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S.Sánchez/MalagaHoy* : "Si decide emprender una obra en su casa asegúrese antes de tenerlo todo en regla, porque en caso contrario es muy probable que alguno de los que viven cerca de usted acaben dando parte y denunciando su ilegalidad. Los datos que maneja la Gerencia de Urbanismo, en concreto el departamento de Disciplina Urbanística, señalan que más de tres de cada diez denuncias que llegan al área municipal sobre posibles irregularidades urbanísticas son presentadas por vecinos.
En términos totales, el número de quejas formalizadas por entender que se está incumpliendo la norma puede cifrarse en unas 280 de los casi 800 expedientes que abre al año el Consistorio en la ciudad de Málaga.
La voz de alarma de los vecinos se ha convertido en los últimos tiempos en una de las vías más comunes con las que cuenta el Ayuntamiento para tener conocimiento de la presunta existencia de una irregularidad. La mayoría de ellas, relacionadas con un exceso de construcción respecto a lo que permitía la licencia concedida y el levantamiento de un muro que afecta al inquilino de al lado, según indican los técnicos de este departamento.
"Muchas de las denuncias que se presentan son por cosas menores", comenta el jefe de Disciplina Urbanística y Autoconstrucción, Miguel Ángel Ruiz Barrionuevo, mientras el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, reconoce que en muchos de los casos se trata del levantamiento de un muro o del cierre de una terraza, por ejemplo.
Sin embargo, y a pesar de lo llamativo de las pequeñas obras sin licencia o el malestar del vecino, lo cierto es que el mayor número de expedientes por irregularidades que se abre en la capital de la Costa del Sol tiene por objeto las viviendas diseminadas que salpican el término municipal, especialmente en el extrarradio.
"Lo más significativo son las actuaciones que se ejecutan en suelo no urbanizable, sobre espacios rurales, donde la gente pide hacer un almacén para guardar los trastos y al final acaba levantando una casa con una parcela de 800 metros y con piscina", señala Ruiz Barrionuevo.
En total en Málaga, según reconoció Díaz Guirado, hay una treintena de núcleos diseminados que están al margen del planeamiento urbanístico y en los que se pueden levantar un millar de casas. "El problema radica en que se trata de inquilinos que estando al margen de la legalidad al final acaban reclamando al Ayuntamiento todos los servicios que necesitan", agrega el edil.
Para intentar normalizar la situación de estas viviendas, la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Málaga ha incorporado once de estos diseminados, con unas 300 viviendas, con el fin de desarrollar en un futuro próximo planes de infraestructuras que abran la vía para su regularización. No obstante, la estrategia fijada en el documento no es nueva, puesto que ya en el Plan vigente, que data de 1997, se apuntaba esta posibilidad, sin haberse avanzado en ninguno de los casos previstos.
En concreto, el listado de núcleos a los que se trata de dar una salida legal en el nuevo planeamiento son Salinas (19); Cortijo los Ruices (32), El Cortijillo (16), Costilla (23), Los Pintados (29), Los Gámez (65), Venta del Boticario (14), Las Breñas (11), Piedra Horadada (14), Venta del Detalle (34) y Haza Carpintero (27). En total, el número de personas que habitan estos espacios es de unas 800. Hasta la fecha, ninguna de las irregularidades cometidas por estos propietarios, al construir sobre suelo no urbanizable, ha conllevado demolición alguna, como sí ha ocurrido en el municipio vecino de Cártama.
El resto de expedientes que se incoan por incumplir las normas urbanísticas están relacionados con construcciones a las que se les concede la licencia de primera ocupación, pero en las que se superan los parámetros urbanísticos permitidos. "Es un porcentaje pequeño", comenta el jefe del departamento de Disciplina Urbanística y Autoconstrucción, al tiempo que reconoce que en este tipo de situaciones los técnicos determinan si lo que se ha ejecutado fuera de la norma es "legalizable o no, previa sanción, o si por sus dimensiones ha de quedar fuera de ordenamiento".
Uno de los casos que mayor polémica ha suscitado en los últimos años en el capítulo de las infracciones ha sido el del promotor del polémico proyecto del centro hispano ruso, que ha construido de manera ilegal una piscina junto a su casa, en el Monte de San Antón, cuando únicamente había solicitado licencia para una obra menor. A pesar de la evidencia del incumplimiento, y tras denunciarse en 2001, lo cierto es que seis años después aún no se ha podido actuar en contra del propietario.
