Uno de los símbolos de la lucha por una vivienda digna, el bloque de pisos vacíos propiedad del 'banco malo' SAREB en Salt (Girona), ha vuelto a ser ocupado por la plataforma ciudadana PAH. Esto es de capital importancia ya que ahora posee, además, un carácter y significado muy diferente tras el cambio electoral acaecido el 24M en todo el país y que ha llevado a una de las principales voces de la PAH, Ada Colau, a la cabeza del gobierno municipal en Barcelona. Es de esperar, por tanto, una evolución favorable a estas acciones ciudadanas imprescindibles socialmente, que chocan con los poderes más retrógrados y corruptos, sea en Cataluña o en otra Comunidad Autónoma.
"ELPAÍS* : La PAH Girona-Salt ha vuelto a ocupar el Bloque-Salt, edificio que durante nueve meses, del 22 de marzo al 13 de diciembre del 2013, fue el símbolo de la lucha por “el derecho a la vivienda y a una vida digna” de la Plataforma de Afectados de la Hipoteca de las comarcas gerundenses. Los quince pisos han vuelto a ser ocupados sobre las ocho de la tarde del vienes por 14 familias.
El alcalde de Salt, Jaume Torramadé (CiU), lo ha calificado de “acto de provocación totalmente electoralista”, y ha criticado a partidos como PSC o IPS que apoyan actuaciones de esta índole.
Sobre las ocho de la tarde una treintena de personas se han dirigido hacia el bloque de cinco plantas situado en el número 91-93 de la calle Doctor Castany y tras enfrentarse al vigilante de seguridad privada, según han informado los Mossos, sin ningún tipo de agresión, lo han “reocupado”. Esta recuperación pretende “impulsar la resolución efectiva de los graves problemas de vivienda, alimentación y cuidado de la infancia” que sufren los activistas de la PAH. En un comunicado aseguran que la “liberación” de este bloque “es una de las pocas formas de conseguirlo y de volver a hacer un grito de emergencia habitacional y de petición de ayuda a toda la sociedad”.
Los activistas han mostrado su voluntad de aumentar los casos de ocupaciones de viviendas vacías propiedad de bancos o de la SAREB, el banco malo -como es este caso- o de grandes empresas especuladoras, organizados por movimoientos que luchan por el derecho a la vivienda.
En esta línea la PAH ha recordado que el Parlament, el 5 de diciembre de 2013, aprobó una moción que pedía que el Bloque-Salt se destinara a alquiler social. La moción recibió el apoyo de ERC, PSC, ICV-EUiA y CIU; PP y C’s se abstuvieron. “Desde que las familias que lo habitaban fueron desalojadas hace 17 meses, el edificio ha estado vacío y sin utilidad”, afirman.
Los responsables de la PAH han convocado la primera asamblea pública para informar sobre el proceso que han vivido y para organizar la defensa de las familias del bloque para el lunes día 25.
Por su parte el alcalde, claramente enojado, ha recordado a sus vecinos que el domingo “tienen una oportunidad de oro para decidir qué tipo de municipio quieren”.
* El País - MARTA RODRÍGUEZ - 22.5.15
Foto: Edificio Salt emblema de la PAH que ha vuelto a ser ocupado. / PERE DURAN
La PAH ocupa el Bloque Salt, insignia de la lucha por la vivienda digna
Los fondos buitre compran pisos de desahuciados en Catalunya por entre 5.000 y 20.000 euros
La enorme especulación inmobiliaria que ha sido protagonizada por las Cajas en todo el país tiene un ejemplo destacado en CatalunyaCaixa, cuyos pisos provenientes de desahucios 'ilegales' llegan otra vez al mercado a precio de saldo a través de los llamados fondos buitre. Esta ingeniería inmobiliaria delictiva que ha arruinado a miles de personas, causando dolor y afrentas injustificadas a toda la sociedad, no ha tenido repercusiones judiciales para los altos cargos con responsabilidad en las Cajas de Ahorro que, al día de hoy, continúan libres sin imputaciones. Algo inaudito.
"ELDIARIO* : La Generalitat ha anunciado este jueves que podrá optar a comprar 1.404 pisos de entidades financieras a precios entre 5.000 y 20.000 euros. Estos son los precios a los que los bancos ofrecen los pisos procedentes de desahucios a fondos de inversión, la mayoría de los cuales (904) proceden de la operación entre CatalunyaCaixa y Blackstone.
Los precios a los que, según comunica la Generalitat, se ofrecían estos pisos donde vivían familias que han sido desahuciadas o han recibido la dación en pago son tan bajos como 5.000 euros en Palafrugell, 6.000 en Tortosa, 10.000 en Lleida, 20.000 euros sabadell o poco más de 20.000 euros también en la ciudad de Barcelona.
Las administraciones públicas podrán optar a su compra gracias a un decreto de medidas urgentes presentado el pasado mes de marzo y finalmente convalidado este jueves por el Parlamento de Catalunya. Esta medida da derecho de tanteo y retracto -optar a comprarlos al mismo precio- a la Generalitat y los ayuntamientos de 72 municipios en las transmisiones de todos los pisos provenientes de ejecuciones hipotecarias con posterioridad a abril de 2008.
La Generalitat cuenta con un presupuesto de 8 millones de euros para estas adquisiciones, pero el secretario de vivienda Carles Sala explica en un entrevista con CatalunyaPlural que confía también en los recursos que puedan destinar los ayuntamientos. Preguntados sobre si las administraciones adquirirán todos estos 1.404 viviendas desde el departamento de Territorio y Sostenibilidad responden que son pisos que se pueden comprar, no que se estén comprando.
904 pisos de CatalunyaCaixa
La gran mayoría de los pisos de esta operación proceden de CatalunyaCaixa, que los ofrece al fondo buitre estadounidense Blackstone, que se ha hecho con el control de sus hipotecas. De las 904 viviendas de la entidad, la mayoría se encuentran en el área metropolitana barcelonesa: 150 en L'Hospitalet de Llobregat, 142 en Barcelona, 48 en Terrassa, 47 en Santa Coloma de Gramenet y 32 en Sabadell.
Las otras entidades con más pisos en estas condiciones son Bankia, con 200 viviendas y BBVA con 100. Los restantes provienen de Banco Sabadell-Solvia (20), Sareb (11), Santander (5), Crédit Agricole (6) o Deutsche Bank (5).
* El Diario - João França - 30.4.15
Foto: PAH, viviendas ocupadas Sabadell - público
Imputado el alcalde de Sant Jaume de Llierca por delito urbanístico
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El urbanismo ilegal en Cataluña casi siempre ha estado sometido al control de gobiernos nacionalistas, ya sea con CiU o, últimamente, con ERC. En el municipio de S.Jaume de Llierca (Girona) el alcalde de Esquerra, F.Puig, ha sido imputado por un desahucio con derribo no justificado a fin de favorecer los intereses de una gran empresa. La corrupción urbanística aparece también en partidos que dicen perseguirla, y es que resulta difícil sustraerse a las grandes comisiones que hay en estos asuntos, donde unos pocos sacan beneficio rápidamente y sin mucho esfuerzo.
"ELPAÍS* : El alcalde de Sant Jaume de Llierca y presidente de ERC en la Garrotxa, Ferran Puig, acudió este lunes a declarar a los Juzgados de Olot como imputado por un presunto delito urbanístico. Una vecina de la localidad que fue desahuciada le ha denunciado por la entrada ilegal en la vivienda, por derribarla sin autorización y por corrupción urbanística, por favorecer los intereses de una gran empresa saltándose la legalidad.
Puig, que niega las acusaciones, asegura que hacía muchos años que la casa debía derribarse, que era de propiedad municipal y mantiene que todo se hizo de acuerdo con la ley.
La denunciante, representada por el bufete Montoliu Advocats, asegura haber vivido en esta casa desde siempre. Su padre cultivaba la tierra y al fallecer este, ella siguió ocupándola con las mismas tareas. Considera por ello que tiene “unos derechos adquiridos”. Además, critica que la echaron con una orden judicial caducada —fuera del periodo de días establecidos por el juzgado— y simplemente para favorecer los intereses de la empresa Indebe Tavil, que decidió instalarse en la zona. Además, mantiene que a pesar de que las licencias de obras mayores siempre las concedía la junta de gobierno local, en este caso fue el alcalde quien lo hizo y que cuando la orden de desahucio y de derribo se ejecutó todavía no era firme.
Por su parte Puig, que es alcalde desde el 2011, ha defendido que actuó de acuerdo con la legalidad. Recuerda que la masía que se derribó era de propiedad municipal, que la denunciante la ocupaba sin pagar nada, y que además carecía de cédula de habitabilidad. Según Puig, el Consistorio hizo un planeamiento parcial del sector, y la masía quedó en una zona verde de un polígono, en la que no podía haber ninguna edificación. La denunciante, sabía esta situación desde el 2001, afirma, y posteriormente con el plan parcial de 2007 se le volvió a insistir, pero no tomó ninguna medida al respecto. Puig asegura que en abril del año pasado el juzgado contencioso número 2 de Girona autorizó la entrada en la masía, y en uso de esta autorización el 12 de mayo se desalojó y el 13 hizo derribarla de urgencia por el peligro que representaba. Está convencido de que la causa quedará archivada.
Además de Puig también declararon en el juzgado, en este caso en calidad de testigos, un antiguo alcalde de la localidad y el propietario de la empresa por la que supuestamente se modificó el planeamiento urbanístico.
La Federación de ERC en Girona no quiso valorar ayer el caso y, por lo tanto, no aclaró si permitirá que Ferran Puig siga encabezando la lista del partido en Sant Jaume de Llierca. En numerosas ocasiones la dirección de ERC ha asegurado que trabaja para mantener los municipios “limpios de corrupción”. El líder del partido, Oriol Junqueras, ha abogado por tomar decisiones drásticas ante la más mínima sospecha de mala práctica. “Las personas sobre las que haya una sombra de duda, aunque haya riesgo de ser injustos, deben dar un paso al lado”, ha afirmado el líder de ERC en numerosas ocasiones.
