HOY* : Adenex ha mostrado hoy su total y absoluto apoyo a la Asociación Amigos de Badajoz en su exigencia de restitución de la legalidad urbanística en el caso del Cubo. Para esta organización conservacionista, la actuación de esta asociación en defensa de esa legalidad urbanística y del patrimonio histórico y cultural pacense "es ejemplar y debería ser motivo de elogio ciudadano".
Por el contrario, la actitud de los responsables políticos que han impulsado este proyecto ilegal e impactante "debería ser motivo de reprobación pública y de exigencia de responsabilidades".
En su opinión, es muy lamentable que aún no hayan asumido sus responsabilidades ninguna de las instituciones implicadas en esta manifiesta ilegalidad, Junta y Ayuntamiento, ni ninguno de los cargos políticos que tomaron en su día las decisiones ilegales, "y han estado jugando con el dinero público y las necesidades y la ilusión de la ciudad".
En lugar de ello, denuncia Adenex, "los responsables de este disparate urbanístico están desviando el malestar ciudadano hacia quienes de forma ejemplar han exigido, y están exigiendo, el respeto al Estado de Derecho, a la legalidad, y el respeto al patrimonio histórico y su conservación".
Por ello, la situación es aún más grave por la actitud "prepotente" de las administraciones que toman, "con frecuente ligereza, decisiones aún sabiendo de su posible ilegalidad, que impulsan proyectos gravemente discordantes e impactantes con el patrimonio cultural o natural, y que pretenden imponer su poder a toda costa, utilizando habitualmente de forma demagógica las necesidades de los ciudadanos".
Esta asociación considera que la vara de medir de la justicia debe ser igual para todos, ciudadanos e instituciones, y que deberían ser éstas últimas, las instituciones representativas, las primeras que, como ejemplo ante la ciudadanía, tendrían que acatar la sentencia y ponerla en práctica, evitando los intentos bochornosos de eludirla.
* HOY.es - 24.11.09
Foto: Badajoz, edificio Biblioteconomía - lacronicabadajoz.com
Badajoz: Adenex exige el derribo del Cubo
Elche: El Ayto. dice que carece de validez el informe de Patrimonio sobre el Mirador
ADN/Alicante* : El Ayuntamiento de Elche sostiene que el informe de la Dirección de Patrimonio sobre el Mirador del Palmeral, en el que critica su instalación, "carece de validez jurídica", es "un disparate" y sólo pretende "meter el dedo en el ojo a la ciudad".
Así lo ha afirmado hoy el concejal de Urbanismo y portavoz del equipo de gobierno del consistorio ilicitano, Alejandro Pérez, quien ha informado que la Comisión de Urbanismo ha decidido hacer caso omiso de ese informe.
"El texto es un disparate que, además, no tiene validez jurídica, pues ese organismo tenía tres meses por ley para emitir el documento y, sin embargo, nos ha llegado al cabo de dos años y medio", por lo que la corporación municipal entiende que el informe es "favorable al proyecto por silencio administrativo", según Pérez.
El edil socialista ha considerado que "el texto está hecho desde el más puro centralismo valenciano y refleja un intervencionismo en las competencias del Ayuntamiento de Elche inadmisible".
A su juicio, "el Patronato del Palmeral, compuesto por la Generalitat y el Ayuntamiento, es el que tiene la responsabilidad sobre el asunto y nadie que no sea éste puede asumir competencias que no le corresponden".
En este sentido, Pérez ha solicitado "respeto al Mirador" y ha asegurado que el informe de Patrimonio "sólo pretende meter el dedo en el ojo a la ciudad".
Por su parte, la portavoz del grupo municipal popular, Mercedes Alonso, ha opinado que es "muy atrevido y osado aprobar el informe, y que se diga que se va a hacer el Mirador, pese a quien pese".
Por ello, Alonso ha pedido al alcalde de Elche, el socialista Alejandro Soler, que reconsidere la construcción de ese hito, al entender que "no es el momento ni el sitio adecuado".
