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VEGAMEDIAPRESS* : Tres altos cargos del Gobierno regional del Partido Popular, de Ramón Luis Valcárcel, son los primeros en empezar a desfilar como imputados por el pelotazo urbanístico en el paraje protegido de La Zerrichera ante el magistrado titular del Juzgado número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, instructor de la querella criminal presentada la primavera pasada por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Manuel López Bernal.
Los primeros en comparecer y prestar declaración han sido el matrimonio integrado por Antonio Alvarado y Encarna Muñoz, que antes de las elecciones de mayo pasado eran directores generales de Calidad Ambiental y del Medio Natural, respectivamente. El tercero en comparecer ante la justicia ha sido Juan Ignacio Sánchez Gelabert, que era jefe del Servicio de Calidad Ambiental. Todos ellos de la consejería de Medio Ambiente.
Para el jueves está prevista la comparecencia ante el magistrado instructor de los dos otros imputados pertenecientes a la consejería de Obras Públicas, así como la del alcalde y un ex concejal de Águilas, en cuyo término municipal el grupo Hispania, del constructor Trinitario Casanova Abadía, proyectó construir una mega urbanización de 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf de 128 hoyos, en este paraje de la Red Natura de la Unión Europea. En total son siete imputados, todos ellos destacados militantes del Partido Popular (PP).
Este pelotazo urbanístico produjo 75 millones de euros en plusvalías a Trinitario Casanova, amigo personal del consejero de Obras Públicas y Vivienda, Joaquín Bascuñana, a través de una operación financiera con la Kutxa (Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián). Esta caja vasca está implicada en otros pelotazos urbanísticos en la región murciana, como es el del paraje, también protegido, de Lo Poyo, en el Mar Menor.
Tras las elecciones de mayo pasado, el presidente del PP y de la comunidad murciana, Ramón Luis Valcárcel, le ha dado una nueva consejería a Joaquín Bascuñana: la de Política Social, Mujer e Inmigración. Por su parte, el constructor trinitario Casanova, que se había hecho propietario del periódico regional El Faro, llegó a acusar a Valcárcel de “cobarde” y, se presume, abandone la región para fijar su residencia en Madrid, ante el fiasco de sus operaciones urbanísticas.
Se da el caso que, el pasado cinco de septiembre, la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia había dictado ya un auto en el que paralizaba cautelarmente la urbanización del paraje de La Zerrichera, al considerar que perjudicaba el interés general. El alto tribunal murciano también tiene paralizado cautelarmente otro proyecto, el de Puerto Mayor, en La Manga del Mar Menor, en el que también están presuntamente implicados altos cargos del Partido Popular en Murcia.
Se da también el caso de que uno de los imputados, Manuel Alfonso Guerrero Zamora, director general en el anterior gobierno de Ramón Luis Valcárcel, ha sido nombrado recientemente nuevo Gerente de Urbanismo del ayuntamiento de Lorca, tras ganar por vez primera el PP las elecciones municipales en este “granero” socialista murciano.
En el caso de La Zerrichera, la Fiscalía de Murcia estuvo durante un año exacto investigando la denuncia que habían presentado las organizaciones Ecologistas en Acción y Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE, que terminó en querella criminal por presuntos delitos contra el medio ambiente, falsedad documental y prevaricación, entre otros.
El Gobierno del PP, de Ramón Luis Valcárcel, que en las pasadas elecciones de mayo renovó por cuarta vez la mayoría absoluta en la región murciana, tendrá que comparecer ante el parlamento regional para informar, a petición del grupo parlamentario Socialista, sobre este asunto.
* VegaMediaPress - F.M. MARTÍNEZ - 18/09/2007
Foto: La Zerrichera (Águilas) Murcia - la-actualidad.com
El Gobierno de Murcia empieza a desfilar ante la Justicia por el pelotazo de La Zerrichera
El Ayuntamiento de Orihuela aprueba 2.500 casas pendientes de la desaladora que boicotea
ELPAÍS/Alicante* : Con dos informes desfavorables, uno de la Confederación Hidrográfica del Segura y otro del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVSSA), el PP en el Ayuntamiento de Orihuela aprobará hoy el proyecto de Urbanización PAU 7, que contempla la construcción de 2.500 viviendas para albergar a unos 8.000 nuevos habitantes en la costa. La falta de agua, según la Confederación del Segura, se paliaría con los recursos de la "desalinización de agua marina" de la planta que el propio PP está boicoteando en Torrevieja. Además, el IVVSA critica las pocas viviendas protegidas previstas.
