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DIARIODEMALLORCA* : La denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Baleares por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y uso de información privilegiada a raíz de varias operaciones urbanísticas en el Plan Territorial de Mallorca (PTM) hace especial hincapié en un ´pelotazo´ en Campos, a cambio de derribar un hotel en Pollença y otro en Sóller.
Se trata del área de reconversión territorial (ART) número 10.3, que contempla la demolición del hotel Don Pedro (en la Cala de Sant Vicenç, municipio de Pollença, de 284 plazas) y del Rocamar (en la carretera de Sóller al puerto, dado de baja) a cambio de trasvasar las plazas de uno u otro a sa Ràpita (Campos), creando una urbanización de 42 hectáreas, con 1.593 plazas turísticas y 234 viviendas, para unos 5.000 nuevos vecinos. Esta disposición alternativa ya sorprende a la Fiscalía.
El canje, a decir de los fiscales, resulta "desproporcionado" (el Don Pedro ocupa 8.400 metros cuadrados, y el Rocamar, 14.760; sin embargo, la nueva urbanización en Campos supondría 422.187 metros cuadrados). Otra situación que resulta inexplicable para Anticorrupción es "cómo es posible que se transfieran" 520 plazas como si correspondieran al derribo del Rocamar, "si el establecimiento fue precintado en 1999 y dado de baja desde 2002".
Un gran propietario
Éste y otros muchos indicios incriminatorios han llevado a la Fiscalía a pensar que "los trasvases del Plan Territorial no parecen responder a ninguna lógica".
Lo que más ha llamado la atención de los fiscales es "por qué se eligen estas fincas y no otras" en Campos, considerando que el Consell de Mallorca, que redactó y aprobó el PTM en 2004, hizo una "elección discrecional, sin justificación de ningún tipo", y beneficiando únicamente a los dueños de los terrenos que, añaden los fiscales, "pertenecen casi en exclusiva a un mismo empresario", algo "que resulta cuando menos sorprendente".
Cabe destacar que según los cálculos periciales que la Fiscalía ha consignado en su denuncia, estas permutas supondrían unas plusvalías de 76.551.096 euros para el conjunto de propietarios, acusando al Consell de favorecerles con reclasificaciones sin justificación alguna, y en contra de los intereses generales.
La conclusión a la que llega la Fiscalía "es que los aprovechamientos urbanísticos que suponen tanto el hotel Rocamar como el hotel Don Pedro no son más que una mera excusa para conseguir recalificar grandes zonas de terreno rústico en Campos".
* Diario de Mallorca - MATEU FERRER. PALMA - 23 de abril de 2008
Foto: El hotel Rocamar, en Sóller, fue dado de baja en 2002/ Joan Mora, diariodemallorca.es
La Fiscalía ve un ´pelotazo´ de 76,5 millones en Campos a cambio de derribar dos hoteles
Veïns de Parcent cree que el Consell quiere facilitar indemnizaciones para las promotoras
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INFORMACIÓN/Alicante* : Algunas explicaciones del PP para justificar y mantener los tres PAI de Parcent resultan como mínimo anacrónicas y desfasadas con la época actual y ofrecen una imagen de la conselleria más próxima a intereses económicos de las promotoras, que al bienestar de los ciudadanos. Veïns de Parcent sospecha que desde la conselleria intentan facilitar que las promotoras pidan indemnizaciones millonarias al Ayuntamiento por no realizar los planes.
El colectivo, al igual que Compromís cree que sólo bajo ese prisma o el de la irresponsabilidad se entiende la defensa de los PAI de Parcent realizada por el diputado popular César Sánchez que incluso llegó "a negar la necesidad de impacto ambiental", a pesar de que el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente se ha convertido en una exigencia a nivel mundial. El PP se ha quedado más sólo que nunca en la defensa de estos programas, que contemplan casi 1.800 casas en las montañas de este pequeño y precioso municipio de la Vall del Pop, y por cuyo término hay una zona declarada Lugar de Interés Comunitario por su valor ambiental. Y más tras la actual recesión del ladrillo, de forma que el colectivo sospecha que la intención es cobrar indemnizaciones, más que construir las viviendas tras cerrar el grifo de la financiación de los bancos a muchos proyectos. Así lo expuso la diputada de Compromís, Mireia Mollà al afirmar que la conselleria no devuelve la tramitación de los PAI al Consistorio para subsanar errores "por intereses económicos".
