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IDEAL/Granada* : El Ayuntamiento de Almuñécar pactó una macro operación urbanística en Río Seco a cuenta de un PGOU que aún no existía y vendió el suelo municipal. Unos vecinos recurrieron y la sentencia, que no es firme, ha anulado el acuerdo.
El acuerdo es nulo. El Juzgado de lo Contencioso número 3 de Granada ha estimado el recurso de unos vecinos contra un convenio urbanístico firmado por el Ayuntamiento de Almuñécar en 2004. El fallo -todavía recurrible- anula el acto impugnado por ser contrario a derecho. La operación que se queda en el aire es de 3.208.483 euros.
Detrás del pleito están los convenios que Juan Carlos Benavides ha venido firmando a lo largo de los últimos años a cuenta de un plan de ordenación (PGOU) que aún no está aprobado y que la Junta -que es quien tiene que darle el visto bueno- ha rechazado en varias ocasiones.
La fórmula era totalmente legal hasta 2005. Lo que hacía el Ayuntamiento era vender por anticipado la bolsa de suelo municipal que se podría generar con el futuro PGOU pero que aún hoy es pura entelequia. Los empresarios pagaron con la condición de que se pudiera construir.
El gobierno municipal consiguió así dinero en efectivo para financiar proyectos, un soplo de oxígeno para un Ayuntamiento que en 2004 refinanció con el Banco de Crédito Local (BCL) una deuda de 16 millones de euros.
El problema surge cuando al final no se pueden cumplir los compromisos adquiridos con los constructores y el Ayuntamiento tiene que devolverles el dinero. En algún caso con intereses.
En los últimos años Benavides ha firmado alrededor de 40 acuerdos de este tipo. Muchos se han hecho por resolución de Alcaldía, sin pasar ni siquiera por el pleno. Según un informe del interventor municipal, fechado en octubre de 2006, el Ayuntamiento había ingresado 3,4 millones de euros. Los compromisos firmados son muy superiores. El PP presentó 26 contenciosos por otros tantos convenios. La mayoría no están prosperando al no ser el partido una parte afectada por los acuerdos. La Fiscalía solicitó información sobre estas operaciones cuando eran una minucia pero acabó archivando las diligencias, ya que que los convenios urbanísticos todavía no han pasado por el filtro definitivo de la Junta y son prácticamente papel mojado.
El primero
Pero acaba de prosperar un recurso, el de unos vecinos contra una macro operación urbanística en Río Seco. El juez anula el convenio firmado el 30 de septiembre de 2004 con una promotora, que después aprobó Juan Carlos Benavides por resolución el 11 de agosto de 2005.
La sentencia recoge que «no consta que el convenio de gestión impugnado fuera sometido a la aprobación del pleno. (...) Las partes contratantes adquieren facultades o derechos cuando carecen de los requisitos esenciales para su adquisición». Sí pasó por el pleno un segundo documento pero no «contiene mención alguna a las compensaciones en metálico del aprovechamiento urbanístico de cesión obligatoria que fija el convenio», la venta del diez por ciento que le corresponde al Ayuntamiento cuando se urbaniza un terreno nuevo. Al contrario, se dice que esas parcelas pasarían a formar parte del patrimonio municipal de suelo.
El importe del convenio superaba los 3 millones de euros. En el informe del interventor municipal consta que el Ayuntamiento ingresó 160.425 euros de la misma empresa el 31 de agosto de 2005, días después de cerrarse el acuerdo.
La ex consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, dijo en su día que los convenios que había venido firmando el Ayuntamiento no tenían «ningún valor» para el Gobierno andaluz.
LA SENTENCIA
El fallo: «No costa que el llamado convenio de gestión impugnado fuera sometido a la aprobación del pleno, (...) constituye un acto aprobado en ejecución de un plan no vigente y como tal no cumple las previsiones legales, debiendo declararse su nulidad por tal motivo en relación con el artículo 62.11 pues en virtud de un acto contrario al ordenamiento jurídico, las partes contratantes adquieren facultades o derechos cuando carecen de los requisitos esenciales para su adquisición».