Será la primera gran actuación urbanística aprobada por la nueva alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente del PP, y contará con el rechazo de todos los partidos en la oposición. El pleno extraordinario de esta mañana aprobará el expediente modificado del PAU 7, que promueve Antonio Pedrera, de la Urbanizadora Villamartín.
El proyecto salió a exposición pública en 2002, durante el mandato del anterior alcalde, José Manuel Medina, del PP, su tramitación fue lenta y el último escollo se salvó el 11 de mayo, días antes de las elecciones, cuando la comisión Territorial de Urbanismo informó favorablemente. En su resolución la consejería admite que la Confederación del Segura "condiciona" esta actuación urbanística a la disponibilidad de recursos hídricos, que llegarán de "la desalinización de agua marina con las previsiones, a corto plazo, del programa AGUA". El IVVSA también emitió un informe desfavorable en abril de 2006 que indicaba que las viviendas protegidas, (1.719 en tres sectores diferentes), "no alcanzan el número establecido en el estudio de necesidades de demanda" en cuatro años, que son 2.322 viviendas. Entre la documentación de este proyecto figura un informe de Aquagest Levante con datos sobre el agua potable que la Mancomunidad de Canales del Taibilla abastece a Orihuela que confirma el espectacular aumento de consumo en pocos años, al pasar de los 2.8 millones de metros cúbicos de agua de 1999 a los 5.5 consumidos en 2006. "El agua que pide el PP no es para el campo, es para el ladrillo", dijo ayer la portavoz socialista en Orihuela, Antonia Moreno. Los siete concejales socialistas, los tres de los Verdes y el edil del Centro Liberal Renovador votarán en contra de este proyecto que aprobarán en solitario los 14 ediles del PP. Ayer este periódico intentó sin éxito conocer la versión de la alcaldesa, Mónica Lorente.
La portavoz socialista fundamentó su oposición en la existencia de estos dos informes desfavorables y en que "no exista ningún documento oficial que asegure que se hayan subsanado los errores". La edil también criticó la contradicción que supone "la oposición y el boicot permanente del PP a la desaladora de Torrevieja, y que ahora el mismo partido apruebe nuevas casas que requieren agua desalada". La oposición también se pregunta dónde estas las necesidades educativas y sanitarias que tendrán los 8.000 nuevos habitantes de esta zona de la costa en la que se han construido ya 50.000 viviendas.
* ELPAIS.com - EZEQUIEL MOLTÓ - Alicante - 19/09/2007
Foto: Orihuela - wikipedia
El plan estrella del Gobierno sobre el alquiler calca una medida en vigor desde 2004
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ELPAÍS* : Sobre las escaleras de La Moncloa, reservadas a las ocasiones solemnes, José Luis Rodríguez Zapatero y Carme Chacón anunciaron ayer "el salto adelante" del Gobierno en materia de alquiler. A partir de enero, los menores de 30 años que ganen hasta 22.000 euros brutos al año recibirán por ley 210 euros al mes. Lo chocante es que, desde julio de 2004, está en vigor una medida muy parecida: 240 euros al mes que ya reciben unos 40.000 inquilinos y que instauró la entonces ministra, María Antonia Trujillo.
A seis meses para las elecciones, el presidente del Gobierno y la ministra de Vivienda escenificaron con toda la pompa su medida estrella para movilizar el voto joven, su última ley antes de las generales: el "plan de apoyo a la emancipación e impulso al alquiler".
"Se trata de que la vivienda deje de ser un problema y pase a ser un derecho", proclamó Zapatero. "Llevo 70 días y 70 noches en el cargo trabajando para que ningún proyecto vital se vea truncado por la falta de acceso a la vivienda", afirmó Chacón. La ministra aparecía visiblemente satisfecha junto al presidente, que alabó su gestión.