* El País - Marta Rodríguez - 20.4.15
Foto: Sant Jaume de Llierca (Girona) - bedandbreakfast
El Supremo ordena revisar absolución cúpula de Urbanismo de Barcelona en 'Caso Palau'
Con la justicia urbanística seguimos a vueltas: junto a su tardanza excesiva, cuando ya está realizada la ilegalidad, hay que hablar de una debilidad en las penas, a veces cómplice con los propios delincuentes. En el 'caso Palau' de Barcelona (saqueo del Palacio de la Música y pago de comisiones ilegales a CDC) lo vemos claramente: el Supremo anula una sentencia tardía de la Audiencia de Barcelona que, además, no apreciaba delito en la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento. Es evidente, según señala el Supremo, que se juzgó mal y tarde, y no se tuvieron en cuenta multitud de hechos contrarios al sentido del fallo de la sentencia, es decir que el Ayuntamiento estaba implicado gravemente en la corrupción urbanística.
"LAVANGUARDIA* : El Supremo ha anulado la sentencia de la Audiencia de Barcelona en el caso Palau y le ha ordenado que dicte una nueva resolución, porque, como dice el fiscal, en su fallo excluyó de manera inmotivada pruebas incriminatorias, en especial contra la cúpula de Urbanismo de Barcelona en aquel momento.
Existe una "ingente prueba documental" en el caso que permite al fiscal, dice el Supremo, un relato de los hechos contrario al sentido del fallo de la sentencia anulada. Dicha prueba ha sido excluida sin justificación ni valoración alguna, reprocha el Supremo a la Audiencia de Barcelona.
Este tribunal debería haber motivado y justificado la exclusión de esta prueba y, al no hacerlo, vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva, añade el Supremo.
En concreto, la sentencia del Supremo se refiere a la documentación sobre la tramitación del Plan de Mejora Urbana.
Además, alude a la "omisión grave" que cometió la Audiencia de Barcelona al no haberse pronunciado sobre la acusación del fiscal relativa a la existencia de un acuerdo previo entre los acusados para la firma de los convenios municipales sin publicidad.
La Audiencia de Barcelona deberá ahora dictar una nueva sentencia, cuyo fallo no vendrá determinado por el Supremo, aunque el alto tribunal apunta a una revisión de las pruebas acusatorias.
El tribunal de Barcelona condenó a un año a los exresponsables del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull por tráfico de influencias, pero absolvió a la antigua cúpula de Urbanismo de Barcelona.
Millet y Montull fueron condenados por irregularidades en la tramitación urbanística de un hotel de lujo junto a la entidad cultural y recurrieron ante el Supremo contra aquella sentencia, pidiendo su absolución.
Ahora el Supremo ha anulado la sentencia, tras acoger el recurso de la Fiscalía, mientras que ha rechazado los de la acusación particular en nombre de una fundación, de la acción popular ejercida por una asociación de vecinos de Barcelona y de los condenados.
La Fiscalía discrepó de la absolución de la antigua cúpula de Urbanismo de Barcelona y de la leve condena con que la Audiencia ha castigado a los saqueadores confesos del Palau, para quienes el ministerio público pedía diez años de prisión.
La sentencia condenó a Millet y Montull, además de a un año de cárcel, al pago de multas de 3,6 millones y 900.000 euros, respectivamente, por los delitos de tráfico de influencias y ofrecimiento de realizar tráfico de influencias.
* La Vanguardia - EFE - 23.3.15
Foto: Barcelona, Millet y Montull imputados caso Palau - elpais.com
Urbanismo en Barcelona, fin de ciclo
En lo que llevamos de siglo Barcelona ha pasado de ser considerada referente en cuanto al Urbanismo, con un modelo de ciudad paisajista y de espacios urbanos de calidad, a un "sálvese quien pueda" característico de la nueva urbe neoliberal. Ahora lo que predomina es el capitalismo urbanístico, salvaje y despiadado, en vez del participativo ciudadano. Los nuevos centros financieros y los desarrollos obsoletos con predominio del automóvil son, como en otras ciudades, la moneda común no deseada para la vida social cotidiana. Los cambios urbanísticos por hacer en Barcelona deben ser radicales si se quiere figurar de nuevo a la vanguardia, con ejemplos de activismo participativo y de coordinación territorial.
"JOSEP MARIA MONTANER* : Cataluña había sido reconocida por su urbanismo basado en el proyecto, la resolución de las infraestructuras en relación al entorno, un nuevo paisajismo y unos espacios públicos y parques metropolitanos con obras de arte; con el referente internacional del modelo Barcelona. Esto ya forma parte de un ciclo terminado. La ausencia de obras trascendentes en el territorio durante estos cinco años de recortes y la parálisis en algunas áreas de Barcelona son muestras de este retroceso.
De haber intentado relacionar bien las infraestructuras con la ciudad se ha pasado a tolerar heridas endémicas, como las interminables obras ferroviarias en La Sagrera; y de la limitada presencia de la ciudadanía en este urbanismo ilustrado se ha pasado a que ésta sea una escenografía.
Este urbanismo, tan valorado, era herencia de Ildefons Cerdà y de los hermanos Rubió i Tudurí. Su reformulación arrancó con el Grup R, se tejió en la universidad pública, en la Escuela de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) en los años setenta con el LUB (el Laboratorio de Urbanismo de Barcelona, de Manuel de Solà-Morales, Joan Busquets y otros), fue activada por las luchas de los movimientos urbanos durante la Transición, y se aplicó, en parte, en el urbanismo impulsado por Oriol Bohigas y su equipo en los años ochenta.
Al final del recorrido se evidencia lo que han dado de sí estos cuatro años de relevo, con el predominio en Barcelona de la falsa vanguardia representada por el Institut for Advanced Architecture of Catalonia (IAAC) y los arquitectos que encabezan Hábitat Urbano y Barcelona Regional: el humo de la smart city, centenares de renders no realizados y varios proyectos fuera de Cataluña.
En este contexto de ciclo que se acaba, lo chocante no es que la CUP de Barcelona dictamine que “en esta ciudad no han gobernado las izquierdas, han gobernado los capitales”, allá cada uno con su esquematismo; lo es que ninguno de los que promovieron la recuperación de la ciudad democrática salga a argumentar y defender las aportaciones del modelo Barcelona. Incluso el maragallismo ha sido apropiado por Esquerra Republicana.
Este fin de ciclo queda señalado por dos exposiciones. Metrópolis Barcelona, en el Disseny Hub, que presenta una acumulación fantástica de datos para fomentar la conciencia de escala metropolitana, pero que ni visibiliza el material humano y social, ni explicita diagnósticos, ni propone estrategias para el Plan Director Urbanístico (PDU). Recordemos el aviso de Byung-Chul Han, la acumulación big data no conlleva ninguna interpretación, “es ciega ante el acontecimiento”. Y Catalunya Ciutats, en las Drassanes, que pretende enlazar con los 100 años de historia tras la labor cívica de la Mancomunitat y no hace más que mostrar la falta de ideas sobre el territorio de la actual Generalitat.
El modelo de ciudad expansionista y empresarial, basada en el control y en el uso del automóvil, está obsoleto. Ha de surgir una ciudad alternativa, de la subjetividad y la diversidad, reclamada e imaginada por los auténticos protagonistas: movimientos urbanos y redes sociales; ecologistas, feministas, activistas y sindicalistas; colectivos, cooperativas y asociaciones; y también los habitantes procedentes de otras latitudes.
En las próximas elecciones municipales cada ciudad podrá decidir si continúa con los viejos modelos, gestionados por una casta alejada de la realidad, que tolera las mafias y la especulación, o si impulsa un nuevo urbanismo en Catalunya, que recapitule, heredando las mejores tradiciones, y que, al unísono, rompa con las inercias y se ponga en sintonía con los tiempos; un nuevo municipalismo basado en la gestión participativa y transparente, pensado para sumar esfuerzos de manera integradora, en el que tomen forma, en el espacio público y el privado, los derechos humanos.
¿Cómo son las ciudades que buscan alternativas a la gestión neoliberal, se basan en la cooperación, afrontan las crisis ecológicas y el exceso de contaminación, y son capaces de ensayar y experimentar? Podemos iniciar una nueva época de coordinación metropolitana y territorial, debatiendo qué se transforma y qué se protege; qué inversiones son prioritarias para el bien común y cuales obedecen a visiones periclitadas e interesadas; por dónde y cómo se puede mejorar el comercio de proximidad y dónde están las áreas de oportunidad para la producción artesanal, industrial y digital. La resignificación del territorio va mucho más allá de los mitos de la movilidad y la información. Tiene que ver con disfrutar de estructuras y servicios urbanos para la vida activa y creativa de las personas en los barrios; el empoderamiento de los múltiples focos sociales de reunión y autoorganización; y también la vibilidad de la memoria.
Este es un reto demasiado importante para nuestro futuro y el de nuestro territorio para dejarlo pasar. No podemos seguir acomodados en la inercia, inmóviles ante las ineficacias dominantes y engañados por el consumismo.
* Josep Maria Montaner es arquitecto y catedrático de la ETSAB-UPC.
* El País - JM.Montaner - 26.3.15
Foto: Barcelona, contaminación - elpaís
Un derribo inapelable en Alcanar
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El llamado 'caso Turov' sobre la construcción ilegal de 32 apartamentos en Alcanar (Tarragona) ha llegado al fin de los recursos planteados. La lentísima justicia ha tardado 12 años (doce) en dictar sentencia de derribo para un asunto que parecía de libro. Al transcurrir tanto tiempo, en realidad es ahora cuando van a empezar los problemas para su ejecución, ya que los propietarios están dispuestos a defender hasta el final su ilegalidad y, además, son apoyados por el cómplice gobierno municipal de ERC, con lo que la situación puede demorarse eternamente si no se ponen los medios adecuados. Esto es lo que ocurre con la 'injusta' justicia urbanística en este país: se tarda demasiado en sentenciar, cuando se logra hacerlo, y luego es tarde para encontrar una buena solución para todos. Aquí lo hemos denunciado desde hace años, pero lejos de mejorar, las cosas empeoran en la mayoría de los casos para los imprescindibles derribos de restitución de la Ordenación Territorial.
"ELPAÍS* : A primera vista nada hace presagiar que el bloque tenga los días contados. La hierba del jardín está cortada y peinada. La alfombra verde aparenta recibir un minucioso cuidado como el agua de la piscina, cristalina y sin bichos ni hojas, pulcritud nada fácil en una tierra ventosa como el Montsià. Las apariencias engañan. El carpetazo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al caso Turov de la urbanización Serramar en Alcanar ordena el derribo de 32 apartamentos construidos bajo una licencia urbanística contraria a la ley.
Es el principio del fin de un asunto que colea desde hace 12 años. Para disipar titubeos, la sentencia concluye indicando que el veredicto no es “susceptible de recursos”.
