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ELCORREOGALLEGO/A Coruña* : La casa de cultura de Arzúa se quedó pequeña para acoger a más de medio millar de personas que se dieron cita convocadas por la Plataforma Veciñal que intenta defender los intereses de una buena parte de los arzuanos, tanto del casco urbano como del rural, ante las últimas modificaciones incluidas en el Plan Xeral de Ordenación Urbana Municipal (PXOM).
En una cita sin precedentes en el municipio arzuano, por el número de vecinos que congregó, la nueva plataforma decidió solicitar al grupo de gobierno –en manos del BNG con mayoría absoluta– la convocatoria de un pleno extraordinario en el que se acuerde la devolución del PXOM a la Consellería de Medio Ambiente, la exposición pública del documento a efectos de alegaciones por el plazo de un mes y la contestación razonada a cada una de esas alegaciones. Dicho pleno creen que se debe celebrar en el multiusos para que puedan acudir todos los interesados
Los responsables de este nuevo colectivo sienten que los vecinos afectados fueron engañados y que quedaron indefensos ante lo que consideran un atentado a los derechos de las personas a ser informadas y a poder alegar, ya que las modificaciones del PXOM en ningún momento se expusieron al público.
La Plataforma Veciñal se queja de que una gran parte de las modificaciones –como variaciones de alturas, alineación de edificaciones y nuevos inmuebles catalogados en Patrimonio– se hicieron después de la aprobación inicial del PXOM y que no responden a ningún tipo de valor arquitectónico o cultural, dejando indefensos a los afectados al no poder encauzar las alegaciones que estimen oportunas.
La situación es más dolorosa porque la plataforma afirma que el gobierno municipal conocía estos cambios y, pese a todo, no los puso en conocimiento de los vecinos interesados. Este hecho es interpretado desde este nuevo colectivo como una falta de transparencia y un ocultismo que pueden derivar en posibles favoritismos personales en el entorno del grupo de gobierno nacionalista.
LAS CLAVES
Explicaciones al grupo de gobierno
La Plataforma Veciñal que logró unir los intereses de más de quinientos vecinos de Arzúa solicitó el apoyo de los grupos de la oposición para exigir al gobierno municipal una explicación a los cambios del PXOM.
Movilizaciones si no hay una respuesta
En caso de que el gobierno local arzuano no apoye las solicitudes de la Plataforma Veciñal, ésta convocará de nuevo a los afectados para organizar nuevas movilizaciones como concentraciones o cortes de carretera.
* El Correo Gallego - Santiago - 21.01.2008
Foto: Edificio de la esquina de la calle Calvo Sotelo que también se contempla/ Formoso, elcorreogallego.es
NOTICIA RELACIONADA: Los vecinos de Arzúa se rebelan contra los cambios en el PXOM - El Correo Gallego - 17.01.2008
Arzúa se pone en pie de guerra contra el plan de urbanismo
Obras Públicas costeará el derribo de viviendas ilegales en Cádiz
ELPAÍS* : La Junta de Andalucía tiene abiertos 12 expedientes de demolición con sentencia firme en la provincia de Cádiz, sobre las que ya hay ocho órdenes de derribo con carácter inminente. Una de las principales trabas que encuentra la Fiscalía para reponer la legalidad urbanística es la tardanza que acumula la ejecución de estos fallos judiciales.
La falta de recursos económicos de los particulares y de los ayuntamientos para acometer estos derribos lleva a la Junta a asumir de forma subsidiaria estos pagos, aunque transcurrido un considerable tiempo. La Consejería de Obras Públicas y la red de fiscales de Andalucía han ultimado un protocolo para que sea el Ejecutivo andaluz el que asuma estos costes y reduzca trámites al restablecimiento de la legalidad.
El código penal establece que deben ser los propietarios los que acometan y paguen el derribo de sus casas sin licencia. Pero pocas veces se da esta circunstancia. Todavía en El Palmar (Vejer, Cádiz) se recuerda el caso de Rosendo Bonillo, que en 2006 se derribó sus cinco chalés en cumplimiento de una sentencia. O el más reciente de una pizzería en la misma pedanía, cuyo dueño también prefirió demoler por su cuenta. No es lo más habitual.
Los propietarios suelen aferrarse a recursos judiciales y a la esperanza de que una futura regularización salve sus casas. Cuando los particulares no actúan, el mismo código penal establece que son los ayuntamientos los que deben asumir esta responsabilidad, aunque no todos tienen fondos para ello. Al final, es la Junta la que ejecuta la demolición.
