PÚBLICO* : Un año después de que el Ministerio de Vivienda aprobara la primera medida para animar a que los promotores convirtieran pisos de hasta un año que no venden en viviendas de precio protegido, las inmobiliarias han presentado menos de 5.685 solicitudes. A éstas se añaden las peticiones correspondientes a medidas aprobadas por las comunidades autónomas, añadidas a la estatal, como las 1.300 viviendas que se transformarán en pisos de precio concertado catalán o los 120 en Cantabria al precio concertado autonómico, ambos a medio camino entre el libre y el protegido.
En total, son 7.105 pisos que se convertirán en viviendas de protección oficial (VPO), según los datos recabados por Público en todas las comunidades, que son las que tienen las competencias en vivienda. El ministerio asegura que no tiene datos y tampoco los dan Galicia, Murcia, Canarias y Castilla y León. En Aragón, Asturias, Madrid, Extremadura, Navarra, La Rioja y País Vasco, no se ha registrado ninguna conversión a VPO.
Esta cifra equivale a sólo el 1% de las 651.427 viviendas iniciadas en 2007, con lo que a lo largo de 2008 iban a tener un año y, por tanto, cumplían la condición para poder transformarse en VPO. Además, esos 7.105 pisos contrastan con el stock de los que están sin vender, que supera el millón: por un lado, hay 783.061 pisos que esperan comprador, al cierre de septiembre, más los 247.446 inmuebles que ya lograron visado entre enero y noviembre de 2008 para empezar a construirse. El balance no deja de ser llamativo ya que el parón de ventas que sufren las inmobiliarias desde septiembre de 2007, se ha agravado con la crisis financiera y económica y muchas de ellas están al borde de la agonía.
Algunas comunidades apuntan como culpable al escaso interés de los promotores en las zonas caras, donde aún pueden afinar precios. Fuentes del sector admiten ese desinterés porque, en muchos casos, "las inmobiliarias optan por bajar directamente los precios y se ahorran el trámite de pasar las viviendas a VPO; además libran al comprador de la obligación de vender luego su piso a precio protegido".
No obstante, las estadísticas no reflejan aún esas rebajas significativas del 30% que han empezado a hacer algunas cajas con su cartera de inmuebles.
La mitad, en Andalucía
La comunidad donde más éxito ha tenido la medida para absorber stock es Andalucía, con 3.663 pisos solicitados para convertir en VPO, de los que 1.403 ya tienen calificación. Almería está en cabeza (1.484 inmuebles), en cambio, en Sevilla sólo hay 149 solicitudes y en Málaga, 138.
Le sigue Castilla-La Mancha, que ya ha calificado 800 viviendas libres como pisos protegidos desde que en enero de 2008 se aprobó el decreto del ministerio. Además, el Ejecutivo regional lanzó las viviendas de iniciativa público-privada para alentar a los promotores a convertir en VPO parte del stock.
En Cantabria, los promotores han pedido que 494 pisos nuevos de precio libre pasen a VPO, a los que se unen otros 120 a precio concertado autonómico, y en Baleares, de los 570 pisos calificados como VPO, 373 proceden del mercado libre. Les sigue el País Valenciano, que fue unas de las primeras autonomías que adoptó la medida estatal y en 2008 ha concedido la calificación de VPO a 355 viviendas. Además, en el nuevo plan de vivienda permitirá calificar como VPO de precio concertado pisos de hasta 150 metros cuadrados, frente al tope estatal para recibir ayudas de 90 metros.
* Público - SUSANA R. ARENES - Madrid - 02/02/2009
Fracasa la conversión de viviendas libres en protegidas
Baena: Citan a cuatro imputados por presuntos delitos urbanísticos
DIARIODECÓRDOBA* : El juez titular del juzgado de primera instancia e instrucción de Baena llamó ayer a declarar a los cuatro imputados en un caso de supuestas irregularidades urbanísticas en el Ayuntamiento de la localidad. Los cuatro imputados (dos ex concejales y un actual concejal del PSOE y un funcionaria municipal) deberán explicar al juez el próximo día 18 si dieron el visto bueno a la ejecución de reformas sin licencia de obra en al menos una docena de parcelas e inmuebles del pueblo.
