ELPAÍS/Navarra* : A su ritmo, que es lento, pero poco a poco la Justicia va reaccionando frente a las prácticas supuestamente abusivas de los bancos en sus créditos e hipotecas que han sido denunciadas reiteradamente por las asociaciones e consumidores. Si hace unos meses fue la llamada cláusula suelo la que recibió el rechazo de los tribunales, ahora ha sido la Audiencia Provincial de Navarra quien ha dictado la primera sentencia que avala que devolver el piso al banco liquida el crédito. La decisión del tribunal autonómico, sin embargo, no genera jurisprudencia, ya que para ello deberían darse dos sentencias del Supremo en el mismo sentido. Según la sentencia, que ha publicado hoy El Periódico, el juez da la razón a un cliente del BBVA que llevó ante la Justicia al banco porque, una vez que le fue embargada la vivienda por falta de pago y la entidad se hizo con ella en subasta, se le seguía exigiendo el pago de parte de la hipoteca.
El argumento de BBVA, que es el mismo que sigue el conjunto del sector en este tipo de casos, es que, tal y como establece la ley, el valor del inmueble no cubre el total del crédito concedido. A diferencia de lo que ocurre en varios estados de EE UU, donde al devolver la vivienda la hipoteca queda cancelada, lo que se conoce como cláusula sonajero (jingle-mail) por aquello de dejar las llaves de la casa sobre el mostrador del banco en cuestión, en España el ordenamiento jurídico impide limitar la responsabilidad hipotecaria a la garantía del crédito -es decir, al inmueble en cuestión- a no ser que sea a través de un acuerdo previo a la firma del préstamo entre las dos partes.
Valor suficiente
Sin embargo, según la sentencia, en este caso "el valor de la finca, no obstante el resultado de la subasta, es suficiente para cubrir el principal de la deuda reclamada". En concreto, el banco argüía que la hipoteca se concedió por 75.900 euros y, en el momento en el que la vivienda fue adquirida por la entidad, se había reducido a 42.895 euros. "Lo cierto es que el banco se adjudica una finca que él mismo valoraba en una cantidad superior", justifica, por su parte, el juez. La sentencia de la Audiencia navarra ratifica una anterior en primera instancia. BBVA, por su parte, ha anunciado que recurrirá ante el Supremo.
El persistente aumento del paro a lo largo de la crisis ha llevado a muchas familias hipotecadas a no poder hacer frente a las cuotas de sus hipotecas. Por este motivo, el número de ejecuciones hipotecarias se ha acelerado con fuerza en 2010. Si en 2009 se embargaron 93.319 viviendas e inmuebles en manos de empresas por morosidad, en el primer semestre del pasado ejercicio ya alcanzaban las 51.975. Aunque hay que recordar que una petición de ejecución puede suponer la subasta de varios inmuebles. El total de ejecuciones del primer semestre de 2010 es similar al de todo el año 2008 y representaría un 23% de las compraventas del primer semestre de 2010 si cada ejecución fuera un inmueble. Para el conjunto del año, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) prevé 118.000 operaciones de este tipo.
Por este motivo, hace unos días, el Congreso de los Diputados, a iniciativa de CIU, planteó que se estudiara la posibilidad de establecer un "pacto en las escrituras de constitución de hipotecas por el cual la obligación garantizada se haga solamente efectiva sobre los bienes hipotecados, no alcanzando a los demás bienes del patrimonio del deudor", o lo que es lo mismo, que una hipoteca quede completamente cancelada con la entrega de la vivienda, sin que puedan solicitarse cantidades adicionales, tal y como ha reconocido la Audiencia de Navarra.
Un sistema hipotecario blindado
Una condena en vida. Así fue como el diario estadounidense The New York Times definió el sistema hipotecario español, uno de los más severos del mundo. El Código Civil establece que el deudor responde con todos sus bienes presentes y futuros en caso de no poder hacer frente al pago de su hipoteca, ya que es una garantía accesoria que depende de la principal. Es decir, que si un acreedor saca a subasta la vivienda y obtiene por ella una cantidad inferior a la deuda que garantiza, el deudor no se libera. Sigue estando obligado al pago de la cantidad restante del préstamo y además, también debe hacer frente a las penalizaciones y a los costes judiciales, lo que provoca que muchos ciudadanos se enfrenten a una deuda en la que la bancarrota no es una respuesta posible. Esta es una diferencia fundamental con otros países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Alemania. Allí la vivienda, y sólo la vivienda, garantiza el pago de la cantidad hipotecada basándose en la figura de la dación en pago.
