Diez casos estrambóticos de despilfarro con dinero público

Aunque los grandes despilfarros delictivos han sido las Obras públicas, como el Ave o las nuevas Autopistas, hay casos más pequeños que pasan desapercibidos para la mayoría, pero que sumando y sumando suponen una importante cantidad. Entre ellos traemos aquí una macrodiscoteca, un atril regio, un parque acuático, una enorme bandera, una pista de esquí de secano, un pregón de fiestas, dos impresoras monstruosas, un gran reno de mimbre, un palacio sin congresos, etc.
"STRAMBOTIC* : En los últimos tiempos han salido a la luz casos de despilfarro público de todos los colores. Los nombres de los alcaldes dilapidadores más famosos se han ido mezclando poco a poco con los de esas ciudades a las que les costará quitarse el sambenito de derrochadoras. Pero no pienses solo en Valencia y en las catastróficas obras de Calatrava que salpican la geografía española. Hay mucho más casos por ahí y, de hecho, los del famoso arquitecto no son, ni de lejos, los más rocambolescos. Prepara la maleta y tu mandíbula, porque este viaje te dejará con la boca abierta.

UNA MACRODISCOTECA PARA 8.000 BAILONGOS

¿En qué se nos fue el dinero? En una macrodiscoteca en Burguillos. Con 6.600 habitantes, la localidad sevillana es una de las más endeudadas de España, lo que no le impidió a su ayuntamiento financiar esta meca del ocio nocturno con capacidad para 8.000 personas.

¿Cuánto costó? El Ayuntamiento de Burguillos se dejó 1,4 millones de euros.

BARNIZAR UN ATRIL REGIO

¿En qué se nos fue el dinero? En la proclamación de Felipe VI. El hijo del mejor cazador de elefantes de Botsuana llegó a la jefatura del Estado costándonos, nada más empezar en su nuevo puesto de trabajo, un buen dinero en cosas tan útiles como barnizar el atril del Congreso, comprar cordones y medallas para los miembros de las Mesas del Congreso y el Senado y adquirir un tapete para colocar sobre él la corona.

¿Cuánto costó? 132.036 euros. Este día nos sirvió a todos los españoles para aprender que el barnizado de un atril no es nada barato: nos dejamos más de 2.500 euros en ese asunto.

UN PARQUE ACUÁTICO DE SECANO

¿En qué se nos fue el dinero? En un parque acuático que ha terminado siendo un secarral. El proyecto de este oasis veraniego entre olivares fue abandonado en mitad de su construcción, después haber gastado una buena parte del presupuesto.

¿Cuánto costó? 8,6 millones de euros. Cuando se paralizaron las obras, se estimaba que serían necesarios aún algo más de 4 millones de euros más.

UNA BANDERA DE 4 ‘KILOS’

¿En qué se nos fue el dinero? En una bandera gigante de España colocada a la entrada de Ciempozuelos.

¿Cuánto costó? 22.000 euros, cuando el gasto de este útil producto suele rondar los 9.000 euros.

UNA PISTA DE ESQUÍ EN UN SECARRAL

¿En qué se nos fue el dinero? En Meseta Ski, un proyecto financiado por la Diputación de Valladolid y que el Tribunal Constitucional echó para atrás (una vez construido, eso sí). El complejo, situado en Tordesillas, estaba formado por una pista de nieve artificial rodeada de los edificios necesarios para darle actividad a este parque temático de la nieve rodeado de matorrales.

¿Cuánto costó? Doce millones de euros.

EL PREGÓN DE BUSTAMANTE

¿En qué se nos fue el dinero? En el bonito, emotivo e intenso pregón de 15 minutos que David Bustamante hizo en Elda en 2011 para anunciar las fiestas de la localidad alicantina.

¿Cuánto nos costó? Algo más de 15.000 euros: Bustamante se llevó unos mil euros por minuto.

DOS IMPRESORAS MONSTRUOSAS

¿En qué se nos fue el dinero? En dos impresoras monstruosas compradas por el Ayuntamiento de Jerez en 2007. La más grande de ellas, japonesa, pesaba 19 toneladas y medía 8 metros de largo, 3 de ancho y 2 de alto. ¿Para qué? Nunca se supo muy bien el uso al que iba a destinar el consistorio semejante mamotreto.

¿Cuánto nos costó? En total, 600.000 euros. La impresora más grande valía más de medio millón de euros.

UN PALACIO SIN CONGRESOS

¿En qué se nos fue el dinero? En el palacio de congresos de Villanueva de la Serena, en Badajoz. Este municipio de 26.000 habitantes, tiene ya (después de dos años de retrasos) su palacio de congresos aunque, eso sí, sin actividad.

¿Cuánto nos costó? Más de 13 millones de euros.

COTILLEO REAL


¿En qué se nos fue el dinero? En contratar a una empresa que analice lo que se dice sobre la Casa Real en las redes sociales.

¿Cuánto nos costó? Más de 62.000.

UN RENO DE MIMBRE

¿En qué se nos fue el dinero? En un precioso reno de mimbre comprado por la Diputación de Málaga para darle ambiente navideño a la provincia de la Costa del Sol.

¿Cuánto nos costó? 7.000 euros. Si, un reno de mimbre de 7.000 euros.


* Público - Strambotic - 4.2.15
Foto: Villanueva de la Serena (Badajoz), palacio Congresos - publico

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La finca España se vende barata en internet

Este país está de saldo, todo se vende barato, barato. Las administraciones del Estado y las Comunidades se deshacen del patrimonio público a marchas forzadas. Toda clase de edificios monumentales, históricos, castillos, etc, son puestos a la venta al mejor postor. Este es el momento de que los grandes capitales internacionales se hagan con un pedacito de esta tierra a estupendo precio. A la cabeza figuran el ministerio de Defensa, con sus instalaciones militares y el de Interior con cuarteles y otras dependencias públicas. Pero también Comunidades como la de Madrid o la de Andalucía venden asequiblemente todas sus propiedades.
"F.FAFATALE* : Castillos, antiguos hospitales y casas cuarteles de la Guardia Civil, edificios históricos, pisos de lujo y solares, entre otros inmuebles, han sido puestos a la venta por las adminis­tra­ciones públicas españolas. No ­sólo el Estado, sino también las administraciones regionales se han sumado a la fiesta, vendiendo incluso las propias oficinas desde las que se realizan las privatizaciones. El patrimonio inmobiliario público incluso se ofrece al mejor postor en internet.

Los ingresos por ventas del Plan de Gestión de la Propiedad ascienden a 153 millones de euros, según expone (en inglés) el Informe Anual CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas). La Comisión CORA, impulsada por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, persigue presuntamente mejorar la eficiencia de las instituciones. En ella se jacta de adelgazar al máximo el sector público, por ejemplo, destruyendo 424.800 empleos públicos desde el tercer trimestre de 2011. El propio informe añade que “la mayor desinversión está prevista en los ministerios de Defensa y Fomento”. Hasta ahí llega la transparencia del Go­bier­no. Quien quiera conocer en detalle las operaciones inmobiliarias de las adminis­traciones públicas (qué se ha vendido, a quién, por cuánto, etc.) tendrá que bucear en la red.

En efecto, el Ministerio de De­fen­sa, que dirige el exempresario armamentístico Pedro Morenés ha desplegado un sorprendente movimiento inmobiliario, tanto por número de inmuebles como por actividad. Re­cien­temente vendió el Taller de Precisión y Centros Electrónicos de Artillería, con una superficie de más de 14.000 m2, en la calle Raimundo Fernández Villaverde número 50 de Madrid, por 111 millones de euros a la gestora de viviendas DOMO, que ya está ofertando 355 viviendas y locales comerciales en esa parcela.

“Utilización eficiente”

En junio de 2013, en el marco de la venta de inmuebles del Estado, se puso en marcha la Propuesta de Raciona­li­zación y Utilización Efi­cien­te del Patrimonio Inmobiliario del Minis­terio de Defensa, que permitió la liberalización de 3,8 millones de metros cuadrados. La venta de inmuebles de De­fen­sa se realiza a través del Instituto de Vivienda, Infraestruc­tura y Equi­pamiento de la Defensa. Este organismo tiene entre sus misiones la obtención de ingresos procedentes de enajenar inmuebles desafectados del ministerio, así como viviendas militares, pero también locales, fincas, etc., para dedicarlos, entre otros, a la adquisición de infraestructura y equipamiento para su uso por las Fuerzas Armadas. Este ente tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión y plena capacidad de obrar. Tanto la operación de subasta del solar de Rai­mundo Fer­nández Villa­verde como muchas otras se rea­lizan a través del portal inmobiliario Ad­d­meet.com. Ya en diciembre de 2013, Defensa logró 14 millones de euros con la venta de dos solares en Ibiza y Sevilla. En el sevillano se ubicaba el Cuartel de la Inten­dencia de La Oliva, 47.000 m2, que fue vendido a través de subasta por Addmeet a Inmobiliaria del Sur. El terreno ibicenco se vendió al empresario italiano Giuseppe Cipriani, según fuentes inmobiliarias citadas por Expansión. Pero el gran pelotazo de Defensa puede venir de la mano del magnate chino Wang Jianlin, dueño del conglomerado Dalian Wanda Group, quien mantiene negociaciones para implantar un megacasino similar al fallido Eurove­gas de Sheldon Adel­son en los terrenos militares de Campamento (Madrid) y recientemente ha entrado en el accionariado del club Atlético de Madrid.

No sólo Defensa hace uso de las subastas online de Admeet. Tam­bién el Ministerio de Interior oferta por 9,5 millones de euros el Castillo de Maqueda de Toledo. Más conocido como el Castillo de la Vela, es una antigua sede de la Guardia Civil. La subasta ha quedado desierta. Y el Ministerio de Empleo de Fátima Bá­ñez ofrece el antiguo Hospital de San Jorge en Zaragoza por 2,4 millones de euros, aunque la puja también ha quedado desierta. Sucede que sobre esta subasta la CNT de Zaragoza ha presentado una petición de suspensión cautelar, ya que el antiguo hospital, cuya fachada está protegida, pertenece al Patrimo­nio Sindical Acumulado, con lo que CNT considera que Empleo no debería enajenarlo, sino cederlo a los sindicatos, informa El Heraldo de Aragón.

Por su parte, el Ministerio de Ha­cienda y Administraciones Públi­cas ofreció al mejor postor pisos de lujo en desuso en el centro de Madrid y plazas de garaje por 20 millones de euros. La encargada en este caso de llevar a cabo el proceso de enajenación de activos fue la Sociedad Es­tatal de Gestión Inmo­biliaria de Pa­trimonio, a la que El Confidencial presuntamente ha vinculado con “el pequeño Nicolás” a través de Edhinor.

Madrid hace caja

Tam­bién las administraciones regionales se han sumado a la especulación con inmuebles públicos. Un caso es el de la Junta de Andalucía, pero no le va a la zaga la Comu­nidad de Madrid. En los últimos años ha vendido los edificios de Gran Vía, 18 y 3 por más de 26 millones de euros, y Plaza Chamberí, 8 por 40, así como un inmueble de 728 m2 en Atocha por algo más de un millón de euros, y edificios de oficinas en la calle Miguel Ángel, 28 y en la Plaza de San Martín, 4 por unos 3,5 millones de euros cada uno. Por el edificio del Registro de la Conse­jería de Edu­cación, Juventud y Deporte, en Gran Vía, 20, ha amasado 20 millones de euros. Y otros 35 millones por dos edificios, uno en Embaja­dores, 181 y otro en Vía Lusitana. Se le está resistiendo a Ignacio Gonzá­lez el edificio prote­gido del año 1880 y sito en Al­calá 1. El vídeo-anuncio de internet informa de que está cerca del futuro Proyecto Canalejas y que comparte planta baja y sótano con Bankia, pero omite que alberga la sede de la Consejería de Economía, ofreciendo incluso usos hotelero y residencial, equipamiento y ocio recreativo. Por él, la Administración madrileña ha llegado a pedir 10,7 millones de euros, pero actualmente tiene oculto el precio de venta.