Para evitar estas trabas, Obras Públicas y la red de fiscales de Medio Ambiente han preparado un protocolo que establece que la Consejería se haga cargo de los costes de este proceso. El fiscal de Medio Ambiente de Cádiz, Ángel Núñez, se felicita. "Es una ayuda necesaria porque el proceso de demolición es muy complejo y se dilata en el tiempo", sostiene. El delegado de Obras Públicas, Pablo Lorenzo, matiza que las aportaciones autonómicas no serán generales sino que se aprobarán tras estudiar cada caso.
Desde 2001 la Delegación de Obras Públicas de la Junta y hasta finales de 2007 había abierto 385 expedientes urbanísticos para perseguir la proliferación de viviendas ilegales. La mayoría de ellos, 283, fueron sancionadores. En la actualidad la Junta tiene aprobados los expedientes de contratación de obras de demolición para dos casas de El Palmar.
También la Demarcación de Costas ha decidido intervenir ante las viviendas ilegales. El Ministerio de Medio Ambiente entregará incentivos a los ayuntamientos que colaboren en poner orden al urbanismo salvaje. Ya se han iniciado conversaciones con los ayuntamientos de Vejer, Rota, Chipiona, Sanlúcar y Barbate. Esos planes consensuados conllevarían el derribo de casas ubicadas en zonas protegidas. A cambio esos suelos recibirían inversiones para mejorar los accesos a las playas, tratar las dunas dañadas o crear senderos en el litoral.
* ELPAIS.com - PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 21/01/2008
Foto: Chiclana (Cádiz), zona viv. ilegales - ELPAIS / Roman Ríos
La Costa da Morte volvió a manifestarse contra el Plan Acuícola en Malpica
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ELCORREOGALLEGO/A Coruña* : "Se isto non se amaña, ¡caña, caña...!" Esta fue una de las numerosas consignas coreadas ayer en Malpica de Bergantiños, donde más de medio millar de personas se manifestaron en contra del Plan Acuícola diseñado por la Consellería de Pesca, y en especial, contra la inclusión en el mismo del área de Seiruga.
Además de vecinos de Malpica, uniformados con camisetas de color naranja, entre los manifestantes resaltaban también las de color azul, que vestían los de Merexo (Muxía), y las verdes de los de Camelle (Camariñas) que, una vez más, volvieron a unir sus voces en contra de la ubicación de piscifactorías en sus respectivas localidades.
A ellos se sumaron también representantes del colectivo ecologista Verdegaia y de todos los grupos políticos de Malpica, entre ellos el alcalde, el socialista Ramón Varela, que la pasada semana intentó en vano convencer a la conselleira para que Seiruga se excluyese del Plan Acuícola.
La marcha partió de la casa consistorial y se dirigió al puerto de la villa, concluyendo una hora después en el punto de partida. Durante la misma se oyeron peticiones de dimisión a Touriño y Carmen Gallego, a la que acusaban en algunas pancartas de haber diseñado "un plan hipotecario" para la costa.
La presidenta y el portavoz de la plataforma Seiruga Limpa, Irene Muíño y Alfonso Vidal, antes de disolver la concentración, acusaron a la Xunta de diseñar un Plan Acuícola que "é un feixe de mentiras", ya que mientras la Administración autonómica dice que se van a crear 2.800 puestos de trabajo en Galicia, "as empresas dín que só serán 1.200". En el caso de Seiruga, añadieron, "ó noso alcalde dixéronlle que serían 50, e se facémo-lo cálculo polo plan serían 127".
Creen asimismo que se está "especulando" con los terrenos, pues, según Vidal, en Mougás se pagaron terrenos a 30 euros el metro cuadrado, "mentras que aquí só valen 6, en Merexo nada, e en Camelle unha miseria".
Una zona muy turística
Entre las razones que vienen esgrimiendo los vecinos de Malpica para oponerse a la construcción de una granja acuícola en Seiruga está el impacto visual y ambiental que causaría en una zona que atesora un gran potencial turístico, ya que se ubica entre dos playas. Además, de los informes que maneja la plataforma vecinal se deduce que perjudicaría al equilibrio biológico de dicho espacio, en cuyas proximidades hay también un castro, por lo que su deseo es preservar el entorno natural.
