LEVANTE/Valencia* : La Generalitat Valenciana deberá modificar la Ley de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental de 2006, por ser contraria a la normativa estatal al fijar unos "valores límite de emisión" de determinados contaminantes atmosféricos de algunas instalaciones que, según la Abogacía del Estado, disminuyen el nivel protector establecido a nivel estatal.
Así lo establece la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que "anula" el párrafo primero de esta ley "por ser contraria a derecho", al no cumplir la normativa estatal ni la europea, que es la que rige la protección medioambiental.
La sentencia, dictada por la sección primera de la Sala de lo contencioso-administrativo, declara "contrarios a derecho los valores límite de emisión fijados en la disposición adicional primera" del Decreto de la Generalitat, que desarrolla la ley valenciana de calidad ambiental.
La Sala explica que la ley valenciana modifica los parámetros de contaminación y, al mismo tiempo, acepta su inaplicación diciendo que es posible que no existan técnicas para medir los valores establecidos. Así, según el tribunal, obvia la normativa sobre las "mejores técnicas disponibles", que es lo que debe exigir, y que están "desarrolladas a escala europea bajo el control de la Comisión europea".
El TSJCV da la razón al Estado, que presentó un recurso contra esta ley, al entender que "viene a disminuir el nivel protector establecido en la legislación básica estatal, ya que las concentraciones de los contaminantes superan los valores límite de la emisión".
También entendía conculcada la "unidad de mercado", ya que "no es admisible que en una zona se pueda actuar con unos valores inferiores diferentes a los aplicables en otras zonas, pues se altera el régimen de producción y los precios finales del producto".
Recurso del Estado
Aquí el Estado estaba aludiendo a los principios de competencia, al estimar que la Generalitat estaba favoreciendo a las industrias en el terreno de la Comunitat Valenciana, al rebajar el nivel permitido de contaminación ambiental.
El recurso añade que "algunos de los niveles fijados en la norma autonómica pueden ser más permisivo que los establecidos en la norma estatal", ya que la ley valenciana sustituye ciertos términos y unidades respecto de algunos contaminantes, con lo que "se han modificado los parámetros de referencia".
La Generalitat, no obstante, adujo en todo momento que no había reducido los niveles de emisión, sino sólo que modificaba los parámetros. Pero, como "los parámetros de la normativa estatal y autonómica no siempre coinciden" y, ante la falta de informes periciales, el tribunal manifesta que "no cuenta con suficientes elementos probatorios como para concluir la ilegalidad de los concretos valores numéricos fijados en la norma autonómica".
Sin embargo, la ley valenciana "condiciona expresamente la aplicación de los valores límite de emisión a la existencia de técnicas disponibles". Y ello significa que es posible que no existan técnicas disponibles para cumplir estos valores, con lo que serían inaplicables.
Así, la Sala anula esta disposición, ya que la Generalitat debería haber establecido que los valores límite deben basarse en "las mejores técnicas disponibles", según establece una Directiva Europea de control medioambiental.
* Levante-EMV -REGINA LAGUNA - 18.09.09
Foto: Contaminación atmosférica sobre Valencia. - josé aleixandre, levante-emv.com
El TSJ enmienda una ley del Consell por fijar unos límites permisivos de contaminación
Millet confiesa que pagó comisiones para costear las obras del Palau
ELPAÍS/Barcelona* : Fèlix Millet, ex presidente del Palau de la Música Catalana, ha puesto en marcha el ventilador. Acorralado por las informaciones que han ido conociéndose este mes (avanzadas por EL PAÍS) sobre cómo se apropió de fondos de la entidad para lucro personal, ahora ha reconocido que pagó comisiones a particulares para lograr fondos públicos y privados con los que sufragar las obras de restauración y ampliación del simbólico edificio modernista.