Y es que el caso de Parcent está dejando muchos interrogantes abiertos por la parcialidad en la decisión de la conselleria y en la actitud de los dirigentes del PP en Valencia. Sánchez en su defensa de los PAI llegó a decir en la Comisión de Medio Ambiente en varias ocasiones que "el ayuntamiento no ha movido ficha" para neutralizar unos programas urbanísticos que obtuvieron un rechazo contundente en las urnas. En este sentido, Veïns de Parcent le recordó a Sánchez que "el Ayuntamiento había requerido la documentación para subsanarla y se le había denegado, al contrario del caso del Plan Rabassa" de Alicante. Otra actuación parcial de la conselleria que dirige Garcia Antón.
Asimismo, Sánchez rechazó los argumentos de la Síndica de Greuges, del Defensor del Pueblo, del Consell Jurídic Consultiu, del TSJ y de Europa para afirmar que la tramitación se ha llevado a cabo "con toda la legalidad".
* Información - CÉSAR MONZONÍS - 23 de abril de 2008
Foto: Parcent (Alicante) - parcent.es
Carboneras: Los ecologistas denuncian la ayuda municipal a promotoras en supuestas acciones ilegales
IDEAL/Almería* : La asociación ecologista Salvemos Mojácar denuncia que el Ayuntamiento de Carboneras «dedica sistemáticamente todos sus recursos económicos y humanos a ayudar y apoyar a las promotoras en acciones presuntamente ilegales y en perjuicio de la ciudadanía y del pueblo».
Este colectivo, a través de un comunicado, califica esta forma de actuar del Consistorio «un despreciable signo más de sumisión a la promotora y de desprecio por el pueblo de Carboneras».
Sus integrantes consideran «inaceptable que el Consistorio continúe malgastando sus fondos en defender intereses espúreos». Estas manifestaciones son la reacción a la presentación por parte del Ayuntamiento de un recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional que desestima un recurso contra el deslinde aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente que afecta al hotel del Algarrobico.
Los ecologistas piden a los jueces que condenen a la perito judicial que testificó en el proceso, ya que, según dicen, «podría haber incurrido en un presunto delito».
Denuncian que la perito «ha faltado a la verdad cuando manifestó que los terrenos son urbanizables, según el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 22-12-94», a pesar de que «se ha acreditado que los terrenos son protegidos y no urbanizables, de acuerdo con la planimetría del PORN».
Además, dicen que «faltó a la verdad cuando afirmó que las Normas Subsidiarias de Carboneras no fijan una anchura de cien metros en los terrenos urbanizables». Los ecologistas recuerdan que quien sí dijo la verdad fue el arquitecto del hotel, Ubaldo Gómiz, cuando en el acto de ratificación de su informe «reconoció que los terrenos habían sido protegidos, no urbanizables, pero matizó que luego se había modificado el PORN, declarándolos urbanizables».
Piden la desestimación del recurso y que se procese a la perito.
* Ideal - 23.04.08 -R. D.
Foto: Hotel El Algarrobico (Carboneras), protesta archivo - greenpeace.org
Prisión para Roca bajo fianza de tres millones por su alto riesgo de fuga
EFE/Marbella* : El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado hoy el ingreso en prisión del ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca hasta que deposite una fianza de tres millones de euros por el denominado caso "Saqueo 1" ante el elevado riesgo de fuga del acusado.
Roca, que salió hace una semana de la cárcel por el caso Malaya tras pagar un millón de euros, ingresará esta tarde en la prisión de Soto del Real, de donde no saldrá hasta depositar los tres millones de euros que ha establecido el juez, quien ha tenido en cuenta aparte del riesgo de fuga, la proximidad del juicio por esta causa, en la que se enfrenta a una pena de 10 años, y los varios procedimientos que tiene abiertos.
