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CANARIAS7* : Más de dos horas estuvo declarando ayer ante la juez ex alcalde y actual portavoz del PSC en el Ayuntamiento de Granadilla, Jaime González Cejas, acusado de prevaricación urbanística, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. La juez le mantiene las tres imputaciones.
Jaime González Cejas llegó a los Juzgados de Granadilla tranquilo y defendiendo su gestión al frente del Ayuntamiento. A las doce de la mañana estaba citado para prestar declaración como imputado por un presunto delito de tráfico de influencias, malversación y prevaricación.
Los presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias tienen que ver con la aprobación del Plan Parcial Médano Park, promovido por la sociedad Médano Beach Sur SA, en la que González Cejas tiene el 2% de las acciones. El de prevaricación está relacionado con la concesión de licencias urbanísticas con informes negativos.
González Cejas dijo tras prestar declaración que está «tranquilo» y que confía en la Justicia. El ex alcalde socialista, que mantiene las imputaciones, recordó que ya se archivó una denuncia presentada, como esta, contra el anterior grupo de gobierno en la que se le acusaba de destruir documentación comprometida y relacionada con el caso que ahora se investiga y que, por tanto, espera que en esta ocasión también se demuestre que todo son «maquinaciones».
El anterior gobierno fue denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción por la ahora alcaldesa de CC, Carmen Nieves Gaspar, y fue la fiscal quien llevó el caso a los juzgados.
* Canarias 7 - R.R.
Santa Cruz de Tenerife - 12 julio 2008
Foto: Granadilla (Tenerife), puerto - canarias7.es
El ex alcalde de Granadilla, ante el juez por prevaricación
Piden multa para el ex alcalde de Cómpeta acusado de autorizar construcciones sin informes
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SUR/Málaga* : La Fiscalía de Málaga ha solicitado pena de multa e inhabilitación para el ex alcalde de Cómpeta Leovigildo López, al que acusa de conceder licencias de obra "careciendo del procedimiento establecido", sin los informes técnicos y jurídicos necesarios sobre la clase de suelo en el que se iba a construir.
Según las conclusiones provisionales del fiscal, en julio de 2002 y en enero de 2003 el acusado, como alcalde del municipio, acordó por decreto dar licencias para la construcción de un almacén y para la construcción de una planta más destinada a vivienda en el Paraje Loma de Sarja.
Estas autorizaciones se concedieron, según el escrito inicial de la acusación pública "con ausencia absoluta de cualquier procedimiento administrativo ni informe técnico ni jurídico sobre la condiciones, clase y protección del suelo".
De esta forma, se llegó a construir una vivienda de unos 250 metros cuadrados en suelo no urbanizable, con protección cautelar. Así, la Unidad de Cuerpo Nacional de Policía Autonómica inspeccionó la zona el 10 de febrero de 2004 y requirió al Ayuntamiento los expedientes de obra.
El ministerio fiscal señala que sólo en ese momento la Secretaría del Consistorio "hizo constar que la licencia fue concedida careciendo del procedimiento legalmente establecido, al carecer de los oportunos informes tanto técnicos como jurídicos", ambos de fecha de 16 de febrero de 2004.
Asimismo, según las conclusiones provisionales, el arquitecto municipal informó de la apertura de expediente sancionador, con fecha del 19 del mismo mes; y del decreto de suspensión de las obras del alcalde, de fecha de 25 de febrero de ese mismo año.
Para el fiscal, los hechos constituyen un delito continuado de prevaricación urbanística, solicitando una pena de multa de 10.800 euros e inhabilitación especial para el empleo o cargo público por un periodo de nueve años. Además, se propone acordar la nulidad de ambas licencias.
* SUR - Europa Press - 12.07.08
Foto: Cómpeta (Málaga) - buscarural.com
'Mobbing' inmobiliario en 12 metros cuadrados
ELMUNDO/Madrid* : Pilar vive en una casa donde quieren construir un bloque de 40 pisos. 'Espantaviejas', acoso inmobiliario, 'mobbing'... Muchos son los términos que, nacidos de la mano del 'boom' del ladrillo, se han utilizado para definir el fenómeno por el que el propietario de una vivienda 'invita' a abandonarla a sus inquilinos por las buenas, al principio, y si es necesario, por las malas.
