LydiaGARRIDO* : "El Ayuntamiento de Riba-roja, que preside Francisco Tarazona, del PP, aprobó varios convenios con promotores en los que condiciona la adjudicación de planes urbanísticos a aportaciones económicas a la Corporación para "cualquier finalidad de interés local". Tarazona ha sido imputado por un posible delito de cohecho junto al empresario que le denunció por esa exigencia. Documentos municipales revelan que la necesidad de un pago para lograr la adjudicación quedó reflejada por escrito. El hecho de que no se especifique el destino concreto de la aportación incumple la Ley de Régimen Local y la LRAU.
La investigación de un posible delito de cohecho por exigir pagos a promotores a cambio de la adjudicación de planes urbanísticos en la que está imputado el alcalde de Riba-roja tiene varias aristas. De una parte, si esos pagos fueran donativos voluntarios, como asegura Tarazona, o comisiones ilegales camufladas. Y de otra, el destino que el Ayuntamiento dio a ese dinero, ya que la ley obliga a especificar el destino de la aportación y justificar su interés local.
La donación en sí misma no es un delito. En este caso, tal como consta en la denuncia presentada por el empresario Vicente Pérez Saura, administrador de Ribalge SL, no sería una aportación voluntaria sino el pago que condiciona la consecución de una licencia.
Pérez Saura explicó a la Fiscalía cuando denunció los hechos el pasado verano que había tenido que pagar 120.350 euros por la adjudicación del programa de actuación integrada (PAI) de Gallipont. Y aseguró que Tarazona llegó a pedirle hasta ocho millones de euros para que obtuviera la adjudicación de otros planes urbanísticos. Su negativa a continuar realizando esos pagos le ha supuesto, asegura, la paralización de todas las actuaciones en las que participa. Tarazona negó la mayor.
Sin embargo, Tarazona dejó constancia por escrito de las exigencias de aportaciones económicas, que él defiende como absolutamente legales, en relación con Pérez Saura y con otras dos empresas promotoras. Los cuatro pagos suponen una recaudación por este concepto de casi 1,7 millones de euros.
Como recogen los documentos a los que ha tenido acceso este periódico, Tarazona firmó con Javier Soler Luján, en representación de la empresa Polígono Mas Valo S.A. un convenio el 1 de agosto de 2003. En él, consta que el convenio se firmaba tal como había sido previamente aprobado en el pleno del ayuntamiento de fecha 30 de julio. Se refiere a la Unidad de Ejecución número 2 del sector Masia de Valo. En el punto quinto se recoge que la adjudicación es provisional y que para que sea definitiva "se condiciona el citado acuerdo a que el urbanizador realice la aportación económica a favor del Ayuntamiento con destino a cualquier finalidad de interés local de 841.416,95 euros".
En ese mismo documento se fija la entrega del aval, un día después de la aprobación en el Diario Oficial correspondiente de la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento urbanístico, y se especifica el precio al que el ayuntamiento venderá al promotor el metro cuadrado de la zona de aprovechamiento que le corresponda, a 116 euros. Con esta misma empresa suscribió otro convenio en el que el promotor debía pagar 300.506,05 euros.
Otro de los convenios en los que ha quedado constancia de la obligatoriedad de los pagos se recoge en el suscrito en la misma fecha con Jorge David Langa, en representación de Urbanizador Baló Plus S.A. respecto a la Unidad de Ejecución número uno del mismo sector. También se recoge que fue un acuerdo del pleno municipal que condiciona la adjudicación al pago por parte del promotor de 420.710,04 euros para el mismo destino: "Cualquier finalidad de interés local".
Además, otro documento del Ayuntamiento recoge la supeditación del pago de 120.350 euros a favor del Ayuntamiento por el empresario que presentó la denuncia para la adjudicación definitiva del plan urbanístico de Gallipont.