* Ideal - 11.05.08 - Q. CHIRINO Y J. M. DE HARO
Foto: Almuñécar (Granada), vista aérea - J.Rojas (El País)
Almuñécar: El juzgado anula un convenio de tres millones que firmó Benavides en 2004
Pontedeume: Comienzan las demoliciones en la playa de Ber
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LAVOZ/A Coruña* : La Demarcación de Costas en Galicia anunció a primera hora el inicio de la demolición de construcciones en la primera línea de la playa de Ber, en Pontedeume. Durante esta jornada ya ha sido derribado el restaurante Anduriña.
La Delegación del Gobierno en Galicia informó en un comunicado que la demolición se inició con el restaurante Anduriña, una construcción que fue adquirida por el Gobierno, junto con el colindante hotel Marmolito, dentro del Programa de Adquisición de Fincas en el litoral español.
El coste de esta adquisición ascendió a 3 millones de euros, a los que se sumarán los casi 600.000 euros de la demolición, que ejecutará la empresa pública Tragsa.
El Ejecutivo central recuerda que la compra de fincas en la costa es una forma de ensanchar la estrecha franja del dominio público marítimo-terrestre, que sufre la creciente presión urbanística y de usos en el litoral, con el objetivo de recuperar la costa respetando las características meioambientales y paisajísticas de cada zona y facilitando su uso y disfrute por los ciudadanos.
El restaurante Anduriña es un edificio de dos pisos, con planta de 300 metros y fachada de ladrillo y se calcula en 2.000 los metros cúbicos los residuos que generará.
Por su parte, el hotel será demolido después del verano.
* La Voz de Galicia - EFE - 12/5/2008
Foto: Pontedeume (A Coruña), demolición playa de Ber - lavozdegalicia.es
Un colectivo oriolano alerta del deterioro del patrimonio
ELPAÍS/Alicante* : Una decena de vecinos de Orihuela se han puesto manos a la obra para intentar frenar lo que consideran un proceso de alteración y deterioro progresivo del conjunto patrimonial que aún resiste en el centro histórico de la ciudad.
Por ello, a mediados del pasado mes de abril solicitaron por escrito al Consell Valencià de Cultura (CVC), máximo órgano consultivo de la Generalitat en materia cultural, su intervención en apoyo de un conjunto histórico.
Los firmantes se muestran preocupados por la actitud que mantiene el Ayuntamiento de Orihuela, en manos del PP, en relación con los numerosos edificios que conforman el casco histórico de la población, una trama urbana que empezó a dibujarse en el siglo XIII. Los ciudadanos denuncian el "incumplimiento sistemático" del Plan Especial de Ordenación y Protección del Centro Histórico de la ciudad, aprobado en 1994 tras siete años de redacción. Una protección teórica que, lamentan, no ha evitado que el patrimonio histórico de la localidad, en su mayor parte en manos privadas, haya sufrido "agresiones escandalosas".
Los vecinos detallan en la documentación remitida al organismo que preside Santiago Grisolía las situaciones más preocupantes: el derribo, en 2002, del Palacio Ruiz de Villafranca pese a encontrarse dentro del ámbito del plan especial. El solar está junto a una plaza y los vecinos denuncian que el Consistorio pretende aprovechar el suelo para construir una "megaplaza" desvirtuando el trazado histórico de la zona. Sobre este caso, los firmantes adjuntan incluso un dictamen de un colectivo de arquitectos de Alicante que, con argumentos aceptados en el mundo, deja claro que la trama histórica de las calles y plazas no se puede alterar. Otro ejemplo es la demolición interior de la Casa Racionalista del año 1935, tres años después aprovechando un permiso solicitado por sus propietarios para "limpieza de tabiquería y falsos techos y conexión al alcantarillado". Demolición que se paró pero que no ha sido repuesta desde entonces pese a que la Consejería de Cultura ordenó a los propietarios presentar en el plazo de un mes un proyecto de reposición del interior del edificio a su estado previo a las demoliciones.
El documento también denuncia el deterioro de la Torre d'En Vergonyes, que haciendo sin querer honor a su nombre "se encuentra en un estado de deterioro muy acusado".
* ELPAIS.com - ROSA BIOT - Alicante - 12/05/2008
Foto: Orihuela - wikipedia
Los trámites urbanísticos bloquean la administración y obligan a dar una prórroga a los PGOU
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LEVANTE/Valencia* : En un decreto legislativo no es habitual que varias administraciones reconozcan el colapso burocrático que las llevan de cabeza. Ni que se adopten medidas jurídicas con carácter retroactivo. Pero ambas situaciones se producen en un decreto de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua Urbanismo y Vivienda, aprobado por el pleno del Consell en abril, que permitirá a 95 ayuntamientos retrasar la tramitación de los planes generales para que no tengan que volver a empezar de cero en la tramitación.
