MALLORCADIARIO* : La Asociación de Vecinos la Gruta 300 de El Molinar, que ha presentado alegaciones a la construcción de más de 600 viviendas en este barrio, en Son Bordoy, insiste en que el Ayuntamiento de Palma debe parar esta "aberración" urbanística, que es un "despropósito social y atenta contra la armonía territorial" del barrio.
En sus alegaciones, los vecinos piden la "retirada inmediata del proyecto", e informan que han solicitado una reunión del Consell de Barri para tratar con las autoridades municipales este asunto.
Esta asociación exige que el Ayuntamiento "informe verazmente" a los vecinos de todo proceso de ejecución del proyecto, así como de la propia postura de Cort respecto al mismo.
Esta asociación entiende que, dado el "enorme" impacto ambiental, social, territorial y paisajístico "sin sentido" que tiene Son Bordoy, los vecinos de El Molinar deben expresar su opinión en el Consell de Barri.
Prácticamente, se recuerda en el comunicado emitido este domingo, todas las asociaciones vecinales están en contra de este "macroproyecto" urbanístico.
Por último, La Gruta 300 quiere recordar que ha sido la única asociación vecinal que ha acudido a todas las reuniones sociales y políticas que, sobre este tema, se han tratado en los diferentes foros.
"El Ayuntamiento debe responder a las demandas de los vecinos y no dejarse llevar por intereses electoralistas; si así lo hace, la alcaldesa, Aina Calvo, volverá a incumplir lo que no se cansa de decir: que "la ciudad es de los palmesanos", señala la asociación.
* Mallorca Diario - 10.01.10
Foto: Palma de Mallorca - wikimedia.org
Palma: Los vecinos insisten a Cort que pare la "aberración" de Son Bordoy
El feísmo también salpica al Camino de Santiago
LAVOZDEGALICIA* : Tendrían que limpiar un poco el río. Es una pena que los plásticos estén por el cauce, enrollados en los matorrales». Una pareja de peregrinos de Ourense hicieron ese comentario el jueves. Fue por la mañana después de haber seguido la ruta, en paralelo al río, desde Samos hasta la villa lucense de Sarria. Pero no fue el único tramo en el que hallaron los envoltorios de las alpacas de hierba seca surcando los campos y las riberas.
Tampoco fue el único lugar en el que se toparon con construcciones que alcanzan las cuatro alturas, como en Triacastela, u otras desnudas que muestran al caminante el ladrillo desgastado por el paso del tiempo, como en Ayán, un pueblo ubicado a pocos kilómetros del monasterio benedictino de Samos. Es que el feísmo galaico es un fenómeno que parece haberse enquistado también a lo largo de la ruta jacobea.
Un recorrido por la vía francesa entre O Cebreiro y Santiago es suficiente para comprobar cómo los monumentos históricos y los paisajes que han contribuido a convertir la ruta en uno de los grandes atractivos turísticos de la comunidad van intercalándose con construcciones tradicionales ampliadas con ladrillo, extrañas figuras de cemento, grafitis propios de un entorno urbano como el metro de Nueva York, somieres que hacen las veces de cierre de finca, bañeras con dotes de abrevadero o flechas amarillas impresas sobre bloques. Todos ellos son algunos de los puntos negros que se extienden por la ruta a su paso por Galicia.
Incluso hay tramos donde los peregrinos avanzan en paralelo a polígonos industriales. Ocurre en el parque de A Gándara, en Melide. También en O Pino, donde pese a que la obra está ahora paralizada, los caminantes pueden tocar el vallado que marca los lindes del polígono y observar de cerca el desmonte.
Ante este escenario hay arquitectos como el coruñés Alberto Unsain que urgen la puesta en marcha de un plan integral de protección del Camino semejante al que ahora han establecido para el litoral. «El Camino es el bien inmaterial más importante que tiene Galicia y no tiene que estar a la espera de que cada concello lo proteja», explica.
La Xunta trabaja en ello, pero los pasos son lentos. Porque, como apunta el también arquitecto Carlos Quintáns, la heterogénea arquitectura que bordea la vía «es un problema de educación». Por eso es importante, a su juicio, realizar una actuación integral que ejemplifique que pueden hacerse reformas por poco dinero.
