía algún hecho delictivo, lo denunciara ante los tribunales, y ésta así lo hizo.
Los hechos que investigará ahora el juzgado se remontan a diciembre de 2006, cuando María Iciar Fernández alquiló un local en la Travessera de Dalt de Barcelona para instalar un establecimiento de restauración, Store Café. Tras una primera inspección del funcionario Josep Serrano Jornet, el distrito de Gràcia le denegó la apertura por la existencia de otro establecimiento de las mismas características a menos de 25 metros. Los abogados de la perjudicada alegan que esta normativa no entró en vigor hasta dos años después.
Fue entonces cuando, siempre según la querella, Antonio Penalba y Alberto Belón se pusieron en contacto con la propietaria para, a cambio de 18.000 euros, resolverle los problemas administrativos. Iciar Fernández sólo pagó 6.000 con un pagaré.
El Ayuntamiento de Barcelona aceptó finalmente las alegaciones presentadas por Belón y confirmó que la distancia entre ambos bares era de 25 metros -la legalmente establecida-, según verificaron el "jefe del departamento de licencias e inspección y la directora de los servicios técnicos".
Un año más tarde, el Ayuntamiento rectificó este cálculo y aceptó las mediciones presentadas por el propietario del otro bar, denominado Mylka, que no alcanzaban los 25 metros. El distrito de Gràcia optó entonces por precintar el local Store Café, de la denunciante. Según ésta, los problemas empezaron cuando se negó a pagar más dinero a Belón y Penalba. Al final, realizó obras en el local para cambiar la puerta de acceso e incrementar así la separación entre locales. Pero el Ayuntamiento insiste en que todavía le faltan seis centímetros para respetar la distancia legal.
La admisión de la querella contra estos dos militantes del PP se suma ahora al proceso penal que tramita el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona y en el que están imputados, entre otros, el abogado Fernando Martínez, ex vicepresidente del PP en Barcelona y presidente del comité de garantías hasta el congreso regional del partido celebrado el pasado otoño.
"Seré implacable", dice Rubalcaba
El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró ayer en Barcelona: "todo apunta" a que la trama de extorsión de los burdeles ha destapado un caso de corrupción policial, ante el que considera que hay que ser "implacable" y "especialmente duro". El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona y entre los 19 imputados figuran seis policías o ex policías de diversa graduación: desde un comisario hasta un agente.
Rubalcaba recordó que la investigación judicial se encuentra aún abierta y que en ella están implicadas también "algunas administraciones", en alusión al Ayuntamiento de Barcelona y al hecho de que estén imputados dos funcionarios municipales y un ingeniero que emitió informes para avalar la concesión de licencias y que ahora se ha descubierto que extorsionó a pequeños comerciantes. Uno de esos funcionarios, Manuel Martínez, está en prisión provisional.
"No quiero vulnerar la presunción de inocencia de nadie, pero todo apunta a que estamos ante un tema de corrupción y creo que contra eso hay que ser absolutamente implacable", dijo Rubalcaba, antes de asegurar que los cuerpos policiales son los "primeros interesados" en que estos casos de corrupción "que se pueden dar y se dan" se corrijan y subrayó que la "inmensa mayoría" de policías "trabajan en España de sol a sol y son gente honesta".
Al margen del funcionario municipal, también están encarcelados por esta causa el inspector de la policía José Javier Martín Puyal y el ex inspector Andrés Otero. La lista se completa con Carmelo Sanz y Raúl Pascual, director y propietario de burdel Saratoga, respectivamente, y Antonio Lárazo, dueño del Riviera.
* ELPAIS.com - JOSEP GARRIGA - Barcelona - 08/04/2009
Foto: Barcelona vista - Sergi Larripa (wikimedia)
Los ayuntamientos presentaron 556 planes urbanísticos para evitar la LUV
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LEVANTE/Valencia* : La Conselleria de Urbanismo ha aprobado en los últimos cinco años un total de 714 planes urbanísticos, según han informado a Levante-EMV fuentes del departamento que dirige José Ramón García Antón. Esta cifra incluye todo el abanico de posibilidades desde un plan parcial o de reforma interior, hasta un programa de actuación integrada (PAI) o un plan general, aunque las mismas fuentes no pudieron detallar la cifra a la que se eleva cada instrumento de planeamiento.
Del total de actuaciones aprobadas a través de las comisiones territoriales de urbanismo se lleva la palma la de Valencia con 333 instrumentos de planeamiento, seguida de Alicante con 214 y Castelló con 167, según la estadística recopilada por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Cabe recordar que las comisiones territoriales de urbanismo son órganos colegiados en los que están representados todas las administraciones (central, municipal y autonómica), ade más de los colegios profesionales como los arquitectos.
Aunque el detalle de la estadística oficial que más llama la atención es el momento elegido por los municipios valencianos para sacar a información pública sus planes urbanísticos. Las cifras confirman la avalancha de PAI que algunos políticos y empresarios achacaban al excesivo celo informativo de los periódicos. El tiempo y la fría estadística ha confirmado que el alud existió.
Antes de que entrara en vigor la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (Lotpp), el 3 de julio de 2004, las comisiones territoriales probaron 198 planes urbanísticos. La provincia de Valencia volvió a ser la más activa (82 propuestas), aunque seguida muy de cerca por Alicante (74) y ya muy de lejos por Castelló.
Veinte meses de oleada
Aunque la auténtica oleada vendría en los siguientes veinte meses. Las comisiones territoriales de urbanismo dieron vía libre a 358 instrumentos de planeamiento, con Valencia a la cabeza (195), seguida de Alicante (74) y Castelló (74). En dos provincias prácticamente se doblan las propuestas de la etapa anterior, aunque desde la conselleria se puntualiza que "en estos expedientes ya se aplican criterios de la Lotpp como los criterios de sostenibilidad territorial y los informes de paisaje".
La calma llegó con la entrada en vigor de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) el 1 de febrero de 2006. Tres años después sólo se han tramitado 158 planes urbanísticos: 56 en Valencia, 51 en Alicante y 51 en Castelló.
* Levante-EMV - L. Ballester Beneyto - 6.04.09
Foto: benidorm. Edificios en altura junto a un acantilado en el litoral de la población de la Marina Baixa. ferran montenegro, levante-emv.com
