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ELPAÍS/Madrid* : Francisco Correa, jefe de la trama Gürtel, intentó sobornar en febrero de 2003 a Bonifacio de Santiago, del PP, alcalde de Las Rozas, un municipio de la periferia de Madrid con 86.300 habitantes. Correa, según explicó ayer el alcalde a este periódico, propuso a De Santiago ganar 350 millones de pesetas (2,1 millones de euros) por conceder el contrato de recogida de basuras y de limpieza urbana a la empresa SUFISA, uno de cuyos directivos aparece imputado en el caso Gürtel por el supuesto pago de comisiones ilegales a cambio de contratos en municipios gobernados por el PP y próximos a Las Rozas.
Correa también salía beneficiado por la operación, ya que ingresaría en su cuenta otros 50 millones de pesetas (300.000 euros). La historia, que hasta ahora sólo se conocía en pequeños círculos del Partido Popular y del Ayuntamiento de Las Rozas, no está en el sumario abierto contra los integrantes de la red, entre los que se encuentran tres diputados regionales y cuatro ex alcaldes.
El intento de soborno ocurrió en febrero de 2003, según comentaron ayer fuentes municipales. La secretaria de Bonifacio de Santiago le dijo al alcalde que Francisco Correa quería reunirse con él. El alcalde accedió al encuentro. La sorpresa llegó después. Correa mantuvo una corta conversación con el regidor. El empresario le preguntó si iban a sacar en breve el concurso para la recogida de basuras en el municipio. De Santiago le dijo que sí, que estaba a punto de convocarse. Entonces surgió la invitación de Correa. "Te ofrezco 350 millones de pesetas [2,1 millones de euros] para ti y otros 50 [300.000] si la que gana es la empresa SUFISA", le dijo el interlocutor, según la versión del alcalde. De Santiago le invitó a salir amablemente del despacho. También le dijo que no le fuera a ver nunca más. Además, dio órdenes a su equipo para que no le concertaran ninguna entrevista con él para evitar problemas.
En una charla con los lectores de ELPAIS.com, De Santiago confirmó estos extremos en una de sus respuestas: "Sí. En febrero de 2003, el señor Correa fue a mi despacho a ofrecerme dinero para adjudicar el contrato de limpiezas y recogida de residuos sólidos urbanos. Mi respuesta fue echarle de mi despacho, eso sí, amablemente, y lo puse en conocimiento de mis concejales".
SUFISA, la empresa para la que supuestamente intermedió Correa, logró contratos en Boadilla del Monte, Majadahonda y Alcalá de Henares, según el sumario del caso. El anterior alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, y el de Boadilla, Arturo González Panero, ambos del PP, adjudicaron en 2002 la limpieza viaria y recogida de basura a una unión temporal de empresas (UTE), formada por SUFISA y FCC. En ambos casos, los concursos salieron por un valor de dos millones de euros y un plazo de 10 años. Conforme pasó el tiempo, la cuantía se duplicó y superó los cuatro millones.
SUFISA logró en 2002 un jugoso contrato de limpieza del distrito de Moratalaz (Madrid) por 48 millones en 10 años. El concejal de Limpieza era Alberto López Viejo, ex consejero de Aguirre e imputado en la causa. SUFISA logró en 2002 un jugoso contrato de limpieza del distrito de Moratalaz (Madrid) por 48 millones en 10 años. El concejal de Limpieza era Alberto López Viejo, ex consejero de Aguirre e imputado en la causa. La empresa SUFISA, presidida por Rafael Naranjo, logró la adjudicación gracias a una comisión millonaria que entregó a la red de Correa. Según un informe policial que consta en el sumario, la trama corrupta se habría embolsado el 3% de la operación (1,2 millones de euros).
La trama de Correa siguió intentando hacerse con negocios en Las Rozas en al menos otras dos ocasiones. Presentaron, según el gobierno municipal del PP, dos proyectos para dirigir la Oficina de Atención al Ciudadano del municipio. Ambas fueron rechazadas por la intervención directa del alcalde Bonifacio de Santiago.
La trama se dirigió directamente al concejal del PP Javier Espadas, que era entonces máximo responsable del Área de Urbanismo y ahora es concejal de Seguridad y Protección Ciudadana. El grupo de Correa quería hacerse con la gestión de la Oficinal de Atención al Ciudadano. Para ello, le presentó un dosier en el que incluía un edificio con mármoles y diversos lujos. El equipo de gobierno municipal la rechazó con la idea de que la mejor Oficina de Atención al Ciudadano de Las Rozas era el propio Ayuntamiento.