Muy cerca del pelotazo Canale­jas, en la Carrera de San Jerónimo, se encuentran las oficinas del Área de Hacienda, con las que el sucesor de Esperanza Aguirre también quiere hacer caja: pide por ellas más de 14 millones de euros. Inclu­so ha puesto a subasta, irónicamente, el edificio sede de la Oficina de Información de Vivienda Pública, de 1.493 m2, en el barrio de Cara­banchel, por el que pide casi 4,9 millones de euros, y la sede de la Cámara de Cuentas de la Comu­nidad, por 7,9 millones de euros.

Barcelona tampoco se libra del afán inmobiliario. La Generalitat de Catalunya ha vendido la emblemática Casa Burés de Barcelona, un edificio modernista de 1905 catalogado como Bien de Interés Cultural, por 18,8 millones de euros a Trinder Promociones y el fondo británico Europa Capital Partners. Sin contar esta operación, desde el año 2012 la Generalitat ha vendido inmuebles por valor de 578 millones de euros, según La Vanguardia.

Andalucía vende su patrimonio

Uno de los casos más recientes y llamativos de venta de patrimonio público por administraciones regionales, debido a su volumen, es el protagonizado por la Junta de Andalucía de la socialista Susana Díaz, que ha vendido 70 edificios por 300 millones de euros al grupo estadounidense WP Carey, a través de su filial en España Inversiones Holmes. La operación es de sale & leaseback, es decir, que la administración andaluza vende sus oficinas y se quedará en ellas como inquilina durante 20 años pagando una renta anual de 23,6 millones.


* Diagonal - F.F - 2.2.15
Foto: Defensa vendió por 111 millones el Taller de Precisión y Centros Electrónicos de Artillería a la gestora de viviendas DOMO. / ÁLVARO MINGUITO

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La Plataforma por una Vivienda Digna denuncia a doce entidades de crédito por ofrecer hipotecas ilegales

Continúa el tema de las hipotecas ilegales por parte de ciertas entidades bancarias que incumplen así las leyes al respecto. Y lo hacen después de todo lo que ha llovido con el tema y la cantidad de ciudadanos afectados por este asunto ilegal. La Plataforma por una Vivienda Digna ha vuelto a denunciar a doce entidades de crédito por estas prácticas irregulares de ofrecer hipotecas a 35, 40 y hasta 50 años, siendo 30 años lo máximo permitido por ley para una vivienda habitual, con lo que vuelven a vulnerar los derechos de los consumidores.
"REBELIÓN* : La asociación de carácter nacional Plataforma por una Vivienda Digna ha denunciado a doce entidades de crédito ante el Ministerio de Economía y la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid por ofrecer hipotecas que presuntamente incumplen la legislación vigente en materia de hipotecas: la Ley 2/1981, de 25 de marzo (en su redacción dada por la Ley 1/2013), reguladora del mercado hipotecario, que sólo permite conceder hipotecas por un máximo de 30 años para la vivienda habitual.

La Plataforma por una Vivienda Digna ha detectado que al menos doce entidades de crédito, entre ellas Bankinter, Bankia, Uno-E, BBVA, Pichincha, OpenBank o ING Direct, ofrecen en sus páginas web hipotecas por plazos de 35 y 40 años, incluso ampliables en algunos casos a 50 años. Consideramos que estas ofertas presuntamente ilegales vulneran los derechos más elementales de los consumidores, fomentando nuevamente el modelo de las "hipotecas subprime" que tanto daño han causado a este país y alentando nuevamente las subidas artificiales de los precios de la vivienda. Este tipo de ofertas demuestran no solamente que los bancos actúan con total impunidad, sino que además siguen pretendiendo convertir en "esclavos hipotecarios" a los ciudadanos con perfiles sociales más vulnerables, no sólo por sus ingresos sino también por la precariedad e inestabilidad de sus puestos de trabajo.

Igualmente, y después de la gravedad de todo lo acontecido en este país con la burbuja inmobiliaria y la dejación de funciones mostrada por nuestras instituciones -cosa que esta asociación lleva años denunciando-, es totalmente inadmisible que las administraciones sigan cerrando los ojos ante el gravísimo riesgo que supone empujar a los segmentos más débiles de la población a unas deudas impagables y que provocarán nuevamente una crisis de desahucios. Se nos hace muy difícil de aceptar que los mecanismos de control y supervisión no hayan cambiado nada después de que la burbuja inmobiliaria haya llevado al país a una situación límite y que sigan sin perseguirse de oficio estas prácticas con contundencia.

Para la Plataforma por una Vivienda Digna, incrementar los plazos de las hipotecas sólo conduce a elevar los precios de la vivienda e incrementar los beneficios de los bancos en concepto de intereses. Es una evidencia que los préstamos con plazos muy largos son más arriesgados, son más sensibles a las variaciones de los tipos de interés y suponen un incremento exponencial del pago de intereses, hasta el punto de que se puede llegar a abonar más dinero por intereses que por la amortización del capital prestado. De esta forma se arroja aún más gasolina a un fuego que aún no ha terminado de extinguirse y que a juicio de todos los analistas, tanto nacionales como internacionales, está en la raíz indiscutible de nuestra gravísima e interminable crisis social y económica. Es intolerable que el interés de los bancos y promotores inmobiliarios siga guiando nuestro modelo económico, como si el pasado no existiera y no fuera necesario aprender de una vez la lección.

Confiamos en que las autoridades competentes sancionen a las entidades que contravienen la legalidad vigente, al igual que a cualquier ciudadano se le sanciona, embarga o condena cuando no cumple con sus obligaciones legales.


* Rebelión - 31.1.15
Foto: Vivienda Digna, viñeta derecho a techo

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España vuelve a ser el motor europeo de la construcción

Una noticia que, según se mire y de ser cierta, parecería hasta positiva, pero la realidad es tozuda y cuando España aun no se ha recuperado de la última burbuja inmobiliaria, parece un contrasentido sin parangón y un volver a caer en los mismos errores del pasado. El considerar al 'ladrillo' como la única solución de todos los males, incluido el paro, es una aberración sin límites. Hay que tener en cuenta que en este país hay unos 5 millones de viviendas vacías (3,6 acabadas + 1,4 a medio hacer) y que no se prioriza el ponerlas en funcionamiento, por ejemplo con programas adecuados de rehabilitación urbana, lo cual hace que otro crecimiento constructivo agrave aun más la situación, con nuevos pelotazos urbanísticos en la edificación y en la ocupación del suelo. Llueve sobre mojado. Un disparate colosal en el que están implicadas, como siempre, las políticas de vivienda del gobierno central y de los autonómicos.
"EUROPAPRESS* : La actividad en torno al ladrillo en España sigue subiendo y subiendo. Durante el mes de octubre, la producción del sector de la construcción a nivel nacional se disparó un 13,9% con respecto al mismo mes de 2013, según la oficina estadística comunitaria Eurostat. Este porcentaje va en consonancia con los datos de los últimos meses, en los que España se ha situado como un referente europeo en el sector.

El nuevo incremento interanual de la actividad española es el más alto que se registra en la zona euro, donde la construcción aumentó un 1,3% de media, y el segundo más elevado en el conjunto de la Unión Europea (UE), que registró una reactivación del 1,5%.

Respecto a octubre de 2013, las mayores subidas de la construcción se dieron en Hungría (+15,8%), España (+13,9%) y Suecia (+10,5%); mientras que caídas de la producción más grandes se registraron en Rumanía (-11,3%), Portugal (-5,7%), Italia (-4,3%) y Eslovaquia (-4,2%); mientras que las

En cuanto a la tasa intermensual, octubre respecto a septiembre, la producción de la construcción creció en España un 1,4%, por encima del aumento del 1,3% registrado en la Eurozona y del 0,4% de la UE. De esta manera, el ladrillo en la zona euro consigue recuperarse tras el descenso del 1% de septiembre y en el caso de España la construcción acelera su crecimiento (+0,5% en septiembre).

Entre los países con datos disponibles de octubre , los mayores avances intermensuales se produjeron en Hungría (+4%), Italia (+3,2%) y Países Bajos (+2,2%), mientras que los descensos más pronunciados se dieron en Rumanía (-6,1%) y Reino Unido (-2,2%).


* El Mundo - EP - 19.12.14
Foto: Múltiples grúas levantan más de 1.000 viviendas en el nuevo PAU Arroyo del Fresno, al norte de Madrid. EL MUNDO

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'Urbanismo de guerrilla' para seis megaciudades invivibles

La sobrepoblación del planeta es uno de los problemas más acuciantes al que se enfrenta la humanidad en los próximos años. Si a esto añadimos el 'cambio climático' que el propio ser humano está causando, estaremos enfrentándonos a una situación de emergencia absoluta. Pero parece que todavía los que detentan el poder global no quieren percatarse de la más que posible tragedia que se viene encima. Las megaciudades se multiplican asombrosamente y en poco tiempo dos tercios de la población mundial será urbana, llegando con facilidad a los 8.000 millones de personas en todo el planeta. El problema es que la gran mayoría serán pobres y tendrán recursos limitados, algo que ya está sucediendo hoy día pero que se va a acelerar frenéticamente. El MOMA de Nueva York presenta actualmente soluciones para este grave tema en una exposición e investigación con 6 megaciudades.
"20MINUTOS* : En 2024, según las previsiones demográficas de la ONU, la población mundial alcanzará la cifra asombrosa de 8.000 millones de personas —ahora, como se puede comprobar en este medidor en tiempo presente, superamos las 7.000—. El crecimiento avanza a ritmo frenético: el mundo llegó a 1.000 millones de habitantes en el año 1800; en 1930 tenía 2.000; en 1959, 3.000; en 1974, 4.000; en 1987, 5.000 y en 2011, 6.000. En la actualidad la cifra de habitantes crece a un ritmo más o menos sostenido de 80 millones por año.

Quizá sea aún más temible la idea de que en una década dos de cada tres seres humanos serán urbanitas. Cuando lleguemos a los 8.000 millones de terrícolas, más de 5.000 habitarán en megaciudades, aquellas con más de tres millones de habitantes. Ahora hay en el mundo casi un centenar de metrópolis que alcanzan la cifra, pero en la próxima década la cantidad quizá se duplique y, sobre todo, aumentarán de manera drástica los censos de algunas ciudades asiáticas y africanas. Es paradigmático el caso de Bombay (India), que pasará de los 18,2 millones de habitantes de ahora a 26,4.

'Pobres y con pocos recursos'

La mayoría de los 5.000 millones de vecinos de las megaciudades del futuro cercano "serán pobres y tendrán recursos limitados". Este "crecimiento desigual" se presenta como "uno de los mayores desafíos que enfrentan las sociedades de todo el mundo". Durante los próximos años y para evitar el caos anunciado de las superciudades invivibles las autoridades municipales, los urbanistas, diseñadores y economistas "tendrán que unir sus fuerzas para asegurar que estos enclaves urbanos en expansión siguan siendo habitables". Este es el planteamiento de partida del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) para Uneven Growth: Tactical Urbanisms for Expanding Megacities (Crecimiento irregular: tacticas de urbanismo para megaciudades en crecimiento), una actividad que no es del todo expositiva y, aunque no abandona la exhibición de material de referencia —hasta el 10 de mayo de 2015—, se fundamenta en el trabajo cooperativo de arquitectos y urbanistas para unir fuerzas e intercambiar conocimientos para que las ciudades puedan superar el reto con el mínimo daño.

