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ELPAÍS/Barcelona* : Unas 300 personas se manifestaron ayer en Castellar del Vallès (Vallès Occidental) para pedir que se detengan las obras de construcción del polígono Can Bages. La manifestación fue convocada por la Plataforma Aturem Can Bages, que agrupa una treintena entidades ecologistas y sociales, y tiene el apoyo de Unió de Pagesos.
La plataforma considera que el nuevo polígono es innecesario, ya que el municipio ya cuenta con dos polígonos "que todavía disponen de terrenos libres, además de las naves industriales que se abandonarán debido a la crisis", señalan los contrarios al polígono, quienes añaden que el polígono incrementará la circulación en 15.000 vehículos.
El concejal de Proyectos Estratégicos de Castellar, Pepe González, reconoce que "no es el mejor momento para crear un nuevo polígono, porque no se desarrollará todo lo rápido que gustaría".
* ELPAIS.com - IVANA VALLESPÍN - Sabadell - 20/10/2008
Foto: Defensem el territori, o del Vallès no en quedarà res - kaosenlared.net
Manifestación en Castellar del Vallès contra un polígono
Vecinos de Los Ángeles de San Rafael alertan del descontrol urbanístico
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ELNORTE/Segovia* : Dos pilotes, uno visiblemente vencido hacia un terraplén sobre el que se levanta el complejo de viviendas y el otro también ligeramente desplazado, soportan a duras penas el porche de acceso a los apartamentos del bloque Faro de Castilla, en Los Ángeles de San Rafael.
Como ya informó ayer este periódico, cerca de una treintena de residentes tuvieron que ser evacuados durante la noche del pasado viernes ante el notorio riesgo de desplome de la estructura.
La cubierta de la entrada muestra un hundimiento que ponía en riesgo la seguridad de la instalación. La Guardia Civil mantiene acordonada y vallada la zona, según relatan vecinos afectados, quienes tuvieron que salir a toda prisa, durante la madrugada del viernes al sábado, sólo con lo puesto. Las pequeñas grietas aparecidas en los muros en un principio en pocas horas llegaron a alcanzar los seis centímetros de diámetro. El daño detectado en la estructura forzó al desalojo urgente visto el rápido deterioro que presentaba la estructura.
Algunos de los evacuados permanecen en el hotel Tryp Comendador. Otros damnificados han sido realojados con sus familias.
La plataforma vecinal y de copropietarios de Los Ángeles de San Rafael ha criticado las obras que se llevan a cabo en las proximidades al bloque de viviendas desalojado este fin de semana, junto al que -según relatan estas fuentes- se pretenden construir pequeños apartamentos y garajes.
«Hechos consumados»
La agrupación quiere denunciar la política de «hechos consumados» que se sigue en algunas urbanizaciones en este entorno serrano. Asimismo, ya han adelantado que van a exigir responsabilidades y a estudiar si existen las licencias oportunas para la ejecución de construcciones que salpican el paisaje en entornos como el Volcán de los Ángeles o la Montaña del Repetidor. Sospechan que hay proyectos que se acometen «sin estudios geológicos».
Los representantes anuncian que pedirán una «inspección seria» a las autoridades locales de Vegas de Matute, en cuyo término se encuadra el complejo de apartamentos desalojados. Precisamente, fue la arquitecta municipal de esta localidad la que instó a tomar como medida de precaución el acordonamiento de la zona y la prohibición del acceso de personas al bloque dañado.
La plataforma cívica insiste en su «honda preocupación», ya que se están levantando proyectos en zonas de la ladera «sin la seguridad de que se están realizando las inspecciones técnicas que vigilen la modificación del entorno natural». Voces de la agrupación critican que «a fecha de hoy no les consta la existencia de inspecciones cualificadas ni de prospecciones geológicas en terrenos de riesgo por la pendiente».
