José Miguel Esquembre* : "Mucho se habla sobre vivienda pero se avanza poco. La demanda es fuerte, quizás acuciada por la escasez, pero la oferta es débil, en especial para los que menos tienen. El tema está constantemente en la calle, y desde Arquitectos Sin Fronteras queremos aportar nuestro punto de vista con algunas propuestas, en un momento en las próximas elecciones municipales obligan a requerir a las distintas formaciones a que las promesas de campaña no sean un brindis al sol, sino que se materialicen en acciones beneficiosas para la ciudadanía. Reconocemos que el tema es complejo y la solución no es fácil, sobre todo si pensamos en el vicio social de la especulación, deseo individual al que se ha apuntado la Administración en general a la vista de las inauguraciones electoralistas que promete.
Nuestra legislación ha definido la responsabilidad en las soluciones repartiendo su cuota de más a menos, delegando en el último escalón, lo local y lo autonómico, la fase más complicada: la gestión. En cambio la Unión Europea apenas trata el tema y el Estado se preocupa fundamentalmente de la legislación y financiación.
Desde ASF somos conscientes de que es difícil cambiar las pautas sociales de la noche a la mañana, pero el momento actual debe ser una buena ocasión para avanzar. En primer lugar es capital un impulso del Desarrollo Sostenible. Todo el mundo está de acuerdo en que es la vía de nuestro futuro, pero pensamos que se explica poco lo que realmente quiere decir. La imagen dominante se centra en la protección de los recursos naturales, ahorro energético y tratamiento de residuos, pero se habla poco de su aspecto social. El Desarrollo Sostenible se articula sobre tres apoyos: economía, acción social y protección del medioambiente. Se analizan la economía y el medioambiente, pero los aspectos sociales se siguen considerando cuestiones caritativas no incluidas en la sostenibilidad. Es necesario que estos conceptos cambien hasta situar los tres apoyos en el mismo plano.
En segundo lugar queremos llamar la atención sobre la venta de viviendas VPO usadas. El mercado de segunda mano es muy abundante y no se ve en él ningún anuncio de viviendas de dicho tipo cuando es seguro que se venden. Esto quiere decir que no se cotizan al precio oficial, sino que, es lógico pensar, se transfieren muy por encima del obligado. Sabemos que la Administración establece normas y cautelas, pero resultan parcas ante la presión y tentación que suponen la escandalosa diferencia económica entre la vivienda libre y la protegida. Pensamos que una VPO debe serlo durante toda su vida y, en la práctica, esto sólo puede lograrse con una intervención administrativa mucho más directa que garantice que el precio de venta es el que exige la ley. En otros ámbitos se está interviniendo más directamente, como es el caso de intermediación de alquileres. No hay razón objetiva para que no se actúe en el caso de las ventas.
Por otro lado, consideramos que las administraciones públicas no deberían en ningún caso financiarse con la recalificaciones de suelo, y que resulta imprescindible vigilar que las posibles recalificaciones y revisiones del planeamiento se hagan de acuerdo a un crecimiento racional y sostenible. Estos criterios urbanísticos deben impedir además la creación de guetos, evitando trasladar a las economías más débiles a las zonas más alejadas de la ciudad, con criterios claramente separatistas en lugar de integradores.
No puede ser, además, que las administraciones públicas y en gran manera las corporaciones locales, no empleen los aprovechamientos urbanísticos en intentar regular los precios de repercusión de suelo para las viviendas de Protección Oficial, al ser ellos mismos, los ayuntamientos, los que subastan el suelo al mejor postor por encima del valor de repercusión de suelo habitualmente admitido
Estamos viendo como el precio de la vivienda depende cada vez más del precio del suelo. Su repercusión supera ya el coste de la ejecución material de los edificios, lo que resulta a todas luces inadmisible. El coste del suelo no deja de ser un pago por adquirir el derecho a vivir en un determinado lugar. La cuestión se hace más sangrante cuando se comprueba que hay ciudades completamente vetadas para mucha gente, ciudades de las que presumimos por su calidad, pero que se van haciendo económicamente inhabitables. Cuanto mejor es el lugar, peor. El esfuerzo colectivo que supone hacer ciudad, deriva en unas plusvalías para unos pocos mientras que la mayoría queda perjudicada. Esta tremenda paradoja desvela un lamentable descuido o un desinterés mayúsculo de la Administración por la redistribución de los beneficios, y da la impresión de que las cosas se han ido decidiendo de una manera improvisada y parcheada, más propia de una tertulia de café que de un análisis global del problema.