Este hecho es censurado por Díaz Guirado y por Ruiz Barrionuevo, quienes señalan que el actual sistema y la compleja tramitación jurídica que existen hacen que en muchos casos un expediente de esta índole pueda prolongarse seis o siete años hasta que culmine en una actuación punitiva.
* Diario Malaga Hoy - 9 de Agosto de 2007
Foto: Málaga, La_Malagueta_2006 /Rux (Wikipedia.org)
Los vecinos denuncian un tercio de las infracciones urbanísticas de Málaga
Se deseca un tramo del Tajo para construir una urbanización
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La Confederación Hidrográfica del Tajo ha permitido el comienzo de las obras de la urbanización de lujo Marina Isla de Valdecañas. Ecologistas en Acción* denuncia que para ello se ha desecado el río Tajo en cinco kilómetros, entre las provincias de Toledo y Cáceres. La asociación ecologista califica de irracional esta actuación, especialmente cuando va dirigida a favorecer la ejecución de un proyecto meramente especulativo.
Ecologistas en Acción ya se ha dirigido a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT en adelante) para obtener información sobre aspectos concretos, tales como cuáles son las autorizaciones e informes que se han emitido o están en trámite de emisión por parte de la CHT relacionados con la urbanización en Valdecañas y, además, si se ha permitido el desembalse de Valdecañas o la reducción de caudales desde el embalse de Azután para facilitar el desarrollo de las obras. El beneplácito de la Confederación Hidrográfica del Tajo deja en papel mojado los compromisos de caudales mínimos del tajo tanto en Castilla – La Mancha como en Extremadura y priva a esta actuación de las más mínimas garantías ambientales.
No podemos olvidar que este proyecto urbanístico, aunque se ubica en el Embalse de Valdecañas, en el Tajo Extremeño, afecta directamente a especies y espacios naturales tanto de Castilla – La Mancha como de Extremadura, pues uno de los efectos más notables del inicio de las obras consiste en la práctica desecación del cauce por debajo de las poblaciones toledanas de El Puente del Arzobispo y Valdeverdeja (un tramo de unos 5 kms del Tajo entre Toledo y Cáceres).
En todo caso parece injustificable que la CHT pudiera haber autorizado ya el uso del dominio público hidráulico en el vaso del embalse para el inicio de las obras y la concesión de aguas provisional sin que se haya dilucidado el fondo de la cuestión. Esto es, si hay disponibilidad de agua para el abastecimiento de los chalets, el campo de golf, el hotel, los centros comerciales, etc,. y si se va a autorizar el plan de uso nuevo para el embalse y la construcción de un puente de acceso a la isla sin que se hayan obtenido todas y cada una de las autorizaciones y declaraciones de impacto preceptivas para todas y cada una de las infraestructuras asociadas al complejo. En todo caso, parece así avanzarse en una dinámica de hechos consumados que pudiera conducir finalmente a la cesión de la CHT ante este aberrante proyecto.
Por otra parte, el descenso de las aguas ha perjudicado ya la nidificación de especies de aves declaradas “en peligro de extinción”, como la Cigüeña Negra. Debe considerarse que el período reproductor de las varias parejas de esta especie en la zona aún no ha concluido para la presente campaña de cría y que tanto en éste como en otros embalses de la zona (Navalcán, Rosarito, Azután), deben mantenerse unas mínimas condiciones ambientales (también en lo relativo a los caudales mínimos de los ríos) para garantizar la supervivencia de las nidadas y polladas volanderas que crían en este entorno, las cuales suelen utilizar estas masas de agua y sus inmediaciones durante la primavera y el verano, es decir, durante la nidificación y sus primeros meses de vida, y muy significativamente, durante la concentración postnupcial de juveniles venidos incluso desde otras zonas del centro peninsular.
El área afectada, también es zona de cría (tanto en Extremadura como en Castilla – La Mancha) de especies igualmente declaradas en peligro de extinción como el Águila Perdicera, o de otras grandes y medianas rapaces como el Halcón Peregrino, el Buitre Leonado (con una importante colonia de cría en Toledo) o el Alimoche, no declaradas “en peligro de extinción” pero de igual modo estrictamente protegidas en cumplimiento de las leyes de Conservación de la Naturaleza de ambas comunidades autónomas, especialmente en lo que respecta a sus áreas y períodos reproductores.