Actualmente el decreto específico para la ruta francesa que desarrolla la Lei de Protección dos Camiños de Santiago de 1996 establece una distancia de diferentes grados de protección que van desde los tres a los treinta metros. Dichas marcas se extienden hasta los 300, cuando se trata de asuntos relacionados con el paisaje.
La estructura de protección parroquial que establece la ley actual parece no ser bastante. Uno de los miembros de la Comisión de Patrimonio do Camiño de Santiago de la Xunta, Antón Pombo, explica que están trabajando en una nueva delimitación de la ruta y en la recuperación de trazos históricos de las vías jacobeas. «Os lindes novos están feitos, agora hai que revisalos e aprobalos. Logo farase un plan de protección para cada un dos camiños, pero son moitos quilómetros e leva tempo», apunta. La intención, en principio, es tener listo el de la vía francesa este año.
* La Voz de Galicia - 11.01.10
Foto: Vitor Mejuto, lavozdegalicia.es
Un PAI de Callosa urbanizará una parte de suelo protegido
ELPAÍS/Alicante* : Eran antiguos bancales ganados a la montaña y recuperados nuevamente por la vegetación sobre cuyo suelo está proyectado un PAI que levantaría 112 viviendas unifamiliares. Ecologistas en Acción alegó el sábado contra la pretensión de la empresa Els Pinets de la Font, SL, de construir un PAI en el sector conocido como número 13 Pinets del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Callosa d'En Sarrià.
Esta zona, de 86.694 metros cuadrados y alejada del casco urbano, era suelo no urbanizable hasta la redacción del actual PGOU, aprobado en 2007 y que cambió la consideración del terreno a urbanizable, según recuerda Carlos Arribas, portavoz de la organización ecologista en Alicante.
El colectivo conservacionista, entre los distintos argumentos que esgrime en su oposición al programa urbanístico, subraya la alta calidad paisajística de esta zona ocupada en su mayor parte por pinar adulto y del ámbito que lo rodea. Deja claro, en este sentido, que el sector contiene suelos afectados en parte por dos figuras de protección ambiental: un segmento se incluye dentro del Lugar de Importancia Comunitaria "Aitana, Serrella i Puig Campana" y parte de la zona norte también está recogida en la Zona de Especial Protección para las Aves "Les Muntanyes de la Marina" (ZEPA). Esta última figura fue declarada por acuerdo del Consell el pasado día 5 de junio de 2009.
Ecologistas en Acción denuncia, por otro lado, que entre la documentación presentada en la alternativa técnica de la opuesta de PAI "no existe el preceptivo Estudio de Integración Paisajística" que exige la normativa urbanística valenciana.
El colectivo ecologista califica el desarrollo urbanístico de esta zona de La Marina Baixa como "insostenible medioambientalmente" y recuerda que el propio Ayuntamiento de Callosa d'En Sarrià admitió en acuerdo plenario de 29 de julio de 2004 que el desarrollo urbanístico de este sector sería "ambientalmente muy agresivo". Por ello, en su última alegación, los ecologistas solicitan al Consistorio, del PP, que "inicie el proceso de reclasificación de ese sector a suelo no urbanizable de especial protección atendiendo a sus valores ambientales, paisajísticos y forestales mediante una modificación puntual del PGOU" de la localidad.
* ELPAIS.com - 11.01.10
Foto: Callosa (Alicante), ayuntamiento - comunitatvalenciana.com
Santa Cruz: El Plan tiene el doble de casas fuera de ordenación que Marbella
LAOPINIÓN/Tenerife* : La controversia surgida en torno a la figura urbanística de fuera de ordenación parece surgir de que se trata de uno de los términos menos estudiados de esta disciplina. Así al menos lo señala el catedrático de Construcción Arquitectónica en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Carmelo Padrón, quien indica que nos encontramos ante una figura con mil y una caras.
Por ello, el que también ejerció como viceconsejero de Medio Ambiente en el último ejecutivo regional presidido por Jerónimo Saavedra y como director de Urbanismo en el Ayuntamiento de la capital grancanaria cree que se hace imprescindible que los planes generales delimiten al máximo y caso por caso las consecuencias que tiene su aplicación en cada una de las viviendas.
Y es que fuera de ordenación abarca un número muy amplio de situaciones. Desde los inmuebles que van a ser expropiados para la construcción de una obra pública hasta la que se queda incluida en esta figura al incumplir alguna norma urbanística por nimia que sea. No obstante, Padrón no duda en que efectivamente sea como sea siempre se causa un daño "objetivo" al propietario que ve afectado su derecho a la propiedad y que muchas veces se plasma en que las propias entidades financieras se niegan a conceder hipotecas.