Además, "no es una prioridad y no hay dinero suficiente", ha dicho la portavoz popular, quien ha abogado por invertir en "la búsqueda de empleo para los 32.000 parados que hay en Elche".
Por otra parte, el concejal de Urbanismo se ha referido al palmeral y ha avanzado que se aplazará hasta el pleno de diciembre la aprobación del estudio de integración paisajística del Plan Especial de Protección del Palmeral de Elche.
Pérez ha explicado que se había tomado esa decisión porque a última hora de la tarde de ayer, fecha límite para la recepción de alegaciones, llegó una procedente del colectivo Margalló, que se suma a la presentada con anterioridad por el Hotel Huerto del Cura.
"Dejaremos el asunto sobre la mesa hasta el próximo mes para estudiar bien la alegación y permitir que la oposición tenga tiempo para conocer la información", ha señalado el edil socialista.
Sobre esta misma cuestión, la portavoz popular ha estimado que esa demora "sólo sirve para dilatar en el tiempo algo que es importante".
En cualquier caso, el concejal de Hacienda ha adelantado que antes del 13 de enero del 2009 "se debería aprobar el estudio", un documento que en su día solicitó la Generalitat y que, según Pérez, "no hace falta jurídicamente para la realización del Plan Especial de Protección del Palmeral".
"Lo hemos hecho para que luego no digan que ponemos pegas", ha apostillado.
En la Comisión de Urbanismo se ha comunicado, asimismo, que la Generalitat ha denegado la recalificación del suelo del sector R-12 de la pedanía de La Marina para la construcción de viviendas, "otro varapalo para la política urbanística del Ayuntamiento de Elche", según fuentes populares.
Por otra parte, se ha presentado una moción para aprobar el Plan de Acción Local contra el Cambio Climático en Elche suscrito por el alcalde en San Sebastián.
Ese proyecto, que incluye 236 acciones, pretende reducir en los próximos diez años un 20% las emisiones de dióxido de carbono en la localidad a través de distintas medidas que se desarrollarán en seis áreas de trabajo clave, como la participación ciudadana y el apoyo de la Administración local, así como las acciones en materia de edificación urbana, residuos y energía, entre otros.
* ADN - EFE - 24.11.09
Foto: Elche - parque_municipal - wikipedia.org
La corrupción, una enfermedad favorecida por la lentitud judicial y la poca transparencia
TERRA* : Marbella, Gürtel, Santa Coloma, El Ejido, Telde, Palma... los casos de corrupción política se extienden como una marea de fraude por toda la geografía española. Los partidos proponen medidas para favorecer la transparencia su gestión ante los ciudadanos; pero éstos, hartos de sus representantes, desconfían de ellos hasta alcanzar la percepción delictiva de países como la República Dominicana o los Emiratos Árabes. ¿Son los españoles corruptos por naturaleza? ¿O es circunstancial?
Decía Willie Stark, el protagonista de la novela y película ‘All the king’s men’ (‘El político’) que “el ser humano se concibe en pecado y nace en corrupción" , y que a lo largo de su vida "pasa de la fétida placenta al hedor del ataúd”. La transformación de este político, héroe en su pueblo por intentar derrocar de forma honrada a los poderes fácticos del gobierno estadounidense, pero cínico populista y tan corrupto como los demás al hollar cima, ilustra la situación de la administraciones locales españolas. Héroes locales en su comunidad, como Bartomeu Muñoz en Santa Coloma, o Juan Enciso en El Ejido, vencidos por ese designio natural que identificaba Stark en la novela de Robert Warren.
La imagen de Maria Antonia Munar, presidenta del Parlamento balear, lanzando besos a los ciudadanos que la increpaban mientras entraba en el Tribunal Superior de Justicia para declarar por una malversación de 30 millones en el caso Can Domenge, es extremadamente significativa. La gente se ha hartado de que sus representantes les ignoren y engañen. En Santa Coloma los vecinos intentaron tomar por la fuerza el Ayuntamiento de la localidad barcelonesa tras la detención de su alcalde, Bartomeu Muñoz, en otro caso de corrupción que salpicó a dos ex altos cargos del gobierno Pujol, Lluis Prenafeta y Maciá Alavedra. “Es una reacción de ira justificadísima. Me asombra la paciencia que ha tenido la ciudadanía española”, explica a Terra Noticias Jesús Sánchez Lambas, Director General de la Fundación Ortega y Gasset.
