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ABC/Alicante* : Dos sicarios checos (al parecer, aficionados), sórdidas reuniones en el reservado de un club de alterne para planear el crimen, y un alcalde (entonces concejal de Urbanismo) ingresado en prisión sin fianza como presunto inductor del plan para asesinar a su predecesor. Son los ingredientes de la trama criminal de Polop de la Marina, un pequeño pueblo de 4.000 habitantes a unos kilómetros de Benidorm, sacudido estos días por la posibilidad de que su alcalde pudiera haber ordenado el asesinato de su predecesor.
Polop se ha convertido, muy a su pesar, en el (presunto) ejemplo de hasta dónde se puede llegar por controlar la golosa —cierto que cada vez menos— cartera de Urbanismo en un Ayuntamiento.
Durante dos años, desde que dos sicarios dispararon contra Alejandro Ponsoda en la noche del 19 de octubre de 2007, el pueblo ha permanecido en silencio. El único que lo rompía, de tanto en tanto, era precisamente el último detenido: el sucesor de Ponsoda en la Alcaldía, Juan Cano. Un hombre que se hartó de pedir a la Guardia Civil que «tirase del hilo», hasta que ese hilo los llevó a su casa la madrugada del pasado martes. Se le considera el autor intelectual de la muerte —encargada a unos sicarios— de su predecesor, compañero de partido y, en otra época, principal valedor.
Chalés en suelo rústico
Cano ingresó en la política activa de la mano de Ponsoda en 1995. Era la primera vez que el PP ganaba las elecciones en Polop, y el alcalde le encomendó el área de Urbanismo. En esos años, el pueblo creció basado en el turismo residencial. Aunque para ello hubiera que construir en terreno no urbanizable. «Construías el chalé, pagabas una multa simbólica y te lo legalizaban». La acusación es de uno de los miembros de la Plataforma de Afectados constituida tras la proliferación de viviendas en plena montaña.
Los desmanes urbanísticos, no obstante, no fueron la causa de la caída en desgracia de Cano dentro de su partido, aunque tuvieron buena parte de culpa. Incluso la familia del reconocido escritor Gabriel Miró se dirigió al PP para criticar la política territorial del entonces edil, según recuerda un alto cargo del PP de Alicante. Al final, el PP obligó a Ponsoda a deshacerse de Cano en 2003 tras recibir una denuncia de supuestas extorsiones a empresarios locales. «Oímos rumores, pero una cosa son los rumores y otra los hechos», replica la alcaldesa en funciones María Dolores Zaragoza.
Cuatro años más tarde, sin embargo, el alcalde asesinado no tuvo más remedio que recuperarlo como «número dos». Cano era para entonces el presidente de la junta local del PP, y controló la elaboración de la lista. Ponsoda, sin embargo, no parecía feliz de rehabilitar al hombre por quien dio la cara ante su partido en su día. Los vecinos coinciden en que, después de ganar las últimas elecciones, Ponsoda acentuó su carácter introvertido.
Discusiones «constantes»
Las discusiones entre uno y otro, a decir de aquellos que los conocían bien, «eran constantes». Especialmente, en las reuniones de la junta de gobierno de Polop, que casi siempre terminaban en bronca. «Pocos días antes de que le dispararan, Cano amenazó a Ponsoda con no renovar el contrato de su hija en el Ayuntamiento», recuerda un compañero de partido a quien el alcalde asesinado relató las profundas discrepancias que mantenía con el concejal.
Las principales diferencias entre ambos, precisamente, surgieron a cuenta de la gestión urbanística del municipio. Al parecer, Cano pretendía poner en marcha un plan parcial que contemplaba construir varios miles de viviendas, en la zona junto a la montaña donde años antes se había permitido la construcción de decenas de chalés. Algunos apuntan que la idea era levantar cerca de 5.000 viviendas, lo que hubiera triplicado el censo del municipio. Lo cierto, en cualquier caso, es que hoy no existe ninguna iniciativa similar en marcha en la localidad.
Ansias de poder, afán por controlar libremente el urbanismo municipal o animadversión personal, las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntan a que la situación explotó de la forma menos esperada para la tranquila localidad mediterránea. El 2 de noviembre de 2007 Juan Cano se convertía en alcalde de Polop tras el fallecimiento de Ponsoda, ocho días después de recibir dos disparos a las puertas de su domicilio, en la pedanía polopina de Xirles.
