ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se hace cargo de la investigación iniciada por el Juzgado de Instrucción número ocho de Alicante por supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencia, falsedad, malversación de caudales públicos y apropiación indebida en la que están imputados el diputado y alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, aforado, miembros de la corporación, el constructor Enrique Ortiz y el gerente.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha asumido la investigación que se iniciara tras una denuncia presentada el 4 de noviembre de 2005 sobre presuntas irregularidades en la concesión de las licencias de construcción de varios aparcamientos subterráneos de Alicante. Así consta en un auto de fecha 11 de octubre que a lo largo de ocho folios explica las razones por las que la competencia pasa de un juzgado de instrucción al TSJ.
La denuncia presentada por José Luis Valdés Fernández aportaba 21 documentos que recogían la tramitación del expediente administrativo municipal sobre el concurso público convocado por el Pleno del Ayuntamiento de Alicante con fecha 17 de enero de 2003 para la construcción y explotación de tres estacionamientos subterráneos. El concurso inicial sufrió una modificación que supuso, a juicio del denunciante, un incremento de más del 20% y que se aprobó sin el informe del Consejo Jurídico consultivo obviando datos fundamentales. Quienes informaron negativamente a la modificación del contrato por el concesionario dejaron de tener cualquier tipo de competencia sobre el asunto. Un decreto del alcalde sustituyó a la dirección técnica y a la concejalía competente por la concejalía de Seguridad, ciudadanía, Tráfico y Transportes, que emitió el informe que permitía las modificaciones que quería el adjudicatario.
La Junta de Gobierno Local aprobó en sesiones de 14 de marzo y de 4 de julio de 2005, sin contar con un nuevo y preceptivo informe del servicio de Economía y Hacienda del consistorio, la ampliación de la concesión en siete años y medio. Resultado: la Junta de Gobierno aprobó unas obras que costaban un 20% más del presupuesto de Ejecución de Contrata aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. El quebranto económico se estima en 2.268.060,94 euros. Y la mercantil adjudicataria, Ortiz e Hijos, incumplió la modificación aprobada con relación a la estructura perimetral del estacionamiento que se ubica en la calle de Hermanos López de Osaba, beneficiándose económicamente de ello.
Tras las diligencias practicadas en el juzgado de instrucción de Alicante, se imputó a Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante, diputado autonómico y por tanto aforado; Antonio Escobedo Moya, jefe del departamento Técnico de Tráfico y Planificación viaria; Enrique Tomás Ortiz Selfa, responsable de la mercantil Ortiz e Hijos (mercantil que compró terrenos a Terra Mítica en el proceso de suspensión de pagos y se prepara para urbanizar el entorno del parque en cuatro años); Luis concepción Moscardó, concejal de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes cuando ocurrieron los hechos; Sonia Castedo Ramos, concejal delegada de Urbanismo y miembro de la Junta de gobierno; y Santiago Bernáldez Gazapo, director gerente de la constructora.
El problema de competencia se suscitó por la imputación de un aforado. Por tanto, el juzgado de Alicante lo derivó al TSJ. La Sala de Lo Civil y Penal acepta el caso, no acepta la renuncia al aforamiento solicitada por Díaz Alperi. Por tanto, a partir de que el juzgado de Alicante remita toda la documentación que componen las diligencias, la causa continúa adelante con el magistrado José Francisco Ceres Montés como instructor.
* ELPAIS.com - L. GARRIDO - Valencia - 20/10/2007
Foto: alicante ayuntamiento - alicante-ayto.es
El TSJ asume la investigación al alcalde de Alicante por prevaricación
Varapalo al PGOU de El Puerto de Santa María
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ECOLOGISTASENACCIÓN/Cádiz* : La Consejería de Obras Públicas ha hecho público el “Informe de Incidencia Territorial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de El Puerto de Santa María”, y su contenido no puede ser más demoledor para este Plan que sólo respondía a los intereses de los especuladores urbanísticos y de los políticos corruptos que nos han gobernado estos últimos años. El Informe es “desfavorable a las propuesta del Plan General aprobado provisionalmente”.
Las razones son numerosas, y coinciden básicamente con las críticas que ha venido efectuando Ecologistas en Acción en estos últimos años.
El Informe asegura que los crecimientos urbanísticos propuestos no están justificados, pues las previsiones de aumento de población de El Puerto supone un máximo de 100.000 habitantes para el 2.018, mientras que el PGOU pretendía construir viviendas para 70.000 nuevos habitantes, un aumento del 84,76% cuando el máximo permitido en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) es del 30%.
