EFE/Bruselas* : "El Parlamento Europeo reiteró hoy su denuncia a los supuestos abusos de la construcción en España, particularmente en la Comunidad Valenciana y la "costa mediterránea", y alertó de la indefensión que sufren residentes españoles y europeos.
El pleno adoptó, por 327 votos a favor, 222 en contra y 35 abstenciones, una resolución que condena "los proyectos de urbanización masivos" que no responden a "necesidades reales" de las poblaciones y tienen "efectos desastrosos" medioambientales, históricos y culturales. El texto ha sido impulsado por el laborista británico Cashman, y suscrito también por los españoles Joan Calabuig y Carlos Carnero (PSOE), David Hammerstein (Los Verdes) y Willy Meyer (IU).
En el debate previo, celebrado el pasado martes, el eurodiputado del PP, Carlos Iturgaiz, rechazó el documento al considerar que "invade competencias" de las autoridades españolas y que las mayorías absolutas conseguidas por su partido en los comicios autonómicos de Madrid y Valencia deslegitiman las críticas.
La resolución parte de la visita que dos eurodiputados, el propio Cashman y el conservador polaco Marcin Libicki, realizaron en marzo a municipios de Madrid, la Comunidad Valenciana y Almería, para investigar denuncias urbanísticas, en gran parte procedentes de ciudadanos europeos residentes en España.
Lamenta los daños ambientales y culturales de los planes urbanísticos, pero se centra en la situación de indefensión que estarían sufriendo ciudadanos españoles y europeos que invierten en proyectos ilegales sin saberlo o que ven peligrar sus pequeñas propiedades engullidas por grandes promociones.
Así, advierte de que la obligación de ceder tales propiedades "sin un proceso y una compensación adecuada", o la de pagar "costes arbitrarios" por infraestructuras comunes, constituye una "violación de los derechos fundamentales".
Sostiene que estas prácticas están "extendidas en varias comunidades autónomas en España, en particular la valenciana y otras partes de la costa mediterránea, pero también, por ejemplo, en Madrid".
Y deplora "la aprobación tácita por algunos ayuntamientos" de proyectos que después son declarados ilegales en perjuicio de los "ciudadanos europeos" que han invertido en ellos de "buena fe".
El texto urge a las autoridades autonómicas y estatales, así como a la Comisión y al Consejo de la UE, a actuar para corregir tales abusos.
La Comisión Europea prevé denunciar el próximo miércoles la Ley Urbanística Valenciana (LUV) ante el Tribunal de Justicia de la UE por entender que incumple la Directiva sobre contrataciones públicas.
La Eurocámara cuestionó hoy, sin citar a ninguna comunidad, "los métodos de designación y poderes a menudo excesivos que ciertas autoridades municipales otorgan a urbanizadores y promotores", y denunció que, en ocasiones, estos "interfieren" sobre el registro de propiedades para debilitar a los pequeños propietarios La resolución recomienda a las autoridades españolas que prevean mecanismos de arbitraje para este tipo de litigios y subraya que, cuando sean necesarias, las compensaciones deberán tener un montante adecuado tal como lo define la jurisprudencia europea.
Además, pide que la actuación de la Comisión no se ciña al área de las licitaciones, sino que evalúe también el cumplimiento de las normativas ambientales, del agua y consumo.
* ABC.es - 21 de junio de 2007
Foto: Benidorm /abc.es
La Eurocámara vuelve a censurar los abusos del urbanismo español
La operación contra la trama urbanística de Chiclana se cobra el quinto arresto de un promotor
S.Tubio.- LA VOZ/Cádiz* : "Las investigaciones en torno a una trama que operaba en Chiclana y que se dedicaba a falsificar documentos para inscribir viviendas en el Registro de la Propiedad, garantizando una antigüedad superior a los cuatro años, se han cobrado el quinto arresto. Al igual que en las anteriores detenciones, se trata de un promotor que ha quedado en libertad con cargos por su supuesta autoría en delitos contra la ordenación del territorio y falsedad documental. Además, hay otras dos personas implicadas. La operación, bautizada con el nombre Obra Nueva, está en pleno desarrollo y según fuentes cercanas al caso «aún queda muchísima tela que cortar», ya que se encuentra en una fase muy primigenia.
