ELPAÍS/Palma* : La Fiscalía Anticorrupción solicitó y el juez ordenó prisión preventiva, eludible con una fianza de 350.000 euros para Maria Antònia Munar, ex presidenta del Parlamento de Baleares, que deberá pagar antes del viernes. También le ha sido retirado el pasaporte. Además, el juez le impuso otra fianza civil, para hacer frente a los daños que haya podido causar, de 2,5 millones. Munar está imputada en el caso maquillaje sobre la presunta financiación ilegal de UM a través del desvío de fondos del Consell de Mallorca, que presidió desde 1995 hasta 2007, alternativamente con los votos del PP y del PSOE.
Munar, que estuvo 30 años en el poder, se derrumbó emocionalmente ayer ante el juez Juan Ignacio López Sola al escuchar la petición de cárcel y la acusación del fiscal Juan Carrau por los delitos de negociaciones prohibidas, malversación de caudales públicos, falsedad documental, prevaricación, cohecho y electoral. Durante su declaración, de más de tres horas, se declaró inocente. Dijo no tener ninguna relación con la trama ilegal que se investiga y culpó de todo a su antigua mano derecha en el Consell y en UM, el ex consejero de Turismo Miquel Nadal, a quien acusó de "mentir" y querer "congratularse con la fiscalía para hacerle daño político".
Nadal, imputado en éste y otros tres de los siete escándalos judiciales que implican a UM, pactó con los fiscales, se autoinculpó ante el juez y vinculó a su ex protectora Munar en el manejo de 300.000 euros de dinero en efectivo de UM. Nadal detalló que le entregó esta cantidad en su coche oficial para comprar la productora Vídeo U que poseía la televisión local de Mallorca para convertirla en pública. Además de Nadal, tres empresarios del sector audiovisual implicados en el caso acusaron a Munar de estar detrás de la trama. Tras negociar con el fiscal una reducción de pena, confesaron haber recibido los 300.000 euros en 2004, al ejecutar Nadal y Munar y sus testaferros familiares la compra de su productora Vídeo U.
La televisión fue rebautizada como [M], casi un logo de UM, el partido de Munar. Desde las arcas del Consell, la ex presidenta de Parlamento balear y Nadal concedieron a su propia productora y a M cerca de dos millones de euros en subvenciones sospechosas por facturas simuladas y programas no realizados. Además, empresas vinculadas a la televisión contrataron a militantes de UM para la campaña electoral de 2007.
Munar delegó en Nadal cualquier responsabilidad de lo que ante el juez consideró como un "marrón" y un "problema muy gordo" derivado de la compra de Vídeo U. Afirmó que la operación "no ayudó" a su formación y remachó que en la malla clientelar de UM no había "nadie de su confianza". Munar negó que manejara los fondos del partido y aseguró que sólo firmó talones en casos excepcionales. La ex presidenta del Parlamento balear aseguró que el ex propietario de la productora y operador en la trama con Miquel Nadal, Miquel Oliver, era socialista y desveló que el ex presidente balear del PP Jaume Matas decretó su marginación total. A Oliver "ni agua", dijo Matas, según Munar.
Por otra parte, la juez dictó ayer fianza de 100.000 euros para el ex consejero de Turismo Francesc Buils, también de UM, implicado en el caso Voltor, por malversación y cohecho. La misma cantidad tendrán que pagar dos empresarios informáticos de la firma Minser y el promotor inmobiliario y de medios de comunicación Jacinto Farrús, de la confianza de Jaume Matas.
* ELPAIS.com - 18.03.10
Foto: Palma, parlamento balear - picasaweb.google.com
Baleares: El juez ordena prisión preventiva o 350.000 euros de fianza para Munar
La Iglesia quería construir garajes en parcelas reservadas para parroquias
ELPAÍS/Madrid* : Los terrenos cedidos por el Ayuntamiento no pueden tener uso lucrativo. Además de cuidar de las almas de los feligreses, los párrocos de las iglesias de Beata Teresa de Calcuta y de Santo Tomás Apóstol ejercían hasta ayer otra función mucho más terrenal. Asumían el papel de vendedores de aparcamientos, preocupándose también por su "calidad de vida", según reza su publicidad. Ante la dificultad de encontrar sitio para dejar el coche, se advierte: "No le des más vueltas, es tu oportunidad".