En dos meses habría que derribar el bloque, pero en Alcanar no son pocos los que dudan de que se actúe con presteza. “Todavía será lento. Falta un informe técnico para decidir cómo lo tumbamos, luego habrá que aprobar la partida presupuestaria y, por último, un concurso público para adjudicar los trabajos”. Manel Martí, concejal de Urbanismo, advierte de que cumplir la sentencia “será complicado. Se ha optado por la solución más traumática. Si algún vecino no se quiere ir tendrán que mandar a los Mossos d’Esquadra”.
Verónica reside en Amposta. De vez en cuando echa una ojeada al apartamento que su amiga Lina, de Zaragoza, tiene en Serramar. “Ella está segura de que no lo derribarán, porque hay mucha gente afectada”. Lo mismo piensan en la inmobiliaria Nurgem, que durante años ha gestionado alquileres y compraventas en el bloque. “Se arreglará, el Ayuntamiento se pondrá de por medio y no los tumbarán”, pronostica una responsable de la agencia.
“¿Cómo lo solucionará el Ayuntamiento? ¡No tenemos margen de actuación!”, exclama el concejal. Es más, lamenta que demasiado en medio está el equipo actual en un asunto en el que “no tuvimos ninguna responsabilidad”. Martí señala a Batiste Beltrán, antiguo alcalde ya fallecido, y lo acusa de desencadenar los desmanes urbanísticos. “Se dedicaba al asunto inmobiliario y tenía su oficina al lado del Ayuntamiento”, dice.
Pero el caso Serramar se empezó a torcer con el sucesor de Beltrán, el socialista Ricard Bort. El equipo actual (ERC) piensa llevarle a él y a su junta de gobierno al juzgado si Alcanar es condenado a pagar indemnizaciones. “Quizá ya les llegó el caso envenenado del anterior alcalde, pero si el pueblo termina pagando, los responsables deben responder por daños y perjuicios”. Ellos, dice Martí, aprobaron en julio de 2003 una licencia de obras que contravenía la normativa municipal. Las responsabilidades se ampliarán a los técnicos que no frenaron la concesión de una licencia que permitió 32 apartamentos en una zona planificada como ciudad jardín y donde, como máximo, se podían levantar nueve casas unifamiliares. Secretaria y arquitecto municipal y el jurista de Urbanismo (“jamás emetió ningún informe”) serán exigidos judicialmente, “porque si el Ayuntamiento sufre un daño tiene que intentar resarcirse”. Ninguno de los supuestos responsables sigue en el Ayuntamiento.
La sentencia del TSJC critica duramente la manga ancha con que actuó el Consistorio y añade que “no es cierto que el único parámetro vulnerado fuera la densidad máxima. La licencia también infringía el parámetro relativo a las distancias”.
En la misma calle, la propietaria de una espaciosa casa observa el bloque condenado. Es la única vecina que ha resistido la batalla judicial. Tenía un motivo poderoso: “Me instalé aquí en febrero de 2003 y en julio empezaron las obras”. Y la panorámica sobre la montaña quedó eclipsada. Otros atribuyen su persistencia al desacuerdo con la indemnización ofrecida por la promotora de la obra, Turov, de Badalona.
Desde el Ayuntamiento no esconden las dificultades con la vecina, pero también recuerdan que cuando estalló el asunto y ella pedía explicaciones, alguien la despachó con un “si tienes tantas quejas no vengas al Ayuntamiento, vete a los tribunales”.
* El País - Marc Rovira - 15.3.15
Foto: Alcanar (Tarragona), viviendas ilegales - elpais
El exfiscal Villarejo dice que la justicia es “complaciente” con la corrupción
El exfiscal general Anticorrupción entre 1995-2003, que fue cesado por Aznar, tiene una larga trayectoria en la lucha contra la corrupción en este país, sus opiniones son, por lo tanto, certeras e instructivas desde su posición apartada ya de cargos laborales. Ha criticado innumerables veces la complicidad y debilidad judicial con la creciente corrupción, como ha vuelto a hacer días pasados sobre el asunto mafioso de la familia Pujol en Cataluña. El caso del vaciado delictivo y la quiebra de Banca Catalana es uno de los más turbios ocurridos durante el mandato del expresident.
"ELPAÍS* : "Culpables, millonarios, e impunes". El exfiscal Carlos Jiménez Villarejo ha hecho suyo este viernes en el Parlament el título de un escrito jurídico reciente para describir la corrupción política y económica y sus consecuencias. "El poder judicial es complaciente y débil" con esas prácticas, ha asegurado el que fuera fiscal jefe de Cataluña y de la Fiscalía Anticorrupción, durante su intervención en la comisión que investiga el fraude fiscal de Jordi Pujol.
Villarejo ha recordado la ristra de asuntos de corrupción que ha investigado durante su carrera profesional, muchos de ellos vinculados al Gobierno de la Generalitat gobernada por Jordi Pujol, y ha dicho que la Fiscalía General del Estado vetó las investigaciones. El motivo era el "blindaje político", según sus palabras, que imperaba entonces entre el PSOE y CiU, socios políticos en el Congreso bajo el Gobierno de Felipe González.
"¿Jordi Pujol es un corrupto?", le ha preguntado el diputado de ICV Marc Vidal al exfiscal. "¿Cómo podemos calificar si no a Jordi Pujol que después de producir la quiebra de Banca Catalana con su gestión ocupó la Generalitat durante 23 años y se rodeó de personas que no eran un ejemplo de limpieza de la función pública?", ha respondido Jiménez Villarejo.
A renglón seguido se ha referido al caso Pretoria, que está a punto de sentar en el banquillo al exconsejero de Economía Macià Alavedra o a Lluís Prenafeta, exsecretario general de la Presidencia. O al caso de los avales de la CARIC para la reconversión industrial a fondo perdidos otorgados por la Generalitat, o las incompatibilidades profesionales que afectaron a Prenafeta.
Villarejo, que fue el fiscal que interrogó a Pujol tras la querella por el caso Banca Catalana, ha reiterado lo que ya dijo su compañero cuando acudió al Parlament: que Jordi Pujol cometió delito por contribuir al vaciado patrimonial de la entidad bancaria con una caja B, de espaldas a los accionistas y al Banco de España.
Pese a ello, el exfiscal ha denunciado la "actitud comprensiva" que tuvieron los jueces con esa actividad delictiva de Jordi Pujol, pues consideraron que el vaciado de Banca Catalana que protagonizaron los 24 directivos de la entidad, no fue sino un "desajuste contable".
"Los magistrados sabían perfectamente lo que hacían, incluso los que no se miraron el sumario", ha insistido Villarejo. "No tuvieron la más mínima curiosidad por saber qué fue de aquel proceso", ha dicho el exfiscal de los jueces para referirse a la actitud que tuvieron con el caso Banca Catalana. El exfiscal ha recordado que se prepararon copias con un resumen de la causa y que un grupo de jueces que no ha cuantificado, ni siquiera recogieron esos documentos. El Pleno de la Audiencia Territorial exculpó al presidente de la Generalitat por 33 votos contra ocho en noviembre de 1986.
Diversos diputados le han preguntado a Villarejo si existía relación entre la fortuna oculta por Jordi Pujol y su gestión como directivo de Banca Catalana. "No tengo elementos ni para negarlo ni para afirmarlo", ha respondido el exfiscal, si bien al cabo de una hora ha recomendado la lectura del sumario del caso para conocer al detalle el enriquecimiento que benefició al expresidente de la Generalitat y al resto de directivos.
La comparecencia de Villarejo ha durado más de tres horas y ha finalizado con una dura intervención de la diputada de CiU Mertixell Borràs, sobre la trayectoria profesional del exfiscal y que ha concluido afeándole que rechaza el derecho a decidir. Borràs ha llegado a preguntar al exfiscal porqué no dimitió de su cargo cuando la Fiscalía del Estado le vetó el recurso contra la exculpación de Jordi Pujol por el caso Banca Catalana, e incluso porqué no se querelló contra los jueces por prevaricación.
El exfiscal ha respondido que siempre ha intentado mantener la coherencia profesional, que pensaba continuar en la fiscalía porque pensaba que era la mejor manera de servir a los intereses de los ciudadanos en múltiples frentes y que "nunca, nadie", durante su carrera profesional ha cuestionado su trabajo.
* El País - Pere Ríos - 16.1.15
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Cataluña.- La posible quiebra de una autovía puede obligar a la Generalitat a asumir un rescate de 280 millones
Siguen los rescates multimillonarios a obras públicas realizadas 'alegremente' por las administraciones al calor de evidentes pelotazos urbanísticos. La autopista C17, entre Centelles (Barcelona) y Ripoll (Girona), se construyó mediante el sistema del peaje en la sombra, actualmente muy cuestionado porque supone un enorme encarecimiento financiero de las obras. Debido al despilfarro político y a la falta de un realista estudio técnico, el tráfico de vehículos ha sido claramente insuficiente, como ha ocurrido con numerosos ejemplos por toda la geografía, lo cual ha llevado a la quiebra de todo el sistema de planificación que, ahora, pagarán seguro todos los ciudadanos y por duplicado.
"PÚBLICO* : La sombra del multimillonario rescate público de las autopistas radiales de Madrid y la indemnización de 1.350 millones a Escal UGS -sociedad controlada mayoritariamente por la constructora ACS, que preside Florentino Pérez- por el cierre del almacén submarino de gas Castor, planea ahora sobre la C-17, una autovía catalana de 49 kilómetros que discurre entre Centelles (Barcelona) y Ripoll (Girona).
Cedinsa Ter, la empresa que construyó la vía rápida y tiene la concesión para explotarla, está al borde de una quiebra que supondría un nuevo rescate multimillonario con fondos públicos. En este caso, sería la Generalitat de Catalunya la que tendría que asumir un coste de 280 millones de euros. La autovía fue financiada con el sistema de peaje en la sombra, un método mediante el cual las empresas constructoras son las que pagan la obra y, posteriormente, cobran anualmente de la administración que encargó la infraestructura, con los intereses correspondientes.
La transformación de la C-17 en una autovía hasta Ripoll se inauguró en julio de 2011, después de cinco años de obras que sirvieron para desdoblar el tramo entre las Masies de Voltregà -cerca de Vic- hasta la población pirenaica. En 2006, el gobierno tripartito adjudicó los trabajos a Cedinsa Ter, que también incluyeron la mejora del tramo entre Centelles y les Masies de Voltregà. A cambio de construirla, la concesionaria se garantizó su explotación durante 33 años. Cedinsa Ter invirtió 312 millones de euros en una infraestructura, que la Generalitat pagaría anualmente hasta el 2039 en función del número de vehículos que la utilicen. La previsión inicial era un tráfico diario de 35.000 vehículos, pero la realidad es que desde su inauguración el volumen medio se ha movido entre los 20.000 y los 25.000, por lo que el gobierno catalán ha pagado menos de lo proyectado por la compañía privada.