*ELPAIS.com - Valencia - 08/03/2007
Foto: Riba-Roja, víaspecuarias.org
Riba-roja ligó planes urbanísticos a pagos para "cualquier finalidad de interés local"
El Puerto de Granadilla y el Estado de Derecho
RamónPérezAlmodóvar* : "Algunos políticos profesionales de Canarias, que sólo se preocupan de seguir en el cargo, años y años, desde la transición, saben también que el Estado de Derecho es otra falacia. Por eso, aunque estén imputados en gravísimos casos de corrupción, por recibir dinero a cambio de licencias urbanísticas, por ejemplo, siguen utilizando todo su poder navegando en un mar de impunidades.
Que la transición sólo fue un traspaso de poderes, con el rey Juan Carlos I atado bien en corto por el Caudillo, es algo que empieza a ser tan evidente como que no existe eso que los teóricos denominan 'Estado de Derecho'.
Es claro el ejemplo que se da a los ciudadanos. Estoy imputado pero no sólo me voy a presentar a las elecciones sino que voy a arrasar es la interpretación de las declaraciones de Miguel Zerolo (ATI-CC) tras conocerse la querella de la fiscal anticorrupción por el pelotazo de Las Teresitas. Políticos así pretenden hacer cómplices de sus presuntos delitos a sus ingenuos, manipulados o desinformados electores. Los que votan a un personaje así de forma consciente viven del clientelismo, de las migajas del reparto del botín, hipotecando el futuro de todos los chicharreros y sumergiéndonos a todos en la corrupción moral –más allá de la política- hacia la que conducen a esta sociedad.
De confirmarse la candidatura de Zerolo a la alcaldía de Santa Cruz, estaríamos ante otra anomalía en una supuesta democracia como fue la candidatura de Dimas Martín tras sus sucesivas condenas. Ya ni siquiera disimulan, porque no hay necesidad de definir este sistema como democrático: hacemos los que nos da la gana, a ver si se enteran. Es la corrupción como valor, como relata Ramón Trujillo (1).
Si además de estar imputados siguen tomando decisiones fundamentales para el futuro de todos los tinerfeños, adjudicando cientos de millones de euros en obras a otros imputados (entre Las Teresitas y Granadilla hay todo un mundo de corrupción) con la necesaria participación de la Banca, es porque deben pensar que, efectivamente, pueden hacer lo que les da la gana, presentarse a las elecciones otra vez y gracias a una inversión multimillonaria en propaganda, bailes y cuchipandas, repetir en el cargo.
Aceptar conscientemente lo que está pasando en Tenerife y en Canarias y quedarse cruzado de brazos sólo contribuye al deterioro de esta sociedad. No se puede permitir que dure más tiempo esta impunidad, este régimen antidemocrático sustentado en una vieja Constitución y en un Estatuto de Autonomía que la mayoría de la sociedad ni conoce ni ha votado. Es inútil esperar sólo a lo que suceda el 27 de mayo, porque el alucinante sistema electoral canario consagra un régimen antidemocrático y deja sin representación a decenas de miles de personas.
Mientras movimientos sociales, organizaciones ecologistas, culturales, deportivas, vecinales, sindicales y hasta empresariales denuncian que detrás de la adjudicación de las obras en Granadilla hay un enorme pelotazo (y se especula con que en realidad será una base de la OTAN para la guerra por el petróleo en que estamos inmersos), mientras es vox populi que el expediente del Puerto de Granadilla está plagado de irregularidades e ilegalidades los funcionarios de la Administración de Justicia no se enteran, igual que los burócratas de la Unión Europea o del Ministerio de Fomento. Deben estar mirando para Antequera. No, no es en Antequera; es en Granadilla. Miren para Granadilla, señores fiscales, y si es que estamos en un Estado donde todavía prevalece el Derecho levanten las alfombras…que debajo está la mierda.
Su pasividad les hace cómplices de un régimen corrupto donde sólo van al talego los que pegan un tirón en la calle. La conservadora Administración de Justicia es producto de la misma transición, por lo que esto sólo tiene arreglo democratizando todas las instituciones y derogando una Constitución antidemocrática redactada en un Parador Nacional.
(1) La corrupción como virtud pública, Canarias 7, 21 de febrero de 2007.