Pese a que se espera que el operativo suponga un serio ataque a la construcción de viviendas fuera de la legalidad en un municipio como el de Chiclana; lo que también ha venido a demostrar es que existe una práctica habitual como es la parcelación de terrenos que en un futuro inmediato serán urbanizables a todos los efectos -suelo urbano no consolidado- para la inscripción de inmuebles con una falsa antigüedad. Con estas triquiñuelas se pretende eludir cualquier responsabilidad al prescribir la infracción urbanística a los cuatro años y obtener una legalización por la puerta de atrás.
Así lo afirmaba la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz en su última memoria, haciendo referencia a las denuncias que había interpuesto contra arquitectos técnicos y peritos que falseando certificados que acreditaban antigüedades falsas. Un tipo de denuncia que ya se había formulado en anteriores años.
Abanico de profesiones
Pero el caso que lleva entre manos el nuevo Equipo contra la Delincuencia Urbanística, integrado en la Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz, pretende desentrañar las conexiones que existían entre distintos profesionales para construir viviendas ilegales. El abanico de posibles implicados, que habrían cobrado a cambio de sus servicios, es muy grande y como ya se apuntaba en la edición de ayer abarca desde arquitectos técnicos, corredores de fincas e incluso directores de banco. A estos últimos se les investiga por la concesión de determinados créditos hipotecarios para la edificación de inmuebles que debían estar ya levantados hace más de cuatro años.
La operación de la Guardia Civil nace de la denuncia de un particular que otorgó un poder notarial a un corredor inmobiliario que le prometió la venta de una finca suya en el término municipal de Chiclana. Este dueño se dio cuenta de que habían falsificado datos sobre su propiedad, como la división en cuatro fincas y la existencia de cuatro viviendas, cuando no había tales inmuebles. El Instituto Armado también ha extendido sus investigaciones hacia los propietarios de los terrenos para descubrir si los implicados actuaban a sus espaldas o en connivencia.
Desde la Fiscalía de Cádiz se insiste en subrayar el importante número de casos que se están denunciando por construcciones ilegales, independientemente de la fórmula empleada para bordear la ley y no ser descubierto. Fuentes del Ministerio Público apuntaban ayer a este medio que existe una tramitación semanal de «varias denuncias».
* La Voz Digital - 21 de junio de 2007
Foto: Vista general de la zona de El Marquesado. / LA VOZ
El fiscal Vercher denuncia que algunas CCAA legislan en urbanismo en contra del Código Penal
EFE /Santander* : "El fiscal de Medio Ambiente, Antonio Vercher, denunció ayer que algunas comunidades autónomas, que no citó, están dictando normas en materia de urbanismo que contravienen el Código Penal para permitirse legalizar construcciones declaradas ilegales o para evitar su derribo. En un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander dedicado a examinar los excesos urbanísticos, Vercher recordó que, aunque el Tribunal Constitucional sentenció en 1997 que esta materia es básicamente competencia de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, hay determinadas actuaciones que constituyen delito y que están reguladas en el Código Penal. Y suele "olvidarse", continuó, que el Código Penal es una ley orgánica de rango constitucional, que se define a sí misma en su preámbulo como "la Constitución en negativo" y que no puede ser enmendada por una ley autonómica, por una norma administrativa ni por un decisión discrecional de una autoridad pública.
La Fiscalía de Medio Ambiente ha encontrado al menos dos normas autonómicas sobre urbanismo que infringen el Código Penal, algo que Vercher achaca al "desconocimiento" o a "la complejidad del tema", porque su condición de fiscal le obliga a presuponer que "todo el mundo actúa de buena fe salvo que se demuestre lo contrario".
El Código Penal, explicó, castiga con hasta tres años de cárcel a quien construya sin autorización en suelos destinados a viales, zonas verdes, zonas de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural. Y en esos casos, concede además al juez la facultad de ordenar el derribo de lo edificado.