Préstamos. "Efectivamente, se produce una pérdida de valor patrimonial y se crea una evidente inseguridad jurídica por mucho que se asegure lo contrario", indica el catedrático. Lo ocurrido en Santa Cruz, donde no han trascendido casos de negativas de bancos a conceder préstamos, tal vez no se puede volver a repetir. Padrón considera que a partir de estos momentos lo más seguro es que a las entidades financieras no les van a pasar desaparecidos estos datos. Incluso, Padrón estima que la propia administración debe indemnizar a los propietarios, cuyas propiedades quedan bajo esta catalogación. En Las Palmas de Gran Canaria se optó por aplicar la figura de la edificación agotada, por ejemplo, en uno de los edificios de mayor altura de la capital.
Padrón considera que lo ocurrido en Santa Cruz podrá reproducirse a partir de ahora en otros muchos puntos del país, ya que ahora los ciudadanos empezarán a preocuparse por la situación de sus viviendas en el planeamiento, lo que hasta ahora no había ocurrido, seguramente porque nadie sospechaba que de un día para otro su vivienda quedase bajo esta catalogación.
Y es que el problema de fuera de ordenación se repite ya en prácticamente todos los puntos de la geografía nacional. El debate ha sido especialmente intenso en Marbella, donde el nuevo Plan General de Ordenación (PGO), a punto de ser aprobado de forma inmediata, se tuvo que enfrentar a una bolsa de 18.000 viviendas fuera de ordenación. La mitad de las que se presuponen en Santa Cruz.
El esfuerzo de los redactores del planeamiento ha hecho que se haya dado solución a más del 90 por ciento de los casos. Se trataba de edificios construidos sobre zonas verdes, lo que había dado lugar a la imputación de varios y sucesivos alcaldes y concejales de Urbanismo. Estas viviendas ocupaban casi dos millones de metros cuadrados que se corresponden con las licencias ilegales que se dieron en aquel momento. La solución adoptada fue la cesión del suelo por parte de los promotores que se beneficiaron en su día de la situación de ilegalidad que campó por sus anchas en el Ayuntamiento. Alrededor de 250 empresarios se avinieron a negociar la legalización de cada una de las promociones.
El problema ha tenido también su enjundia en Bilbao, donde se han dado varios supuestos. El último y quizás más llamativo fue el de decenas de viviendas de cinco barrios que quedaron fuera de ordenación por la construcción de un gran puente. En ese caso los vecinos tampoco sabían nada de lo ocurrido hasta que se enteraron casi por casualidad y a partir de aquí hicieron valer sus derechos.
Pero poco que ver con lo ocurrido en Santa Cruz de Tenerife. De hecho, en la capital vasca se conocían las protestas llevadas a cabo aquí y sus motivos. Así lo indica el director del Planeamiento de Bilbao, Mauro Valdivieso, quien informa que en esta ciudad manejan cuatro supuestos de fuera de ordenación. Uno de ellos es precisamente por edificios que superan la altura permitida en el planeamiento. Dentro de los que se detectan en esta ciudad, no es el más grave. Aquí se ha optado también por permitir el máximo de obras y flexibilizar hasta el límite de lo imposible la legislación con el fin de afectar lo menos posible a los vecinos. Luego existe la figura de las edificaciones fuera de ordenación "expresa", quizás la más radical en cuanto se incluyen en esta categoría las edificaciones que van a ser demolidas para la construcción de obras públicas.
No es raro que sea la que más problemas ha traído. En este caso es cuando el supuesto de fuera de ordenación se aplica con más rigor. Sin embargo, la cifra de edificios afectados apenas alcanza la decena que son los que tendrán que ser demolidos para construir un puente que unirá Bilbao y Deusto.
Valdivieso indica que en la capital vasca han intentado que la legislación urbanística sea lo más tolerante posible con los afectados por esta carga. Ocurrió también con los vecinos de otro barrio que tenían dificultades para acceder a sus viviendas situadas en plena ladera. En este caso, se ha apostado por la reubicación de los ciudadanos en lugares situados en el entorno con el fin de evitar el desarraigo social.