Unas razones que la conselleira de Pesca, Carmen Gallego, considera que carecen de peso y así se lo hizo saber al alcalde, confirmándole además que el proyecto cuenta con los informes favorables de Medio Ambiente y Patrimonio, y se aprobará en un mes y medio.
EL DATO
Más movilizaciones
La plataforma Seiruga Limpa tiene previsto continuar con sus movilizaciones en contra del Plan Acuícola. Anuncian concentraciones ante la Consellería de Pesca mientras su titular, Carmen Gallego, se niegue a recibirlos. Además preparan, junto con otros colectivos, una gran concentración en Santiago.
* El Correo Gallego - J. M. RAMOS • MALPICA - 21.01.2008
Foto: Los manifestantes recorrieron las calles de Malpica para pedir a la Xunta que cambie el Plan Acuícola/ RAMÓN BUSTO, elcorreogallego.es
Málaga: El Seprona investigó 44 delitos por casos urbanísticos en 2007
LAOPINIÓN/Málaga* : Los casos urbanísticos copan gran parte de la actividad judicial en la provincia de Málaga. La Fiscalía de Medio Ambiente estima que la mitad de los municipios de la provincia han sido investigados por cometer presuntas irregularidades urbanísticas, ya sea por edificaciones ilegales, por la concesión de licencias de obra que contravienen la normativa urbanística, o por no cumplir con los plazos legales para construir.
Precisamente el Servicio de Protección de la Naturaleza investigó en 2007 un total de 44 delitos por casos urbanísticos, de los que 37 correspondieron a edificaciones presuntamente ilegales y siete a obras, según datos proporcionados por la Subdelegación del Gobierno. No obstante, los casos en materia urbanística tramitados por el Seprona se han reducido considerablemente, en concreto a la mitad con respecto a hace dos años. El pasado año la Guardia Civil abrió 261 expedientes urbanísticos -suman las infracciones administrativas y los delitos-, mientras que en 2006, actuó en un total de 495, lo que convirtió a Málaga en la provincia con más infracciones en Andalucía. No obstante, de esos expedientes, sólo se consideraron delitos seis casos.
En cuanto a las infracciones administrativas tramitadas en 2007 (no conllevan a un proceso penal), 109 hacían referencia a edificaciones, 89 a obras y 19 a trabajos de movimientos de tierra.
Minería. El Seprona también intervino en casos contra el medio ambiente, derivados del uso de recursos naturales sin permisos o sobreexplotación de yacimientos. En el ámbito de la minería se tramitaron un total de 48 infracciones administrativas por extracción de recursos mineros y 38 por explotación de los minerales sin autorización de la administración competente.
Otras intervenciones en este ámbito correspondieron a expedientes administrativos por actividades con aguas minerales o termales, y otras once por infracciones derivadas de otras actividades mineras.
Denuncias. En el apartado de turismo, se formularon 71 denuncias administrativas por acampar en zonas no habilitadas, nueve por el uso de caravanas y 27 por el empleo de embarcaciones de recreo en parajes costeros. Asimismo, se recibieron cuatro denuncias por construcciones en vías pecuarias.
El Seprona trabaja muy ligado a la Fiscalía de Medio Ambiente para luchar contra la delincuencia urbanística en la Costa del Sol. Sus actuaciones se han convertido en la principal fuente parta los órganos judiciales que inician causas contra la ordenación del territorio.
Además de este servicio, la Guardia Civil cuenta con un equipo especializado en corrupción inmobiliaria que colabora con la Fiscalía Anticorrupción. En España hay 200 agentes dedicados a esta labor.
* La Opinión de Málaga - RAQUEL RIVERA - 21 de enero de 2008
Foto: El Seprona vela por el cuidado del entorno. EFE
¿Cuál es el siguiente municipio?
LAVERDAD/Murcia* : Los dirigentes del PP y del PSOE se han enfrascado en una escalada para ver quién reclama el mayor castigo político a los detenidos e imputados de cada bando -expulsados ya de la militancia- a cuenta de los escándalos urbanísticos de Totana y de Los Alcázares. Esa carrera parece no tener fin a la hora de extremar y apurar las responsabilidades, con el deseo de fondo de trasladar la culpabilidad a los órganos directivos de cada partido. En definitiva: A ver quién llega más lejos propinando el mayor escarmiento público, para satisfacer a los ciudadanos y arrogarse el premio de la ética y la estética políticas.