El Informe critica la falta de datos que incluye el PGOU, pues ni siquiera aporta datos del Suelo Urbano actual ni del Suelo No Urbanizable, seguramente pata dificultar los cálculos que denoten los crecimientos desmesurados y especulativos que pretendía consagrar este PGOU. No obstante, y basándose en los datos parciales que aporta el PGOU y en datos estadísticos de la propia Junta de Andalucía, el Informe concluye que el PGOU pretende recalificar un total de 12.083.121 m2, lo que supone un aumento del 49%. Y eso con una lectura muy permisiva del PGOU, pues el Informe excluye sin mayores explicaciones los desarrollos previstos en la Florida (3.360 viviendas) y el suelo industrial sin desarrollar, que suponen más de 3.000.000 de m2. Pero lo que es más sorprendente es que los Suelos Urbanos No Consolidados previstos –eufemismo que incluye las 40 urbanizaciones ilegales, las famosas EMAs- no se contemplan como nuevos suelos a recalificar, sino ¡como suelo urbano existente!, lo que supone una triquiñuela para reducir el porcentaje de crecimiento previsto. Si se contemplan los suelos industriales y las EMAs como nuevos suelos urbanos, el crecimiento real previsto por el PGOU supera los 19.000.000 de m2, o sea un aumento del 76% en relación con los suelos urbanos y urbanizables actuales, casi el doble de lo permitido en el POTA.
Respecto al número de viviendas el Informe es tajante, se pretenden construir 34.269 viviendas, la cifra que en su momento aportó Ecologistas en Acción y que desmintió el Ayuntamiento, lo que supone un exceso de ¡¡23.000 viviendas!! Cuando se aprobó el POTA Ecologistas en Acción advirtió que esta norma sólo permitiría la construcción de 10.000 nuevas viviendas en El Puerto, fuimos insultados y descalificados por el entonces concejal de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez; pues bien, la Junta determina como máximo a construir 10.506 viviendas, ¡ahora hay que eliminar 23.000 viviendas del PGOU!
El Informe determina que el suelo urbanizable se excede en los límites previstos en el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz (POTBC), tanto en Las Beatillas como en algunas EMAs, como ya advirtiera Ecologistas en Acción.
El Informe también coincide con las Alegaciones de Ecologistas en Acción en el sentido de reducir las previsiones de usos residenciales del suelo y potenciar los usos turísticos hoteleros, que consumen menos suelo y generan más actividad económica. Así se prescribe en la zona de Cantarranas y el Madrugador.
Si a estas determinaciones vinculantes se le une las de la Declaración de Impacto Ambiental que, entre otras cosas, prescribe la exclusión como suelo urbanizable de los terrenos forestales y de las zonas de hábitat del camaleón, sabinas y enebros marítimos, la exclusión de las Beatillas, el respeto a las vías pecuarias…, se puede concluir que hay que hacer un nuevo PGOU, exactamente lo que propuso Ecologistas en Acción en 2003 cuando presentó sus Alegaciones al documento de aprobación inicial del PGOU, y reiteró en 2006 en las Alegaciones al documento de aprobación provisional I. Textualmente nuestras Alegaciones concluían “Que se proceda a redactar un nuevo PGOU o, en su defecto, se realice una remodelación del presentado a información pública, incluyendo las modificaciones sustanciales que permita reconvertirlo en un plan mínimamente sostenible, respetuoso con los valores naturales y patrimoniales del municipio, y que defienda los intereses generales de los ciudadanos y no los de una minoría de especuladores urbanísticos”.
Si hubieran atendido nuestras alegaciones –fueron rechazadas por IP y PSOE- ahora podríamos tener un PGOU que garantizara el respeto a nuestro patrimonio natural, histórico y monumental, y el derecho a una vivienda digna de todos los ciudadanos, pero pesaron más las presiones de los especuladores urbanísticos y de los corruptos que han dirigido la política urbanística de nuestro Ayuntamiento estos años.
