ABC/Valencia* : Integrante de la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia desde que se creó, Joaquín Baños asume ahora su coordinación. Responsabiliza a los ayuntamientos de muchos de los excesos urbanísticos y apuesta por mermarles las competencias. Entrevista...
-Cuando el hoy fiscal de Sala del Tribunal Supremo Antonio Vercher formaba parte de la plantilla de la Fiscalía de Valencia y se especializó en Medio Ambiente, le llamaban, despectivamente, el fiscal de los pajaritos. ¿Qué ha cambiado en esta casa desde entonces?
-Hay que partir de un dato puramente legislativo y objetivo: hasta 1983 no existía en el Código Penal ningún precepto que regulara el delito ecológico. Nos puede parecer lejano pero desde el punto de vista legislativo eso es antesdeayer. Había que perseguir los atentados al medio ambiente como daños, pero se castigaban con penas ridículas. Cuando Antonio Vercher empieza a llevar estos temas era novedoso, no existía ninguna otra Fiscalía que tuviera a nadie especializado en materia medioambiental y no había respuesta jurisprudencial porque no había dado tiempo a que lo hubiera.
-Cómo coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, ¿qué le pesa más, el primer apellido o el segundo?
-El urbanismo se castiga penalmente en la medida en que la desordenación atenta contra el medio ambiente. En la Comunidad Autonóma son más las diligencias que se incoan por delitos urbanísticos porque hay un importante problema de edificaciones ilegales que las que se incoan po medio ambiente entendido como vertidos y emisiones. Además, los delitos urbanísticos son más fáciles de perseguir porque el vestigio queda, está la edificación; pero un tema de vertidos es algo puntual y cuando aparece el vestigio, a veces el vertido ya ha cesado y hay que descubrir de dónde procede. Eso implica una dificultad mayor.
-¿Es más fácil detectarlos pero más difícil perseguirlos y sancionarlos?
-El problema es la falta de conciencia de que las agresiones urbanística son delito; y es un problema achacable no sólo al ciudadano sino también a las administraciones. ¿Por qué se introduce en el Código Penal el delito urbanístico? El problema de las urbanizaciones ilegales estaba resuelto con la Ley del Suelo; los ayuntamientos, que son los competentes en esta materia, ante la existencia de un chalé ilegal, deberían incoar un expediente sancionador y proceder a imponer una sanción por haber edificado sin licencia y si luego además resulta que no es posible legalizarlo, instar el procedimiento pertienente hasta llegar a la demolición de lo construido. Pero no lo hacen.
-¿A qué atribuye esa tolerancia administrativa?
-Es algo poco amable con los ciudadanos, es incómodo, impopular y cuanto más pequeño es el municipio y en zonas de interior bien conservadas es más patente. Ante un chalé ilegal e ilegalizable, los Ayuntamiento no hacían nada y encima les cobraban contribución urbana porque dicen que una cosa es la sección de Hacienda y otra la de Urbanismo y como hay un hecho mponible, había que tributar. Esto es tanto como que el narcotraficante que viene en el vuelo con un paquete de cocaína, primero pasa por la aduana, paga las tasas de importación por el paquete de cocaína y una vez abonadas, le está esperando la Guardia Civil para llevárselo detenido por traficar con droga. Los Ayuntamientos se lucran de las ilegalidades que están consintiendo. Uno lleva a juicio a este señor que ha levantado un chalé ilegal y nos enfrentamos por un lado, a unas normas urbanísticas complicadas, y por otro, al hecho de que en muchas ocasiones esos particulares son llevados a engaño por los propios ayuntamientos, que no actúan y les cobran contribución, les facilita la luz y a veces hasta les asfalta el camino. Entonces, cuando llega a juicio el individuo acusado de un delito de urbanismo nos encontramos con que el elemento objetivo del delito está claro, es decir la construcción el ilegal, el sujeto reconoce que nunca pidió licencia, la normativa, según los técnicos está clara, no se puede legalizar, pero sin embargo falta la conciencia de haber cometido un hecho ilícito. Él no sabía que eso no se podía hacer y no lo sabía porque no se ha informado pero también porque le ha llevado a engaño la propia inactividad de la administración.