España ahora tiene una de las tasas de desempleo más altas de la zona euro y los precios de la vivienda están disminuyendo. Según los datos de Adicae, 1,4 millones de españoles se enfrentan a posibles procedimientos de ejecución hipotecaria y el número de estos está creciendo de forma rápida, ya que se ha pasado de los 26.000 de 2007 a los 93.000 del pasado año. Por este motivo, algunos partidos políticos, como CiU, han llevado al Congreso de los Diputados la propuesta de que se reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria para instaurar el modelo estadounidense. Sin embargo, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se ha opuesto a grandes cambios en la práctica del crédito y la ministra de Economía Elena Salgado aseguró que el sistema español de garantías personales salvó a los bancos de la crisis que se ha producido en Estados Unidos.
* El País - 26.01.11
Foto: Cartel de venta o alquiler en una fachada - elpais
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PEDRO FERNÁNDEZ* : El pasado jueves 16 Dic. hizo 6 años que el expresidente de la Junta de Extremadura, Juan C.Rodríguez Ibarra, anunció en la Asamblea regional, la intención de instalar una refinería de petróleo en la comarca agrícola más fértil de la región, Tierra de Barros. Desde 2004 hasta hoy, un grupo nutrido de personas libres, conformaron una plataforma ciudadana que ha llevado su lucha contra este proyecto hasta el máximo de sus posibilidades. Los resultados de su acción están a la vista de todos, pues la industria petrolera, proyectada para empezar a producir en el 2009, se encuentra actualmente en situación de estudio por parte del Ministerio del Medioambiente Rural y Marino, con el plazo interrumpido y a la espera de que el promotor entregue nueva información requerida para la Declaración Ambiental Integrada. La Plataforma Ciudadana Refinería No, 6 años después, sigue hoy la lucha organizando tanto cortes de carretera como actos culturales e informativos, pero sobre todo realizando una intensa labor de gestión, investigación y denuncia. Su trabajo actual se centra en las incidencias del proyecto con Portugal y las afecciones del oleoducto a los espacios protegidos andaluces, principalmente con Doñana.
Gracias a la buena labor de la Plataforma Contra la Contaminacion de Almendralejo, que consiguió una declaración de la ONU reconociendo el atropello de sus derechos ciudadanos sobre el acceso a información, la PCRN trabaja para acelerar los procesos de las quejas interpuestas en Bruselas sobre los incumplimientos de convenios y normativas europeas.
La publicación de las conclusiones del estudio económico sobre la construcción de la refinería de petróleo Balboa realizado por Roberto Bermejo, catedrático de economía de la universidad del país vasco especializado en el petróleo, son demoledoras. El alto coste que conllevaría la construcción (estima que sería cercano a los 8.000 millones de euros) y el análisis de la situación económica y energética global, llega a la conclusión argumentada y razonada de la inviabilidad del proyecto.
Por otro lado, el Grupo Industrial Alfonso Gallardo, promotor del proyecto, no pasa por el mejor de sus momentos. La actual crisis financiera junto con la caída de la construcción, sector del que depende la mayoría de las industrias del grupo, han puesto en grave peligro la propia existencia de sus empresas. La venta de dos acerías en el País Vasco y de una cementera en Alconera (Badajoz) a la multinacional brasileña CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) a comienzos de este mes, es muestra de la necesidad de paliar las deudas del grupo AG, tras ser insuficientes los Eres acometidos en sus plantillas. A todas luces, esta situación es una muestra más del fracaso de las políticas económicas aplicadas en la región con unas materias primas que carecemos, basadas en la industrialización desarrollista del acero, el cemento y el petróleo. Con semejante panorama interno es más un suicidio político-empresarial que una inversión de futuro seguir con el proyecto refinero, salvo para el presente del promotor que podía hacer revivir sus Siderurgias Balboa en la construcción de Refinería Balboa – fabricación de Tubos y perfiles de acero-.