Mejorar el equilibrio social

Para la iniciativa, que coordina Pedro Gadanho, responsable de arquitectura del museo, han sido seleccionadas seis metrópolis de enormes dimensiones: Lagos (Nigeria), Río de Janeiro (Brasil), Hong Kong, Bombay, Estambul (Turquía) y Nueva York (EE UU). En proyectos de desarrollo basados en el urbanismo blando —también llamado táctico o de guerrilla, que busca soluciones parciales que puedan extenderse con facilidad y sin grandes dificultades burocráticas o administativas— y las estrategias sostenibles para cada ciudad han trabajado durante el último año un par de oficinas de arquitectura y diseño urbano que han planeado escenarios que busquen mejorar el equilibro social.

"Si alguien busca soluciones definitivas, perfectas y radicales, este no es el lugar", explica Gadanho. Las iniciativas propuestas tienen en cuenta las desigualdades y buscan que los arquitectos asuman el "papel cambiante" que "deben ocupar en la nueva realidad (...) Pedimos a cada equipo que considerase cómo las formas emergentes del urbanismo táctico pueden responder a los problemas de las alteraciones en el medio ambiente, los espacios públicos, la vivienda, la movilidad, la justicia espacial...". 'Intervenciones de guerrilla' Todos los profesionales implicados debían adherirse a los dictados del urbanismo táctico, una escuela basada en el pragmatismo y las "intervenciones de guerrilla" que promueven "cambios a corto plazo que pueden estimular el proceso político hacia la realización progresiva de redes de cambio de mayor alcance". Para profundizar en estas ideas y debatirlas en línea con la participación de profesionales o colectivos sociales de las ciudades implicadas o de otras con similares problemas, el MoMA ha creado un dinámico blog de Tumblr. El espacio online funciona también como archivo y almacén informativo de los planes en las seis ciudades.

En el proyecto para Lagos, el diseño de una comunidad de palafitos montados sobre zonas acuáticas —el 30% del área de la ciudad—, han colaborado los urbanistas holandeses NLÉ y el colectivo español Inteligencia Colectiva. En Honk Kong Land también se busca el aprovechamiento de la superficie que generaría la creación de ocho islas artificiales en una zona que ahora pertenece a la bahía que rodea a la ciudad. Otra firma española implicada en Uneven Growth es Ensamble Estudio, que colabora en un singular proyecto para Bombay: la construcción de barrios en forma de collage acumulativo con casas basadas en las chabolas asiáticas, pero amoldándolas a estándares de habitabilidad.


20 Minutos - JOSE ÁNGEL GONZÁLEZ. 03.12.2014
Foto: Idea propuesta para Bombay - MIT

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El 'Banco malo' Sareb reparte el verdadero premio gordo de Navidad entre cuatro fondos buitre

La noticia de por sí es inquietante aun para los no entendidos: el 'banco malo' reparte 43.000 millones entre cuatro 'fondos buitre'. Es como si este fuera el país de 'jauja' y aquí los responsables de administrar la basura inmobiliaria que ha generado el propio sistema delictivo, pudieran deshacerse con enorme facilidad, a través de inversores opacos, de una enorme cantidad de dinero que estamos todavía sufriendo los ciudadanos por la crisis-estafa. Gracias a un concurso 'ad hoc' el Sareb público se desprende de unos activos en la mayor operación inmobiliaria realizada nunca en este país. Como ha sucedido desde el principio con la creación gubernamental de este siniestro 'banco malo', la falta de transparencia continúa siendo escandalosa y, más que probablemente, delictiva.
"ELCONFIDENCIAL* : El Gordo de Navidad llegará antes del 22 de diciembre. Al menos, para los que han participado en el concurso organizado por Sareb, que este miércoles decide en su consejo de administración quienes serán los elegidos para repartirse el negocio de gestionar 43.000 millones de euros en activos inmobiliarios. La suerte está echada. La entidad presidida por Belén Romana recibió ayer martes las ofertas vinculantes definitivas por los tres lotes en liza, en los que se dividen los créditos e inmuebles de cajas y bancos rescatados por el FROB, como fueron Bankia, Banco Gallego, CEISS, Banco de Valencia, BMN, CatalunyaCaixa, Caja 3, NovaCaixaGalicia y Liberbank.

Tras casi seis meses de trabajo, el Proyecto Íbero enfila sus últimas 48 horas. El fallo se sabrá este viernes. Y salvo sorpresa de última hora, es decir, que se repartan los tres bloques (Bankia/BancoValencia, CatalunyaBanc/BMN/Caja3 y NovaGalicia/Liberbank) entre los cuatro candidatos existentes (Cerberus, Apollo, Centerbridge y TPG), alguna de las plataformas de gestión de inmuebles corre el riesgo de quedar fuera de juego. Esta situación ha tensado la recta final del proceso, sobre todo después de que un cuarto bloque, el más pequeño (7.100 millones), compuesto por activos de CEISS/Banco Gallego se adjudicara hace unas semanas a Solvia (Banco Sabadell).

Este concurso es el más importante de estas características jamás realizado, puesto que establecerá quiénes venderán los casi 50.000 millones de euros en inmuebles y crédito promotor que tiene en balance el banco malo durante los próximos siete años. Dicho de otro modo, los ganadores serán los grandes jugadores del sector inmobiliario español durante ese periodo, después de que haya vencido el primer año de prórroga por el cual las plataformas de las entidades cedentes han estado administrando los activos traspasados en la constitución de la Sareb a cambio de unas comisiones mínimas de gestión, cuyos precios serán ajustados al alza en este nuevo contrato a largo plazo.

El potencial negocio en juego ha hecho que las principales plataformas inmobiliarias bancarias, todas vendidas a fondos (Apollo/Santander, TPG/La Caixa, Cerberus/Bankia/Cajamar y Centerbridge/Banesto/BMN), salvo en los casos de BBVA y Banco Sabadell, compitan a cara de perro por llevarse alguno de los lotes en liza. Sólo han quedado fuera del proceso las plataformas de Ceiss, Blackstone (Catalunya Banc) y Abanca. La clave pasará por saber quién se lleva el bloque 1, el más grande, de 20.000 millones, donde cabe la posibilidad de que a su vez se divida en dos para optimizar el precio y no dejar a un candidato sin cartera de activos.

Según fuentes del proceso, los salvaguardas jurídicas impuestas por la Sareb, asesorada para este proceso por KPMG, han demorado la resolución del Proyecto Íbero. El cambio de fórmula para la gestión de los activos, vinculada a una especie de "pago avanzado", según el cual se articularía una especie de préstamo al banco malo, que luego repagaría a las plataformas, ha generado reticencias de última hora. Todo está listo para que a partir del próximo 1 de enero de 2015 la gestión de los 200.000 activos inmobiliarios y financieros heredados del rescate al sistema bancario pasen a manos de terceros, dejando a la Sareb como mero fiscalizador de su trabajo.


* El Confidencial - Carlos Hernanz/Eduardo Segovia - 3.12.14
Foto: Sareb - paperblog

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Cartagena.- Urbanismo legaliza las pérgolas y terrazas de todas las azoteas

Está visto que en este país es preferible construir ilegalmente y esperar a que se legalice, que hacerlo con todos los informes correctos, que suelen costar dinero y tiempo. Eso está ocurriendo con las miles de viviendas levantadas delictivamente en suelo rústico o sin los permisos pertinentes, y ahora también, con las construcciones fraudulentas que se realizan sobre las azoteas de los edificios, ya sean pérgolas como nuevos pisos encubiertos. El hecho de que esto se legalice sin más crea un precedente difícil de enmendar, además de un agravio comparativo para los vecinos que no lo han hecho, a sabiendas de su irregularidad urbanística. La caradura de los dirigentes del Urbanismo municipal y autonómico no tiene fin y, claramente, debería intervenir la justicia para frenar estos delitos flagrantes (fácilmente comprobables) y sentenciar a los culpables de estas acciones y a sus cómplices políticos que las permiten.
"LAVERDAD* : Los toldos, las pérgolas y los cerramientos con cristal u otros materiales móviles instalados en azoteas de edificios que tienen el máximo de alturas permitidas ya no serán motivo de denuncia y retirada obligatoria. Las comunidades de propietarios y los dueños de áticos de toda Cartagena podrán utilizar esas zonas, desaprovechadas hasta ahora. Así queda autorizado en virtud de la primera modificación puntual que se realiza al nuevo Plan General, que ayer recibió el visto bueno de la Comisión de Urbanismo y que será sometida a aprobación próximamente por el Pleno.

El concejal responsable del área, Francisco Espejo, indicó que se trata de «simplificar las normas y otorgar seguridad jurídica a los dueños de viviendas que hasta ahora estaban expuestos a todo tipo de denuncias». Dicho de otro modo, se legalizan los cerramientos, las terrazas y las pérgolas que se consideren 'no estructurales', con lo que se autoriza su uso, aunque no computen como áreas edificadas.

También se incluye la precisión de que los áticos de último piso tendrán el uso «específico vivienda» y no el más genérico «residencial».

El mismo criterio favorable a las construcciones existentes con algún elemento en situación irregular se aplicará para que todos los edificios cumplan las normas de «habitabilidad y accesiblidad». Por eso, se admitirán como legales las rampas y entradas que ahora están fuera de ordenación. Además, solo será obligatorio hacer dos plantas de párking subterráneo para uso de los residentes de nuevos edificios de viviendas. Hasta ahora, el mínimo era de tres, si era necesario para que al menos hubiera una plaza por vivienda.

Construcciones y arqueología

Los cambios en el Plan fueron ayer tan variados que la oposición prefirió no manifestarse. Destaca la eliminación de la prohibición taxativa de hacer obras «en zonas de intervención arqueológica, salvo las encaminadas al descubrimiento, protección y acondicionamiento de los restos arqueológicos o paleontológicos». A partir de ahora, se podrá hacer «lo que autorice la dirección general competente en materia de Patrimonio Histórico», en el sobrentendido de que ese departamento aplicará todas las limitaciones legales. De esta forma, el abanico de actuaciones es mucho más amplio, aunque quede sometido al dictamen de la autoridad competente.

La normativa sobre solares también será más laxa, ya que el vallado que hasta ahora se consideraba «provisional» hasta el momento de edificar, se admitirá como permanente.

Árboles menos protegidos

Otro cambio que flexibiliza la normativa para construir en zona urbanizable es el que elimina la obligatoriedad de evitar «daños en los árboles existentes en el entorno» de la obra que se ejecuta. A partir de ahora se podrán «eliminar los ejemplares arbóreos o arbustivos incompatibles con la ejecución» del proyecto. Su replantación no es obligatoria. Si el dueño del terreno consigue argumentar que es «imposible» hacerlo, por las razones que sean, podrá sustituirlos por otros «equivalentes».

También se ha eliminado la obligación de mantener la vegetación cuando se construya un parque o zona verde junto a un enclave protegido. Los ejemplares deberán ser «similares, no necesariamente los mismos», admitió Espejo. Esta modificación estará un mes sometida a alegaciones de los ciudadanos, tras su aprobación en Pleno.

La comisión revisó también dos cambios urbanísticos: uno para autorizar una urbanización en Los Urrutias y el otro, para una zona comercial en Cabo de Palos.