En el primero de los dos ejemplos citados por Vercher, la comunidad en cuestión dispone que, aunque el juez haya ordenado la demolición, el derribo no se ejecutará si afecta a un propietario que no tiene ningún otro tipo de bien, si es una persona joven o si la construcción no supera determinada superficie.
"¿Pero qué me está diciendo? Si es el Código Penal el que deja esto en manos del juez. Y, si es un delito, ¿cómo va a ser la Administración, mediante una norma administrativa, la que va a dejar sin efecto el contenido del Código Penal?", replicó el fiscal.
En el segundo de los ejemplos, otra comunidad autónoma dice que si una construcción ilegal se puede legalizar, se legalizará, y si no es posible, la Administración decidirá qué hacer guiada por un criterio de "proporcionalidad".
Esa norma, a juicio de Vercher, es una suerte de imitación de las 'Leyes del jefe': "Artículo uno, el jefe tiene siempre la razón. Artículo dos, si no la tiene, se aplica el artículo primero".
"Eso no puede ser. Si una construcción es ilegal, es ilegal. Lo que no podemos hacer es decir que la ilegalidad desaparece si hay determinados intereses que valorará la Administración con el principio de proporcionalidad", añadió.
Durante su conferencia, el fiscal de Medio Ambiente se declaró partidario de aplicar la medida de demolición que prevé el Código Penal para los delitos contra la ordenación del territorio.
Vercher reconoció que "está costando" introducir ese principio en España, "porque tradicionalmente no se ha demolido", pero también argumentó que hay determinadas conductas que "empiezan a ser un problema para la paz pública y para la convivencia" y que requieren recurrir a ese tipo de medidas para atajarlas.
Explicó así que, en la circular sobre urbanismo que ha enviado a los distintos fiscales autonómicos, les instruye para que pidan que sólo se conceda a un condenado por este tipo de delitos la suspensión de la pena de cárcel cuando haya derribado lo construido.
* La Ley, diario de noticias - [21/06/07]
Las Navas, en la memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente
M.Cuenca.- ÁvilaDigital : "Antonio Vercher, el fiscal coordinador de Medio Ambiente, que ordenó la paralización de las talas en Las Navas, considera que en Castilla y León son pocas las irregularidades urbanísticas que llegan a las fiscalías, pero sí resalta la gravedad de las mismas. Y sobre la resolución de los asuntos, manifiesta que los tribunales de la región “tienen a resolver los temas penales en materia de urbanismo aplicando el principio de intervención mínima y absolviendo”. El escándalo de la Ciudad del Golf y la tala de cientos de pinos, una vez conocida la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anulaba la clasificación de los terrenos como suelo urbano, merece, según el fiscal coordinador del área, Antonio Vercher, “ser reflejado de modo singular” en la memoria.
Al respecto, relata que “el 8 de octubre de 2006, y a través de informaciones periodísticas, se tuvo conocimiento por el Fiscal de Sala Coordinador de la realización de una tala masiva de pinos en una zona de gran valor ecológico, reconocido legalmente dicho valor tanto a nivel estatal, como autonómico y europeo”, al tratarse de una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC).
Paralización de la tala en Las Navas
Vercher destaca que “la tala se comenzó a realizar los días 6, 7 y 9 de octubre por parte de una empresa encargada del proyecto urbanizador” y que “dicha actuación parecía dar inicio al proceso de urbanización del lugar”, cuando se acababa de conocer una sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, “dictada el 29 de septiembre y notificada el 4 de octubre de 2006”.
A juicio del fiscal, “la anulación debía impedir la tala de árboles y demás actuaciones urbanizadoras practicadas en ese paraje, dado precisamente el gran valor ecológico que presentaba el mismo”. “A la vista de la gravedad y urgencia de la situación planteada”, Vercher decidió dirigirse “de forma inmediata” al alcalde de Las Navas, Gerardo Pérez.
En la memoria, asegura que “se remitió el escrito por fax ese mismo día 9 de octubre, a la vez que se enviaba por correo ordinario”, y que “en el oficio dirigido al alcalde se solicitaba que ordenase la paralización de la tala que se estaba llevando a cabo, teniendo en cuenta que, independientemente de que dicha sentencia fuese susceptible de recurso, el comienzo o la continuación de las obras de urbanización haría de imposible cumplimiento la misma”. “Dicha solicitud fue atendida y las talas fueron detenidas el propio día 9 de octubre”, se indica en el documento.