El juez debe determinar en última instancia si desde el Consistorio se ha dado el visto bueno a prácticas que no se adecuan al planeamiento legal urbanístico del municipio.
Fuentes de la defensa insisten en la legalidad de todos los casos denunciados, en los que se procedió a la paralización de las obras y su posterior sanción urbanística, si bien es cierto que no se ha ejecutado ningún derribo en esta localidad. Las presuntas irregularidades urbanísticas sucedieron entre los años 2002 y 2004 en el término municipal de Baena y fueron denunciados el 28 de junio del 2007.
Esta causa se juzga separada del conocido caso de las facturas falsas , que también salpica al Ayuntamiento baenense, pero la investigación policial y la instrucción judicial han sido tangenciales en ocasiones. También comparten sendas instrucciones el escenario (el Ayuntamiento) y varios de sus actores, que han protagonizado ya varios cruces de denuncias. María Jesús Muñoz, concejal de IU, ejerce la acción popular en la causa de las facturas; mientras que ella y su esposo, Carlos Arenas, ex edil de Baena, son los denunciantes en la causa urbanística.
FACTURAS La anterior jueza de Baena ordenó escuchas telefónicas e investigaciones del patrimonio de varias empleados municipales. De forma paralela, el Ayuntamiento, gobernado por Luis Moreno (PSOE), encargó una auditoría para confirmar que las facturas cumplían los requisitos establecidos por las Bases de Ejecución Presupuestaria. El juez actual ha llamado a declarar ya a varios imputados por las facturas falsas . La defensa va a solicitar el sobreseimiento y archivo de la causa. El día 18 será el turno de la causa urbanística.
* Diario de Córdoba - 04/02/2009 IRINA MARZO
Foto: Fachada del Ayuntamiento de Baena, en una foto de archivo -SANCHEZ MORENO, diariocordoba.com
Participación, tomar el nombre en vano
JORDI BORJA* : No sé si como dice el tango 20 años no es nada, o es mucho. O quizá se cambia para que nada cambie como diría el príncipe de Lampedusa. El Ayuntamiento de Barcelona propone un referéndum sobre la conversión de la Diagonal en paseo con tranvía incluido, lo cual, evidentemente, supondrá una limitación considerable a la circulación de los automóviles. Vaya por delante que la propuesta me parece interesante y más ambiciosa de lo que parece y la idea de promover un referéndum también. Pero no es oro todo lo que reluce, una flor no hace verano y un referéndum aislado no es participación ciudadana efectiva.
Recuerdo que hace algo más de 20 años cuando se habían aprobado los reglamentos de descentralización y participación que entreincluían el derecho de los ciudadanos a promover una consulta popular, hubo algunos colectivos de barrio que se plantearon esta posibilidad respecto a proyectos concretos que les afectaban. La reacción de los concejales responsables de la cosa fue siempre la misma: ¿cómo podemos impedirlo? Como por aquel entonces yo era teniente de alcalde del tema era el que recibía esta curiosa demanda; se trataba de un derecho que habíamos aprobado por unanimidad y, además, la consulta no era vinculante. La participación de los ciudadanos en la gestión urbana ha sido algo que se ha querido y se ha temido, se ha proclamado más que practicado. En fin, es el pasado, ahora el gobierno de la ciudad ha hecho de la "proximidad" con los ciudadanos su lema preferido.
