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LNE/Asturias* : El Ayuntamiento de Llanes ha recibido un nuevo varapalo judicial, el enésimo en materia de urbanismo. Los tribunales de justicia han anulado la adjudicación de la redacción de la revisión del Plan General de Ordenación (PGO), lo que obligará al organismo local a empezar otra vez de cero la redacción del futuro planeamiento; esto es, a regresar al punto en el que se encontraba hace casi dos años. La sentencia es firme. El Ayuntamiento deberá pagar 19.200 euros a una de las empresas que participó en el concurso, la que, según la juez Pilar Martínez Ceyanes, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Oviedo, debió ser la adjudicataria. Y habrá de convocar de nuevo el concurso para la redacción del planeamiento.
El Ayuntamiento ha perdido dos años en la carrera contra el reloj que había iniciado, de la mano del Gobierno del Principado, para aprobar un nuevo plan general antes de que el Tribunal Supremo corrobore o rechace la anulación del anterior planeamiento, decidida por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).
¿Por qué ha anulado la juez la adjudicación de la redacción del plan? Porque el Ayuntamiento debió haber declarado ganadora a otra empresa, la de Carmen Andrés Mateos y Llanos Masiá González, las mismas que recurrieron la adjudicación, en lugar de a Equipo Redactor Malt S. L. La juez dejó bien claro que la empresa a la que el Ayuntamiento adjudicó la redacción del plan, el 14 de enero de 2009, presentó una oferta peor y debió obtener menos puntos que la que fue desechada.
La juez destaca en la sentencia que sólo uno de los integrantes de la mesa de contratación señaló, de forma justificada y motivada, que la oferta de Carmen Andrés y Llanos Masiá era mejor que la de Malt S. L. Claro que esa persona era, precisamente, el único técnico especialista en la materia de la mesa, el arquitecto Manuel Carrero de Roa. Los demás eran representantes políticos. Pero no sólo lo ha dicho Carrero de Roa, también un informe del Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid, encargado por la juez, señaló, «sin ningún género de dudas», que la superioridad de las recurrentes sobre Malt S. L. es «notoria» en el apartado «Programa de trabajo» y es igualmente superior en «Actividad investigadora», «Actividades docentes» y «Publicaciones», todas ellas puntuadas en el concurso.
La sentencia es contundente: la juez afea al Ayuntamiento que haya utilizado el «margen de discrecionalidad de que goza la Administración a la hora de valorar las ofertas» para caer «de lleno en la arbitrariedad». Sobre todo porque los dirigentes locales respaldaron su decisión de adjudicar la redacción del plan a Malt S. L. con un informe que la propia juez califica de «anónimo», puesto que no está firmado y fue encargado «en el propio seno del Ayuntamiento», en concreto a la oficina municipal de Urbanismo.
El informe, que avaló la elección de Malt S. L., adolece, según la juez, de una «absoluta falta de motivación», que es «meridiana y patente» cuando se intenta justificar la puntuación otorgada a los candidatos, atribuyendo a Malt S. L. «criterios tan genéricos» como «mejor encuadre urbanístico global», «mejor expresión metodológica, sistematización y tiempos» o «mejor propuesta respecto a participación e información ciudadana». Frases vacías con las que, según la juez, se intentaron «rellenar artificialmente» los criterios del concurso.
* La Nueva España - 21.09.10
Foto: Llanes (Asturias) - lavozdegalicia.es
Llanes.- La juez anula la adjudicación del plan general, en un nuevo varapalo al urbanismo local
Barcelona.- El fiscal reclama de nuevo la declaración de Millet y de Montull por el hotel
ELPERIÓDICO* : La Fiscalía de Barcelona ha solicitado a la jueza Míriam de la Rosa que cite de nuevo a declarar como imputados al expresidente del Palau de la Música, Félix Millet, y a su mano derecha, Jordi Montull, a raíz de la investigación abierta por el hotel de lujo que se pretendía construir en las cercanías del auditorio. En el caso de que la magistrada decidiera admitir la petición del fiscal de delitos urbanísticos, Antoni Pelegrín, sería la tercera vez que los exdirectivos del Palau tengan que declarar por presunto tráfico de influencias, prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas) y falsedad documental. La intención es que los imputados aclaren el pago de 900.000 euros a la constructora Olivia Hotels.
