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Ecologistas en Acción* considera positivo que se haya excluido de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Móstoles los sectores al sur del arroyo de la Reguera y al norte del arroyo de la Peñaca. Aún así, esta organización critica el desmesurado crecimiento previsto en el nuevo planeamiento y, sobre todo, el cúmulo de irregularidades que se han sucedido durante el procedimiento para su aprobación.
El Consejo de Gobierno del 15 de enero aprobó definitivamente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Móstoles, con la excepción de las 400 hectáreas que se localizan en los sectores al sur del arroyo de la Reguera y al norte del arroyo de la Reguera. Estos ámbitos quedan excluidos hasta que se presenten informes ambientales que acrediten la presencia o no de valores naturales.
Ecologistas en Acción valora positivamente esta decisión pero la considera insuficiente y contradictoria. Resulta insuficiente porque el nuevo plan general, aún exceptuando estos dos sectores, supone la reclasificación de un tercio del término municipal (1.400 hectáreas) y la construcción de 25.000 nuevas viviendas. Algo que no se justifica teniendo en cuenta el escaso crecimiento poblacional de los últimos años.
Por otra parte es contradictoria porque existen dos informes ambientales de 2005 y 2008 que instan a mantener estos sectores como suelo no urbanizable protegido. Por tanto, deberían ser exceptuados de la urbanización sin más trámite.
A juicio de Ecologistas en Acción, podríamos estar ante una trama de intereses que han forzado, tanto al Ayuntamiento de Móstoles como al Consejo de Gobierno a actuar de una forma muy irregular. Hay que tener en cuenta que las 400 ha exceptuadas de la aprobación definitiva, estaban clasificadas como no urbanizables en el plan general de abril de 2008, sin embargo, pasaron a ser urbanizables en julio de 2008. Para justificar este cambio de clasificación, el Director General de Evaluación Ambiental, José Trigueros Rodríguez envió una carta al Ayuntamiento de Móstoles permitiendo la reclasificación de los terrenos, en contra del criterio de dos informes anteriores firmados por él mismo.
A pesar de las denuncias presentas por Ecologistas en Acción, manifestando la irregularidad de los hechos descritos, tanto el Pleno municipal (con la oposición del partido socialista) como la Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, de la que es Presidenta la Consejera de Medio Ambiente, aprobaron el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Anteriormente el Director General de Urbanismo, Raimundo Herráiz, había defendido el plan general en una comparecencia en la Asamblea de Madrid.
El hecho de que en el último momento, el Consejo de Gobierno, haya rectificado en parte, el criterio del pleno municipal y de la Comisión de Urbanismo pone de manifiesto que se han cometido irregularidades que deben ser investigadas.
Ecologistas en Acción considera necesario investigar lo sucedido en la tramitación del plan general de Móstoles y esclarecer el alcance de la actuación, especialmente del Director General de Evaluación Ambiental, pero además la del Director General de Urbanismo, así como, la del concejal de urbanismo y el alcalde de Móstoles. Por ello, esta organización no descarta la posibilidad de iniciar actuaciones legales en las próximas semanas.
* Ecologistas en Acción Suroeste de Madrid - 21.01.2009
Foto: Móstoles (Madrid), ayuntamiento - wikipedia.org
Irregular aprobación del Plan de Urbanismo de Móstoles
Todos los habitantes de Barcelona votarán el futuro de la Diagonal
LAVANGUARDIA* : Las consulta sobre la reforma de la Diagonal, entre Francesc Macià y Glòries, se hará mediante voto electrónico y en ella podrán participar todas las personas empadronadas en Barcelona, tengan o no la nacionalidad española, mayores de 16 años. A los ciudadanos no se les planteará una pregunta de sí o no -como hizo Sant Adrià de Besòs a la hora de salvar de la piqueta las chimeneas de la térmica- sino que les pondrán encima de la mesa dos proyectos para que elijan entre ellos.
Estas son las características esenciales de la primera consulta ciudadana que se llevará a cabo en Barcelona. Las condiciones del referéndum sobre la Diagonal son fruto del acuerdo entre el gobierno municipal - que ha tenido como negociador principal al primer teniente de alcalde, Carles Martí-y ERC. Precisamente, el alcalde Jordi Hereu y el líder republicano, Jordi Portabella, serán hoy quienes presentarán la consulta, que aún no tiene fecha pero que, si se cumplen los propósitos de ambas partes, podría celebrarse en la primavera del 2010 y durante un plazo de varios días.
Las opciones que se someterán al dictamen de los barceloneses saldrán de las propuestas de los técnicos de la ya creada oficina para la reforma de la Diagonal y de un amplio proceso de participación en el que podrán intervenir todas aquellas entidades o particulares que tengan algo que decir respecto a la remodelación de la gran avenida. La consulta sobre el futuro de la Diagonal se plantea en cierto modo como un laboratorio de pruebas. Será la primera vez que Barcelona lleve a cabo un proceso similar al de un referéndum. También por vez primera, se abrirá el voto a los menores de edad mayores de 16 años y a la población inmigrada, que en un futuro no muy lejano, podrá votar en las elecciones municipales. Además, permitirá ensayar el voto electrónico, una innovación tecnológica que ya se aplica en muchos países.