La trama que dirigía Correa insistió con un nuevo proyecto semanas después, que resultaba todavía más ambicioso, según fuentes municipales. Y tentó a Espadas para que aceptara el contrato. Le ofreció pasar un fin de semana en el chalé de Marbella de Correa y salir a navegar en su yate. El alcalde de Las Rozas se lo dijo muy claro a su edil: "No te puedo quitar de concejal, pero como me entere de que te vas a Marbella, te quito todas las delegaciones de inmediato". Fuentes municipales confirmaron que el concejal no acudió nunca a la vivienda de Correa en el municipio malagueño.
Donde sí consiguió hacerse con la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) fue en Boadilla del Monte, con González Panero como alcalde, por 560.000 euros al año. En Majadahonda, fue el actual alcalde, Narciso de Foxá, el que desmontó esta oficina nada más acceder al cargo tras sustituir a Guillermo Ortega. Suponía un presupuesto anual de 625.053 euros para la adjudicataria del contrato, TCM, una empresa también de la red. En Pozuelo, el ex alcalde Jesús Sepúlveda, del PP al igual que todos los anteriores, compró el proyecto de OAC al entramado empresarial de Correa. Otro municipio investigado en la trama, Arganda, desechó a última hora la creación de este servicio al ciudadano. El ex alcalde Ginés López intentó privatizar este servicio, pero al final lo rechazó.
El alcalde de Las Rozas participó ayer en un encuentro digital con los lectores de EL PAÍS y se mostró muy satisfecho de que nadie de su equipo de gobierno esté implicado en el caso Gürtel. "Creo que cumplí", respondió De Santiago al ser felicitado por un vecino de que el Ayuntamiento roceño no se haya visto salpicado por esta supuesta red de corrupción.
"Como no tengo ningún político implicado, no me he parado a pensar qué haría al respecto", contestó a un lector que le preguntó si hubiera actuado como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (destituyó a López Viejo y expulsó de su grupo a tres diputados regionales), o como el presidente del PP, Mariano Rajoy.
* ELPAIS.com - 7.05.10
Foto: Las Rozas (Madrid), ayuntamiento - wikimedia.org
"Correa me ofreció 350 millones de pesetas por el contrato de basuras"
El Juzgado tumba la mayor urbanización de Llanes
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ELCOMERCIO/Asturias* : La joya de la corona del urbanismo llanisco, la finca de La Talá, está de nuevo en el ojo del huracán. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias daba razón en sentencia del 30 de abril de 2010 a la Asociación de Amigos y Vecinos de Llanes (Avall), que pedía que se anulase el Plan Parcial que ordena toda esa zona y en la que estaba previsto construir 480 pisos en bloque y unas 90 viviendas unifamiliares a la entrada de la capital del concejo de Llanes, en una gran franja de terreno paralela a la costa.
El Tribunal basa su sentencia en que dicho Plan Parcial es inválido al estar anulado el Plan General de Ordenación Urbano al que se adapta, y no entra a valorar otras posibles irregularidades denunciadas por Avall, como la falta de exposición pública, la falta de documentación, la falta de una evalución de impacto ambiental o la ocupación de una zona de protección costera. Así, el juez desestima el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Llanes, la Junta de compensación del Plan Parcial de La Talá y la Dirección General de Costas, que solicitaban la desestimación del recurso de Avall, y anula el acuerdo de fecha 2 de septiembre de 2005 del Ayuntamiento de Llanes que aprobaba definitivamente dicho plan parcial.
En sus fundamentos de derecho, el tribunal considera que, aunque haya un recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Llanes y el Gobierno del Principado, el Plan General de Ordenación de Llanes está anulado por ese mismo juzgado, y además en dos ocasiones, en los años 2007 y 2008, así como las Normas Subsidiarias de 1992, que también fueron anuladas en su día. El juzgado recuerda que el Plan Parcial de La Talá fue introducido en el Plan General de Ordenación Urbana de Llanes en lo que considera un intento de «convalidación» a través de una Disposición Adicional Única mediante la que se «declaran vigentes los instrumentos del planeamiento y gestión aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de este plan y que son los siguientes: Plan Parcial de La Talá, Plan Parcial de La Huertona, Plan Parcial de Llavandera, Plan Parcial del Polígono de Posada y Unidad de Actuación de El Sablón». Considera el juzgado que «no se ha respetado el procedimiento de elaboración de todos ellos, al no haber pasado el trámite de exposición pública».