No faltan algunas técnicas de mercadotecnia más avanzadas. Como crear ansiedad al cliente para que compre rápido: "Se ponen a la venta las últimas plazas disponibles", dice la hoja tipo octavilla de buzoneo.
Después no andan con florituras: un mapa de la zona, el coche (un Renault Scenic), la familia con niño como potenciales clientes y los datos, que van al grano: el precio, las dimensiones de la plaza, la forma de pago... Hasta el número de licencia de la obra. Esas octavillas estaban a disposición de cualquiera en ambas parroquias. Además los curas se habían tomado la molestia de repartirlas por el barrio.
Pero, el frenazo, ayer, fue en seco. Porque en realidad estaban vendiendo humo. Los dos solares a los que pensaban trasladar y construir ambas iglesias-en virtud del convenio de 1997 entre el entonces alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano (PP), y el arzobispo Antonio María Rouco Varela para la permuta de parcelas- están en régimen de cesión gratuita por 75 años para la edificación de templos y no para usos lucrativos. Por lo tanto, al ser de derecho municipal no se le permitía construir aparcamientos que financiaran la construcción de ambas parroquias.
La pregunta que llevó el concejal socialista Daniel Vicente Viondi ayer a la Comisión de Urbanismo y Vivienda en relación con las parcelas cedidas al arzobispado destapó la caja de los truenos. El edil preguntó por qué el Ayuntamiento había concedido dos licencias urbanísticas donde no estaba permitido su uso lucrativo: una en 2009, en la confluencia de las calles de Campo de la Torre y Minerva (parroquia de Beata Teresa de Calcuta) y otra en 2008, entre las calles de Portugalete y Emilio Ferrari (Santo Tomás Apóstol). Viondi calculó en 3,8 millones netos el beneficio que iba a sacar el Arzobispado de la venta de los garajes en ambas parcelas.
La coordinadora de Urbanismo del Ayuntamiento, Beatriz Lobón, respondió que el Consistorio había requerido por escrito al Arzobispado que se abstuviera de construir dichos aparcamientos, ya que vulnerarían el convenio firmado en 1997 por Álvarez del Manzano. Añadió que el Ayuntamiento haría una visita a dichas parcelas -en las que no se han comenzado las obras- para comprobar que no se pretende construir aparcamiento alguno y, si las obras hubieran empezado, instar a que se paralicen "automáticamente".
Concluida ya la Comisión, la concejal de Urbanismo, Pilar Martínez, anunció a la salida que el Arzobispado le había comunicado "verbalmente" que, atendiendo el requerimiento del Ayuntamiento, no construirá los dos aparcamientos que tenían previstos. Este periódico intentó ayer sin éxito hablar con el Arzobispado.
Pero queda un importante fleco pendiente. Varios de los futuros compradores habían depositado un adelanto en concepto de señal, según reveló Viondi. En el caso de la iglesia de Beata Teresa de Calcuta, en Vicálvaro, se ofertaban 240 plazas de garaje, en tres niveles, que se localizarían "bajo la nueva ubicación del complejo parroquial". El precio, según la planta, oscilaba entre 27.000 y 30.000 euros, IVA no incluido, por una parcela de 12 metros cuadrados de superficie media aproximada. Había que poner 4.500 euros a la firma del contrato.
"El importe recaudado se destinará a la construcción del complejo", dice la publicidad. Viondi se pregunta por qué el Ayuntamiento se lanzó a conceder las licencias. Sospecha que si no se hubiera denunciado "el garaje habría salido adelante". El Arzobispado "dispone a su antojo y el Ayuntamiento calla. En esta ocasión les ha toreado como ha querido. Ustedes han dado carta de validez jurídica a estos negocios del Arzobispado", dejó dicho el edil en la Comisión.