La Generalitat informó de esta prórroga urbanística con carácter retroactivo en una nota de 20 líneas, tras la reunión del pleno del Consell del 11 de abril, sin especificar los ayuntamientos afectados por la medida. Simplemente aseguraron que el nuevo decreto perseguía "facilitar el cumplimiento de las obligaciones legales de las corporaciones locales y evitar situaciones de perjuicio para los ciudadanos". Fuentes de Medio Ambiente confirmaron a Levante-EMV que en esta situación se encontraban 95 ayuntamientos.
Sin embargo, al publicar el decreto que concede la prórroga para tramitar los planes generales, la Conselleria de Urbanismo ofrece una clarificadora descripción del atasco burocrático que vive la administración (autonómica y municipal) por el cóctel indigesto en el que se han convertido las nueves leyes urbanísticas (estatales y autonómicas) mezcladas con la avalancha de PAI (programas de actuación integrada) que se presentaron entre 2005 y 2006.
Según el decreto firmado por José Ramón García Antón, tres causas han "ralentizado considerablemente la iniciación de la tramitación de los planes generales, y así se ha manifestado por varios ayuntamientos a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, mostrando su preocupación al no poder cumplir los plazos" exigidos por ley en la tramitación de los conciertos previos.
El concierto previo es el documento urbanístico en el que un ayuntamiento anuncia la revisión del plan general. En muchos casos se inicia la tramitación porque se impulsa un macroproyecto urbanístico y se quiere encajar en el nuevo plan general. En abril de 2007 la entonces Conselleria de Territorio decidió acotar la vigencia del concierto previo. Una vez se hubiera aprobado este último, los ayuntamientos tenían el plazo de un año para iniciar la tramitación del nuevo plan general. Si no, se entendía que el consistorio desistía por lo que la tramitación quedaba sin efecto y había que volver a empezar.
La actual Conselleria de Urbanismo ha detectado que este plazo es imposible de cumplir, a petición de los ayuntamientos, por tres razones. La primera es que la vigencia de un año que se dio al concierto previo en 2007 se hizo sin "una regulación específica sobre su entrada en vigor y forma de efectuarlo", se asegura en el decreto firmado por García Antón. En las otras dos razones se alega que tanto la nueva Ley de Evaluación Ambiental Estratégica (aprobada por el Gobierno en 2006) como el plan de participación pública que obliga a elaborar el Reglamento del Paisaje "ralentiza considerablemente la iniciación de la tramitación de los planes generales". De ahí que desde el 15 de abril de 2008, los conciertos previos tengan una vigencia de 18 meses. Y con carácter retroactivo.
* Levante-EMV - L. Ballester Beneyto - 12 de mayo de 2008
Foto: el puig. El municipio de l'Horta tramita el concierto previo. En la imagen se ve el monasterio, al fondo, a la izquierda/ mrw-fotografía aérea
Torremolinos reintenta una operación vetada, por la que ya cobró 5,3 millones
ELPAÍS/Málaga* : El Ayuntamiento de Torremolinos ha elaborado un nuevo proyecto de ordenación urbanística de El Pozuelo con el que trata de dar cumplimiento a las exigencias de la Consejería de Medio Ambiente, que en dos ocasiones ha emitido informe contrario para la recalificación del suelo, una parcela de 166.000 metros cuadrados junto a la AP-7.
La cuestión es que el Ayuntamiento de Torremolinos ya recibió hace casi cuatro años 5,3 millones de euros y tres solares valorados en 1,3 millones de Arenal 2001, promotora del empresario cordobés Rafael Gómez, Sandokán, con la que firmó un convenio urbanístico según el cual ésta podría construir unas 750 viviendas.
Para ello se precisaba la recalificación del suelo, que es no urbanizable, y, de no conseguir el visto bueno de la Administración autonómica, el Ayuntamiento tendría que devolver el dinero recibido más la correspondiente indemnización por daños y perjuicios.
