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ELPAÍS/Reportaje* : La estrategia de defensa del ventilador o del calamar (echar la porquería por todas partes), la tesis de la manzana podrida o, a las malas, del árbol podrido (culpar a personas concretas y no a una parte amplia de la organización). Las elecciones no se ganan, se pierden, suele recordarse en los circuitos políticos. Por eso, cuando surge un gran escándalo de corrupción vinculado a altos cargos de un partido político, la principal preocupación de sus estrategas no siempre tiene como principal prioridad limpiar su imagen, sino más bien ensuciar la de su principal contrincante en las urnas.
Este tipo de comportamientos, que están muy generalizados, según sociólogos y politólogos especialistas en el análisis de estos temas, deterioran enormemente la imagen de toda la clase política. "Todos los políticos son unos corruptos". Esta tan manida como devastadora afirmación, para la política y para la democracia, se usa alegremente en la calle para poner en tela de juicio la gestión de todos los que acceden al poder. La presunción de inocencia se convierte así en el sentir popular en presunción de culpabilidad y el político se ve al final abocado a demostrar que no roba. El caso Gürtel es la última trama destapada de corrupción política que implica a más de una manzana del PP, de una rama y probablemente a varios árboles.
"Un caso así afecta a la imagen de todos, pero la ciudadanía sabe distinguir. En una encuesta reciente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre el tema quedó claro que la gente ve ahora más corrupto al PP que al PSOE, incluso los votantes del PP", afirma el catedrático de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos, Manuel Villoria, que dirige además el Departamento de Gobierno, Administración y Políticas Públicas del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. "No obstante", prosigue Villoria, "los políticos o la clase política son el tercer problema más importante para los españoles. Y este último dato surge a partir, sobre todo, del caso Gürtel y de la suma de casos de corrupción urbanística que se condensan a finales del 2009. Cuando la corrupción política aparece en primera página de la prensa de forma continua, una de las consecuencias es ésta, que la clase política se convierte en problema".
Antes hubo otros casos, desde finales de los ochenta a principios de este siglo -Naseiro (PP), Filesa (PSOE), el caso saqueo o Marbella (GIL) -, aunque en las últimas décadas han sido más puntuales, ninguno tenía un entramado tan amplio como el Gürtel. Son redes complejas, complicadas de desgranar para los jueces y, por tanto, ni que decir tiene de entender para el común de los mortales. La ciudadanía, dicen los expertos, se queda sólo en la letra gorda. La de los grandes titulares y la de las frases impactantes de los diversos partidos del arco parlamentario. El mensaje de que ha habido corrupción, presunto enriquecimiento ilícito mediante la utilización de cargos y fondos públicos, llega a la población, pero en la mayoría de los casos los ciudadanos lo perciben como casos ajenos a ellos, a su vida, señalan los analistas. No acaban de ver que dar una concesión de un terreno urbanizable por un valor inferior al real repercute en las arcas públicas del ayuntamiento correspondiente, lo que supone un perjuicio directo para los ciudadanos de ese municipio. Se deja de ingresar en él dinero que se dedicaría a la sanidad, la educación o las carreteras de todos para destinarlo a fines ilícitos, del enriquecimiento individual a la financiación de una organización privada, como es un partido político.
Esta baja percepción de las consecuencias de esta corrupción en la vida de los ciudadanos es uno de los factores que hace que el voto apenas se mueva. Al menos a corto plazo. A largo, la razón por la que se mueve suele ser el hartazgo.La estrategia de los partidos ante estos casos corruptos es diferente según el tamaño de la institución y el poder que tenga. "El PP ha optado, a través de sus apoyos mediáticos, por recordar Filesa y los escándalos pasados (estrategia del calamar)", analiza Villoria. "Y, lo que es más preocupante, ha intentado destruir la reputación y la imagen de todo el que ha investigado el caso -la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) o Garzón- o lo ha denunciado, el caso del pobre sastre es terrible. Es una estrategia muy dura, ya veremos los resultados", agrega.