Al no tratarse formalmente de una convocatoria de referéndum, una competencia que sólo está en manos del Gobierno central, se podría plantear un debate estéril sobre el carácter vinculante de la consulta. Estéril porque, en ningún caso, el gobierno municipal desoirá la opinión mayoritaria de la ciudadanía. De hecho, las dos opciones que se someterán al dictamen de las urnas tendrán previamente todas las garantías de viabilidad técnica y presupuestaria.
El calendario apuntado hace unos días por Hereu señala que, tras la consulta, y hasta mediados del 2011 se llevarán a cabo los proyectos ejecutivos y las licitaciones de las obras, que se realizarán en el próximo mandato.
* La Vanguardia - Ramón Suñé - 23.01.2009
Foto: Barcelona, Av. Diagonal - wikimedia.org
"Sin demolición, el imperio de la ley queda por los suelos"
PÚBLICO/Entrevista* : Según Ángel Núñez, coordinador de los fiscales andaluces de Medio Ambiente, los delitos urbanísticos son consecuencia de la falta de eficacia de la administración.
-En los últimos tiempos, han proliferado miles de viviendas ilegales. ¿De quién es la responsabilidad? Los delitos urbanísticos son consecuencia de la falta de eficacia de la administración. Los ayuntamientos no han ejercido las funciones de disciplina urbanística. Por carencia de medios, fundamentalmente ayuntamientos pequeños; por falta de voluntad política para asumir el coste de medidas impopulares como la demolición y, en otros casos, por clara y pura corrupción.
¿La falta de dinero es responsable de que haya pocas demoliciones?
No se deja de demoler por falta de dinero. No se ha demolido porque no se han tramitado expedientes de demolición. En un inmenso número de supuestos, cuando se ha actuado ya había prescrito la ilegalidad.
¿Tiene una justificación histórica el desorden urbanístico?
No. Todavía hay alcaldes que se jactan de que no ejecutarán nunca una demolición. ¡Pero es que son obligaciones de la Ley de Ordenación Urbanística! Y cuando defienden la autonomía municipal, que me parece muy bien, eso tiene que llevar aparejado el ejercicio de las responsabilidades que les impone la ley, entre ellas, imponer la disciplina urbanística.
¿Tiene un número de viviendas ilegales en Andalucía?
Creo que no lo tiene nadie. Una cifra ajustada no existe realmente.
¿Qué le parece la marea regularizadora que viene ahora?
Dentro de situaciones tan desbordadas, la única solución es imponer la ley de alguna forma, y eso implica regularización. No se pueden tirar 30.000 viviendas. Es un problema muy complejo. Lo que sucede es que cuando se plantea ese fracaso que es una regularización surge otro problema.
¿Cuál?
Aparecen grupos de poder que exigen que sea el resto de los ciudadanos los que financien los costes de su urbanización ilegal, que les paguen los suministros públicos, la realización de viales, la recogida de basura… para que ellos se beneficien. Si se regulariza lo que hoy vale 20, valdrá mañana 40. Me parece inadmisible. Son cuestiones políticas en las que la Fiscalía no entra, pero dista de convertirse en ejemplo para que el resto de ciudadanos cumpla la ley.
¿No hay manera de que la Fiscalía diga: esto no puede ser?
No en la medida en que se haga de acuerdo con los trámites legales. Sí pedimos una reforma del Código Penal para regular supuestos de prevaricación por omisión. Cuando no se dicta una resolución injusta, pero su falta es equivalente a haberla dictado. No se persigue a quienes realizan construcciones ilegales.
¿Cómo se llevan los jueces y las demoliciones?
Sin demolición, las condenas se convierten en puramente simbólicas
Han sido bastante reticentes a acoger los delitos contra la ordenación del territorio. Primero porque entendían que sólo los podían cometer los profesionales, mientras nosotros creíamos que los podía cometer cualquiera.
El Supremo nos dio la razón en 2003. Se ha aplicado de manera demasiado generosa la doctrina del error, del desconocimiento, cuando es de dominio público que cualquier obra requiere autorización. Y ha habido muchas reticencias a la hora de acordar la demolición. Y sin demolición, las condenas se convierten en puramente simbólicas, porque las penas que se imponen –como no hay que ajustarlas al valor de la edificación, sino a los ingresos del infractor– son muy exiguas y la pena privativa de libertad en principio no implica el ingreso en prisión.
Así, la condena se imputa como un coste adicional al de la edificación. Afortunadamente, se va avanzando.
¿Genera impunidad la ausencia de demolición?