Cedinsa Ter, una filial de Cedinsa Concessionària -que, a su vez, está controlada por la constructoras FCC (34%), Comsa Emte (22%), Copisa (22%) y Copcisa (22%)-, firmó en 2009 un crédito de 225 millones para financiar las obras con un consorcio de seis entidades financieras -Caixa Bank, Bankia, Santander, BBVA, Catalunya Banc y el ICO- que venció el 31 de diciembre de 2014. Llegada esta fecha, la compañía no había devuelto el crédito y ahora mismo la principal opción que se baraja, según informó La Vanguardia y confirmaron a Público.es fuentes del Departamento de Política Territorial de la Generalitat, es una refinanciación del crédito por un período de 20 años, con el aval de la administración autonómica.
En los presupuestos de la Generalitat para el 2015, todavía pendientes de aprobación, se incluye un aval de 222 millones de euros a Cedinsa Ter. Pero no está nada claro que sea admisible, ya que podría suponer un aumento de la deuda pública catalana y, de hecho, la Generalitat está pendiente de un dictamen de su Comisión Jurídica Asesora para saber qué puede hacer. La alternativa es la quiebra definitiva de Cedinsa Ter y la ejecución de la responsabilidad patrimonial de la Generalitat, como administración titular, lo que supondría el pago de un rescate de 280 millones, que incluye el valor del préstamo más las inversiones llevadas a cabo sin financiación bancaria.
Un modelo perverso
La Generalitat financia obras públicas a través del llamado peaje en la sombra desde la presidencia de Pujol, pero fue el gobierno tripartito el que redobló la apuesta por este sistema, con el socialista Joaquim Nadal como responsable de Obras Públicas. Actualmente, la Generalitat cuenta con casi 350 kilómetros de vías de alta capacidad que operan con el peaje en la sombra, lo que supone un lastre para las cuentas públicas. Según los cálculos del Departamento de Territorio y Sostenibilidad del gobierno catalán, la Generalitat puede acabar pagando más de 6.650 millones de euros hasta 2041 por unas infraestructuras cuyas obras costaron menos de 1.800 millones. En 2011, durante la inauguración del último tramo de la C-17, el entonces conseller del ramo, Lluís Recoder, lamentó que el coste de la infraestructura pasara de poco más de 300 millones a casi 1.000, como consecuencia de la financiación diferida y el pago de intereses.
En declaraciones a Publico.es, el presidente de la asociación para la Promoción del Transporte Público (PTP) y experto en movilidad, Ricard Riol, subraya que se trata del “peor tipo de peaje posible, porque la administración pública no sólo acaba pagando la obra, sino unos gastos financieros muy altos. Y si no hay tráfico suficiente también acaba rescatando e indemnizando a la concesionaria”. Riol añade que los peajes en la sombra “debilitan a la administración, que se convierte en deudora y ve mermada su capacidad inversora, ya que su presupuesto se ve condicionado por estos pagos”.
El Eje Diagonal, una vía de 64 kilómetros que une Manresa y Vilanova i la Geltrú, fue la última carretera financiada con peaje en la sombra que se inauguró, hace justo tres años. Su construcción corrió a cargo de ACS, con un coste de 380 millones, pero la previsión es que la Generalitat la estará pagando año a año hasta el 2041, con un gasto final de casi 1.400 millones de euros. Otros ejemplos de infraestructuras construidas con este sistema son el Eje Transversal o C-25, cuya obra supuso una inversión de 720 millones pero que hasta el año 2040 conllevará un gasto público de un máximo de 2.600 millones, o la C-16 entre Sant Fruitós del Bages y Berga (Barcelona), que implicará el pago de más de 1.150 millones por unas obras de 266, según los datos del Departamento de Territorio y Sostenibilidad.
Como alternativa, la Generalitat planteó durante la pasada legislatura utilizar el posible dinero proveniente del fondo de rescate a las vías de peaje para financiar los cánones anuales de los peajes en la sombra, pero la realidad es que el gobierno estatal no ha materializado este fondo. Ricard Riol, por su parte, defiende que las vías rápidas con peaje en la sombra “deben tener un peaje directo, para que paguen quiénes las usen”. El presidente de la PTP añade también que se tienen que “homogeneizar los peajes y hacer una euroviñeta [una tasa para los vehículos pesados] global”.
Un negocio para las constructoras
En el caso de la autovía C-17, lo curioso es que la hipotética quiebra de Cedinsa Ter no significa que su matriz, Cedinsa Concessionària, pase por un mal momento, ya que el grupo obtiene beneficios gracias a las otras cuatro carreteras de la Generalitat con peaje en la sombra que gestiona con sus filiales Cedinsa Eix Llobregat, Cedinsa d'Aro y Cedinsa Eix Transversal. Cedinsa, por lo tanto, es rentable para sus propietarios, las constructoras FCC -una de las mayores de España y controlada por el magnate mexicano Carlos Slim y por Esther Koplowitz-, Copcisa, Copisa y Comsa-Emte. Esta última, estrechamente vinculada a CiU, es una de las principales compañías del sector en Catalunya y acapara contratos de obra pública durante los gobiernos de Artur Mas, como reveló Crític.
Con los peajes en la sombra, las constructoras privadas tienen el negocio garantizado. Si la vía tiene el tráfico previsto, acabaran teniendo un importante beneficio económico. Si, por el contrario, los números no salen, será la administración que la haya encargado la que tendrá que asumir las pérdidas, como responsable patrimonial. Ricard Riol subraya que se trata de un modelo “totalmente contrario a la movilidad sostenible, ya que estimula el uso del camión y el coche porque la vía se paga entre todos, no a través de los que la usan”. Y es que, como concluye el presidente de la PTP, también en Catalunya se vivió una “burbuja de infraestructuras” y se apostó por un sistema que permitió dotar al territorio con unas carreteras que “no tocaban, porque no se podían pagar”. Eso sí, con un riesgo cero para sus constructoras. Ya pagan los ciudadanos.
* Público - Marc Font - 11.1.15
Foto: Autopistas vacías.- publico
Torredembarra.- Una empresa del ‘caso Pujol’ pagó 580.000 euros a un alcalde de CDC
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El caso de corrupción del expresident de la Generalitat, J.Pujol, sigue dando mucho que hablar. Quien fuera máximo dirigente de Cataluña durante 23 años, por CDC, ha dejado tras de sí una trama mafiosa de favores y prebendas incontables. Ahora un juez investiga cuatro transferencias sospechosas de Jordi Sumarroca, perteneciente a una familia muy allegada al partido del expresident, hacia el exalcalde de Torredembarra a través de firmas filiales de Teyco (constructora). A pesar de las numerosas sombras existentes para encausar a varios miembros, estas familias tienen prácticamente a la justicia en el bolsillo, luego no es de esperar grandes consecuencias penales.
"ELPAÍS* : La obra pública y el pago de comisiones ilegales han vuelto a unir en los tribunales a la familia Sumarroca, propietaria de dos de las mayores constructoras catalanas (Teyco y Emte), y a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), partido que el patriarca del clan, Carles Sumarroca Coixet, fundó junto al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.
Tras el estallido del caso Pujol, que mantiene a los primogénitos de ambos imputados por la Audiencia Nacional, un juzgado de El Vendrell (Baix Penedès) investiga ahora el pago de 581.000 euros (IVA incluido) desde filiales de Teyco a dos empresas del alcalde convergente de Torredembarra (Tarragonès), Daniel Masagué, por trabajos supuestamente inexistentes. Los pagos se hicieron con cuatro transferencias bancarias hechas entre el 23 y el 28 de diciembre de 2011, según documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS.
En el centro del caso, cuya investigación llevan el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell, la fiscalía y la Guardia Civil y que arrancó tras denuncias de la concejal Montserrat Gasull —entonces en ERC, hoy fuera del partido— y el PSC, está un gran aparcamiento de 250 plazas adjudicado en 2009 a Teyco por 2,5 millones de euros, que acabó costando un 40% más y que hoy permanece cerrado por el Ayuntamiento, incapaz de hacer frente a los 12.000 euros mensuales de mantenimiento de una instalación que casi siempre estaba vacía y que presentaba múltiples problemas de funcionamiento.
Masagué fue detenido por la Guardia Civil en una operación ordenada por el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell el pasado 26 de junio y dimitió desde la cárcel dos semanas después, tiempo en el cual recibió el apoyo de la cúpula de CDC. “Es un buen amigo mío, lo conozco desde hace muchos años”, afirmó Felip Puig, consejero de Empresa, cuando Masagué aún estaba entre rejas.
El juez mantiene imputado a Masagué por los delitos de cohecho, organización criminal, malversación, prevaricación y blanqueo, entre otros. En el caso, además de otros cinco concejales y empresarios locales, está imputado por delitos contra la administración pública Jordi Sumarroca Claverol, hijo de Carles Sumarroca Coixet y consejero delegado de Teyco. Los investigadores del caso, que sigue bajo secreto de sumario, tratan ahora de averiguar si Masagué se lucró con el dinero recibido de Teyco o este tenía otro destino.
Las obras del aparcamiento son las más polémicas de las ejecutadas por Teyco en Torredembarra, pero no las únicas. La compañía de aguas que sirve en la zona, Sorea, también encargó a la constructora durante el mandato de Masagué unos 14 millones de euros para varias actuaciones urbanísticas en el municipio no previstas en el contrato de suministro, entre ellas una rotonda y un parque público, según fuentes del Ayuntamiento.
Los pagos sospechosos detectados por los investigadores hasta ahora se concentran en diciembre de 2011 a sendas sociedades de Masagué. Dos de ellos fueron a la empresa Maes Flequers i Pastissers, dedicada al “comercio al por menor de pan y productos de bollería”, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil. El 22 de diciembre de 2011 Maes giró dos facturas a las empresas Teycotel Gestió d'Hotels y Teycotel BCN. La primera, por 211.720 euros, alude a la “reparación y nuevo equipamiento de la cocina sobre proyecto de la propiedad”. La segunda, por 91.488 euros, está justificada por “el servicio de hosteleria y catering durante 2011”. [PASA]
Los otros dos pagos fueron a parar a la sociedad Daloi, que según las cuentas del Registro Mercantil está dedicada a “actividades inmobiliarias” y que en los últimos años apenas ha tenido personal ni facturación. En dos facturas también fechadas en un mismo día —el 11 de diciembre de 2011—, Daloi cargó 217.960 euros a otra filial de Teyco —Castellbell Residenciial— por “tareas de planeamiento urbanístico y convenios con la Agencia Catalana del Agua y el Ayuntamiento”; y 60.359 euros a Teycotel Cap Roig por “tareas de planeamiento urbanístico y localización de inversores para el alquiler”.