¿Y qué futuro le esperan a estas dos parcelas si, finalmente, no se construyen las parroquias, porque sin aparcamientos no hay dinero? "Pues que tendrán que devolverlas al Ayuntamiento, como ya pasa con otras", sentencia Viondi.
* ELPAIS.com - 18.03.10
Foto: Madrid, iglesia Sto.Tomás Apóstol - madridiario.es
El fiscal solicita cuatro años y medio para el alcalde de Alhaurín el Grande, que no dimitirá
SUR/Málaga* : El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, se enfrenta a cuatro años y medio de cárcel y a diecinueve de inhabilitación por recibir, presuntamente, distintas cantidades de dinero a cambio de facilitar a determinados promotores un aumento de la edificabilidad en sus construcciones en el municipio. Pese a la acusación y petición de cárcel solicitada por la Fiscalía de Málaga contra Martín Serón, el regidor sacó pecho y aseguró ayer que no sólo no va a dimitir, sino que piensa presentarse a las próximas elecciones.
Además del alcalde, la Fiscalía acusa, en el conocido como 'caso Troya', al concejal de Urbanismo, José Gregorio Guerra, para el que pide siete años y medio de prisión, y a dos asesores jurídicos municipales y dieciséis promotores para los que solicita penas que suman casi cincuenta años de cárcel.
El Ministerio Público sostiene que al menos desde el año 2002 y hasta 2006 ha venido operando en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande «una trama cuyo objetivo era el enriquecimiento personal e ilícito de ciertas autoridades municipales ofreciendo una mayor edificabilidad a los promotores inmobiliarios a cambio de la oportuna retribución económica». Al frente de esta trama sitúa al concejal de Urbanismo, José Gregorio Guerra, «encargado de negociar con los constructores las condiciones urbanísticas y las contrapartidas económicas que debían abonar, en cargándose él mismo de su recaudación», afirma el fiscal en su escrito de calificación provisional.
«Estos hechos eran conocidos por el alcalde, quien permitió la conducta delictiva de su concejal y a cambio de su silencio obtuvo participación en el dinero», añade la acusación pública. De esta manera, Martín Serón registró numerosos ingresos en efectivo en sus cuentas y las de su esposa-que no ha sido acusada-, que ascendieron a un total de 238.785 euros. Además, subraya la adquisición de tres fincas por importe de 16.000 euros; 64.780 euros en efectivo hallados en su casa y 7.000 euros en su despacho.
El exceso de edificabilidad y del número de viviendas con respecto a lo legalmente establecido en el planeamiento urbanístico tenía un precio previamente fijado en el Ayuntamiento de Alhaurín. De esta manera, el metro cuadrado de techo construido de más se cifraba en la cantidad de 80 euros, mientras que la vivienda extra se pagaba a seis mil euros.
Las licencias eran concedidas por el edil de Urbanismo con el visto bueno de los dos asesores jurídicos municipales acusados, pese al informe técnico negativo del arquitecto del Ayuntamiento. De esta manera se habrían otorgado hasta diez licencias de obras, previo pago de distintas cantidades que oscilaron entre 168.000 y 6.000 euros. Las sumas solicitadas y/o percibidas por Guerra ascendieron a 782.445 euros, según la Fiscalía.
Se volverá a presentar
El alcalde de Alhaurín el Grande volvió a defenderse ayer con la misma vehemencia con la que lo ha venido haciendo desde que fue detenido hace tres años, achacándolo todo a un montaje auspiciado por sus rivales políticos. «Hemos ganado una nueva batalla en el 'caso Troya' y estamos totalmente seguros de que vamos a ganar la guerra y este asunto pasará a la historia por ser un caso más de persecución política del PSOE contra gente inocente», manifestó en un comunicado. Martín Serón aseguró que no sólo no va a dimitir, porque tiene «la conciencia tranquila», sino que piensa presentarse a las próximas elecciones municipales de 2011.
En el seno del gobierno local de Alhaurín el Grande destacaron como positivo que la Fiscalía no haya acusado finalmente ni a Serón ni a su esposa ni al dueño de la compañía Conextran, al que se le impuso la «escandalosa» fianza de 100.000 euros, del delito de blanqueo que inicialmente les imputó cuando fueron detenidos.
