ELPAÍS/Cádiz* : El futuro del urbanismo ilegal se va despejando en Chiclana (Cádiz), pero sobre algunas casas siguen pesando oscuros nubarrones. Según los datos de la Junta de Andalucía en colaboración con el Ayuntamiento (PSOE), en Chiclana existen 2.292 viviendas irregulares construidas en suelo no urbanizable. Muchas de ellas están en terrenos especialmente protegidos.
La delegada de Urbanismo, Cándida Verdier, reconoce que la demolición será la vía casi segura para casi todas ellas. Otras 12.715 casas sin licencia podrán ser regularizadas en los próximos años.
Es la primera vez que Chiclana cuenta con datos oficiales para hablar del urbanismo descontrolado desarrollado en las últimas tres décadas en el municipio. Dependiendo del momento y del interlocutor, el número de casas ilegales había bailado entre las 10.000 y las 40.000. Ahora, según el inventario presentado el martes en el Parlamento andaluz por el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, el total se ha concretado en 15.007 edificaciones irregulares.
De ese total, 10.632 ya han entrado en el proceso de regularización iniciado hace unos meses por el Consistorio. Han sido divididas en nueve áreas de gestión básica y se espera que cuenten a corto plazo con los papeles necesarios para dotarlas de servicios como alcantarillado, luz pública, agua potable o viales asfaltados. La principal dificultad en estos casos es el coste de la regularización. Cada vecino tendrá que pagar un 0,84% de la tasación de su propiedad. El precio final dependerá del lugar donde su ubique y de las dimensiones de la vivienda y la parcela, aunque no se prevén casos de más de 50.000 euros, pero, ya algunos vecinos, con el apoyo de la oposición, han expresado que el precio es excesivo. "El que tiene que pagar es el que ha construido", señala Verdier. El Ayuntamiento dará facilidades de pago.
Las siguientes en ser regularizadas son las 2.082 detectadas en suelo susceptible de ser urbanizable en el nuevo plan general, aunque este documento está recurrido en los tribunales. Tardarán más pero el Consistorio no cree que vayan a existir problemas con ellas. Sí los habrá con las 2.292 restantes, ubicadas en suelo no urbanizable. "Es lo más complicado. La Fiscalía de Medio Ambiente se ha empeñado en estos casos y lo tendremos muy difícil para legalizarlo, sobre todo, si es suelo especialmente protegido", explica la delegada de Urbanismo, quien reconoce que el destino seguro de muchas de estas casas será el derribo. El Consistorio no descarta tratar de recalificar algunas zonas mediante modificaciones puntuales del plan general pero sabe que no será posible en todos los casos.
Marbella: 500 casas habitadas fuera de la ley
- Chiclana (76.171 habitantes) tiene un censo de viviendas ilegales similar al de Marbella, con el doble de población. En la localidad gaditana se levantaron 15.007 viviendas irregulares y en la malagueña unas 18.000.
- De las 18.000 casas fuera de ordenación que había en Marbella, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) normalizará 16.500. De las 1.500 restantes, imposibles de regularizar y expuestas al derribo, 500 están habitadas, según el nuevo documento urbanístico. En Chiclana hay más de 2.000 casas habitadas ilegales, cuatro veces más.
- En Marbella, el Ayuntamiento se ha comprometido a que sean los promotres de las viviendas los que paguen las compensaciones. No se ha fijado una cuota general para la regularización. En Marbella hasta ahora no se ha demolido más que una estructura de viviendas sin terminar, ni ocupar.
* ELPAIS.com - PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 03/09/2009
Foto: Chiclana zona ilegales - ELPAIS - Roman Ríos
Más de 2.000 viviendas ilegales de Chiclana se enfrentan a la demolición
La ex alcaldesa de Tarazona será juzgada este mes acusada de un delito de prevaricación
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HERALDO/Aragón* : La ex alcaldesa de Tarazona y actual diputada en las Cortes de Aragón, la socialista Ana Cristina Vera Lainez, será juzgada este mes como presunta autora de un delito de prevaricación y otro relativo a la ordenación del territorio. El fiscal pide para ella siete años de inhabilitación especial y una multa de 3.600 euros (doce meses con una cuota diaria de 10 euros) por su intervención urbanística en el conjunto residencial "Torres del Moncayo", en el barrio turiasonense de La Faceda.
Por su parte, la acusación particular, en representación de la Asociación para la Defensa en la Adquisición de la Vivienda (Adavi), solicita diez años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público o responsabilidad política. Sin embargo, su abogado defensor, Jesús García Huici, pide la absolución.