El hartazgo de la sociedad española es notorio. Transparencia Internacional publicó el 17 de noviembre el último Indice de Percepción de la Corrupción, en el que España se desploma hasta el puesto 32 del mundo. El estudio muestra que la sensación de corruptelas y chanchullos para los ciudadanos españoles supera al de países como Emiratos Árabes o las islas Granadinas. “Y baja casi la nivel de la República Dominicana”, se lamenta Lambas, que también es miembro del Consejo Directivo de Transparencia Internacional, el organismo internacional responsable de este estudio, y cuyo objetivo es combatir la corrupción en el mundo.
Lambás, sin embargo, estima que esta baja clasificación tiene un lado positivo, y que responde a la duda sobre si la aparición de tantos casos de corrupción en la Administración Local –un aumento del 100% desde 2008, según datos de la Fiscalía Anticorrupción- responde a un aumento de los delitos o a un incremento de la acción judicial. “No existen más casos de corrupción ahora, sino que aflora en este momento lo sucedido hace cuatro, seis u ocho años, en plena burbuja urbanística . No sólo está dando frutos ahora las acciones de la Justicia y de la Policía, sino que también se ha acrecentado la sensibilidad social”.
¿El fin de la burbuja puso en marcha el ventilador?
Durante el próximo año 2010 serán juzgados en España más de 300 políticos por corrupción. La mayor parte, por delitos asociados al urbanismo. Nada extraño teniendo en cuenta que en diez años (de 1995-2005) se incrementó un 40% la superficie de suelo edificable, y entre el 35 y el 40% del presupuesto de los consistorios procede de la construcción. Nadie duda que esta situación ha creado un pozo de clientelismos, desfalcos y fraudes fiscales. Pero, ¿por qué los casos estallan ahora y no hace cinco años? ¿Cerrar el grifo por la crisis ha llevado a muchos promotores a tirar de la manta? “Preferiría pensar que se ha debido a la presión social, pero es innegable que el parón de actividad por la crisis económica, el descontento, ha sido un importante factor”, apunta Lambás.
La clase política se encuentra indudablemente en el punto de mira. El barómetro de octubre publicado por el CIS concluye que los partidos políticos (13,3%) preocupan a los ciudadanos incluso más que el terrorismo de ETA (12%). Un aumento sustancial en un solo año –en octubre de 2008 ascendía al 7%- al que además habría que sumar el porcentaje de preocupación por “la corrupción y el fraude” (5,2%). “Hay un punto en que la sociedad se acaba hartando y rebasa las barreras para exigir justicia elemental”, explica Lambás para explicar movilizaciones como las surgidas en Santa Coloma tras la Operación Pretoria. “Ningún tipo de corrupción es aceptable, pero hay niveles en los que, pese a no ser tratada por médicos, se puede considerar una auténtica enfermedad”.
Los partidos han salido al paso proponiendo medidas para atajar la corrupción, que ha sustraído en España más de 4.000 millones de euros en 10 años y que mueve actualmente más dinero que la droga. Y es que nadie se libra. El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, expuso el pasado miércoles que de los 730 casos de corrupción abiertos, 264 corresponden al PSOE, 200 al PP, y el resto están desperdigados entre CC, CiU, BNG, IU y otras formaciones más pequeñas. “Los partidos son imprescindibles para la salud de la democracia, pero actualmente son simples máquinas de detentación de poder. No tienen estructuras democráticas y crean disfunciones de las que nosotros somos víctimas”, explica Lambás.
