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LEVANTE/Castelló* : El alcalde de Orpesa y varios miembros de la corporación local que en 2001 aprobó la permuta de unos terrenos en primera línea de playa por otros en el interior están citados a declarar hoy en el Juzgado de Instrucción nº4 de Castelló que investiga un posible delito de trafico de influencias y prevaricación urbanística, denunciado por un particular.
La reapertura del caso, a cuyo proceso se ha sumado el fiscal, fue ordenada en un fallo de la Sección Primera de la Audiencia de Castelló que atendió el recurso del denunciante ante la decisión de la juez del número 4 de archivar la denuncia al entender que la documentación aportada había sido examinada por el juzgado de Instrucción número 2.
Los hechos fueron denunciados a la Fiscalía Anticorrupción por el vecino de les Amplàries afectado por el PAI previsto en la zona de los campings, Amplàries.
En 2001 el grupo Marina d'Or adquirió unos terrenos propiedad del entonces alcalde, Francisco Garrido, para luego entregarlos al consistorio y cumplir con la obligación legal de ceder el 10% del aprovechamiento que los urbanizadores ceden a los consistorios. El suelo vendido a la urbanizadora por Garrido fue adquirido, según la documentación aportada por el denunciante, unas fechas antes.
Según tasaciones periciales aportadas por el denunciante, el precio registral del metro cuadrado/techo en la costa valía 72 euros, en tanto que el adquirido a Garrido, variaba entre 16 y 33 euros.
La denuncia del vecino, a la que se adhiere el fiscal, apunta que el consistorio perdió dinero y suelo en la permuta. Entiende que los concejales "renuncian a 2.827 metros cuadrado/techo en beneficio de la mercantil Construcciones Castellón 2000 SAU", del grupo Marina d'Or, que era la redactora del proyecto de reparcelación del programa de actuación integrada.La empresa quería desarrollar ese PAI en la zona de Les Amplàries, la de los campings.
La Audiencia apunta que en el auto de archivo y sobreseimiento de la causa se apunta que "no está debidamente justificada la perpetración del delito que se persigue". Lo que no acepta la Sección Primera. Ésta entiende que "no cabe sino concluir que el juzgado "ha impedido", con su decisión, "la práctica de unas diligencias relevantes para el esclarecimiento de los hechos".
Apunta también la Audiencia que "la desestimación del recursos de reforma se produce por la errónea remisión a otro procedimiento, cuya decisión de archivo está pendiente del recurso de apelación".
* Levante-EMV - 21.01.10
Foto: La Audiencia reabre el caso por un posible ´pelotazo´ urbanístico en Orpesa - levante-emv
La Audiencia reabre el caso por un posible ´pelotazo´ urbanístico en Orpesa
Huelga de hambre contra la corrupción urbanística
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20MINUTOS/Zaragoza* : "He comenzado una huelga de hambre para protestar contra la corrupción urbanística que han protagonizado diversos políticos de nuestro país". Unas declaraciones de este tipo no se tomarían muy en serio si no fuera porque el que lo ha anunciado es Gabriel Fuertes, un zaragozano jubilado de 62 años que ya ha mantenido hasta el final otras dos huelgas de este tipo.
Tres semanas es el tiempo máximo que estará sin comer Gabriel, alimentándose tan sólo de agua con un poco de sal y limón; aunque también dependerá de cómo evolucione su salud.
La intención de Gabriel es que la ciudadanía se conciencie de estos abusos y que los grupos políticos actúen. "Con que me remita un comunicado algún partido político afectado por algún caso de corrupción finalizaría mi protesta, pero sé que nunca va a llegar", explica a 20 minutos.
Antecedentes
Ese mismo espíritu combativo ya lo tenía en 1976, cuando tras ser despedido de la empresa en la que trabajaba comenzó una huelga de hambre que duró 21 días y con la que consiguió que le readmitieran por despido improcedente.
La segunda huelga la secundó durante 41 días el año pasado para conseguir una vivienda digna y que pudiese pagar. También se salió con la suya, pero pagando un alto precio: fue ingresado en el hospital durante 14 días. "Mi familia está preocupada y no se mete, pero me apoya en mi decisión", explica Gabriel.
El siguiente reto de este zaragozano es acudir a la manifestación contra la corrupción que se ha convocado para el próximo 30 de enero en Seseña. "Si hace falta iré incluso en silla de ruedas si por entonces sigo con la huelga", concluye Gabriel.
* 20 Minutos - 21.01.10
Foto: El Roto - corrupción (El País)
«¿Te ha dao la lana o no?»