Así, se da por sentado que al estar anulado el Plan General llanisco, «y sin necesidad de que se haya planteado un recurso o no», se «priva de de cobertura al planeamiento de desarrollo». Y basándose en diferentes sentencias, deja claro que «las sentencias anulatorias del Plan General producen efectos para el Ayuntamiento afectado aunque no hayan ganado firmeza, quedando aquél obligado a soportar sus consecuencias cuando se plantee un litigio y las partes invoquen la anulación», tal y como sucedió en el Plan Parcial de La Talá. Así, se explica en la sentencia que es más ajustado a derecho «resolver teniendo en cuenta la nulidad» del PGOU de Llanes, lo que lleva directamente a declarar la nulidad del Plan Parcial de La Talá.
Lo más preocupante para el municipio es que esta sentencia abre un horizonte peligroso, que Avall además ya está oteando: el resto de planes parciales y hasta las licencias urbanísticas concedidas podrían seguir el mismo camino que el Plan Parcial de La Talá y ser declaradas nulas si alguien así lo reclama. «A partir de ahora estudiaremos qué acciones tomar», explicaban desde la asociación vecinal. Y apuntaron hacia otro de los proyectos estrella del Ayuntamiento de Llanes: el auditorio del Sablón. «Saben que ahí no se puede construir», advertían desde Avall, quienes no descartan «acudir a partir de ahora por la vía penal y denunciar a los responsables por prevaricación en cuanto sigan avanzando con estas actuaciones, porque todos los concejales y los miembros de la CUOTA fueron advertidos por escrito de que lo que estaban haciendo no se podía hacer, pero siguen en su insistencia de no hacer caso a los tribunales», advertían desde Avall.
E iban más allá, porque lo primero que harán es pedir que se ejecute la setencia «y que se restituya toda la finca de La Talá a su estado original». Esto es, que se derriben los dos chalés ya construidos, así como las aceras, viales y farolas que se han desarrollado en toda la finca como paso previo a su construcción. «Lamentablemente la zona ya está destruida a efectos paisajísticos», lamentaban. Contra esta sentencia aún cabe recurso, pero de hacerse firme pone en peligro todo el urbanismo llanisco, y más teniendo en cuenta que hay quien tiene muy claro que «llegaremos hasta donde haga falta», avisaban desde Avall. Y es que, en su opinión, el Plan General de Ordenación Urbana de Llanes «caerá como una losa y todo lo que está bajo su paraguas caerá con él». Y recuerdan que «en Cantabria ya hubo derribos de urbanizaciones».
Por otro lado, Avall ya ha realizado una petición de agilidad al Tribunal Supremo -que está pendiente de dictar sentencia sobre el recurso presentado por Ayuntamiento de Llanes y Principado de Asturias sobre la anulación del Plan General de Ordenación Urbana-, puesto que «al estar elaborándose un nuevo Plan General, que no es otra cosa que el refrito del anulado, debería tenerse claro si el anterior queda anulado definitivamente o no».
Esta sentencia deja en el aire pues el destino de La Talá, una finca que, para Avall, es un ejemplo de «la especulación más podrida». Y es que la entidad asturiana Cajastur, a través de la sociedad Beyos y Ponga S. A. de la que es propietaria, adquirió la finca a la la inmobiliaria Nozar en 41 millones de euros, en un momento en el que la empresa tenía problemas de liquidez. Cincuenta años atrás, la finca se había vendido en 125.000 pesetas. Desde entonces, su precio se ha disparado, aunque parece que su valor puede quedarse en nada.
* El Comercio Digital - 7.05.10
Foto: Una imagen de la finca de La Talá, ya urbanizada, con los dos chalés ya construidos para los que Avall pedirá su demolición. :: ACEBAL, elcomerciodigital.com
El actor Sean Connery, imputado por la recalificación de su parcela en Marbella
ELMUNDO/Málaga* : El actor escocés Sean Conney, junto a su mujer Micheline y cinco miembros del despacho de abogados Díaz-Bastien & Truan, han sido citados a declarar por la recalificación de la parcela Malibú en el término municipal de Marbella. Deberán desfilar por la sede judicial durante los días 27, 28 y 29 de mayo. En el marco de la operación 'Goldfinger', la Policía Nacional, a instancias del titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Marbella, Ricardo Puyol, procedió desde las 09.00 horas de la mañana del pasado miércoles a registrar las sedes del citado despacho de letrados en el edificio Marina Marbella de la localidad de la Costa del Sol y en la Torre Picasso de Madrid.