Sin embargo, practicar una gestión participativa supone a la vez integrar esta dimensión en el conjunto de la actividad pública y un estilo de gobierno que podríamos resumir en tres principios. Primero: tener una propuesta clara sobre la cual debatir. Segundo: escuchar a los ciudadanos y, especialmente, a los que han agregado sus opiniones e intereses por medio de asociaciones o entes formales o no colectivos. Tercero: asumir la decisión final debidamente motivada, dando respuesta a aquellas demandas o propuestas ciudadanas que no se hayan incorporado. Nos tememos que en este caso el gobierno de la ciudad no está muy convencido de su propuesta y busca la complicidad de la ciudadanía o la excusa para no llevarla a cabo. Excepto en situaciones excepcionales, no creo que las consultas deban ser vinculantes, deben contribuir a la deliberación e influir en la decisión definitiva, pero el gobierno no debe dimitir de sus competencias ni renunciar a su obligación de innovar.
En cambio, sí que se deben crear las condiciones para una participación continuada que permita hacer consultas populares con mayor conocimiento de causa. Los distritos debieran ser ámbitos de discusión de las políticas públicas y no sólo correas de transmisión del gobierno de la ciudad. El potencial participativo que ofrecía la descentralización aprobada entre 1983 y 1986 no se ha realizado. Los consejos de distrito debían ser elegidos (se aprobó por unanimidad) pero ni los gobiernos sucesivos, teóricamente de izquierdas y participativos, nunca las han promovido, ni la oposición las ha reclamado. Durante años se dijo que se debería esperar a que se aprobara la Carta Municipal, lo cual no era imprescindible; luego se aprobó la Carta y no pasó nada.
En la década de 1980 se propuso que en las elecciones de distrito se pudieran presentar agrupaciones de electores y candidatos individuales con el fin de favorecer la participación y la renovación de los representantes ciudadanos, lo cual la mayoría socialista de entonces no aceptó. Sin embargo, había un factor favorable a la participación: los presidentes eran propuestos por el partido más votado en el distrito y eran cargos ejecutivos. Ahora el poder ejecutivo del distrito reside en un concejal designado por el alcalde.
Un miembro del gobierno socialista de Madrid de los ochenta argumentaba que ellos lo habían hecho mejor, se habían reservado todos los distritos; le contesté que cuando perdieran las elecciones, como ocurrió poco después, se arrepentirían. Otro tema, el "presupuesto participativo": sin pretender mitificarlo sí que es una oportunidad de informarse y debatir la política municipal, pero se ha hecho de forma tan burocrática que cada año pasa sin pena ni gloria.
En resumen, hay que saludar la iniciativa de convocar un referéndum sobre la Diagonal, pero no nos hagamos ilusiones sobre que esto vaya a suponer un cambio de tendencia del gobierno municipal. Es curioso por otra parte que esta ocurrencia haya sido presentada por el alcalde socialista junto con el falso opositor de ERC, dejando de lado a IC-EUiA, los herederos del PSUC; es decir, las fuerzas políticas que desde el gobierno de la ciudad han promovido, siempre pero no siempre con éxito, las propuestas participativas como las citadas anteriormente.
En la última década el gobierno municipal más bien se ha caracterizado por dar pasos atrás en lo referente a la participación, como pasó con las lamentables normas de civismo, más propias de la extrema derecha que de un gobierno democrático. Incluso cuando propuso hace un par de años un "plan de barrios" en aras de la proximidad era evidente la voluntad de desplazar como interlocutores a plataformas ciudadanas y asociaciones vecinales, mediante figuras burocráticas (consejero de barrio y técnico en participación) que harían de pantalla entre el gobierno y la población y reducirían las problemáticas a las cuestiones de pequeña escala.
Sugerencias al margen. La revista El Carrer de la Federació Associacions de Veïns de Barcelona, informe sobre el referéndum de la Diagonal. Dos exposiciones de gran interés. Sobre el Barraquismo en Barcelona a lo largo del siglo XX, en el Museo de Historia de la Ciudad. Y en el Colegio de Arquitectos las actuaciones en 92 barrios problemáticos de Catalunya en aplicación de la Ley de Barrios.
* ELPAIS.com - Opinión - 2.02.09
