ELPAÍS/Sevilla* : Un terreno en Morón destinado a VPO multiplica por siete su valor desde 2006. Un empresario obtuvo un millón de euros pese a que no levantó las viviendas El boom del ladrillo dejó durante años sospechosos acuerdos, recalificaciones y concursos donde ciertos Ayuntamientos y promotoras fueron de la mano para lograr el mayor beneficio al menor coste. El suelo sumaba ceros mientras las viviendas crecían como setas. En Morón de la Frontera (28.000 habitantes, Sevilla), los ceros se multiplicaron pero sin ninguna casa que lo justificara. El Ayuntamiento de Morón (PP) pretendía en 2005 construir 191 viviendas de protección oficial (VPO).
La empresa MozamproXXI, en aquel entonces propiedad al 50% del cantante Tate Montoya, amigo del alcalde Manuel Morilla, se adjudicó los terrenos por 430.000 euros en un concurso público plagado de irregularidades. Un año después el cantante vendió la sociedad por 1,4 millones a Bartolo SL, tal y como reconoció ayer Montoya. El precio de la finca pasó de valer 350.000 euros a los actuales 2,4 millones. Siete veces más. Y el terreno permanece hoy como un secarral abandonado.
El Ayuntamiento, a través de la sociedad municipal Altos del Sur, adquirió los terrenos a la constructora Portland Valderribas (del grupo FCC) por 350.000 euros, bajo el compromiso de destinarlos a VPO. Al concurso solo se presentaron MozamproXXI y PYM Consultores pese al precio extremadamente ventajoso de 400.000 euros (existía una opción de compra previa del Consistorio por 1,6 millones).
Los criterios del concurso fueron leoninos y perjudiciales para las arcas públicas: el Ayuntamiento dejó de percibir 380.000 euros. El precio de licitación ofrecido por PYM Consultores fue de 812.000 euros frente a 430.000 de MozamproXXI, y el precio de venta de cada vivienda 86.135 euros frente a 89.950 (las casas de MozamproXXI eran más caras).
Si el Ayuntamiento quisiera rescindir el acuerdo con la ganadora MozamproXXI, tendría más de una razón para hacerlo. La cláusula 12.3 exigía que la escritura pública solo fuera otorgada una vez iniciadas las obras de urbanización. Y sin embargo, se escrituró sin levantar un solo ladrillo. "Fue un error autorizarla, pero también lo cometió el notario que firmó la escritura y el registro", se escuda Alfonso Angulo, alcalde en funciones que sustituye al polémico Manuel Morilla, de baja por enfermedad. El plazo de ejecución, fijado en 30 meses para la mitad de las viviendas y en 50 meses para el resto de viviendas, se incumplió. Además, el pliego de condiciones tenía "la obligación expresa del adjudicatario de no transmitir las parcelas", ignorado por Montoya y su socio al vender el 100% de la sociedad para enmascarar la transmisión por vía indirecta.
A pesar de que la oferta económica de PYM Consultores era muy superior, los arquitectos premiaron las obras realizadas en Morón por los técnicos contratados por MozamproXXI, ya que la empresa se había creado solo un año antes. Estos criterios localistas decantaron la balanza a favor de MozamproXXI por 19 puntos.
Tras el temporal de la crisis, Bartolo SL vendía MozamproXXI por 2,4 millones el pasado verano, pero ahora se replantea construir las viviendas si surgen suficientes vecinos interesados.
"No teníamos empleados, sino que se contrataba gente para las ocasiones (...) Viendo la lentitud burocrática, decidimos vender", alega Montoya sobre la operación fraguada. Su amistad con el alcalde era conocida por todos sus vecinos. En 2003, Javier Arenas había encumbrado como candidato a Morilla, ex apoderado del torero Jesulín de Ubrique, pese a que el PP local nombró al concejal Felipe López.
Tras el concurso, el PSOE se quejó en el Consejo de Administración de Altos del Sur porque la promotora ganadora estaba "recién constituida" y pidió un informe jurídico que fue rechazado por Angulo como secretario de la sociedad. De momento, Portland Valderribas no exigirá la devolución del terreno, pese a que una cláusula le atribuía ese derecho con una indemnización del 20% del precio original de 350.000 euros. "Estamos esperando. Veremos si no construyen", avisó un portavoz de la constructora.
* El País - 9.11.10
Foto: Morón de la Frontera (Sevilla) - todopueblos.com
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LAVERDAD* : A la concesionaria de la autopista de peaje Cartagena-Vera no le preocupa tanto que el Gobierno murciano le haya quitado clientela con una autovía autonómica, como que se hayan hundido las previsiones de crecimiento urbanístico en el principal trozo virgen del litoral. La situación de Aucosta es «difícil y complicada», según su director general, Florentino Rodríguez, que reconoce que el negocio de este vial está por los suelos. Su ocupación está en el 25% de los cálculos previstos inicialmentede 9.000 vehículos diarios.