Pilar Díaz padece este acoso en una casa de 12 metros cuadrados franqueada por una grúa lista para construir. Contrato de alquiler indefinido en mano, ella está dispuesta a resistir. No tiene dónde ir más allá de este humilde hogar que amenaza a ruina. En el polo opuesto, la propiedad lo niega todo y dice que sí se han hecho reformas en el inmueble.
Pilar, que convive con su perro Pizca, lleva 24 años residiendo en este inmueble con aspecto de chabola en el barrio de Tetuán de Madrid, entre Valdeacederas y la Avenida de Asturias. Curiosamente, muy cerca de la Oficina de Vivienda de la Comunidad de Madrid. Hace ya casi un cuarto de siglo firmó un contrato indefinido con un particular que posteriormente vendió la casa, y por lo tanto el terreno, a una promotora inmobiliaria.
Desde hace siete años está pidiendo que le arreglen su hogar a la Junta Municipal sin obtener respuesta positiva. Hoy, la vivienda cumple los requisitos básicos de habitabilidad y está repleta de grietas. Un hogar tercermundista en pleno Madrid. Ante nuestros ojos, Pilar llama al teléfono de ayuda al afectado por 'mobbing' (900 900 707) y la única solución que le dan es acercarse a la oficina del IVIMA para informarse.
"En la Junta Municipal me han dicho que están esperando que se caiga algo y echarme a la calle. Yo no puedo tocar nada. Cuando la casa se declare en ruina, la derribarán y me tendré que ir a vivir debajo de un puente o a una tienda de campaña", indica desesperada Pilar, que paga de alquiler 48,69 euros al mes más otros tres euros de tasas bancarias. Dinero que desembolsa religiosamente mes a mes por 12 metros distribuidos en un baño, cocina, 'salón' y dormitorio. Imagínense, o mejor vean en el vídeo, las superficies minis de estas estancias. En los últimos años la casa ha crecido merced al añadido de la parte del patio que le correspondía, otros 15 metros más que están al aire libre.
Su pequeña casa se ha quedado atrapada entre dos de los inmuebles de sus antiguos vecinos. Sus anteriores cinco vecinos de 'corrala', todos ellos propietarios, vendieron en su día el suelo de sus hogares por grandes cantidades económicas para que ahí se levantara un bloque de unos 40 pisos nuevos.
A Pilar le ofrecieron, al ser inquilina, 10 millones de las antiguas pesetas. "Me quisieron comprar con 10 millones de pesetas, pero con la edad que tengo, dónde voy con ese dinero. No tengo ni para dar la entrada en un pueblo", afirma. Pilar nos enseña donde la grúa, asentada en el solar liberado, golpeó un tabique colindante con su hogar e hizo temblar los cimientos y agrietarse un poco más Ladera, 12, dirección antigua del inmueble.
Otra de las propuestas que le han hecho llegar, a través de su abogada, fue la de proporcionarle un piso en el edificio que se construiría de las mismas características a su actual hogar por 300 euros mensuales de arrendamiento.
"Díganme ustedes de qué vivo yo entonces. Si cobro 600 euros y la mitad me lo gasto en el alquiler. ¿Con qué pago el agua, la luz, el teléfono, la comida, etc.?", declara acongojada la afectada. Pilar también nos confiesa que hace unos meses contactó personalmente por teléfono con Juan Van-Halen, director de Vivienda de la CAM. "Me dio muy buenas palabras y se mostró muy interesado por mi problema. Me animó a apuntarme al sorteo de una vivienda protegida del IVIMA diciendo que a principios de año habría un sorteo. Así lo hice, pero aún no he tenido noticias de mi petición", señala Pilar. No duda en confesarnos que le da vergüenza invitar a sus familiares y amigos a casa. Y no nos extraña.
'La propiedad está esperando que se declare en ruina'
"En el caso de Pilar, falta que las autoridades tomen medidas urgentes. Tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad han acordado que la propiedad realice las obras, pero ésta desoye el mandato porque les sale más barato pagar las denuncias. Nosotros pedimos que estos órganos oficiales hagan las reformas en ejecución sustitutoria porque las pueden hacer, está dentro de sus competencias. A esta petición ya no nos han dado respuesta", dice Isabel Torralba, abogada de Pilar y presidenta de la Cámara Oficial de Inquilinos de Madrid.