También se señala que ese mismo día varias organizaciones y asociaciones ecologistas presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente, que “ofició al Seprona el 10 de octubre interesándole se pusiera en su conocimiento la existencia de algún reinicio de la tala”.
Este es el único asunto que en Ávila se ha trasladado a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Ávila. En total, se atendieron 98 casos en el conjunto nacional, la mayoría sobre ordenación del territorio (62) y delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (22).
Más escándalos urbanísticos
Vercher destaca también que “se ha producido un notable incremento de asuntos en medio ambiente” en todas las fiscalías: 1.634 en ordenación del territorio y urbanismo y 2.293 en medio ambiente. Además, “las diligencias abiertas superan en número y complejidad a las tramitadas en el resto de tipos delictivos existentes en el Código Penal”.
Y en cuanto a los incendios, Vercher insiste en la prevención y resalta que “se ha observado una disminución en el número de incendios, con la paradoja de que han afectado a una mayor extensión de terreno”.
* Ávila Digital - 21 Junio de 2007
Foto: Navas del Marqués, tala árboles Ciudad del Golf /aviladigital.com
El juez acusa de inducir a la prevaricación urbanística a 14 de los detenidos en Alhaurín
M.Herreros.- MálagaHoy* : "Catorce de los 19 detenidos en la segunda fase de la operación Troya contra la corrupción en Alhaurín el Grande quedaron ayer en libertad con cargos y ocho de ellos tuvieron que pagar una fianza de entre 25.000 y 50.000 euros para poder eludir la prisión. Todos están imputados por presunto cohecho y un delito de inducción a la prevaricación urbanística, según fuentes judiciales, que informaron de que los otros cinco detenidos, que permanecen en las dependencias de la Comisaría Provincial, pasarán hoy a disposición del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Coín.
Las declaraciones de ayer se produjeron en dos tandas. Los primeros ocho detenidos fueron trasladados a primera hora de la mañana para prestar declaración ante el juez Carlos Peinado, que dirige esta investigación. Llegaron a los juzgados a las 7.45. Cuando los furgones policiales con los arrestados alcanzaron la nave que, con carácter provisional, alberga los órganos judiciales del Guadalhorce, ya se había reunido en las puertas un centenar de vecinos liderados por el alcalde de Alhaurín, Juan Martín Serón (PP) y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, ambos imputados en la operación Troya y en libertad bajo fianza de 100.000 euros cada uno. Estaba la práctica totalidad de sus compañeros del equipo de gobierno.
A las 13.00, el juez decretó la libertad bajo fianza de las primeras cinco personas a las que interrogó, entre las que estaba el empresario Rafael T. En concreto, impuso una fianza de 50.000 euros para cuatro de los promotores, que podrían ser socios de una misma empresa, y 30.000 euros para el quinto. Antes de las tres de la tarde, los otros tres detenidos abandonaron los juzgados tras quedar en libertad sin fianza y con cargos.
Los interrogatorios continuaron por la tarde. Cinco de los arrestados fueron trasladados a Coín en un furgón policial desde la Comisaría Provincial, ubicada en la capital malagueña, y uno llegó por su propio pie acompañado de su abogado. Según las fuentes, esta persona padece claustrofobia y, tras presentar los informes médicos oportunos, evitó tener que dormir en los calabozos la noche del martes, cuando se desplegó la segunda fase de la operación Troya. Había sido citado por el juez a las 16.00 y fue el último en abandonar las dependencias judiciales de Coín.
De este grupo, tres eludieron la prisión tras abonar una fianza de 25.000 euros cada uno y otros tres quedaron en libertad con cargos. Las fuentes añadieron que uno de los empresarios que declaró como imputado llegó por la mañana procedente de Alemania y fue llevado a la Comisaría por la Policía que lo estaba esperando a pie de avión.