Un enfoque del que se habla poco son las consecuencias que tiene la corrupción a largo plazo. La mayor parte de los analistas coinciden en que los efectos en los partidos son limitados. Por lo tanto, al que al final le sale más cara la corrupción es al ciudadano. Una parte de sus impuestos se evaporan en esas corruptelas por agujeros diversos y deja de percibir servicios públicos o una mejora de su calidad de vida, que podrían obtenerse con el dinero evaporado por los corruptos.
El catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, señala que la valoración negativa de la clase política y de los partidos "es bastante generalizada en la mayor parte de los países", según pone de manifiesto el Barómetro Global de la Corrupción, un índice que elabora su organización a nivel internacional. Y los ciudadanos, ante el hastío que les causan estos casos, "deciden no votar en las elecciones, o bien votar en blanco, como rechazo ante la clase política, o votar a partidos nuevos, que no están contaminados por casos de corrupción y contienen mensajes singulares", explica Lizcano.
Tanto el secretario del Área de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, como el secretario Nacional de Política Autonómica y Local del PP, Juan Manuel Moreno, coinciden en que los grandes escándalos de corrupción perjudican a toda la clase política. Ambos opinan que estos escándalos, aunque no pasen factura a corto plazo, sí tienen un gran coste para la política. "El ciudadano sí deduce cuándo un comportamiento es inmoral, indecente, aunque no conozca los detalles del caso", opina Hernando. "La gente intuye que la perjudicada por estos casos es toda la ciudadanía". Es estos casos lo importante es, según este responsable socialista, actuar con "contundencia, coherencia y salvaguardar la institución. No vale adoptar medidas internas y dejar a esas personas en las instituciones, sean ayuntamientos o las que sean. Porque la intolerancia con estos casos tiene que ser total e inmediata". ¿El PSOE ha aprendido la lección después de los escándalos de los noventa? "Sí, ha demostrado que ha sido muy contundente ante los casos de corrupción, no se ha tardado ni 24 horas en tomar medidas", contesta Hernando. Y pone como ejemplo el caso del Ayuntamiento de Coloma de Gramanet: "El mismo día que se destapó, por la tarde, el alcalde estaba expulsado del partido y había dejado su acta de concejal".
Desde el PP, Juan Manuel Moreno asegura que estos casos "son la primera amenaza que tiene un partido, la clase política y el sistema democrático". Y apunta varias responsabilidades: "El primero es el político corrupto y es al que hay que perseguir. Pero luego hay otros niveles de responsabilidad. Los partidos políticos, por ejemplo, que han utilizado los casos de corrupción para desgastar al adversario. Pero es importante tener en cuenta que son estructuras muy amplias, con cientos de cargos públicos y, desgraciadamente, es muy difícil de controlar a todos. Pero estos casos no afectan ni al 0,1% de ellos, la inmensa mayoría de los políticos es gente honesta, en la que se puede creer, que se vuelca, por ejemplo, en la política municipal, haciendo un sacrificio en muchos casos".
Este responsable del PP también reconoce que, a raíz del caso Gürtel, su partido se ha vuelto más severo internamente. "Ya pensábamos desde hace tiempo la conveniencia de tener un código ético, como tienen muchas empresas privadas. Todos los cargos públicos y miembros de los órganos del partido deben firmarlo, comprometerse. A partir de ahora, es más difícil que haya casos de este tipo, el compromiso con la transparencia y la buena administración de los cargos políticos es claro y también las consecuencias". ¿Cuáles son? "Tiene que haber un equilibrio entre la presunción de inocencia y la situación de presión social a través de los medios, porque ha habido casos que luego la justicia ha archivado o sobreseído. Pero cuando hay indicios claros o condenas firmes, es más duro, se expulsa al afectado del partido y se le inhabilita".