De esa cantidad, se le descuenta los 450.000 euros que Roca depositó en su momento por este procedimiento, conocido también como el de "las facturas falsas", y en el que se investiga el presunto desvío de 26,7 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella a empresas privadas entre 1991 y 1995.
En este procedimiento, además de Roca, fueron imputados el fallecido ex alcalde de Marbella Jesús Gil y otras seis personas por malversación de fondos y falsedad.
El magistrado, que sustituye temporalmente al titular del Juzgado Central de Instrucción número seis, Juan del Olmo, justifica en su auto lo elevado de la fianza por atribuirle un patrimonio de unos 200 millones de euros -el juez apunta en el auto que es titular de cuentas bancarias en paraísos fiscales- y en el poco tiempo que ha tardado en depositar las dos fianzas que tiene.
La primera, de 450.000 euros, se le impuso por esta causa el 23 de abril de 2002 y la ingresó en 24 horas.
La procedencia de este dinero, subraya el magistrado, "resulta parcialmente dudosa" y, precisamente, la Fiscalía ha solicitado hoy que se investigue su origen y el juez ha iniciado los trámites para que esto se lleve a cabo.
Por el "caso Malaya", el juzgado de instrucción número 5 de Marbella, fijó un aval económico de un millón de euros, que Roca ha tardado 18 días en depositar -lo hizo el pasado 15 de abril-.
Por ello, Ruz considera que el acusado cuenta con "amistades, vínculos familiares, etc" que pueden hacer frente a la cuantía de 3 millones de euros, dice el juez, que la considera "de suficiente entidad e importancia como para conjurar" el riesgo de fuga del acusado.
En el caso de que el ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella haga efectivo el aval económico, el magistrado ha establecido otras medidas cautelares, entre ellas la prohibición de abandonar el país, retirada del pasaporte, comparecencias ante las autoridades judiciales y la obligación de fijar un domicilio.
El juez, que ha tardado cuatro horas en redactar el auto, también argumenta que la petición de diez años de prisión por parte de la Fiscalía está fundada en "sólidos indicios de criminalidad" que, en absoluto, "han quedado debilitados a lo largo del tiempo".
Juan Antonio Roca, que ha llegado a la Audiencia Nacional pasadas las 9.30 horas para comparecer en una vista a puerta cerrada para revisar su situación de libertad provisional por el "caso Saqueo 1", ha alegado ante el juez, según consta en la resolución judicial, ser víctima de "un linchamiento político-mediático" por parte de los que ejercen la acusación, que es el Ayuntamiento de Marbella (PP).
El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento marbellí y portavoz popular, Félix Romero, ha comentado a los periodistas tras conocer la decisión del juez que la corporación había pedido "más garantías", es decir, prisión incondicional, "porque teníamos miedo de no poder recuperar los bienes del Ayuntamiento".
Aunque ha considerado que no se trata de una resolución "óptima" porque "nosotros queríamos que hubiese más cautelas, esto nos hace estar un poco más conformes de lo que estábamos antes de que se celebrara la vistilla".
La comparecencia en la Audiencia Nacional de Roca, que salió en libertad provisional bajo fianza el pasado 15 de abril y después de estar casi dos años en prisión por el "caso Malaya", se ha realizado a petición de un escrito presentado por el Gabinete Jurídico del Ayuntamiento de Marbella en el que pedía que se revisara su situación de libertad provisional por el "caso Saqueo 1".
* La Opinión de Málaga - EFE - 23 de abril de 2008
Foto: El ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca (c), junto a su abogado José Aníbal Alvarez (d), a su llegada hoy a la Audiencia Nacional para comparecer ante el juez Pablo Rafael Ruz para revisar su situación personal en la causa en la que se investiga el desvío de 26,7 millones de euros del consistorio malagueño a empresas privadas entre 1991 y 1995. EFE
300 agentes toman la Cañada Real para asegurar el derribo de cuatro casas
ELPAÍS/Madrid* : Juan Arnés, un boliviano que hasta ayer vivía en la Cañada Real Galiana (Vicálvaro), se encontró con una desagradable noticia al regresar de su trabajo. Un vecino le avisó de que dos excavadoras acababan de tirar la pensión en la que vivía junto con su familia. Sus pertenencias estaban a la intemperie, llenas de polvo, y el techo que le había guarecido durante tres años se había convertido en cuestión de dos horas en escombros.