«Mi padre era honrado»
«Nunca nos ha apoyado», cuentan las hijas del alcalde fallecido, Fátima y María. A pesar de que una de ellas trabaja en el Consistorio, y de que en un pueblo como Polop «todo el mundo se conoce», las jóvenes lamentan el vacío que les hizo sentir Cano «desde el primer momento» tras hacerse con la vara de mando. Sobre las discrepancias entre su padre y el presunto autor intelectual de su asesinato a cuenta del urbanismo, advierten enigmáticamente que Ponsoda «era una persona honrada, no le gustaba la corrupción».
los vecinos han roto por fin su silencio para empezar a admitir que Cano «no era como Alejandro»
Tras su detención —la séptima relacionada con el caso—, los vecinos han roto por fin su silencio para empezar a admitir que Cano «no era como Alejandro». Pese a trabajar como director de una sucursal de Caja Mediterráneo (CAM), «no tenía un trato cercano». Las puertas del Ayuntamiento no solían estar abiertas para los habitantes del pueblo.
Por supuesto, hay quien no se acaba de creer que el alcalde pudiera haber llegado al extremo de pagar (se especula con unos 50.000 euros, cuya procedencia se desconoce) por librarse de Ponsoda. «No me cabe en la cabeza; este hombre no necesitaba la política, vivía muy bien como director de la sucursal», explica uno de los más veteranos, amigo del padre de Cano.
Sin embargo, otros confiesan ahora —tras la detención— que «se veía venir», y abundan en el supuesto «perfil oscuro» del detenido. Habitual de los clubs de alterne de la zona (especialmente en la etapa en la que salió del Ayuntamiento, entre 2003 y 2007), según los testimonios de varios empleados de este tipo de locales recopilados por los investigadores, su carácter difícil no le había granjeado precisamente el cariño de sus administrados —al contrario de lo que sucedía con su predecesor—. La supuesta extorsión, nunca denunciada, corona el retrato.
Reuniones en un club
Cano es, no obstante, sólo el primer eslabón de la cadena. La investigación judicial sitúa a otras seis personas en la trama para acabar con la vida de Ponsoda. El primero de ellos, un presunto narcotraficante afincado en la vecina localidad de Finestrat cuando se perpetró el crimen. Raúl Montero, con antecedentes por tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas —por los que se encontraba a la espera de juicio— , fue supuestamente el encargado de conseguir las dos pistolas de pequeño calibre utilizadas por los sicarios.
Raúl había estado en prisión preventiva tras ser sorprendido con un arsenal, pero salió en libertad mientras esperaba a que se celebrase el juicio semanas antes de que se perpetrase el crimen. Incluso acudió al juzgado a firmar dos semanas después de que falleciese Ponsoda. Luego, desapareció.
Al menos, hasta el pasado 5 de noviembre, cuando se convirtió en el primer detenido. La primera evidencia palpable de que la investigación del asesinato de Ponsoda, dos años después, empezaba a dar sus frutos.
Más tarde cayó Salvador Ros, un empresario zapatero que llegó a Polop hace más de una década para abrir una tienda en la conocida plaza de los Chorros. La Guardia Civil sospecha que también participó en las sórdidas reuniones en el club «Mesalina», pese a que no ha trascendido su grado de implicación.
El citado club parece ser el auténtico «centro de operaciones» de la trama: prácticamente todos los detenidos están relacionados de una u otra forma con él: su gerente, un uruguayo llamado Ariel —el tercer detenido—, su copropietario, Pedro, y los dos ciudadanos checos a los que la Guardia Civil atribuye la autoría material del crimen. Todos estuvieron en la reunión para fraguar el crimen, según los investigadores, y algunos incluso trabajaban o habían trabajado en la casa de citas.
El «hilo» llevó finalmente hacia Cano. Días antes de ser detenido, ya se le apuntaba como el objetivo último de los agentes de la UCO. En la trama había «un cargo público», según aseguró el abogado defensor de Ariel. Algunos se atrevieron a ponerle nombre, aunque en Polop todavía se pronunciaba en susurros. Objetivo de todas las miradas, el ahora detenido se defendió con amenazas de querellas a quienes le implicaran «en esta salvajada». Dos días antes de que la Guardia Civil llamase a su puerta, Cano se defendía en una entrevista publicada por ABC: «No conozco a estos señores, y jamás he estado con ellos en un club. Por Dios, la pregunta ofende».