A pesar de las explicaciones de los portavoces de los dos partidos mayoritarios, Lizcano insiste en que "el control interno de los partidos es manifiestamente mejorable y, de hecho, la nueva ley de financiación de los partidos les exige un mayor control interno". Y remite al último informe del Grupo de Estados Europeos contra la Corrupción (conocido como el Greco), que "pone de manifiesto que hay todavía lagunas en la legislación española, resalta que no existe suficiente información y tampoco un adecuado control en las fundaciones y empresas vinculadas a los partidos". Y añade Lizcano otra pega: "Se exige fundamentalmente control a nivel agregado o nacional, sin que los partidos informen sobre sus cuentas en las entidades locales, que es donde radican en muchas ocasionen los casos de corrupción, sobre todo urbanística".
El experto internacional en temas de corrupción y Gobierno Víctor Lapuente hace un detallado análisis desde el departamento de Ciencia Política de la Universidad de Gothenburg: "A nivel comparado, con independencia del contexto sociocultural y económico o de la ideología del partido, es frecuente encontrar sistemas políticos donde la corrupción tiene efectos electorales muy limitados. Pero parece que los medios de comunicación juegan un papel importante para limitarlo".
En España no hay muchos estudios concluyentes todavía, recuerda Lapuente. Unos dicen que no hay consecuencias. Otros, ponen en duda que no las haya, aunque con cautelas.
Pero, como se mencionaba antes, la corrupción sí tiene otras consecuencias que afectan más directamente al bienestar de los ciudadanos. Lapuente aporta unos clarificadores datos al respecto: "La idea es que la corrupción daña lo más vulnerable y esencial para el desarrollo social, económico y político de un país, que es la confianza, tanto en las instituciones públicas, de lo que se habla bastante, como en el resto de nuestros conciudadanos, de lo que se habla muy poco, a pesar de que es importante. Lo que se denomina 'confianza social' (un concepto controvertido, pero muy relevante en ciencias sociales) se erosiona gravemente. La razón es que el hecho de que los agentes públicos sean corruptos, en lugar de imparciales, actúa como una señal para los ciudadanos de cuáles son las reglas de juego en la sociedad. Ello conlleva a un deterioro de las interacciones humanas, que genera efectos negativos, tanto económicos como sobre casi cualquier ámbito de la vida".
Los estudios corroboran estas afirmaciones. Los especialistas Holmberg, Rothstein y Nasiritousi, analizaron y resumieron en 2008 decenas de estudios sobre los efectos de la corrupción en hasta un centenar de países. En sus conclusiones se puede ver cómo la corrupción presenta unas correlaciones altísimas con todo lo malo que le pueda pasar a un país. Así, el resultado es que la corrupción lleva en muchos casos a estas consecuencias: menos crecimiento económico y menor renta per cápita; más paro; más desigualdad económica (la corrupción afecta más a los más desfavorecidos); menos esperanza de vida y menor percepción subjetiva de salud; peores indicadores de sostenibilidad medioambiental, y menos Estado del Bienestar en general.
Así las cosas, nadie se atreve a señalar algo concluyente sobre por qué, por ejemplo, tras destaparse el escándalo Gürtel, en el último barómetro del CIS que recoge la intención de voto, del pasado enero, el PP (con un 40% de estimación de voto válido) está casi cuatro puntos por encima del PSOE (con un 36,2%). Pero los expertos refrescan en la memoria situaciones pasadas. A Felipe González le afectaron lo suficiente escándalos de los noventa (los de Filesa y Roldán) como para perder las elecciones en 1996 y posibilitar la mayoría absoluta al PP en 2000. A González, según datos de Manuel Villoria, le afectó en realidad poco porcentualmente, pero fue suficiente: "El 2% de votos que le hicieron perder". Es pronto, según los analistas, para hablar de los efectos sobre el PP del caso Gürtel. Villoria opina que "si las elecciones generales fueran mañana, seguro que algo le afectaba, y ese algo podría ser determinante".