La circunstancia más parecida a lo que ocurre en Tenerife es la fuera de ordenación diferida pero no se sabe tampoco a ciencia cierta cuantas edificaciones se incluyen en la misma. En el caso de Bilbao son una serie de edificios con una planta más de la permitida en los sucesivos planeamiento y que además fueron construidos con licencia. Tal cual como ocurre en SantaCruz.
Sin embargo, en la Gerencia de Urbanismo de Bilbao se subraya que hasta ahora no han tenido problemas con sus ocupantes ya que han optado, al igual que ocurrió en la capital tinerfeña gracias a la presión popular, por permitir al máximo las obras que se pueden ejecutar. El horizonte en el que se plantea que podrá tener alguna consecuencia será al final de la vida útil del inmueble.
En Bilbao han presentado problemas también determinadas unidades de ejecución situadas en áreas que anteriormente ocupaban las industrias y donde se han localizados núcleos urbanos sin orden alguno.
Pero el problema de fuera de ordenación se ha localizado también en Córdoba por edificios construidos en suelo rústico. O por ejemplo en la localidad madrileña de Alcobendas donde el Ayuntamiento se ha visto en la obligación de emitir una ordenanza específica para regular esta figura desgajada incluso de su propio Plan General. En este caso se estipula que los edificios fuera de ordenación serán todos aquellos erigidos antes la aprobación del vigente Plan General que resultan disconformes con el mismo en cuanto a las condiciones de edificación o el uso al que está destinados. En la ordenanza se distingue entre las instalaciones, construcciones y edificaciones totalmente incompatibles con la nueva ordenación o las parcialmente incompatibles. En todos estos casos se vuelven a poner sobre la mesa las mismas limitaciones para la ejecución de obras en todas sus variantes como ha ocurrido en otros puntos del territorio nacional.
Lo que parece claro es que la figura de fuera de ordenación esconde en su interior numerosas caras y recovecos lo que ha dado lugar a que los afectados e inclusos estudiosos se enzarcen en mil y unas discusiones para determinar su alcance real y consecuencias.
También parece meridianamente claro que Santa Cruz se ha convertido, casi sin quererlo en pionera a la hora de plantear los problemas que pueden tener los ciudadanos afectados por esta catalogación. Hasta ahora prácticamente nadie había reparado en la magnitud del problema que los propios redactores del planeamiento de Santa Cruz han llegado a calificar de "intenso".
Los miembros de la Plataforma surgida en Tenerife y cuyo movimiento parece haber trascendido ya los límites de la isla indican que se afecta tanto a los derechos sobre la propiedad futura como sobre la actual. No creen que sea necesario esperar treinta años para que los propietarios vean como sus viviendas se devalúan y reducen a escala liliputiense.
La ley garantiza el máximo de información
Desde junio del año 2008, fecha de la última Ley de Suelo promulgada en España, cada vecino tiene el derecho a intervenir de modo efectivo en la elaboración del correspondiente Plan General de Ordenación (PGO) de su ciudad, así como en la evaluación ambiental de sus impactos. Podrá hacerlo no sólo a través del hasta ahora método habitual de las alegaciones, sino también a través de observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas a las que se obliga al Ayuntamiento a dar respuesta de forma "razonada". Es más, en la legislación se apunta que en caso de detectar incumplimientos urbanísticos o medioambientales, cada ciudadano contará con garantías procesales y podrá ejercer ante un tribunal de lo contencioso-administrativo una acción pública y no solamente una acción particular. En virtud de todo ello, especialistas en derecho urbanístico consideran que la última ley del ejecutivo central supone un paso de gigante en la ordenación de las ciudades y territorios al reconocer por primera vez a los ciudadanos derechos que hasta ahora se hallaban indefinidos o dispersos en otras normas legales. Esta nueva legislación que es un texto refundido o definitivo que vio la luz en los meses del pasado verano garantiza el máximo de participación ciudadana en todo el proceso de elaboración de los planes generales y a la hora de ofrecer toda la información posible a los vecinos que así lo demanden. No parece claro si el PGO de Santa Cruz incluye estos extremos, por ejemplo se sabe que en el caso de Gijón, donde también se tramita su planeamiento ,no se hizo.
* La Opinión Tenerife - 11.01.10
Foto: Vecinos protestando contra el Plan General de Santa Cruz a las puertas del Ayuntamiento. Jonay Rodríguez, laopinión.es