Es la hora de ponerse manos a la obra y redactar el PGOU que necesita El Puerto, y Ecologistas en Acción va a ofrecer al Ayuntamiento toda nuestra colaboración. Pero también es la hora de exigir responsabilidades a los que han tenido cuatro años paralizado el PGOU con convenios, ilegalidades, escándalos y maniobras de todo tipo, y muy particularmente a Juan Carlos Rodríguez –hoy recolocado en una empresa de comunicación por “méritos propios”- y a Ignacio García de Quirós, portavoz del PSOE, que siendo concejal de Medio Ambiente apoyó y aprobó este PGOU ilegal, y se opuso a las alegaciones de Ecologistas en Acción que proponían, entre otras cosas, su adecuación al POTA y a la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible. La propia Junta desautoriza ahora la política urbanística del PSOE portuense, que ha sido un mero seguidismo a IP y a los especuladores urbanísticos.
Ecologistas en Acción quiere agradecer a todos los ciudadanos que han colaborado en estos años con nosotros en la defensa de los terrenos forestales, en la lucha por una vivienda digna, en las denuncias de las ilegalidades urbanísticas y de la corrupción. A pesar de las campañas mafiosas y de los ataques que hemos sufrido, el tiempo nos está dando la razón y tenemos ahora la oportunidad de diseñar entre todos “Una ciudad con futuro para todo@s”.
* Ecologistas en Acción - El Puerto de Santa María, 20 de octubre
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org
Abantos, un bosque de ladrillos
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ELPAÍS/Madrid* : Parece que nada ha podido parar la construcción de cientos de viviendas que ponen en duda si en Abantos realmente hay un monte. Ni las protestas, ni los ecologistas, ni planes de protección de la sierra de Guadarrama han podido con la construcción desmesurada en la falda del monte Abantos de San Lorenzo del Escorial.
Algunos nos preguntamos qué pensarán nuestros hijos de esta herencia a un municpio tan cargado de belleza, historia y naturaleza, como así preconiza su ayuntamiento en su campaña de promoción turística.
* ELPAIS.com - Yo Periodista - IGNACIO MARTIN - San Lorenzo del Escorial - 19/10/2007
Foto: San Lorenzo del Escorial (Madrid), Abantos - I. MARTIN (El País)
Victoria de la Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Alburquerque
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KAOSENLARED* : La Junta de Extremadura retira el proyecto original de Hospedería en el Castillo de Alburquerque (Badajoz). Sumaron a su causa a numerosos vecinos y asociaciones como Adenex, Amigos de Badajoz, el Icomos (organismo que asesora a la Unesco en materia de patrimonio) y el mismísimo Edward Cooper, especialista en castillos de España.
El alcalde de Alburquerque, Ángel Vadillo, afirmó con respecto a la Plataforma para la Defensa del Patrimonio, que sus ponentes "no tenían ni idea de patrimonio" y "que traerá progreso al pueblo", entre otras afirmaciones.
Galería de imágenes del castillo y el proyecto: http://www.box.net/shared/hsmf6klc4h
Manifiesto de la Plataforma para la defensa del patrimonio de Alburquerque
Los miembros de la Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Alburquerque manifestamos nuestro rechazo al proyecto de convertir el Castillo de Luna de Alburquerque en una hospedería de lujo y requerimos de las Administraciones competentes su paralización por las siguientes razones:
1.- Consideramos que el desarrollo de Alburquerque y de Extremadura no pasa por la modificación y alteración de sus monumentos.
2.- En las últimas décadas la Comunidad Autónoma de Extremadura ha optado por un modelo de desarrollo basado en nuestros recursos naturales, culturales y artísticos.
3.- El castillo de Alburquerque, además de ser Patrimonio Nacional desde 1924 es nuestra principal seña de identidad.
4.- No ha habido un anteproyecto ni se ha informado a la ciudadanía con suficiente antelación.
5.- Alburquerque cuenta con una parte de su casco urbano declarado Conjunto Histórico.
6.- No sólo se verá perturbado el Conjunto Histórico sino todos los festivales y actividades culturales que actualmente se desarrollan alrededor o dentro del castillo.
7.- Así pues, el verdadero progreso deriva del trabajo realizado por el conjunto del pueblo y el turismo que año aaño crece en Alburquerque y no por una hospedería de lujo de la que desconocemos su supuesta rentabilidad (puestos de trabajo, turismo,...).
Ver manifiesto completo: http://www.box.net/shared/1shcj3ourx
Toda la información en: http://plataforma-alburquerque.blogspot.com/
* Kaos en la Red - 19.10.2007
Foto: Alburquerque (Badajoz) - Plataforma Defensa Patrimonio Alburquerque
Una treintena de empresas edifican en Portugal por la carestía del suelo
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ELPAÍS* : Una treintena de promotoras, según datos estimativos de la Unión Provincial de Empresarios de la Construcción de Huelva (Upeco), ya se encuentran edificando en Portugal. La evolución del mercado inmobiliario explica esta deriva, que se produce sobre todo en los núcleos costeros de la región del Algarve. Allí han encontrado un paisaje muy similar al andaluz, con un gran potencial turístico por explotar y un precio de venta de los inmuebles mucho más competitivo que en España, aspectos que hacen que el lugar sea muy atractivo para los compradores.