El mismo concesionario gestiona Ausur -los 76,6 kilómetros de la autopista Cartagena-Alicante-, cuya situación es algo mejor, pero tampoco cubre las expectativas, con unas cifras de peaje de unos 10.500 vehículos diarios en agosto. Rodríguez desconoce qué medidas tomarán finalmente los grupos parlamentarios en el Congreso para acudir al rescate de un sector en sus peores horas bajas. Según publicó ayer El País, los representantes políticos parecen estar de acuerdo en aprobar unas ayudas que compensen las pérdidas de las concesionarias de nueve autopistas españolas, entre ellas las dos que recorren el litoral de la Región de Murcia. Esta cuenta de compensación podría ascender a 250 millones de euros a través de créditos participativos y por un periodo de cinco años, al menos en el caso de las radiales de Madrid, según una propuesta del PSOE que duplica la asignación que se había barajado inicialmente.
Las concesionarias buscan oxígeno para poder refinanciar sus deudas y evitar la quiebra. La fórmula final aún no está decidida, por lo que Florentino Rodríguez no quiere aventurarse. De una forma u otra, todo apunta a que estas constructoras serán compensadas por tener menos tráfico del que habían previsto cuando se adjudicaron las concesiones. Rodríguez señala que el problema es general, y cita como casos más sangrantes los de las radiales de Madrid y el eje Toledo-Madrid, cuyas cifras de ocupación son aún peores que las del tramo Cartagena-Vera, de 114 kilómetros.
Como ha venido publicando 'La Verdad', la ocupación de las dos autopistas de la costa descendió el pasado verano sobre unas cifras que ya eran de por sí negativas, a lo cual contribuye unos peajes que muchos usuarios consideran caros. Entre Cartagena-Vera disminuyó hasta un 5% el tráfico de agosto respecto al mismo mes del año anterior, cuando circularon 3.361 vehículos diarios. «Las pérdidas de tráfico son muy grandes», apostilla Rodríguez, para quien el problema no es exclusivo de la Región de Murcia. Explica que este vial empezó con niveles de ocupación «muy bajos» cuando se puso en servicio en 2007, y desde entonces sigue en dificultades.
Deuda alta
Tres años después, por este tramo pasa un 25% del tráfico previsto cuando se aprobó la concesión, lo cual da idea del desajuste entre el número real de usuarios de pago y los ingresos que se esperaban.
Aucosta reconoce que tiene una deuda alta que se debe solucionar «buscando fórmulas» entre el Ministerio de Fomento y la asociación nacional de empresas concesionarias de autopistas. ¿Rescate de la concesión, créditos participativos, reducción de las tarifas...? ¿Cuál es la solución? El representante de Aucosta ignora cuál será la propuesta financiera para capear unas malas cifras de negocio. Las empresas que ganaron la adjudicación invirtieron 550 millones de euros para hacer la obra y ahora se encuentran con serios problemas para refinanciar la deuda.
La autovía Cartagena-Alhama construida por el Gobierno regional ha contribuido a chafarle el negocio a la concesionaria, pero no es la causa principal. Según Florentino Rodríguez, la concesionaria sabía que se iba a construir esa carretera pública cuando pujó por las obras. El problema para ellos es el frenazo urbanístico, que ha afectado a Marina de Cope. «Lo que nos hace más pupa es que no se genera el tráfico que esperábamos. La idea general es que se iba a producir un crecimiento a lo largo de esa zona, y no sólo el Marina de Cope, que al final no se ha cumplido».
IU: «Es una vergüenza»
El coordinador de IU en la Región de Murcia, José Antonio Pujante, considera «una vergüenza» que PP, PSOE y CiU pacten en el Congreso la concesión de un préstamo de 200 millones de euros anuales a las concesionarias de autopistas de peaje, entre la que se encuentra la constructora del vial Cartagena-Vera.
* La Verdad - 9.11.10
Foto: Autopista vacía Cartagena-Vera - mineralespania
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DEIA* : La participación ciudadana va a ser un aspecto novedoso en la revisión del PGOU de Bilbao. Representantes de colectivos muy diversos han participado ya en talleres celebrados a los largo de este años para discutir sobre las necesidades que tiene Bilbao en estos momentos, de manera que posteriormente los técnicos puedan reflejar sobre la plano la soluciones. Fernando Hevia, arquitecto municipal del Ayuntamiento de Laudio, que también está revisando el Plan General de este municipio, es una de las personas que ha participado en estas mesas de trabajo. "Sobre todo lo que he planteado es que el urbanismo ha evolucionado. De ser concebido para que la ciudad crezca, a ser diseñado para renovar o responder a los problemas de las ciudades".