-¿Que ocurre cuando no existe conciencia de un hecho ilícito?
-Pues se produce un problema porque los jueces son reacios a castigar aquello de lo que no hay conciencia de ilicitud. Si uno cree estar obrando lícitamente, hay un error que puede dar lugar a la impunidad.Los tribunales son reacios a condenar a personas que no son delincuentes; que son ciudadanos honrados y que construyen un chalecito en su propiedad con vulneración de las normas urbanísticas pero sin conciencia de que estaban vulnerando la ley y llevados a engaño por el propio ayuntamiento. El legislador en el 95 constató un hecho: la legislación no se cumple por quienes tienen que hacerla cumplir y decidió pasarle la patata caliente al Poder Judicial.
-¿Y eso no conduce a una excesiva penalización de asuntos que podrían resolverse en vía contencioso administrativo?
-Pese a que hay compañeros que opinan lo contrario, como el propio Vercher, yo creo que únicamente debían estar en el Código Penal los atentados más graves. Las construcciones en suelo no urbanizable común, que no tenga ninguna protección especial, yo no las hubiera sacado nunca del ámbito administrativo.
-¿Y muchos casos llegan a la vía penal por la mera instrumentalización política?
-En los delitos urbanísticos tendríamos que distinguir dos supuestos: la corrupción urbanística en base a las posibles connivencias de un Ayuntamiento con una constructora para obtener pingües beneficios y luego, los delitos urbanísticos cometidos por particulares. En la provincia de Valencia, los que más abundan son los segundos. Aunque se están investigando posibles casos de corrupción urbanística, esto no es Marbella ni Alicante. Aquí no hay un clima generalizado de corrupción de las administraciones en materia de urbanismo. Se siguen diligencias, entran denuncias, algunas no tienen ningún contenido penal... porque lo que sí detectamos es que se intenta utilizar a la Fiscalía con fines políticos y electoralistas. Y eso nosotros lo rechazamos. Llega época de elecciones y empiezan a llegarnos denuncias, que a lo mejor no están formuladas por el partido político pero sí por personas o asociaciones vinculadas a un partido y pretenden hacer daño al contrincante mediante una denuncia, que a lo mejor luego no tiene ninguna trascendencia pero el daño ya está hecho.
-¿Hay que meter mucha excavadora?
- El Código Penal prevé el derribo de la edificación, pero no lo establece como preceptivo, sino como algo potestativo del Tribunal. Y a veces, cuando hay condena, el Tribunal no ordena el derribo y le pasa la patata a la administración. Hay veces que llevas al juzgado una edificación ilegal que está incluida en una urbanización también ilegal pero en la que al resto de chalés no se les puede perseguir porque han pasado tres años y el delito está prescrito. El último chalé es tan ilegal como los demás pero como para ellos ha prescrito, por la vía penal no se les puede tocar y derribar el último es un poco exagerado e injusto. Si aparece un único chalé en una zona de alta protección, es lógico, razonable y necesario ordenar el derribo.
-¿Quién le da más quebraderos de cabeza, las administraciones o los particulares?
-Los delitos, la acción, la cometen los particulares pero la responsabilidad es de las administraciones por tolerarlo. Hay casos de 2.000 chalés ilegales, en una zona sin alcantarillado, con pozos ciegos...Los residuos orgánicos de un chalé pueden no contaminar un acuíferos pero los de 2.000 sí; no hay planes de prevención de incendios forestales y luego llegan los problemas de evacuaciones. ¿Quién es el responsable de que en una zona no urbanizable florezca una urbanización de muchos chalés? La administración. La solución pasa por limitar las competencias urbanísticas de los ayuntamientos. Quizá no habría que generalitat, porque no es lo mismo los grandes ayuntamientos, que tienen sus servicios técnicos y sus funcionarios de carrera, que los ayuntamientos pequeños, donde ellos se lo comen y se lo guisan,con un término extensísimo, mucho para proteger y mucho para ganar. Sin embargo la ley no distingue.