Sí. Durante el tiempo que tardó el Supremo en pronunciarse en el sentido de que el delito lo podía cometer cualquiera, fueron decenas los fallos absolutorios dictados.
Ha dicho que no se pueden derribar 30.000 viviendas, pero algunas sí. ¿Está pensando, por ejemplo, en Marbella?
Hay que distinguir entre las demoliciones administrativas y las sentencias penales. En estas últimas no cabe discusión, sólo ejecutarlas. La cuestión que se discute aquí es la de las administrativas.
¿No tiene nada que decir la Fiscalía?
No, ahí no tuvimos intervención.
¿Y a usted qué le parece?
A mí personalmente, no como fiscal, como ciudadano, me parece que hay que conectar el imperio de la ley, que quedaría por los suelos si no se ejecutan las demoliciones, y atender a situaciones de verdadera trascendencia social como consecuencia de inaplicar el planeamiento.
La Junta de Andalucia ha aprobado nueva normativa y habla ahora de acudir al planeamiento supramunicipal.
Planificar es orientar el crecimiento, pero está sirviendo para consolidar lo irregular
El fenómeno es que los planes no se cumplen, y cuando se reforman no es para avanzar, sino para consolidar situaciones de facto. Así, el plan pierde su sentido. Planificar es orientar el crecimiento, pero está sirviendo para consolidar lo que de manera irregular ya ha crecido.
¿Es la gente consciente de que su actividad ilegal genera ciertos problemas para ellos mismos, atascos, falta de escuelas...?
Hasta ahora, no. Hay una consideración decimonónica de la propiedad. Esto es mi terreno y yo hago lo que quiero. No existe consideración a la función social de la propiedad.
¿Cuánto le debe el medio ambiente a los ecologistas?
Su actuación es absolutamente digna de elogio.
Entre el empleo y el medio ambiente, ¿con qué se queda?
Ahora se habla mucho de una flexibilización de los requisitos para actividades empresariales. Todo lo que sea agilizar o simplificar me parece bien. Sin embargo, una actividad que genere empleo, pero que perjudique al medio ambiente no es autorizable. La ley así lo establece.
¿Cuál es la principal amenaza para el medio ambiente?
El urbanismo descontrolado.
Hay quienes niegan el cambio climático.
Siempre hay negacionistas. Los hay del holocausto, que los haya del cambio del clima no supone ninguna sorpresa.
* Público - RAÚL BOCANEGRA / OLIVIA CARBALLAR - Cádiz - 23/01/2009
Los ingleses que edificaron en parcelas rústicas dicen que era la "forma española" de construir
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LEVANTE/Valencia* : Tras el paréntesis navideño, comienza de nuevo la ronda de declaraciones de los propietarios de construcciones en Zarra que la Fiscalía de Valencia denunció por irregularidades urbanísticas. Durante la mañana de ayer declararon en el juzgado de primera instancia e instrucción nº2 de Requena seis dueños de chalets de nacionalidad británica, acompañados de una intérprete.
Cuatro de ellos manifestaron que adquirir un terreno rústico y construir en él para legalizarlo cuatro años después era la "Spanish way" o forma de comprar casas en España.
El alcalde de Zara, Juan José Rubio, y su hijo, que se encargó de la construcción de chalés en suelo rústico bajo licencias municipales de casas de aperos, siguen imputados por delitos urbanísticos y contra el medio ambiente, entre otros.
De las 87 viviendas investigadas, ya declararon ocho propietarios hace dos meses y ayer lo hicieron otros seis, casi todos de nacionalidad británcia. En aquél momento, algunos de ellos reconocieron ante el juez que sabían que eran ilegales y que debían esperar cuatro años para legalizarles. Algunos comparecieron con los documentos de legalización.
Los testigos de ayer fueron más explícitos y señalaron que en la inmobiliaria con la contactaron les habían explicado el profeso de compra de una vivienda en España. Al parecer, esta "forma española" consiste en elegir un terreno rústico, comprarlo y luego contactar con el constructor, elegir el tipo de vivienda y, cuatro años después, legalizarla en el Registro de la Propiedad.
Dos de los testigos explicaron que compraron las propiedades a otros ingleses., Mientras que el resto llegaron a Zarra a través del anuncio de una inmobiliaria en el periódico para residentes británicos Costa Blanca News.
Después de contactar con la inmobiliaria, visitaron Zarra, Teresa y alguna otra población. Tras elegir una parcela rústica, todos recalaron en Zarra. Y todos manifestaron que no sabían que no se podía edificar y que iban asesorados por la inmobiliaria.
Fue precisamente la inmobiliaria la que les presentó al constructor, el hijo del alcalde, y les informó de que a los cuatro años ya tendrían la escritura tras pagar los impuestos municipales y el impuesto catastral.
* Levante-EMV - Regina Laguna - 24.01.2009
Foto: Zarra (Valencia), zona chalés ilegales - levante-emv.com