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SUR/Málaga* : El levantamiento parcial del secreto de sumario del 'caso Arcos' ha revelado como funcionaba la presunta trama de corrupción urbanística en el municipio de Alcaucín; donde ocultaba su ex alcalde, José Manuel Martín Alba, el dinero en metálico (cerca de 160.000 euros debajo de un colchón) y algunos de los cohechos recibidos supuestamente.
Uno de ellos se desprende, según la Guardia Civil, de una conversación telefónica entre Martín Alba y una de sus hijas. Los investigadores sostienen que uno de los promotores habría compensado al entonces alcalde por sus supuestos favores urbanísticos con una finca para una de sus hijas por valor de 23.000 euros. Para no levantar sospechas, ésta habría pagado con un cheque nominal al promotor y éste, a su vez, se lo habría devuelto después en dinero en metálico, al que Martín Alba se refiere como «lana». Esta forma de operar se trataría, según los investigadores, de «revestir de legalidad un regalo». Esta es la transcripción de la conversación entre el ex alcalde y su hija contenida en el sumario:
Martín Alba: ¿Te ha dao la lana o no?
Hija: Sí, ¿no me la ha dao delante tuya?
MA: Ya, pero no quería que la contaras, digo vas a contar encima que ... (risas) ¿entiendes?
H: No, me ha dicho, dice cuéntalo, pues yo he ido a contarlo
MA: Hombre, encima que...Bueno que ya, ya hablaremos, ¿eh?
H: Vale, vale
MA: Pa en este caso, pa cambiarte algo y esas cosillas, eh?
H: ¿Pa qué?
MA: Pa cambiarte algo
H: Ah, vale, vale
MA: Pa que tenga menos, menos bulto.
La Guardia Civil interpreta en su informe que el ex regidor tiene la costumbre de llamar «lana» al dinero y que en la conversación intervenida se refiere al cambio de billetes más pequeños por unos más grandes, dado que son más fáciles de guardar.
En su declaración ante la juez instructora del caso, José Manuel Martín Alba dijo que en esta conversación se refería a un dinero de una boda y aseguró que los únicos ingresos que tenía era como alcalde, artista (es cantaor flamenco) y albañil. Sin embargo, en el registro de su domicilio los agentes del Instituto Armado encontraron 154.000 euros en metálico. La mayor parte, 119.000 euros, se encontraban dentro de una caja para guardar cassettes debajo del colchón en un dormitorio. El resto del dinero se hallaba repartido en distintas cantidades en el dormitorio del propio Martín Alba. Por ejemplo, en la caja de un sujetador se ocultaban 4.500 euros.
Sobre su relación con el jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación, también imputado, el ex regidor explicó que le llevaba los proyectos urbanísticos de su municipio «a él directamente, sin pasar por el registro de entrada».
Según consta en el sumario, el ex regidor de Alcaucín habría recibido, presuntamente, de la promotora Crocasa, a través de la sociedad Alcaucín Building, de las que son socias sus dos hijas, la cantidad de 23.584 euros por el trato de favor a la misma consintiéndole numerosas irregularidades urbanísticas.
Igualmente Martín Alba habría recibido, supuestamente, dinero de J. M. R. A. en una cuenta a su nombre y al de su mujer por favorecer , presuntamente, los intereses de Complejos Rurales Montesierra, además de una finca propiedad de esta mercantil, a través de una de sus hijas.
El informe de la Guardia Civil afirma también que habría percibido de M. T. P. una finca en Alcaucín, escriturada a nombre de su hija, por valor de 23.200 euros, a cambio de la firma de varios convenios urbanísticos de reclasificación de terrenos entre el Ayuntamiento de Alcaucín y las mercantiles Promociones Inmobiliarias Alta Axarquía, Velaxarco y Mirador de la Axarquía.
En la investigación patrimonial realizada al ex alcalde , se le imputan numerosos ingresos en efectivo de procedencia no justificada en sus cuentas, que suman 127.950 euros, que pudieran ser, presuntamente, producto de comisiones ilegales. Igualmente, figura que adquirió entre 2001 y 2006 cuatro vehículos por los que pagó un total de 66.286 euros, de los que sólo uno fue financiado.
* SUR - 21.01.10
Foto: Alcaucín (málaga) -diariosur.es
Castelló: Más de 60 planes urbanísticos tienen el informe desfavorable de la CHJ y no se han corregido
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LEVANTE* : La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) contabiliza en los últimos cuatro años 63 proyectos urbanísticos de Castelló en los que ha emitido un informe desfavorable por deficiencias que no han sido corregidas por los ayuntamientos. El diputado de Iniciativa en el Congreso Joan Herrera preguntó al gobierno central sobre aquellos programas urbanísticos (modificaciones del Plan General, PAI, etc) que han recibido el informe contrario de la CHJ durante los últimos cuatro años en la demarcación provincial de Castelló.