Como Juan Arnés, otras 13 familias de la Cañada Real vivieron la misma situación cuando tres potentes excavadoras derribaron las cuatro construcciones ilegales que hasta entonces habían sido sus hogares. Un férreo control policial, formado por unos 300 agentes, evitó los disturbios y los heridos que se produjeron en el último desalojo. Los vecinos aseguran que los juzgados no avisaron a los afectados y que, por eso, los derribos eran ilegales.
El despliegue de la policía comenzó antes de las nueve de la mañana. Las furgonetas de las Unidades de Intervención Policial (UIP, más conocidos como antidisturbios) irrumpieron en la Cañada y se desplegaron por los edificios de Covibar, en Rivas-Vaciamadrid, y en los accesos a las viviendas que iban a ser demolidas.
Los vecinos se sentaron en medio del camino para impedir la entrada de las excavadoras, pero los antidisturbios, pertrechados de cascos y escudos, los empujaron hasta sacarlos del lugar, en medio de protestas y gritos de los expulsados."Asesinos", "provocadores", "el pueblo no os quiere" y "fuera, fuera" fueron algunos de los improperios que los vecinos de la cañada y de algunos seguidores del movimiento okupa le soltaron a la policía. El dispositivo estaba formado por un helicóptero, cuatro grupos de la UIP (160 agentes), dos grupos de los Grupos Rurales de Seguridad de la Guardia Civil (80 funcionarios), una docena de policías a caballo, agentes municipales de Madrid y de Rivas-Vaciamadrid, además de policías de la Brigada Provincial de Información (dedicados a la lucha antiterrorista y contra grupos antisistema).
Tres agentes de esta brigada protagonizaron un incidente con los vecinos concentrados. Salían, junto con otros seis compañeros, de la zona del derribo y pasaron por delante del cordón policial. Los okupas y los vecinos se percataron de que tres de ellos se habían quedado retrasados y comenzaron a increparlos.
Los agentes, en lugar de seguir su camino, se quedaron quietos, mientras llegaban más manifestantes. "¡Sinvergüenzas, vendidos!, así tiráis las casas de los pobres", les espetaron. Poco a poco fueron arrinconándoles contra las casas, lo que motivó que acudiera una decena de antidisturbios. Empujaron a todo el que se puso en medio. Un agente de paisano con la capucha puesta tiró al suelo el móvil a una chica que hacía una foto.
"¡A ti no te mimaban de pequeña en casa. Se te nota en la cara!", le gritó una joven a una policía de paisano. Tras los insultos, los empujones y los chillidos, los antidisturbios escoltaron a los agentes y se marcharon del lugar.
Mientras, las excavadoras dejaban hechas trizas dos casas y una pensión en la que vivían ocho familias procedentes de Cochabamba (Bolivia). Pagaban entre 300 y 500 euros al mes. "¿Para qué voy a volver aquí? Me buscaré un piso con el resto de mi familia y me olvidaré de todo lo que estoy pasando", explicó Juan Arnés, mientras recogía a mediodía un reproductor de DVD. Al lado, uno de sus hijos no dejaba de llorar.
"No nos han dicho nada. Nos hemos ido a trabajar y, cuando hemos vuelto, nuestra casa estaba destruida", protestaba Iman, que lleva tres años en la Cañada.
La abogada de la Asociación de Vecinos de la Cañada Real, Patricia Fernández, aseguró que los derribos no habían sido notificados y que eran ilegales. De hecho, cuando fueron a los juzgados a paralizar la demolición, ya era tarde, porque se había producido. "El Ayuntamiento está vulnerando derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio o la protección de la justicia", afirmó la letrada. Entre las casas derribadas, están las del presidente y vicepresidente de la asociación.