Los agentes se incautaron de más de 30.000 documentos, como precisaron a ELMUNDO fuentes de la investigación. Esos documentos han sido depositados en la sede judicial, que soporta ya una importante carga de trabajo al instruir el conocido como caso Convenios.
En dicho juzgado recayeron las 27 diligencias en las que se desglosó la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en 2006 por supuestas irregularidades en convenios urbanísticos sobre permutas y tasaciones de terrenos llevadas a cabo por el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca.
En concreto, la operación urbanística investigada fue amparada por el ex alcalde Jesús Gil, y en la misma se procedió a la recalificación de los terrenos donde se asentaba el famoso chalé marbellí del actor Sean Connery. De hecho, el juez investiga la presunta comisión de los delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales y blanqueo de capitales.
Dicha actuación municipal tendría continuidad en el tiempo, dado que se trata de una edificación consolidada entre 2004 y 2005, por lo que afectaría a sucesores de Gil en la Alcaldía como Julián Muñoz y Marisol Yagüe, en el marco del llamado caso Convenios que se sigue en el Juzgado de Instrucción 1 de Marbella.
No se descarta la intervención de otras corporaciones municipales, mediante actos administrativos relacionados con dicho convenio, al margen de la de 1999-2003, presidida por Jesús Gil y por Julián Muñoz, tras la inhabilitación del primero. Entre agosto de 2003 y 2006 gobernó la ex alcaldesa Marisol Yagüe, junto a tránsfugas del PSOE y del PA como Isabel García Marcos y Carlos Fernández.
La operación policial conocida este jueves ha sido bautizada como 'Goldfinger', en referencia a la película de 1964 en la que el actor escocés interpretaba el papel del agente británico James Bond. Durante sus estancias vacacionales en Marbella hasta 1999, Connery residía con su mujer en el inmueble 'Malibú'. En la parcela del chalé, en primera línea de playa, actualmente se asienta un edificio de cuatro alturas, terminado entre 2004 y 2005, también conocido comercialmente como 'Malibú', tal y como está reflejado en su fachada.
Fuentes conocedoras de dicha operación urbanística aseguraron a ELMUNDO que los abogados Díaz-Bastien & Truan negociaron con Gil y Roca la recalificación de los terrenos mediante un convenio. Los beneficios de dicha recalificación debieron ser considerables, si se tiene en cuenta que la zona era residencial de chalés y pasó a ser de cuatro alturas.
En el convenio urbanístico objeto de investigación habría participado, como asesora jurídica de Roca, la ex abogada municipal María Castañón, una habitual en la confección de los citados documentos urbanísticos. Figura, además, imputada en procedimientos urbanísticos.
* El Mundo - 7.05.10
Foto: Marbella es España (archivo) - nosevende.org
Guardamar: Los técnicos ´no cuentan´
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INFORMACIÓN/Alicante* : El conflicto surgido entre el Ayuntamiento de Guardamar del Segura y la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda sobre quién tiene que asumir las consecuencias económicas o patrimoniales (que podrían alcanzar los 30 millones euros o su equivalente en suelo urbano) ante el recién aprobado Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja, que protege unos 70.000 metros cuadrados, hasta ahora urbanizables del SUP 8 en El Raso, pudo haberse resuelto hace 12 años.
En octubre de 1998 técnicos de la Conselleria de Medio Ambiente, un ingeniero de montes y un técnico de espacios naturales, firmaron un informe sobre el avance del Plan General de Ordenación Urbana de Guardamar del Segura (PGOU) que señalaba que, ese momento, no existía "obstáculo legal ni responsabilidad patrimonial exigible que impida la desclasificación del SUP 8 en el plan urbanístico del Raso, volviendo a su condición de Suelo No Urbanizable".
Ahora la administración local o la autonómica tendrán que indemnizar o ceder unos 70.000 metros cuadrados de terrenos urbanizables, valorados a precio de mercado en unos 30 millones de euros, (casi 5.000 millones de las antiguas pesetas), a los propietarios del suelo a cambio de los terrenos que se protegen ahora en el Raso ya que el PORN aumenta la zona protegida de manera definitiva del Parque Natural de 100 a 500 metros dejando sin efecto las directrices el último PGOU aprobado en 2003 por la propia conselleria y gobernando en el municipio el PP.
