+-+comunitatvalenciana.com.jpg)
INFORMACIÓN/Alicante* : La Plataforma Ciudadana Orihuela Sin Murallas no descarta cortar las vías del tren para reivindicar el soterramiento a su paso por Orihuela. Fuentes de este colectivo indicaron que se trata de acciones de protesta que deben acordarse a partir de ahora. Los principales representantes de este colectivo realizaron una reunión en la que se valoró muy positivamente la respuesta ciudadana del domingo a la reclamación del Ave.
Sin embargo, el día después a esa multitudinaria manifestación ha abierto muchas interrogantes. El portavoz de Orihuela Sin Murallas, Quintín Gómez, lamentó la total la ausencia de reacciones institucionales a la respuesta ciudadana desde el Gobierno Central y Autonómico. Este colectivo, con más de doscientos socios y que en 2006 logró aunar a miles de personas en la calle y recoger siete mil firmas contra el modelo de Fomento, tiene previsto reunirse con el concejal de Urbanismo, Antonio Rodríguez Barberá y la oposición para resolver si el tono reivindicativo que van a sostener lo ejercerán en solitario o con el apoyo de los grupos políticos. Gómez indicó que ha causado un gran malestar la retirada de los más de 200 carteles que reivindicativos del soterramiento de la Glorieta Gabriel Miró tras la protesta. "No lo entendemos. Queremos que la gente que venga sepa que la reivindicación sigue en pie".
* Información - D.P. - 26.12.2008
Foto: Orihuela (Alicante) - comunitatvalenciana.com
Orihuela Sin Murallas se plantea más movilizaciones y cortar las vías del tren
El TSJ de Castilla y León vuelve a rechazar el Plan de Saneamiento de Campo Azálvaro
,+urbanizaci%C3%B3n+Campo+Az%C3%A1lvaro+-+aviladigital.com.jpg)
ÁVILADIGITAL* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha vuelto a rechazar el Plan de Saneamiento de Aguas Pluviales de las urbanizaciones proyectadas en la zona de Campo Azálvaro. El primer plan fue aprobado por el Ayuntamiento de Santa María del Cubillo en 1989 y posteriormente fue rechazado por el TSJ.
Tras esto, según afirma Carlos Bravo, presidente de la asociación ecologista Centáurea, la Consejería de Fomento dio orden a la Comisión Territorial de Urbanismo, en junio de 2005, de aprobar dicho trámite como una modificación no sustancial.
Según la nueva normativa, los vertidos ya no irían a parar al embalse de Voltoya o Serones -principal fuente de abastecimiento de agua de Ávila capital-, sino que se canalizaban hasta superar el pantano. Sin embargo, asegura Bravo, esa zona es un área crítica de la cigüeña negra.
Recurso
Por estos motivos, Comisiones Obreras (CC OO) y Centáurea –junto con otros organismos, como el Ayuntamiento de Ávila- recurrieron en febrero de 2007 dicho plan, y ahora el TSJ de Castilla y León les da la razón, al entender que debe tramitarse como un nuevo proceso y no como una modificación -lo que evita que pueda salir a información pública-. La sentencia, contra la que sí cabe recurso en el plazo de diez días, retrotrae el proceso al año 1989, ya que “todo lo que ha pasado desde entonces ha sido anulado”, afirma el representante de Centáurea.
En su opinión, es algo “disparatado intentar urbanizar en esta zona de Campo Azálvaro”, ya que las construcciones previstas -que suponen tres planes parciales y 2.370 viviendas- se encuentran a 16 kilómetros del casco urbano de Santa María del Cubillo, se sitúan en un área con “malas” condiciones meteorológicas, e incumplen las normativas medioambientales. Todo esto se une a que “el trámite seguido está totalmente viciado”.
Bravo también señala que la sentencia vuelve a rechazar el argumento esgrimido por el Ayuntamiento y la promotora de que el proyecto no está sujeto a las leyes sobre Medio Ambiente actuales porque se inició en los años 80.
Protección especial
Por otra parte, CC OO y Centáurea han denunciado que, un año después de realizar la petición, no han recibido respuesta sobre su solicitud de declarar a la zona de Campo Azálvaro como Paisaje Protegido.
“No sabemos nada por parte de la Junta de Castilla y León”, lamenta Carlos Tomás, responsable de Medio Ambiente de CC OO Ávila, quien asegura que ya se han recogido más de 2.000 firmas de apoyo a una propuesta respaldada por distintos organismo, desde el Ayuntamiento de Ávila –que aprobó una moción en este sentido- a GreenPeace o WWF / Adena.