Fuentes de la Gerencia de Urbanismo informaron de que las órdenes de derribo fueron notificadas por los juzgados de lo contencioso-administrativo 8, 14 y 18. Los vecinos fueron realojados por el Samur Social en pensiones. Estarán un máximo de tres días. Un centenar de personas se concentró por la tarde para protestar por los derribos.
* ELPAIS.com - F. JAVIER BARROSO - Madrid - 23/04/2008
Foto: Una mujer en la Cañada Real Galiana - ÁLVARO GARCÍA, elpais.com
El escándalo de los Monegros provoca una crisis en el Gobierno de Aragón
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ELCONFIDENCIAL* : El proyecto Gran Scala de los Monegros, ideado como una especie de Bienvenido, Mr. Marshall en versión corsa, con casinos y neones igual que los de Macao, jeques árabes copando plantas enteras en los hoteles, y multimillonarios rusos apostando al ‘cero’ de la ruleta, está a punto de llevarse por delante la coalición que gobierna en Aragón.
El megacasino del desierto, que contaba con todos los parabienes públicos, comienza a hacer aguas por culpa del sombrío perfil de sus promotores. Un fiasco que ha devenido en crisis en el Pignatelli, edificio que alberga al Ejecutivo autonómico, donde el PSOE echa la culpa a sus socios de gobierno, el PAR, de haberse dejado engatusar por un grupo de empresarios de currículum desconocido.
El Gran Scala de los Monegros ha contado con el padrinazgo del vicepresidente de la DGA, José Ángel Biel, del PAR, y de su consejero de Industria, Arturo Aliaga, también del mismo partido. “Gran Scala es el proyecto más potente desde el punto de vista económico que se está haciendo en Aragón. Desde Fernando el Católico no conozco otro”, llegó a decir Biel como si estuviera pronunciando el sermón de la Montaña. El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, y el PSOE permanecieron al margen de las negociaciones hasta prácticamente el día de la presentación oficial, donde también se dejaron seducir por los cantos de sirena de ILD, la sociedad promotora. Hablaban de 65.000 puestos de trabajo, una inversión de 17.000 millones de euros, una superficie de 2.000 hectáreas, 70 hoteles, 232 restaurantes, 500 comercios, parques temáticos, hipódromo, un campo de golf... Sólo faltaba bailar el can-can. Tal era la melodía de la canción, que el Gobierno aragonés se echó en los brazos de ILD.
Sin embargo, el exhaustivo trabajo de investigación de El Periódico de Aragón y otras informaciones aparecidas (ver el documental de TV3) han conseguido tirar de un soplido el castillo de naipes montado en torno al Gran Scala. Además de saberse que el capital social de Internacional Leisure Development (ILD) es de tan sólo 50.000 libras (menos de 70.000 euros), también ha salido a la luz el farragoso pasado de los promotores del proyecto. Se ha sabido que los corsos Paul Stephane Allegrini y Christian Colus, socios de referencia de ILD y responsables de la dirección técnica, participaron de la aventura de Goldenpot, un casino online que quebró en 2005, siendo desahuciados de sus lujosas oficinas del World Trade Center de Barcelona y dejando un agujero de 350.000 euros.
También ha quedado acreditado que los portavoces oficiales de Gran Scala en España, los catalanes Josep Carreras y Jaume Riera, accionistas del proyecto con un 6%, solicitaron al Gobierno de Aragón una ayuda de cinco millones de euros para desarrollar lo que se ha venido en denominar ‘un motor milagroso’, que funciona con todo tipo de combustible y emite la mitad de CO2, un invento que nada tiene que ver con casinos ni tragaperras sino con argumentos más propios de la ciencia ficción. Según el vídeo de presentación de la ‘cosa’ –una película ambientada con la banda sonora de la película 2001, una Odisea en el Espacio-, los autores del motor son dos serbios: Vidakovic Mladin y Sic Tihomir. En el dossier se utiliza el logo y el nombre del Gobierno de Aragón como reclamo para vender el susodicho invento, algo que ha sido tachado de fraudulento por la plataforma Stop Gran Scala, que ha llevado la información aparecida en El Periódico ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Aragón por si pudiera ser delito.