En su respuesta por escrito, el gobierno detalla un amplio listado de proyectos. Según matiza, el criterio seguido para su confección ha sido el de "incluir todos aquellos instrumentos sobre los cuales se ha emitido informe desfavorable y que, con posterioridad, no ha habido una aportación de documentación complementaria que subsane los motivos" del informe contrario.
Hasta 63 proyectos se encuentran en esa situación. Hay modificaciones del Plan General, PAI y planes parciales. Borriol es el municipio de la provincia con más programas urbanísticos con informes contrarios no subsanados. Le siguen Vall d'Alba y Castelló con cuatro. También hay ayuntamientos socialistas que no han seguido las indicaciones de la CHJ, como Benicàssim, Vinaròs o la Pobla Tornesa.
La Generalitat es la responsable de la política territorial de la Comunitat Valenciana y de la aprobación final de los programas urbanísticos. Sin embargo, es preceptivo que la CHJ, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, emita un informe que no es vinculante.
Cuando la Confederación del Júcar se posiciona en contra de un proyecto es porque entiende que no está justificada documentalmente la disponibilidad de agua. También emite informes negativos si hay carencias en los planes de inundabilidad o si no se han resuelto adecuadamente los vertidos.
Pese a no ser vinculantes, los criterios de la CHJ son muy relevantes por cuanto se refieren a cuestiones clave en el desarrollo de un programa urbanístico: el abastecimiento de agua, el riesgo de inundación y el vertido de aguas residuales.
La gran cantidad de proyectos con informes desfavorables en la provincia de Castelló denota la celeridad e improvisación con que se tramitaron muchos de ellos en los años del "boom" inmobiliario.
* Levante-EMV - 21.01.10
Foto: Panorámica de Vall d´Alba, uno de los municipios que cuenta con más proyectos que no han subsanado los defectos. robert muñoz, levante-emv.com
Hay 35 municipios malagueños sin planeamiento urbanístico
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LAOPINIÓN/Málaga* : Un tercio de los municipios malagueños, en concreto 35, no cuentan con ningún planeamiento que ordene el urbanismo en su territorio. Curiosamente, la mayoría de estas localidades están situadas en dos grupos que la Junta de Andalucía considera como prioritarios dentro de la comunidad andaluza: la Axarquía y la Serranía de Ronda.
El caso de la Axarquía es paradigmático, por el número de municipios sin ninguna norma urbanística y por la profundidad del problemas. De hecho, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio tiene identificada la zona oriental de la provincia como la más problemática. No obstante, ya se está reconduciendo la situación de los 16 municipios sin planeamiento urbanístico. Al menos de parte, ya que el consejero Juan Espadas se reunió el lunes con ocho alcaldes (Alfarnate, Sedella, Arenas, Iznate, Canillas de Aceituno, Macharaviaya, Moclinejo y Salares) para ofrecerles que la Consejería asuma la redacción de un plan general de ordenación urbana para cada localidad.
Sin embargo, todavía queda otro buen puñado de municipios que no disponen de una norma que organice la actividad constructora, como son: Almáchar, Árchez, Benamargosa, El Borge, Canillas de Albaida, Cómpeta, Cútar y Comares, según los datos de la propia Consejería. Sólo en el último caso, al menos cuenta con la llamada Delimitación de Suelo Urbano (DSU), una ordenación mínima que no supone un planeamiento.
La Axarquía no es el único punto ´negro´ de la ordenación urbanística en la provincia. Quedan otros 19 municipios, la mayoría de los cuales se concentran en la Serranía de Ronda, con quince de ellos en el limbo urbanístico. Le sigue el Valle del Guadalhorce con tres y Antequera, con uno, en concreto en Cañete La Real.
Por cierto, que la situación que está viviendo Carratraca no es casual. Precisamente este pueblo del Valle del Guadalhorce es uno de los 35 que carece de todo tipo de normas municipales para organizar la actividad constructora dentro de su término municipal. Una situación que provoca una alta inseguridad jurídica a los vecinos de la zona y que, de forma colateral, ha llevado a dimitir a su alcalde ante la obligación de llevar adelante un centenar de expedientes sancionadores. Precisamente por no ejecutarlos, el alcalde de Almogía, Cristóbal Torreblanca, ha sido imputado por el juzgado de Instrucción número 12 de la capital tras una reciente operación policial.
