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ELOBSERVADOR/Málaga* : El paseo marítimo por la ‘Costa del Solar’ se detiene hoy en Benalmádena, el cuarto municipio con mayor ocupación urbana -el 69,3%- en su primer kilómetro de litoral, señalado como otro de los “puntos negros” del litoral malagueño por Ecologistas en Acción o Greenpeace. Un municipio cuyo espectacular ímpetu urbanístico no se explica si no es por el hombre que ha manejado las riendas del consistorio desde que en 1966 accediera por primera vez a la alcaldía, Enrique Bolín, cuya herencia, tras perder estos últimos comicios, es un municipio con sus posibilidades de crecimiento agotadas y la mitad de suelo sellado por el asfalto.
Vertidos, contaminación, problemas de tráfico y una depuradora en pruebas hacen el resto.
UNA noticia define bien el estilo de Enrique Bolín en la que ha sido durante muchos años su particular parcela de poder en la Costa del Sol. Cuando el ‘caso Malaya’ estaba en su apogeo y la corrupción en Marbella ocupaba grandes titulares de los medios nacionales, el ex alcalde de Benalmádena homenajeó a dos de sus principales imputados, los constructores Rafael Gómez ‘Sandokan’ y Cristóbal Peñarroya. En su discurso de agradecimiento a estos dos promotores Bolín argumentó que ambos “habían contribuido al desarrollo de la ciudad” y que al fin y al cabo, “todos estamos imputados por algo”.
LA de Bolín es una biografía política digna de estudio. Descendiente de una poderosa familia hotelera malagueña, alcalde franquista con tan solo 26 años, adscrito al Partido Popular del que fue expulsado tras un incidente en Gibraltar -le pillaron con cocaína, vídeos porno y unos menores en su yate- formó su propio partido independiente y ha salido indemne de mil batallas y luchas políticas logrando varias mayorías absolutas en Benalmádena. Hasta el punto que el PP le quería en sus filas de nuevo para estas últimas elecciones municipales.
PESE a que ha sido denunciado en varias ocasiones y acusado de corrupción, tráfico de influencias, cobro de comisiones e enriquecimiento ilícito, a “La Reina” -como le denominan sus enemigos- nunca le ha condenado un tribunal por sus gestiones urbanísticas. Más al contrario, le han proporcionado una bolsa de votantes incondicionales que le han aupado a la alcaldía de Benalmádena en repetidas ocasiones.
ENTRE sus ‘logros’, Puerto Marina, unas instalaciones que impulsó en los años setenta y que hoy se han convertido en uno de los “puntos negros permanentes” para Ecologistas en Acción con la playa de Malapesquera como “principal receptora de todos los vertidos tóxicos, derrames de carburantes, restos de pinturas, disolventes, aguas fecales de las embarcaciones e instalaciones portuarias”. La organización conservacionista recuerda que “el antiguo puerto ya construido en sus defensas exteriores fue rellenado y ampliado, sepultando toda la increíble fauna que albergaba, se convirtió en la zona en la que actualmente están los aparcamientos, restaurantes, centros comerciales y pueblo marinero. El dique de levante se retranqueó 400 metros mar adentro dando lugar al puerto que conocemos actualmente”. Puerto Marina es también un centro de diversión nocturna en el que se ha producido una de las primeras sentencias condenatorias por contaminación acústica contra un ayuntamiento, al que obligan al pago de una indemnización de 15.000 euros.
ECOLOGISTAS en Acción también ha otorgado banderas negras en Benalmádena a la playa de Santa Ana, donde “desembocan dos arroyos olvidados que arrastran aguas tanto pluviales como fecales y domésticas sin tratar, de algunos establecimientos hosteleros de la zona” y a los “acantilados de Torremuelle por la gran presión urbanística de la zona que ha triplicado el número de viviendas que hacen sus vertidos directamente al medio marino, sin emisarios, y desde unas supuestas depuradoras privadas”.
TAMBIÉN para Greenpeace el litoral de Benalmádena “está prácticamente destruido por la voraz presión litoral_benalmadenaurbanística” y aún más, la organización señala que aumenta el peligro por una posible “ampliación del Puerto Deportivo en 1.200 puntos de atraque”. Unas obras que han quedado en entredicho tras el último informe sobre la situación del litoral andaluz realizado por la Delegación de Costas del Ministerio de Medio Ambiente que entiende que la ampliación del puerto es una amenaza y califica la zona de levante de dicha marina entre las de riesgo de inundación. En dicho estudio, Medio Ambiente también propone demoler la residencia de Unicaja, en Arroyo de la Miel, por su ubicación tan cercana al mar sin respetar la zona de servidumbre.