Torralba se muestra en total acuerdo con las medidas que se están tomando desde el Gobierno central para erradicar el 'mobbing' inmobiliario. "La idea del fiscal especializado me parece estupenda. Yo lo extendería a nivel nacional, pero también impulsaría juzgados especializados en este fenómeno igual que hay de familia, de lo social, hipotecarios, etc.", apunta la abogada. Torralba recuerda que la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos) y el Código Civil obligan a la propiedad a tener la vivienda en perfectas condiciones de uso y habitabilidad. "Tienen que hacer la obra por activa o por pasiva".
En cuanto a las ofertas realizadas a Pilar, las califica como un 'bluff', "globos que después se pinchan". "Estas proposiciones se hacen para ver si en un momento determinado firma algo y se va por aburrimiento". Pilar y su abogada piden que se le deje una vivienda con un contrato en similares condiciones al que tiene, "incluso Pilar está dispuesta a una subida de renta", dicen. Torralba siempre nos habla de 'mobbing' solapado para que las víctimas sepan distinguirlo de cualquier otra presión. "Éste no se hace por escrito ni a cara descubierta.
Se suele hacer mediante llamadas de teléfono o terceros. Lo mejor es no hacer caso de esto y pedir que todo se haga por escrito", indica Torralba. Si usted sufre estos síntomas, puede estar siendo víctima de 'mobbing' inmobiliario.
La promotora tira balones fuera y niega esta situación
"No la queremos echar. En absoluto. Está muy de moda esto del acoso a la inquilina y en este caso no es así. Antes había otros cinco inquilinos y a todos se les ha indemnizado y reubicado pacíficamente. En este caso, ella pide por una casa de 20 metros como si fuera de 200. Ella pide un apartamento en propiedad de 50 metros. Le ofrecemos lo que ofrece la ley e incluso un poco más: apartamento equivalente en alquiler. Ella pide cinco veces más de lo que corresponde", afirman desde la empresa implicada que va más allá e indica que "se han hecho las reformas hace un año y medio dos veces, de tejado y tapia". Algo, esto último, que resulta difícil de creer viendo el estado del inmueble. La empresa nos ofrece todo tipo de documentos que demuestran estas afirmaciones.
* El Mundo - JORGE SALIDO COBO | ITXASO GONZÁLEZ - 11.07.2008
Foto: Pilar ve como su vivienda se deteriora sin recibir ayuda. ELMUNDO.ES
El PP de Altea cambió suelo por mobiliario para el área de urbanismo
ELPAÍS/Alicante* : "Nuestro suelo urbanizable vale mucho. No se puede cambiar por unas cortinas y unos muebles". La portavoz del equipo de Gobierno de Altea y concejal de Urbanismo, Verónica López, sintetiza así lo que a su juicio estaba haciendo la anterior administración popular.
Los socialistas, con el apoyo del Bloc e independientes, han anulado un convenio adoptado por la comisión de gobierno el 23 de diciembre de 2004, por el que el Consistorio entregaba el 10% de aprovechamiento municipal del plan parcial de Bellas Artes, adjunto al casco urbano, al urbanizador, Promociones y Finanzas SL a cambio de que éste pagara facturas por un importe total de 991.880 euros, cantidad en la que fueron valorados los terrenos. "Se han pagado ya 868.771 euros en las cortinas del departamento de urbanismo, equipos informáticos, aire acondicionado, mobiliario... También se han hecho obras. Todo de forma irregular, sin el control de Intervención ni registro por parte del Ayuntamiento", explica López.
El equipo de gobierno dice que el PP se saltó la ley de contratación para adjudicar las compras de mobiliario y obras a empresas que "les apetecían a ellos", sin controles administrativos. "Nadie ha controlado que las cortinas en cuestión valen lo que dice la empresa", afirma la edil. López añade además que la ley obliga a destinar ese 10% de aprovechamiento a viviendas de protección oficial.