Muchas incógnitas
Con la distancia, se aprecia también lo poco afortunada que resulta ahora la pregunta retórica que lanzó en una de sus últimas comparecencias públicas, cuando ya se encontraba en el punto de mira: «¿Me veis con miedo? ¿Estoy detenido?», espetó a los periodistas. La detención se produjo unos días después, de madrugada —para evitar las cámaras— y en su propio domicilio. Tras registrar el lujoso chalé en el que vivía a las afueras de la localidad (antes lo hacía en «un piso normalito», según los vecinos), fue conducido al Ayuntamiento, de donde salió sin esposar y con un ordenador portátil.
Mientras los periodistas «tomaban» el pueblo, la esposa del detenido regresaba en un vuelo desde Miami, donde había acudido a visitar a su hija. Se cuenta también que el alcalde de Polop tenía previsto realizar el viaje junto a su mujer, pero que la investigación frustró sus planes. Por voluntad propia, según algunas versiones, y porque ya le habían retirado el pasaporte, según otras.
Lo único que tienen claro los vecinos de Polop (tanto los que creen en su inocencia como los más suspicaces) es que la historia del asesinato de Ponsoda —que los ha situado en el mapa a su pesar— no está cerca de terminar. Todo lo contrario, quedan muchos misterios por desvelar, incluida la posible implicación de otro concejal en la conspiración, el motivo último del asesinato, y sobre todo la respuesta a la pregunta más inquietante: ¿de verdad un concejal puede llegar a ordenar que maten a su alcalde?
* ABC - D. Martínes, R.A. Ruíz Coll - 29.11.09
Foto: Polop (Alicante), vivienda Juan Cano - Mario Ayús, laverdad.es
Caso Polop: Urbanizaciones El Asesinato, S.A.
Murcia: El atracón inmobiliario deja 18.000 viviendas sin vender
LAVERDAD* : La vida de un edificio se mide por el número de felpudos de los pasillos. Al recorrer las plantas del bloque Puerta de Murcia, antes de llegar a la plaza de los Cubos, en la capital, los remates de madera, los embellecedores de las cerraduras y los pomos brillantes de las puertas, casi vírgenes, se sienten solos. No hay pisadas, no hay movimiento; faltan felpudos, falta trasiego, falta vida.
Entrar en este edificio, construido hace dos años en una de las zonas más jugosas de la capital, es entrar en la realidad del sector inmobiliario. Poca luz y un fuerte olor a cerrado son las cartas de presentación del bloque de viviendas. En total son 32 pisos de primera calidad. De las 32 puertas, sólo dos tienen felpudo. Sólo dos tienen vida en su interior. De las 32 viviendas, sólo cuatro están escrituradas. El resto, que se abaratan cada mes en busca de un dueño que no aparece, tendrán que esperar. Todo el mundo tiene una idea de qué ha fallado exactamente ¿Por qué se quedan sin vender casas con una excelente relación calidad-precio a tres o cuatro kilómetros del centro de la capital? Todos los caminos, todas las respuestas, conducen a la crisis económica y su impacto en el sector de la construcción. Un ejemplo claro lo representa este inmueble del norte de la capital, rodeado por otros que incluso se han abandonado a medio hacer.
Es muy probable que, si la situación económica no hubiera afectado de semejante manera al sector, este edificio rebosara vida por sus cuatro costados enladrillados. Pero no. «Había más viviendas apalabradas e incluso muchos habían dado ya la entrada, pero al final se ha echado para atrás el 50% de los que estaban interesados. ¿Por qué? Está claro, muchos contaban con tener un crédito hipotecario que al final no se ha producido. La crisis financiera ha hecho mucho daño», asegura el encargado del mantenimiento del edificio. La opinión de este trabajador no es aislada y cunde en el resto del sector. También apunta a la situación financiera como principal factor responsable Juan Hernández Albarracín, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región. «Está claro que los créditos se han estrangulado de forma considerable y eso ha repercutido en que las dificultades para adquirir una vivienda se hayan multiplicado. La situación ha cambiado».