Inquietud ecologista
Por su parte, el responsable de la asociación ecologista Centaurea, Carlos Bravo, también ha manifestado su inquietud por «la tramitación irregular de numerosas obras en Los Ángeles de San Rafael». El representante conservacionista cita el caso del Burger King abierto junto a la urbanización y que supuestamente carece de las licencias municipales, tanto ambientales como urbanísticas, como denunció en su día el concejal de Izquierda Unida-Los Verdes en El Espinar, Eugenio López.
Para Bravo, este caso es un ejemplo de incumplimiento flagrante de la normativa, ya que el inmueble de la hamburguesería ocupa una vía pecuaria. El trámite aún no está resuelto.
* El Norte de Castilla - 20.10.08 -C. BLANCO
Foto: Bloque desalojado afectado por los desperfectos, en el centro, el porche está casi hundido. / EL NORTE
La construcción de casas ilegales provoca la detención de más de 400 gaditanos en cuatro años
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SUR/Cádiz* : Dentro de unos días, seis vecinos de Chiclana tendrán que sentarse ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Cádiz para ser juzgados por construir tres chalés en 2003 en una parcela de su localidad clasificada como no urbanizable y, además, protegido por el PGOU, al estar situado junto a unos pinares.
El juicio estaba previsto para este pasado miércoles, pero fue finalmente suspendido. El fiscal pide hasta dos años y medio de prisión por cada uno de ellos.
Hace años, un juicio como este resultaba cuanto menos raro, ya que la mayoría de las irregularidades por viviendas ilegales se resolvían por vía administrativa, a través de multas impuestas por los ayuntamientos afectados. En muchos casos pasaban desapercibidas o, según las asociaciones ecologistas, eran incluso «toleradas» por los distintos ayuntamientos de la costa. En los últimos años, en cambio, los delitos «contra el ordenamiento urbano» han dejado de quedar impunes y han empezado a ser perseguidos de forma penal por la Justicia.
En los últimos cuatro años, de hecho, aproximadamente 400 personas han sido detenidas y denunciadas en la provincia, según fuentes de la Policía Autonómica de Andalucía, competente en la investigación de delitos urbanísticos. A ellos se suman los interpuestos por los agentes de la Guardia Civil del servicio del Seprona.
Sólo esta unidad de la Benemérita ha detenido en lo que va de año a 16 personas por delitos contra el medio ambiente vinculados con las viviendas ilegales, pero además ha imputado a otras 59 personas por el mismo motivo. Todas ellas tendrán que pasar por el banquillo por un total de 39 delitos y 43 infracciones urbanísticas. La Policía autonómica en Cádiz, por su parte, detiene cada año entre 80 y 90 personas por construir casas de forma irregular.
40.000 casas ilegales
Las cifras pueden resultar apabullantes: cientos de gaditanos imputados cada año, enfrentándose en muchos casos a penas de cárcel. Sin embargo, se vuelven ridículas al contrastarlas con el aún más apabullante número de viviendas ilegales que se estima que existen en la provincia: los cálculos más conservadores de Ecologistas en Acción, por ejemplo, hablan de unas 40.000 casas irregulares. Se podría decir, por tanto, que sólo un 1% de los casos han llegado a ser denunciado por vía penal.
'Chanchullos' legales
Entre los delitos relacionados con las vivienda ilegales, no todos consisten en poner un ladrillo sobre otro en suelos donde está prohibido (aunque ésta sea la causa principal de la mayoría de los casos), según explica el fiscal de Medio Ambiente en Cádiz, Ángel Núñez, que es el encargado de perseguir las viviendas ilegales en la provincia y que considera abiertamente que «Cádiz está a la cabeza de denuncias judiciales y procesos de investigación» por estos casos, «por delante de muchas provincias no sólo de Andalucía, sino de toda España».