No fue la primera que el anterior gobierno del PP de Altea utilizó este sistema. En julio de 2003, el Bloc ganó en el TSJ un recurso sobre un convenio similar. El Ayuntamiento acordó con el entonces agente urbanizador, Edificaciones Calpe, una permuta de una parcela de 22.560 metros cuadrados de titularidad pública por obras valoradas en más de dos millones de euros. A cambio del suelo, la empresa hizo reformas en varios colegios, en la ciudad deportiva y en el lavadero.
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 12/07/2008
Foto: altea - eldiamenospensado
La Fiscalía solicita la demolición de diecinueve viviendas en Cantoria
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ELALMERÍA* : El fiscal de Medio Ambiente ha formulado escrito de acusación ante el juzgado nº2 de Huércal-Overa, contra los propietarios de la empresa Southern Spain Consultants, Karim Smit y Julio Piñero Pedrosa, acusados de un posible delito Contra la Ordenación del Territorio al promover y construir diecinueve viviendas unifamiliares en el paraje conocido como El Fas, en el término municipal de Cantoria.
En su solicitud, el fiscal, interesa se acuerde la demolición de lo construido con indemnización a cargo de los acusados a las personas que hayan celebrado contrato de compra en la cuantía de la cantidad pagada e, igualmente, pide que los acusados paguen el coste de la demolición, por lo que les solicita fianza de responsabilidad civil. El procedimiento penal se remonta, al menos, a comienzos del año 2006, fecha en que una patrulla del Seprona, con base en el municipio de Albox pone en conocimiento del juzgado número 2 de Huércal-Overa un atestado instruido por supuesto delito Contra la Ordenación del Territorio. Según se explica, "al detectar la existencia de 19 edificaciones, tipo viviendas unifamiliares, mientras presta servicio en el paraje denominado El Fas, término municipal de Cantoria.
En dicho atestado, el Seprona pone de relieve que, "los promotores y vendedores ahora acusados, manifiestan que las citadas edificaciones carecen de Licencia Urbanística Municipal, así como de dirección de obra, si bien las mismas han sido realizadas según un proyecto presentado en el Ayuntamiento para la realización de un plan parcial que pretende desarrollar en la zona". Desde el Seprona se indica en su atestado que los acusados manifiestan "que los inmuebles se encuentran vendidos, que disponen de conexión a la red de agua a través de la empresa Galasa, que en breve dispondrán de conexión a red de energía eléctrica a través de la empresa Endesa-Sevillana, y que la evacuación de las aguas residuales se realiza mediante depuradora individualizada para cada inmueble".
Así, cuentan con buena parte de los servicios urbanos propias de las promociones de viviendas que cuentan con licencia legal por parte de los Consistorios, aunque sin los procedimientos normales.
Ante estos hechos, el juzgado número 2 de Huércal-Overa ordena el día 26 de junio de 2006 la inmediata paralización de las obras, a la par que libra un oficio a Sevilla-Endesa y a Galasa, como adjudicataria del suministro de agua del levante de la provincia, "para que en las referidas edificaciones, a las cuales aún no haya llevado a cabo el suministro, se abstengan de realizarlo en el futuro, ante la ilegalidad de las construcciones", a diferencia de lo que ha ocurrido en El Fas.
Los compradores de las diecinueve viviendas con elevadas probabilidades de demolición, son en su mayoría ciudadanos británicos, algunos de los cuales solicitaron el asesoramiento de una abogada que, a su vez, usó en alguna ocasión un poder del vendedor de la vivienda supuestamente ilegal.
Del mismo modo, los compradores manifiestan que en todo momento los promotores y la mencionada abogada les indicaron que todo era legal.
El Ayuntamiento de Cantoria, empadrona a los propietarios en las viviendas ilegales, a pesar de que la Junta de Andalucía advierte al Consistorio de que "aún teniendo licencia municipal no se habrían seguido los trámites administrativos correctos al no haber solicitado, tramitado y aprobado el proyecto de actuación correspondiente".
Como consecuencia de esta situación enmarañada, varios de los propietarios afectados por la situación de ilegalidad de sus casas y el inicio de los procesos judiciales que pueden llevar al derribo de las mismas, se han dirigido al juzgado para solicitar la inclusión del delito de estafa en la causa seguida contra los propietarios de la empresa Southern Spain Consultants.
* El Almería - Ricardo Alba - 09.07.2008
Foto: Cantoria (Almería) - andaluciarustica.com