*canariasahora.es, 8 DE MARZO DE 2007
Viñeta: nopuertogranadilla.org
El Alcalde de Níjar imputado por delito urbanístico
E.A.* : "La Sección Segunda de la Audiencia provincial de Almería ha dictado un Auto de fecha 9 de febrero de 2.007 por que el imputa a D. Joaquín García Fernández, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Níjar, D. Manuel Rodríguez Montoya, Concejal de Urbanismo y D. Federico García González, Jefe del Área de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Níjar por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad en documento público.
El origen de los hechos está en la firma del Convenio número 2 de la Normas Subsidiarias, entre el Ayuntamiento de Níjar y el ex concejal D. José Cayuela Carrique.
Este Convenio tiene por objeto que D. José Cayuela Carrique “ceda” al Ayuntamiento una zona verde de 12.100 metros cuadrados de superficie, superior al tamaño de un campo de fútbol, situado en el centro del pueblo de Aguamarga.
A cambio de esta “cesión” de zona verde, el Ayuntamiento de Níjar autorizó a su ex concejal la construcción de una urbanización cuatro veces más grande de lo permitido.
La sorpresa ha surgido cuando puestos a buscar ese enorme solar de 12.100 m2, difícil de ocultar en una barriada tan pequeña como Aguamarga, no aparece.
El ex concejal ha aportado al Ayuntamiento una finca de 12.100 m2 inscrita en el Registro de la Propiedad, el problema es que esta finca no existe físicamente, son dobles inmatriculaciones (incas inscritas dos veces en el Registro de la Propiedad).
Preguntado el Ingeniero municipal sobre la ubicación de esta enorme zona verde ha manifestado que no puede ubicarla porque no existen planos de la misma.
Sobre estos mismos hechos se celebrará, el jueves día 8 a las 10 de la mañana, juicio oral contra el ex concejal Sr. Cayuela en el Juzgado de lo Penal número 2 de Almería. Se le piden 7 años de cárcel y una indemnización al Ayuntamiento de 1.880.000 €.
Ecologistas en Acción recuerda al PSOE que el Secretario de Organización, D. José Blanco, prometió públicamente que el PSOE no presentaría a las elecciones a personas imputadas en delitos urbanísticos.
*Ecologistas en Acción, Almería 6/03/2007
Foto: faro Cabo de Gata
¿Falla el mercado o fracasan las políticas?
ANTÓN COSTAS* : "España ha sido el país europeo que más viviendas nuevas ha puesto en el mercado durante los últimos cinco años, un número mayor que toda la vivienda construida en Francia, Alemania e Italia juntas. En todo caso, una cantidad superior a la demanda procedente de la formación de nuevos hogares, contando con la inmigración. Sin embargo, cada vez es mayor el número de personas que tienen dificultades para acceder a una vivienda.
Como señalé en el artículo de ayer, si hoy tuviesen que comprarla contando sólo con los recursos provenientes de los ingresos del trabajo y de las prestaciones sociales (desempleo y pensiones), aproximadamente el 25 % de la población estaría en esa situación. Esta dificultad la sufren ya los hijos de las clases medias. Ante esta situación, la pregunta surge de inmediato: ¿falla el mercado o fallan las políticas?
Una economía que ha sido capaz de poner en el mercado ese volumen de viviendas nuevas no puede ser un mercado donde el volumen de oferta es rígido. En todo caso, el problema de la oferta está en la tipología de la vivienda que se ha construido (superficie inadecuada y régimen de propiedad en vez de alquiler), en la localización y función de muchas de ellas (viviendas no principales utilizadas como segundas residencias en la costa y en parajes del interior y de la montaña) y en los precios (astronómicos en relación con las rentas de los colectivos más débiles).
Pero en esa inadecuación de la oferta han tenido mucha influencia las políticas públicas. Por un lado, por la inacción de los poderes públicos en la promoción de vivienda adecuada para estos colectivos. Probablemente algo ha tenido que ver la espectacular mejora de las condiciones financieras del crédito a la vivienda (bajos tipos de interés y alargamiento del plazo de la hipoteca) que se produjo con la entrada en vigor del euro a finales de la década de 1990. Esas condiciones crediticias hicieron creer a nuestros gobiernos que el mercado por sí solo era capaz de suministrar independientemente vivienda a todo aquel que la demandase, independientemente de su nivel de ingresos. La famosa frase de Francisco Álvarez-Cascos afirmando que si los precios subían era porque la gente podía comprar reflejaba esa política de laissez faire. ¿Para qué actuar desde la política pública si el mercado era eficiente?