CON casi 46.000 habitantes censados y una población que aumenta más del doble en verano el nuevo alcalde de la ciudad, el socialista Javier Carnero, ha reconocido que Benalmádena “ya no puede crecer más”. Las imágenes que acompañan esta información tomadas por el fotógrafo y miembro de Ecologistas en Acción José R. Moreno Tamayo son bastante explícitas. Benalmádena sufre problemas de tráfico propios de una gran ciudad derivados de la ausencia de planificación urbanística. La mitad de sus 34 kilómetros cuadrados de suelo están sellados con asfalto y hormigón. Su depuradora todavía está en periodo de pruebas y Bolín se encuentra desaparecido de la escena pública. Algunas fuentes lo sitúan ahora como asesor de la promotora Cogilco con cuyos responsables ha estado viajando a los países del este en busca de nuevas oportunidades de negocio, si bien este extremo no ha podido ser confirmado.
* Revista El Observador - 13/11/07
Foto: Benalmádena (Málaga) costa - El Observador
Benalmádena, un municipio hormigonado a la sombra de Enrique Bolín
La trama de corrupción destapada en Madrid funcionaba como "una organización estable"
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ELPAÍS* : La Guardia Civil ha realizado esta mañana nueve registros simultáneos en sedes del Ayuntamiento de Madrid, en concreto la delegación de Medio Ambiente y la Gerencia de Urbanismo, así como tres juntas de distrito -Centro, Chamberí y San Blas-. La operación, bautizada Guateque, ha destapado una presunta "trama de corrupción". El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ha precisado que afecta a 16 funcionarios aunque desconocía el número de detenidos, que fuentes del caso cifran a media tarde en al menos nueve. Están acusados de presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. En contra de lo dicho por el Consistorio, el Gobierno ha apuntado que también están implicadas personas que no son empleadas públicas. Se trata, según ha podido saber esta web, abogados y arquitectos. Funcionaban como "una mínima organización estable" que obtenía beneficios a través del cobro de comisiones.
¿A cuánto ascendían las comisiones?
Así, según Cobo la "inmensa mayoría" son empleados públicos "con muchísimo tiempo" dedicados al Ayuntamiento y entre ellos no figura ningún concejal, alto cargo, director general o personal de libre designación responsables de las áreas registradas. Cobo, que ha exculpado en todo momento a los concejales, ha explicado que cobraban comisiones a cambio de agilizar licencias comerciales. Según fuentes del caso, sobre todo cobraban por retrasar expedientes sancionadores. El vicealcalde de Madrid ha explicado en rueda de prensa que la investigación arrancó "antes del verano" a raíz de la "denuncia de un particular". Cobo ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento ha colaborado desde el principio y "estrechamente" con la justicia, al tiempo que ha señalado que él ha sido el encargado de informar porque es el interlocutor con el juez encargado del caso, José Santiago Torres, titular del juzgado de instrucción número 32 de Madrid.
El magistrado ha decretado secreto de sumario. Cobo no ha podido precisar la cuantía de las comisiones, al tiempo que ha hecho hincapié en que la operación se ha lanzado no contra el Ayuntamiento sino contra funcionarios concretos. Al parecer, se trata de empleados públicos con mucha antigüedad. De momento, hay al menos tres funcionarios detenidos, según fuentes cercanas al caso, que no descartan que se produzcan más arrestos. Las mismas fuentes apuntan que en el marco de la investigación se han producido numerosas intervenciones telefónicas, con unos 10 teléfonos pinchados. Además de las sedes municipales, también se han producido registros en casas particulares y empresas. Los agentes, de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, se han incautado de diversa documentación y de ordenadores. "Estamos con el juez", ha dicho Cobo, que ha querido recordar que "la mayoría de los funcionarios son honrados". Para el vicealcalde, la prueba de que los concejales de Medio Ambiente y urbanismo son inocentes es que ocuparon sus cargos en mayo y el cobro de comisiones es muy anterior.