* La Verdad - EDUARDO RIBELLES - 28.11.14
Foto: Pérgola sobre terraza - foro

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El desierto de las casas sin gente

En el último censo del Instituto Nacional de Estadística, publicado en 2013 pero con datos relativos a 2011, el número de viviendas vacías alcanzaba los 3,44 millones, un 10% más que en la década anterior. Pero teniendo en cuenta que en esa cifra no se incluyen las viviendas a medios construir, significaría que el total pasaría ampliamente de los 5 millones (cinco). Una barbaridad si vemos que el total de viviendas construidas en España está sobre los 25 millones. Es decir las viviendas vacías vendrían a ser un 20% del total. Algo sin precedentes en la UE, sobre todo porque gran parte de ellas han sido levantadas en los últimos años, en plena 'burbuja inmobiliaria', y por tanto se incluyen en el apartado de la especulación y la corrupción urbanística. O sea, no han sido construidas para vivir en ellas sino para especular con las mismas, como otro bien cualquiera del mercado. Un delito que todavía está vigente sin que nadie haya puesto solución a tamaño problema social (gente sin casa) y de ocupación del territorio (sobreocupación).
"PABLO ELORDUY/ TER GARCÍA* : El Gobierno mantiene las constantes que generaron la burbuja inmobiliaria.
Lo llaman Ciudad Valdezombi, pero en realidad se llama Ciudad Valdeluz. Forma parte del municipio de Yebes, en Guadalajara, y es famosa porque sus terrenos –propiedad de una tía del marido de la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre– ven llegar los AVE con destino a Barcelona.

Un anuncio en la web de Ciudad Valdeluz, una promoción de Reyal Urbis, empresa que lleva dos años en concurso de acreedores, muestra a un vendedor llamado Carlos, que nos explica que aquí “el equilibrio entre naturaleza y urbanismo es total”. Carlos y María, su acompañante en el anuncio, alaban las ventajas de vivir en una ciudad, Yebes, que tiene el mayor porcentaje de viviendas vacías entre las localidades con más de 2.000 habitantes. También es el municipio con mayor aumento relativo de número de edificios con respecto al anterior censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), de 2001. El crecimiento del número de edificios en esta ciudad a ocho kilómetros de Guadalajara ha sido del 678,9%, no hay ninguna errata.

Curiosamente, ciudad Valdeluz no está entre las urbanizaciones destacadas por algunas de las personas consultadas, que trabajan en el tema de los efectos de la burbuja inmobiliaria sobre el territorio. Pilar Díaz, de Paisaje Transversal, una oficina de innovación para mejorar el hábitat urbano y la calidad de vida de sus habitantes, elige varios ejemplos de lo que ella califica como ‘urbanismo basura’. La Isla de Valdecañas en Cáceres, donde tras una sentencia del Tribunal Supremo se deben derribar 130 viviendas construidas en un espacio protegido; el PAU de Vallecas y Valdecarros, casi paralizado; la ciudad del Pocero (Seseña, Toledo) o la Nueva Marina d’Or, una ciudad con el 41% de viviendas vacías, son los casos que Díaz destaca. Son los estragos de un “fast-urbanism de difícil digestión”, que ha generado espacios que, para esta urbanista, “requieren ser deconstruidos y naturalizados en la mayor medida posible”.

A menudo, lo que quedan son las cicatrices de promociones y ensanches detenidos un día cualquiera después del estallido de la burbuja inmobiliaria de 2007. El proyecto Nación Rotonda, en el que participan Esteban García, Miguel Álvarez y Rafael Trapiello, utiliza ortofotografías –vistas aéreas con la misma precisión que un plano– para documentar los cambios en el paisaje que han provocado proyectos como Valdeluz, la ciudad residencial Camposol, en Murcia, dividida por una autovía, o Ciudad Quesada, en Alicante, “un disparate desde el punto de vista del diseño urbano”, según Trapiello.

Precisamente Murcia y Alicante son algunas de las provincias más afectadas por el virus de las casas sin gente. También, paradójicamente, donde se están produciendo los aumentos de precio más relevantes en los últimos meses. Según la Sociedad de Tasación, en el segundo trimestre de 2014, el coste de la vivienda volvió a subir respecto al mismo periodo de 2013, tras siete años de caída ininterrumpida. Los expertos asocian esta revitalización del consumo de ladrillo a la especulación de inversores extranjeros en el litoral valenciano y en Canarias. El 17 de noviembre, el Consejo General del Notariado anunciaba el repunte del 20% de la compraventa de vivienda respecto a 2013. Del otro lado, los desahucios siguen al mismo ritmo: en los primeros seis meses del año, más de 26.500 familias perdieron su vivienda.


Censo o estadística

En el último censo del Instituto Nacional de Estadística, publicado en 2013 pero con datos relativos a 2011, el número de viviendas vacías alcanzaba los 3,4 millones, un 10% más que en la década anterior. Ese mismo año, las viviendas construidas superaban los 25 millones, un 20% más de las que se contaban diez años antes. De ese millón y medio de viviendas construidas durante la década, más de la cuarta parte siguen estando vacías.

La urbanista Raquel Rodríguez explica que la estadística del INE “censa viviendas aptas para ser ocupadas, no incluye en ningún caso viviendas a medio construir”. Pero, junto a esta característica, que ya venía de lejos, el censo de 2011 incorpora una variante respecto al anterior, de 2001, y es que por primera vez no se ha hecho un recuento real, sino que se ha hecho una muestra que rondaba el 12,3% de la población y el 11,9% de las viviendas, explica Rodríguez. “No es un censo, es una estadística”, comenta esta urbanista, para quien “la cocina” de las cifras puede tener sentido, pero no cuando estos datos de vivienda se presentan cada diez años. El próximo es en 2021, y no se cruza con otros registros administrativos, como sucede en otros países del entorno europeo. Las dos consecuencias principales del estallido de la burbuja, señala Rodríguez, fueron los desahucios y la metástasis de activos tóxicos. “De los primeros hemos tardado en tener datos fiables, pero de los activos tóxicos –viviendas sin vender, suelo, etc.– no hay manera de saber de qué estamos hablando. Esto dice mucho del propio gestor del producto. Es increíble que no se sepa cuánto, cómo, dónde”, se lamenta esta urbanista.

Las cifras del censo sitúan a España como el país con más vivienda vacía de la UE, con mucha distancia respecto al siguiente y acumulando más de la tercera parte del total europeo, que se sitúa en 11 millones de viviendas vacías, según publica The Guardian. Con estos números ya a la espalda, entre 2011 y 2013 se dieron certificaciones de fin de obra para más de 331.000 nuevas viviendas, según datos del Ministerio de Fomento. De estas nuevas viviendas que aún no ha contabilizado el Instituto Nacional de Estadística, 38.300 se si­túan en la Comunidad Valenciana, donde en 2011 la vivienda vacía suponía ya el 16% del total.

José León Paniagua, coautor del estudio La vivienda en España en el siglo XXI y ponente del seminario La vivienda que queremos, que tiene lugar estas semanas en Sevilla, explica que en el momento actual “no sólo existe un número insostenible de viviendas vacías, sino que además existe suelo disponible con capacidad para otras 2,6 millones de viviendas”. Para León Paniagua los más de seis millones de nuevas viviendas construidas en la década prodigiosa de 1997 a 2007 generaron un “urbanismo ilimitado” y una expansión urbana “ilimitada social y medioambientalmente”. Paniagua denuncia que no se ha producido ninguna medida correctora, “sino que la actitud del sector promotor y constructor, y de las administraciones públicas, es la de esperar para repetir nuevamente el proceso de negocio, sin querer reconocer que no se volverá a producir en décadas”. Una propuesta neoliberal que fue posible gracias a la denominada “alianza FIC”, de financieros, inmobiliarios y constructores, según los autores del citado estudio, encargado por Cáritas.

Sareb, la gran inmobiliaria

Desde que, en agosto de 2012, se crea­ra la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), ésta ha limpiado las cuentas de las entidades bancarias y ha acumulado en sus primeros meses de funcionamiento 106.856 activos entre viviendas terminadas, suelo y obra sin terminar, por los que pagó 11.343 millones de euros a los bancos de origen, según el informe anual de la entidad.

Belén Romana, presidenta de la Sareb, anunciaba a finales de octubre que ésta había vendido cerca de 11.000 viviendas en el canal minorista. Otras operaciones de la sociedad más a lo grande han supuesto la transferencia de carteras de cientos o miles de viviendas a fondos buitre, como la cartera Teide, compuesta por 2.500 viviendas, cuya gestión pasó al fondo estadounidense Fortress y al grupo español Lar. Éstos pagan las viviendas según las van vendiendo. O el traspaso de cerca de mil viviendas al fondo HIG Capital por 100 millones de euros. Unas condiciones insuperables.

Ahora, después de dos años, los principales bancos vuelven a sumar activos inmobiliarios por más de 90.200 millones de euros, según publica El País. Una cifra superior a la alcanzada antes del traspaso de activos tóxicos a la Sareb, y la tendencia va en ascenso. De los 12.479 millones de euros en viviendas embargadas a promotoras, constructoras y hogares que contaba el Sabadell en diciembre de 2013, en septiembre de 2014 ha pasado a 13.210 millones. En ese periodo, Bankia aumentó su colección de viviendas y suelo embargados de 2.656 a 2.800 millones de euros. La dinámica se repite con La Caixa y el BBVA, cuya cartera de activos inmobiliarios alcanzó los 13.116 millones de euros en septiembre, según el informe financiero de la entidad.

En la red, decenas de páginas especializadas como pisosembargadosdebancos.com sirven como escaparate de los miles de inmuebles embargados en los últimos años. Desde la propia web de la Sareb se puede acceder a un portal para la compra de fincas rústicas, hoteles, oficinas, edificios industriales, locales comerciales y suelo. En la mayoría de los casos el precio se consulta mediante un formulario en la web. En el caso de la vivienda, el procedimiento es distinto. La Sareb ofrece un número de atención telefónica. Al llamar, una teleoperadora explica que las viviendas de la sociedad se comercializan a través de las propias entidades bancarias asociadas. Si se cuenta con los datos de la vivienda que se quiere comprar, el servicio de atención telefónica de la Sareb se ofrece a transmitirle la consulta al comercial responsable de dicha vivienda.

En la web de BankiaHabitat, línea inmobiliaria de la entidad, un apartado dedicado a inmuebles de la Sareb da información sobre más de 7.300 viviendas actualmente propiedad de la sociedad, pero procedentes de la antigua Caja Madrid. Sin embargo, las gestiones para la venta de esos inmuebles están, desde septiembre de 2013 y por diez años, en manos de la sociedad Promontoria Plataforma –después pasó a llamarse Haya Real State–, que se embolsa una comisión por cada venta. La sociedad, en la que figura como consejero un hijo de José María Aznar y Ana Botella, está vinculada al fondo buitre Cerberus, dirigido por, entre otros, el expresidente norteamericano George Bush.

Hace pocos días, la Sareb adjudicaba a Solvia, la plataforma inmobiliaria del Sabadell, la gestión de 49.000 activos inmobiliarios, la mayor parte viviendas, procedentes de Bankia, Banco Gallego y Banco Ceiss, y valorados en 7.000 millones de euros. Es el primer paquete de los cuatro que comprondrán el Proyecto Íbero, por el que la sociedad externaliza la administración de las viviendas y demás activos, cerrando el círculo que componen las entidades bancarias, la Sareb, las viviendas embargadas y el dinero de los rescates financieros a bancos y cajas.