A la llamada de El Confidencial, portavoces de la promotora Gran Scala se han defendido de estas acusaciones: “Todo lo que se ha dicho sobre Allegrini se basa en informaciones falsas. Estamos estudiando emprender acciones legales. En Goldenpot, Allegrini sólo era un inversor sin capacidad de decisión y además perdió dinero, mientras que Colus era un consultor. En cuanto a Riera y Carreras, ellos tienen su propia empresa, una sociedad que se dedica a otro tipo de inversiones”.
Sin embargo, a pesar de estas explicaciones, el tsunami del Gran Scala ha comenzado a arrasar el Pignatelli. En unas declaraciones recientes, el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias se refería al megacomplejo de los Monegros como una simple idea, no como un proyecto, y echaba balones fuera cuando le preguntaban por el mismo: “Yo no soy el especialista en este tema. Quien tiene más información, quien está más en el proyecto es el vicepresidente”. Fuentes del Ejecutivo regional lo tienen claro: “Hay crisis de Gobierno. No se sabe si antes o después de la Expo, pero hay crisis de Gobierno. Después de lo del Gran Scala, el PSOE quiere quitarse al PAR de en medio. Está dispuesto a gobernar en solitario en Aragón con apoyos puntales de la Chunta”. En petit comité, Marcelino Iglesias (PSOE) echa la culpa a Biel (PAR) del escándalo de los Monegros.
Postrarse de hinojos ante los franceses
La presentación oficial del Gran Scala (ver vídeo) y la firma del protocolo entre el Gobierno de Aragón e ILD tuvo lugar el pasado 12 de diciembre en el Salón del Reino, antigua iglesia del edificio Pignatelli, una capilla que permanece cerrada a cal y canto salvo honrosas excepciones. Aquélla debía serlo. El Ejecutivo regional contrató los servicios de Bassat para la organización del evento y a la agencia de Lalo Azcona para la relación con los medios. Mil quinientos invitados, la mayoría vips, señores de traje y señoras con vestidos de tafetán. Champagne para el cóctel.
En la primera fila, los políticos que se adjudicaban el éxito del Gran Scala, con Iglesias, Biel, Larraz (consejero de Economía) y Aliaga a la cabeza. También estaba Juan Alberto Belloch, alcalde de Zaragoza. Filas más atrás, empresarios de postín como Juancho Entrecanales (Acciona), Guillermo Polanco (Grupo Prisa), Pilar Yarza (editora del Heraldo de Aragón), Alfonso Solans (presidente de Pikolín), directivos de Ferrovial, Cemex... Los constructores y ladrilleros se frotaban las manos: 17.000 millones de euros en inversión, contratas, subcontratas, seis millones de metros cúbicos de cemento. El mayor negocio de la historia reciente de España.
Y en ese mismo salón, en un altillo, los alcaldes de las localidades de los Monegros. Desorientados entre tal marabunta de vips y periodistas, los ediles parecían sacados de Bienvenido, Mr. Marshall. No sabían si les iban a llover millones del cielo por unos terrenos estériles, sólo habitados por conejos y alacranes, o si los inversores extranjeros iban a pasar de largo por delante del Consistorio sin nisiquiera saludar. A la vista de los últimos acontecimientos y a pesar de que en ILD indican que todavía se está negociando con los propietarios del suelo, todo apunta a lo segundo más que a lo primero.
Después de la algarabía inicial, en la Almolda, pueblo de 500 habitantes en el que presumiblemente se va a levantar el Gran Scala, cunde el escepticismo. Los precios del suelo se han disparado y en ILD dan largas a los propietarios de los terrenos. El Ejecutivo de Aragón ha exigido a los promotores un depósito de 20 millones de euros como garantía para la compra del suelo, pero en los Monegros todavía no se ha visto un duro. En la Almolda no hablan corso.