Tolox y el Valle de Abdalajís son los otros pueblos del Guadalhorce con esa falta de control urbanístico. Sin embargo, la principal bolsa está en los pequeños pueblos de la Serranía de Ronda, que no tienen capacidad para elaborar un plan general. Así se encuentran Parauta, Cartajima, Alpandeire, Júzcar, Faraján, Genalguacil, Atajate, Benaoján, Jimera de Líbar, Benadalid, Benalauría, Algatocín, Benarrabá. Sobre ellos se centrará la Consejería una vez que encauce la situación de la Axarquía, ya que las posibles irregularidades son menores.
* La Opinión Málaga - 20.01.10
Foto: Cómpeta (Málaga) - buscarural.com
Indiferencia ciudadana
EUGENIO S.PALOMARES* : En unas declaraciones que realiza Juan Enciso, alcalde de El Ejido, desde la cárcel y que se ha emitido por Ejido TV, dice: "No voy a dimitir. Uno dimite con cargo demostrado". Si es así, hay alcalde para largo. Lleva ya 90 días en prisión, los que le quedan y a la espera de juicio. Cuando estas situaciones se originan uno se pregunta cómo es posible que pueda gobernarse, dirigirse un Ayuntamiento, desde la prisión. Cómo es posible que los intereses privados estén por encima de los particulares. Qué serenidad puede tener este alcalde para atender los intereses de los ciudadanos.
Humanamente, tengo que entender que su mayor preocupación en estos momentos es su defensa. Y, lógicamente, tengo que pensar que si no deja la alcaldía es porque le beneficia su permanencia y que los intereses públicos pasan, una vez más, a un segundo plano.
No es, el de este alcalde, un caso aislado. En la provincia de Sevilla, la Fiscalía está investigando a 16 alcaldes por corrupción urbanística. A estos alcaldes y otros en Málaga, Almería, Baleares, etcétera, les acompañan en su discurrir por los juzgados funcionarios, arquitectos, abogados, notarios, constructores y hasta el sursuncorda si fuera menester. La razón no es otra sino que por sí solos, sin estos apoyos, no sería posible realizar una serie de actuaciones delictivas -si las han cometido- que son complejas por tener que desarrollarse en diversas áreas, departamentos e instituciones.
Se trata, por lo demás, de unas situaciones que no responden a tiempos recientes, ni a las que resultan ajenas ningún partido político. Es algo que viene de antiguo y sigue sin resolverse. Muchas veces, entiendo, por la creencia de unos y otros, que estos comportamientos perjudican más al adversario. Se dice que al Partido Popular le perjudica menos. Se considera que el ciudadano sensible a este grupo, en el momento de votar, pasa a un segundo plano circunstancias y se guía sólo por sus intereses. Que si un gobernante u otro le vende bienestar y se lo concreta en el día a día, termina siéndole indiferente que hagan el egipcio o se lo lleven calentito. En fin, no sé.
Lo que sí creo saber es que no se han adoptado mecanismos legales suficientes que frenen y eviten la expansión de la corrupción. También que, si no se adoptan criterios legales nítidos, uniformes y claros, seguirá ocurriendo, extendiéndose sin límite. Confiando, cada uno de estos personajillos de lo criminal, en que los grupos políticos a los que representan les ayudarán a sacar las castañas del fuego para evitar que éste les alcance. También sabiendo, estos mismos personajillos, de que a la larga son más lo beneficios que obtienen -las penas a imponer no son elevadas y durante el procedimiento gozan de unos instrumentos de defensa superiores a los demás- por lo que siguen actuando y extendiendo su ejemplo, lo que puede determinar que el ciudadano piense que todos son iguales y no influya en su voto estas conductas.
Tal vez, a la vista de esta extensión y que afecta a todos los grupos políticos, pudieran buscarse soluciones para evitar la indiferencia del ciudadano y lograr una mayor eficacia en la erradicación de estos comportamientos. El establecimiento de unas leyes con penas más agravadas y la fijación legal de un tiempo a partir del cual dejaran su acta de concejal ayudaría estos efectos. La acusación -no imputación- por parte del Ministerio Público y la apertura del acto de juicio podrían servir con carácter cautelar y la sentencia con carácter definitivo. En cualquier caso, es necesario un pacto de todos para no tener que soportar algo tan esperpéntico como ver a un alcalde en prisión usando la televisión del Ayuntamiento como si fuera suya, extendiendo un ejemplo que puede favorecer que estos comportamientos nunca acaben.
* ELPAIS.com - Opinión Andalucía - 20.01.10