Alternativas

En su último libro, 17 contradicciones y el fin del capitalismo, el urbanista David Harvey dedica el primer capítulo a la contradicción “fundamental” entre valor de uso y valor de cambio. Un concepto marxista, el de la diferencia entre valor de uso y valor de cambio, que, en esta ocasión, viene acompañado de un ejemplo en el que Harvey se refiere a la situación de España. No es necesario explicar la diferencia entre lo que ha supuesto el aumento del valor de cambio de las viviendas y la marginación de su valor de uso.

Los autores de La vivienda en España en el siglo XXI señalan que no se han tomado medidas que garanticen el acceso a la vivienda, que es “un espacio vital imprescindible para la socialización y un factor de inclusión social de primer orden”, según Paniagua. Para éste, los planes de vivienda mantienen “mecanismos continuistas, desfasados e inservibles para responder a las necesidades de alojamiento”. Así, explica, sigue manteniéndose un sistema de protección oficial que se ha demostrado inaccesible para gran parte de la población con necesidades habitacionales, y “sigue eliminada la vivienda de promoción pública”.

Dos datos más: el gasto público en vivienda se sitúa en el 0,7% del PIB. “Este gasto es dos y tres veces inferior al que tienen otros países de nuestro entorno, pero aún más grave es la estructura que ese gasto público tiene en nuestro país”. Esto se ha traducido en que “en los últimos diez años se han destinado 53.000 millones de euros a desgravaciones por inversión en vivienda, frente a la práctica inexistencia de subvención al alquiler o a la vivienda pública”. Se ha corregido algo, apunta Rodríguez, pero ha sido en casos “puntuales, como el País Vasco o la ley andaluza”, que fue recurrida por el Gobierno de Mariano Rajoy, que no tiene interés por corregir los excesos de la burbuja. El plan de vivienda 2013-2016, concluye Rodríguez, “vuelve a meterse en el mismo lío”. Este programa, presentado por Fomento en julio, se basa de nuevo en la construcción, esta vez para alquilar. Rodríguez apunta que “teniendo el stock que está en manos de la Sareb, habría que hacer un estudio de qué se tiene y ver si se es capaz de reconvertir ese parque”, también por una cuestión de tiempos, ya que, “entre que se aprueba todo el planeamiento, urbanizo el suelo, construyo las viviendas… para cuando usted tenga la vivienda preparada, ya no quedan jóvenes en este país”.

Millones de euros en embargos

En septiembre de 2014, La Caixa, BBVA y Bankia sumaban 6.520 millones de euros en activos inmobiliarios adjudicados procedentes de hogares, o, lo que es lo mismo, viviendas embargadas a familias que no han podido hacer frente a sus hipotecas, según muestran los informes financieros trimestrales de estas entidades. La suma es casi un 7% más de lo que estos bancos presentaban en diciembre de 2013.

Banco Sabadell, la entidad a la que se ha adjudicado la gestión del primer paquete de bienes inmuebles de la Sareb, alcanzaba en septiembre los 13.210 activos inmobiliarios adjudicados en sus cuentas, 731 millones más de los que contaba en diciembre del año pasado, aunque en su informe financiero no distingue entre los embargados a promotoras o constructoras y a las familias.


* Diagonal - Redacción - 25.11.14
Foto: Vivienda, evolución 1978-2011 - diagonal

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Corrupción galopante: 130 causas, más de 1.900 imputados y sólo 170 condenados

Dos exvicepresidentes del Gobierno, miembros de la Familia Real, exministros, exsenadores y dirigentes empresariales y sindicales, en la nómina de los implicados. Faltaría más, en la nación occidental más corrupta todo esto es habitual, a falta de que los auténticos capos mafiosos sean imputados de una vez por la justicia insípida. Nos referimos a la Casta del poder político_financiero del país, incluyendo todas sus autonomías y territorios. La vergüenza que se está dando al mundo, según se refleja en los medios más independientes internacionales, es atroz y paradigmática de una Casta nacida al calor del franquismo y que se perpetúa en el poder 'per secula seculorum'.
"Público* : Las cifras de la corrupción en España muestran que hay más de 1.900 personas imputadas en causas abiertas por corrupción y al menos 170 han sido condenadas por este tipo de delitos en la última legislatura. No obstante, la mayoría de estos condenados no están en prisión, ya sea porque se les impuso una pena de cárcel que no les obligaba a ingresar, porque únicamente fueron inhabilitados o multados o porque aún tienen recursos pendientes.

Entre los imputados y condenados hay personas que han ocupado cargos en partidos políticos o en la Administración Pública --a todos los niveles-- y también empresarios, abogados, sindicalistas y familiares de todos ellos, principalmente por corrupción urbanística, fraude fiscal y contratación irregular tanto de personal como de empresas.

En la lista figuran nombres propios como Miguel Blesa (caso de las tarjetas B de Caja Madrid), los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Luis del Rivero (caso Bárcenas), el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán (Aerolíneas Argentinas y vaciamiento del Grupo Marsans) o el expresidente del FC Barcelona Josep Lluís Núñez (caso Hacienda).

Entre los que han ostentado cargos públicos notorios, destacan los exvicepresidentes del Gobierno Rodrigo Rato (tarjetas B y fusión y salida a Bolsa de Bankia) y Narcís Serra (Catalunya Caixa), los exministros Magdalena Álvarez (falsos ERE de Andalucía) y Ángel Acebes (caso Bárcenas y caso Bankia), la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin (caso Nóos), la exsenadora Elena Diego (por su etapa como alcaldesa), el delegado del Gobierno en Murcia, Joaquín Bascuñana (Novo Carthago), el exalcalde de Santiago Ángel Currás (Pokémon) y el extesorero del PP Luis Bárcenas.

En algunos casos, los condenados acumulan sentencias. Por ejemplo, Maria Antònia Munar, expresidenta del Consell de Mallorca, del Parlamento balear y de Unió Mallorquina (UM), está condenada por los casos Maquillaje y Can Domenge e imputada en otros; y el exministro y expresidente balear Jaume Matas está condenado por el caso Palma Arena e imputado en al menos cinco causas (como Nóos y Son Espases).

En una situación similar se encuentra el exsenador Miguel Zerolo, sentenciado en un caso e imputado en otros dos de su etapa como alcalde de Tenerife. Otros cargos aún no se han sentado en el banquillo pero están investigados en distintas causas, como la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en dos casos derivados de Brugal.

Dada la complejidad que entrañan muchos casos de corrupción por la cantidad de personas y documentos que los jueces tienen que investigar, la gran mayoría de las causas aún no se han cerrado y, por lo tanto, los condenados siguen siendo una minoría.

Además, a algunas de las personas ya juzgadas se les han impuesto únicamente penas de inhabilitación o de menos de dos años de cárcel y por eso no han entrado en prisión. En otros casos lo que ocurre es que recurren la sentencia o piden el indulto, como ha hecho el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, sentenciado a cuatro años de cárcel por fraude fiscal, por lo que tampoco se produce el ingreso.

Sólo 30 de los 170 condenados están entre rejas

Sin embargo, entre los más de 30 que están entre rejas destacan presos como Jaume Matas, aunque ahora le han concedido el tercer grado; Maria Antònia Munar; Díaz Ferrán, que cumple condena por fraude fiscal y está pendiente de ser juzgado por otras causas; el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, sentenciado por las irregularidades en la gestión del Ayuntamiento; y el expresidente del Sevilla FC José María del Nido, condenado por prevaricación, malversación y fraude en el caso Minutas.

También hay otros que están en prisión preventiva porque aún no han sido juzgados, como Luis Bárcenas o algunos de los implicados en la Operación Púnica, desarrollada recientemente y en la que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha enviado a la cárcel al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, al empresario de la construcción David Marjaliza y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, entre otros.

Algunas de las operaciones más mediáticas de los últimos meses aún no se han sustanciado en imputaciones. Es el caso del expresidente catalán Jordi Pujol, que este verano reconoció haber tenido dinero en el extranjero durante años y, aunque hay querellas contra él en los juzgados, de momento sólo ha declarado ante la Agencia Tributaria. Sí están imputados tres de sus hijos: Jordi (presunto blanqueo y delito fiscal), Oriol (caso de las ITV) y Oleguer (blanqueo y delito fiscal).

Tampoco está imputado el histórico dirigente del sindicato minero SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa, que regularizó 1,4 millones de euros en la amnistía fiscal. Por las supuestas 'tarjetas B' de Caja Madrid y Bankia sólo están imputadas tres personas (Blesa y Rato y el exdirector general Ildefonso Sánchez-Barcoj). El juez les atribuye a ellos el diseño de las tarjetas, pero no a sus más de 80 usuarios.

Macrocausas

Estas cifras proceden de un recuento de más de 135 casos de corrupción en España -algunos de ellos son macrocausas y otros afectan a sólo a un alcalde de una localidad- que o bien siguen abiertos o bien se han cerrado con condenas en esta legislatura.

Entre los más voluminosos por número de imputados está el de los supuestos ERE irregulares andaluces, con más de 200, aparte de la petición de imputación a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que están aforados, por lo que tendrá que pronunciarse el Tribunal Supremo.

También la trama Gürtel (con 140 imputados, a los que se suman los alrededor de 30 de su derivada, los 'papeles de Bárcenas') y otros casos como Astapa (en el ayuntamiento de Estepona, Málaga), el gallego Pokémon' y el Unión, de Lanzarote, con un centenar cada uno. La trama de adjudicaciones de basuras en Alicante, Brugal, está en el entorno de los 50, al igual que en la operación Púnica.

En el caso Gürtel, que cumplirá seis años el próximo febrero, sólo han sido condenados dos altos cargos del expresidente valenciano Francisco Camps, el exvicepresidente Víctor Campos y el exjefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret, que confesaron haber recibido sobornos. Fue el llamado 'caso de los Trajes', en el que Camps y el que fuera secretario general del PP valenciano Ricardo Costa fueron absueltos del delito de cohecho impropio.

En la Audiencia Nacional, el juez Pablo Ruz tiene cerrada la instrucción de una primera parte para juzgar a los primeros 45. En Valencia, está cerrada la instrucción de dos de las seis piezas, con un total de 40 imputados.

En las últimas semanas también se ha cerrado la instrucción del 'caso Campeón', --en el que la juez de Lugo quiso imputar al exministro José Blanco pero el Supremo archivó su caso-- y ha comenzado el juicio del caso Unión.

Sí hay sentencias condenatorias en los casos Pallerols, Hacienda, Palau y Caixa Penedès en Cataluña, el caso Cooperación en la Comunidad Valenciana y los casos que han afectado a los ayuntamientos de Marbella, Plasencia y Cudillero. Asimismo, se han impuesto penas en al menos siete casos que afectan a Baleares, una de las comunidades donde se tramitan asuntos de corrupción de mayor peso, junto a Cataluña, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias y Galicia.

Los casos de corrupción afectan sobre todo al PP y al PSOE, pero también a formaciones regionales como CiU, UM o Coalición Canaria. Algunos de los implicados han evitado dimitir alegando que aún no había finalizado la instrucción de la causa, pero a raíz de los resultados de las elecciones europeas del 25 de mayo --que revelaron el auge de Podemos-- los partidos se están viendo obligados a exigir dimisiones más rápido.