-¿Pero el urbanismo es su principal fuente de financiación?
-Ese es el problema. Pero si los Ayuntamientos se financian con el urbanismo, apaga y vámonos.
-En vísperas de elecciones, ¿Le preocupa que sus decisiones se interpreten sólo desde una óptica política?
-Nuestras decisiones están sometidas al imperio de la ley y a lo que luego resuelvan los tribunales, que son los que deciden si condenan o no. No nos vamos a someter ni a la presión mediática ni a la política; actuaremos con indiferencia absoluta respecto al momento en que estemos actuando. Me da igual que sean elecciones o no, porque la mejor forma de que no se nos utilice es demostrar que es inútil intentarlo; no acomodarnos al tempo electoral sino al nuestro, dependiente de la carga de trabajo y de la urgencia del tema.
-¿Hay que aplicar el Código Penal con más dureza o modificarlo?
-El Código que tenemos es suficiente; en temas de prevaricación ambiental o urbanística podría haber algún retoque pero la protección del Medio Ambiente no se soluciona con la aplicación del Código Penal, porque actúa como reacción, cuando el delito se ha cometido. En ese sentido, no es preventivo. ¿Quién puede prevenir?. Las Administraciones.
* ABC Valencia - ISABEL RGUEZ. DE LA TORRE - 29 de octubre de 2007
«Los Ayuntamientos se lucran de las irregularidades urbanísticas que están consintiendo»
Muñoz y Roca declaran ante el juez por un nuevo delito urbanístico
EFE/Marbella* : El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y el que fuera asesor urbanístico del Consistorio Juan Antonio Roca han sido trasladados hoy a los juzgados de la ciudad para que declaren por una causa urbanística. Muñoz llegó a las dependencias judiciales procedente de la prisión provincial de Jaén, donde se encuentra en cumplimiento de dos condenas de un año de prisión por otros delitos urbanísticos. Veinte minutos antes fue trasladado hasta los juzgados marbellíes Juan Antonio Roca, quien está ingresado en la cárcel de Albolote (Granada) en prisión preventiva por el 'caso Malaya' contra la corrupción en Marbella.
Está previsto que ambos comparezcan ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 del municipio malagueño, Carmen Rodríguez Medel, por una causa en la que se les imputa los delitos prevaricación y contra la ordenación del territorio, han señalado fuentes judiciales. De estos mismos delitos están acusados el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes y el consejero delegado de Divertilandia Marbella SL, Antonio García Barrios, que también han sido citados a declarar hoy ante la juez.
Este procedimiento tiene su origen en una denuncia presentada en diciembre de 2006 por la comisión gestora que estuvo al frente del Ayuntamiento marbellí tras la disolución de la Corporación, órgano que tuvo conocimiento de los supuestos hechos a través de la compañía Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA.
Según la denuncia, en mayo de 1995 el Ayuntamiento firmó un convenio con Repsol en virtud del cual la compañía autorizaba al Consistorio a tramitar la reparcelación de unos terrenos propiedad de la compañía en el entorno de Puerto Banús y en el que se establecía la apertura de una nueva parcela apta para desarrollar la actividad de estación de servicio.
La denuncia presentada por el órgano rector señala que, a pesar de que la propietaria de la parcela se vio obligada a ceder ésta al Consistorio para convertirse en un bien de dominio público, el Ayuntamiento transmitió la propiedad en marzo de 1998 a la sociedad Marbella Divertilandia SL. Posteriormente, en la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998 por parte del Ejecutivo local -plan que posteriormente fue anulado por la Junta de Andalucía- la calificación de la citada parcela pasó a uso comercial.
Además de esta causa, Roca está citado para declarar como imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad, Óscar Pérez, sobre las investigaciones que aún continúan abiertas en relación al 'caso Malaya'. En este procedimiento además se encuentran imputadas al menos doce personas, de las que no ha trascendido su identidad ni los cargos que se les atribuyen y sobre las que el juez deberá decidir si son procesadas en la causa principal o encausadas en una pieza separada.