El nombramiento de la nueva titular en el ministerio no ha provocado ningún cambio en la situación del proyecto. La PCRN prefiere ser cauta y no valora a la nueva ministra, se remite a los hechos y sigue solicitando al ejecutivo toda la nueva información que el promotor ha ido entregando en este largo proceso, y que, por tanto, no estuvo disponible en el proceso de información pública. La no facilitación de esta documentación y la dilatación de los plazos legales a conveniencia del promotor, son dos aspectos denunciados por el colectivo al considerarlos que vulnera la legalidad, y recuerda que el plazo de exposición y alegación para los ciudadanos fue de un ridículo mes.
Seis años después, la PCRN celebra esta lucha con la publicación de un libro titulado ““LA REFINERÍA PETROLERA DE EXTREMADURA ” presentado en la casa de Cultura de Villafranca de los Barros. Esta acción es una muestra más de la intensa y digna labor que todos los que se sienten miembros de la Plataforma Ciudadana Refinería NO, llevan desarrollando desde hace seis años. A todos ellos, mil gracias y enhorabuena por todo lo realizado.
* Plataforma Ciudadana Refinería No - Pedro Fernández Borrego - 15.01.11
Foto: Extremadura, refinería No, P.Fernández - plataformarefineriano
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ELPERIÓDICO/Zaragoza* : Fernando Barba, concejal de La Muela imputado en la Operación Molinos por falsedad, continúa acumulando parcelas de poder en el consistorio. Hace unos días quedó formalmente incrito el nombramiento del edil -encartado por haber firmado las facturas de las falsas obras cargadas a la DGA- como presidente de la Sociedad Municipal Cultural y Deportiva, puesto en el que releva a la actual primera teniente de alcalde, Ana Cristina Mateo. Esta renunció al cargo el pasado verano. Seis meses antes, a primeros de julio, Barba pasaba a convertirse en el primer vicepresidente de la Sociedad Urbanística Municipal (SUM) tras salir de la empresa pública Miriam Fajardo, lugarteniente de Pinilla hasta poco después de la Operación Molinos. Barba desempeña en solitario las concejalías de Urbanizaciones y de Urbanismo y Obras, mientras que comparte con el otro concejal imputado, Juan Carlos Rodrigo Vela, la del polígono industrial Centrovía y la que aglutina las competencias de Alumbrado, Agua, Residuos, Mantenimiento de Edificios y Tráfico.
Por su parte, la dirección provincial del PP en Zaragoza ha otorgado finalmente su respaldo a su actual portavoz en el Ayuntamiento de La Muela, Marisol Aured, para que encabece la lista en las municipales del 22 de mayo. Aured, que mantenía fuertes tensiones con la junta local --controlada por Emilio Lobera, muy cercano a la actual alcaldesa, Mariví Pinilla, e imputado por cohecho en la Operación Molinos--, tendrá libertad para confeccionar la candidatura.
"Lo primero será encargar una auditoría del ayuntamiento poner orden en las cuentas municipales, y dar a conocer al pueblo la situación económica real", explicó Aured.
CANDIDATURAS Los conservadores son la segunda formación que designa formalmente a su alcaldable en La Muela. Antes lo hizo CHA, que eligió a Adrián Tello. El objetivo de ambos es relevar a Pinilla, que sigue en el cargo tras quedar en libertad bajo fianza de 800.000 euros por su presunta implicación en la supuesta trama de corrupción urbanística que investiga el juez de La Almunia.
Pinilla, que ha ganado las elecciones desde 1987 bajo la siglas del PAR, en cuya lista para las autonómicas ocupó un destacado décimo puesto hace cuatro años, fue expulsada de esa formación poco después de ser encarcelada. Los aragonesistas siguen sin tener claro si presentarán una lista, aunque han tanteado a varios vecinos de las urbanizaciones.