* Público - EP - 2.11.14
Foto: Corrupción - Ricardo Ríos

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La PAH le ocupa al banco malo un nuevo bloque para realojos sociales

La actuación de la PAH en estos últimos años está siendo ejemplar en el sentido de de llenar el hueco que las administraciones se niegan a ocupar por su delito en la crisis-estafa inmobiliaria. El llamado 'banco malo' (Sareb) ha sido una chapuza financiera para sanear las cuentas bancarias a costa del estado, como se sabe, y ese despropósito se está viendo meses más tarde de su creación por el gobierno. Hasta ahora la PAH lleva ocupados para gente necesitada 29 inmuebles del Sareb en todo el país, que estaban vacíos y en desuso. La última ocupación se ha efectuado en la localidad tarraconense de El Vendrell en un edificio de 36 viviendas. Poco a poco, esta actividad meritoria de la PAH está siendo reconocida y aplaudida por todos. No es para menos.
"DIAGONAL* : La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha anunciado la mañana del miércoles la recuperación de un edificio vacío en la localidad tarraconense de El Vendrell para alojar a personas sin acceso a una vivienda digna. El inmueble, según ha declarado PAH el Vendrell, es propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida como 'banco malo'.

El objetivo de PAH el Vendrell es luchar por un alquiler social para las personas que van a vivir en el bloque, en la línea de lo defendido por la campaña Obra Social de la PAH, que ha recuperado 29 inmuebles en todo el Estado español con este objetivo.

Según ha declarado a DIAGONAL Luis Miralles, de PAH el Vendrell, de momento sólo han podido alojarse 9 familias en el inmueble, pese a que éste tiene 36 pisos. “El vandalismo y el saqueo han hecho mella en este edificio, llevaba tres años vacío”, se lamenta. La plataforma, indica, está trabajando con los medios a su disposición para rehabilitar más pisos del bloque, dado que hay más personas en espera para formar parte de la campaña Obra Social. “En los tres años que ha estado vacío el bloque, ¿a cuántas familias se ha desahuciado?”, declara.

La PAH ha informado de la ocupación al Ayuntamiento, los juzgados, la guardia urbana y los mossos. Dos miembros de PAH el Vendrell han registrado esta mañana una solicitud para que el ayuntamiento colabore en la regularización del agua y de la luz del bloque, que actualmente se encuentran pinchados. “No queremos vivir de gratis”, aclara Miralles, “sino pagar un alquiler en razón de lo que tenemos actualmente. Hay familias que no tienen ningún ingreso, y otras que tienen que tirar entre 6 con 426 euros”.

Recientemente un bloque recuperado por la PAH en Sabadell ha conseguido que la Generalitat le ceda el inmueble entero, después de que Sareb -la entidad propietaria- lo incluyese en la bolsa de 600 pisos cuya gestión a puesto en manos del Gobierno catalán para su uso como parque de vivienda en alquiler social. La PAH pelea ahora para que la decisión siente un precedente, algo complicado porque el banco malo no negocia directamente con los grupos stopdesahucios y la Generalitat es la que debe dar el visto bueno. La PAH mantiene ocupados actualmente un total de cinco bloques de Sareb en Cataluña, a los que se suman cuatro en el resto del Estado.


* Diagonal - 24.9.14
Foto: Decenas de miembros de la PAH, durante el anuncio del nuevo bloque recuperado a la Sareb. / PAH EL VENDRELL

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Andalucía.- Reino Unido presiona para salvar más viviendas ilegales de británicos

Lo que faltaba, además de las irregularidades de la Junta de Andalucía en cuestión de amnistía de viviendas ilegales, vienen ahora los británicos (mayoría en la costa) a exigir más legalizaciones para las suyas, que también se saltaron las normas urbanísticas municipales y/o autonómicas. La embajada aplaude la regularización anunciada por la Junta, pero reclama una salida para las casas con órdenes de derribo o inmersas en procesos judiciales. Por supuesto que la inútil en esta cuestión, Junta, terminará dándoles la razón ya que 'dinero es dinero' y el turismo británico en la costa tiene una gran importancia. Es decir que aquí se hacen las leyes en función de quién paga, si es un pobrecito labrador que se hace un chamizo, rápidamente lo derriban, pero si es una colonia de tanto peso económico como la británica, hacen todo lo posible por agradarla. Lamentable discriminación de la Junta del PSOE+IU que en esto se parece a otras Comunidades 'populares' que practican las mismas ilegalidades. Todo ello, además, bendecido por la 'sacrosanta' justicia urbanística que sigue ejerciendo su eterno papel de D.Tancredo.
"ELPAÍS* : El Gobierno de la socialista Susana Díaz apenas había echado a andar cuando hace casi un año —a finales de octubre de 2013— surgieron los primeros problemas por el flanco del descontrol urbanístico. En Cantoria, un municipio almeriense, las piquetas acabaron con dos casas propiedad de ciudadanos británicos. El derribo de estas construcciones ilegales levantó el interés de la prensa británica. Y la embajada del Reino Unido solicitó a la Junta una reunión para abordar este conflicto. "El embajador [Simon Manley] ha planteado este asunto en conversaciones con diferentes autoridades, tanto nacionales como autonómicas", reconoce el Gobierno británico.

En febrero de este año se produjo el primer encuentro con la Consejería de Medio Ambiente. El 27 de agosto se reunieron la presidenta andaluza y el embajador. Fuentes presentes en ese encuentro sostienen que el representante del Ejecutivo británico destacó el "problema" de sus compatriotas que son dueños de edificaciones ilegales en la costa andaluza. La presidenta de la Junta respondió que la consejería ya estaba trabajando en buscar una salida, apuntan las mismas fuentes.

Díaz ha anunciado esta semana en el Parlamento una modificación de la ley urbanística andaluza, la LOUA, que permitirá regularizar entre 20.000 y 25.000 casas ilegales. Se trata, principalmente, de construcciones aisladas ubicadas en municipios de Almería y Málaga, donde se concentra el problema con los ciudadanos británicos, que suelen argumentar que desconocían el origen ilegal de los terrenos y las casas cuando las compraron.

El cambio anunciado no supondrá la legalización de las edificaciones levantadas en suelos no urbanizables, pero la regularización permitirá un reconocimiento de la Administración. Es decir, "tendrán la seguridad de que las casas no se van a demoler", apunta Nieves Masegosa, secretaria general de Ordenación del Territorio de la Junta. Además, las casas podrán acceder con garantías al suministro de agua y luz, algo que deberán costear los propietarios. Podrán también inscribirlas en el registro, con lo que se admitirá legalmente la venta o donación.

El cambio normativo —que aún no se ha aprobado— ha despertado las críticas feroces de la organización Ecologistas en Acción, que acusa a la Administración andaluza de apostar "por el urbanismo ilegal". IU, socio de gobierno del PSOE en la Junta, se negó a apoyar el jueves esta modificación en el Parlamento. Pero no se descarta que la coalición de izquierdas acabe respaldando el cambio. "No pretendemos tirar todas las casas ilegales de Andalucía, no se puede hacer", reconoce José Antonio Castro, portavoz de IU en el Parlamento autónomo.

La embajada del Reino Unido, que ya conocía que iba a haber cambios, acoge con cautela el anuncio. "Esperamos que eso permita a muchos más propietarios beneficiarse del decreto de regularización [aprobado por la Junta en 2012], además de potencialmente abrir el camino para que puedan obtener la propiedad legal sobre sus inmuebles", sostiene una portavoz. "Sería un primer paso muy sensato", añade.

Pero el Gobierno británico pide más: quiere que la Junta "aborde la grave situación en que se encuentran algunos propietarios de nacionalidad británica, cuyos inmuebles están inmersos en actuaciones judiciales en los tribunales o que ya se enfrentan a órdenes de derribo". Esta petición no va a encontrar respuesta en la Junta, entre otras cosas, porque supondría invadir competencias de los jueces, apuntan fuentes de la Administración regional.

En verdad, lo anunciado ahora por la Junta no es más que una ampliación del decreto aprobado por el Gobierno andaluz a principios de 2012. Esa norma suponía el indulto de unas 250.000 viviendas levantadas sin permisos. El decreto, que aún tiene una aplicación muy baja, afectaba, principalmente, a las grandes urbanizaciones ilegales repartidas por toda la comunidad. Pero dejaba fuera a las construcciones aisladas en terrenos parcelados, que seguían en un "limbo jurídico", como lo ha calificado la Junta. Lo que se hará ahora es que la parcelación de un terreno en zona no urbanizable —es decir, su división para la venta o construcción de varias casas— también prescriba y así puedan regularizarse las edificaciones. Pero esta modificación, recalca la Consejería de Medio Ambiente, sólo afectará a las casas aisladas que se quedaron fuera del decreto de hace algo más de dos años y medio. "No es una amnistía ni una legalización", recalca Nieves Masegosa.

Díaz no ve en peligro el pacto con IU

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha negado este viernes que su pacto con IU en Andalucía esté en peligro por la discrepancia surgida sobre la modificación de la ley urbanística de la comunidad. Díaz ha reiterado que los cambios previstos para regularizar unas 25.000 viviendas se van a acometer “dentro de la legalidad” para dar una solución a “miles de familias que viven en el limbo”.
La presidenta ha asegurado que los servicios jurídicos de la Junta “están trabajando de manera acelerada para dar seguridad” a esta situación. Por su parte, la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, ha afirmado que la regularización no será “un café para todos” y que no se cambiará la situación de las casas que estén levantadas en suelos protegidos.
IU se negó el jueves a aprobar en el Parlamento la modificación propuesta por Díaz, aunque más por un problema de formas que de fondo.
El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, ha advertido este viernes de la “constante inestabilidad” en la que vive la Junta. “Todos los días llega un rumor de posible adelanto electoral o una posible ruptura de la coalición”, ha sostenido. “Todos los días hay inestabilidad”, ha reiterado.
En su opinión, esta situación no es positiva, porque no se puede vivir “en una permanente incertidumbre”. Moreno ha pedido a Díaz que “controle a su Gobierno”, puesto que “ha perdido el control y no lo controla, ni a IU”. Ha añadido, además, que el andaluz es un “Gobierno de perfil muy bajo, sin músculo, sin iniciativas, sin ambiciones”. Por ello, reitera que es necesario que la presidenta cambie a “consejeros que están muy quemados”.


* El País - MANUEL PLANELLES - 19.9.14
Foto: Viviendas ilegales en Alcaucín, en Málaga. / GARCÍA-SANTOS

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Las vecinas de un bloque ocupado en el centro de Madrid consiguen el realojo

Las acciones de la PAH empiezan a dar resultados visibles en toda la geografía del país. Así en Madrid, la campaña de Obra Social, impulsada por la PAH y grupos 'stop desahucios', consigue ahora la detención del desalojo de un bloque de la Caixa y ganar 19 alquileres sociales. El bloque fue ocupado el 5 de enero de este año por Vivienda Centro, uno de los colectivos del #15M que participan en la campaña de Obra Social y tenía amenaza de desalojo para este 26 de Septiembre. El acuerdo alcanzado con los propietarios de la Caixa significa otra victoria más en la larga lucha emprendida por la PAH y 'stop desahucios', con lo que ya son casi 1.200 personas realojadas en todo el país. Todo un ejemplo de constancia ciudadana a seguir.
"DIAGONAL* : Las vecinas de La Manuela, un bloque ocupado perteneciente a La Caixa en el centro de Madrid, han conseguido ser realojadas con alquileres sociales en otras viviendas pertenecientes a la entidad. Tras más de un año de contactos y negociaciones, que han incluido una amenaza de desalojo para el 26 de septiembre, las 19 familias que viven en el bloque han conseguido lo que han definido en un comunicado hecho público la tarde del viernes “un acuerdo con la Caixa donde se comprometen a realojar a todas las unidades familiares de La Manuela en régimen de alquiler social”.