El fiscal ha solicitado la comparecencia de nuevos testimonios --la mayoría, personal de la Administración-- y varios documentos. Esta declaración será posible gracias a la admisión de nuevas pruebas que no se conocían cuando los imputados comparecieron por primera vez, en el mes de junio. Durante la segunda declaración como imputados, el 9 de septiembre, la defensa de Millet y Montull consiguió evitar que se les preguntara por esas pruebas, argumentando que el interrogatorio debía limitarse a cuestiones relativas a la ampliación de la querella.
* El Periódico - 20.09.10
Foto: Barcelona, interior Palau_Musica - eldebat.cat
Ecologistas piden a la UE una investigación sobre los rellenos en Gibraltar
SUR* : Verdemar-Ecologistas en Acción anunció ayer que va a exigir a la Unión Europea (UE) que abra una investigación sobre los rellenos que se realizan en la zona Este de la colonia británica de Gibraltar, declarado como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Según explicó el portavoz del colectivo ecologista en el Campo de Gibraltar, Antonio Muñoz, en 2005 comenzaron a movilizarse para mostrar su preocupación por este asunto, enviando misivas al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y llegando a reunirse con responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores, entre otras autoridades, para que este tipo de acciones fuesen paralizadas.
El portavoz ecologista justificó la necesidad de que la Unión Europea tome cartas en el asunto, argumentando que Gibraltar está ganando terreno al mar en un LIC, apuntando además las sospechas de Verdemar de que puedan estar utilizándose para dichos rellenos «residuos peligrosos».
Según la información recopilada por Europa Press, el Gobierno central ha transmitido «repetidas veces» al Reino Unido su preocupación por las consecuencias medioambientales que puedan acarrear las labores de relleno que se realizan en la zona Este del Peñón para construir zonas deportivas y residenciales.
Finalmente, Muñoz también reiteró que Verdemar-Ecologistas en Acción pedirá una investigación sobre este asunto ante la UE, donde, a instancias del colectivo, continúa un proceso contra el bunkering a través de gasolineras flotantes en aguas del Estrecho.
Recientemente, los ecologistas también anunciaron una denuncia ante el Parlamento Europeo pidiendo su intervención por las «explosiones submarinas» de «material militar caducado» que supuestamente lleva a cabo el Ministerio de Defensa Británico en aguas del Estrecho cercanas a Gibraltar.
Esta denuncia también ha sido realizada públicamente por el Ayuntamiento linense, ya que se considera que estos trabajos de relleno en la cara Este del Peñón está afectando a las playas del litoral de La Línea y pueden suponer un riesgo importante a corto plazo para el medio ambiente.
* SUR - 20.09.10
Foto: El montón de arena de considerables proporciones que se aprecia en la zona Este de Gibraltar.- diariosur.es
Castilla y León.- El juez del 'caso Gürtel' pide nuevos informes sobre la adjudicación de obras en la región
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NORTECASTILLA* : El juez Antonio Pedreira, que instruye el 'caso Gürtel' en Madrid, ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que se pronuncie sobre varios informes policiales que apuntan a tres adjudicaciones a empresas implicadas en la trama corrupta que alcanzan al Gobierno de Castilla y León, según indicaron a fuentes jurídicas. Asimismo, las mismas fuentes señalaron que una de las adjudicaciones anteriormente señaladas se refiere a un centro de residuos en la ciudad de Salamanca, cuya construcción se adjudicó por 22 millones de euros a las empresas Sufi y Teconsa, implicadas en la trama corrupta.
Otra de las adjudicaciones se relaciona con la adjudicación de la variante de Villanueva de Mena, en la provincia de Burgos.
El alcance de la trama a la Junta de Castilla y León ya estaba patente en el sumario. Así, consta un informe que indica que la constructora Teconsa, que ganó el concurso en Castilla y León para construir un tramo de la variante de Olleros de Alba (León) por 2.847.959 euros, pagó supuestamente una comisión de 73.655 euros (aproximadamente el 3% del contrato, descontando el IVA) a Francisco Correa, quien a su vez repartió supuestamente el botín entre dirigentes del Partido Popular, entre ellos el tesorero, Luis Bárcenas.
* El Norte de Castilla - EP. - 21.09.10
Foto: Olleros (León) - mispueblos.es
Anticorrupción se opone a que Boadilla asuma una deuda de Correa
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ELPAÍS/Madrid* : La fiscalía anticorrupción se opone a que la empresa municipal del suelo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (43.414 habitantes) asuma una hipoteca de 7,1 millones de euros que la empresa Artas Consultores, propiedad de Francisco Correa, tiene con una entidad financiera. La última palabra la tiene el magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, que será quien tome la decisión acerca de si permite esta operación, que posibilitaría al Consistorio de Boadilla recuperar el uso de 33 locales comerciales y 138 aparcamientos en la zona del municipio denominada Residencial Siglo XXI.