Tampoco la propia Pinilla ha hecho público si se presentará. Para hacerlo tiene varias alternativas: crear un nuevo partido, concurrir por otro ya existente o promover una agrupación de electores. Esta última alternativa requiere que la lista cuente con el aval, con firma y DNI, de al menos un centenar de vecinos, según contempla la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
* El Periódico - 25.01.11
Foto: La Muela (Zaragoza), policia ayuntamiento (archivo) - elperiodicodearagon.com
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LAOPINIÓN* : «Mis cuentas están claras y no hay ningún pufo». Así de tajante se pronunciaba el abogado Higinio Pérez Mateos, uno de los principales imputados en el caso Umbra, en una conversación telefónica con un asesor económico. No opinaba lo mismo de otro de los imputados, Renato de Noce. Así, afirmaba que «del contrato del Casino con Renato, de más de dos millones, todo el mundo ha chupado, pero eso se lo han tenido que tragar, porque es el que ha traído la actuación de interés supramunicipal». Estas palabras fueron obtenidas durante la investigación a través de escuchas telefónicas y han sido incorporadas por la Fiscalía al sumario con el fin de aportar más pruebas a la supuesta trama de corrupción urbanística en Murcia. De Noce ocupaba el cargo de encargado general de la rehabilitación del Casino, que se enmarcaron dentro de un convenio por el que varios promotores obtenían suelo edificable en la zona norte de Murcia.
En un principio, las obras del emblemático inmueble no tenían relación alguna con el proyecto urbanístico. Fue después, con De Noce ya al frente de la restauración del Casino, cuando ésta se incluyó en el acuerdo sustituyendo la prevista edificación de estructuras deportivas por una actuación de interés municipal, a la que parece referirse Pérez Mateos en su conversación y que no sería otra que la citada rehabilitación.
Los promotores interesados en edificar junto a Nueva Condomina conseguirían permisos para edificar 2.000 viviendas. A cambio pagarían 16 millones de euros al Ayuntamiento. Seis de ellos en metálico y los diez restantes al hacerse cargo de las obras del Casino. En estos diez se incluían los dos millones que cobraría De Noce como encargado de la obra. La elevada ´minuta´ del encargado fue ya un motivo de sospecha para los investigadores, que conocían además de su participación en sociedades con la esposa de Joaquín Peñalver, ex jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo e imputado también en esta causa, así como en otra anterior conocida como la Operación Barraca.
Una investigación de Hacienda aumenta todavía más estas sospechas, al indicar que se falsificaron facturas con cargo a las obras del Casino.
El interés de hacer estas facturas no sería otro que el de justificar ante el Ayuntamiento que los trabajos costaron exactamente los diez millones de euros previstos. En caso de que el coste hubiera sido inferior los promotores tendrían que haber abonado la diferencia a las arcas municipales. Y tampoco podría superar los ocho millones de euros con el fin de que De Noce no perdiera nada de su jugosa paga, los dos millones restantes.
Precisamente, en otra de las conversaciones telefónicas aportada por el fiscal a la causa se hace referencia a este baile de facturas. Se trata de una conversación entre Higinio Pérez Mateos y el propio Renato de Noce. En ella este último le indica que ha «metido facturas de cobro emitidas por FAMU como si fueran gastos del Casino». FAMU es una empresa constituida por De Noce y Jesús Zafra, un arquitecto que también se encuentra imputado en la operación Umbra y que participó además junto al empresario de origen italiano en la sociedad en la que figura la esposa de Joaquín Peñalver. En dicha conversación, según la información aportada por el fiscal al sumario, al que ha tenido acceso esta redacción, ambos «siguen hablando de los gastos que se deben emitir como del Casino y cuáles no».
* La Opinión Murcia - 25.01.11
Foto: Renato de Noce acude al juzgado a pagar la fianza. A la derecha, el letrado Higinio Pérez Mateos - laopinion
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ONÉSINO FLORES/México* : ¿Qué puedes hacer cuando el gobierno de tu ciudad toma decisiones que no compartes? ¿Cómo reaccionar cuando cientos de millones de pesos, de tus impuestos, son canalizados para obras sobre las que nadie te preguntó? No estoy hablando de las acciones de funcionarios corruptos o de administradores ineficientes. Me refiero más bien a lo que sucede cuando un gobernante toma decisiones dentro de la ley para implementar una "visión" que no refleja tus aspiraciones para el futuro. Los economistas han pensado mucho sobre esto. Para algunos, como Tiebout, la ciudad es una amalgama de preferencias individuales, en la que la gente toma decisiones sobre dónde ubicarse dependiendo de la canasta de bienes y servicios que ofrece una ciudad. Su respuesta a estas preguntas es sencilla: Si no te gusta lo que ofrece tu ciudad, "vota con los pies" y múdate a donde seas mayoría. Por ejemplo, si no te gusta una ciudad autodependiente, con escasos espacios públicos, sin diversidad de usos de suelo y con densidades cada vez más bajas, puedes mudarte hacia la Condesa.