El bloque fue ocupado el 5 de enero de este año por Vivienda Centro, uno de los colectivos del 15M que participan en la campaña de Obra Social. Mediante esa campaña, la PAH y grupos stop desahucios han realojado a personas sin vivienda digna en 27 bloques vacíos en manos de la banca. Se trata del segundo realojo exitoso de la campaña en una semana, después de que PAH Sabadell anunciase la regularización de 40 familias con alquiler social en un inmueble perteneciente al conocido como 'banco malo'. En total, la Obra Social de la PAH ha conseguido en tres años regularizar a las vecinas de 5 bloques ocupados, mientras que uno fue desalojado el pasado diciembre en Salt (Girona). El último recuento hecho por la PAH cifra en 1.180 personas las realojadas por la Obra Social en bloques y pisos vacíos de los bancos.

“Estas dos victorias nos demuestran que sí se puede, que la Obra Social es una campaña legítima, que recuperar bloques de bancos para quien ha sido desahuciado por estas mismos no sólo es necesario, sino que es de justicia y funciona”, ha declarado Vivienda Centro, colectivo que mantiene en el distrito centro de Madrid otros dos bloques recuperados. En total, la Obra Social ha recuperado en esta región 8 bloques, al que se debe añadir un noveno bloque recuperado en la provincia de Guadalajara. La PAH decidió en su encuentro celebrado en Valencia el verano de 2013 reforzar la campaña de ocupación de bloques de los bancos como respuesta al rechazo en solitario por parte del PP a las Iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago, el alquiler social y la moratoria de desahucios.


* Diagonal - 12.9.14
Foto: PAH, bloque recuperado en Madrid - diagonal

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Victoria de La PAH de Sabadell, que ha conseguido la cesión de uno de sus bloques ocupados en el municipio para alquiler social

La que empezó siendo una plataforma semiclandestina para el gobierno y la justicia, La PAH, ha ido consiguiendo, gracias a la movilización ciudadana, éxito tras éxito en la defensa de una vivienda digna, bien sea a través de los desahucios impedidos o, como ahora en Sabadell, con nuevas viviendas para alquiler social. El inmueble salvado por La PAH consta de 40 pisos que cumplen la función de realojar a un total de 146 personas, 58 de ellas menores, y se encontraba en peligro de desalojo. El éxito social es rotundo y debe servir como ejemplo para otros lugares del país que se encuentran en parecida situación de abandono institucional. El derecho a una vivienda digna recupera así todo su valor primario y fundamental.
*DIAGONAL* : La Conselleria de Territori i Sostenibilitat afirmaba el martes pasado, mediante un comunicado, la cesión de hasta 600 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) –popularmente conocida como el 'banco malo'– para dedicarlas al alquiler social, a raíz de un acuerdo entre el Govern y la Sareb firmado el mes de julio.

Esta mañana, miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Crisis (PAHC) de Sabadell recibían la noticia de que una de estas viviendas es el tercer bloque ocupado por la PAHC hace más de un año, propiedad de la Sareb y sito en la calle Sant Ferran número 109 del municipio catalán. El inmueble consta de 40 pisos que cumplen la función de realojar a un total de 146 personas, 58 de ellas menores, y se encontraba en peligro de desalojo.

En la pasada reunión a tres bandas entre la PAHC Sabadell, el Ayuntamiento de Sabadell y la Generalitat de Catalunya, ya se exigió que el bloque fuera cedido a la Generalitat. Ahora, después de la cesión, la Sareb queda totalmente fuera de las negociaciones, que se llevarán a cabo entre administraciones locales y autonómicas y la Agència de l’Habitatge de Catalunya, que hasta ahora hacía de interlocutora para la PAHC Sabadell.

La Agencia efectuará los trámites correspondientes para que la Generalitat acredite que las familias que viven en el inmueble cumplen los requisitos necesarios para ser beneficiarios del alquiler social, que se situaría entre los 150 y los 400 euros mensuales. Sin embargo, la PAHC ha anunciado que el umbral del 30% de los ingresos es innegociable y que las familias sin ingresos no pagarán los alquileres.

El portavoz de la PAHC de Sabadell ha afirmado que la Obra Social PAH "es la única respuesta posible para gargarizar una política real y reconocida por el derecho a la vivienda" y que "esta victoria debe servir de precedente para el resto de PAH del territorio".


* Diagonal - La Directa - Cristina Castaño Gómez - 9.9.14
Foto: Imagen de la fachada del bloque ocupado en Sabadell - diagonal

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El suelo urbano sin agua y luz debe tributar como rústico

Continúan las consecuencias nefastas de la llamada burbuja inmobiliaria de los últimos 16 años en este país. Actualmente hay un grave problema en la calificación del suelo y su tributación, que afecta negativamente a las economías familiares, aunque también, todo hay que decirlo, a los especuladores inmobiliarios que son los verdaderos culpables de la situación. Innumerables terrenos que han sido calificados como urbanizables, según consta en el Plan General municipal, no han desarrollado sus infraestructuras y dotaciones para llegar a ser urbanos, debido en gran parte a la crisis/estafa de estos años. No obstante, estos suelos tributan en el Catastro como urbanos (mayor cotización), algo a lo que los Tribunales de justicia han puesto coto, resolviendo que no debe ser así y que deben tributar como rústicos (menor cotización). El Supremo ha ratificado la sentencia, luego es de esperar que las valoraciones catastrales se modifiquen inmediatamente ya que son injustas e ilegales. Veremos si es verdad que así sucede.
"ELECONOMISTA* : La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha preguntado a la Secretaría de Estado de Hacienda cómo va a adaptar los datos y valores catastrales del suelo calificado como urbano no desarrollado al contenido de la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014. En una nota publicada ayer, destaca Becerril que la legislación obliga a tributar por una finca como urbana desde que el Catastro recibe la comunicación del nuevo planeamiento, pero que existen municipios que aprobaron un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en una etapa de expansión y crecimiento inmobiliario, que nunca se ha desarrollado por el cambio en la situación económica.

No existe solar urbano
La sentencia, de la que es ponente el magistrado Frías Ponce, concluye que si un suelo se ha calificado como urbanizado pero no tiene las características de solar urbano (acceso a agua, luz, aceras...), deberá tributar como suelo rústico.

El Supremo ratifica el fallo establecido por el juzgado de instancia sobre la consideración de un inmueble, clasificado en el PGOU de Badajoz como suelo urbanizable con condiciones como suelo de naturaleza urbana a efectos catastrales.

Dice Frías Ponce que es nula la valoración por cuanto la finca que es causa del litigio, pese a estar dentro del perímetro que delimita el suelo urbano de Badajoz, es de naturaleza rústica por tratarse de un suelo urbanizable, sin haberse iniciado el correspondiente proceso de urbanización, al no estar aprobado el instrumento de desarrollo.

Así, añade el magistrado que si fuera suficiente con la simple inclusión en el perímetro geométrico de sectores de desarrollo en el suelo urbanizable, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento (como defendía la Abogacía del Estado), sería innecesaria la mención a "los demás suelos de este tipo a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo", tal y como se regula en el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

De ser así, considera que se entenderían por suelo de naturaleza urbana todos los inmuebles clasificados como urbanizables a efectos catastrales por considerarse así en el Plan General, incluso los urbanizables sin condiciones que precisan para su ejecución la modificación del Plan General, "lo que no tiene sentido alguno".

Por ello, el razonamiento del ponente concluye argumentando que debe calificarse como suelo urbano en el PGOU de Badajoz exclusivamente "el suelo comprendido en los dos Sectores en que el PGOU de Badajoz establece su ordenación detallada sin necesidad de Plan Parcial, así como el suelo urbanizable en ejecución".

Por el contrario, considera que no es urbano el resto del suelo urbanizable, por exigir para su desarrollo un Plan Parcial o un Programa de Ejecución y, "por tanto, no puede considerarse sectorizado o delimitado". Así, la sentencia coincide con el informe La Realidad Catastral en España, publicado por la Defensora del Pueblo en 2012.


* El Economista - Xavier Gil Pecharromán - 19.8.14
Foto: Suelo urbanizado - noticiasconstruccion

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Los afectados por la venta de viviendas públicas de Madrid intentan que un juzgado pare sus desahucios

Los tejemanejes del gobierno 'popular' de Madrid en cuestión de vivienda son ya conocidos. Su alergia (interesada) a todo lo que huela a vivienda social o pública es escandalosa. Y como no podía ser menos esto continúa con el inefable presidente de la Comunidad, I.González, al que le llueven las irregularidades urbanísticas cometidas. Es el caso de las antiguas viviendas públicas del IVIMA que, el susodicho, vendió a un 'fondo buitre' internacional. Los afectados por el desahucio que anunció el fondo de inversiones han llevado el asunto al juzgado junto a la demanda existente ya por delito de malversación de caudales públicos y prevaricación continuada del Instituto de la Vivienda. Veremos como actúa, una vez más, la politizada y débil justicia.
"ELDIARIO* : Los inquilinos de los, antiguamente, pisos públicos del Insituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid tratan de que un juzgado paralice los desahucios que esperan a la vuelta de la esquina tras la venta por parte del Gobierno de Ignacio González de sus casas al fondo de inversiones Goldman Sachs-Azora.

Agrupados en la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA, se han personado como acusación popular en el caso contra la antigua gerente del insituto Ana Gomendio por delito de malversación de caudales públicos y prevaricación continuada, denunciado por un grupo de diputados regionales socialistas. El pasado sábado se ha celebrado su primera asamblea.

"La idea es pedir medidas cautelares en el juzgado nº48 de Plaza de Castilla para que se paren los alzamientos", explica a eldiario.es su portavoz, Enrique Villalobos. Además de los inquilinos que no pueden hacer frente a alquileres, "se están echando encima cada vez más fechas de vencimiento para las viviendas del Plan Joven que incluían alquiler con derecho de compra", cuenta. Esto significa que la nueva dueña de las casa, el fondo de Goldman Sachs mediante la empresa Encasa Cibeles podrá poner el precio que desee a las promociones ya que una modificiación legal aprobada por el PP en Madrid así lo permite. Cada promoción tiene sus propios plazos, no es un proceso simultáneo para todas las viviendas.

"El cambio de dueño es perjudicial para los inquilinos"

Los vecinos no tuvieron derecho a tratar de comprar los pisos cuando el IVIMA los sacó a subasta. El precio medio por el que el fondo se llevó 2.395 casas fue de 68.000 euros cada una para una operación que inyectó 201 millones de euros al Gobierno regional. El IVIMA les ha negado la condición de parte interesada por "no verse afectada su condición jurídica ya que la condición arrendatídica permanece con las mismas condiciones que antes de la venta", expuso.

En este sentido, la Defensora del Pueblo ha considerado recientemente que "el cambio de la figura del arrendador –dueño– de una entidad pública a otra privada resulta perjudicial para los adjudicatarios de una vivienda de protección pública". Esto justifica su "condición de interesados en el proceso de autorización de la venta", concluye la defensoría.

Pero el tiempo corre en contra de los inquilinos. "El colectivo cae presa del desánimo", cuenta Villalobos. Muchos de los que viven en estas casas son grupos desfavorecidos, al menos en lo económico, por lo que sus alquileres tenían precio reducido. "Algunos no quieren pasar por un desahucio y todo lo que ello conlleva por lo que prefieren marcharse sin más", describe el portavoz.