Justicia y Ayuntamientos, a la palestra
Son los efectos de la enfermedad. ¿Pero qué provoca la fiebre? “El funcionamiento de la Justicia es casi medieval”, identifica Lambás como uno de los síntomas. “Precisamente acaba de llegarme la sentencia judicial del caso Gescartera… cuando los hechos se remontan a 1990. ¡20 años para hacer justicia!". Y si el primer síntoma de la corrupción es la lentitud judicial, el segundo es que la transformación democrática no ha llegado a los Ayuntamientos”. Los consistorios, siempre en el horizonte. “El Estado ha sido incapaz de crear un modelo de financiación adecuado a la descentralización de competencias.”, considera Lambás. “El urbanismo ofrece un poder económico que se está gestionando en los Ayuntamientos de forma clientelista, con un sistema de contratación de corte casi familiar. Se contrata más gente de la necesaria, los sueldos se acumulan y hace falta cada vez más urbanismo para afrontar gastos”. Es entonces, como explica el Director General de la Fundación Ortega y Gasset, cuando aparecen “los hongos y el moho”.
El ex ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, propone retirar las competencias urbanísticas a los Ayuntamientos para atajar la corrupción. Aunque algunos han realizado grandes esfuerzos para ser transparentes a los ciudadanos. Transparencia Internacional publicó el 22 de julio el segundo Índice de Transparencia de los Ayuntamientos, donde consistorios como Sant Cugat, Alcobendas, Mataró, Gijón, Bilbao o Avilés salen bien parados por la accesibilidad de su gestión. Otros, como el Ayuntamiento de Valencia, dirigido por Rita Barberá (PP), no se tomaron demasiado bien que aparecieran en el puesto 88 de los 110 consistorios analizados. “Nos enviaron una carta denunciando que nuestro trabajo de investigación era ilegal…”, recuerda Lambás.
Los ciudadanos no se libran de la culpa
Tampoco los ciudadanos se libran de la culpa. Son varios los alcaldes y presidentes regionales que han sido reelegidos pese a estar afectados por casos de corrupción. El voto les ofrece un escudo. La sociedad española parece valorar más la resistencia a la Justicia que los delitos cometidos. “Existe indudablemente una base histórica y antropológica para explicar nuestra tolerancia al corrupto. En las sociedades protestantes, con la Reforma, quien incumplía las normas recibía su castigo. En España, sin embargo, se creció en la Contrarreforma y con la confesión nos bastaba para salvarnos. Un senador estadounidense me dijo una vez que las columnas del Capitolio se sostienen de milagro de toda la corrupción que soportan, pero que si pillan al corrupto, se tira 20 años en la cárcel. Si al corrupto no se le castiga con el ostracismo público, se convertirá en un espejo para los demás”.
Sin duda, España aún es una adolescente en la democracia. Los países de nuestro disfrutaban de ella desde principios de siglo, pero en España apenas tiene 33 años de vida. Disfrutamos de un buen nivel en áreas como la salud o la educación, pero suspendemos en Justicia y Administraciones Locales. “Hay que ahondar ahora en la calidad de la democracia”, dice Lambás. “Se debe mejorar la rapidez en la sanción, la independencia de la judicatura, y que se restituya lo robado. La Justicia no es un servicio público, sino un poder del Estado. Y no es razonable que entre delito y sanción medie toda una generación”.
¿Hasta dónde llegará el hartazgo de la sociedad española? ¿Experimentará con el populismo como otros paises de su entorno? Países como Italia (con Berlusconi), Francia (Le Pen), Holanda (Fortuyn) o Austria (Haider), han sido un caladero de votos para la demagogia. En España, sin embargo, intentos parecidos en los años 90 de empresarios como Jesús Gil o José María Ruiz-Mateos, no llegaron a calar en la ciudadanía. ¿La extension de la corrupción, el hartazgo, podría reverdecer ahora el populismo en España? “No lo creo”, razona Lambás. “Aquí hay una base burguesa muy desconfiada de estos movimientos populistas y el funcionariado público vive estos fenómenos con recelo. Además, los populistas se alimentan mucho del rechazo al otro, pero en España, que hemos sido una sociedad mestiza desde el siglo XV, somos muy tolerantes en aspectos raciales… y bastante en los morales”.