Fuentes cercanas a la investigación en el Ayuntamiento de Torredembarra aseguran que no se ha encontrado ninguna evidencia de que las empresas de Masagué llevaran a cabo estos trabajos y que “las tareas estaban fuera de la capacidad de las sociedades y escapaban a cualquier lógica empresarial”. Ni Massagué ni Teyco han atendido a las llamadas de este diario, mientras el abogado del exalcalde, Xavier Melero, declinó comentar los pagos “al estar las investigaciones aún bajo secreto de sumario”.
El actual alcalde de Torredembarra, Enric Grangel (PSC), considera que la construcción del aparcamiento estuvo plagada de “cosas extrañas”. “Se pagaron 7.000 euros por arrancar 200 árboles donde solo había unos setos”, recuerda. “Ni el hierro, el cemento o el hormigón pueden justificar que el coste de las obras se disparara de esa forma”, añade. La denunciante Montserrat Gasull, hoy concejal no adscrita, destaca que “pese al gran coste del proyecto, las máquinas de tickets se pagaron aparte”. “¿Cómo se entiende que no se incluyeran en el proyecto de un aparcamiento”, se pregunta.
Las dos constructoras de la familia Sumarroca, Teyco y Emte (hoy fusionada con Comsa), han recibido decenas de adjudicaciones desde hace tres décadas del Gobierno catalán, ayuntamientos gobernados por CiU y organismos financiados por la Generalitat. Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente catalán, y Carles Sumarroca Claverol, hijo del fundador del grupo constructor, están imputados en la causa que investiga el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por los negocios del primero con empresas adjudicatarias de la Generalitat. En concreto, Ruz quiere aclarar el pago desde Emte a Pujol Ferrusola de 132.800 euros (sin IVA) por supuestos “servicios de intermediación” en negocios en México.
* El País - ORIOL GÜELL / MERCÈ PÉREZ PONS - 2.1.15
Foto: Torredembarra (Tarragona) - mma.es
Las cinco claves ocultas que delatan por qué BCN World es un proyecto zombi
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El faraónico proyecto de casinos de BCN World que, con apoyo de la Generalitat catalana, se preveía realizar junto al actual parque de ocio de Port Aventura en Tarragona, parece que se viene abajo como un castillo de naipes. Al igual que pasara con Euroworld en los alrededores de Madrid, solamente se mantiene 'de boquilla' por efecto de las próximas elecciones políticas, pero el fracaso es evidente, como demuestran numerosos signos en plena crisis económica que afecta a todas las Comunidades autonómicas.
"ELCONFIDENCIAL* : La Generalitat asegura que el proyecto de ocio y casinos de BCN World en Tarragona está más vivo que nunca. Lo mismo mantiene Veremonte, el holding inversor del promotor Enrique Bañuelos. En el entorno de la Administración catalana incluso se fantasea con dar un pelotazo a favor de las arcas públicas, ya que se ha firmado una opción de compra con La Caixa por los terrenos donde se tienen que levantar seis hoteles y casinos por “sólo” 110 millones.
Sin embargo, la realidad es mucho más sangrante. Y hay como mínimo cinco signos que apuntan a que el proyecto, como pasó en su día con Eurovegas en Madrid, está más muerto que vivo, y que se mantiene su ficción sólo por el interés electoral. Artur Mas y CiU no quieren reconocer un fracaso a un año de las elecciones y pretenden evitar que el fiasco de BCN World se convierta en un argumento de las fuerzas políticas contrarias a la independencia, en el sentido de que los inversores extranjeros huyen del proyecto político de Mas. Ciertamente, el aciago final de BCN World tiene poco o nada que ver con la tensión soberanista en Cataluña, pero lo que lo convierte en una cuestión política es el empecinamiento de la Generalitat en negar el revés. Y estas son algunas de las pistas que dejan al descubierto que el rey está desnudo.
1. La imposibilidad de financiar suelo en España
Pese a la voluntad de sus promotores de vender el proyecto como una operación de turismo intercontinental –traer chinos de Asia para que jueguen en el Mediterráneo–, en origen BCN World es una operación de suelo. Pero no hay financiación para el suelo en España. Se ha abierto el grifo para la promoción, pero sólo si ya se es propietario del suelo. La banca española no acepta solares como parte de la garantía y la extranjera no se ha mostrado interesada en jugar. Bañuelos consiguió inversores, sí. Pero bajo la premisa de que los terrenos los aportaba su grupo, Veremonte, comprándolos a La Caixa, un principio que no ha sido posible cumplir.
2. La falta de tamaño de Veremonte
Veremonte no da mucha información sobre sus finanzas. Ninguna, en realidad. Pero ha quedado claro que el proyecto le venía grande. Podía poner unos 125 millones entre fondos propios o de inversores asociados, pero no los 377 que le costaba comprar el suelo en Tarragona, junto al parque de atracciones Port Aventura. Si lo unimos con la primera pista, blanco y en botella: Bañuelos tenía el arrojo pero a veces, en grandes complejos como este, hace falta pulmón financiero.
3. La oposición de ERC
Sea primera o segunda fuerza política, ERC será la formación clave en la próxima legislatura. ¿Y cuál es una de las exigencias que ha puesto sobre la mesa para negociar los Presupuestos con CiU? Retirar las ayudas a los casinos que aprobó la Cámara catalana para que Bañuelos sacase adelante su megacomplejo. El Parlament rebajó al 10% la tasa de la Ley del Juego cuando antes estaba en el 55%. Ahora la formación de Oriol Junqueras quiere dar marcha atrás. Y Junqueras es un pragmático. Si hace tres años abogaba por cerrar las nucleares, en la actualidad el líder de ERC obvia el tema, consciente de que una Cataluña independiente que quiera energía barata necesitará las centrales nucleares operativas. Si los republicanos quieren dar marcha atrás en las ayudas a los casinos, es que ven BCN World sin ningún futuro.
4. La desaparición de la subestación eléctrica
Otra pista que apunta a la muerte de BCN World por mucho que la niegue la Generalitat es la planificación eléctrica aprobada por el Gobierno para el período 2015-2020. En ella la subestación eléctrica que debía alimentar BCN World ha desaparecido. Teniendo en cuenta que el complejo de casinos ubicado junto a Port Aventura iba a crear un polo de gran consumo en el sur de Tarragona, todo apunta en la nula fe en el proyecto que tiene el Ministerio de Industria.
5. El mutis por el foro de Santi Vila
Oficialmente es el Incasol el organismo público que asume la gestión del proyecto. Pero el conseller del que depende, Santi Vila, de Territorio y Sostenibilidad, ni ha abierto la boca sobre la gran inversión extranjera en Cataluña –4.500 millones–. Fue el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, quien dio la cara por este asunto en una improvisada comparecencia. Es como si Vila hubiese pensado que ya había tenido bastante con comerse el marrón de ATLL, en cuyo origen no tiene nada que ver, para encima tener que justificar lo injustificable.
* El Confidencial - Marcos Lamelas - 30.12.14
Foto: BCN World (Tarragona), proyecto - confidencial
Anticorrupción pide 7 años a la 'guardia pretoriana' de Jordi Pujol por corrupción
El caso 'Pretoria' de corrupción urbanística en la provincia de Barcelona parece que, por fin, avanza judicialmente. Afecta principalmente a dos exaltos cargos de la Generalitat de CiU, desde el año 2.000 hasta su detención en 2.009. El exsecretario Prenafeta y el exconsejero Alavedra se enfrentan, además de la petición de casi 7 años de cárcel, al pago de multas millonarias. Según el juez, ha quedado indiciariamente acreditado la existencia de labores de intermediación en adjudicaciones públicas. Es decir, lo de siempre, el amaño de concursos de obras, beneficiando a amiguetes constructores, a cambio de suculentas comisiones. Un asunto en el que no hay apenas diferencias entre los principales partidos de los diferentes gobiernos.
"LAVANGUARDIA* : La Fiscalía Anticorrupción ha pedido hoy penas de 6 años y 10 meses de cárcel para los exaltos cargos de CIU Maciá Alavedra y Lluis Prenafeta por el caso Pretoria de corrupción urbanística en Barcelona, así como multas que suman 13,7 millones de euros para el segundo de ellos y 10,3 millones para el primero. El fiscal apunta en su escrito de acusación provisional, hecho público este lunes, que ambos mantenían "una estrecha relación personal con el entonces presidente de la Generalitat Jordi Pujol".
A sabiendas de la influencia que ejercían sobre "determinados cargos públicos de Catalunya", planificaron y ejecutaron el cobro de cuantiosas comisiones a cambio de la concesión de adjudicaciones públicas relacionadas con el desarrollo urbanístico de los tres ayuntamientos mencionados. Precisa que Prefaneta y Alavedra contaron con la colaboración de sus esposas en la obtención de las ganancias ilícitas y en su ocultación a la Hacienda Pública.
Para ellos utilizaron "un complejo entramado societario constituido por entidades domiciliadas en territorios 'off shore' y diversas cuentas bancarias abiertas en entidades suizas y andorranas" a través de las cuales canalizaron estos fondos que, en ocasiones, invirtieron en la adquisición de diferentes activos financieros.
Ocho años para un exdiputado socialista
El Ministerio Público solicita, además, para el exdiputado socialista Luis García, 'Luigi', presunto líder del grupo, 8 años de prisión y una multa de 22,6 millones y el decomiso de otros 5,8 millones de forma solidaria con cinco empresas. En cuanto al exalcalde del PSC de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz, la petición alcanza los seis años y 10 meses de prisión, multa de 4,1 millones y el comiso de 1,1 millones y una vivienda de Barcelona.
El exconcejal de Urbanismo Manuel Dobarco se enfrenta a una petición fiscal de un año de cárcel y una multa de 4,1 millones de euros. Todos ellos fueron detenidos, junto a otras cuatro personas, en una operación policial que se llevó a cabo el 27 de octubre de 2009. La Fiscalía acusa a los exaltos cargos de CiU y PSC de la comisión de delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo.