* SUR - 18.03.10
Foto: Alhaurín el Grande, alcalde y concejal imputados - diariosur.es
Imputados por corrupción un diputado foral y relevantes miembros del PNV alavés
ELCORREO* : Ocho personas fueron detenidas y luego puestas en libertad con cargos, acusadas de cobrar comisiones urbanísticas ilegales. La corrupción golpeó ayer en la línea de flotación del PNV de Álava. Ocho personas vinculadas con el partido, y entre los que destaca Alfredo de Miguel, diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial y vicepresidente segundo de la Caja Vital, fueron arrestadas ayer por la mañana por la Ertzaintza acusados de un presunto delito de cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
Pese a que el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, Roberto Ramos, decretó el secreto de sumario, fuentes de la investigación, impulsada desde hace meses por la Fiscalía de la Audiencia Provincial a raíz de una denuncia anónima, señalaron a EL CORREO que la acusación se basa en el supuesto cobro de comisiones ilegales derivadas de operaciones de compraventa de terrenos realizadas en el parque tecnológico alavés de Miñano, y que al parecer fueron efectuadas a través de una sociedad llamada Kataia Consulting S.L.
Los detenidos, que estuvieron durante toda la jornada de ayer en dependencias judiciales prestando declaración, fueron puestos en libertad con cargos a primera hora de la noche. No tuvieron que hacer frente a fianza alguna. La conmoción en las filas jeltzales era evidente. El Araba buru batzar (ABB) y la Diputación se convirtieron en un hervidero de rumores, dado el desconocimiento de lo que ocurría y la relevancia de las personas arrestadas, al ser nombres clave en el 'aparato' del partido en el territorio en los últimos años.
A saber: Alfredo de Miguel, el 'hombre fuerte', presente y futuro del PNV en Álava (también es consejero del parque tecnológico); Aitor Tellería, actual burukide del ABB, ex procurador de las Juntas Generales, ex concejal en Vitoria y director del Centro de Empresas e Innovación de Álava (ubicado en Miñano); Alfonso Arriola, gerente del mismo recinto tecnológico entre 2003 y 2007 y actual asesor del Tribunal Vasco de Cuentas; Koldo Otxandiano, gerente del Instituto Foral de Bienestar Social durante el primer año del mandato de Xabier Agirre -presentó su dimisión en julio de 2008-; Jon Iñaki Etxaburu, el más desconocido de todos ellos; Iratxe Gaztelu, candidata al Parlamento por Álava en las elecciones autonómicas (no salió al ir en el puesto 18); Ainhoa Bilbao, esposa de De Miguel, y Araceli Bajo, mujer de Aitor Tellería.
Estas tres mujeres constan como administradoras mancomunadas en Kataia Consulting S.L., empresa ahora investigada, y que fue constituida el 22 de junio de 2005 con el objeto de «asesorar a personas físicas y jurídicas en todos los ámbitos de su actividad». Su sede social se ubica en la sociedad gastronómica Etxezarra, en el número 35 de la calle que lleva el mismo nombre, en el barrio de Zabalgana).
Cese o dimisión
Los registros policiales se sucedieron a lo largo de toda la jornada. Por la mañana, agentes de la Policía autónoma acudieron al Centro de Cálculo de la Diputación -complejo informático de la institución- para recabar información sobre De Miguel, mientras que por la tarde estuvieron en su despacho del Palacio de la Provincia -sede del Ejecutivo- para rastrear su equipo informático y requisar varios aparatos. Los agentes, además, acudieron a los domicilios de los arrestados y a la sede de la calle Etxezarra.
La sorpresa y la desolación entre las filas jeltzales era total. Un sentir expresado con singular indisumulo por el diputado general, Xabier Agirre, que tajante advirtió de que su Gabinete será inflexible ante cualquier irregularidad. «Presunción de inocencia, pero también tolerancia cero, sea quien sea. Estamos aquí como servidores públicos y en este sentido no permito absolutamente nada», apostilló en una declaración pública efectuada a las once de la mañana, apenas dos horas después de conocer los arrestos.