Mientras tanto, el problema de fondo que ha dado pie a esta ola de corrupción -presunta- en territorio murciano sigue en el limbo. Esto es, el uso y abuso de los convenios urbanísticos que, pese a estar regulados y reconocidos por ley, se manifiestan con renglones torcidos e ilícitos cada vez que la tentación es muy fuerte ante voluntades volubles y corrompibles. Una especie de reino de jauja se ha instalado en determinados municipios y ahora está pasando factura.
No hay que generalizar, pero a este paso se corre el peligro de que la excepción se convierta en costumbre, ya que, además de Totana y Los Alcázares, jueces y fiscales también ha levantado en peso los archivos urbanísticos de Torre Pacheco y Fuente Álamo. Eso, aparte de las denuncias en curso en otras poblaciones. De momento, tirando por lo alto y a modo de balance provisional, hay un alcalde en prisión, otros tres imputados, un ex alcalde hasta ayer en los calabozos, otro ex alcalde y diputado regional a punto de ser procesado; además de concejales y ex altos cargos imputados en otros casos. Una lista demasiado larga y socialmente inaceptable.
El deseo de unos cuantos regidores de alicatar su municipio de ladrillo, cemento y campos de golf a golpe de convenios urbanísticos tiene estas consecuencias. No hay nada más peligroso y arbitrario que un concejal tirando rayas con un lápiz sobre el mapa: Esta parte urbanizable; ésta otra protegida; aquí un convenio; al otro lado una recalificación que genera millonarias plusvalías; y más allá el plan urbano a palo seco. ¿Qué puede salir de todo eso? ¿Dónde va un alcalde aprobando más de 50 convenios urbanísticos de golpe? Con intención o sin ella, los jueces y fiscales, la Guardia Civil y la Policía Nacional le han tapado por ahora la boca a aquellos del PP murciano que se quejaban de un trato desigual de la Justicia y de la Fiscalía. A Totana (PP) le ha seguido Los Alcázares (PSOE), donde el secreto de sumario se había ido prorrogando, quizás a la espera de pruebas concluyentes. Pero la cosa, probablemente, no va a quedar así, ya que como ha comentado alguien estos días, «esto no es un empate. Estamos en el minuto 10 del partido».
Según diversas fuentes, es muy probable que a Los Alcázares le sigan otros casos y municipios gobernados por el PP y que están siendo investigados por las brigadas anticorrupción, sobre la base de denuncias presentadas en su día, como ya publicó La Verdad. Alguna diligencia incluso podrían apuntar más alto. Está por saber si el próximo golpe será antes o después de las elecciones generales del 9 de marzo. Mientras tanto, ¿qué imagen!
* La Verdad - ANUEL BUITRAGO - 21 enero 2008
Foto: Murcia, vista huerta - wikipedia.org
La mayoría de PGOU de 2007 no tiene informe de sostenibilidad
ELPAÍS/Valencia* : La mayoría de los Ayuntamientos valencianos ignora la legislación estatal y autonómica en materia de impacto medioambiental y participación pública en el trámite de sus nuevos planeamientos urbanísticos, según constata un estudio del colectivo Ecologistas en Acción del País Valenciano. El informe resalta que de los 28 planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) sometidos a información pública durante el año 2007, tras superar la fase de concierto previo, sólo tres municipios habían elaborado el preceptivo informe de sostenibilidad ambiental.
Los conservacionistas responsabilizan a la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de "tolerar" esa vulneración de la norma. El departamento que dirige José Ramón García Antón rechaza la denuncia.
Ecologista en Acción del País Valenciano asegura que la tramitación de la mayoría de los nuevos planes generales vulnera la ley estatal de evaluación ambiental estratégica e impide, por tanto, la participación pública recogida en la misma. El grupo ecologista, a tenor del seguimiento realizado a la actividad urbanística de los municipios valencianos en el año 2007, también denuncia que el grueso de planes no incluye la participación pública para la redacción de los estudios de paisaje, incumpliendo de esta forma la normativa autonómica.