Núñez recuerda que en el saco de las casas ilegales entran también numerosos delitos por estafa o falsedad documental, de los cuáles, el juicio contra los chiclaneros que se celebrará en dos semanas es un buen ejemplo: de hecho, uno de los seis acusados (de profesión, aparejador) está imputado por falsear un informe técnico en el que fechaba cinco años antes una casa ilegal recién construida. Este chanchullo es uno de los más frecuentes entre los cometidos para que una casa ilegal evite el proceso judicial y administrativo, ya que los delitos urbanísticos prescriben a los cuatro años.
Además de estos, también hay que contar los delitos por prevaricación urbanística cometidos por funcionarios y concejales municipales. Estos pasan por el juzgado con mucha menos frecuencia, aunque en Cádiz ya se han descubierto y denunciado varios casos de sonada repercusión mediática, como la imputación del ex alcalde de El Puerto, Hernán Díaz, y dos concejales de urbanismo.
Según la memoria de la Fiscalía de Cádiz, el número de investigaciones realizadas el año pasado hasta octubre llegó a las 280 diligencias, -sin incluir las del Campo de Gibraltar-, lo que duplicaba las que se abrieron en 2006. Este año el número de diligencias, según las estimaciones Núñez, pueden ser incluso superiores a las de 2007, aunque quizá debido a la crisis, «el número de hechos cometidos parece que son menos». Es decir, el boom de las viviendas ilegales ha decaído, en paralelo a la crisis inmobiliaria que afecta a las casas que sí son legales.
«Impunidad total»
Con todo, la diferencia entre las viviendas detectadas y las que llegan a juicio lleva a muchos representantes ecologistas a considerar que «en materia urbanística la impunidad en la provincia de Cádiz ha sido hasta ahora total». Así lo cree, por ejemplo, Juan Clavero, portavoz de Ecologistas en Acción, que recuerda que «de las 40.000 viviendas ilegales se han tirado apenas una docena en los últimos años, y porque estaban en terrenos públicos, es decir, en suelos que ni siquiera eran suyos, que es una cosa escandalosa», afirma. Clavero, recuerda además cómo «en la mayoría de ayuntamientos estas viviendas están en trámites de legalización», como efectivamente ocurre en Chiclana (donde el Ayuntamiento pretende legalizar más de 15.000) o Barbate, donde está previsto para la próxima semana un Pleno Extraordinario en el que se pretende recalificar como urbanizables terrenos de Zahora y los Caños donde hay casas construidas desde hace años.
Ecologistas en Acción considera que el derribo es «lo único que puede conseguir parar» el problema de la vivienda ilegal en Cádiz. Un punto de vista que coincide con la del fiscal de Medio Ambiente, que en este punto es acaso más optimista: «La inmensa de las sentencias son condenatorias y, cada vez con más frecuencia, ordenan la demolición de la construcción ilegal», recuerda Núñez.
* SUR - 20.10.08 -MIGUEL D. GARCÍA
Foto: Chiclana (Cádiz), zona viviendas ilegales - diariodecadiz.es
Detienen a un ex concejal de San Fulgencio por presunta corrupción urbanística
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LEVANTE/Alicante* : El ex primer teniente de alcalde y ex concejal de Hacienda de San Fulgencio (Alicante), el independiente Manuel Barrera, ha sido detenido hoy en relación a un supuesto cobro de dinero para impulsar un plan urbanístico.
Según la alcaldesa socialista, Trinidad Martínez, el arresto de Barrera, que hace unos días fue relegado de sus funciones y que sigue como concejal de la Agrupación Independiente del Mediterráneo (AIM), se produjo a primera hora en su domicilio a instancias de un juzgado de Orihuela, que ha decretado secreto de sumario.
A continuación, agentes de la Brigada de Delitos Económicos del Cuerpo Nacional de la Policía le trasladaron al Ayuntamiento en calidad de detenido y esposado, donde registraron su despacho a puerta cerrada entre las 11 y 13 horas en su presencia y junto al fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, entre otros.