Arropado por su equipo de gobierno -integrado sólo por PNV y EA tras el cese del diputado de Aralar-, Agirre, visiblemente desencajado, reconoció que «no tenía la más repajolera idea» de lo sucedido y admitió que el trago por el que estaba pasando era «muy duro». Pese a todo, no le tembló el pulso al asegurar que si De Miguel sale del juzgado con cargos, como ocurrió, «lo correcto» sería que presentase su dimisión. Por contra, el presidente del ABB, Iñaki Gerenabarrena, fue más cauto y abogó por esperar a que se levante el secreto de sumario.
La duda es saber si Agirre cesará a su diputado o esperará a que haya algo de luz sobre un caso que ha dejado muy tocado al PNV.
LOS INVESTIGADOS
ALFREDO DE MIGUEL | DIPUTADO FORAL
A sus 38 años es también vicepresidente segundo de la Caja Vital.
ALFONSO ARRIOLA | ASESOR DEL TCPV
Economista, ocupó entre 2006 y 2009 la dirección del Parque Tecnológico de Álava.
AITOR TELLERÍA | DIRECTOR DE CEIA
Burukide, fue concejal del Ayuntamiento de Vitoria de 1998 a 2004 y procurador en las Juntas Generales de Álava de 1999 a 2003.
KOLDO OTXANDIANO | EX GERENTE DEL INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL
Militante del PNV ocupó este cargo desde septiembre de 2007 a julio de 2008, cuando dimitió
IRATXE GAZTELU-URRUTIA | MÉDICO
Natural de Vitoria, es licenciada en Medicina y ocupó el puesto 18 en las elecciones al Parlamento vasco
AINHOA BILBAO LASA | ESPOSA DEL DIPUTADO FORAL ALFREDO DE MIGUEL
Es administradora mancomunada de la sociedad Kataia Consulting SL, cuya sede fue registrada.
JON IÑAKI ETXABURU
Detenido en la operación.
ARACELI BAJO LÓPEZ | ESPOSA DE AITOR TELLERÍA
Es administradora mancomunada de la sociedad Kataia Consulting.
* El Correo - 18.03.10
Foto: Vitoria , sede Diputación foral - portalviajar.com
Los extranjeros protestan para que no derriben sus casas ilegales
LAOPINIÓN/Málaga* : Siempre se les cita pero hasta ahora no se sabía quiénes eran. Ellos se definen como "compradores de buena fe", pero ayer perdieron la paciencia y se concentraron en la plaza de la Marina para exigir una solución a su problema. En cierta manera, se rebelaron contra el sistema. Un millar de extranjeros llegados desde todos los rincones de la provincia se dio cita ayer en la capital para protestar por los abusos urbanísticos convocados por la asociación ´Save Our Homes Axarquía´(SOHA).
En un ambiente festivo, foráneos propietarios de casas irregulares ubicadas en la Axarquía, el Valle del Guadalhorce, la Costa del Sol Occidental o incluso en diversos rincones de Almería se rebelaron contra la Junta de Andalucía, administración a la que hacen responsable de la situación que atraviesan.
Así lo expuso el presidente de SOHA, el británico Philip Smalley: "Nos sentimos engañados y estafados". ¿Por qué? El caso prototípico es el siguiente: extranjeros que se instalan en diversos puntos de la provincia a principios de la década, compran un terreno y tramitan los permisos en los ayuntamientos, pagando sus tasas y, según creían, con todos los papeles en regla para hacerse una casa. Pero en el último bienio, han recibido inquietantes cartas de la Junta y de los consistorios, en las que se les comunica que sus viviendas están en situación ilegal y habría que plantearse demolerlas. Por ello, se han impugnado sus licencias ante los juzgados.