Este asunto de la renta reducida también ha sido objeto de análisis por parte de la Defensora, quien ve peligros en traspasar estas casas a una entidad puramente privada. El IVIMA aduce que Goldman Sachs debe respetar la reducción por el periodo de su validez: dos años. Pero, contrapone la defensora, "a partir de su venta las casas dejan de ser del IVIMA" con lo que ya no existe obligación de aplicar la norma de ayuda económica. Resultado: el alquiler quedaría encarecido automáticamente a los dos años.

Los abogados de la asociación podrán, al ser acusación popular, participar en el interrogatorio de la antigua gerente Gomendio el próximo 3 de septiembre. "Nos parece que se ha retrasado mucho", creen en la asociación. De todas maneras "los análisis que ha aportado la Defensora del Pueblo nos apoyan mucho a la hora de acudir al juzgado porque se sustentan en los mismos argumentos que han estado utilizando nuestros asesores legales", remata Villalobos.


* El Diario - Raúl Rejón - 6.7.14
Foto: Madrid, viviendas IVIMA - diagonal

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Mi casero es un fondo de inversión

Los fondos de inversión llevan muchos años en el candelero de los productos financieros más demandados, ahora bien, últimamente, muchos se han ajustado más y ahora son llamados con más propiedad 'fondos buitre', pues a eso se dedican realmente. No tienen cara ni sentimientos y se mueven al margen de las leyes nacionales o políticas, es la nueva economía global del capital depredador. En unos de los sectores más golosos como el de la vivienda no podían pasar desapercibidos y su influencia se nota (negativamente) en hechos que a veces no se perciben, pero que causan un gran perjuicio a numerosas personas en su vida cotidiana. Por ejemplo se sabe que en un solo año 5.093 viviendas públicas de este país han pasado a manos de empresas privadas. Algo muy grave y delictivo, sin duda.
"ELPAÍS* : Vanesa Fernández ha pasado de tener un casero llamado Estado a uno que se llama Goldman Sachs. El primero era más permisivo y aplicaba reducciones en el alquiler para que esta mujer en paro y con un hijo pudiera seguir pagando. El segundo no ha cambiado los términos del contrato pero lo aplica a rajatabla, pues busca la rentabilidad. Y eso es lo que ha hecho que esta mujer esté con un pie en la calle.

En plena burbuja, comunidades y ayuntamientos compraron terreno a precio muy elevado y dedicaron parte a levantar vivienda protegida. Ahora, con el corsé impuesto por Hacienda que les obliga a dar beneficios, los han revendido a fondos de inversión.

Vanesa Fernández, de 35 años, tardó siete en lograr que el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) le diera un piso protegido en régimen de alquiler. En 2012 se mudó al piso, un apartamento de 43 metros cuadrados en el Ensanche de Vallecas. Comparte la cama con su hijo de ocho años y viven también con ellos un jilguero y una siamesa que saluda dejando su orín en la funda del cámara. Le cobraban 409 euros. Meses después perdió su empleo como limpiadora. Pidió entonces a la Comunidad de Madrid una reducción de su cuota. Se la concedieron: durante dos años, prorrogables, solo tendría que pagar 81 euros al mes.

Pero las condiciones han cambiado. Desde octubre, su casero ya no es el Estado, sino Encasa Cibeles, la inmobiliaria de dos fondos de inversión: el estadounidense Goldman Sachs y el español Lazora, especializado en alquilar vivienda protegida, que tiene entre sus accionistas a la gestora de pensiones de Telefónica y del BBVA.

En situaciones similares se encuentran los residentes de 2.953 viviendas del Ivima, 1.860 pisos del Ayuntamiento de la capital y 298 del de Barcelona. Habrá más. La Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid (EMVS), con un agujero de 25,8 millones, planea desprenderse de más vivienda protegida para cumplir con el corsé del Ministerio de Hacienda que le obliga a dar beneficios.

Los nuevos propietarios están forzados a mantener los contratos de la Comunidad o los Ayuntamientos. El problema es que estos incluían claúsulas que muchas veces se aplicaban de forma laxa en función de las condiciones económicas de los inquilinos. Ahora los nuevos dueños las aplican de forma estricta.

Vanesa Fernández, por ejemplo, tendrá que volver a pagar los 409 euros de alquiler que fijaba su contrato inicial (300 por el piso y 109 por una plaza de garaje que no usa pero que es ilegal alquilar). Pero no puede. Sus ingresos son 150 euros que le pasa su expareja por el niño y los 338 euros de la renta mínima de inserción. A veces saca 100 euros al mes limpiando, pero no siempre. La reducción del alquiler que le había concedido la comunidad era su única opción para poder acceder a una vivienda.

Pero la Comunidad de Madrid ya no se hace cargo. Y, cuando Vanesa comunicó a Encasa Cibeles que en agosto tenía que renovar la reducción de su alquiler, le informaron de que ya no vivía en suelo público, y de que una vez caducada dejaba de tener derecho a esa ayuda (al igual que otras 500 familias). Vive desde entonces atemorizada. “Cuando deje de poder pagar, ¿me desahuciarán?”, se pregunta. “¿Dónde viviremos?”. Ha añadido un cerrojo a la puerta porque teme que alguien intente ocuparla. La mitad de las viviendas de su planta lo están.

El mismo miedo que siente Vanesa se ha apoderado de Margarita Ponsa, de 63 años. En 2012 la realojaron de la casita baja en la que vivía en un piso del Ivima. Un día Margarita vio cómo cuatro todoterrenos se paraban en la puerta de su vivienda, con vistas a las cuatro torres, y salían de ellos varios ejecutivos que clavaban los ojos en su edificio. Días después recibía una llamada supuestamente del Ivima en la que le pedían información de muchos de sus vecinos, lo que la terminó de preocupar. Días después se extendió el rumor de que el edificio había pasado a manos de un fondo de inversión. Anda desde entonces atemorizada. Solo cobra 426 euros al mes y no le da para pagar su alquiler. Con su reducción actual, del 60%, se le queda en 100 euros. Lo que no sabía Margarita, es que la subasta de su edificio quedó desierta. Por el momento puede respirar tranquila: su vivienda sigue estando en manos públicas.

Enrique Villalobos, de la Asociación de Vecinos del Ensanche de Vallecas, explica otros problemas que han descubierto los vecinos afectados: “Aunque el contrato incluía el pago del IBI por parte de los inquilinos, la Comunidad de Madrid no lo cobraba. Pero Encasa Cibeles ha empezado a hacerlo. Además, están subiendo los gastos de comunidad un 15%”. La mayoría de los casos eran contratos de alquiler con opción de compra y los inquilinos están comprobando que, a diferencia de lo que esperaban de la Comunidad de Madrid, los fondos de inversión están fijando el mayor precio de mercado que permite el contrato para la compra-venta.

Los que eran inquilinos del Ayuntamiento de Madrid también se quejan. En Carabanchel, los vecinos de una promoción municipal ven que se acerca agosto y no van a poder comprar la casa como algunos deseaban. El contrato de un tercio de los pisos dice que la Empresa Municipal de la Vivienda “facultativamente” se lo ofertará, pero el negocio de los nuevos dueños —Blackstone y Magic Real Estate— es alquilar y no abren esa posibilidad. Muchos vecinos han invertido en las casas y se sienten indefensos.

Miguel Oñate, de Magic Real Estate, afirma que las condiciones de alquiler se mantienen en todos los casos. Oñate asegura que están dispuestos a bajar el precio hasta un 25% a quienes contaban con una ayuda social y a llegar a acuerdos con quienes no pueden cumplir. Trescientos vecinos no pagaban; hoy son 50. Tienen 15 okupas y cuatro desahucios pendientes: uno se va a ejecutar pues el inquilino se niega a pagar. Los otros tres los han paralizado mientras el Ayuntamiento busca otro piso a las familias.

Uno de los desahucios paralizados es el de Mari, de 51 años, su marido y su hija enferma. En 2012 la familia dejó de pagar los casi mil euros de piso (que incluye los gastos de agua y luz) porque él, albañil, se quedó en 2009 sin empleo y ella, asistenta, no puede trabajar por problemas de fibromialgia, diabetes y un glaucoma. Ella entiende el desalojo ante el impago, pero no que no se haya rebajado el alquiler de su vivienda social en función de su renta, que es de 420 euros mensuales, o que no le hayan cambiado, como pidió, a un piso más pequeño. “Vivo aquí desde 2006. Nadie me ha regalado nada. Tengo fotos con la concejala que subió a mi casa a hacerse fotos para la prensa”, cuenta por teléfono Mari, que quiere preservar el anonimato mientras busca un nuevo piso. En diciembre se enteró de que su caso llegaba a los juzgados y se acercó a Magic Real Estate para negociar. “Nos preguntaron de dónde éramos. Y nos dijeron que por qué no íbamos pensando en mudarnos a Burgos que es más barato”, cuenta pasmada. La gestora no ha pedido que ejecuten su desahucio.

En Barcelona, 298 viviendas municipales han pasado a manos de Azora Gestión, dueña también de Lazora. Josep Ortiz, representante de los vecinos, explica que, aunque los alquileres se mantienen, los gastos de mantenimiento han subido un 50% y les obligan a alquilar una plaza de garaje. Le preocupa la “indefensión” ante “especuladores que no garantizan que con nuestro dinero se mantenga vivienda protegida”.

Muchos vecinos del Ivima están empezando a recibir órdenes de desahucio. Por ellos intermedia la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. “Le pasamos a la Consejería los desahucios que nos llegan”, dice Villalobos. “Su compromiso es estudiarlos. Hasta ahora se están parando. A algunos les presentan un plan de pagos y a otros les ofrecen vivir en barrios o localidades donde la gente no quiere”. El Ivima sostiene que no se ha “desvinculado” y hace de “mediador” para evitar desahucios. Encasa Cibeles declina responder pero asegura que hacen “un gran esfuerzo para ofrecer soluciones a quienes lo necesiten, en colaboración con trabajadores sociales y la Administración Pública”. Hoy Goldman Sachs negocia con empresarios chinos vender sus casas en Leganés.

El Defensor del Pueblo, que ha pedido más información al Ivima, sostiene que los afectados debían haber tenido la consideración de interesados en la venta de sus viviendas. Estos han creado una asociación para unirse a la querella del PSOE contra la directora del Ivima, Ana Gomendia, a la que acusan de vender a un precio irrisorio los pisos y de prevaricación y malversación. Han contratado a los abogados que ganó la causa de la Sanidad pública contra las privatizaciones de Lasquetty, el bufete Liria. Sus honorarios, 30.000 euros, esperan recaudarlos mediante micromecenazgo. “Podríamos incluso lograr la paralización y retrotraer la venta si el juez la considera fraudulenta”, dice Juan Carlos Antón, abogado del bufete.

Tras la nueva compra, Lazora gestiona más de 8.400 viviendas protegidas en alquiler en 13 ciudades. Muchos de sus inquilinos no están pudiendo pagar. Carmen, aragonesa, les debe tres meses. Su cuota es de 447 euros. “El alquiler es demasiado alto, no deberíamos pagar tanto de comunidad ni de IBI. Cuando tenemos un problema la chica en Zaragoza dice: ‘lo hablaré con Madrid”. Loli Cuenca, 38 años, de Alicante, aporta otra queja: “Cuando no quieren comunicarse, desaparecen”. Lo vivió tras dejar tres meses impagados al morir su padre, con cuya pensión pagaban el alquiler. “Quisimos pagar pero no hubo forma. Lazora cortó la conversación”. Días después recibieron su orden de desahucio.


* El País - CARMEN PÉREZ-LANZAC / ELISA SILIÓ - 29.6.14
Foto: Bloque de viviendas en construcción - 20minutos (archivo)

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