* El Confidencial - Nacho Cardero.- 22/04/200
Foto: Los Monegros (Aragón), vista proyecto Gran Scala
Castedo perdonó a la promotora de Benalúa el medio millón sin ningún trámite legal
INFORMACIÓN/Alicante* : La concejala de Urbanismo, Sonia Castedo, perdonó a la promotora del plan parcial de Benalúa Sur alrededor de medio millón de euros mediante un escrito que no lo pasó por el registro municipal, por lo que carece de valor oficial, y sin ningún informe técnico que avalara su decisión.
Además, en el mismo escrito, la edil del PP liberó a la mercantil de ejecutar unas obras que estaba obligada a hacer, obviando el procedimiento reglamentario, al no valerse de decreto o resolución ejecutiva y con el agravante de que ahora se deberá pagar con dinero de los contribuyentes al tener que ejecutar las obras Ciegsa, una empresa pública del Consell. La edil, sobre este tema, guarda absoluto silencio.
Lo primero que llama la atención de este asunto es que una concejala que lleva al frente de urbanismo cinco años, y nueve como edil del PP, no ha pasado por el registro municipal el escrito en el que comunica a la promotora del plan parcial Benalúa Sur que queda liberada de ejecutar la obra de los muros de contención. Sin el sello del registro Castedo sabe, perfectamente, que un escrito como éste carece de valor oficial. Por tanto, sólo se puede entender como una misiva particular, pero resulta obvio que un asunto tan importante, como perdonar una obra de esta relevancia, y eximirle del pago de su importe, desborda la esfera particular de la concejala, al tratarse de dinero público. Hay que tener en cuenta que ahora la obra la va a ejecutar y financiar Ciegsa, por lo que el "regalo" de la edil a una mercantil privada se va a pagar con dinero de los contribuyentes.
Resulta sorprendente, por tanto, que Castedo tomara una decisión de tal relevancia, que anula una obligación de una mercantil, modifica la construcción de un colegio y obliga a las arcas públicas a desembolsar el importe de unas obras que no le corresponden, mediante un escrito particular, cuando por experiencia es seguro que sabe que una decisión como ésta debe de estar avalada por una resolución ejecutiva, ya sea un decreto de la propia edil o incluso un acuerdo de la Junta de Gobierno Local.
Tercer aspecto
Un tercer aspecto irregular de este asunto es que Castedo tampoco acompaña su escrito con informe técnico alguno en el que se justifique el perdón del medio millón de euros a la mercantil, por lo que, a la vista del escrito, se trata de una decisión personal sin más apoyos. Este periódico pidió a Castedo aclaraciones sobre este asunto el pasado jueves, y lo único que acertó a esgrimir la concejala es que se libera a la mercantil de las obras para poder acelerar las mismas del colegio de Benalúa. Es cierto que Ciegsa puede hacer las obras con más premura pero sorprende que los costes de las obras las asuma la empresa pública y no se carguen a posteriori a Prasa, como es habitual en estos casos.
Otra razón esgrimida por la concejala, tras advertírselo este periódico, es que la construcción del colegio la va a poder llevar a cabo Ciegsa por un "favor" de la mercantil urbanizadora del plan parcial, puesto que es la única que puede realizar obras en estos terrenos por ser la adjudicataria.
Desde el pasado jueves, la titular de la Concejalía de Urbanismo guarda un absoluto mutismo sobre este asunto y no ha dicho nada al respecto, hasta el punto de que, tal como ya se indicó, no replicó en el pleno a la acusación de la portavoz municipal socialista, Etelvina Andreu, de que regala el dinero del ciudadano a empresas privadas. Ayer tampoco atendió a la llamada telefónica de este periódico con mensaje incluido del tema a tratar.
No obstante, la mejor explicación de la edil es su propio escrito, que se reproduce al lado. Además, Castedo efectuó gestiones ante Ciegsa para liberar a Prasa de las obras del muro. Así, en otro escrito previo al "regalo", la edil pidió confirmación a la empresa pública que construye los centros escolares de la Generalitat de que en las obras a ejecutar del colegio Benalúa se incluye la construcción de los referidos muros de contención. Ciegsa, mediante misiva de su consejero delegado, lo ratificó el 4 de abril pasado, precisando que responde "a solicitud del Ayuntamiento".