Por otra parte, el conjunto del completo afectará muy negativamente la invernada de gran cantidad de aves acuáticas, esteparias y un dormidero de grullas que hasta el invierno pasado descansaban en la inmediatez más absoluta de la Isla y Embalse de Valdecañas.
Además, todo el tramo desecado forma parte de la Red Natura 2000, pues se trata de zonas declaradas como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) tanto en Castilla – La Mancha como en Extremadura. En la parte que corresponde a Toledo habría que añadir que todo el cauce del Tajo entre el Puente del Arzobispo y el límite provincial con Cáceres, está declarado Área Crítica del Plan de Recuperación de la Cigüeña Negra, siendo esta una de las zonas más afectadas cuando aún no ha concluido el período reproductor de la especie.
Resulta irracional e indignante, que un proyecto que a todas luces contraviene la totalidad de la normativa ambiental europea, nacional y regional al respecto de la conservación de estos espacios y especies, (Directiva de Aves, Directiva de Hábitats, Convenio de Ramsar, Convenio de Berna, Leyes de Conservación de la Naturaleza y Planes de Recuperación de especies de Extremadura y Castilla – La Mancha, etc.) haya sido declarado “De Interés Regional” por la Junta de Extremadura. Especialmente cuando lo que se favorece es el urbanismo especulador que tanto daño ha causado en zonas de la costa mediterránea y del interior del Estado. Este proyecto resulta totalmente contrario a la filosofía y all articulado de la Ley de Suelo que recientemente ha entrado en vigor. Por estas razones, el proyecto se ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
* Ecologistas en Acción - Castilla-La Mancha 8 de agosto
Foto: Río Tajo (Castilla La Mancha) /ecologistasenaccion.org
Montederramo vulnera la ley en contratos, salarios y urbanismo
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C.Huete.- ElPaís/Ourense* : "El Ayuntamiento de Montederramo ha incurrido "reiteradamente" en irregularidades y ha vulnerado artículos de la Ley Reguladora de las Finanzas Locales y del Reglamento de Organización y Funcionamiento, según consta en el informe de fiscalización del Consello de Contas referido al ejercicio 2003-2004. El informe alerta sobre las actuaciones de contratación de personal, retribuciones salariales, urbanismo y percepción de subvenciones.
El Consello de Contas ha detectado que el Ayuntamiento de Montederramo carece de registro de personal, no publica las retribuciones de la plantilla y los expedientes de los trabajadores están incompletos. Según el informe, cuenta con cuatro trabajadores en régimen laboral temporal pese a que dos trabajan desde 1993 y los otros desde 1994 y 1998 permanentemente y sin haber celebrado procedimiento de selección. Además, el Consello de Contas hace hincapié en que los cuatro perciben mayores ingresos de los que les corresponden.
Junto a ello, en 2004 el ayuntamiento aprobó un catálogo de puestos de trabajo incrementando el complemento específico "sin ajustarse a la legalidad". Sólo por estos complementos en 2003 cobraron por encima de los límites legales 10.655,84 euros.
Lo mismo ocurre con el alcalde, Antonio Rodríguez, condenado por el Supremo por falsificación de documento público y fue repescado por Baltar para encabezar en mayo pasado la lista al ayuntamiento, y con el teniente de alcalde. El informe especifica que en el mandato 2003-2007 no hubo acuerdo plenario sobre retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y parcial, infringiendo el reglamento por el que se rigen las corporaciones locales. Además, consta que una resolución de la alcaldía de octubre de 2003 delegó en el primer teniente de alcalde, en régimen de dedicación exclusiva, el servicio de extinción de incendios que la ley reserva al personal laboral, "lo que cuestionaría su desempeño en régimen de dedicación por un cargo electo". En 2004 se le atribuye la misma dedicación al teniente de alcalde, pero ni siquiera pasó ya por pleno.
Respecto a las percepciones, Contas detalla que de nueve ayudas de manutención y locomoción que cobró el alcalde por 7.116,38 euros, sólo hubo dos mandatos de pago, de 3.638 euros. Además, consta que se le abonaron 80 dietas cuando de la declaración de la alcaldía se deducían 52. El informe verifica que alcalde, primer teniente de alcalde, secretaria y administrativa cobraron indebidamente asistencias a mesas de contratación y que se "utilizó irregularmente" el concepto de ayudas de manutención para retribuir la asistencia de la concejala de Cultura a su propia oficina y a la organización de eventos culturales. Recibió por ello 3.818,43 euros.