El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, no se dejó impresionar por el acto de fuerza, convocado bajo el lema ´Castigad a los culpables, no a las víctimas´. De hecho, pidió "paciencia" a los extranjeros, ingleses y alemanes en un 90%. Y, de paso, les reclamó que "no ejerzan presión". "Hay que buscar soluciones pero sin exigirlas. No caben las leyes de punto final, sino el análisis caso a caso tras un breve inventario de licitaciones de cada municipio", agregó.
SOHA y otras organizaciones afines piden tres cosas en una carta remitida al jefe del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán: si se demuele, que los propietarios sean compensados; que se inicie un proceso de regularización de forma inmediata y que se paralice ya la expedición de órdenes de derribo y multas. Mario Blánquez es británico, portavoz de Los Verdes en Alcaucín y miembro de SOHA. Su caso es paradójico –¿un verde hablando de una regularización masiva?–, pero lo defiende con vehemencia: "La gente tiene órdenes de demolición, aun con la documentación en regla y pagando sus impuestos. Calculamos que puede haber más de 50.000 casas en esta situación en Málaga y 200.000 en Andalucía. No estamos a favor de lo que es ilegal, pero nosotros no podemos pagar los platos rotos. Ni sus alcaldes apoyan a la Junta". El problema es que muchos de ellos pueden perder la inversión realizada, cercana o superior a los 600.000 euros en muchos casos.
La intervención más dura fue la de la eurodiputada británica Marta Andreansen, del Grupo de la Europa de la Libertad y la Democracia: "El Gobierno español o resuelve el problema de las irregularidades urbanísticas o se podrían bloquear parte de los fondos europeo destinados a las regiones afectadas".
En España hay 400.000 afectados –incluyendo a algunos nativos–, ya que "tienen órdenes de demolición de sus casas o amenazas de ello con la excusa de que están construidas en terrenos ilegales".
La buena fe se esgrime como defensa ante lo que parece inevitable. Además, ironías del destino, la manifestación se celebró un día después de que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobara un reglamento de disciplina urbanística que da competencias a los alcaldes para tirar casas en el plazo de un mes, lo que se ha bautizado popularmente como el ´derribo exprés´. Sólo se podrán regularizar las que tengan algún encaje legal; el resto, si nadie lo remedia, se echará abajo. Se endurecen las sanciones y se persigue el beneficio económico del promotor que no haya hecho las cosas bien.
Opiniones
Los alcaldes sonríen cuando se les habla de ´derribo exprés´. La regidora marbellí, Ángeles Muñoz, lo ve bien, pero la Junta, dice, "no ha sido tan diligente en 20 años en lo que respecta a Marbella". Su colega de partido y de comarca, Esperanza Oña –alcaldesa de Fuengirola–, cree que la medida "llega treinta años tarde", mientras que Torremolinos dice que no tiene viviendas ilegales en su territorio. Los socialistas, por su parte, aplauden con entusiasmo, al menos en público, la iniciativa, salvo algunos casos. José Sánchez, regidor de Álora, afirma que se trata de "una barbaridad más de la Junta de Andalucía". Hay de todo, por tanto.
Los alcaldes axárquicos llevan meses pidiendo una salida a su situación, angustiada, desde luego, debido a los numerosos procesos judiciales que soportan. Sin ir más lejos, Espadas se comprometió ayer a desbloquear los planeamientos urbanísticos de los municipios de la comarca más oriental de la provincia. El consejero dice que el plan de choque autonómico está dando sus frutos y habló del intenso trabajo que se ha hecho con los dieciséis municipios afectados, muchos de ellos con medios muy precarios para vigilar sus zonas.
En cuanto al ´derribo exprés´ –en sólo un mes, adiós a su apreciada casa–, la Junta asegura que analizará "caso a caso". No habrá una masiva demolición, pero tampoco una amnistía general similar a la del 77 con los presos políticos. "En caso de que la vivienda ilegal pueda ser reconducida a la ordenación urbanística, el propietario deberá compensar al municipio mediante una aportación económica o la entrega de terrenos", alegó Espadas.
En cuanto a las obras irregulares ya construidas, explicó que "el primer paso es inventariar las casas edificadas fuera de ordenamiento urbanístico y, a continuación, analizar en cada caso el planeamiento urbano y tomar decisiones respecto a las situaciones más delicadas". O sea, que va a tirar únicamente las que no tienen ningún tipo de salvación.