Rubalcaba contradice a Cobo
En contra de lo que algunos medios habían informado en un principio, "no tiene absolutamente nada que ver con la Operación Malaya ni con operaciones urbanísticas". Tras la intervención de Cobo, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha contradicho la versión municipal de los hechos al asegurar que la operación "afecta a una serie de funcionarios y gente que no lo son". El ministro no ha concretado de quién se trata, pero EL PAÍS ha podido saber que son abogados y arquitectos. El ministro ha explicado, en los pasillos del Congreso, que esta operación "sigue abierta" y tardará horas en cerrarse. Rubalcaba ha especificado que esta operación se debe a una trama de corrupción urbanística, consistente "básicamente en cohechos y cobro de comisiones ilegales".
Por su parte, el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, ha detallado que funcionaban como "una mínima organización estable" que obtenía beneficios a través del cobro de comisiones por agilizar la tramitación de expedientes para la apertura de locales. En declaraciones a la Cadena Ser, Moix ha precisado que los funcionarios investigados integraban "una organización con una estabilidad que permanece en el tiempo y que ha ido realizando una actuación dirigida a obtener dinero". Fuentes del caso han agregado que usaban intermediarios para la captación y cobro de comisiones. Moix también ha descartado "conexión política o relación con la Operación Malaya". El fiscal jefe ha aclarado que las detenciones practicadas no son por delitos urbanísticos, sino por cohecho. En cuanto a la cuantía de las comisiones, ha insistido en que todavía es difícil "cuantificar el monto total del dinero que se ha manejado". "Eso se valorará una vez que analicemos los datos que maneja la Guardia Civil", ha apuntado. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado que los funcionarios serán puestos a disposición judicial "probablemente el sábado".
* ELPAIS.com - D. VERDÚ / J. A. HERNÁNDEZ / J. A. RODRÍGUEZ - Madrid - 14/11/2007
Foto: Madrid, registros en el Área municipal de Urbanismo.- REUTERS - 14-11-2007
Madrid: 130.000 casas al margen de la ley
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PÚBLICO* : Un juez paraliza la urbanización en los Ahijones (Vicálvaro) edificada en suelo protegido que Gallardón reclasificó irregularmente en 1997. Un auto del juzgado 18 de lo contencioso-administrativo ha parado las obras en Vicálvaro de los Ahijones (15.400 viviendas previstas) y hay otra suspensión por aplicar en los juzgados que afecta a los Berrocales (22.235 pisos previstos), según confirmó Beatriz Lobón, gerente de urbanismo. Además, insinuó que tras ésas suspensiones cautelares de los Ahijones o los Berrocales hay una especie de conjura: “Las está pidiendo un grupo de abogados en ámbitos concretos. Saque sus conclusiones”.
“Me han dicho que han parado las obras en los Ahijones. ¿Va en serio? Debe ser por la dichosa sentencia del Supremo del Plan General de Urbanismo de 1997. ¿Qué pasará con nuestras casas? ¿Cuánto se van a retrasar ahora?”. Los foros de los vecinos de los nuevos barrios de Madrid (www.nuevosvecinos.org ) echan humo desde hace días.
La ejecución de la sentencia
Las obras estarán paradas hasta que el Ayuntamiento ejecute una sentencia del Tribunal Supremo de julio de este año. En ella se anulan 24 reclasificaciones de terrenos protegidos. Los Ahijones es uno de ellos. Las había aprobado Alberto Ruiz-Gallardón cuando era presidente de la Comunidad en 1997 pero, según la sentencia, no justificó que hubieran perdido el valor ambiental por el que estaban protegidas.
El contencioso ha tardado 10 años en resolverse y en este tiempo no se ha parado el proceso administrativo en los nuevos desarrollos. “Cuando la justicia tarda diez años en llegar acaba siendo inaplicable. Se ha demostrado que llevábamos razón y que se trata de urbanismo depredador que piensa más en las plusvalías que en la calidad de vida. ¿Y ahora para qué sirve? La aplicación de esta sentencia afectaría negativamente a terceros que esperan sus casas desde hace años”, señala el senador socialista Juan Barranco, que planteó el recurso cuando estaba en la oposición municipal.
El Ayuntamiento tiene apenas dos meses para ejecutar la sentencia pero en cinco de las 24 urbanizaciones ya se han concedido licencias: Portillo de El Pardo, Manzanares Norte, el Salobral-Nacional IV, ciudad aeroportuaria-Parque de Valdebebas y el sistema aeroportuario de Barajas.