* SUR - 30.10.07
Foto: Marbella Ayuntamiento - UrbPatasArriba
Lanzarote: La Justicia frena la construcción de 38 villas en Playa Blanca
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LAVOZDELANZAROTE* : Los Tribunales de Justicia han dado la razón al Cabildo de Lanzarote al suspender la construcción de 38 villas unifamiliares en el plan parcial Playa Blanca. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas dictó el pasado 19 de octubre un auto por el que se instan medidas cautelares, que fue notificado a la primera Corporación el 25 del mismo mes.
La decisión de la Sala paraliza la construcción de un complejo de 38 chaléts en la parcela R-21 del plan parcial Playa Blanca, cuya licencia fue concedida el 7 de septiembre de 2005 por el alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, a la empresa Luna de Oro, S.L.
Se trata de la primera suspensión cautelar que se ha resuelto en el plan parcial Playa Blanca. El Cabildo inició procedimientos contra las 14 licencias concedidas en esta zona en 2006, que autorizan unas 400 viviendas. Ha sido este año, tras la entrada de la nueva Corporación, cuando se han solicitado medidas cautelares en tanto se resuelven todos los pleitos.
Además de los recursos a las licencias de construcción, el departamento legal de la primera Corporación ha recurrido el propio plan parcial, al entender que está extinguido por inejecución desde 2001, tras la aprobación de la Ley 6/2001 de Medidas Urgentes, previa a la Ley de Directrices.
Las medidas cautelares impedirán la construcción de 150 plazas residenciales en el sur, en tanto los Tribunales se manifiestan en relación con la legalidad o no de sus licencias.
* La Voz de Lanzarote - 30 de octubre de 2007
Foto: Yaiza (Lanzarote), Playa Blanca - lavozdelanzarote.com
La Coordinadora en Defensa del Territorio denuncia que la corrupción urbanística es la primera causa del cambio climático
EUROPAPRESS* : La Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio (CCDT) denunció este viernes que la corrupción urbanística es la principal causa del cambio climático y su "problema más grave" tanto por "la destrucción" que supone como por "el engaño y abuso sistemático de los ciudadanos" que implica. La organización ha difundido un manifiesto que afirma que "España es Marbella" porque la localidad malagueña "no es la excepción, sino el paradigma" de "la precariedad democrática" que se deriva de la especulación urbanística.
"La causa de esta situación única en el mundo es que la ley favorece la especulación y desampara al ciudadano" mediante "plusvalías a los propietarios, convenios urbanísticos y la aplicación de la ley de suelo de 1998", reza el manifiesto.
Según la coordinadora, "es imprescindible para frenar la corrupción eliminar todas las figuras legales que favorecen la especulación" mediante "una ley rápida contra los abusos urbanísticos y medioambientales" y la imposición de "sentencias ejemplares".
La organización reclama además, una "moratoria general en la recalificación (hasta que se ocupen los 3 millones de viviendas vacías que hay), crecimiento cero o limitación del crecimiento al 10% del suelo urbano y retirada de competencias urbanísticas a los ayuntamientos y autonomías que promuevan el urbanismo salvaje".
* Europa Press - MADRID, 26 Oct.
Foto: Urbanismo salvaje - Ecologistas en Acción
España: Terapia de choque para la costa
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ELPAÍS* : En primera línea de la playa de Calpe se construye actualmente un hotel de 24 plantas. El edificio invade la zona de protección que fijó la Ley de Costas en 1988. Pero las máquinas siguen adelante. En Adra (Almería) hay 500 familias que ven cómo el mar amenaza con invadir sus casas, humildes viviendas sobre la misma playa hace décadas. Hay casos a miles: dos torres proyectadas en Benidorm (Alicante) en zona pública; casas sobre el mar en Pulpí (Almería) sin que esté claro sin es suelo público; un complejo paralizado en La Manga del Mar Menor que pretendía ganar terreno al mar...