Asimismo, Hernández Albarracín reconoce que, en estos años, «también ha habido buenas y malas decisiones empresariales. No se puede culpar al sector en su conjunto. Hay casos en los que se han construido urbanizaciones de lujo en el interior de la Región, muy alejadas de la costa, con precios altos y cuando el sector ya había tocado techo. Esas viviendas van a tardar mucho en ser vendidas, si es que algún día se venden, porque hay muchos inmuebles que no se van a vender. Ni mañana, ni el año que viene, hay que ser realistas».
Pero el recorte de la financiación, tanto para promotores como para compradores, y las decisiones empresariales equivocadas pueden no ser los únicos culpables de que las viviendas vacías existentes en la Región de Murcia se cuenten por decenas de miles. Los promotores inmobiliarios calculan que el número de viviendas que actualmente se encuentran en stock -viviendas construídas que aún no se han transmitido- en la Región de Murcia no supera las 18.000 unidades. Pero hablar del número total de viviendas vacías que hay a día de hoy en la Comunidad es adentrarse en un terreno, cuanto menos misterioso, en el que la información por parte de todas las administraciones brilla por su ausencia.
Datos oficiales
Los últimos datos oficiales son de hace la friolera de ocho años, allá por el 2001. Según el INE, el número de inmuebles vacíos era de 85.596 hace ocho años, cuando el parque total de viviendas de la Región ascendía a 592.613. Es decir, que del total de inmuebles, el 14,4% estaban deshabitados por uno u otro motivo. Pero en ocho años han llovido muchos ladrillos. Si hiciéramos la cuenta de la vieja y aplicáramos el mismo porcentaje de viviendas vacías del 2001 al año pasado, cuando el parque ascendía a 778.815 inmuebles, el número de pisos vacíos sobrepasaría las 112.000 unidades. Eso, suponiendo que el porcentaje fuera el mismo, lo que parece altamente improbable a tenor de la caída que han experimentado las ventas y el crecimiento de la construcción en los últimos tres años. De esas 778.815, el 62% (486.151) son viviendas principales, o de primera residencia, y el 38% restante (292.664) son no principales, o de segunda residencia, tal y como reflejan los datos del Ministerio.
Otro dato que debería, al menos, hacer reflexionar a los responsables de turno es el desfase que se ha acumulado en los últimos diez años entre el aumento del porcentaje de residentes en la Región y el de viviendas terminadas. Del año 1998 hasta el 2008, el número de murcianos ha crecido en 311.041, lo que supone un 28% de incremento. Sin embargo, el aumento de viviendas terminadas es superior, ya que ha experimentado una variación del 36,5 % en el mismo periodo de tiempo. Es decir, en la última década, se han terminado 209.882 viviendas. Si la cifra la contrastamos con el número de nuevos residentes faltarían casas para todos. Pero pocas viviendas albergan a una sola persona. En general, cada hogar está compuesto por tres miembros, según se refleja en los cálculos del Ministerio de Vivienda. Si dividimos entre tres esos 311.041 nuevos murcianos, el resultado es el número de hogares formados en estos diez años: 103.680. Unos cien mil menos que el número de viviendas construidas desde el año 2001.
A este panorama se une, en el caso del municipio de Murcia, el hecho de que el parón inmobiliario haya dejado en suspenso 26.000 viviendas proyectadas en la zona norte. En el plan parcial Nueva Condomina sólo se han levantado 250 viviendas sobre las 3.000 previstas. En los seis desarrollos situados al Este aún no se han visto las máquinas. Dos tienen la aprobación definitiva del Ayuntamiento, pero están esperando a que se anime el sector para pedir las licencias de construcción.
Soledad y música alta
Esta pila de datos, sin embargo, tienen fiel reflejo en decenas de edificios vacíos, llenos de persianas bajadas. La Verdad se trasladó a la zona norte de la capital, en el área de Juan Carlos I y Juan de Borbón, para realizar un recorrido visual de las fachadas de reciente -y no tan reciente- construcción. Para que una imagen valiera más que mil palabras y mil datos de diferentes organismos. Haga la prueba.