Según este arquitecto, en el caso de Bilbao es más evidente porque la capital vizcaina ha agotado su expansión territorial y su desarrollo tiene que basarse en la renovación de la trama urbana. En este contexto de pasar de un territorio más o menos virgen a un urbanismo con suelo prácticamente agotado, Hevia considera que es imprescindible "tener consciencia de las tensiones socioeconómicas".
Esta es una reflexión de partida que marcará las líneas del nuevo plan. Para ello, es necesario contar con una información que va más allá del examen topográfico, como ha podido ocurrir en otros momentos de la historia de Bilbao. Hay problemas que no son perceptibles por aquellas personas que no estén implicadas. En este contexto, es donde los talleres adquieren una importancia mayor, por la participación ciudadana que eso implica. Hevia cita algún ejemplo para explicar esta metodología. "Si se quiere situar un equipamiento en un barrio, primeramente será necesario conocer las circunstancias psicosociales para conocer el grado de aceptación o problemas que puede ocasionar. Eso es lo que deberá tener en cuenta la revisión del PGOU".
Idoia Uriarte, del Área de Mujer, otra de las personas que han participado en estos talleres, hace una exposición de su aportación en términos similares. "Hemos compartido las jornadas de reflexión con sectores muy diferentes. Desde representantes del mundo vecinal, hasta consumidores, comerciantes y mujeres para rentabilizar la vida en Bilbao". Para Uriarte, es preciso mejorar la accesibilidad, adaptar la ciudad a la nueva realidad de su población, a las costumbres sociales y religiosas de sus habitantes. "Yo no sé cómo reflejarán los técnicos sobre plano las inquietudes que puede tener la población, pero sí se que una ciudad donde hace falta fomentar la vecindad necesita espacios donde reunirse, por ejemplo, y eso tendrá que reflejarse en el nuevo plan que se redacte".
Los talleres, bajo diferentes títulos, han abordado temáticas diversas. Desde el fomento de un urbanismo transversal , o las metologías para la resolución de conflictos de incidencia territorial, también se ha tratado el tema de los grupos de presión frente a las formas participativas más estables o los elementos a considerar en la redacción de un programa de participación ciudadana asociado a un Plan General de Ordenación Urbana.
* Deia - 7.11.10
Foto: Bilbao, ría museo Guggenheim - elpais.com
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OTROMADRID* : La privatización del Canal de Isabel II ya está en un proceso de privatización silenciosa, a través de subcontratas y externalizaciones. Su privatización pública está cerca, ya existen ofertas sobre la mesa y probablemente ocurra después de las elecciones autonómicas del 2011. Hace más de dos años la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunciaba su intención de privatizar el 49% del Canal de Isabel II (1). Pese a que aun no se ha llevado a cabo, se ha realizado paralelamente una privatización silenciosa basada en la externacionzación y la subcontratación.
El gobierno de Aguirre contrató el pasado mes de Abril al banco BBVA, Rothschild y a Cuatrecasas para realizar las valoraciones y preparar a la compañía de cara a su estreno en los mercados, aunque aun no han presentado el folleto informativo en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El mes pasado Aguas de Barcelona (Agbar) mostró su interés con una Oferta Pública de Venta de acciones (OPV) (2). Todo parece indicar que no se ejecutará hasta después de las elecciones municipales y autonómicas de 2011, para no perjudicar la reelección de Esperanza Aguirre. El Canal de Isabel II es una institución para todos los madrileños, una empresa pública que, a diferencia de otras privadas, sí tiene beneficios. Peligran los puestos de trabajo, la calidad del agua, el propio servicio público de importancia básica y uno de los ejemplos prácticos de la superioridad económica y de gestión pública frente a la privada.
Desde hace algunos años se están sustituyendo puestos de trabajo internos del Canal de Isabel II por una subcontratación que significa, de facto, el primer paso de una privatización silenciosa. La externalización de la mayoría de los servicios del Canal ha eliminado prácticamente los procesos selectivos públicos, apenas se sacan a oposición plazas libres para sustituir los puestos vacantes por jubilación o baja. Se está sustituyendo la propia configuración laboral de la empresa, adecuandola a un modelo de empresa totalmente privada, en perjuicio de los propios trabajadores y de los ciudadanos que querían optar a un puesto de trabajo en una empresa supuestamente pública. La mediación de contratas es mucho más cara e ineficaz porque supone un gasto superior por cada obra y cada empleado, por lo tanto no hay razón socio-laboral válida para la privatización.