Son sólo unos ejemplos de la disparatada situación que vive la costa española, motor económico del país como imán del turismo, y en la que la aplicación de la Ley de Costas es muy deficiente. La norma establece que toda la playa (o el lugar que alcanza los mayores oleajes) es pública. Después viene una servidumbre de paso de seis metros para que cualquiera pueda recorrer el litoral, y después 100 metros de protección, en los que se pueden instalar campos deportivos o cultivos pero no casas.
Todo esto, si el terreno no estaba declarado como urbanizable cuando la ley entró en vigor. Para las casas que ya estaban construidas legalmente en la playa en 1988, la ley les dio una concesión que normalmente es de 30 años y que comenzará a caducar en 2018.
Casi 20 años después de la entrada en vigor de la norma, el Ministerio de Medio Ambiente ha preparado una terapia de choque para reanimar al enfermo. El próximo miércoles ofrecerá a las comunidades autónomas un gran acuerdo, un pacto de Estado, no sólo para frenar el urbanismo salvaje sino para pactar la demolición de las viviendas, chalés, hoteles y piscinas que ocupan la zona pública de costa y así recuperar lo que ya está destruido.
"Sin acuerdo de las comunidades y ayuntamientos no será posible aplicar este plan, pero tenemos que convencer a las Administraciones de que retirando algunas casas fastidiamos a unos pocos pero a cambio gana mucha más gente y desde luego aumentará el turismo de calidad", explica el secretario general para la Biodiversidad y el Territorio del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano.
El Gobierno les va a proponer "un cambio radical en la política de costas. Hasta ahora hacíamos paseos marítimos, que en realidad era poner dinero público para los gastos de urbanización de un promotor. Ahora queremos pasar a recuperar para el uso público los 8.000 kilómetros de costa". El pacto propuesto a las autonomías bajo el nombre de Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa abarca por el momento al Mediterráneo, Baleares, Canarias y Cádiz y Huelva. El Cantábrico, aún no tan urbanizado, queda fuera de esta primera fase.
Para los próximos años (la estrategia no tiene un plazo de ejecución) el ministerio prevé "rescatar concesiones" a lo largo de 776.972 metros de costa mediterránea y de Canarias. Se trata de rescatar los permisos de ocupación del dominio público de las viviendas construidas antes de la Ley de Costas para demolerlas y darle uso público. "Pretendemos negociar, no ir directamente a la expropiación, porque los propietarios suelen pleitear y eso alarga enormemente los trámites", según Serrano. Pese a ello, el Gobierno insiste en que su propuesta no es un plan de expropiaciones masivas.
Por eso es esencial la colaboración de ayuntamientos y comunidades. Porque el ministerio sólo tiene competencias en los primeros metros de costa y pretende que los ayuntamientos cedan suelo a esos propietarios en zonas alejadas de la costa.
Aplicar el plan costaría 5.000 millones de euros, pero Medio Ambiente insiste en que es una estrategia a largo plazo y que sólo será posible con colaboración institucional y empresarial.
La barrera de hormigón ha llegado a tal punto en el Mediterráneo que el 36% es suelo urbano y el 11% es urbanizable. Eso quiere decir que más de 1.000 kilómetros de la primera línea del Mediterráneo y Canarias ya están construidos o en vías de serlo. Por el contrario, un 32% de la primera línea está protegida (eso no impide que se construya 100 metros más atrás) y el 21% es no urbanizable.
Además, Medio Ambiente quiere construir 782 kilómetros de caminos naturales bordeando el litoral "para que cualquiera pueda circular la costa, no en coche, sino a pie o en bicicleta. Intentaremos huir de las obras duras", explica Serrano, catedrático de Ordenación del Territorio. En las pocas zonas que permanecen vírgenes, Medio Ambiente no construirá estos caminos, sino rutas alejadas del mar con viales para llegar al mar.