La empresa Artas Consultores está intervenida judicialmente, por lo que cualquier operación debe tener la autorización de la autoridad competente, en este caso el juez Pedreira.
Los locales comerciales y aparcamientos que trata de rescatar el Consistorio fueron adjudicados por la empresa municipal del suelo de Boadilla -cuyo gerente era otro imputado en el Gürtel: el diputado regional Alfonso Bosch Tejedor- en 2005 a la empresa Rústicas MBS, encabezada por Ramón Blanco Balín.
Este empresario, también imputado por los delitos de fraude fiscal y evasión de capitales en el caso, es considerado uno de los testaferros de Correa, finalmente traspasó la propiedad a otra sociedad: Artas Consultores, dirigida por él mismo.
Pero un informe de la Agencia Tributaria que obra en el sumario de la operación que inició el juez Baltasar Garzón destapó que Artas Consultores es, en realidad, propiedad de Correa, aunque también fueron accionistas de la misma Bosch Tejedor y Tomás Martín Morales, ambos acusados en Gürtel. Precisamente el parlamentario, expulsado del grupo parlamentario popular en la Asamblea, fue el encargado de rebajar el canon anual que debía pagar la empresa al Ayuntamiento, que pasó de 244.750 euros a 84.344 euros, aumentando los años de concesión de 75 a 99 años. No obstante, la investigación del juez ha puesto de manifiesto que esta empresa de Correa no ha llegado a pagar ni un solo euro por el canon.
El juez Pedreira está en espera de recibir un informe de los funcionarios de la Intervención General del Estado, que hace dos meses recibieron el encargo de que investigaran la mencionada operación. Con toda esta documentación sobre la mesa, incluyendo un informe de la empresa acerca de una valoración realizada por técnicos de la Comunidad de Madrid, el magistrado tendrá que tomar una decisión al respecto. También tendrá que decidir si llama a declarar como imputado al actual alcalde de Boadilla, Juan Siguero (PP), presuntamente por facilitar información municipal confidencial a las empresas de la trama Gürtel.
Un portavoz del Ayuntamiento aseguró ayer que el Consistorio aprobó la operación con la intención de desbloquear una de las zonas comerciales más importantes del municipio.
* El País - 20.09.10
Foto: Algunos de los locales cedidos por el Ayuntamiento de Boadilla a la empresa de Correa - elpais.com
'Malaya': Cuenta atrás para juzgar la mayor trama de corrupción
SUR/Málaga* : Hace cuatro meses que la fecha está registrada en varios centenares de agendas. 27 de septiembre. 10.00 horas. La anotación, sin embargo, apenas ha sido consultada desde entonces. Mucho menos en las últimas semanas. No hay riesgo de que ninguna de las partes implicadas se olvide. Funcionarios de la Administración de Justicia, periodistas y abogados, entre otros, tienen muy presente que dentro de ocho días echará a andar, con las cuestiones previas, el juicio por el caso más célebre de la historia de la democracia española, el único que ha originado la disolución de una Corporación municipal. Cuatro años y medio después de que se destapara el 'caso Malaya', los 95 acusados en el procedimiento se sentarán en el banquillo para responder por la supuesta trama de corrupción municipal acunada en Marbella, aunque con ramificaciones patrimoniales y bancarias en buena parte del territorio nacional y vinculaciones bancarias en el extranjero, cuyos ecos mediáticos resonaron en medio mundo.
27 de septiembre. 10.00 horas. Son los penúltimos números -los últimos llegarán con la sentencia- de una causa marcada por las cifras, que han permitido esbozar la trascendencia del procedimiento y la relevancia de las presuntas actividades delictivas que se atribuyen a los acusados. No en vano, 'Malaya' se ha convertido por méritos propios en el mayor macroproceso de la historia judicial de nuestro país. El caso llegó a superar el centenar de imputados, aunque finalmente serán 95 las personas juzgadas, para las que, en su conjunto, la Fiscalía Anticorrupción solicita más de 450 años de cárcel y reclama multas que superan los cuatro mil millones de euros.
Durante la instrucción se archivaron las actuaciones respecto a varios encausados y se extinguió además la responsabilidad penal sobre tres imputados debido a su fallecimiento. El número definitivo de procesados quedó en 98, pero, salvo sorpresa de última hora, ni los ex concejales Carlos Fernández y Javier Lendínez ni el empresario José Manuel Carlos Llorca Rodríguez se sentarán en el banquillo de los acusados. Los tres se encuentran huidos de la justicia y han sido declarados en rebeldía por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga, tribunal encargado de juzgar el caso.