Incumplimientos
Los técnicos de la conselleria en su documento argumentaban la desclasificación del Raso en "los incumplimientos reiterados y evidentes (de los propietarios y urbanizador del Raso con el Ayuntamiento), causa bastante para la resolución de los convenios" (alcanzados por ambas partes) y además para fundamentar la desclasificación del SUP 8 por cuanto tal clasificación tenía como único fundamento el proceso de publicación de plusvalías (unos 500 millones de las antiguas pesetas hacia el Ayuntamiento) que según se aprecia resulta desatendido por la propiedad". En la actualidad con la aprobación del PORN, la Conselleria pretende obligar al Ayuntamiento de Guardamar a que asuma íntegramente las consecuencias derivadas de la protección de esa zona. Pero la administración local ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el decreto autonómico del 31/2010 de 12 de febrero del Consell por el que se aprueba el PORN.
Responsabilidad del Consell
En el mismo se indica que el recurso no se debe a que el Consell aumente la protección de la zona natural del parque ampliando una franja de 100 a 500 metros. Se motiva en que estos terrenos, que suman un total de 70.000 metros ubicados en el Plan del Raso, están calificados en el PGOU como urbanizables y el Gobierno Valenciano pretende que el Ayuntamiento asuma la reubicación de los aprovechamientos urbanísticos en otros lugares del municipio.
El recurso del Ayuntamiento insta al Consell a que asuma todas las consecuencias derivadas del PORN ya que "de conformidad con la doctrina jurisprudencial de la responsabilidad del legislador dicha reubicación habría que situarla en el ámbito de las consecuencias de la norma que debe ser asumida por el autor de la misma lo que, por tanto exime al Ayuntamiento de cualquier obligación al respecto". El recurso municipal argumenta lo expuesto asegurando que "fue el propio Consell quien aprobó el PGOU con la zona urbanizable en el Raso y ahora la quita", por ello, "debe hacer frente a las consecuencias".
Los terrenos reclasificados pasan a ser zona verde con el PORN para que actue de colchón de amortiguación de impactos, liberándolos de edificación pese a que todas las infraestructuras (viales, iluminación, alcantarillado), están construidas.
* Información - 7.05.10
Foto: Una imagen de los terrenos desclasificados del Raso situados al norte de la laguna de la Mata tomada el pasado jueves - e.d.g., diarioinformacion.com
Un político en prisión lideraba la trama corrupta de Lanzarote
PÚBLICO* : Políticos del Gobierno insular, los más importantes empresarios del tejido local y técnicos de la Administración componen el grupo de detenidos que ha dejado en Lanzarote el último desembarco de los agentes anticorrupción de la Guardia Civil. En total, 25 arrestos, incluido el del histórico líder del Partido Independiente de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, uno de los políticos que empezó a dar significado a la palabra corrupción en España y que ya cumplía condena en prisión.
La fase final de la operación Jable arrancó el 19 de abril y finalizó el pasado jueves, dividida en tres fases. Las pesquisas permiten dibujar una complicada madeja con todas las tipologías delictivas relacionadas con la corrupción y el blanqueo de capitales, que han hecho de Lanzarote una suerte de Monopoly para delincuentes de cuello blanco por cuyas casillas avanzan los investigadores.
La trama desbaratada el 23 de abril se había constituido para esconder los casi seis millones de euros que Martín debe al Estado por cuatro condenas dictadas contra él en 2004 y por las que aún cumple condena, según fuentes de la investigación. Sin embargo, su permanencia en prisión no impidió al político seguir dirigiendo la corrupción en la isla. "Desde una fría celda de la cárcel de Tahíche he sido el impulsor del Plan de Barrios", ha escrito sin pudor, en referencia a una obra pública de nueve millones.
Un amigo íntimo de Martín, Francisco Rodríguez Batllori, que fue viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias y valor destacado de Coalición Canaria, es uno de los detenidos, bajo la acusación de malversación y falsificación de documentación mercantil. Los investigadores creen que puso sus empresas a disposición de Martín en el proceso de ocultación del dinero, al que hay que sumar 48 propiedades dentro y fuera de la isla.