Otra de las cosas que tiene en cuenta el plan es la subida prevista del nivel del mar por efecto del calentamiento. Un estudio encargado por el Ministerio a la Universidad de Cantabria concluyó que las playas pueden retroceder en 2050 una media de 15 metros. Zonas como el Delta del Ebro son especialmente vulnerables. Allí, la urbanización Riumar queda tras la línea que teóricamente alcanzará el mar de unas décadas. Pero hay más. Serrano va a su despacho y vuelve con una foto de una urbanización en Valencia construida bajo el nivel del mar. "Tenemos que recuperar estas zonas e ir hacia atrás. Dejarlas libres para que la relación con el mar sea natural", sentencia Serrano.
El plan incluye obras de regeneración de dunas (el 70% está en regresión) y eliminar las obras que impiden la regeneración natural de las playas. También aborda las mejores formas para evitar la pérdida de arena de playas que producen los puertos deportivos.
* ELPAIS.com - J. M. ROMERO / R. MÉNDEZ - Madrid - 29/10/2007
Foto: El Sauzal (Tenerife), derribo de 418 viviendas - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (El País)
Madrid: Un informe reconoce que las viviendas de la Cañada no son chabolas
MADRIDIARIO* : Un informe del Ayuntamiento de Madrid del mes de marzo reconoce que las construcciones de la Cañada Real no son "chabolas" o "infraviviendas" sino una serie de "viviendas unifamiliares de dos o tres plantas (con servicios anexos tales como barbacoas, granjas, etc...) todo ello sin licencia municipal".
La categoría de edificación es trascendental para el tratamiento que deben recibir para el desalojo y derribo, y para determinar la responsabilidad sobre este macroasentamiento en el que se calculan que habitan 40.000 personas.
Así, este informe de la Subdirección General del Régimen Jurídico y Control de Edificaciones, del departamento de Urbanismo que dirige Pilar Martínez, apunta que la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera el chabolismo como un fenómeno alegal no urbanístico que puede resolverse con desalojo y demolición "por razones constatadas de seguridad o salubridad, por ocupar suelo de titularidad pública, por obstaculizar la ejecución del planeamiento urbanístico o atendiendo a razones sociales derivadas del posible realojo de los ocupantes".
Sin embargo, el informe subraya que las edificaciones de la Cañada "no son propiamente chabolas o infraviviendas". "Aún existiendo una tipología edificatoria muy diversa se trata con carácter general de construcciones consolidadas de fábrica de ladrillo, que ocupan una o dos plantas (a veces más) con distribuciones de piezas habitables, materiales, servicios y acabados más propios de viviendas unifamiliares que de infraviviendas", y añade: "precisamente los informes policiales denuncian la construcción de auténticos 'búnkeres' de hormigón y puertas acorazadas casi inexpugnables".
El informe "no cambia nada"
El Ayuntamiento de Madrid restó este lunes importancia al estudio que determina que muchas de las edificaciones de la Cañada Real Galiana tienen la catalogación urbanística de viviendas unifamiliares, ya que "no cambia nada" porque estas construcciones "continúan siendo ilegales".
Así, fuentes municipales confirmaron que los procesos abiertos para el desalojo y derribo de algunas edificaciones de la Cañada Real no se verán afectados aunque se traten de viviendas unifamiliares y no chabolas. Éstas últimas, según la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que recoge el informe de la Subdirección General del Régimen Jurídico y Control de Edificaciones del Área de Gobierno de Urbanismo, sí pueden someterse a procesos de desalojo y derribo.
Las mismas fuentes indicaron que si las construcciones que actualmente se levantan en la Cañada Real Galiana se consolidasen, dejarían de ser ilegales, pero esta situación no se ha producido, por lo que la mayoría de las viviendas no cuentan con las licencias municipales oportunas.
Además, desde el Gobierno que dirige Alberto Ruiz-Gallardón se insistió en que la solución a los problemas de este asentamiento que se extiende desde la incineradora de Valdemingómez hasta la A-3 (autovía de Valencia) pasa por que la Comunidad de Madrid convoque una reunión con todos las administraciones implicadas.