La Cámara de Cuentas de Andalucía, que en su informe de fiscalización sobre los patrimonios municipales de suelo dejó constancia de irregularidades en el Ayuntamiento de Torremolinos, ya advirtió de que el consistorio había cobrado y gastado indebidamente el dinero cobrado por este convenio y de las posibles consecuencias negativas que ello podría acarrearle. Los 5,3 millones de euros cobrados anticipadamente suponen el 50% del valor pactado en la operación. El resto debe abonarse en un plazo máximo de 10 días desde que se produzca la aprobación definitiva de la modificación de elemento al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Torremolinos para cambiar el uso del suelo de rústico a urbanizable sectorizado.
El equipo de gobierno que preside Pedro Fernández Montes (PP) llevó al pleno del pasado día 29 de abril una moción de urgencia con un nuevo proyecto para la zona, que contempla una serie de arboledas en taludes para reducir el impacto acústico que produce la carretera AP-7, con la que linda el terreno que se pretende recalificar. En esa misma sesión plenaria, el Ayuntamiento aprobó inicialmente el nuevo PGOU de la ciudad. La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo rechazó en junio de 2006 la recalificación de El Pozuelo porque el informe de impacto ambiental era negativo y consideraba "inviable el uso residencial" por los ruidos de la carretera. Según las mediciones de Medio Ambiente, "aproximadamente más del 90% de la parcela se encuentra afectada por curva isofónica de más de 45 decibelios, nivel sonoro máximo permitido en la normativa vigente para un área de tipo II levemente ruidosa".
Medio Ambiente llegó a emitir hasta dos informes de impacto contrarios al proyecto residencial en El Pozuelo, el segundo tras unas mediciones encargadas a una consultora independiente por el Ayuntamiento que no lograron disminuir el impacto acústico. El proyecto modificado presentado ahora por el Ayuntamiento debe ser sometido a un nuevo informe de impacto ambiental.
La Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas abrió en marzo un procedimiento por responsabilidad contable contra Torremolinos a petición de la fiscalía especial de este organismo, tras conocer el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Éste recoge que el Ayuntamiento de Torremolinos "no tiene un inventario específico del patrimonio municipal de suelo, no controla los recursos materializados en terrenos y tampoco lleva un control específico de los ingresos derivados de la gestión de su suelo, incumpliendo la Ley Reguladora de Haciendas Locales". Además, el PSOE presentó una denuncia en Fiscalía por el gasto indebido de 16,6 millones de euros que el Ayuntamiento ingresó en 2005 por dos convenios urbanísticos antes incluso de que éstos fueran aprobados por el pleno municipal.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 12/05/2008
Foto: Torremolinos - diariosur.es
Las Teresitas: "Es un 'pelotazo' de libro"
ELPAÍS/Tenerife* : El empresario Ignacio Manuel González Martín compró en 1998 Las Teresitas, un frente playero de 298.000 metros cuadrados en Santa Cruz de Tenerife, por 33,1 millones de euros a través de una sociedad creada por su testaferro. Lo pagó íntegramente con el crédito de 33,7 millones que se autoconcedió a su empresa desde su banco, Cajacanarias, cuyo consejo de administración integraba González Martín junto a, entre otros, el alcalde local, Miguel Zerolo (Coalición Canaria).
En 2001, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife le recompró por 52,7 millones un tercio del suelo que había comprado. Ganó 19,6 millones de euros sobre el precio que pagó por el total del frente playero tres años antes.
El Ayuntamiento ignoró los informes de sus técnicos -daban al suelo comprado un precio tres veces inferior- y, además, regaló a González Martín una plusvalía de otros 90,3 millones por la recalificación del suelo restante para uso residencial. En total, el empresario ganó casi 110 millones sin invertir un euro propio.
"Nos encontramos ante un pelotazo urbanístico de los que son denominados de libro y no solamente por la tramitación previa a la firma del convenio de 18 de septiembre de 2001, sino por las circunstancias posteriores para hacerlo viable". Así lo refleja un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda.