Entrando en cuestiones económicas, queremos recordar las consecuencias sociales de que una masa tan ingente de dinero esté comprometida en la vivienda a corto, medio y largo plazo. Una persona hipotecada a tantos años se encuentra sumamente limitada en múltiples aspectos y especialmente deberá controlar sus discrepancias con su entorno diario si no quiere poner en riesgo su situación económica y con ello la seguridad familiar. Esta incómoda postura para muchos reporta a cambio seguridad a otros grupos sociales que buscan solvencia para su jubilación. Así las cosas, una generación está manteniendo a otra mediante la vivienda. De esto se habla poco y se analiza menos.
Por último queremos señalar que la legislación sobre vivienda se preocupa exclusivamente del que tiene algo, poco o mucho, y por tanto puede responder económicamente a los créditos en lo que inevitablemente se va a implicar. Para quien no tiene recursos, la vivienda pasa a ser un problema de asistencia social desatendido. Es necesario que haya por ley una reserva de viviendas para los más desfavorecidos, dispersa e integrada en la construcción general. Hay ya demasiadas experiencias negativas sobre viviendas colectivas que han derivado en guetos irresolubles. Su gestión será responsabilidad posterior de áreas sociales pero previamente las leyes de vivienda deben contemplar este problema y facilitar los medios para su solución. Se trata de un asunto complejo, pero asumible con voluntad política y coordinación, por lo que demandamos a las administraciones mayor interés del que hasta ahora han mostrado.
+info: www.asfes.org
* José Miguel Esquembre Menor, presidente de Arquitectos Sin Fronteras
* plusarquitectura.info - 17 de mayo
Sobreviviendo sobre vivienda
Corrupción urbanística y el 27M
Luis de Velasco.- EstrellaDigital* : "Es poco probable que las numerosas denuncias de casos de corrupción urbanística, que han crecido estos días de vísperas electorales, terminen pasando factura a los denunciados y a sus partidos. Si el electorado pasa esa factura, será a una mínima parte de ellos.
Por varias razones. Una, es que el ciudadano, tras muchos años de denuncias y de correlativo desprestigio de la política y de los políticos, ha llegado a la conclusión – equivocada, hay que decirlo- de que todos los políticos son iguales ( en este caso, de corruptos) y que,entonces, lo mejor es abstenerse o votar a los suyos. Otra, es que la credibilidad de muchos medios de comunicación también está seriamente tocada. No es por casualidad. Su sectarismo en la información, en la deformación y en la no información ha alcanzado cotas muy altas.
Uno lee un periódico, ve una cadena o escucha una radio y luego las de la otra orilla y cree estar en países distintos y distantes. Finalmente, se alcanza un punto de saturación, de fatiga de noticias de corrupción y el ciudadano se cansa y ya no presta atención salvo que, como en el caso Marbella, haya personajes “ famosos”. Véase sino el contraste de interés entre este caso y el de Andratx en Mallorca.
Ocurre además que en el mantenimiento del “tsunami urbanizador”, primera causa aunque no la única de corrupción, hay muchos y muy poderosos intereses en juego. El que la rueda siga girando es clave en el modelo de crecimiento español de estos últimos años. Basta recordar que la construcción supone un 18 por ciento del PIB y un porcentaje muy similar en el empleo, ambas proporciones casi el doble del promedio en la UE. La construcción de viviendas es la mitad de ambas proporciones. Es en estos sectores donde se han acumulado fortunas increíbles en poco más de un quinquenio. Habrá algunas impecables pero también es cierto que algo huele a podrido.
Es sintomático que Izquierda Unida ha presentado a todas las demás formaciones políticas una propuesta de pacto contra la corrupción con medidas interesantes y que ha sido recibido con un estruendoso silencio tanto por parte de esa formaciones como de la mayoría de medios. Mientras tanto, los escándalos urbanísticos siguen apareciendo y políticos imputados o no los echan sus partidos o, incluso, repiten en las listas de candidatos amparándose en la presunción de inocencia, algo inadmisible porque los niveles jurisdiccional y político son cosas diferentes. Pero a los partidos les da igual, confían en la mala memoria o en el escepticismo del electorado. ¿Alguien recordará al votar en Cataluña, en el “oasis catalán” como decía Pujol, el tema del 3 por ciento, de las comisiones recibidas por los partidos más importantes por adjudicaciones de obras públicas? ¿Alguien pasará factura en Andalucía al PSOE por su indudable responsabilidad, por lo menos política, en el tema Marbella?