Llevados también por esa creencia, muchos ayuntamientos se dedicaron a desarrollar lo que podríamos llamar un urbanismo fiscal; es decir, a obtener ingresos con el planeamiento urbanístico y con la venta del suelo público donde deberían haberse construido viviendas de protección oficial a precio asequible para la gente con escasos recursos o directamente pobres, para financiar (en los casos de mayor honestidad) otros equipamientos sociales, como polideportivos y todo tipo de mejoras y eventos.
Por otra parte, las políticas de vivienda estatales no han tenido, en general, el objetivo de mejorar la calidad de vida y el bienestar de los pobres y de las familias de rentas bajas. Sus objetivos básicos han sido, en primer lugar, favorecer el acceso a la propiedad de las clases acomodadas; es decir, crear una sociedad de propietarios. En segundo lugar, utilizar la política de vivienda como un instrumento de política económica para estimular el crecimiento y el empleo. Con este objetivo es indiferente para quién sean las viviendas que se construyen.
Hay muchas razones para defender que las políticas públicas incentiven a los ciudadanos a consumir más vivienda de lo que harían si no existiesen esos incentivos. Sabemos que la vivienda hace a las familias mejores padres, mejores ciudadanos y mejores vecinos. Además, se trata de una forma de ahorro que permite a sus titulares afrontar contingencias inesperadas y hacer frente a necesidades relacionadas con la vejez y la dependencia, liberando parcialmente de esa carga al sector público. Sin olvidar que las leyes protegen más la propiedad de la vivienda que otros activos en los que una familia también puede ahorrar, lo que hace de la vivienda un activo más seguro frente a contingencias como, por ejemplo, un posible embargo por impago de una multa.
El problema es que la forma a través de la cual el Estado canaliza este apoyo a la vivienda no favorece a los más pobres. Por un lado, las deducciones en el IRPF por compra de vivienda -el principal instrumento de apoyo a la misma- no tienen efecto directo sobre las familias con ingresos bajos por un motivo muy sencillo: no tienen rentas suficientes que les permitan deducir nada en el IRPF. Tanto es así que muchos hogares no llegan ni al límite de rentas que obliga a declarar.
Además, el precio de las viviendas de protección oficial (VPO) de régimen general o especial, tanto de venta como de alquiler, están por encima de lo que sería el precio asequible que deberían pagar las familias con menores recursos si dedicasen como máximo el 35 % de sus ingresos al pago de la hipoteca o del alquiler. Así, el precio asequible para una familia de rentas bajas en Barcelona en 2004 era de 68.157 euros, mientras que el precio de una VPO de régimen general era de 97.269 euros, y de régimen especial, de 70.146 euros. En los dos últimos años la cosa no ha mejorado.
La conclusión parece clara. El resultado conjunto del urbanismo fiscal practicado por los ayuntamientos, de los incentivos fiscales del IRPF y de la orientación que hasta ahora ha seguido la VPO es lo que estamos viendo: si sólo cuentan con sus ingresos actuales, los hogares de rentas bajas y las familias pobres no tienen capacidad de acceder a una vivienda digna y asequible, ya sea de compra o de alquiler. Esa es la causa de la rebelión de los mileuristas de la que les hablaba ayer.
Actualmente, ya nadie duda de que sin un mayor activismo público en el mercado de la vivienda de protección oficial (especialmente la VPO de alquiler de precio asequible), el problema de acceso para los grupos sociales más débiles irá en aumento. Para lograrlo hay que dar contenido al derecho a la vivienda del que habla nuestra Constitución. Pero el problema que se plantea al llegar a este punto es qué debemos entender por derecho a la vivienda y cómo debemos financiarlo. De eso les hablaré mañana.
*Antón Costas es catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona.