* Terra Noticias - HÉCTOR M. GARRIDO - 24.11.09
Gráfico -La corrupción hará pasar por los juzgados en 2010 a más de 300 políticos españoles - terra.es
Imputado el alcalde de Cartaya por prevaricación
+-+todohuelva.com.jpg)
ELPAÍS/Huelva* : El alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán (PSOE), y el teniente de alcalde de la localidad, Miguel Novoa, prestaron declaración ayer en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Ayamonte (Huelva) imputados por delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.
Las presuntas irregularidades urbanísticas se llevaron a cabo en unos terrenos cercanos al centro de Cartaya, en la barriada de El Almendral, en 2006. Según los denunciantes, la construcción de viviendas de 21.000 metros cuadrados comenzó sin que estuviese aprobada la normativa municipal que regula el urbanismo del casco urbano y con un informe de la arquitecta municipal en el que señalaba que algunos aspectos eran ilegales.
La empresa Hiconsa, según la acusación, pagó al Ayuntamiento 1,3 millones de euros, valoración realizada por un arquitecto, también denunciado. Una valoración alternativa, encargada por la oposición y visada por el Colegio de Arquitectos, estimó en 4,4 millones lo que debió haber pagado Hiconsa. Los denunciantes piden que se aclare "por qué no se cobró ese dinero y el pueblo de Cartaya perdió 3,1 millones de euros".
Según el alcalde se trata de "un proceso claramente partidario" y que se valoran económicamente dos cosas diferentes: aprovechamientos urbanísticos por parte del Ayuntamiento, mientras que la valoración del arquitecto, "desproporcionada", valora el suelo urbano. Millán recordó, además, que se trata tan sólo de diligencias previas. Hoy declaran en el mismo juzgado Juan Márquez, dueño de Hiconsa, y Francisco Benítez, el arquitecto supuestamente implicado.
* ELPAIS.com - LIDIA JIMÉNEZ - Huelva - 24/11/2009
Foto: Cartaya (Huelva) - todohuelva.com
Barcelona: La segunda corona metropolitana se mueve sin transporte público
ELPERIÓDICO* : un sondeo impulsado por la Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) sobre la movilidad en la segunda corona metropolitana de Barcelona demuestra que el vehículo privado es el protagonista indiscutible en los desplazamientos interurbanos. La AMTU, integrada por 66 ciudades y cinco consells comarcals (Alt Penedès, Garraf, Maresme, Vallès Oriental y Occidental) representa a 1.887.611 habitantes en un ámbito de 234 municipios y 2,6 millones de personas.
Del informe se desprende un dato inapelable: solo el 14% de viajes se efectúan completamente en transporte público.
En un territorio donde se realizan más de 2,4 millones de desplazamientos interurbanos al día, el 82,1% se efectúa en coche privado, aunque otro gran número, el 47,6% de los viajeros, admite que utilizaría el transporte local si su zona contara con una buena conexión. La encuesta resume que un 67,4% de los usuarios no viajan en transporte público por carecer de él o contar con un servicio muy deficiente.
Las conclusiones del sondeo sorprenden por la variación de tendencias. Mientras que antes los viajes a la primera corona metropolitana eran el principal destino, en la actualidad lo es la segunda corona, puesto que un 79,5% son desplazamientos entre las ciudades de la AMTU. Un hecho que explicaría la diversidad de uso del transporte público.
La causa del cambio, según los analistas, radica en la óptima oferta de transporte radial que dan servicios como Cercanías Renfe y de Ferrocarrils. Sin embargo, la AMTU, que preside el alcalde de Granollers, Josep Mayoral, destaca que el cambio de hábito viene propiciado por la falta de dotación en los municipios de la segunda corona.