* Madridiario - 29-10-2007 - MDO/EP
Foto: Madrid, casa Cañada Real - madridiario.es
Ronda: Cuenca Mediterránea vuelve a denegar el agua a Los Merinos
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ELPAÍS/Málaga* : La Cuenca Mediterránea Andaluza ha negado ya en dos ocasiones autorización para que la urbanización Los Merinos Norte, que contempla 781 viviendas y dos campos de golf en un paraje próximo a Ronda, pueda abastecerse de los acuíferos de la zona al considerar que las necesidades de consumo son "incompatibles" con el plan hidrológico de la cuenca, que se caracteriza por sus recursos deficitarios.
En el último informe se descarta además la posibilidad de que la urbanización pudiera recibir agua reciclada de la nueva depuradora de Ronda para el riego de los campos de golf, como han pactado la promotora y el Ayuntamiento pese a que éste carece de competencias para disponer del caudal.
En noviembre de 2005 la Cuenca Mediterránea Andaluza negó la concesión de caudales a Club de Campo y Golf, sociedad promotora del polémico complejo de Los Merinos Norte, cuyo proyecto de urbanización, aprobado por el Ayuntamiento de Ronda en febrero de 2006 está impugnado por la Consejería de Obras Públicas ante un juzgado que ha negado la suspensión cautelar de los trabajos. Meses después de aquella negativa, la promotora presentó a la Cuenca un nuevo esquema de aprovechamiento de agua que a su juicio no rompería el equilibrio hídrico. En la primera ocasión, la promotora pidió extraer del acuífero del que se abastecen las poblaciones de Arriate y Cuevas del Becerro un caudal de 595.570 metros cúbicos anuales, que la Cuenca consideró "desproporcionado" porque suponía una dotación anual por habitante y día de 520 litros, cuando el plan hidrológico sólo permite un máximo de 350 en la zona. En la nueva petición se solicitaba un caudal menor, 198.377 metros cúbicos anuales, y se proponían una serie de pruebas sobre el acuífero que la Cuenca rechazó también.
Aunque en esta segunda solicitud se pedía menos agua, se reconocía una necesidad de abastecimiento total para la urbanización mayor a la pretendida en la primera, 880.745 metros cúbicos anuales, aunque 682.368 metros cúbicos serían obtenidos de la depuradora de Ronda y de la que se construirá en la urbanización para el riego de los campos de golf, zonas verdes y baldeo de calles.
Uno de los motivos de la denegación es la falta de justificación de este caudal. La promotora invocó un convenio con el Ayuntamiento de Ronda para obtener 4.000 metros cúbicos diarios de la nueva depuradora de la ciudad. Pero, según el informe de los técnicos de la Cuenca Mediterránea, la planta de Ronda no tendrá tratamiento terciario que es el que permite la reutilización del agua, y además el Ayuntamiento no tiene la concesión ni el derecho de cesión del agua de la depuradora, que pertenece a la Agencia Andaluza del Agua. Además, la Cuenca adujo también que detraer 4.000 metros cúbicos del río Guadalevín provocaría un "inevitable impacto", que impediría los regadíos del bajo Guadiaro y aumentaría el riesgo de mortandad de peces.
Efectos irreversibles
Las obras de urbanización previas al inicio de la construcción del complejo urbanístico continúan en Los Merinos y han afectado ya a varios centenares de encinas, según denuncian las asociaciones ecologistas que se oponen al proyecto. Silvema lamenta que la juez de lo contencioso argumentara que las posibles afecciones se pueden restituir para denegar la suspensión cautelar de los trabajos. Para los ecologistas, los efectos ecológicos son irreversibles. La licencia está impugnada porque según la Junta el proyecto autorizado por el Ayuntamiento de Ronda incumple el informe de impacto ambiental y produce una transformación de más del 25% del territorio.