Los detenidos, según se desprende de las investigaciones, podrían haber pagado dinero para que les permitieran levantar construcciones que excedían el volumen edificable permitido. También se apunta que en otros casos pudieron entregar dinero negro procedente de aprovechamientos urbanísticos tasados a la baja o por permitir que se legalizaran por silencio administrativo irregularidades urbanísticas.
La segunda fase de la operación Troya se desplegó el martes a las 8.30. En Alhaurín el Grande fueron arrestadas diez personas, mientras que el resto fue localizada por la Policía en Málaga capital y en otros municipios próximos a Alhaurín. Se practicaron media docena de registros en viviendas y empresas, en los que se intervino documentación relacionada con la investigación. Ese caso se inició en enero con la detención del alcalde de Alhaurín el Grande y de su edil de Urbanismo.
* Málaga Hoy - 21 de Junio de 2007
¿Se puede vivir en 10 metros cuadradros?
T.Carvajal.- ADN* : "Pese a que la mayoría de la gente respondería a esta pregunta con un ‘no’ rotundo, sólo hay que darse un paseo por varias agencias o portales inmobiliarios para darse cuenta de que no todo el mundo piensa así. Viviendas de 12 metros en Madrid por 102.000 euros, de 11 metros cuadrados a 87.500 euros en Barcelona, o de 10 a 36.000 euros en Burgos, son algunos de los ejemplos de que existen viviendas de un tamaño similar al de una plaza de aparcamiento. El problema surge en que el Gobierno Central no tiene autoridad para controlar el mínimo de metros de una vivienda, ya que las competencias están cedidas a las Comunidades Autónomas, que regulan los requisitos para que un espacio sea considerado vivienda; y a los ayuntamientos que son los que conceden las cédulas de habitabilidad y tienen potestad para decidir, a partir de qué superficie un inmueble reúne las condiciones mínimas de habitabilidad.
El Consistorio de Madrid, por ejemplo, ha estipulado en su plan general de ordenación urbana de 1.997 un mínimo de 25 metros.
Ahora mismo sólo Navarra, La Rioja, País Vasco, Canarias y Murcia especifican que para que una vivienda pueda ser considerada como tal ha de tener al menos 30 metros cuadrados. A pesar de ello, con un simple vistazo a algunos portales inmobiliarios vemos que la ley no se cumple en los edificios antiguos y podemos encontrar estudios en Bilbao de 27 metros cuadrados por 216.000 euros o de 28 por 135.000. Desde el Colegio de Registradores de la propiedad y mercantiles de España explican que esto sucede ya que “una casa nunca puede dejar de ser una casa y si fue registrada con anterioridad a la entrada en vigor de la ley no puede dejar de serlo”.
En la web idealista.com podemos encontrar que sólo en la Comunidad de Madrid hay hasta 102 anuncios de pisos en venta que no superan los 30 metros cuadrados, a pesar de que en varias ocasiones el ministerio de la Vivienda ha pedido que se extremen las medidas para que no se pongan en el mercado este tipo de viviendas. Desde el Colegio de Arquitectos de Madrid, Luis Jurado señala que “cada municipio establece sus propias normas urbanísticas y en caso de que no haya una normativa específica se usa la orden de año 1944 que sólo exige “una condiciones higiénicas mínimas”.
Vivir en Contenedores
La última gran idea con respecto a la vivienda ha partido del consistorio del municipio catalán de Mataró, como explica el diario Eleconomista. Su concejal de vivienda, Francesc Teixidó, viajó hasta Londres para interesarse por unos proyectos que usaban contenedores marítimos como viviendas.
El uso de estos contenedores marítimos, que ya funcionan como viviendas, centros cívicos o guarderías en otros países europeos, permite acceder a la vivienda a un coste más bajo del habitual de manera "rápida, innovadora y sostenible". El ayuntamiento asegura que es la única manera de hacer frente al "encarecimiento de los pisos y a la falta de espacio" y su montaje es cuestión de días. Según explica el economista, tendría una superficie media de 60 metros cuadrados y serían alquilados por entre 200 y 250 euros al mes.
* Diario ADN - 20 de junio de 2007
Viñeta: EL ROTO /ELPAIS.com