Martínez, que estaba en el Ayuntamiento en ese momento, ha incidido en que los agentes sólo registraron las dependencias municipales que ocupa Barrera.
"Han mirado su mesa, papeles y ordenador, y nos han dicho que con nosotros no había nada", ha declarado la alcaldesa en referencia al resto de los concejales de la corporación.
Tras el registro, sobre las 13 horas, Barrera salió del edificio acompañado por los policías y, al parecer, en dirección a su vivienda.
Martínez ha manifestado que Barrera, a quien le revocó sus competencias el pasado viernes, sigue únicamente con su acta de concejal ya que ésta es de carácter personal y no se le puede arrebatar salvo que dimita o reciba una inhabilitación judicial.
Hace unos días, se difundió que Barrera había, presuntamente, cobrado 5.000 euros para favorecer un plan urbanístico ante lo cual el fiscal Anticorrupción abrió diligencias y se inició una investigación judicial.
La vida política en San Fulgencio, un pequeño municipio de unos 10.600 habitantes, el 80 por ciento extranjeros, se ha visto agitada en los últimos años con tres mociones de censura, la última hace un año para arrebatar el poder al PP a favor del PSPV-PSOE, el AIM y la Agrupación Popular San Fulgencio y Urbanizaciones (APSFYU), que forman equipo de gobierno hasta hoy.
Para la alcaldesa, "es triste" y "penoso que ciertas personas den esta imagen de San Fulgencio" aunque ha reiterado que se trata de actuaciones individuales que no empañan el trabajo del resto.
* Levante-EMV - 20 de octubre de 2008
Foto: San Fulgencio (Alicante) - inem.es
El Cabildo que presidía Soria avaló un plan hotelero ilegal
ELPAÍS/GranCanaria* : El Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria, que presidía Juan Manuel Soria, líder del PP en las islas, al que investiga la fiscalía por corrupción, aprobó en octubre de 2005 un macroproyecto hotelero de 7.500 plazas -la mitad eran nuevas- de Anfi Tauro, empresa hotelera propiedad de un amigo de Soria.
El Cabildo calificó el plan empresarial "de interés para la isla, y conforme con la ordenación, el modelo territorial establecido y la capacidad de carga insular". Apenas dos meses después, la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno canario emitió un informe -obligado por la moratoria urbanística que sólo admitía este tipo de proyectos por causas excepcionales-, al que ha tenido acceso este periódico, que pulverizaba uno a uno los argumentos del Cabildo: "No reúne los requisitos de excepcionalidad". "Presenta incumplimientos de la ordenación urbanística y no se considera justificable" el número de plazas pedidas.
José Manuel Soria se ausentó de la sesión en la que el Cabildo Insular que presidía aprobó un plan empresarial que avalaba el dueño del grupo empresarial, el noruego Bjorn Lyng. El Cabildo defendía que el proyecto de Bjorn Lyng, amigo de Soria, fuera eximido de la moratoria que impedía construir nuevas plazas hoteleras en el archipiélago y, en todo caso, limitaba a 3.600 plazas las edificables por año en toda la provincia.
Unas semanas antes de que el Cabildo de Gran Canaria aprobara el controvertido proyecto hotelero, el promotor noruego había invitado a Soria a un viaje a Austria en su jet privado para asistir a un festival de música y luego a Noruega a pescar salmón.
La denuncia del periodista Carlos Sosa unió ambos hechos y ha provocado que la fiscalía investigue un supuesto trato de favor.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el fiscal anticorrupción Luis del Río investigan si el regalo del empresario a Soria, hoy vicepresidente del Gobierno canario y reelegido como líder regional del PP, fue un cohecho y si hubo prevaricación.
Como primera medida, la fiscalía ha planteado recabar todo el expediente urbanístico de este proyecto hotelero. Y pieza angular del expediente es el análisis que hizo el jefe de servicio de análisis territorial de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno canario, Faustino García Márquez.