En los últimos días también ha habido novedades en el procedimiento penal. El fiscal ha remitido las diligencias que abrió a los juzgados de Ronda para que investiguen la comisión de un posible delito contra la ordenación del territorio o contra los recursos naturales y el medio ambiente. El fiscal ha pedido que se elabore un informe sobre el impacto de los trabajos realizados y que el Ayuntamiento de Ronda informe sobre si se están ejecutando las obras para la conducción del agua reciclada.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 29/10/2007
Foto: Ronda (Málaga), Los Merinos - 20minutos.es
'La expansión urbanística es la responsable de las inundaciones alicantinas de la semana pasada'
EUROPAPRESS* : WWF/Adena afirmó este lunes que "la expansión urbanística es la responsable de las inundaciones que se produjeron la semana pasada en el litoral alicantino", tras las lluvias torrenciales que azotaron al litoral alicantino la semana pasada. Por otro lado, la entidad hizo hoy un llamamiento a la Generalitat Valenciana para que "revise los planes de ordenación urbanística del litoral con el fin de evitar que se repitan en un futuro los impactos de las avenidas o crecidas".
"Las dramáticas consecuencias de las intensas precipitaciones que asolaron el litoral alicantino durante la pasada semana ponen de manifiesto, una vez más, la necesidad de desarrollar y aplicar políticas efectivas de ordenación territorial que minimicen el impacto de las lluvias torrenciales", añaden.
Asimismo, desde WWF/Adena explican que "la ocupación del litoral, de los barrancos y ramblas sufrida en los últimos años para la construcción de viviendas o infraestructuras, ha destruido los ecosistemas naturales capaces de paliar los efectos de las avenidas, como riberas, humedales, saladares o llanuras de inundación. Los Planes Generales de Ordenación Urbana que aprueban los Ayuntamientos y, en última instancia la Generalitat Valenciana, así como la insuficiente aplicación de la Ley de Regulación de Actividad Urbanística (LRAU) de 1994, han llevado a la Generalitat Valenciana a ser un mal ejemplo para toda la Unión Europea, contando con numerosas denuncias de grupos conservacionistas y de la propia Comisión Europea".
Según la organización ecologista, "la Generalitat Valenciana reconoce la existencia de cientos de miles de viviendas construidas en zonas calificadas como 'inundables'. Sin embargo, no sólo no asume su responsabilidad si no que ha acusado al Ministerio de Medio Ambiente como responsable de la catástrofe por no mantener los 'cauces limpios'".
WWF/Adena recuerda que " tal y como se ha puesto de manifiesto en el II Seminario Internacional de Restauración de Ríos, celebrado esta semana en Madrid, la vegetación natural asociada a los cauces constituyen un elemento esencial de protección y no es, en ningún modo, la responsable de los efectos de las inundaciones".
Por su parte, la portavoz del Grupo de Alicante de WWF/Adena, Nuria Moreno, señala que "la única manera de revertir esta situación es impulsar un profundo cambio en la política de ordenación territorial, diseñando estrategias para proteger y conservar el dominio público hidráulico y el costero. La Generalitat Valenciana no puede continuar anunciando planes millonarios para paliar los efectos de posibles avenidas, mientras continúa permitiendo la construcción en zonas inundables".
Por último, WWF/Adena insiste en que "la Generalitat Valenciana invierta mayores esfuerzos en la aplicación efectiva con criterio de sostenibilidad de la legislación vigente y en la necesidad de que las administraciones locales no se comprometan a legalizar, con fines electorales, en los próximos Planes Generales de ordenación Urbanística las viviendas construidas en el dominio público hidráulico o costero".
Este tipo de lluvias son habituales en esta época del año debido al fenómeno de carácter natural de la llamada 'gota fría' que afecta principalmente, a la costa mediterránea. Los ecosistemas naturales asociados al litoral y a los ríos y barrancos mediterráneos constituyen un elemento fundamental de protección frente a inundaciones ya que cumplen una función amortiguadora por su elevada capacidad de infiltración de las aguas.
* Europa Press - MADRID, 29 Oct
Foto: Alicante, inundaciones - Europa Press