Además la subcontratación y externalización conllevarían un empeoramiento del propio servicio público y de la calidad de las aguas y del abastecimiento, ya que las contratas anteponen el beneficio privado al servicio público, reduciendo costes de producción, de mantenimiento y las inversiones de carácter medioambiental que el Canal de Isabel II ha llevado a cabo algunos años. La gestión de un servicio público tan esencial como el agua no puede depender ni subyugarse a los vaivenes del mercado, inestable ante cualquier crisis -como la financiera. La quiebra de una empresa privada del Canal de Isabel II pondría en peligro el suministro de agua potable para la ciudadanía, lo que sería una catástrofe difícil de calcular.
Tendría, así mismo, un nefasto impacto en el consumo de agua, cuestión tan importante en una cada vez más desértica España. Las campañas de concienciación ciudadana para que la población ahorre agua, que lleva a cabo el Canal de Isabel II y que tan importantes son desde el punto de vista medioambiental, serían incompatibles con la condición de empresa privada y la política de máximo beneficio empresarial, que incentivaría y dispararía el consumo, con un elevado impacto medioambiental y social que un país como España no podría soportar.
El Canal de Isabel II es una empresa pública con beneficios, lo que choca con los dogmas de la superioridad de la gestión privada. Grandes ciudades como Paris, Toulouse o Burdeos han decidido volver a la gestión y titularidad pública del recurso agua por razones de eficiencia y ahorro, además del propio beneficio social. La privatización del Canal significaría por lo tanto una pérdida de empleos, de calidad del agua, del servicio público, de los beneficios económicos para las arcas públicas y una catástrofe medioambiental. El Canal de Isabel II es propiedad de todos y por ello debe ser 100% público como lo ha sido desde hace 150 años.
Morales de Urioste
Moralesdeurioste.blogspot.com
(1) 19/09/2008 Aguirre insiste en privatizar el Canal http://www.elmundo.es/elmundo/2008/09/19/madrid/1221816429.html(2) Agbar quiere participar en la privatización del Canal Isabel II http://www.expansion.com/2010/09/09/empresas/1284042699.html
* OtroMadrid Opinión - 6.11.10
Foto: Madrid, antiguo depósito canal Isabel II - arqueologiay patrimonioindustrial
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LEVANTE/Castelló* : La piqueta y las máquinas excavadoras demolieron la semana pasada el Mas de Conill, una casa de labriegos del siglo XVIII que estaba catalogada como Bien de Relevancia Local (BRL). El municipio pierde así uno de los edificios emblemáticos, que aparece frecuentemente citado en textos literarios. "Tres cosas hay en Oropesa que no las tiene Madrid, la Farola, playa de la Concha y el Mas de Conill". Además, el escritor Enric Valor también cita el mencionado Mas.
El derribo del vetusto inmueble ha generado malestar en la localidad y ha sido denunciado por el concejal del Bloc, Josep Lluís Romero, quien en su momento planteó al consistorio que conservase el mas, por los valores tanto sentimentales como patrimoniales que representa.
La demolición del Mas de Conill coincide con el anuncio del consistorio, fotos incluidas, del inicio de las obras de restauración de la torre vigia de la Cordà. Un Bien de Interés Cultural (BIC) que estaba muy degradado, con el riesgo de perder una de sus ventanas y con sus paredes llenas de grafitis, lo que propició las denuncias de los grupos políticos Bloc y Compromís, que pedían a las autoridades que frenasen el daño al monumento.
Su catalogación como Bien de Relevancia Local se apoyó en los valores etnológicos y patrimoniales que representaba. A pesar de que presentaba un importante estado de abandono, los técnicos consideraron en su momento que podría ser recuperable en su totalidad para "dejar a generaciones futuras un estilo de vida, de cuando en Orpesa la agricultura era el motor económico del municipio".
Con la demolición del edificio construido en 1814 por Bautista Martínez se va un emblema de una forma de vida. Ni el consistorio ni la Conselleria de Cultura decidieron intervenir parar poner en valor la masía, que al final cayó a golpes de piqueta pese a que durante años fue testigo de la vida social del municipio.
No en vano, el edificio, una antigua casa de labradores que disponía en sus orígenes de noria y horno moruno, estaba muy próximo a la estación de ferrocarril en la que se reunían los comerciantes de la época. También la Guardia Civil de Benicàssim y Torreblanca se encontraba con los agentes de Orpesa en este enclave en las rondas de vigilancia, de manera que la masía actuaba como un punto de reunión.
Fue durante la Guerra Civil cuando la masía vivió su momento más duro al sufrir varios saqueos en los que los ladrones se llevaron hasta los muebles. Tampoco la posguerra fue mucho más halagüeña para el edificio, pero en los 70 recuperó su esplendor gracias a una intensa reforma que varió la estructura.
* Levante - 8.11.10
Foto: Las máquinas derrumbaron días atrás el Mas de Conill. - levante
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