Sus conclusiones fueron inequívocas: "Se considera que el proyecto presentado no reúne desde el punto de vista territorial los requisitos de excepcionalidad establecidos en la disposición transitoria segunda de la ley 19/2003 [normativa regional que fijó la moratoria de plazas hoteleras], al no ajustarse la capacidad alojativa solicitada a la capacidad de uso de los equipamientos planificados, dado que no pueden considerarse, a tal efecto, el campo de golf de 18 hoyos, vinculado a la autorización previa concedida al establecimiento hotelero situado en la parcela T-1 con una capacidad de 800 a 1.186 plazas, ni las instalaciones portuarias y de playa, al no encontrarse aún legitimadas por el planeamiento y la evaluación de impacto correspondiente".
"A mayor abundamiento", continuaba el escrito, "la actuación cuenta ya con licencias para 3.653 plazas alojativas, de las que 1.400 se encuentran en ejecución y 2.087 aún no se han iniciado, por lo que no se considera justificable en estas circunstancias la iniciativa de obtener autorizaciones previas para otras 3.019 plazas adicionales para su eventual ejecución a lo largo de diez años, según prevé el promotor. Por otra parte, el planeamiento territorial y urbanístico que legitima la actuación se encuentra cuestionado por los tribunales".
Por entender que los "defectos documentales e incumplimientos de la ordenación urbanística que acumula el anteproyecto no son subsanables sin afectar sustantivamente a los objetivos y contenido del documento", el informe señalaba que el único camino para resolverlos era "la iniciación de un nuevo expediente". En definitiva, lo tumbaba: "Por todo ello, se propone informar desfavorablemente la declaración de interés general del proyecto".
El informe del Ejecutivo canario, por otro lado, hallaba numerosos vicios, errores, y trucos en el proyecto. Por ejemplo, la inclusión de un puerto deportivo y de unas playas, que no estaban incluidas en el plan parcial y, por tanto, carecían de planeamiento específico. La propia ubicación del puerto despertaba reservas medioambientales, según el informe. El proyecto, además, "presentaba unas capacidades y densidades edificativas que superan las máximas establecidas por el plan parcial". El informe de la Consejería de Medio Ambiente dejaba al desnudo la oculta intención del proyecto avalado por el Cabildo presidido por Soria: "Es obvio que no cabe aprovechar el presente expediente para introducir modificación alguna de cualquiera de las determinaciones del plan parcial, que deberá tramitarse en la forma establecida legalmente".
Y había una confusión de lenguaje interesada. El proyecto hablaba continuamente de uso "residencial turístico", cuando el plan sólo admite el "uso turístico". ¿Cuál era la diferencia? "La diferencia es relevante, como señala el informe del servicio insular de planeamiento, puesto que podría estarse planteando la introducción del uso residencial prohibido en el sector".
El informe también denunciaba el impacto paisajístico de las nuevas edificaciones hoteleras: "La disposición de los hoteles en pantallas de 12 a 15 plantas de altura y de alta densidad (50 metros cuadrados de solar por cama) tiene su antecedente, en la urbanización Anfi del Mar, pero las que allí constituyen pantallas adosadas a un acantilado, poco apreciables desde tierra, aquí se sitúan en los bordes de un amplio valle, enmarcando completamente su paisaje".
El propio informe resaltaba que amén de refutar las nuevas plazas cabía recordar que Anfi Tauro ya disfrutaba ilegalmente de un exceso: cuenta con "licencias urbanísticas para sendos hoteles de 1.186 y 901 plazas, cuando las respectivas autorizaciones previas fueron otorgadas para 800 y 752, ajustada la primera de ellas al límite máximo para hoteles vinculados a campos de golf de 18 hoyos, lo que podría constituir una infracción muy grave".