* Ávila Digital - Pablo Garcinuño - 26.12.2008
Foto: Santa María del Cubillo (Ávila), urbanización Campo Azálvaro - aviladigital.com
El Puerto de Vigo tala y asfalta 40.000 metros junto al mar para contenedores
ELPAÍS* : El espacio se agota y el Puerto de Vigo tira de lo que tiene para almacenar contenedores. Aunque esté junto al mar y forme parte de la Red Natura. Es el caso de Rande, en el antiguo muelle de Duchess, donde la entidad que preside Jesús Paz ha talado y asfaltado 40.000 metros cuadrados para aliviar la falta de espacio que asfixia a la plataforma de Guixar, donde se concentra el tráfico de portacontenedores. La obra cuenta con una firme oposición vecinal.
Los detractores denuncian además defectos de forma. De un lado, que no ha sido sometido a información pública ni a declaración de impacto ambiental. De otro, que carece de permiso del Ayuntamiento de Redondela, en cuyo término municipal se ejecutan casi la mitad de las obras.
La Plataforma en Defensa da Ensenada de San Simón ha trasladado la denuncia a la nueva Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, que depende de la Consellería de Política Territorial. Los trabajos de acondicionamiento comenzaron en septiembre. Los afectados se dirigieron entonces al Ayuntamiento de Redondela, para saber si tenía conocimiento del proyecto. Las autoridades municipales confirmaron la inexistencia de expediente alguno relacionado con las obras.
También quisieron consultar el proyecto en la Autoridad Portuaria de Vigo, donde les comunicaron que la naturaleza de las obras no hacen necesario un procedimiento de información pública. "No son trámites necesarios, porque se trata de obras del puerto en terrenos que le son propios a la Autoridad Portuaria. Para limpiar y asfaltar no es necesario ese trámite", afirma un portavoz de Jesús Paz. "El presidente del Puerto quiso exponer en persona el proyecto a los afectados", aseguran las mismas fuentes.
Según la plataforma de defensa de San Simón, lo que Jesús Paz hizo fue "enseñar un par de planos", sin posibilidad de formular alegaciones. Los vecinos sostienen que afecta en parte a una zona de servidumbre de protección y, de otra, a zona de servicio del Puerto de Vigo, donde la ejecución de proyectos está pendiente de la aprobación de un Plan Especial, según recordó en una reciente resolución el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica.
El puerto alega en su defensa que, antes del comienzo de las obras, la zona estaba "impracticable" de maleza. "No se va a depositar en la superficie afectada más que contenedores vacíos, con el objetivo de aliviar la zona de Guixar", añade.
La Autoridad Portuaria está gestionando la consecución de parcelas en parques industriales de nueva construcción, con el objetivo de trasladar actividades del puerto que no están relacionadas con su presencia en primera línea marítima. Pero como todavía no dispone del espacio necesario, la entidad ha optado por hacer uso de terrenos portuarios pegados al mar para aliviar la terminal de contenedores de Guixar. "En realidad, no linda exactamente con el mar", argumenta el mismo portavoz de la Autoridad Portuaria, en referencia a un estrecho sendero que separa la superficie asfaltada de la escollera marítima.
Las obras de tala y asfaltado no son la única irregularidad que denuncian los vecinos. El pasado 15 de diciembre, la concesionaria del servicio de abastecimiento en Redondela, Aqualia, comenzó a instalar una tubería de canalización de agua sin expediente administrativo tramitado en el Ayuntamiento de Redondela. Se trata de una "obra mayor", con tuberías soterradas que ocupan un camino público y parte de un monte vecinal. También incluyen la ejecución de un depósito de 1.000 metros cúbicos y otro de 300. Los hechos también han sido trasladados a la Agencia de la Legalidad Urbanística de la Xunta.
La amenaza constante
Una vieja estructura metálica recuerda todavía el uso que se le dio al embarcadero durante la Segunda Guerra Mundial. Desde esa zona de Rande (Redondela) embarcaban los cargueros el wolframio gallego destinado a la industria militar de la Alemania nazi. Después se reconvirtió en embarcadero de minerales varios, para recobrar relevancia después con otro controvertido proyecto, el de una planta de cemento que provocó una gran oposición vecinal. Los promotores tuvieron que renunciar a la cementera. La Autoridad Portuaria rescató la concesión a cambio de tres millones de euros, según datos de la plataforma de afectados.
Las constantes amenazas que acechan al muelle, conocido como de Duchess, se extienden al proyecto de reordenación y ampliación de la Autoridad Portuaria, ya durante el actual mandato de Jesús Paz, que prevé un total de 270.000 metros cuadrados de rellenos. En la zona, la ampliación hacia el mar sería de 30.000 metros cuadrados, hasta embeber el embarcadero exterior. La oposición vecinal hizo de nuevo rectificar al Puerto, aunque la Plataforma en Defensa da Ensenada de San Simón recela de sus auténticas intenciones: "Dicen que no lo van a hacer, pero no hay constancia de que hayan retirado oficialmente la propuesta".
* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - 26.12.2008
Foto: Vigo, muelle puerto - galiciadigital.com
Las viviendas ilegales se mudan de la costa andaluza a la sierra
ELCORREO* : La sierra y el interior de Andalucía han desplazado a la costa como zonas más problemáticas de la ilegalidad urbanística. Los inspectores de la Junta se afanan en luchar contra la ocupación irregular del territorio en colaboración con los alcaldes. Unos 40 ayuntamientos hacen ya recuento del número de casas levantadas en suelo no urbanizable.
Los 25 inspectores de ordenación del territorio y urbanismo de la Junta –cuerpo que tiene dos años de vida creado para perseguir los delitos urbanísticos– centran su labor en ámbitos estratégicos donde la ocupación del suelo no urbanizable pone en peligro a territorios vírgenes o se lleva a cabo sin los equipamientos necesarios. Los equipos de inspectores –que tienen consideración de agentes de la autoridad– trabajan in situ en las zonas calientes de la ilegalidad, que han salido de un estudio previo exhaustivo. Se trata, sobre todo, de municipios pequeños, de menos de 5.000 habitantes, que cuentan con muy pocos medios para luchar contra las irregularidades.
Aunque la costa sigue siendo un foco importante –en Marbella hay una actuación excepcional y el litoral de Cádiz también es problemático–, a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio le preocupa el hábito que está tomando la sierra. Ejemplos como el de Aracena (Huelva), que acaba de emerger, Castilblanco (Sevilla), la Sierra de Cazorla, Segura, Las Viñas (Jaén) y Freila y el entorno del Negratín (Granada) son algunas de las prioridades en el control urbanístico, según explicó a este periódico el director general de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, José Ortiz. La lista se completa con áreas del prelitoral que estallaron hace tiempo, como La Axarquía (en Málaga) y un poco más hacia el interior, Almanzora (en Almería). En La Axarquía –comarca formada por 31 municipios– se calcula que hay unas 10.000 casas ilegales y ya se ha derribado la primera.
Las construcciones irregulares suelen escapar de las capitales porque ahí no abunda el suelo no urbanizable. El ejemplo más acuciante son las viviendas de Medina Azahara en Córdoba, levantadas en el entorno arqueológico. Saber la cifra de las casas ilegales en Andalucía es “imposible”, según Ortiz, pero es un objetivo de la Junta. Para ello han trasladado a los ayuntamientos un inventario para que hagan recuento de las construcciones fuera de la legalidad. Unos 40 consistorios están ya elaborándolo, al igual que los respectivos planes de inspección municipales, para cumplir con sus competencias.
Y es que el Gobierno andaluz tiene que jugar un papel subsidiario, es decir, de apoyo, al ayuntamiento. “Nosotros podemos, de forma elegante pero no ofensiva porque somos los recién llegados, proponerle al consistorio medidas para que cumpla con su labor de control urbanístico. La gran mayoría se muestra dispuesto a colaborar”, asegura el director general de Inspección. Pero, ¿qué ocurre cuando un municipio se niega, por ejemplo, a ejecutar una demolición? “Entonces interponemos un contencioso, pero no es lo habitual”, añade.
La Junta gana el 85% de las demandas urbanísticas que interpone, pero José Ortiz argumenta que al Gobierno lo que le interesa es actuar antes para evitar llegar a juicio. “Los recursos tardan cuatro o cinco años y luego hay que esperar a que se tramite la ejecución de la sentencia. Preferimos que la labor de la inspección se mida en cuántos contenciosos se han eludido”, dice.
Apoyo al alcalde. El trabajo del inspector debe realizarse siempre mano a mano con el alcalde. Cuando se detecta una licencia ilegal –puede ser a raíz de la denuncia de un particular–, el técnico tiene que conseguir que el ayuntamiento paralice la obra. Si el propietario no hace caso de la orden del regidor, la Junta instará al fiscal a que actúe contra él. Si las casas ilegales están ya construidas e incluso habitadas, se abren dos posibilidades: con el planeamiento, el ayuntamiento podrá legalizar algunas y el resto tendrá que demolerse. Esta debe ser la última opción porque, como señala Ortiz, “la sociedad no entiende que nuestra función sea tirar casas donde viven familias sin que hayamos sido capaces de parar esa construcción antes”.