El 43% del suelo afectado
El Ayuntamiento insiste en que la sentencia no atañe íntegramente a las 24 urbanizaciones, pero, según su propio informe, afectaría al 43,8% de la superficie en m2 del plan de 1997. Hay desarrollos con más del 70% de superficie mal clasificada: el Ensanche de San Fernando, el Salobral Nacional IV, Aravaca-Monte del Pilar, Ciudad Aeroportuaria y Valdebebas, Campamento y Villaverde-Vereda del Salobral.
Fuentes jurídicas explicaron a Público que la sentencia del Supremo demuestra que las reclasificaciones de suelo “se hicieron sin respetar los requisitos legales y que la única forma de ejecutarla sería demostrando que esos suelos ya no tienen valor ecológico y que no podría recuperarse”.
En Campamento, por ejemplo, se desclasificó una zona de ribera con fresnos, aves migratorias y una avifauna importante. “Es imposible que el Ayuntamiento pueda justificar que ha perdido el valor ecológico”, señalan.Acaba de nacer la Plataforma de Afectados Por el Urbanismo Salvaje (PAUS) : “Queremos alertar de la dimensión que puede tener una colosal estafa en la que se venden pisos en zonas no urbanizables. Hay que corregir el desaguisado descomunal y exigir responsabilidades”.
UNA SENTENCIA QUE HA TARDADO UNA DÉCADA
1997 // El PSOE en el Ayuntamiento de Madrid (entonces liderado por Barranco) interpone un recurso contra la aprobación de la revisión del Plan General de Urbanismo. En el plan de 1997 el PP cambió la clasificación de 28 ámbitos de suelo no urbanizable protegidos en el Plan del 85. El PSOE cree que no está justificada la desclasificación de ese suelo.
2003 // El Tribunal Superior de Justicia da la razón al PSOE y anula la desclasificación de los terrenos protegidos porque no se ha justificado que hayan perdido su valor medioambiental. La anulación afecta entre otros a Sanchinarro, las Tablas o Montecarmelo donde en ese momento hay miles de viviendas en marcha. El Ayuntamiento y la Comunidad plantean recurso al Supremo. El Tribunal Superior de Justicia desestima la ejecución provisional de la Sentencia pedida por el PSOE argumentando que éste no ha avalado los posibles daños que podría acarrear la ejecución.
2007 //El Supremo falla a favor del PSOE y ratifica la sentencia del Tribunal Superior salvo en Montecarmelo, Las Tablas, Sanchinarro, Cerro de los Gamos y el Camino de los Caleros. Han pasado 10 años desde que arrancó el proceso y muchas de las 23 áreas protegidas en el 85 que tras la sentencia del Supremo siguen protegidas se han urbanizado y perdido su valor. El Tribunal Superior ha notificado la sentencia al Ayuntamiento que debe ejecutarla en dos meses.
* Público - 13/11/2007
Gráfico: Plano 135.541 viviendas previstas - CHIQUI ESTEBAN (Público)
Icomos cree urgente "restituir la legalidad urbanística" en el entorno de Medina Azahara
EUROPAPRESS/Córdoba* : El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), ONG que asesora en materia de patrimonio histórico, cultural y natural a la Unesco, cree "prioritario y urgente restituir la legalidad urbanística" en el entorno protegido del conjunto arqueológico de Medina Azahara, en la capital cordobesa, en la actualidad rodeado de viviendas ilegales. Así se indica en el informe realizado a lo largo del último año y difundido por el Comité Español de Icomos, en el que hace una serie de recomendaciones a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Córdoba...
...a los que conmina a solucionar el problema que, por su "dejación de funciones", se ha creado con la proliferación, desde finales de los 80 del pasado siglo, de parcelaciones y construcciones ilegales en torno a la antigua ciudadela califal del siglo X, y ello a pesar de que tales viviendas contravenían en todo momento la normativa y el planeamiento urbanístico aplicable.
Así, en el informe de Icomos se recomienda, en primer lugar, "que la Junta de Andalucía, a través de su Consejería de Obras Públicas y Urbanismo, asuma de una vez su responsabilidad en la degradación del territorio andaluz a través del control de las parcelaciones ilegales". Para ello se sugiere, además, "que se controle mejor y se impida la incorporación de los servicios básicos a través de actitudes y acciones serias y contundentes, conminando a que los ayuntamientos", como el de Córdoba, "no surtan del servicio de agua y alcantarillado, y a las compañías eléctricas, para que no faciliten enganches a sus redes".