La principal medida es la llamada "renta para la emancipación de los jóvenes". Se trata de 210 euros al mes de ayuda al alquiler durante cuatro años como máximo. Podrán acogerse a ella trabajadores de entre 22 y 30 años que ganen menos de 22.000 euros brutos al año. Sólo se concederá una ayuda por vivienda. Es decir, si dos jóvenes comparten piso, sólo recibirán una ayuda. Para pedirla hay que llevar cuatro años residiendo legalmente en España y no valen los alquileres entre familiares.
Como el alquiler medio en España es de 720 euros al mes, la ayuda supondrá un 29% del total, aunque con enormes diferencias. Mientras que en Madrid, donde el alquiler medio es de 1.138 euros, el subsidio supone el 18% del total; en Galicia llega al 63% de la cuota.
Además, Vivienda dará un préstamo de 600 euros para la fianza del piso y un aval de seis meses para garantizarle al propietario que cobrará el alquiler.
Chacón anunció que el primer año se beneficiarán de esta medida 180.500 personas, con un coste de 436,5 millones. La previsión es la misma que el PSOE llevaba en su programa electoral, donde se comprometía a sacar al año 180.000 viviendas "en compra o en alquiler, a un precio razonable".
La cifra está lejos de la realidad. En 2006 se iniciaron 60.358 viviendas protegidas y la Sociedad Pública de Alquiler, creada en 2005, ha gestionado sólo 5.000 contratos en dos años y medio.
La ayuda de 210 euros es el principal pilar del plan y, aunque el Gobierno lo presentó como la gran medida de impulso al alquiler, ya existe algo muy parecido. El 16 de julio de 2004, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Suelo. El texto incluía una ayuda de 240 euros al mes para los menores de 35 años que ganen menos de 19.950 euros brutos al año y para viviendas de hasta 90 metros. La ayuda sigue en vigor y aún puede solicitarse. El Gobierno preveía que la medida llegase a 71.000 personas y desde entonces la han recibido "unos 40.000 inquilinos", según un portavoz del ministerio. Quienes ya cobran los 240 euros al mes no pueden recibir la ayuda de 210 euros. Vivienda destaca que las medidas no son idénticas, pues la de Chacón es más universal. Los requisitos ahora no son tan estrictos en cuanto a renta, aunque sí sobre la edad.
La ayuda de 2004 la tramitan las comunidades y las paga Vivienda. En unas autonomías ha funcionado -en Cataluña se han tramitado 9.000- mientras que en Madrid no ha habido ni una ayuda. Ahora se pedirán al ministerio y estarán garantizadas por ley, ya que el Gobierno tramitará la norma por la vía de urgencia para que esté aprobada y en vigor el próximo 1 de enero. Esta será la última ley que el Gobierno envíe al Parlamento esta legislatura.
El segundo pilar del plan es la deducción fiscal al inquilino. Quienes ganen menos de 24.000 euros brutos se deducirán el 10,05% en el impuesto sobre la renta, una desgravación "idéntica de la que rige para la compra de vivienda", según Chacón. Esta medida será compatible con los 210 euros.
Chacón insistió en que todas las medidas "responden, cifra por cifra, al criterio conjunto" de Vivienda y de Economía. La ministra intentaba borrar cualquier sombra de duda sobre si el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, se opone al gasto extra del paquete de medidas.
En 2006, y preguntado sobre la posibilidad de instaurar desgravaciones fiscales a los inquilinos, Solbes replicó que "la subvención al inquilino se traslada al incremento de precios automáticamente y pensamos que es una medida que tiene muy poco impacto y que, al final, lo que sirve es para aumentar los precios". Chacón, preguntada por EL PAÍS, matizó ayer: "Solbes dijo que estaba de acuerdo con desgravaciones al alquiler siempre que se destinara a un colectivo concreto, como es ahora el caso". El Gobierno prevé que 700.000 familias se beneficien de la deducción (actualmente hay 1,7 millones de pisos alquilados).
Algunos expertos temen que los caseros carguen las ayudas al precio. El gerente de la Universidad Carlos III y experto en el tema, Julio Rodríguez, apoya la medida, "que acaba con una discriminación histórica contra el alquiler", pero advierte de que pasado un tiempo "puede repercutir sobre el precio del alquiler, como ocurrió con las deducciones a la compra".