El promotor, Ignacio Manuel González Martín, y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y sus presuntos cómplices empresariales y municipales fueron objeto de querella en 2006 por prevaricación y malversación de caudales por la fiscalía anticorrupción. La IGAE concluye que la operación fue irregular y apunta a los gestores públicos: "Solamente desde muy alto nivel de responsabilidad dentro del Ayuntamiento puede ordenarse a los funcionarios que cometan tal sarta de irregularidades administrativas"; "una muy alta autoridad se encuentra meciendo la cuna para que todas las dificultades que surgen a lo largo del proceso de la tramitación del expediente tengan una rapidísima respuesta". El pelotazo tiene varios capítulos:
- La compra. El 17 de junio de 1998 se registra la empresa compradora, Inversiones Las Teresitas. Uno de los accionistas, Felipe Manuel Armas, cubre su aportación con un cheque que carga a la cuenta de González Martín, consejero de Cajacanarias. Armas es un mero apoderado en sus empresas sin patrimonio propio. Cuando pide un préstamo personal, Armas invoca una nómina de 723 euros.
- El préstamo. Sin embargo, cuando Armas solicita para Inversiones Las Teresitas un crédito de 33,7 millones a Cajacanarias, ve avalada su petición ese mismo día porque la entidad bancaria entiende que él y sus socios son "personas de gran solidez inversora que siempre han demostrado una gran liquidez". El 23 de junio de 1998, el Consejo de Cajacanarias aprueba otorgar a Inversiones Las Teresitas, con un capital de apenas 200.000 euros, el crédito de 33,7 millones, con la "aparente abstención" de Zerolo y con el "voto afirmativo" de González. Al día siguiente se constituye la sociedad. Tres días más tarde, dicho consejero de Cajacanarias se convierte ya sin tapujos en socio de Inversiones Las Teresitas al comprar el paquete accionarial de su testaferro. Al poco, González figurará como administrador.
- Empresa en apuros. En 1998, Inversiones Las Teresitas presentó pérdidas y, según el Banco de España, falseó sus cuentas para ocultar un patrimonio neto negativo. En diciembre de ese año no pudo pagar 415.00 euros de intereses. El Banco de España detectó más "debilidades" del crédito a ciegas: "Escasa capitalización" de la empresa, "que se financiara más del 100% de la compra de las parcelas", "discrepancias en las valoraciones de los solares". Nunca se tasó el suelo hipotecado.
- El Ayuntamiento socorre. Ante la agonía de Inversiones Las Teresitas para atender su crédito, el Ayuntamiento acude al socorro. Y para ello, según la IGAE, trastoca su actuación previa. Si el convenio de 1986 exigía la entrega de parte del suelo de Las Teresitas al Ayuntamiento por compensaciones urbanísticas, en 2001 el Consistorio pasa "de forma directa y brutal a la adquisición de parcelas". "Todo ello firmado y rubricado sin luz y taquígrafos, a espaldas de las instancias pertinentes del Ayuntamiento, de sus funcionarios y de la opinión pública. Y sin justificar, en forma alguna, la adquisición de unas parcelas que quizá ya fueran del Ayuntamiento como consecuencia del convenio de 1986". El Ayuntamiento opta por "una valoración externa que triplica la valoración realizada por el técnico propio". En suma, "el Ayuntamiento, viendo ahogado al promotor que se encubre tras el nombre de Inversiones Las Teresitas, González, acude presto en su socorro para hacer frente al pago de deuda e intereses ante Cajacanarias y de esta forma González, además de obtener 18 millones de euros adicionales, queda enormemente mejorado puesto que las parcelas que no son objeto de la transacción pasan a tener un uso residencial como vivienda", lo que le brinda "no menos de 90,3 millones de plusvalía".
Ambas parcelas, la pública y la privada (vendida a Mapfre por 96 millones), informa Juan Manuel Pardellas, están paralizadas por la justicia ante las irregularidades surgidas. González superó los 110 millones de beneficio. "Y todo ello sin arriesgar un euro de su bolsillo con la ayuda incomparable y extraordinaria del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife", concluye la IGAE.
* ELPAIS.com - FRANCISCO MERCADO - Madrid - 12/05/2008
Foto: Santa Cruz de Tenerife, playa Las Teresitas - laprovincia.es
Pontevedra precisa 250 funcionarios para poner orden en el urbanismo
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LAVOZDEGALICIA* : Acabar con el caos urbanístico que sufren las Rías Baixas y, en menor medida, las comarcas interiores requiere poner sobre la mesa importantes medios materiales y humanos. Es la advertencia que dejaron sobre la mesa de las jornadas de urbanismo expertos curtidos en mil batallas jurídicas y políticas con el ladrillo como telón de fondo.