El resto de los acusados son los empresarios Josep Singla (11 meses de cárcel y multa de 1,5 millobes) y Manuel Carrillo (3 años y 19.440 euros); los presuntos testaferros Manuel Valera (2 años y nueve meses de cárcel y 6 millones) y Philip McMahann (3 años y seis meses y 4,2 millones); Gloria Torres, titular en Andorra de una cuenta bancaria de Alavedra (2 años y seis meses y 630.000 euros); y Maria Lluïsa Mas, esposa de Prenafeta (3 años y seis meses y 9,5 millones). Las multas y comisos reclamados por el Ministerio Público para los 11 acusados ascienden a un total de 93,7 millones de euros.
Comisiones "carentes de toda lógica"
El fiscal asegura que, todos ellos, intervinieron en una serie de operaciones urbanísticas que les proporcionaron "cuantiosos e ilícitos benecifios carentes de toda justificación y lógica comercial" por tres operaciones. Las actuaciones investigadas son la operación Pallaresa de Santa Coloma de Gramenet, en la que participaron, entre otros, 'Luigi' y Dobarco; la operación Niesma de Sant Andreu de Llavaneres, en la que el exdiputado socialista compartió mediación con Alavedra y Prenafeta; y la recalificación de los terrenos del puerto deportivo de Badalona, con los mismos intermediarios.
Además, el exalcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz habría manipulado el concurso público para la adjudicación en 2009 del contrato de limpieza de edificios, dependencias municipales y centros públicos docentes del municipio a favor de la empresa Limasa, del imputado Manuel Carrillo.
En el escrito de acusación, el fiscal detalla cómo Alavedra ocultó en el periodo comprendido entre los años 1998 a 2006 fondos por importe de 1.259.189,10€. Fue "mediante la utilización de diversas cuentas bancarias abiertas en entidades andorranas a nombre de Gloria Torres -con quien mantenía una fluida relación personal- y, si bien se desconoce su origen último de los fondos, los mismos no fueron declarados a la Hacienda Pública española, señala el escrito.
En concreto, durante el año 2006 abrió -a través de Philip Mc Mahan- en la
entidad andorrana Caixabank tres cuentas bancarias a nombre de Gloria Torres, siendo su operativa la misma que utilizó para ocultar fondos en las cuentas abiertas a nombre de su esposa, realizando nuevamente todos las gestiones y movimientos en las mismas -bajo sus órdenes directas- Philip Mc Mahan.
* La Vanguardia - 29.12.14
Foto: Ex altos cargos de la Generalitat en la etapa de CiU, Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, imputados en la operación Pretoria contra la corrupción urbanística. Efe
El TSJC da la razón a los vecinos que rechazaban pisos en La Sedera de Reus
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Otro triunfo de la movilización ciudadana contra proyectos no consensuados urbanísticamente. En la localidad tarraconense de Reus los vecinos han ganado el pleito de 2010 contra el Ayuntamiento (antes tripartito, ahora CiU) y aprobado por la Comisión territorial de Urbanismo, referente a la nueva edificación residencial en la fábrica La Sedera. Los habitantes del entorno siempre se opusieron al proyecto, lo denunciaron a los tribunales e incluso hubo disturbios y detenidos en las movilizaciones para rechazarlo. Parece mentira que todavía haya que repetirlo, pero el urbanismo hoy día no se puede hacer de espaldas a la ciudadanía, que está harta ya de tanto 'pelotazo' y de sufrir los desmanes territoriales por la casta política-financiera que pretende hacer lo que le viene en gana, abusando de su poder omnipotente.
"LAVANGUARDIA* : El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado el proyecto urbanístico de La Sedera de Reus, impulsado por el antiguo equipo de gobierno (PSC-ERC-ICV-EUiA) y denunciado por los vecinos del entorno, a los que el juez da la razón, ha confirmado este martes el Ayuntamiento. El Ayuntamiento modificó el plan urbanístico en el 2009, que bendijo la Comisión Territorial de Urbanismo de Tarragona en el 2010, para recalificar el suelo industrial de la antigua fábrica textil La Sedera como suelo residencial y edificar allí.
Los vecinos del entorno siempre se opusieron al proyecto, lo denunciaron a los tribunales e incluso hubo disturbios y detenidos en las movilizaciones para rechazarlo.
El TSJC ha dado la razón a los vecinos, ha confirmado Miquel Domingo, concejal de Urbanismo del nuevo equipo de gobierno (ahora CiU en minoría), que valora que la sentencia es una "buena noticia" y que abre a "consensuar el proyecto".
La sentencia del TSJC deja la puerta abierta a un recurso al Banc Sabadell, propietario de los terrenos, y a la Comisión de Urbanismo, si bien Domingo cree que no se presentarán porque ya hace tiempo que negocian una alternativa acordada entre todas las partes.
El antiguo equipo de gobierno no resolvió las peticiones de Aviación Civil de que tres rascacielos rebajaran 4 metros su altura, lo que significaba perder una planta y que las viviendas protegidas tuvieran 75 metros cuadrados, lo que dejaba el plan en 180 pisos.
Así, se prevé mantener la antigua fábrica, que es patrimonio histórico industrial y reconvertirla para alojar equipamientos públicos; una gran zona verde y edificios con un techo máximo de cinco plantas.
El Ayuntamiento de Reus se ha retirado recientemente como acusación particular contra dos jóvenes imputados por alterar el orden público, en un acto de protesta en el pleno municipal que aprobó el proyecto de La Sedera.
En total, se imputó a ocho jóvenes y solo dos de ellos se enfrentan a un proceso penal que sigue abierto.
* La Vanguardia - EFE - 9.12.14
Foto: Imagen de archivo de la antigua fábrica de la Sedera, en el paseo Misericòrdia de Reus - ACN
Urbanismo y desigualdad social en un barrio de Barcelona
El urbanismo, como ya señalara H.Lefebvre hace más de 40 años, se ha convertido en uno de los principales instrumentos del capital a la hora de controlar el espacio. En esta etapa del 'neoliberalismo' que vivimos actualmente esto se hace cada vez más evidente. Y los edificio, como los barrios, denotan la capacidad del poder político-económico para formular sus propios fantasmas espaciales. La exagerada diferencia urbanística que se puede contemplar en una gran ciudad, con sus barrios para ricos y sus barrios para pobres, no es más que el traslado de un sistema que se retrata a sí mismo, llevando esta identificación hasta los propios habitantes que, incapaces de salir de sus 'guettos', se relacionan y viven en ambientes de una enorme presión social con todos los componentes urbanísticos que esto conlleva. A continuación un ejemplo de estas contradicciones narradas en el barrio del PobleNou de Barcelona.
"JOSÉ MANSILLA* : Antes de nada quiero reconocer el homenaje, casi plagio, que hago del canónico trabajo de David Harvey, Social Justice and the City, editado como Urbanismo y Desigualdad Social en su traducción al castellano, en el título del presente artículo. Reconozco mi total devoción por la obra de Harvey por lo que no es de extrañar que, a la hora de pensar en una frase corta y atractiva que definiera el texto que viene a continuación, me viniera a la mente el nombre de uno de sus trabajos más conocidos. Eso por un lado y, por otro, porque define como pocos la dialéctica transformadora que se está produciendo en la actualidad en muchos de nuestros barrios y ciudades.
El urbanismo, como ya señalara Herni Lefebvre hace más de 40 años, se ha convertido en uno de los principales instrumentos del capital a la hora de controlar el espacio. Las dinámicas que azotan las ciudades bajo el neoliberalismo han llevado a las mismas a convertirse en verdaderos objetos de deseo para el capital financiero e inmobiliario. Ejemplos tenemos a miles, desde la venta de promociones completas de pisos de protección oficial a fondos buitre en Madrid, pasando por los proyectos de transformación y desplazamiento socioespacial en barrios como Malasaña, en la misma ciudad, o las campañas y programas que impulsan las Smart Cities, en Barcelona o A Coruña. Estos ejemplos coinciden en dos cuestiones básicas: la consideración de la ciudad como un generador de rentas, ya sea a través del suelo o de los servicios que proporciona a sus habitantes, y la colaboración, cuando no el impulso, de las instituciones municipales en la consecución de sus objetivos. La última frontera del capitalismo, como afirmara el geógrafo Neil Smith.
La cuestión es que, para poder extraer hasta la última gota de los beneficios que producen las ciudades, es necesario transformarlas primero en otra cosa, aunque también durante el proceso es posible obtener grandes plusvalías. Una ciudad conformada por vecinos y vecinas activos, donde prevalecen valores de uso frente a valores de cambio, autogestionaria, reivindicativa, social e inquieta no seduce, desde luego, al capital. Para éste, una ciudad atractiva es una ciudad de y para el consumo, pacificada, poblada de relaciones sociales neutras, limpia, ordenada y callada. Aquella que, desde determinadas instancias políticas, se suele señalar como lejos de la incertidumbre y la inseguridad. Y es aquí donde aparece el urbanismo como elemento transformador.
El barrio del Poblenou, en Barcelona, es un buen ejemplo de todo ello. Objeto de deseo desde hace décadas, el viejo Manchester catalán, poblado durante años por fábricas y chimeneas es, hoy día, el reino de las clases medias. Con el derribo, al final de la década de los 80 del pasado siglo, de parte de su obsoleto tejido industrial para situar en él la Villa Olímpica de los Juegos del 92, comenzó un proceso de transformación social digno de la más absoluta de las utopías sociales. Además, la Villa Olímpica no fue un hecho aislado. A lo largo de los siguientes años siguieron cayendo fábricas y levantándose bloques de viviendas para rentas medias y altas y donde, históricamente, había existido un solo barrio, con una identidad fuertemente obrera y cooperativista, aparecieron cinco nuevas unidades altamente dispares. Tan dispares que, en el distrito del que forman parte, se encuentran algunos de los barrios más ricos y más pobres de Barcelona. La propia Villa Olímpica, con un indicador de renta familiar disponible (según datos de 2012) de 146,6, sobre un total de 100 considerando a la totalidad de la ciudad, y el Besòs con un índice que, a duras penas, supera el 50. El proceso es dinámico, pues en solo cuatro años dichas diferencias han aumentado.