Nada de esto fue óbice para que el Cabildo de Gran Canaria avalara el macroproyecto hotelero de Anfi Tauro que, por sí solo, consumía todas las plazas hoteleras que preveía la norma para toda la provincia. Y todo ello con una acelerada emisión de informes por distintos organismos del Cabildo tras el viaje regalado a Soria por Lyng. Informes que daban luz verde al proyecto, pero desgranaban múltiples deficiencias.
Finalmente, el Gobierno canario, de Coalición Canaria, recondujo el proyecto de Anfi Tauro. Sólo aceptó 1.790 de las 3.600 nuevas plazas propuestas, y dejó consolidado el resto (unas 3.500 más).
* ELPAIS.com - FRANCISCO MERCADO - Madrid - 20/10/2008
Foto: Gran Canaria, complejo Anfi Tauro - flickr.com
La empresa del Plan de Ourense tenía en contra los informes
ELPAÍS* : La empresa que contrató el PP para redactar el Plan General de Ourense de 2003, anulado por 8 sentencias judiciales, "no presentó la mejor oferta, fue rechazada por todos los técnicos municipales y ni siquiera era conocida por su experiencia urbanística, ya que tenía como objetivo social ejercer el control de calidad del hormigón armado".
La actual concejal de Urbanismo de Ourense, la socialista Áurea Soto, pone de esta forma en tela de juicio la decisión del PP que ahora, en la oposición, reprocha al gobierno local que haya elaborado unas bases "muy exigentes" para la contratación del equipo redactor del nuevo Plan, lo que en su opinión ha determinado que sólo se haya presentado una empresa, Oficina de Planeamientos, SA.
Ésta había concurrido ya al concurso para el Plan de 2003, pero su propuesta de entonces, por 79 millones de pesetas, fue descartada por los representantes políticos del PP, que eligieron la de GOC, SA, tasada en 82 millones. Entonces el ingeniero, el arquitecto y el economista municipal respaldaron la propuesta de Oficina de Planeamientos, pero ésta no prosperó porque los dos representantes del PP inclinaron la balanza hacia GOC, SA.
Uno de los dos políticos que avaló su propuesta fue el entonces director general de Urbanismo, José Caride, que ha superado ahora las pruebas para dirigir la oficina de urbanismo que ha creado José Luis Baltar en la Diputación provincial.
* ELPAIS.com - C. H. - Ourense - 20/10/2008
Foto: Ourense, praza maior - ourense.es
Vivienda quiere excluir del acceso a VPO a los mileuristas
REBELIÓN* : Dedicar sólo el 33% de los ingresos al pago de la vivienda puede dejar de ser una utopía y convertirse en una lacerante realidad. El borrador del nuevo Plan Estatal de Vivienda (PEV) para el periodo 2009-2012, estipula que “el esfuerzo económico medio de los demandantes de viviendas acogidas al PEV en cada municipio no debiera superar la tercera parte de sus ingresos”. Es decir, que sólo podrían comprar o alquilar una VPO aquellas personas solventes que, en muchos casos, tienen acceso a una casa en el mercado libre. Se dejaría fuera a las rentas bajas y a la mayoría de los inmigrantes, que ingresan, de media, entre un 20% y un 30% menos que los nacionales.
Esto se ve muy fácilmente con ejemplos. Una VPO muy barata, de 112.500 euros, hipotecada al 80% (90.000 euros), acarrea el pago mensual de 573,51 euros, teniendo en cuenta un préstamo a 25 años con el euribor de septiembre (5,384%, menor a la media de octubre) más un diferencial bancario del 0,5%.
Así, el aspirante a habitar esta VPO tendría que cobrar 1.720,53 euros brutos mensuales. O 24.087,42 euros anuales, cobrando 14 pagas. Algo muy lejano al mileurismo.