Algunos se han atrevido incluso a dar cifras: la provincia de Pontevedra requiere 250 funcionarios para poner orden en materia urbanística.
El cálculo corresponde al concejal pontevedrés César Mosquera, actual responsable del plan de Pontevedra y del área de Infraestruturas. Solo en la capital de la provincia hay 30 personas dedicadas a disciplina urbanística, gestión y planeamiento (sin incluir obras). De ellas, cuatro son juristas, seis arquitectos y arquitectos técnicos. Hay además, delineantes, auxiliares y administrativos. Vigo precisaría unas 90 personas si se aplica un cálculo proporcional a su población a partir de las cifras de Pontevedra.
El concejal nacionalista y portavoz del BNG en la Diputación reprochó al gobierno que encabeza Rafael Louzán que no haya puesto en marcha un ente para poner orden en la provincia, similar al ORAL, el organismo autónomo que recauda para 52 concellos diversos impuestos y tasas, entre ellos, IBI, vehículos y las cantidades correspondientes a la expedición de licencias urbanísticas.
Desde el gobierno provincial se reconoce la penuria de medios que soportan los concellos. El propio Louzán asegura que algunos ayuntamientos pontevedreses deben conformarse con un aparejador medio día a la semana. De momento, la Diputación se ha limitado a crear una oficina de asesoramiento, dirigida por Encarnación Rivas.
A lo largo de los últimos cien días, 18 concellos efectuaron consultas formales a la oficina sobre todo tipo de cuestiones urbanísticas. Otros diez ayuntamientos lo hicieron por vía telefónica. Más del 50% de las dudas se refieren a la edificabilidad en núcleos, si bien también hay muchas preguntas sobre los planes y el suelo que permite implantar nuevas dotaciones.
Presiones locales
Es pronto, sin embargo, para predecir el desarrollo futuro de esta oficina. A favor de que asuma más competencias puede jugar el deseo de no dejar a los concellos solos ante el peligro. En contra hay otros factores, entre ellos, las presiones locales para no ceder el control urbanístico a un ente centralizado en Pontevedra o las desconfianzas políticas.
Un ente que sirviese a concellos de distintos colores debería tener asegurada su independencia o la participación de todas las fuerzas políticas, máxime si se tiene en cuenta que la Diputación siempre ha sido gobernada por UCD y el PP desde 1979. En contra, juega asimismo el gasto económico que generaría para las arcas provinciales.
* La Voz de Galicia - A. Castroverde - 11.05.2008
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es
Vecinos de Marbella creen que el pacto es un 'negocio' para ex ediles del GIL
LAVOZ* : El presidente de la federación de Asociaciones de Vecinos de Marbella y San Pedro Alcántara, Alejandro Dogan, cree que el pacto alcanzado entre la Fiscalía y los seis ex ediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) puede suponer 'todo un negocio que habría que replantearse'. 'Si estar dos años en la cárcel supone resolver mi situación económica y la de mis hijos y nietos, habría que ir pensándoselo'.
El representante vecinal considera que, de esta forma, no se juzgan los procedimientos urbanísticos que hay pendientes y que este hecho supone 'un borrón y cuenta nueva' para imputados que han cerrado el citado acuerdo, como el ex alcalde Julián Muñoz.
La Fiscalía cerró ayer un pacto con seis ex concejales del GIL del Ayuntamiento de Marbella de la Corporación de 1995 a 1999, entre los que se encuentra Muñoz, para que estos ingresen en prisión a cambio de no que no se celebren los juicios urbanísticos en los que están imputados.
El acuerdo establece una sentencia de un año de cárcel por cada procedimiento, con la limitación establecida por la ley de que los condenados cumplirán a lo sumo el triple de la pena máxima impuesta por cada delito que tenga conexión, que en este caso serán tres años.
Además de a Julián Muñoz, el acuerdo, que también incluye una pena de inhabilitación de diez años, afecta a los ex concejales Mario Jiménez, Manuel Calle, Dolores Zurdo, Rafael González y Marisa Alcalá, según las mismas fuentes.
Los ex ediles podrían ingresar en la cárcel en septiembre, una vez que se instrumente el pacto, y para la pena de tres años les computará el tiempo que ya han cumplido en prisión por causas urbanísticas, que supera los doce meses en casi todos los casos.