LÍNEA ORBITAL FERROVIARIA / Del estudio también se desprende que la movilidad entre las zonas afectadas por la futura Línea Orbital Ferroviaria (LOF), que unirá 24 ciudades entre Mataró y Vilanova i la Geltrú, ya contabiliza 351.730 desplazamientos diarios en transporte público, a los que cabría añadir el 16% de los viajes habituales (dos o más por semana). Con ello, el Estudio de Reserva de Suelo y propuesta de trazado de LOF aprobado por la Generalitat se queda corto al prever un flujo de desplazamientos en esta infraestructura de 180.000 viajes al día en el 2020.
La encuesta también detalla que cuanto más pequeño es el municipio mayor es el porcentaje de desplazamientos interurbanos en día laboral, y expone la comparativa entre Les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental) –que con 16.978 habitantes tiene un porcentaje de viajeros interurbanos del 71,7%– y Terrassa (Vallès Occidental), que con 206.245 habitantes está en el 28,3%.
* El Periódico - FEDE CEDÓ - 24.11.09
Foto: gráfico - elperiodico.com
Málaga: La Fiscalía denuncia por estafa a la contrata de la Azucarera
MÁLAGAHOY* : La Fiscalía de Málaga ha denunciado en un juzgado a la empresa Teconsa, adjudicataria de las obras de la carretera que une la Azucarera con la zona de Intelhorce, porque halla indicios presumiblemente constitutivos de los delitos de falsedad y estafa en la gestión que ha realizado en este proyecto.
El Ministerio Público abrió diligencias de investigación después de que un particular le comunicara a mediados del mes de octubre que la constructora podría haber inflado las facturas correspondientes a los trabajos de excavación y desmonte que se habían realizado en la carretera de La Azucarera.
De acuerdo con la información aportada por los denunciantes las certificaciones de obra presumiblemente han triplicado el coste real, puesto que hay facturas por valor de 300.000 euros por ejecutar trabajos que apenas consumen unos 80.000 euros, según la versión dada por uno de los subcontratistas de la obra.
En este sentido, Francisco Ternero, gerente de la empresa Auxiliares de las Nieves, una de las subcontratas que han trabajado para Teconsa en la carretera de la Azucarera, ha precisado en los últimos días que él libró una factura por un valor de 45.000 euros que, sin embargo, fue emitida al Ayuntamiento por un total de 383.000 euros. También señaló que se facturó a las arcas municipales por la demolición de 40.000 metros de asfalto, cuando en realidad el trabajo únicamente afectó a "13.000 metros".
Para el directivo de la subcontrata "alguien" ha debido de hacer "la vista gorda" para poder sortear sin complicaciones los niveles de vigilancia habituales en un proyecto de estas características. Frente a estas declaraciones y tras conocer la apertura de diligencias informativas en la Fiscalía, el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre (PP), descartó que se hubiera producido "alguna irregularidad" en este proyecto debido a las comprobaciones que lleva a cabo el Ayuntamiento para determinar que "ninguna certificación no corresponda a lo ejecutado". Desde este punto de vista, el regidor subrayó que le merecía "más confianza" la información que manejaba el Ayuntamiento sobre la limpieza de este proyecto que "una denuncia que no sabemos qué motivos puede tener".
Fuentes judiciales han confirmado que la Fiscalía remitió al Juzgado Decano de Málaga la denuncia que ya ha sido turnada. A partir de ahora la investigación estará en manos del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga. El fiscal ha solicitado al juzgado que acuerde la práctica de varias diligencias dirigidas a determinar la cantidad de personas que podrían estar involucradas y la magnitud de los hechos.
Junto a la denuncia también se han remitido al juzgado el expediente que envió la Gerencia de Urbanismo al fiscal tras conocer que había abierto diligencias de investigación. La denuncia por estafa y falsedad formulada por la Fiscalía de Málaga se ha producido en un momento en que la constructora con sede en León se encuentra en concurso de acreedores y cuestionada por su relación con la trama Gürtel. Además, el Ayuntamiento le retiró hace algo más de un mes a Teconsa la concesión de las obras en la carretera entre la Azucarera e Intelhorce.
* Málaga Hoy - Encarna Maldonado - 24.11.09
Foto: Vista de las obras que se ejecutaban hace año y medio a la entrada de la Azucarera. - malagahoy.es