Además, se amplía el salario máximo para adquirir una vivienda social a 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual con pagas extra, es decir, 47.037 euros. Las personas que cobren 3.350 euros brutos mensuales podrían comprar un inmueble concertado, pero los que ingresen 1.200 brutos lo tendrían casi imposible. Sólo podrían pagar una cuota de 400 euros, lo que equivale a una VPO de 78.464 euros.
Esto es, poco más de 13 millones de las antiguas pesetas, toda una ganga inencontrable en las grandes ciudades o sus áreas de influencia. Más aún tras la subida del precio básico de referencia del metro cuadrado de VPO (el llamado módulo), a finales de 2007.
Todo esto no ha sentado nada bien en muchas comunidades autónomas, tanto del PP como del PSOE, según han relatado fuentes de la Conferencia Sectorial de Vivienda a este diario.
Así, la advertencia del Ministerio de Vivienda sobre el esfuerzo máximo va dirigida a las comunidades autónomas (CCAA), que serán las que “habrán de tenerla en cuenta”.
La ministra, Beatriz Corredor, ha chocado con algunas autonomías , porque en el anterior borrador se ponía como condición obligatoria para acceder a un piso protegido no dedicar más del 40% de los ingresos al pago de la cuota hipotecaria.
Esto “dejaba fuera a las rentas bajas”, señala Juan Van Halen, director general de Vivienda de la Comunidad de Madrid. “Quieren fijar como sea un límite concreto de ingresos, pero muchas CCAA nos hemos opuesto porque eso es muy complicado”.
De ahí la eliminación de esta obligación en el apartado de “condiciones de los beneficiarios” del nuevo documento y su inclusión en otro apartado y de forma más sutil (el término “debiera” es ambiguo) pero más drástica (un máximo del 33% en lugar del 40%). “Se plantea una obligación, pero suavizada”, afirma Van Halen.
Los promotores, por su parte, podrían verse perjudicados. Según sus datos, sólo deberían construir viviendas concertadas “en las áreas periféricas de las ciudades”. Una VPO media se vende por “unos 180.000 euros” allí, especifica Guillermo Chicote, presidente de patronal APCE. “Y es donde se construye ahora”. Estos pisos acarrean 917,61 euros brutos de cuota, 2752,83 euros de salario mensual y 38.539,62 euros anuales. Sólo podía tratarse de un piso concertado, porque para acceder a una VPO en régimen general el máximo de ingresos permitidos es 4,5 veces el IPREM: 32.564 euros.
¿Cuál puede ser el motivo de esta posible medida?
Los expertos han mostrado en los últimos días su sorpresa por el interés del Ministerio de Vivienda en fijar un porcentaje mínimo de los ingresos que deben destinar los adjudicatarios de viviendas protegidas al pago de la cuota mensual.
En el primero de los borradores del Plan Estatal de Vivienda (PEV) con los que trabajan el Ministerio y las comunidades se especificaba que “no podrá dedicarse a la adquisición de vivienda más del 40% de los ingresos”. En el segundo se estipula un tercio de las ganancias (33%). Juan Van Halen, director general de Vivienda de la Comunidad de Madrid, hace hincapié en las posibles intenciones de la ministra Beatriz Corredor: “Subyace que el Ministerio quiere incluir en el PEV una frase del tipo ‘no se puede hacer un esfuerzo superior a…’, pero no se hace de forma tan categórica, sino que se deja ver que es una medida que se está sopesando”.
Lucio Rivas, director del bufete Urbe Asesores y técnico urbanista, señala más posibles causas: “No es por la dificultad de acceso al crédito hipotecario, algo complicado en la actualidad, sino por un argumento más interesado y menos altruista. En definitiva, se hace para garantizar que los adquirentes puedan acreditar que disponen de fondos para pagar a la administración las viviendas de promoción pública que ésta les vaya adjudicando”. Así, se evitarían “impagos por personas cuyos ingresos presumiblemente vayan a ser muy justos, según criterio de la administración”, apostilla Rivas.
* Rebelión - Agencias - 19.10.2008