Las respuestas, en breves días. El grado de abstención y el mapa electoral mostrará si, a pesar de todo, contamos todavía con una ciudadanía digna de ese nombre.
* Estrella Digital - 21 de Mayo
Entre el sillón y el banquillo
R.RINCÓN.- El País* : "¿Es la corrupción urbanística la gran lacra de la política municipal? Para Fernando Jiménez Sánchez, autor del estudio Incidencia de la corrupción en la democracia, incluido en el Informe sobre la democracia en España que acaba de publicar la Fundación Alternativas, la corrupción política es "un subproducto" de un problema mucho más grave: la especulación inmobiliaria y la apuesta por el crecimiento urbanístico como principal instrumento para financiar a los ayuntamientos. Jiménez Sánchez, profesor titular del departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia, cree que en la mayoría de los casos los alcaldes que acaban siendo corruptos no llegaron al cargo con esa intención. Simplemente, les fue difícil resistirse a la tentación. "El Ayuntamiento es la administración más cercana a los ciudadanos y eso siempre les pone en la necesidad de tener que cumplir con las demandas de sus vecinos. Eso les lleva a buscar la forma de ingresar dinero y al final, caen".
Al analizar la lista de alcaldes imputados se aprecia que la mayoría de ellos gobiernan en municipios pequeños, donde los controles son menores. No obstante, Jiménez Sánchez advierte de que los controles en los Ayuntamientos españoles no son "muy eficaces". Entre otras cosas, porque se recurre excesivamente al control jurídico. "Y la vía del contencioso administrativo tiene muchos problemas de eficiencia y si no funciona bien se crea un clima de impunidad que es un caldo de cultivo para la corrupción".
A las elecciones del próximo domingo concurren, al menos, 40 alcaldes que pese a estar imputados en asuntos judiciales aspiran a la reelección. Cuatro decenas de regidores que representan el 5,2% de los 770 que gobiernan en Andalucía. Los hay acusados por usar más de la cuenta el teléfono móvil oficial para llamadas personales (el de Puebla del Río, Sevilla), por comprar entradas para los toros con dinero del Ayuntamiento (Huércal Overa, Almería) y por acoso moral a una compañera (Chipiona, Cádiz). Pero en la mayoría de los casos, las imputaciones corresponden a acusaciones por malversación de caudales públicos y, sobre todo, por delitos urbanísticos (27 de los 40 alcaldes).
Los programas electorales regionales de PSOE, PP, IU y PA contemplan medidas para mejorar la "transparencia" en la gestión urbanística. PSOE y PP proponen elevar al pleno todos los convenios urbanísticos (ahora los aprueba sólo el equipo de gobierno) y publicarlos en Internet. Además, los cuatro apuestan por hacer público el patrimonio de todos los altos cargos al principio y al final de cada mandato. IU incluso aboga por no utilizar el urbanismo para financiar a los Ayuntamientos.
Para Susana Corzo, profesora de Ciencia Política en la Universidad de Granada, no hay, sin embargo, una voluntad política real de acabar con la corrupción. "Hay más interés en destapar corruptelas de políticos, para dañar al adversario durante la campaña electoral, que una voluntad responsable de acabar con la corrupción", advierte. En su opinión, los políticos "confunden" la labor judicial de perseguir a los corruptos "con la función política de empezar a erradicar, de raíz, la corrupción".
Las propuestas electorales de los partidos para acabar con esta situación son, según Corzo, "improvisadas e ineficaces". Tampoco gustan al profesor Jiménez Sánchez, quien considera que la mayoría son de "cara a la galería" y que la lucha contra la corrupción debería abarcar desde la educación ("el respeto hacia lo público") a más medidas de control técnico.
Además, según el profesor de Ciencia Política y de la Administración, habría que empezar por "clarificar las competencias" de los Ayuntamientos, "mejorar" la estructura de los ingresos municipales y que las comunidades autónomas "asuman la responsabilidad que tienen en política urbanística". "La nueva ley andaluza de Suelo va en esa dirección. A ver si se aplica bien", señala Jiménez Sánchez.
* ELPAIS.com - Sevilla - 21/05/2007