En la misma fase fue detenida Susana Martín, hija de Dimas y también colocada en la Administración. Junto a ellos, otros ocho arrestados por blanqueo de capitales e insolvencia punible, como se denomina el delito de traspaso de la titularidad de propiedades para declararse insolvente ante la Administración. También hay un arrestado que no reside en Lanzarote, el empresario andaluz dueño del Grupo Hoteles Playa, José María Rosell, vinculado a Martín desde hace décadas y marido de la senadora del PP por Almería María del Mar Agüero. El empresario más relevante de la isla, José Francisco Rosa, también ha sido detenido e imputado por cohecho.
El regreso de la Unidad Central Operativa (UCO) ha puesto patas arriba Lanzarote un año después de la operación Unión, origen de la actual investigación. Al frente de ambas, el juez César Rodríguez Pamparacuatro, de 34 años, que a las dos semanas de aterrizar en la isla se hizo cargo de la denuncia que acabaría golpeando al corazón del PIL. Todo había comenzado en mayo de 2008, cuando Carlos Espino, consejero socialista, denunció el intento de soborno por parte de un empresario. Un año después, Pamparacuatro acusaba a 32 personas por un total de 79 delitos. La documentación incautada y las declaraciones de los detenidos hicieron arrancar una nueva fase que iba a investigar una veintena de subtramas, entre ellas las desbaratadas ahora.
La ex alcaldesa, a prisión
Los ocho primeros arrestados en la operación Jable están vinculados a la adjudicación de la gestión de los residuos de la isla a una multinacional, Urbaser, que obtiene todos los años seis millones de las arcas públicas. Por su implicación en esta otra trama, el juez ha enviado a prisión a la ex alcaldesa de Arrecife Isabel Déniz, acusada de cohecho y prevaricación. Cuando ostentaba el cargo, Déniz militaba en el PIL, ahora lo hace en Coalición Canaria. La misma suerte ha corrido el presunto muñidor del entramado, el jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento, Rafael Arrocha, así como el gerente de Urbaser en la isla, Jacinto Álvarez. Completa la nómina de encarcelados, el concejal del PIL en Arrecife Antonio Machín, este por su vinculación al Plan de Barrios sobre el que escribió Dimas Martín desde la cárcel.
Pero quien ostentaba el cargo más importante entre los arrestados es María José Docal, consejera de Presidencia del Cabildo, acusada de cohecho en una tercera pata de la operación, dirigida contra una red de cobro de comisiones ilegales en grandes obras. Durante dos semanas, los agentes de la UCO han ido sacando de los registros, mientras eran jaleados por los vecinos, decenas de cajas repletas de documentos que se han llevado a Madrid. Su estudio promete continuidad a la operación Jable, bautizada así por la tierra volcánica que sirve de abono a las vides conejeras.
* Público - 6.05.10
Foto: Agentes de la UCO trasladan al abogado Francisco Rodríguez Batllori.- PÚBLICO
El Seprona imputa tres delitos al alcalde de Oia y al edil de Urbanismo
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LAVOZDEGALICIA/Pontevedra : El alcalde de Oia, Alejandro Rodríguez, y el edil de Urbanismo, Camilo González, declararon ayer ante los agentes del Seprona que desconocían que hubiera restos arqueológicos en los terrenos de Burgueira donde se ha llevado a cabo el acondicionamiento de un terreno para la creación de una explotación de kiwis. La Guardia Civil les imputa unos presuntos delitos de prevaricación urbanística, contra el patrimonio histórico y contra la ordenación del territorio tras la destrucción de un importante yacimiento arqueológico en el alto do Sobral.
Los representantes municipales podrían tener que rendir cuentas ante un juzgado por haber consentido el acondicionamiento de terrenos para una plantación de kiwis en un suelo catalogado como rústico de especial protección careciendo de autorización.
Y a pesar de que tenían conocimiento de que las obras carecían de la correspondiente licencia, obviaron una solicitud de paralización de las obras emitida por la delegación provincial de Patrimonio Cultural.
Se da la circunstancia además de que el edil de Urbanismo es, a su vez, presidente de la comunidad de montes de Burgueira, la entidad propietaria de los terrenos, que lo alquila a la empresa promotora de la explotación agrícola.
El gobierno municipal había visto con buenos ojos la preparación del campo de cultivo por que emplea mano de obra del municipio en una actividad rentable.
La empresa explotadora de las fincas se denomina Kiwi Atlántico Fincas, que no tiene nada que ver con la compañía Kiwi Atlántico.
* La Voz de Galicia - 7.05.10
Foto: Los responsables municipales tuvieron que declarar en la Guardia Civil por la polémica actuación - lavozdegalicia.es