Sin embargo la gente no migra tan fácilmente. Pocos pueden costear su cambio, además de que los trabajos, las escuelas, las viviendas, y las redes familiares y de amigos no pueden sustituirse fácilmente. La gente desarrolla hondas raíces en "sus" lugares, independientemente de que las constantes intervenciones en el espacio construido puedan volverlos irreconocibles. La mejor prueba de esto es lo sucedido en Nuevo Orleans después del Huracán Katrina. La ciudad que se ha levantado de esa catástrofe es significativamente diferente, y sin embargo muchos de los vecinos son los mismos. Miles regresaron porque esa ciudad es "su" ciudad, a pesar de que ya no sea igual.
Por supuesto que hay un punto de insatisfacción tras el cual cualquiera "votaría con los pies", pero el punto es que dicha decisión implica costos muy significativos. La alternativa para quienes no quieren o no pueden mudarse es levantar la voz: Participar en juntas de vecinos, escribir editoriales, plantear alternativas, pedir explicaciones. Movilizarse con sus vecinos para obligar, de cualquier forma posible, a que el gobierno se abra al debate y justifique sus decisiones.
Hacerlo es importante, pues una de las limitaciones de nuestra democracia es que cuando elegimos alcalde prácticamente firmamos un cheque en blanco. Mucho, muchísimo queda sin discutirse o sin especificarse en una campaña electoral. Votamos por ideas resumidas en un slogan (eg "seguridad y empleos") o por un rostro que nos cae bien. Pero no es lo mismo votar por "seguridad" que estar de acuerdo en la instalación de cámaras en espacio públicos. No es lo mismo creer que un candidato representa la mejor alternativa disponible que estar de acuerdo con absolutamente todo lo que pretenda hacer en la ciudad.
Dada la falta de especificidad, el ganador cuenta con un amplísimo margen de maniobra para "interpretar" su mandato. Algo pasa tras una elección, que de pronto el "votaron por mí" equivale a decir "votaron por mi autopista urbana".
Guadalajara nos brinda un ejemplo valioso de lo que puede hacer un grupo de ciudadanos insatisfechos. Desde hace meses, diferentes organizaciones ciudadanas como "Ciudad para Todos" se han abocado a recordarle al Gobierno los compromisos asumidos en el Plan Maestro de Movilidad Urbana No Motorizada, que incluyen la construcción de 1,500 kilómetros de vías ciclistas y la recuperación de distritos para uso exclusivamente peatonal.
Lo mismo se han manifestado en contra de la "Vía Express", un segundo piso que promueve el Gobierno Estatal, que cuestionado la decisión de los alcaldes tapatíos de cancelar la Fase 2 del Macrobús, un sistema Bus Rapid Transit que ha merecido reconocimiento internacional. Estos ciudadanos han presentado argumentos, invitado a expertos y establecido alianzas con vecinos. Siempre han privilegiado el diálogo, aunque éste no siempre sea bienvenido.
El pasado 10 de enero estos ciudadanos decidieron evidenciar que lo que falta es simplemente un poco de voluntad. Con $12,000 pesos recaudados, construyeron una "ciclovía ciudadana" de 5 kilómetros de largo. Diseñaron el trazo, compraron la pintura, hicieron los letreros. Habrá quien considere esta acción un acto de vandalismo. Pero yo coincido con Geraldine Juárez, quien bautizó al resultado como una "obra maestra del wikiurbanismo mexicano".
Estos ciudadanos no están dispuestos a observar pasivamente cómo los partidos y gobernantes ignoran sus propuestas. Ni van a "votar con los pies", ni van a esperar a que venga otra elección para votar con la boleta. Con argumentos y con organización, con propuestas y acciones, nos demuestran que la ciudad democrática se construye todos los días, con la participación de todos.
* El Siglo de Torreón - Editorial - 18.01.11
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