En uno de estos edificios sin vida de la zona norte, rodeado de otras construcciones en una situación similar, el periodista busca en el suelo un felpudo. Un felpudo que indique que, tras la puerta, hay vida. Y allí está. Al fondo del pasillo de la segunda planta. Justo donde, poco antes, un empleado de una empresa de seguridad colocaba una alarma. La persona que abre la puerta es el propietario. Uno de los pocos del bloque. Dice que recurre a la seguridad privada «porque es una zona que está muy solitaria y en la que hay muy poca gente, y paso mucho tiempo fuera de casa. Prefiero prevenir que curar». Además, le gustaría que hubiera más gente en el edificio «porque, en el caso de que pasara algo grave, no tienes nadie a mano a quien recurrir. Sobre todo, se siente soledad».
Pero vivir prácticamente solo en un edificio de 32 viviendas tiene también sus ventajas. Es probable que una persona timorata nunca quisiera estar sola en un edificio deshabitado, pero hay quien le saca el lado positivo. No todo es pedir sal al vecino y dar los buenos días en el ascensor: «esto tiene una ventaja -asegura el entrevistado-. Y es que, al no haber más habitantes, puedo poner la música al volumen que quiera, porque no molesto a nadie ni nadie me molesta a mí. Pongo la música tan alta como quiero a la horaque quiero». No todo el mundo puede decir lo mismo. El encargado de obra del inmueble, que acompaña a 'La Verdad' durante el recorrido por el bloque de viviendas, lo deja claro: «los pocos vecinos que hay en el edificio me preguntan cuándo vendrá más gente, pero yo no sé qué contestar. 'Ojalá sea pronto' suelo decir, pero no lo veo nada claro». Hasta que no haya más felpudos, no habrá más vida.
¿BUSCA USTED OFICINA?
La 'ciudad de los negocios', al 50%
El edificio JC1, uno de los más representativos de la capital desde el pasado mes de mayo, dispone de 12 plantas para oficinas, de las que ya se ha alquilado el 50%. Es decir, seis plantas. Los locales se alquilan desde 9 euros por metro cuadrado.
Las 'torres gemelas' esperan inquilinos
Las ya conocidas como torres gemelas de Murcia, construidas cerca de las Atalayas y terminadas hace poco menos de medio año, disponen de un buen número de oficinas de las que aproximadamente la mitad están ocupadas. El rascacielos espera compradores e inquilinos.
Bloques abandonados a su suerte
No es difícil encontrar bloques de oficinas que han quedado abandonados en plena construcción por la imposibilidad de acometer la obra. Uno de ellos es el de la imagen, entre Juan Carlos I y Juan de Borbón. Edificios fantasma que ensucian el horizonte.
EL SECTOR:
778.815 es el número total de viviendas en la Región. Hace ocho años, en el 2001, había 592.613.
18.000 viviendas en 'stock' en la actualidad, según los datos de los promotores inmobiliarios.
85.596 inmuebles vacíos en la Región, a fecha del 2001. La cifra podría superar actualmente las 112.000.
POR ZONAS:
Murcia. La capital acapara más de la cuarta parte del total de viviendas terminadas en la Región en los últimos diez años (41.951)
La costa. El 36% de las viviendas terminadas desde 1999 se ha edificado en los municipios costeros, sin contar Lorca ni La Unión.
Municipios sin grúas. Entre nueve municipios (Albudeite, Aledo, Blanca, Campos del Río, Moratalla, Ojós, Ricote, Ulea y Villanueva) sólo representan el 1,13% de los inmuebles construidos en diez años en la Región.
El caso de Ulea. La localidad levantó 55 casas en el 2007, casi el triple que en una década.
* La Verdad - DANIEL VIDAL - 29.11.09
Foto: Sólo una ventana con luz en uno de los edificos recién construidos en la zona norte de Murcia. | GUILLERMO CARRIÓN / AGM
La Axencia Urbanística acumula ya 216 órdenes de derribo de edificaciones ilegales
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FARODEVIGO* : El derribo de dos casas en la isla de Ons ejecutado esta semana por la Consellería de Medio Ambiente se convertirá en una imagen cada vez más habitual en Galicia. La Xunta se ha propuesto extremar el control y la persecución de las construcciones ilegales y adelanta que el año que viene se incrementarán los expedientes de demolición de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu), un organismo constituido en abril de 2008 para velar por el cumplimiento de la ley y perseguir todo tipo de irregularidades en materia de urbanismo.