El estudio de Ecologistas en Acción del País Valenciano constata que sólo dos de los 28 municipios habían recogido en sus respectivos PGOU un plan de participación pública previsto en la Ley 9/2006 sobre evaluación ambiental estratégica y en la ley 27/2006 que incorpora la normativa europea recogida en el convenio de Aarhus. Los Ayuntamientos que cumplimentaron ese trámite fueron el de Palomar, en la provincia de Valencia, y Castalla (Alicante). Además, únicamente otros tres municipios habían elaborado el preceptivo informe de sostenibilidad ambiental y lo sometieron a información pública. Esos tres Ayuntamientos fueron los de Palma de Gandia, Aielo de Malferit (ambos en la provincia de Valencia) y Caudiel (Castellón), aunque este último con posterioridad a la información pública del proyecto.
Y en cuanto al cumplimiento de la participación pública prevista en la legislación autonómica (reglamento de paisaje, aprobado por el decreto 120/2006 de 11 de agosto), sólo se observó en los PGOU tramitados por los Ayuntamientos de Beniarjó, Lloc Nou d'En Fenollet y Palomar, en la provincia de Valencia; Albocàsser, Almenara, Borriol y Jérica, en la de Castellón, y Planes, Alcalalí y Castalla, en la provincia de Alicante. Para los ecologistas, la principal responsabilidad de que el procedimiento de participación pública no se esté dando actualmente recae en la Generalitat valenciana. El grupo naturalista sostiene que el Consell no informa ni guía a los Ayuntamientos, especialmente a los más pequeños, de sus obligaciones, y que no ha incorporado la normativa estatal a la legislación autonómica. "Quizás se explique por la falta de interés en aplicar una normativa estatal que, cumpliendo con las directivas europeas, es mucho más ambiciosa que la realidad existente en el País Valenciano", precisa Carlos Arribas, portavoz en Alicante de Ecologistas en Acción.
La Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, a través de su gabinete de prensa, rechazó la acusación de los ecologistas. "Todos los PGOU en marcha en la Comunidad Valenciana se están tramitando de manera legal y respetando la norma estatal y autonómica, tanto en el apartado de evaluación ambiental como de la participación pública", señaló la responsable del área de comunicación del departamento que dirige el consejero José Ramón García Antón.
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) más polémico aprobado provisionalmente recientemente es el de Sant Joan d'Alacant, que no cumple ninguno de los requisitos recogidos en la legislación vigente (ni el de participación pública ni el de sostenibilidad). Este plan ha recibido más de 300 alegaciones de vecinos, la oposición política y colectivos conservacionistas, entre ellos de Ecologistas en Acción del País Valenciano. El grueso de las alegaciones planteadas al documento urbanístico rechaza la iniciativa del equipo de gobierno local del PSPV de agotar prácticamente todo el suelo no urbanizable que existe en el término municipal y que supera los dos millones de metros cuadrados. El plan previsto para el crecimiento urbanístico de la población a medio plazo llevaría a Sant Joan d'Alacant a tener 32.000 viviendas y a multiplicar por cuatro su actual censo de habitantes, hasta rondar los 70.000 vecinos.
Los planes generales de ordenación urbana tramitados en 2007 en la Comunidad Valenciana y que no cumplen ninguno de los tres requisitos mencionados son los aprobados por los Ayuntamientos de Aielo de Malferit (en concreto el de fecha 29 de diciembre de 2006, uno de los dos que ha impulsado el municipio), Montserrat, Teresa de Cofrentes, Altura, Onda, Benafer, Antella, Alfarp, Lloc Nou d'En Fenollet (uno de los dos que ha tramitado el Consistorio de este municipio valenciano), Rafelcofer, Beniarbeig, Geldo, Caudiel (uno de los dos tramitados), Llutxent, Museros, Teulada, Useres y el citado de Sant Joan d'Alacant.
Planes tramitados que cumplen
- Contemplan la participación pública en la redacción de los estudios de paisaje:
Beniarjó (15/02/2007)
Albocàsser (24/09/2007)
Planes (17/10/2007)
Fenollet (07/11/2007)
Almenara (23/11/2007)
Alcalalí (21/12/2007)
Palomar (21/12/2007)
Borriol (24/12/2007)
Castalla (26/12/2007)
Jérica (27/12/2007)
- Los que incluyen el Informe de Sostenibilidad Ambiental:
Palma de Gandia (20/02/2007)
Aielo del Malferit (21/03/2007)
Caudiel (22/06/2007)
- Los que incluyen la participación pública de Evaluación Ambiental Estratégica:
Castalla (26/12/2007)
Palomar (21/12/2007)
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 20/01/2008
Foto: Sant Joan d'Alacant, playa - mma.es
Fantasma de cemento
SUSO DE TORO* : Tanto la Cidade da Cultura como el puerto exterior de Punta Langosteira son grandes empeños nacidos del pasado. Ambos nacieron en el oscurantismo, de decisiones a espaldas de la ciudadanía y cubiertas con el silencio de medios de comunicación. Ambos fueron proyectos completamente irracionales en origen y por eso ambos deben ser conocidos y racionalizados. El proyecto Cidade da Cultura ha sido expuesto al público, sometido a discusión y ahora parece que está en vías de racionalización. A ver. El proyecto de Punta Langosteira, en cambio, sigue en su limbo, seguimos sin saber nada de él.