El juicio será celebrado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón por la condición de aforada de la diputada socialista y tendrá lugar los próximos días 23, 24 y 25 de septiembre.
La polémica por la promoción residencial en el barrio turiasonense de La Faceda comenzó hace años.
El fiscal considera que, en octubre de 2004, cuando Ana Cristina Vera ocupaba la Alcaldía de Tarazona, otorgó la licencia de primera ocupación para veintidós viviendas "irregularmente construidas" pese a conocer, en su opinión, que el proyecto ejecutado no se ajustaba al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio.
El escrito del representante del ministerio público recoge que el informe del arquitecto municipal, que se elaboró con carácter previo al acuerdo, recogía que estas edificaciones no habían obtenido "la calificación de Vivienda de Protección Oficial (VPO) definitiva", y que, por este motivo, el proyecto ejecutado no se ajustaba a lo prescrito en el vigente PGOU. Además añadía que estos inmuebles serían la "única excepción" a los parámetros que se venían aplicando en todo el sector.
Aunque se hacía referencia a las condiciones urbanísticas de los pisos como si fueran VPO (con una parcela mínima de 137 metros cuadrados y una ocupación máxima del 45%), el fiscal apunta que ni siquiera se solicitó la declaración inicial de los pisos como protegidos. Además, la mayoría de las parcelas individuales de la urbanización tenían una superficie inferior a 225 metros cuadrados (la mínima exigida por ley a las viviendas libres).
En cuanto a la concesión de la licencia urbanística en noviembre de 2002 , el ministerio público entiende que no se ha acreditado que la comisión de gobierno que la otorgó llegara a tener conocimiento de la irregularidad, ya que ésta venía informada favorablemente por el arquitecto municipal.
* Heraldo Aragón - M. G. C. Zaragoza - 3.09.09
Foto: Tarazona (Zaragoza), ayuntamiento - lawebmunicipal.com
Un tribunal popular juzgará el 'caso Guateque'
ELPAÍS/Madrid* : El caso Guateque, el mayor caso de corrupción conocido en el Ayuntamiento de Madrid relacionado con el tráfico ilegal de licencias urbanísticas, será juzgado por un tribunal popular, según explicó ayer un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
El juez que instruye el caso, Santiago Torres, ha decidido modificar la instrucción y acogerse a la Ley del Jurado Popular. El juez se basa en una sentencia dictada por el Tribunal Supremo para instruir la causa "con la interpretación más actual" de la doctrina. El pasado 26 de junio el alto tribunal revocó una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que condenaba a un hombre de 83 años acusado de violar y asesinar a dos Guardias Civiles en Bellvitge. El Supremo consideró que el delito más importante juzgado entonces, el de asesinato, obligaba a resolver el resto de imputaciones también con jurado. Esta decisión del alto tribunal ha supuesto una novedad y ha provocado un aumento de los casos vistos por jurados populares.
En vista de esta decisión, el magistrado del caso Guateque precisa en un auto dictado el pasado 27 de agosto que todos los delitos que se investigan en la causa -infidelidad en la custodia de documentos, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios- están entre los delitos que puede juzgar el jurado. La excepción son los delitos de falsedad documental y el delito contra el urbanismo. Pero éstos mantienen "la unidad con los anteriores".
El juez Torres acordó mantener las diligencias de investigación previstas. Para seguir el procedimiento de la Ley del Jurado Popular el magistrado ha establecido la celebración de una audiencia donde las acusaciones, fundamentalmente la fiscalía, deberán concretar la identidad de las personas contra las que pretendan dirigir la causa y los delitos que se le imputan a cada uno de ellos.
El caso Guateque comenzó en noviembre de 2007 cuando la policía se presentó en la Gerencia de Urbanismo, la Concejalía de Medio Ambiente y varias juntas municipales de distrito después de investigar durante más de seis meses a varios funcionarios. La operación se saldó inicialmente con 16 detenidos, pero el caso se convirtió en una avalancha de implicados. Fuentes judiciales elevan el número de imputados a "más de 120 funcionarios y altos cargos del Ayuntamiento de Madrid".
* ELPAIS.com - J. S. G. - Madrid - 03/09/2009
Foto: Madrid, caso Guateque - madridiario.es
El Procurador del Común denuncia el deterioro del patrimonio cultural en León
LEONOTICIAS* : El informe del Procurador del Común, que se debatirá este mes de septiembre en las Cortes de Castilla y León, destaca las actuaciones que desde aquella institución se han llevado a cabo en relación con el patrimonio cultural. La institución que dirige Amohedo, señala que "la protección de elementos concretos, con un mayor o menor valor patrimonial, ha seguido siendo el motivo del mayor número de quejas relacionadas con la protección del Patrimonio Cultural de nuestra Comunidad".