El plan de vivienda costará 784,5 millones al año (348 millones que Hacienda dejará de ingresar por la desgravación y 436,5 en ayudas directas). Esto, sumado a los 1.500 millones de ayuda a la natalidad y los 826 millones extra para Cataluña, supone que el Gobierno ha comprometido en tres meses 3.155 millones, un 17% del superávit previsto para 2007.
Pero además de las ayudas que ayer presentó el Gobierno -para los inquilinos- el Ejecutivo quiere dar más garantías a los propietarios y favorecer la salida al mercado de los pisos vacíos (sólo en Madrid hay 300.000). Aunque las medidas no están concretadas y difícilmente se aplicarán esta legislatura, la intención de Vivienda es reducir a la mitad el tiempo de desahucio, que actualmente va de 12 a 18 meses. Para ello necesita reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil. También quiere crear juzgados especializados, para lo que debe modificar la Ley del Poder Judicial.
Por último, Vivienda quiere que la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), que ahora se dedica principalmente a impulsar polígonos industriales, pase a promover vivienda protegida de alquiler. Pero no venderá el suelo a los promotores, sino que se lo cederá por 40 o 50 años, con lo que debe reducir el precio de la vivienda.
* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 19/09/2007
Foto: Se alquila - J.Aima (elmundo.es)
El TSJB ordena paralizar 96 viviendas de la urbanización Monport del Port d’Andratx
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ÚLTIMAHORADIGITAL/Mallorca* : El denominado ‘caso Monport’ —una zona protegida donde se construyeron quince edificios plurifamiliares con un total de 96 viviendas en el Port d’Andratx— ha entrado en una nueva dinámica tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) de paralizar tres licencias, una de ellas de la inmobiliaria Prosmi, que promueve la macrourbanización.
La sentencia, cuyo alcance ya fue debatido por el Ajuntament d’Andratx en su junta de gobierno del pasado viernes, afecta, también, a dos licencias de particulares y motivó la actuación inmediata de la Policía de Andratx, que ayer procedió a paralizar unas obras que se encuentran en su fase final de ejecución.
El tribunal estimó un recurso presentado por el Consell de Mallorca, a través del cual consideraba que había existido «ilicitud administrativa» en la concesión del permiso de las obras.
La primera denuncia sobre esa cuestión fue interpuesta el pasado mes de enero por la entonces portavoz de Unió Mallorquina (UM) en ese municipio, Isabel Alemany, quien se personó ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para denunciar que en las inmediaciones del Hotel Monport en el Port d Andratx -concretamente en una parcela colindante con la calle Ramat- el Ajuntament ha permitido a la promotora inmobiliaria Prosmi SL la construcción de viviendas plurifamiliares.
El suelo, precisamente, tras la aprobación de la Ley de Espacios Naturales (LEN), en 1991, fue declarado Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP) y el Plan Territorial de Mallorca (PTM) califica como «zona de alta protección». Posteriormente, también denunció al ex alcalde Eugenio Hidalgo el fiscal de Medio Ambiente, Adrián Salazar, quien observó indicios de delito.
El Ajuntament, por su parte, argumentó en su momento que los terrenos no son de uso rústico sino urbano y destinados a uso «turístico y residencial», y que la licencia fue otorgada por el Ajuntament hace cinco años en base al Plan General de 1978 -todavía vigente- que califica los terrenos de la calle Ramat como urbanos.
El ‘caso Monport’, asimismo, es una de las 68 piezas abiertas del sumario principal de la ‘operación Voramar’, que investiga una supuesta trama de corrupción urbanística en ese municipio.
* Última Hora Digital - PATRICIO CANDIA - 19 de septiembre de 2007
Foto: Las obras de la urbanización Monport fueron paralizadas ayer tras una sentencia del TSJB - MICHELS - ultimahora.es
Declaran dos de los diez imputados por un delito urbanístico en Sierra de Fuentes
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HOYDIGITAL/Cáceres* : El alcalde de Sierra de Fuentes, Antonio Luis Díez, y el constructor Antonio Abreu, han sido los primeros en declarar ante el juez en calidad de imputados como presuntos inductores de un delito de prevaricación urbanística en el municipio de Sierra de Fuentes. Ambos acudieron ayer al Juzgado de Instrucción número 1, el cual tramita las diligencias previas tras la denuncia del fiscal delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Juan Antonio Galán, por la creación de una sociedad mixta de capital mayoritariamente privado para gestionar el desarrollo urbanístico del municipio.