*ELPAIS.com, Miércoles, 7/3/2007
TRIBUNA: El problema de la vivienda / 2 / ANTÓN COSTAS
Manos Limpias denuncia un nuevo pelotazo urbanístico en Roquetas
A24H* : "El Colectivo Manos Limpias en el Urbanismo de Roquetas de Mar ha señalado que cuando un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se aprueba, los equipamientos que se han de desarrollar los tienen que financiar los propietarios de los sectores a urbanizar, pero las grandes obras como una carretera, un gran parque, un hospital u otras deben financiarse a cargo de los sistemas generales.
El puente de la Rambla El Cañuelo es una gran obra. Los sistemas generales se deben pagar con el aprovechamiento global de todo el PGOU, con casi todas las parcelas nuevas que se autoricen a urbanizar tienen que financiar estas grandes obras de los sistemas generales.
El Colectivo Manos Limpias quiere denunciar que cuando se aprobó el PGOU de Roquetas vigente la zona donde se quiere construir el macro-puente de la Rambla El Cañuelo era un área marginal, y en la actualidad es la zona que más revalorización económica ha tenido, y donde más metros de techo se han construido. Desde el Colectivo Manos Limpias entendemos que en los sectores de la Rambla El Cañuelo hacia Aguadulce, es donde mayor beneficie económico han obtenido los promotores, ellos deberían haber construido el puente y las demás necesidades viarias dentro de los sistemas generales, y esto no se ha hecho por la mala gestión del equipo de gobierno municipal.
Este puente no tiene más interés para el Ayuntamiento de Roquetas de Mar que beneficiar un futuro pelotazo urbanístico que se dará a 400 metros de distancia del puente y a 300 metros de la rotonda que se quiere soterrar en el centro comercial Gran Plaza. Con el puente de la Rambla El Cañuelo y la futura rotonda soterrada de Gran Plaza se va a revalorizar el pelotazo urbanístico que se está fraguando para los herederos de la empresa Inmaculada Algaida, hoy Predios del Sudeste. El Colectivo Manos Limpias anuncia que en los próximos días ofrecerá más detalles de este pelotazo.
Entre la inversión municipal en la rotonda soterrada de Gran Plaza y en el puente de la Rambla de El Cañuelo el Ayuntamiento de Roquetas de Mar va a invertir en unos 800 metros de distancia alrededor de 5 millones de euros del bolsillo de los roqueteros. El Colectivo Manos Limpias en el Urbanismo de Roquetas quiere denunciar que a pesar de esta gran inversión en un espacio reducido de terreno en los 100 kilómetros de caminos rurales del municipio el Ayuntamiento de Roquetas no se ha gastado ni un euro, y son los agricultores roqueteros los que aportan gran parte de los impuestos municipales de Roquetas.
Para el Colectivo los agricultores de Roquetas son los que pagan siempre los tiestos rotos y alguna culpa tendrá el Ayuntamiento de Roquetas de Mar de los problemas de residuos fitosanitarios, ya que no invierte nada en la limpieza rural, y con una buena limpieza del campo se usarían menos productos fitosanitarios.
Es lamentable el estado de abandono del sector agrario roquetero por parte del Ayuntamiento al no invertir nada en este sector, pues sólo invierte en mejoras y acondicionamientos para grandes proyectos de “sus amigos”.
Además, para el Colectivo Manos Limpias en el Urbanismo, la inversión en los barrios periféricos de Roquetas por parte del Ayuntamiento es también inexistente pese a los grandes ingresos que tienen las arcas municipales roqueteras.
Con la nefasta política del concejal de Urbanismo de Roquetas de Mar, José María González, lo único que se logra es que declare literalmente en el registro de la propiedad de Roquetas con fecha de 18 de agosto de 2003 “que se dirá donde se tomó el acuerdo de aprobación del proyecto” (de Gran Plaza para otorgar a Tomás Olivo los 10.000 metros cuadrados de aprovechamiento urbanístico).
Esta anotación en el Registro de la Propiedad del concejal de Urbanismo sólo tiene tres caminos: enmarcarla en un cuadro para la posteridad; llevársela al Colegio de Registradores de España; o llevársela al fiscal anticorrupción. El Colectivo Manos Limpias en el Urbanismo de Roquetas no pierde la esperanza de que el fiscal anticorrupción vea esta anotación.
*Andalucía24Horas, 06/03/2007