El edil de Urbanismo de Vélez, Salvador Marín (IU), cree que esto es más trabajo para los consistorios. "Se les endosan más responsabilidades a los ayuntamientos de la provincia".
Los que no lo ven nada bien son los ecologistas. Sí hay algo positivo: "Se acelera el proceso", pero también extremos negativos: es como poner al zorro a cuidar de las gallinas, vienen a decir. "La medida gravita en exceso sobre los ayuntamientos y supone que estas instituciones han mostrado en los últimos años una negativa expresa a erradicar la construcción de viviendas en suelo no urbanizable", dijo ayer Ecologistas en Acción.
En fin, que es un instrumento "insuficiente" y aclaran que ellos preferirían un texto algo más duro: de momento, lo que proponen es quitarles las competencias a todos los municipios sobre el urbanismo, crear un organismo de la Junta que se encargue del ´derribo exprés´ y solicitar más apoyo a la policía.
* La OPinión de Málaga - 18.03.10
Foto: Movilización. Un millar de extranjeros se manifestó ayer por las calles del Centro Histórico para pedir el fin de los abusos urbanísticos. - Carlos Criado, laopiniomdemalaga.es
La respuesta penal a la corrupción urbanística
UAM/Madrid* : Las recalificaciones, la licencia de las promociones fraudulentas, la inhabilitación, las multas, la demolición de la obra ilegal y el comiso de los beneficios generados en un delito contra la ordenación del territorio son herramientas del derecho penal muy útiles, pero tienen algunas lagunas.
Las recalificaciones
El derecho penal apenas presta atención a uno de sus principales problemas: la aprobación de instrumentos de planeamiento urbanístico en contra de los intereses generales y en beneficio de los intereses privados, lo que se conoce como las "recalificaciones" de suelo, de capital importancia porque es un proceso relativamente sencillo que genera mucho dinero.
Hay dos supuestos principales de prevaricación en relación con los planes urbanísticos: construir donde antes estaba prohibido y cambios en el planeamiento con el objetivo de legalizar unas obras que contravenían la legalidad urbanística. Es difícil probar la existencia de una dádiva como la conexión entre los diferentes sujetos activos de cohecho.
La licencia
Lo que más influye es que las infracciones urbanísticas de cierta entidad no suelen carecer de licencia. Lo que suele suceder es que previamente se ha puesto los medios para obtenerla a través de un oportuno cambio en el plan urbanístico y, con ello, del destino y los usos de un suelo concreto, de forma precia o incuso coetánea de la concesión de la licencia, previo acuerdo de la entidad que construye y el representante correspondiente de la Administración local. Y si eso no ocurre así, tampoco es extraño que se legitime posteriormente la ilegalidad sin demasiadas dificultades. Incluso en el caso de que se haya perseguido la ilegalidad y haya una solución que obliga a la demolición de la construcción ilegal también nos encontramos con una situación de generalizado incumplimiento. Esto es especialmente grave, ya que se trata de una situación de desobediencia a las decisiones judiciales, amparada por la propia administración, que no insta a la ejecución efectiva de las mismas. Todo ello fomenta la convicción de una una vez terminada la construcción, sus irregularidades se acabarán viendo siempre legalizadas. Esto es materia de derecho penal, ya que estas conductas están tipificadas como prevaricación y cohecho.
La inhabilitación pública
En virtud de la ley actual pueden cometer un delito tanto promotores, constructores y técnicos-directores, o varias personas que actúan de forma conjunta y organizada. El código penal sanciona tanto a los promotores como a la autoridad o funcionarios por delitos de delito urbanístico y prevaricación, respectivamente, un acierto puesto que tipifica no sólo la conducta de promotores, constructores y técnicos-directores, con penas de prisión e inhabilitación, aunque la redacción de la ley puede ser farragosa y no ayuda a la labor del juez.