No vemos mapas de su localización, foto aérea de su ubicación, alguna explicación cabal del proyecto. Sólo nos queda recurrir a Google Earth, pues en la prensa oímos un denso silencio sobre el lugar y el tema. Sin embargo, igual que la Cidade da Cultura, es un proyecto que la sociedad necesita conocer y luego debatir para poder asumirlo, pues no es una inversión particular de una empresa sino una gran obra pública. Verdad que la Cidade da Cultura se construye con dinero público, pero el dinero para construir el puerto exterior, aunque venga de la Unión Europea, también es público. Es un dinero que se da para ese proyecto y por lo tanto se nos negará para otros proyectos, así que nos debe ser rentable.
A Coruña hace años que necesita sacar de la ciudad los depósitos de Campsa- en años pasados se vivieron situaciones de verdadera emergencia- y seguramente otras descargas también. Por otro lado, la propia dinámica de la ciudad, su crecimiento, su falta de suelo, hacen deseable recuperar para los vecinos el espacio ocupado por el puerto de mercancías. Pero la operación urbanística en curso se fraguó como la trama de un lobby local en torno del alcalde de entonces para dar un pelotazo inmobiliario. Lógicamente se hizo de espaldas a la ciudadanía, sin conocimiento público del proyecto ni posibilidad de debate entre los vecinos. Fue una decisión demasiado importante para la ciudad como para hacerse así, pues condiciona su futuro.
En la práctica, A Coruña renunció a ser puerto, pues se buscó un lugar en otro ayuntamiento sin considerar un emplazamiento más cercano. Es una decisión arriesgada, quizá tenga su lógica pero debería haber sido más meditada pues es un precio muy alto el pagado por la ciudad. Por otro lado, el enclave escogido para levantar el nuevo puerto es muy cuestionado por su peligrosidad en caso de temporal, y hablamos de un proyecto que nació aprovechando la revoltura social creada por el desastre del Prestige. Lo que acaba de hacerlo inverosímil es que una inversión tan costosa queda a unas pocas millas de otro puerto exterior ya construido, el de Ferrol.
En su momento, el lobby promotor, con el alcalde y la Administración de Aznar, consiguió echar a rodar el proyecto y luego, tras resistencias iniciales por parte de la Administración socialista que lo veían disparatado, que la UE lo financiase. La actual ministra de Fomento se topó con el proyecto aprobado por su antecesor, el inolvidable Álvarez Cascos (oportunamente condecorado con medallas), y lo paró. Obligó a reformular los planes de construcción, a dejar más espacio público y a aumentar considerablemente el número de viviendas sociales que se preveían construir. No es raro que la ministra, que de por sí da pie a controversia, fuese tan atacada desde alguna prensa local. Una verdadera campaña, con motes y empapada de sexismo, desatada para evitar esa revisión del proyecto que lo sometía a criterios más sociales.
En cuanto al nuevo puerto en construcción, sigue en la niebla, un fantasma de cemento. Se echan toneladas de euros al fondo del mar y no sabemos lo que se está haciendo allí. Habría que poner sobre la mesa el mapa del proyecto del puerto exterior de Punta Langosteira y a su lado el del puerto exterior de Ferrol. Considerar la posibilidad de unirlos en un único sistema portuario, revisar el sistema de comunicaciones de Ferrolterra y repartir las funciones y servicios entre ambos. Crear un verdadero gran puerto doble, un puerto esgallado, pero con conexión a las autovías y ferrocarril. Tenemos el deber de pensarlo, porque tendremos que pagar las comunicaciones a ambos puertos e integrarlos en un proyecto de país, hacerlos nuestros y rentables.
* ELPAIS.com - 20/01/2008