En cuanto al conjunto arqueológico objeto de este informe, que está declarado, junto con su entorno, Bien de Interés Cultural (BIC), Icomos llama a la citada restitución de la legalidad urbanística en su entorno, "incluyendo obviamente la del Plan Especial de Protección de Madinat al-Zahra, de forma que la sociedad en su conjunto tome conciencia de que los valores públicos que defiende el urbanismo democrático, especialmente en el ámbito espacial de bienes culturales excepcionales, debe primar sobre los intereses privados".
"Estos intereses privados --prosigue el informe de Icomos-- han de conocerse, evaluarse y salvaguardarse en todo aquello que no vulnere la legalidad urbanística y patrimonial vigente. Además, en toda negociación con los parcelistas no se aconseja la falta de generosidad de las instituciones públicas, pero se recomienda que no tengan el mismo trato (fiscal, valoraciones, etcétera) que tendría cualquier otro ciudadano que hubiese construido conforme a la legalidad".
NO PREMIAR A LOS ILEGALES.
En consecuencia, para la ONG asesora de la Unesco, "se debe resolver el conflicto, pero no premiar a las personas que actúan al margen de la legalidad y normativa urbanística, como sucede a menudo ante las denominadas situaciones consumadas. Las personas que edificaron de forma irregular no pueden ampararse en que se trate de un proceso antiguo o de falta de transparencia municipal".
A este respecto, en el informe de Icomos se afirma que "el Ayuntamiento de Córdoba ha dado muestras, desde hace años, de que facilita toda la información pertinente en materia urbanística que le es solicitada y no se le puede tachar de institución diletante o poco diligente en materia urbanística, salvo en el control de las urbanizaciones ilegales, que, además, fue más efectivo en los últimos 80 y primeros 90 que en la segunda mitad de ese último decenio y en parte del actual".
Junto a ello, Icomos recomienda a la Junta de Andalucía, y sobre todo a la Consejería de Cultura, "una actitud más abierta y comprometida respecto a la gestión del entorno de Madinat al-Zahra", ya que, "no es aceptable que, cuando una de las partes requiere encontrarse para tratar sobre posibles soluciones, la Administración pública autonómica se inhiba", lo cual "es especialmente grave cuando fue la propia Delegación de Cultura de la Junta en Córdoba la que inició la llamada de atención al Comité Nacional de Icomos".
Lo que ocurre en este caso, según Icomos, es que "la misma Administración posee dos actitudes muy distintas: bien se trate de la provincial, más cercana y sensibilizada, bien de la central, más lejana y poco interesada en uno de los procesos que no sólo degradan Madinat al-Zahra, sino a muchos paisajes de hondo carácter cultural en toda la comunidad. La Consejería de Obras Públicas, si bien ha demostrado mayor interés en participar en reuniones para tratar este asunto, no puede dejar de afrontar su responsabilidad en la tutela y control del urbanismo en la comunidad".
En consecuencia, y en función de lo expuesto, Icomos "urge a las instituciones responsables a establecer una mesa de resolución conjunta del conflicto de las parcelaciones ilegales, satisfactoria para los intereses públicos y siempre en el marco de la legalidad vigente. Esta mesa debería establecer un calendario de actuaciones que iniciase sus trabajos en un plazo razonable de dos meses".
EQUIPO TÉCNICO DESDE 2004.
Se da la circunstancia de que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba acordaron en junio de 2004 la creación de un equipo de técnicos, de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y de las delegaciones de Obras Públicas y Cultura de la Junta, para que, sin límite de tiempo, pudieran ofrecer propuestas que den salida a la situación de las parcelaciones ilegales de Medina Azahara.
Hace ya casi tres años y medio y en rueda de prensa, la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), y el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Antonio Márquez, quienes siguen ocupando tales cargos, anunciaron que dicho equipo de técnicos tenía como finalidad ofrecer "soluciones ajustadas a derecho, que permitan acabar con la amenaza urbanística que se cierne sobre el conjunto arqueológico de Medina Azhara".
Desde entonces y hasta ahora no trascendido públicamente que dicho equipo de técnicos haya propuesto soluciones y, de hecho, los enfrentamientos por esta cuestión desde entonces, entre responsables políticos de la Junta y del Ayuntamiento, han sido tan evidentes que así han quedado reflejados también en el informe de Icomos.
ULTIMAS ACTUACIONES.
Así, en el apartado del informe de Icomos denominado 'Últimas actuaciones', se asegura que, "desde 2005, el ambiente de crispación crece a medida que también se ralentizan, que no se detienen, los procesos de construcción" de las parcelaciones ilegales en el entorno de Medina Azahara.