Por otro lado, el capital simbólico del barrio, su identidad, cuando no ha desaparecido, es usado por parte de las empresas turísticas como un reclamo más. Las nuevas familias que habitan sus calles, formadas por jóvenes profesionales con niños y niñas en edad escolar, se han acercado al barrio, en parte, por su localización cercana a la playa, pero también por su carácter amable, casi de pueblo. Los precios del suelo no hacen más que subir repercutiendo directamente sobre los alquileres y los importes de compraventa de viviendas y locales, y los más jóvenes, casi recién llegados a un mercado laboral cada vez más precario, ven imposible seguir en el barrio de sus padres, mudándose a otras zonas más asequibles. Mientras, antiguos negocios, bares y ultramarinos de toda la vida cierran, y tiendas de muffins, bares, restaurantes, terrazas y más terrazas aparecen. Su protagonismo es tal que los vecinos de toda la vida son parte de su clientela. El proceso de transformación social llega, así, al interior de las personas.
Algunos llaman a este proceso gentrificación, o elitización si a uno no le gustan los neologismos, pero lo que es evidente es que no es un hecho aislado sino el resultado de las políticas urbanísticas, y sobre lo urbano, que se desarrollan hoy día en nuestras ciudades. El urbanismo no es neutro, sino que está cargado de intencionalidad, la intencionalidad de transformar nuestros barrios y ciudades desde espacios de uso a espacios de consumo, y donde la desigualdad social no es un daño colateral, sino el fin último del proceso.
Una nueva tienda de pan ecológico
Mientras escribo estas líneas me llega la noticia de que el señero Ateneu Popular Octubre, el cual desarrolla innumerables actividades sociales, culturales y políticas, podría estar a punto de cerrar sus puertas, o trasladarse, debido al incremento del precio del alquiler impuesto por los propietarios del local. Posiblemente, en su lugar tengamos la ocasión de disfrutar una nueva tienda de magdalenas o pan ecológico.
* Jose Mansilla, miembro del Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU)
* Diagonal - JM - 4.12.14
Foto: Rambla de Poblenou. / JOSÉ MANSILLA
Imputado por un delito urbanístico el alcalde de La Baronía de Rialb
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Parece mentira que con los actuales métodos todavía pueda ocurrir que se talen gran cantidad de árboles en pleno bosque y se permita una enorme edificación privada en dicha zona rústica. Eso es lo que ha sucedido en el pueblo leridano de La Baronía de Rialb en el que los Agentes Forestales se han dado cuenta del delito urbanístico demasiado tarde. Lógicamente, el gobierno municipal (CIU) estaba al tanto de semejante ilegalidad y ahora deberá rendir cuentas su alcalde ante la justicia. Esperemos que ésta sea justa y diligente, contra lo que nos tiene acostumbrados.
"ELPAÍS* : El Juzgado de Solsona ha imputado como presunto autor de un delito de urbanismo a Pere Prat, alcalde de La Baronia de Rialb y presidente del Consejo Comarcal de la Noguera por CiU. El edil ha sido imputado por permitir la construcción de un gran edificio en medio del bosque. La imputación del alcalde tuvo lugar, según ha confirmado la Fiscalía de Lleida, después de recibir un informe de los Agentes Rurales sobre la tala de gran cantidad de árboles en una zona boscosa para construir una vivienda de lujo.
Los agentes aportaron al juez fotos aéreas de la zona. En el mismo caso han sido imputados el arquitecto de la obra y el promotor, un abogado andorrano.
La polémica edificación que ha motivado las diligencias judiciales está situada en una zona conocida como la Serra del Palau, en el camino de Picoles, en el término municipal de La Baronia de Rialb. Los tres imputados tendrán que declarar en los próximos días ante el juez de Solsona y podrían ser acusados de un delito urbanístico si se demuestra que la construcción está en terreno no urbanizable.
Prat ha explicado que todavía no ha recibido oficialmente ninguna imputación y ha aclarado que la vivienda no es de nueva construcción, sino que se trata de unas obras de reforma de una masía ya existente en medio de una finca de más de 70 hectáreas. En el término municipal de La Baronía de Rialb (280 habitantes) hay registradas más de 200 masías diseminadas en medio del bosque y algunos de sus propietarios han mostrado interés por rehabilitarlas para usos turísticos, aprovechando la proximidad del pantano de Rialb. En los últimos años, el ayuntamiento ha dado licencias para reformar una veintena de masías.
* El País - LLUÍS VISA - 31.10.14
Foto: La Baronía de Rialb (Lleida) - ruralia
Cataluña.- Imputado el exconseller Joaquim Nadal por estafa en una permuta de terrenos
Un peso pesado de la política catalana ha sido imputado por un delito urbanístico, se trata de Joaquim Nadal (PSC), que fue alcalde de Girona entre 1979 y 2002 y conseller de Política Territorial entre 2003 y 2010. El asunto es que en 2006, la Generalitat ofreció 'presuntamente' a un empresario unos terrenos inundables como permuta para que renunciara a construir un polígono en el paraje natural de Solius de Santa Cristina d'Aro (Girona). Es decir, una estafa pública en toda regla y que no se entiende que pudiera 'colar' ante empresarios avezados en el mundo de la construcción. Por supuesto, hay más imputados por esta causa y en los próximos día iremos viendo desfilar a la flor y nata del urbanismo de Cataluña en esa época.
"PÚBLICO* : Una juez ha citado como imputados al exconseller de Política Territorial durante el tripartito Joaquim Nadal y al exgerente del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) Emili Mas por una supuesta estafa, al ocultar a un empresario que unos terrenos que le ofrecieron como permuta eran inundables.
Según han informado fuentes judiciales, la juez ha citado a Joaquim Nadal y a Emili Mas el 21 de noviembre a raíz de la querella del empresario, que cree que fue estafado porque la Generalitat le ofreció en 2006 como permuta unos terrenos inundables para que renunciara a construir un polígono en el paraje natural de Solius de Santa Cristina d'Aro (Girona).
Según sospecha la Fiscalía Anticorrupción, el detonante que llevó a las administraciones a impulsar esta permuta fue la compra por parte de la familia del empresario José Manuel Lara de una finca próxima a la zona del Molí de Reixac, en marzo de 2006.
Joaquim Nadal (PSC), que fue alcalde de Girona entre 1979 y 2002 y conseller de Política Territorial entre 2003 y 2010, ya declaró en diciembre del pasado año asistido por un abogado ante la Guardia Civil por esta querella, en un caso en el que sostiene que siempre actuó con la más absoluta legalidad y en defensa del interés público, para evitar un atentado de carácter ambiental.
La titular del juzgado de instrucción número 25 de Barcelona ha acordado citar como imputados a Joaquim Nadal y a Emili Mas a raíz de la querella del empresario y a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, según las mismas fuentes.
La querella la presentó la sociedad Varal Real Estate SL, que, en julio de 2005, compró por 6 millones de euros una finca en el sector de Molí de Reixac -que en abril de ese año acababa de ser definido como zona urbanizable industrial- para desarrollar sus planes industriales. Sin embargo, el proyecto del empresario se topó con una fuerte oposición vecinal y ecologista, por el alto valor natural y paisajístico de la zona donde se iba a levantar el complejo industrial.
Finalmente, el 11 de octubre de 2006, el empresario firmó un convenio con el Ayuntamiento de Santa Cristina d'Aro y el Incasòl, tras varias negociaciones promovidas por el conseller Joaquim Nadal, en virtud del cual Varal vendió a la Generalitat el 50% de la finca de la zona de Reixac por 7,5 millones de euros (más IVA), renunciando al desarrollo industrial de la zona, y adquirió a cambio como permuta derechos urbanísticos en la zona industrial de Bernades, que resultaron ser inundables.
En un escrito, el fiscal anticorrupción Fernando Maldonado sostiene que un hecho que puede "considerarse inicialmente como detonante" del cambio de postura de las administraciones sobre el proyecto industrial en el Molí de Reixac "fue la adquisición por parte de la sociedad Labogar, propiedad de la familia Lara, el 13 de marzo de 2006, de la finca Can Dalmau, próxima a aquella zona".
Según el fiscal, en el convenio suscrito entre el consistorio y la Generalitat con Varal no se detalló ni informó al empresario de que adquiría derechos urbanísticos en una zona del polígono Bernades que eran inundables, lo que fue determinante para que el Incasòl renunciara finalmente en 2010 al proyecto de reparcelación de la zona. De hecho, los problemas de humedades en estos terrenos obligaban a la promotora a afrontar una inversión mayor a la prevista y el polígono no llegó a desarrollarse, por lo que el empresario se sintió perjudicado y presentó una querella en los juzgados.
Para el ministerio público, si Nadal tenía conocimiento de la inundabilidad de los terrenos y lo ocultó al promotor, podría haber cometido un delito de estafa, ya que habría engañado al empresario. La juez también ha imputado al exgerente del Incasòl Emili Mas, que precisamente tuvo que abandonar su cargo en diciembre de 2009, al ser imputado por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por la trama Pretoria de corrupción urbanística, si bien su causa acabó siendo archivada.
Tras la imputación de Emili Mas por el caso Pretoria, el propio Joaquim Nadal, que todavía estaba al frente del departamento de Política Territorial y Obras Públicas, aseguró que ponía "la mano en el fuego" por su gestión en el Incasòl.
* Público - EFE - 29.10.14
Foto: Barcelona, Generalitat - wikiwak.com
Barcelona.- Los vecinos del Paral.lel paran las obras contra la reurbanización
Fuera de los grandes titulares que estos días llenan páginas sobre la consulta catalana, la realidad cotidiana es muy diferente en una ciudad como Barcelona, donde casi a diario hay protestas y manifestaciones contra el urbanismo desnortado del gobierno municipal de X.Trías (CiU). Así está ocurriendo con los vecinos del Paral.lel, los de Ciutat Vella, los de la Sagrada Família y hace poco los del Born. En el primero de los casos la protesta es contra las obras de reordenación de la avenida que une el puerto con la plaza de Espanya, que parece más pensada para atraer a turistas de cruceros que para las auténticas necesidades del barrio. Tengan más o menos razón, la realidad es que los ciudadanos tienen cada vez más voz activa en los procesos urbanos, lo cual es signo evidente de madurez.
"ELPAÍS* : No hay fin de semana sin protesta de los vecinos de algún barrio de Barcelona. Si hace tres semanas fueron los del Born los que bajaron a la calle a merendar para reivindicar el uso del espacio público; y la semana pasada fueron los de la Barceloneta quienes recorrieron el centro de la ciudad contra los efectos del turismo masivo, hoy han salido a la calle los vecinos del Paral.lel, los de Ciutat Vella y los de la Sagrada Família.