Buena parte de la tarea de los inspectores es concienciar a la sociedad de que es importante que se acate la ley urbanística. “Hace 20 años, esto no le importaba a nadie”, recuerda el director general de la Junta. Cree que en Andalucía existe la tendencia desde hace décadas “de ocupar los suelos bonitos”, pero advierte de que esta práctica le sale muy caro a los vecinos que sí cumplen las normas. “Son ellos los que terminan pagando los equipamientos de las casas ilegales”, afirma.
En definitiva, el cometido de estos trabajadores públicos es vigilar que los PGOU se llevan a buen puerto y verificar que los suelos destinados a VPO en el plan general se dedican a ese fin. En 2009 se incorporan 11 plazas y antes de que acabe este año saldrá la nueva orden de inspección 2008-2012, que fijará los criterios preferentes en las demoliciones y ampliará la colaboración con las diputaciones.
* El Correo de Andalucía - Mónica Ureta - 26.12.2008
Foto: elcorreodeandalucia.es
El PGOU de Fontanars prevé un plan privado de urbanización con golf
+-+valenciaterraimar.org.jpg)
ELPAÍS/Valencia* : La pequeña localidad valenciana de Fontanars dels Alforins ubicada en una planicie de La Vall d'Albaida conocida como La Toscana valenciana, vuelve a estar en el punto de mira de los especuladores. Allí, promotores privados quieren construir una urbanización de lujo con más de un centenar de chalés y campo de golf.
Una iniciativa privada que el gobierno municipal, del PP, ha hecho suya hasta el punto de incluirla en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ya sometido a exposición pública y cuyo periodo de alegaciones concluye el sábado 27 de diciembre. El nuevo planeamiento urbanístico incluye al efecto la clasificación de algo más de 100.000 metros cuadrados de suelo rústico alejados del núcleo principal para convertirlos en un área residencial de baja intensidad con campo de golf.
Ante este proyecto, las alarmas se han disparado de nuevo en Fontanars. Como hace ahora casi cuatro años, cuando, también por iniciativa de un fuerte empresario de la zona, se proyectó una gran urbanización de 800 viviendas con campo de golf. La diferencia, ahora, es precisamente la inclusión del proyecto en el documento del nuevo Plan General, un instrumento de planificación en el que, en teoría -según la ley-, sólo se deben contemplar los intereses generales y que debe dictar las líneas generales del desarrollo urbanístico, pero no que no puede incluir proyectos puntuales y menos a instancia de un interés privado.
Al margen de este detalle -que ya sería suficiente, según técnicos urbanistas, para rechazar la iniciativa- este nuevo proyecto urbanístico en Fontanars dels Alforins adolece de los mismos problemas que el que se intentó en 2005. Porque Fontanars continúa en el mismo sitio -una zona de alto interés ecológico y paisajístico, con áreas de especial protección incluidas en el lugar de interés comunitario (LIC) 62 de la Red Natura 2000-; sigue teniendo los mismos problemas de abastecimiento de agua que hace ahora casi cuatro años y sus habitantes ven con recelo este nuevo intento de colonización de una parte de su territorio. Lo único que ha cambiado desde entonces es que en esta privilegiada zona, desde hace mucho tiempo dedicada al cultivo de la vid, se han creado nuevas explotaciones para la producción de unos vinos que, desde hace unos años, han acrecentado la fama de los caldos de Fontanars.
El nuevo proyecto urbanístico se sitúa a Levante del pueblo de Fontanars -que apenas llega al millar de habitantes-, muy cerca de las conocidas como les casetes de Vidal, un caserío típico de jornaleros del siglo XIX, cuyos moradores han dado la voz de alarma. Temen perder no solo sus viviendas, sino, sobre todo, su forma de vida y su paisaje. Algunos propietarios de la zona han recibido ya ofertas de compra de sus propiedades. La mayoría se ha negado a vender.
También el lobby enológico de la zona -del que forman parte afamados productores de vinos- se muestra en desacuerdo con el proyecto.
Pero, como ya sucediera en 2005, el alcalde, Vicent Ribera, del PP, ha apelado al "progreso". Palabra mágica en la que se apoya para justificar el proyecto, que, según ha defendido ante el foro de participación ciudadana del pueblo, es "una apuesta para desarrollar la economía" de la localidad. Mientras, la oposición socialista rechaza el proyecto, critica que el PP quiera llevarlo adelante sin consenso y ha invitado a los ciudadanos a presentar alegaciones. Los socialistas no se oponen a una nueva urbanización, pero proponen que se haga a continuación del pueblo actual, como una extensión del mismo y no mediante la creación de un núcleo aislado. Donde le convenga al pueblo, no donde quieran, con el apoyo del PP, los promotores privados.
* ELPAIS.com - JUANJO GARCÍA DEL MORAL - Valencia - 26/12/2008
Foto: Fontanars (Valencia) - valenciaterraimar.org