288.000 euros de multa como máximo
La pena de inhabilitación es un acierto, pero entre los aspectos negativos hay una intolerable previsión de que la sanción económica se establezca por el sistema de días-multa en vez del sistema de multa proporcional, ya que la cuantía máxima a pagar serán 288.000 euros, cantidad irrisoria comparada con las ganancias que se pueden llegar a obtener mediante un delito urbanístico. Debería ser proporcional estableciendo la cuantía en relación con el valor del objeto del delito o del beneficio reportado. Ésta haría sido la solución más responsable desde el punto de vista político, y habría revelado que el legislador de verdad presentía hacer frente a este tipo de infracciones con los medios con los que cuenta el derecho penal.
La demolición
En el ámbito urbanístico no hay dificultades insalvables, ni técnicas ni legales para abrir la posibilidad de persecución en los delitos de prevaricación y de cohecho. "Es imprescindible que se incremente el interés para perseguir este tipo de infracciones, pero no hay más dificultades. El derecho penal cuenta con más posibilidades para hacer frente a problemas derivados de los atentados contra la ordenación del territorio, en concreto, los relativos a la demolición de obras ilegales. Es endémica inejecución de las de por sí escasas órdenes de demolición dictadas desde lo contencioso-administrativo o lo penal. Se puede tardar más de cinco o diez años en demoler una obra para la que existe orden de demolición y a veces no se hace nunca.
El juez penal se puede ver en una compleja situación antes de dictar la orden de demolición de la construcción ilegal, cuando desde la defensa se alega que no procede decretarla porque ya no es posible o razonable. En ambos casos, el resultado pretendido por los constructores de una suerte de legalización de las construcciones a través de una modificación de los planes urbanísticos para que esas obras ilegales pasan a estar confirme con la legalidad. Es decir, que en un análisis de coste-beneficio, las empresas constructoras y promotoras tienen, por un lado, tanto el coste de la sanción por la infracción urbanística como el coste de la eventual demolición y, por otro, el beneficio que se puede obtener por la venta o explotación de lo edificado. Si se tiene en cuenta la escasa persecución de este tipo de infracciones como la prácticamente nula ejecución de las órdenes de demolición, las posibilidades de obtener el beneficio rayan en la certeza. Si no hay persecución, su coste es asumible.
El comiso
Cuando hay una construcción ilegal, el juez puede ordenar la demolición, pero si por el transcurso del tiempo las necesidades urbanísticas varían y se acaba modificando el plan urbanístico antes de que se dicte sentencia, puede dar lugar a que ya no sea posible o razonable ordenar la demolición. En estos casos, la alternativa a la orden de demolición ha de ser el comiso de los efectos y las ganancias provenientes del delito. La institución del comiso de efectos es un instrumento idóneo para el problema político-criminal que se plantea: cumple con el efecto preventivo-general de evitar el enriquecimiento delictivo, el principal estímulo para la comisión de estos delitos. Además, permite soslayar ciertas eventualidades materiales y procesales que frenan a otra clase de medidas penales, y así no se ve detenida por ciertas declaraciones de exención de responsabilidad criminal y la posibilidad de comiso de la ganancia obtenida por la venta de los inmuebles permite evitar alegaciones como la eventual buena fe- real o ficticia- de los adquirientes de las viviendas.
En cuanto a la cuantía del comiso, las ganancias se han de calcular ateniendo al calor de la construcción: o bien la ganancia obtenida con su venta o transformación menos el valor del suelo en el momento del enjuiciamiento o la venta y lo que exceda el valor del suelo puede considerarse provecho del delito, y si no fuera posible el comiso de las ganancias, se acuerda el comiso de otros bienes por un valor equivalente. El comiso de las ganancias provenientes del suelo es una alternativa para cuando no se puede ordenar razonablemente una demolición, ya que si no se procede al comiso de las ganancias del delito, se corre el peligro de reducir hasta dejar casi anulados los costes que ha de conllevar un atentado contra la ordenación del territorio, de modo que el infractor tan sólo obtendría beneficios.
* Fuente: Urbanismo y corrupción. Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Ed. Ángel Menéndez Rexach (BOE)
* Expansión - 16.03.10