Respecto a la contratación de obras, Contas alerta de que sólo se certificaron por la secretaría cinco expedientes, relativos a la residencia y centro de día de la tercera edad "pese a detectarse un número mayor de contrataciones". Además, pese a que el incumplimiento de los plazos por parte del contratista "suponía la rescisión", ni se le rescindió el contrato ni se le impusieron sanciones. A ello se añade la posible duplicidad de ayudas. Asuntos Sociales aportó el 70% del presupuesto, pero posteriormente el ayuntamiento firmó un convenio con la Diputación por el cual ésta aportaba 150.000 euros. La alcaldía decretó la compatibilidad de ayudas financiando 49.255,55 euros con cargo a la aportación de la institución provincial.
* ELPAIS.com - Ourense - 08/08/2007
Foto: Montederramo (Ourense), ayuntamiento /ELPAIS.com
La tramitación de un plan urbanístico tarda hasta 6 años
P.González/LaVozdeGalicia* : "Un informe encargado por el sector de la construcción y la promoción inmobiliaria concluye que la normativa recientemente aprobada por la Xunta complica y alarga el ya de por sí dilatado proceso de elaboración de los planes generales de ordenación municipal, hasta el punto de necesitarse un máximo de 71 meses (casi seis años) y un mínimo de 47 (cerca de cuatro años) desde la fase preliminar hasta la aprobación definitiva del plan urbanístico.
El cronograma considerado «óptimo» por el informe -el de 47 meses- es visto como «inviable» por sus autores, por lo que la tramitación de un plan general «comprenderá, como mínimo, una legislatura municipal completa y parte de otra, afectando por tanto a dos corporaciones diferentes», se afirma en el estudio, el primero que trata en profundidad el coste temporal y económico de la elaboración de los documentos urbanísticos.
Para la estimación de la duración del proceso, el informe no tiene en cuenta lo que los autores denominan «afecciones políticas al proceso», por lo que el cálculo del tiempo se basa en los trámites administrativos ineludibles para llegar a la aprobación definitiva del plan. Tampoco se tienen en cuenta los períodos electorales, «que se ha demostrado que ralentizan el proceso».
«La elaboración, tramitación y aprobación del planeamiento general en Galicia -se afirma en el estudio- se está mostrando tremendamente tortuosa a partir de la promulgación de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre [Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural]».
El estudio, elaborado por expertos del sector, valora las consecuencias de la Ley de Evaluación de los Efectos de Determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente, normativa recientemente aprobada que obliga a determinados planes generales a someterse a un proceso de evaluación ambiental y a elaborar un informe de sustentabilidad ambiental (ISA). Esta nueva ley introduce en el proceso de aprobación a la Consellería de Medio Ambiente, además de la de Política Territorial, que tutela el resto de la tramitación. La evaluación medioambiental «con toda seguridad complica mucho más este proceso», concluye el estudio, que se basa en el documento de referencia que se está enviando a los ayuntamientos, «muy extenso y complejo».
En la actualidad, la Consellería de Medio Ambiente tiene abiertos programas de evaluación ambiental de los planes urbanísticos de 43 municipios gallegos.
Elaboración
En realidad, el proceso de elaboración estricto del plan general -al menos su documento preliminar- sólo consumiría entre 10 y 16 meses de los 71 que se calcula como período máximo de tramitación, a pesar de ser el estadio en el que más intervienen las cuestiones políticas.
El resto se consumiría en trámites administrativos hasta pasar por trece fases que se detallan en el gráfico de la derecha. Entre ellas destaca la elaboración del informe de alegaciones, la fase más compleja junto con la elaboración del plan (dura entre 6 y 8 meses). El informe constata que «el número de alegaciones aumenta cada vez más» y que su contenido «está también mejor fundado», por lo que este proceso cada vez es más complejo. Además, ahora hay que tramitar las alegaciones y sugerencias al ISA.
El estudio recuerda también que los documentos urbanísticos que no hayan superado la fase de información pública deben someterse a la evaluación ambiental estratégica.
* La Voz de Galicia - 7/8/2007