La Aplu dispondrá en 2010 de una partida de 600.000 euros para ejecutar demoliciones de construcciones ilegales, lo que significa que la Xunta invertirá un 25% más que en 2009 y cuatro veces más que en 2008 en demoler viviendas, galpones y otro tipo de construcciones al margen de la ley. Desde la Consellería de Medio Ambiente justifican el espectacular incremento en el impulso y consolidación de la actividad de la Aplu, que cerrará 2009 con 216 expedientes de demolición pendientes de ejecución.
Las actas de infracción urbanística y las órdenes de derribo no han dejado de crecer desde la puesta en marcha de la Axencia, que supuso duplicar el personal dedicado en Galicia a vigilancia e inspección. Sólo hasta el mes de octubre, la Aplu había levantado 410 actas de inspección y resuelto 91 expedientes de reposición de la legalidad urbanística, cifras que prácticamente duplican los datos con los que cerró el año 2008.
Pero las estadísticas que más crecen son, sin duda, las referidas a infracciones urbanísticas muy graves sancionadas por ley con la demolición. Y es que a falta todavía de un mes para que termine el año, la Aplu impuso en 2009 un total de 238 multas coercitivas para forzar la ejecución de derribos frente a las 85 del año anterior, y asumió con sus propios medios la demolición de 21 edificaciones frente a las cinco que llevó a cabo en todo 2008.
En estos momentos, una treintena de inspectores y subinspectores se encargan de velar en toda Galicia por el cumplimiento de las normas urbanísticas, así como de prevenir posibles infracciones y asesorar a los concellos, resolviendo sus consultas e incluso elaborando informes ad hoc. Y es que además de la función sancionadora, la Aplu se creó para ayudar a los concellos con su planeamiento, haciéndose cargo hasta la fecha del urbanismo de 42 ayuntamientos.
Todas las infracciones detectadas por los inspectores acaban con la apertura de un expediente pero sólo los casos más graves acaban derivando en una orden de demolición para restablecer la situación previa a la infracción cometida.
Ejecutar el derribo de una casa o cualquier otro tipo de construcción, sin embargo, no es algo sencillo, de ahí la lentitud con la que se resuelven este tipo de expedientes. De hecho, desde Medio Ambiente aseguran que en los últimos meses se han ejecutado demoliciones "que se empezaron a tramitar hace seis o siete años".
Antes de que una orden de demolición sea firme, el afectado suele agotar todas las vías administrativas y judiciales a su alcance en un proceso largo y complejo que, como apunta Medio Ambiente, casi siempre sigue un camino distinto. Además, una vez que la Aplu decide hacerse cargo del derribo debe seguir 16 pasos (expediente de contratación, proyecto de coordinación y seguridad, solicitud ante la autoridad judicial competente...) antes de poder ejecutar la orden.
* Faro de Vigo - M. VÁZQUEZ - 29.11.09
Foto: Ons (Pontevedra) - delmorrazo.com
Expertos urbanistas piden a los gobiernos intervenir en las periferias y evitar desequilibrios
INFORMACIÓN/Alicante* : Los ponentes que participan en el Encuentro Euromediterráneo de Jóvenes Arquitectos-Urbanistas, que se celebra desde el viernes en Xàbia, hicieron ayer un llamamiento a la Administración Pública para que intervenga en las periferias de las ciudades con el objetivo de evitar "graves desequilibrios sociales".
El director del Máster de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia, Alberto Peñín, explicó la necesidad de "redefinir el concepto de periferia urbana porque la ciudad siempre crece y hemos de estar en continua redefinición". En este sentido, añadió que "las periferias, merced a los espacios de oportunidad como carreteras o puertos, se convierten en espacios más influyentes a pesar de que muchos de los PAI aprobados no entienden la ciudad, su concepto y menos aún la periferia". En el encuentro, organizado por la Fundación Foro Jávea de Vecindad y Casa Mediterráneo, se abordaron también experiencias concretas de intervención periférica para recuperar zonas degradadas, como fue el caso del director del Centro de Estudios Ambientales de Vitoria, Luis Andés Orive, que planteó el proceso de configuración del anillo verde de Vitoria.
* Información - 29.11.09