Por su parte, los ex ediles del GIL de la Corporación municipal marbellí de 1999 a 2003 imputados en causas urbanísticas no se acogieron ayer al pacto propuesto por Fiscalía y la negociación ha quedado aplazada para reanudarse previsiblemente en junio.
* La Voz de Marbella - 10/05/08
Foto: Marbella, protesta vecinal contra corrupción - EFE 31-03-06
Aviso a navegantes: los bancos y el sector del ladrillo quieren meter mano en las pensiones
CHEMA GIL* : Todavía no salgo de mi asombro, del susto, ¡vamos, que me ha dado un pasmo!; resulta que los bancos piden al Gobierno que utilice el fondo que garantiza las pensiones (los diferentes gobiernos han ahorrado 50.000 millones de euros para garantizar el sistema) con el fin de inyectar liquidez en el sector. Vamos, que estos señoritos del ladrillo (unos más que otros) se han estado enriqueciendo a destajo en estos diez últimos años.
Los honrados promotores /constructores /inmobiliarios habrán pagado la fiscalidad correspondiente a sus beneficios (de los constructores que cobran dinero negro no hablaremos), han ganado –como diría el huertano- lo que no está en los escritos, pero, hete aquí, que tanto desarrollismo ha dado al traste como consecuencia de la crisis de las ‘subprime’ en Estados Unidos; como no hay transparencia en el sector bancario, no se sabe muy bien cuántos bancos y cajas (directa o indirectamente) han resultado perjudicados por aquel lío. Como entre ellos no se fían, cuando se prestan dinero mutuamente, al haber un fuerte nivel de desconfianza, se prestan las perricas a un mayor interés; así las cosas, los ciudadanos normales y corrientes ya la tenemos liada, porque esa desconfianza interbancaria repercute en los intereses que pagamos por nuestras hipotecas aquí, en definitiva que la desconfianza entre los bancos la pagamos los ciudadanos, porque ellos, de dejar de ganar una miaja nada de nada, ganan más que nunca y quieren más.
En fin, que los del ladrillo tienen un ‘chocho’ montado de los de aquí no te menees y ahora que no ganan tantas perricas pretenden que -con el dinero del fondo de garantía de la Seguridad Social, es decir de nuestras futuras pensiones- se alivie la situación del sector y por ende de los bancos y cajas, algunos ‘enganchados’ hasta las trancas en la cosa. ¿Será verdad que hay dirigentes de entidades de ahorro que van por la calle que no les llega la camisa al cuello?.
Me parece de una desfachatez absoluta…el Gobierno zapateril de momento les ha hecho un gesto de esos feos, vamos, les ha enseñado el dedito corazón para arriba y les ha dicho que ‘nanay’; pero la cosa sólo acaba de empezar. Los del ladrillo, los que mas han ganado en estos años, en ningún momento han tenido el detalle dar una miaja más de dinero a las arcas públicas, más que las obligadas por Hacienda; en cambio, piden ahora generosidad. ¡Me cago en la leche!, si Zapatero autorizara algo así sería como para salir corriendo a La Moncloa y explicárselo en castizo.
Ayudas directas a las familias, todas; pero darles el dinero de las pensiones a los señoritos de la banca y del ladrillo…sería como para echarse al monte, dejarse patillas, coger un jamelgo, un trabuco, cambiarse de nombre y empezar a dar palos a diestro y siniestro. ¡Joder!, pero que morro tienen algunos.
Recuerdo y copio aquí, con el ‘premiso’ de Diego Ruiz Marín, un manifiesto ‘güertano’ sobre la supuesta Constitución otorgada al ‘Raino del Panocho’, en su artículo trece se ocupaba de las órdenes y honores que deberían existir en ese ‘reino’. Estaba, entre las distinciones, una que era “LA ORDEN CANA DEL TRABUCO’, en las clases de Luis Candelas, El Trempanillo, Sofico y especial ‘Sierra Morena’, pa repartir a porrillo entre grandes financieras y personas que s’edican a hocicar en la gamella, a dar dinero emprestao y a esollar a tó el que pescan, llamándole al interés excremento de la renta”.
Me ‘cagoenbrevas’.
* Vegamedia Press - 09/05/2008