En una carta dirigida al Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona -que investiga una querella de la fiscalía contra él y otras cuatro personas por el desvío de 2,3 millones de euros de la Fundación del Orfeó Català y de esta asociación musical-, Millet reconoce que el pago de las comisiones nunca fue contabilizado "debidamente" en las cuentas del Palau, pero no detalla qué cargos ocupaban los beneficiarios, a excepción de la retribución fija de 12.000 euros al mes que cobraba un vicepresidente de la fundación y la comisión que percibía una directiva de la entidad.
La iniciativa puede tener repercusiones políticas ya que Millet fue patrono de la FAES catalana entre 2003 y 2007, cuando el Palau recibió importantes subvenciones de los gobiernos del PP, entre otros. Las obras de ampliación y reforma costaron 24 millones de euros, casi el triple de los 1.500 millones de pesetas (nueve millones de euros) en que se presupuestaron en 1999.
Además, después de que los Mossos registrasen el Palau, el 23 de julio, Millet pidió ayuda, sin éxito, a dirigentes de Convergència para que le ayudaran a poner al frente del Palau y de la aseguradora Agrupació Mútua a hombres de su total confianza: el ex presidente de Caixa Girona Arcadi Calzada y Miquel Navas, respectivamente. En su carta, Millet admite que se apropió de al menos 3,3 millones de euros de los fondos públicos con los que se nutre el Palau.De los 3,3 millones que Millet confiesa haberse quedado, 1,3 procedían de la Fundación Orfeó Català y se dedicaron a reformar inmuebles de su familia situados en L'Ametlla del Vallès y Barcelona. Otro medio millón de euros con cargo a las cuentas del Palau se gastó en subvencionar viajes privados de la familia Millet y de Jordi Montull, ex director administrativo y también querellado.
Finalmente, Millet confiesa en la carta que vendió al Orfeó por tres millones de euros un local tasado en la mitad de precio que había sido comprado por una sociedad de la que él y Montull eran propietarios en el 80% y el 20%, respectivamente. La venta se produjo el día antes de que los Mossos registrasen el Palau y se llevasen abundante documentación que los peritos están analizando.
En la misma línea que quien fue su jefe durante años, Montull confiesa que suscribe "plenamente" la inculpación de Millet y explica que fue él quien contactó con los industriales para que reformasen las casas particulares, quien negoció los viajes privados de sus familias y quien firmó los cheques para vaciar las cuentas del Palau. Montull va más allá y confiesa que, como consecuencia de la inspección de la Agencia Tributaria que se desarrolló en febrero de 2008, encargó la confección de facturas falsas para eludir al fisco. Las facturas las realizaron pequeñas empresas que estaban en quiebra o eran investigadas por Hacienda, y cuando Montull las tuvo en su poder, se las entregó a su hija Gemma, también querellada, y al abogado Santiago Llopart, del bufete Bergós. Según Montull, ambos desconocían la falsedad de las facturas cuando se las entregaron a los inspectores de Hacienda.
Fuentes judiciales explicaron que, con la intención de reparar el daño causado a las entidades que dirigió, Millet ha depositado 1,6 millones de euros en el juzgado, y Montull, 200.000 euros. A lo sumo eso le podría comportar una pequeña atenuante tras el juicio. En este sentido, la auditoría encargada por los nuevos gestores que se está realizando puede revelar otras muchas irregularidades, entre las que también se incluye la autoasignación de un sueldo de 1,6 millones de euros en 2008.
* ELPAIS.com - PERE RÍOS / MIQUEL NOGUER - Barcelona - 18/09/2009
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org
La asociación de vecinos del Agra del Orzán critica la alta edificación del nuevo PGOM
LAVOZ/A Coruña* : Francisco Graña, presidente de la asociación de vecinos Agra del Orzán, ha enviado una carta al Ayuntamiento coruñés en la que muestra su indignación por el planteamiento urbanístico que se ha llevado a cabo en los últimos años en este barrio, así como por el que se proyecta en el PGOM redactado por Joan Busquets.
«Xa é unha tradición que no barrio de Agra do Orzán, dende fai máis de 25 anos, o goberno municipal coruñés promova a construcción de novas vivendas privadas nos terreos públicos, reservados no seu día para zonas verdes e equipamento social», se explica en el escrito.