Buena parte de las actuaciones de oficio estuvieron relacionadas con la protección de bienes concretos de la provincia de León, como los monumentos histórico-artísticos de Grajal de Campos; la Iglesia de San Lorenzo de Sahagún de Campos y de la Capilla de Jesús anexa a la misma y el yacimiento arqueológico denominado 'Castrum Coviacense', en Valencia de don Juan.
Con relación al Palacio de los Condes de Grajal de Campos y al Castillo-Fortaleza de la misma Villa, el Procurador del Común, formuló una resolución, para recomendar tanto a la Junta como al ayuntamiento "que la conservación del Castillo y del Palacio del Conde de Grajal de Campos, como monumentos especialmente representativos del patrimonio cultural de Castilla y León, siga siendo un objetivo prioritario en los planes de actuación, tanto de la Administración autonómica como del Ayuntamiento de Grajal de Campos".
La oficina que dirige Javier Amoedo, inició un expediente de oficio sobre el 'Castrum Coviacense', en Valencia de don Juan, a raíz de la construcción de un edificio de viviendas que podría provocar la destrucción del yacimiento arqueológico.
Sobre este asunto, se formuló una resolución para recordar al Ayuntamiento de Valencia de Don Juan que, en lo sucesivo, "el otorgamiento de licencias de obras no se lleve a cabo en tanto no se realicen las actuaciones procedentes, para la protección y vigilancia arqueológica de las zonas de protección contempladas en la propia normativa urbanística y en la normativa sectorial sobre el Patrimonio Cultural de Castilla y León".
El procurador del Común se interesó también por el derrumbe ocurrido en el mes de agosto de 2008 en la Iglesia de San Lorenzo de Sahagún de Campos y la Capilla de Jesús anexa a la misma, ejemplos del románico mudéjar leonés.
Bienes de Interés Cultural pendientes de declaración
El Procurador del Común se interesó también por los expedientes BIC en tramitación, algunos de los cuales llevan abiertos dos y tres décadas esperando una resolución.
"De un total de 169 expedientes incoados para la declaración de Bienes de Interés Cultural permanecían en tramitación, incluyéndose los correspondientes a bienes con la categoría de Conjuntos Históricos (12 de los bienes se encuentran en la provincia de Ávila, 15 en la de Burgos, otros 15 en la de León, 8 en la de Palencia, 5 en la de Salamanca, 19 en la de Segovia, 41 en la de Soria, 21 en la de Valladolid y 33 en la de Zamora)". El procurador emitió resoluciones instando a la Junta a resolver los expedientes BIC, "acorde con el principio de eficacia al que está sometida la actuación de la Administración (art. 3-1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre)".
Derrumbes en monumentos
Desde el grupo de procuradores socialistas, el portavoz de Cultura y Turismo, José Ignacio Martín Benito, recuerda que el Partido Popular rechazó una enmienda presentada por el PSOE a los Presupuestos Generales para 2009 destinada a la restauración del palacio de Grajal de Campos.
“El grupo socialista volverá a insistir en las Cortes para que en los presupuestos de 2010, la Junta de Castilla y León reserve una partida específica destinada a la restauración y puesta en valor del patrimonio de Grajal de Campos”, señala Martín Benito.
Respecto a los derrumbes y desprendimientos producidos en varios monumentos de Castilla y León, Martín Benito indica que, a pesar de los informes técnicos que alertaban sobre ello, la Junta se cruza de brazos y sólo comienza a actuar cuando se produce el derrumbe. Mientras tanto, sigue avanzando “el paisaje de la ruina” en nuestra Comunidad.
La muralla de León
En el último año se han producido derrumbes en las murallas de León y Zamora, de la colegiata de Covarrubias (Burgos), en el minarete de la iglesia de Santa María de Alaejos (Valladolid), de la fachada de la iglesia de Santo Tomé (Zamora), de parte de la iglesia de San Lorenzo en Sahagún de Campos (León), de la iglesia de Rágama (Salamanca). Martín Benito recuerda también los desprendimientos de hace dos años de las gárgolas de la Catedral de León, de una columna en la iglesia de Santiago en Peñalba, de un ara en San Miguel de Escalada…
En relación con la resolución de expedientes, el PSOE, según ha recordado Martín Benito ha presentado varias iniciativas en las Cortes en forma de interpelaciones, mociones y proposiciones no de Ley, instando a la Junta a resolver los expedientes BIC paralizados de la provincia de León, siendo siempre rechazadas por el grupo del Partido Popular.
* Leonoticias.com - 1.09.09
Foto: León - wikipedia.org