Los otros imputados, que prestarán declaración a lo largo de los próximos días, son los dos anteriores alcaldes de Sierra de Fuentes, Andrés Guerra Guerra (entonces de IU-Siex) y Julián Polo Guerra (entonces del PP), además de los todavía concejales Adrián Guerra Polo (PP) y Juan Lucero Barroso (IU-Siex), la ex concejala María Felipa Vinagre de la Montaña (IU-Siex), un abogado de Cáceres, un funcionario del Ayuntamiento y el arquitecto municipal.
La actuación de fiscal se inició a instancias de una denuncia presentada por Julián Polo Guerra, ex alcalde de Sierra de Fuentes y también imputado en la causa, quien asegura que Antonio Luis Díez es el «cerebro» de la trama urbanística. Según su versión, fue el actual alcalde quien, tras las elecciones municipales de 2003, propuso al nuevo equipo de gobierno crear una sociedad que se ocupara de la gestión urbanística del pueblo. Con el suelo en manos de una sociedad de mayoría privada y a cambio de su colaboración, los concejales serían nombrados consejeros y podrían ponerse, en palabras de Julián Polo, el sueldo que quisieran, «hasta de medio millón de pesetas al mes».
El abogado de Antonio Luis Díez, Vicente Vega, dijo ayer que ni él ni su defendido harán comentarios sobre el contenido de la declaración ante el juez hasta que no terminen todas las comparecencias previstas de imputados y testigos, lo cual ocurrirá como muy pronto a finales del mes de octubre. Tan solo manifestó que el alcalde está «satisfecho y tranquilo», convencido de que «todo se esclarecerá» al final del procedimiento.
Según ha podido saber este diario, la declaración de Antonio Luis Díez reprodujo básicamente los argumentos esgrimidos por éste durante su comparecencia ante la prensa en Cáceres hace casi dos meses. En ella, el alcalde repartió la copia de un contrato privado firmado entre su despacho de abogados y la Sociedad para el Desarrollo Urbanístico de Sierra de Fuentes por el que ambas partes acordaban resolver un contrato anterior, de modo que Díez & Asociados renunciaba al cobro de 1,8 millones de euros por la asesoría jurídica de la sociedad.
El alcalde aseguró que el contrato fue rescindido antes de presentarse a las elecciones «por una cuestión moral», y por eso el nuevo contrato se firmó con fecha de 25 de marzo de 2007, algo que sin embargo no puede comprobarse, ya que se trata de un acuerdo privado entre ambas partes que, al contrario que el contrato original, nunca pasó por ningún notario.
Antonio Luis Díez considera que todo este asunto es una maniobra política de Julián Polo, quien a su juicio ha puesto el asunto en conocimiento de la Fiscalía a causa de «intereses puramente políticos». Además, ve la mano de «oscuros personajes» que mueven los hilos en la sombra, en referencia a antiguos concejales del PSOE, y en especial a Alejo Nevado, expulsado por la dirección socialista e histórico alcalde del municipio.
El actual primer edil acepta que la manera en la que se creó la sociedad mixta podría ser discutible, pero sólo por la vía de lo contencioso, y nunca por la penal.
Denunciante y a la vez imputado
El ex alcalde de Sierra de Fuentes Julián Polo fue quien puso toda la documentación del caso en manos del fiscal. Dice en su defensa que él fue votando a favor de los trámites administrativos para crear la sociedad mixta porque llegaban con el visto bueno de los técnicos, en concreto del asesor jurídico contratado 'a dedo' por el Ayuntamiento, y del funcionario que ejercía las funciones de secretario-interventor tras la baja de la titular. Julián Polo afirma que estuvo engañado todo el tiempo y que, al darse cuenta de la trama, encabezó una moción de censura y puso en marcha el proceso para anular la sociedad mixta, el cual quedó parado con la llegada al poder tras las últimas elecciones de Antonio Luis Díez en las listas del PSOE. Ahora Julián Polo ha sido también imputado por el fiscal y deberá declarar como tal ante el juez instructor.
* Hoy Digital - CLAUDIO MATEOS/CÁCERES - 18 de septiembre de 2007
Foto: Sierra de Fuentes (Cáceres) - dip-caceres.org