En la avenida del Paral.lel, unas sesenta personas han detenido por la mañana las obras de reordenación de la avenida que une el puerto con la plaza de Espanya. Han precintado simbólicamente la maquinaria y han logrado detener los trabajos durante unas dos horas. La acción, a la que los trabajadores de las obras asistieran asistido atónitos, llega después de tres tardes parando el tráfico de la avenida. Los vecinos de la plataforma Som Paral.lel rechazan un plan de ensanchamiento de aceras e instalación de farolas presupuestadas en 2,8 millones de euros (a 6.500 la farola) que están convencidos de que está pensado para atraer turistas, sobre todo cruceristas. La millonaria inversión en iluminación explica que la mayor pancarta de ayer afirmara desafiante: “Farolas más altas han caído”.
Marc Serra, de la plataforma SomParal.lel explica que la zona teme un desembarco de terrazas, hoteles y tiendas que puede poner en riesgo el actual comercio tradicional y encarecer el mercado inmobiliario. La plataforma ha roto las negociaciones con el Ayuntamiento y mantiene que no volverá a sentarse hasta que la moratoria de apertura de terrazas del Poble-sec comprenda también la avenida del Paral.lel y se haga un estudio sobre el impacto que cualquier cambio puede tener sobre el actual tejido socioeconómico del barrio.
Mientras, a mediodía ha comenzado en el Casc Antic una comida popular de los vecinos que se oponen a que el antiguo Economato, en el Rec Comptal, se convierta en un hotel en un distrito, Ciutat Vella, que concentra la mayoría de establecimientos de la ciudad. Y por la tarde está prevista otra protesta en la Sagrada Família de la plataforma Recuperem el Niza, que además de clamar contra los efectos de los turistas en el entorno de la basílica, rechazan que el antiguo cine se convierta en un supermercado Mercadona.
* El País - CLARA BLANCHAR - 18.10.14
Foto: Protesta de los vecinos contra las obras del Paral.lel. / CONSUELO BAUTISTA
Cataluña tiene 450.000 pisos vacíos y 230.000 familias sin vivienda
En Cataluña, como en el resto de la costa mediterránea, la burbuja inmobiliaria de pasados años llevó a la construcción indiscriminada de viviendas e infraestructuras de todo tipo, quedando el paisaje desolado cuando estalló la crisis-estafa que aun sigue afectando a gran parte del Territorio. Existen 450.000 viviendas vacías producto de esta grave circunstancia, pero solo el 2% del total de los inmuebles residenciales catalanes son de alquiler social, lo que demuestra la falta de rigor y la especulación urbanística propiciada por el gobierno autonómico durante los últimos 15 años, al menos. Del total, unos 100.000 pisos vacíos están en manos de las entidades bancarias (incluyendo los del Sareb, el banco malo), y deberían salir ya al mercado en buenas condiciones (alquiler social, etc) para beneficio de las familias que no tienen casa ni posibilidades económicas actualmente.
"ELPAÍS* : En Cataluña hay 450.000 pisos vacíos. Y 231.000 familias que necesitan una vivienda asequible. Es decir, el número de inmuebles desocupados duplica el de hogares con necesidad de un techo. Estas cifras forman parte de la radiografía sobre el alquiler social en Cataluña, que ayer presentó la Mesa del Tercer Sector.
Àngels Guiteras, presidenta de la entidad, se quejó una vez más del atraso en políticas de vivienda social. Solo el 2% del total de parque de pisos se dedica a este fin, mientras que la media europea es 13 puntos superior.
El informe fue realizado por Carme Trilla, jefa del Servicio de Mediación en la Vivienda de Cáritas Diocesana de Barcelona, y Tere Bermúdez, encargada del programa Sin hogar ni vivienda de la misma ONG. Los cálculos de ambas expertas muestran que unos 100.000 pisos vacíos están en manos de las entidades bancarias (incluyendo los del Sareb, el banco malo), otros 80.000 son inmuebles de nueva construcción que el mercado no ha podido absorber y la gran mayoría, unos 270.000, son propiedad de particulares que no les dan uso.
De otro lado, Trilla y Bermúdez utilizan dos métodos para establecer cuántas unidades familiares, por su situación económica o porque su hogar no cumple con las normas mínimas de habitabilidad, serían el objetivo de las políticas de alquiler asequible. Ambas maneras, sin embargo, dan un número similar: alrededor de 231.000. Ambas investigadoras aceptan la dificultad de realizar estos cálculos.
La primera estimación se hace de acuerdo a una detección de necesidades. Se tienen en cuenta, por ejemplo, las 50.000 familias que han sido desahuciadas de su vivienda en los últimos cinco años (50.000, según las cifras del Consejo General del Poder Judicial), los registrados en las listas de pisos protegidos de la Generalitat (69.000) y unas 65.000 familias en riesgo de exclusión social. “Cinco de cada mil ciudadanos tiene algún tipo de problemática de mal alojamiento. Según las cifras de 2009, las últimas disponibles, serían unas 37.000 personas sin techo, sin vivienda, con una casa insegura o inadecuada”, explica Trilla. El cálculo también incluye una demanda oculta de 10.000 familias.
La segunda estimación fue realizada siguiendo los estándares europeos. Se parte de la meta de un 15% del total del parque de vivienda dedicado a alquiler asequible y se le resta la oferta disponible. Así, Cataluña debería tener 440.000 viviendas de alquiler público, pero solo cuenta con 60.000, y otras 150.000 de un parque privado con rentas reducidas. Por tanto, el déficit es de 230.000.
Trilla aseguró que “es una evidencia que no dispondremos en los próximos años de un parque de vivienda capaz de absorber esta demanda sino adoptamos soluciones radicales”. Una de estas podría sería multar los pisos vacíos, algo que ya han puesto en marcha varios ayuntamientos. El de Barcelona, por ejemplo, aprobó la medida en enero pero aún no ha impuesto ninguna multa. Aún no ha desarrollado el reglamento para imponer las sanciones. Una portavoz municipal explica que igualmente se trabaja con las entidades bancarias para poder lograr la cesión de pisos y se han comprado algunas promociones de Regesa para alquile asequible. Santa Coloma de Gramanet y Terrassa, con normativas similares, sí han puesto multas de hasta 5.000 euros.
La Mesa del Tercer Sector pidió hacer “una utilización decidida” de estos pisos vacíos y potenciar fórmulas público privadas de gestión. Se trataría de que entidades sin ánimo de lucro o especializadas en vivienda social gestionen y que las diferentes Administraciones regulen.
* El País - CAMILO S. BAQUERO - 14.10.14
Foto: Viviendas públicas en El Prat del Llobregat. / CARLES RIBAS
El alcalde y el edil de Urbanismo de Alcanar, detenidos por corrupción
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De nuevo un Ayuntamiento ha sido registrado por incumplimiento de las leyes y los máximos responsables, el alcalde y el concejal de Urbanismo (ambos de ERC), detenidos en la operación contra esta trama mafiosa que gobernaba el pueblo costero de Alcanar (Tarragona). La investigación del caso se remonta a 2008 para rastrear los amaños ilegales en la adjudicación de los concursos de obras públicas por parte de los implicados municipales, favoreciendo a una serie de empresarios 'amiguetes', que también han sido detenidos en la misma operación. Como se vuelve a ver el color político es independiente de la corrupción urbanística y los siempre críticos de Esquerra Republicana de Catalunya ahora deberán tragarse sus palabras y admitir ante los ciudadanos que ellos son también culpables en algunos de los ayuntamientos que gobiernan. Sería necesaria esa regeneración ética en la política habitual que tanto daño está haciendo en todas las autonomías.
"ELPAÍS* : La Guardia Civil detuvo ayer por presunta corrupción al alcalde de Alcanar (Montsià), Alfons Montserrat (ERC), al regidor de Urbanismo, Manel Martí (ERC), y a tres empresarios locales. Todos ellos están acusados de delitos contra la Administración Pública, entre los que se encuentran prevaricación, malversación, tráfico de influencias y alteración de concursos públicos, explicaron fuentes policiales.
ERC dirige el Consistorio en minoría y la oposición está formada por CiU, PSC y PP, con tres concejales por partido.
Los empresarios son constructores locales que han realizado obras para el Ayuntamiento. Los tres quedaron en libertad por la tarde tras ser interrogados por la Guardia Civil. Dos se negaron a declarar y el tercero contestó a las preguntas de los agentes. La Guardia Civil les atribuye delitos de falsedad documental, alteración de precios en concursos públicos y fraude fiscal. Los agentes también registraron tres inmuebles vinculados a sus empresas.
La Guardia Civil registró también el Ayuntamiento. Una treintena de agentes accedieron a las dependencias del Consistorio en busca de pruebas de presuntos delitos continuados contra la Administración de Justicia y la Hacienda Pública, demás de buscar datos de una trama organizada para perpetrarlos. El juzgado de Instrucción 4 de Amposta (Montsià) y la Fiscalía de Tortosa (Baix Ebre) investigan el caso.
Los agentes centraron el registro en las áreas de Urbanismo y Servicios Técnicos. La investigación policial buscaba pruebas de una posible manipulación continuada en el tiempo (2008-2013) de concursos públicos de obras de la localidad, entre los que se encuentran la urbanización de calles, adecuación de edificios públicos y la concesión de licencias de obras y la compra de una finca en Mas d’En Serra. El 21 de noviembre del año pasado la Guardia Civil ya irrumpió por sorpresa en el Ayuntamiento de la localidad en busca de pruebas. Los agentes requirieron abundante documentación ligada a proyectos urbanísticos. Permanecieron seis horas en el Consistorio, del que se llevaron 18 cajas de documentación sobre contratos, facturas, adjudicaciones y licencias de obras.
La operación se realizó a requerimiento del juez que tramitaba una denuncia interpuesta por un vecino que acusaba al Ayuntamiento de presuntas irregularidades en la gestión y adjudicación de entre 15 y 20 proyectos urbanísticos. Se trataban de obras de diversa índole, como las actuaciones en las instalaciones deportivas del núcleo de Les Cases d’Alcanar, las obras de un albergue o la compra de los terrenos en los que se encuentra el poblado ibero de Sant Jaume-Mas d’en Serrà, explicó el alcalde, Alfons Montserrat. “Esta finca rústica la compramos porque en ella se encuentra el poblado íbero. Costó 22.000 euros y nos han denunciado por sobreprecio”, afirmó Montserrat. “Si andas por Alcanar te das cuenta que han denunciado prácticamente todo lo que hemos hecho en materia urbanística desde que empezamos a gobernar”, aseguró entonces el alcalde.
* El País - MERCÈ PÉREZ PONS - 16.10.14
Foto: Alcanar (Tarragona), playa y pueblo - turismo