Por otro lado, "se hace patente un cambio de actitud en el Ayuntamiento respecto a las parcelaciones cuando, en el Pleno municipal del 5 de octubre del mismo año, se aprueba una moción de IU y del PP para solicitar de la Junta de Andalucía que se modificase la delimitación de Madinat al-Zahra, para dejar fuera de la misma, y en consecuencia de la tutela cultural autonómica, el terreno de las parcelaciones ilegales Córdoba La Vieja, el Cercado de las Pitas y La Gorgoja II".
Se aprecia, pues, "la voluntad de regularizar las parcelaciones ilegales, o de iniciar un proceso encaminado a ello, lo cual, no obstante, hubiera seguido contraviniendo, caso de haberse aceptado la modificación, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de Córdoba".
En esta línea, "días más tarde, el 11 de octubre, la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba aprueba con carácter inicial un Plan Especial para dotar de servicios urbanísticos a la parcelación de las Pitas. Esta acción se realiza a pesar de que tal proyecto no sólo es contrario al citado PGOU, sino también al Plan Especial de Protección de Madinat al-Zahra y a lo dispuesto en las leyes de protección del patrimonio histórico español y andaluz".
* Europa Press - CÓRDOBA, 13 Nov.
Foto: Cordoba, zona viviendas ilegales - abc.es
La Fiscalía de Galicia investiga una supuesta trama urbanística en Abegondo
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ELIDEAL/A Coruña* : La Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia investiga una supuesta trama urbanística el en municipio abegondés. El viernes remitió un requerimiento al Ayuntamiento de Abegondo donde solicita copias de licencias otorgadas entre 1999 y 2003. El tripartito abegondés, encabezado por el alcalde Rocha Carro, compareció ayer públicamente para informar del requerimiento de la fiscalía y explicar la postura del actual gobierno municipal respecto a la supuesta trama urbanística que, a raíz de las denuncias de un vecino de la localidad ante Xunta de Galicia y Ayuntamiento de Abegondo, investiga ahora el alto tribunal gallego.
Rocha señaló que el consistorio recibió el pasado viernes un requerimiento del TSXG donde se solicita "unha serie de copias de licencias outorgadas no mandato 1999-2003", todas ellas referidas a las citadas denuncias. Así, con la seguridad de que "este goberno non ten nada que agochar" y el compromiso de "colaborar coa administración de xustiza", APdeA, BNG y PSdeG-PSOE eligieron la tarde de ayer para reiterar la escenificación de la unión tripartita y ofrecer "una mostra clara e contundente de transparencia".
El regidor local indicó que todos los expedientes advertidos por la fiscalía "coinciden no tempo inmediatamente anterior á entrada en vigor da Lei do Solo de Galicia, o 1 de xaneiro de 2003". La encomienda del Ayuntamiento de Abegondo pasa ahora por remitir la documentación requerida antes de diez días, por lo que el mismo día de la recepción, convocados por el alcalde y el concejal Manuel Eladio Fernández, técnicos del área de urbanismo y personal municipal se reunieron con el objetivo de definir las líneas de actuación sobre esta asunto, al que el equipo de gobierno ha resuelto dar la máxima prioridad.
Responsabilidad > Para Rocha Carro la actuación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia pone de manifiesto "unha realidade que en Abegondo xa se viña percibindo durante os últimos meses". El primer edil, quien acusó directamente a Santiso Miramontes del "galimatías" que, hoy por hoy, padecen vecinos y propietarios, aprovechó su exposición para dejar claro no se siente orgulloso de su pertenencia al equipo de colaboradores del ex conselleiro, si bien reconoció que, como integrante del gobierno municipal entre los años 1999 y 2003, también él puede ser investigado: "Será a xustiza a que dirima o grado de responsabilidade", manifestó.
En su intervención de ayer, Juan José Rocha Carro, flanqueado a derecha e izquierda, por los concejales Ínsua López, Iglesias González-Villamil, Fernández Vázquez y Santiago Soto, reprochó la "falta de rigor" de José Antonio Santiso Miramontes, así como la decisión de quien fuera titular de la Consellería de Política Agroalimentaria a Desenvolmento Rural, de guardar silencio respecto a las acusaciones sobre posibles irregularidades urbanísticas durante su último mandato.
* El Ideal Gallego - LUCíA TENREIRO - 14 de Noviembre de 2007
Foto: Abegondo (A Coruña) - osloureiros.com