Quien sí estará será el principal acusado, Juan Antonio Roca, el supuesto cerebro de la trama de corrupción. La Fiscalía le considera el jefe de la organización delictiva, el hombre que durante lustros dominó el urbanismo de Marbella a la sombra del desparecido ex alcalde Jesús Gil, primero, y que se convirtió en el auténtico regidor de facto del Ayuntamiento, después. La mayor parte de las cifras de 'Malaya' están relacionadas con el ex asesor que, según el Ministerio Público, consiguió amasar una fortuna de más de 200 millones de euros en apenas una década.
Entre los bienes intervenidos a Roca por la Policía durante los registros practicados entre los últimos días de marzo y los primeros de abril de 2006 se dieron cita varias fincas, palacios, un hotel, obras de arte, un avión, un helicóptero o ganaderías de toros bravos y caballos pura sangre. Según la Fiscalía, el presunto cerebro de la trama recibía aportaciones de empresarios a cambio de resoluciones urbanísticas favorables y utilizaba parte de ese dinero para supuestamente corromper a los concejales del Consistorio marbellí que a partir de la próxima semana se sentarán a su lado en el banquillo de los acusados. Entre ellos, dos ex alcaldes: Julián Muñoz y Marisol Yagüe.
Treinta años para Roca
Los investigadores cifran en más de 33 millones de euros la cuantía recibida por Roca entre 2001 y 2006 por parte de una veintena de empresarios. Calculan además que a través de las 71 sociedades vinculadas al ex asesor urbanístico, gestionadas por sus supuestos testaferros, se blanquearon cerca de 240 millones de euros. Por todo ello, el Ministerio Público pide para el acusado una pena de 30 años de cárcel y 810 millones de euros de multa por un delito continuado de blanqueo de capitales en el ámbito de una organización delictiva en la que ostentaba la cualidad de jefe y los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y cohecho. La petición de pena para Roca se amplía en el caso del resto de acusaciones. El Ayuntamiento de Marbella solicita 39 años de prisión para el ex asesor urbanístico, mientras que la Junta de Andalucía eleva la demanda hasta los 40 años.
En el caso de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, Anticorrupción reclama para ella 20 años de cárcel. Su antecesor, Julián Muñoz, se enfrenta a una pena de diez años de prisión, mientras que para la ex primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, el Ministerio Público demanda al tribunal doce años de cárcel.
Entre los números vinculados al 'caso Malaya' no existe, sin embargo, un cálculo del supuesto perjuicio ocasionado a las arcas municipales. La indemnización que la Fiscalía establece para el Ayuntamiento de Marbella es de más de 4,1 millones de euros, alrededor de un uno por ciento de los más de 4.000 millones de euros exigidos en multas. El equipo de Gobierno considera la cantidad ridícula, aunque en su escrito de acusación solo suma diez millones más en concepto de responsabilidad civil. El Ministerio Público refleja también en este ámbito las supuestas cuotas defraudadas a la Agencia Tributaria por parte del ex primer teniente de alcalde Pedro Román, el abogado Juan Hoffman y el ex comisario Florencio San Agapito, a los que reclama indemnizaciones a Hacienda de más de seis millones.
Pero 'Malaya' no es solo un caso de ciencias, también hay letras. Entre estas últimas, las iniciales de la documentación intervenida en los registros que permitió a los investigadores descubrir a los empresarios que supuestamente entregaron dinero a Roca y a los entonces ediles a los que el ex asesor urbanístico supuestamente pagó para que se cumplieran sus directrices a la hora de aprobar licencias de construcción. También las del decreto del Gobierno central por el que se disolvió la Corporación municipal para crear una gestora que estuvo al frente del Ayuntamiento hasta las elecciones de 2007, una medida extraordinaria en la historia de la democracia.
Durante un tiempo parecía que la corrupción era patrimonio exclusivo de Marbella, pero 'Malaya' abrió la veda para que se destapara un importante número de causas por delitos similares que ha salpicado buena parte del territorio nacional. Cuatro años y medio después la Audiencia Provincial abre el telón para que de comienzo al último acto judicial del proceso. En ocho días se juzga parte de la historia más negra de Marbella.
LAS CIFRAS DEL CASO
4.000
millones de euros es la cifra a la que ascienden las multas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción a los 95 acusados en el 'caso Malaya'.