La subida de los precios de las viviendas y de los tipos de interás así como el parón en las ventas están haciendo que muchos constructores busquen una salida fuera de sus fronteras. En el caso de Huelva, la vecina Portugal es la opción más lógica. "Allí encontramos buenas infraestructuras, pero sobre todo unos precios muy competitivos en cuanto al suelo y al precio final de las segundas residencias. Además las calidades son muy buenas. Y siempre, mucho más barato que en Huelva", explica José María Terrón, presidente del Grupo Artagón, constructora onubense presente en Portugal desde hace siete años. "Por ejemplo, una residencia de alto standing que en la provincia cuesta un millón de euros, en Portugal se puede encontrar a 360.000 euros. Y en cuanto a segundas residencias tipo de dos dormitorios, la que en Huelva no se encuentra por menos de 300.000 euros, en Portugal puede adquirirse por 100.000", destaca el empresario.
La edad media del comprador extranjero que invierte en Portugal supera los 45 años. Clientes así no sólo se sienten atraídos por el clima y los paisajes, sino por una red de asistencia sanitaria privada dirigida a ellos más completa que la onubense, por la presencia de varios colegios bilingües privados en el Algarve -en Huelva sólo hay uno- y, sobre todo, por una población más habituada a atender a los extranjeros, incluso en su propio idioma, explican los expertos.
El presidente de Upeco, Francisco Urbano, achaca la llamada del oeste de los constructores onubenses a la falta de suelo para construir en la provincia, y también a la tardanza en la resolución de los planes generales de ordenación urbana de la mayoría de los municipios. "Eso está haciendo que muchas empresas se lancen no sólo a Portugal, sino también en el mercado iberoamericano", afirma. Hace más de un lustro que las empresas onubenses empezaron a asomarse a Portugal, pero según el responsable de Upeco en los dos últimos años "se ha venido agudizando esta dinámica".
No obstante, el presidente de los constructores ve con optimismo el futuro en la provincia de Huelva, ya que cree que la situación actual del sector, que define como de "crecimiento moderado" es positiva.
El conjunto de empresas que preside Urbano, el Grupo Godosa, ha anunciado esta misma semana la firma de un acuerdo con la Caja de Ahorros del Mediterráneo en la que se crea una nueva promotora -llamada Atlantic Nostrum- para construir viviendas en Huelva, Extremadura y el sur de Portugal.
Según cifras de Upeco, el sector genera en la provincia 39.000 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos. "Por ello, lo que queremos es apostar por este mercado y tratar de revitalizarlo en Huelva, porque creemos que sigue habiendo una fuerte demanda en la provincia y se sigue comprando, a pesar del pequeño retroceso. Pero no nos olvidamos del potencial que existe en Extremadura y en Portugal, donde también vamos a actuar". El Grupo Godosa construye actualmente unas 500 viviendas en la zona de Portimao. "En Portugal hemos encontrado gran disponibilidad de suelo. Y las ventas son buenas".
Empresarios onubenses como José María Terrón, apuntan a las ordenaciones decretadas desde la Junta de Andalucía como causa primera de la migración a Portugal. "El POTA [Plan de Ordenación Territorial de Andalucía] y el POTLOH [Plan de Ordenación Territorial de del Litoral Occidental de Huelva] han hecho daño. Ambas medidas han reducido la cantidad de suelo, lo que ha provocado la subida de éste al haber mucha demanda. Eso ha incrementado los precios de la vivienda y el frenazo actual de las ventas", explica. "Ante esta situación los constructores onubenses teníamos que buscar alternativas y uno de los lugares más cercanos y lógicos era Portugal".
La clara diferencia de precios para los compradores entre los dos países ha derivado en un hecho curioso. Ya hay antiguos vecinos de pueblos onubenses cercanos Portugal que han optado por residir en municipios fronterizos lusos como Castro Marim o Vila Real de Santo Antonio y trabajar en España.
* ELPAIS.com - MANUEL J. ALBERT - Huelva - 19/10/2007
Foto: Tavira (Algarve - Portugal) - Panarria (wikipedia.org)