Obviamente, el responsable de la empresa pública, pese a que sólo se limita a confirmar la ejecución de unas obras, sí pasó su escrito por el registro oficial, al contrario que la titular del Urbanismo municipal.
El PSOE acudirá a la Justicia si en diez días no rectifica
La portavoz municipal socialista, Etelvina Andreu, manifestó ayer que su partido emprenderá acciones judiciales contra Sonia Castedo si en diez días la concejala de Urbanismo no rectifica en este asunto y "legaliza" la situación.
Etelvina Andreu subrayó que la concejala de Urbanismo no tiene potestad ni autoridad para perdonar estas obras a una empresa mediante un escrito que no ha pasado por registro.
Presunta malversación
La portavoz socialista recalcó que Castedo podría haber cometido sendos delitos de malversación de fondos públicos y usurpación de funciones, tanto por perdonar un dinero que ahora tendremos que pagar los contribuyentes, como por decidir mediante un escrito particular lo que tendría que resolverse mediante resolución de un órgano municipal.
La concejala del PSOE insistió en el ultimátum a la concejala de Urbanismo y le pidió que legalice la situación en los diez días indicados, ya que de lo contrario el asunto llegará a la vía judicial.
Etelvina Andreu ya abordó este asunto en el pleno municipal del pasado viernes, donde agitó el recorte de la noticia publicada por este periódico, y acusó a Sonia Castedo de "regalar el dinero público a empresas y promotores privados", pero obtuvo la callada por respuesta.
* Información - MANUEL DOPAZO - 22 de abril de 2008
Foto: Alicante, plan Benalúa Sur - laverdad.es
«Mientras los Ayuntamientos se financien con el urbanismo, habrá corrupción»
ABC* : El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Valencia, Joaquín Baños, aseguró ayer que la gestión del suelo por parte de los Ayuntamientos favorece los episodios de corrupción. «El urbanismo es la principal fuente de financiación de los Ayuntamientos, y mientras no deje de serlo, seguirá habiendo episodios de corrupción», explicó Baños.
«Cuanto más se construya más recaudan los Consistorios que otorgan las licencias», añadió el representante del Ministerio Público, que ayer coincidió con otros juristas, entre los que figuraba el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, Edilberto Narbón, en una mesa coloquio celebrada en el Colegio de Abogados de Valencia.
El representante del Ministerio Público lamentó la falta de colaboración de las Administraciones Locales en la persecución de los delitos urbanísticos, aquellos que cometen quienes construyen sin licencia o quienes la conceden en contra del ordenamiento jurídico. A este respecto, precisó que la mayoría de las diligencias que se incoan en Sección de Medio Ambiente de la que es responsable están relacionadas con el urbanismo. «Sólo un porcentaje pequeño son denuncias de Ayuntamientos, a pesar de que tienen la obligación de poner en conocimiento de la Fiscalía cualquier irregularidad cometida por promotores, constructores o particulares, pero muchas veces hacen la vista gorda», explicó.
Dilación en los procedimientos
El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, Edilberto Narbón, centró su intervención en denunciar las dificultades que encuentran los tribunales para hacer cumplir las resoluciones que ellos mismos dictan y restituir la normalidad urbanística allí donde se ha visto alterada vulnerando la legalidad.
Ante una denuncia contra un PAI o contra una licencia, lo ideal sería optar por su suspensión, pero la dilación en la resolución de los procedimientos, que puede demorarse hasta siete años si pasan por el TSJ y luego por el Tribunal Supremo, hace que esta solución tajante se adopte en casos excepcionales. Es muy complicado paralizar durante siete años la actividad urbanizadora, salvo que confluyan graves y manifiestas ilegalidades.
La complejidad y duración de estos procedimientos imposibilita, muchas veces, la ejecución de la sentencia porque ésta llega cuando las casas están construidas, vendidas e hipotecadas y la constructora se ha disuelto. La solución, entonces, es declarar inejecutable el fallo o hacer recaer sobre la Administración el peso de la demolición o la indemnización.
* ABC - I. R. T. VALENCIA - 22 de abril de 2008
Viñeta: El Roto - elpais.com