450
años de cárcel pide para los encausados el Ministerio Público, que solicita para el supuesto cerebro de la trama de corrupción municipal, Juan Antonio Roca, treinta años de prisión.
240
millones de euros se habrían blanqueado a través de 71 sociedades vinculadas al principal acusado, según establecen las investigaciones.
200
millones de euros es la fortuna que, según Anticorrupción, amasó en una década Roca, al que una veintena de empresarios habrían pagado 33 millones entre 2001 y 2006 por resoluciones urbanísticas favorables.
4,1
millones de euros es la indemnización que, en concepto de responsabilidad civil, solicita la Fiscalía para el Ayuntamiento de Marbella. El equipo de Gobierno considera la cantidad ridícula para el dinero «expoliado» de las arcas municipales.
* SUR - 19.09.10
Foto: El 'caso Malaya' se destapó el 29 de marzo de 2006, cuando la Policía tomó el Ayuntamiento de Marbella para registrar sus instalaciones.- SUR
Cadenas en el Valle de Ayora contra el almacén nuclear de Zarra
LEVANTE/Valencia* : Miles de vecinos de la comarca del Valle de Ayora --unos 2.000 según la organización-- han cortado este lunes las dos carreteras de acceso a la localidad valenciana de Ayora en ambos sentidos tras encadenarse a las vías en protesta por la posible instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en el municipio de Zarra, sito en la misma comarca. Así lo ha explicado a Europa Press el portavoz de la Plataforma contra el almacén de residuos nucleares en Zarra (Valencia), Pepe Cerdà, quien ha señalado que en primer lugar los vecinos se han encadenado en la carretera N-330, a su paso por Ayora, y a continuación han hecho lo mismo con la CV-440.
La N-330 es la vía de acceso a la Central Nuclear de Cofrentes y no puede permanecer cortada al ser una carretera de evacuación en caso de accidente. Con esto, ha remarcado Cerdà, los vecinos quieren mostrar al Ejecutivo español de lo que son capaces con tal de evitar la instalación del almacén nuclear en Zarra.
Durante la protesta, los manifestantes portaban pancartas y camisetas en las que se podía leer lemas como 'No queremos el ATC en Zarra', 'No somos una comarca basura', 'Ni un solo bidón radioactivo va a entrar al Valle de Ayora' o 'No nos engañeis, trabajo no dareis', a la vez que los vecinos, con "los ánimos muy encendidos", según Cerdà, coreaban a gritos estas consignas.
La Plataforma contra el ATC de residuos nucleares en Zarra ya cortó en la tarde del pasado domingo la autovía que une Madrid-Alicante, a la altura del término de Almansa (Albacete) y tiene programado el próximo miércoles, a las 12.00 horas, una concentración en Madrid frente al Ministerio de Industria y otra el jueves frente a la Delegación de Gobierno de la Comunitat Valenciana.
En la concentración frente al Ministerio exigirán que les muestre el informe que presentó al Consejo de Ministros la Comisión Interministerial encargada de elegir el emplazamiento más adecuado para el ATC de residuos nucleares en el que la candidatura de Zarra obtiene la mejor puntuación
Esta última concentración está convocada por la Plataforma Tanquem Cofrents, que en un comunicado ha hecho una llamada a la sociedad civil, a las instituciones y a la ciudadanía para que acudan a las 19.30 horas a las puertas de la Delegación de Gobierno para expresar su rechazo a la instalación del ATC en el municipio de Zarra.
"NO SE PUEDE DESARROLLAR UN PAI"
Asimismo, el representante de la Plataforma ha acusado al Gobierno de "mentir" ya que, a su juicio, "no tiene disponibilidad inmediata de los terrenos" puesto que "no se puede desarrollar un Plan de Actuación Integral (PAI)" en esta zona. En el informe, Zarra obtiene una calificación de "muy bueno" en once de las veinte categorías evaluadas, incluidas las de calificación urbanística, topografía, actividades nucleares o distancia de transporte, entre otras.
Algunos representantes de la Plataforma contra el ATC en Zarra se reunirán sobre las 18.30 horas del lunes con el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, el portavoz socialista en las Corts Valencianes, Ángel Luna, y la secretaria general del PSPV en la provincia de Valencia, Carmen Martínez, en la sede valenciana de la formación socialista para abordar la instalación del ATC, según ha informado este lunes el PSPV en un comunicado.
* Levante - 20.09.10
Foto: Coches en la protesta de ayer en la A-31 en Almansa.- Levante