En dicho documento también se afirma que el último proyecto incluido dentro de esta línea de actuación es el parque del Agra, «unha macrourbanización de 400 vivendas, ocupando parcelas propiedade do Estado». En este sentido, para este colectivo, el nuevo planteamiento urbanístico del Ayuntamiento continúa en esta línea, ya que se prevén construir 34.000 viviendas.
«Desde a asociación veciñal Agra rexeitamos este continuismo disfrazado de modernidade dunha política urbanística de sempre, que supón pan para hoxe e fame para mañá, que só beneficia a catro especuladores, que axudan a promover crises como a actual», remarca el colectivo, que se opone totalmente al PGOM.
* La Voz de Galicia - 17.09.09
Foto: A Coruña, zona Orzán - mma.es
El fiscal se querella contra el alcalde de Castilleja de Guzmán por un delito urbanístico
+,+ayuntamiento+-+sevillaweb.info.jpg)
DIARIODESEVILLA* : La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo ha presentado una querella criminal contra Carmelo Ceba (PSOE), alcalde de Castilleja de Guzmán, por un delito contra la ordenación del territorio por dar licencia para una Escuela de Hostelería en un espacio libre y superando la superficie autorizada.
La querella de la Fiscalía dice que el alcalde autorizó en enero de 2008 la construcción de la Escuela de Hostelería en una parcela calificada como espacio libre por las Normas Subsidiarias del municipio, donde es "ilegal todo acto de construcción que contradiga tal uso, así como superar la superficie máxima construida del 50 por ciento".
La superficie total ocupada resultó ser de 15.230 metros cuadrados, es decir el 72,19 por ciento, según el fiscal, pero el proyecto aprobado por el Ayuntamiento contó con un informe favorable de dos técnicos municipales que certificaron una ocupación inferior al 50 por ciento tras excluir los vestuarios, instalaciones deportivas, el sótano, aparcamientos y superficie de viarios.
La denuncia fue presentada a la Fiscalía por un colectivo de vecinos, que denunciaron que al estar catalogado como espacio libre, la parcela no podría albergar instalaciones deportivas, quioscos o terrazas.
La Escuela de Hostelería está promovida por la Consejería de Empleo, la Mancomunidad para el Desarrollo y el Fomento del Aljarafe y el propio Ayuntamiento.
La querella se dirige contra el alcalde, el arquitecto municipal V.V.V., el arquitecto redactor del PGOU, J.C.M.Z., y los concejales que, según la investigación posterior del juzgado, se demuestre que firmaron el acuerdo municipal del 31 de enero de 2008 que concedió la licencia urbanística a la empresa constructora de la Escuela.
El acuerdo municipal, explica el fiscal, estaba avalado por los informes de los dos arquitectos que certificaron que el proyecto cumplía las Normas Subsidiarias, tanto en lo relativo a su uso -Escuela de Hostelería- como al porcentaje de ocupación.
El alcalde, ante las protestas de los vecinos afectados, les respondió que el uso como restaurante y bar tenía un carácter "docente" y "en ningún caso debe ocasionar molestias en su entorno, dado que no funcionará durante la noche ni durante los fines de semana, concluyendo su actividad a las cinco de la tarde".
"La escuela no está enfocada a un uso comercial de restaurante, y sí como centro de formación con un alto nivel constructivo, técnico y formación", explicó entonces Ceba en una carta a los vecinos, según recuerda la querella.
Pese a ello, la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Junta llevó a cabo una investigación y concluyó que el proyecto incumplía la normativa en cuanto al uso y el porcentaje de ocupación, por lo que ahora el fiscal imputa a los tres denunciados de un presunto delito contra la ordenación del territorio.
Fuentes judiciales han explicado que la querella de la Fiscalía será repartida ahora entre los juzgados de instrucción de Sevilla, que llevará a cabo las diligencias de investigación.
* Diario de Sevilla - EFE - 17.09.09
Foto: Castilleja de Guzmán (Sevilla) , ayuntamiento - sevillaweb.info