Otro de los principales expertos en los efectos de estos escándalos es en el voto en España, Fernando Jiménez, profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Murcia. "No hay una conexión automática o espontánea entre revelación de corrupción y castigo electoral", coincide. "Hay toda una serie de factores o condiciones que median en esta relación. Si falla alguna de ellas, la conexión quiebra y puede no haber castigo. Las razones pueden ser muy diversas. Pero con mucha frecuencia (y este parece ser el caso en Valencia o en Murcia), la gente no es capaz de visualizar que exista realmente una alternativa creíble de gobierno. En esos dos casos, el PSOE ha estado inmerso en una interminable y demoledora batalla interna que los desacredita como opción de gobierno, lo que ha dejado un margen de actuación formidable para el PP".
Los partidos siguen estrategias precisas, pero Jiménez considera que no han hecho "realmente nada que les haya llevado a tomarse el problema de la corrupción realmente en serio". "Las medidas han sido defensivas e hipócritas. Primero, negar las acusaciones y tratar de desprestigiar a los acusadores y restarles credibilidad. Después, si el caso seguía adelante, viene la estrategia de las manzanas podridas: deshacerse de los individuos directamente afectados. Y simultáneamente se emprenden dos estrategias relacionadas con la tramitación judicial de los casos: primero, confundir responsabilidad política con penal y reducir aquélla a ésta como una manera de retrasar la toma de decisiones, algo que es demoledor para la salud del sistema democrático. Y segundo, tratar de desactivar el proceso judicial con triquiñuelas procesales".
En relación con el control interno de los partidos, aporta la perspectiva internacional Víctor Lapuente: "El control interno de los partidos falla porque hay incentivos muy poderosos a no desvelar la corrupción de tus compañeros de partido. A diferencia de en otros países de nuestro entorno, los partidos en España son 'unidades de destino en lo universal' donde la lealtad, entendida en términos más personales que ideológicos, es un valor supremo". ¿Y qué pasa en el caso de que se produzcan los disensos internos dentro de un partido, tengan o no que ver con la corrupción? "Entonces es curioso ver que, mientras en otros países los partidos parecen dividirse un poco más de acuerdo con posicionamientos ideológicos -por ejemplo, se habla de 'el sector más liberal' frente al 'sector más conservador'-, en España, la lealtad interna parece que está más basada en relaciones personales -por ejemplo, zaplanistas o zapateristas, aguirristas o guerristas-", concluye.
Al poner ejemplos de otros países del entorno de España, todos los especialistas miran con mayor preocupación hacia la bota del mapa: "El caso más dramático de escándalos continuos de corrupción en una democracia avanzada es el de Italia", en palabras de Manuel Villoria. "La respuesta judicial se llamó mani pulite y no está de más compararlo con la España actual".
ELPAIS.com - 15.04.10
Viñeta: El Roto - corrupción (El País)
El ciudadano es el que paga cara la corrupción
Castilla y León cambia la ley para blindar sus macroproyectos
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PÚBLICO* : La Junta de Castilla y León, dominada por el PP, ha elaborado un rodillo legal para que sus macroproyectos, muchos de ellos paralizados en los tribunales, eludan la Justicia. Gracias a un cambio por el procedimiento urgente en la legislación autonómica, las Cortes podrán aprobar como ley proyectos presentados por grupos parlamentarios. Merced a este ardid, no serán necesarios informes técnicos del Consejo Consultivo de Castilla y León, previsiblemente negativos, para aprobar, por ejemplo, una macroestación de esquí en un parque natural, y los ciudadanos no podrán recurrir a la Justicia ordinaria para parar su construcción. Sólo el Tribunal Constitucional, fuera del alcance de la sociedad civil, puede tumbar un proyecto con rango de ley.
Los diputados regionales del PP aprovecharon su mayoría en las Cortes autonómicas para aprobar esta modificación de la Ley de Ordenación del Territorio el pasado 26 de marzo, aunque el PSOE, única oposición en la comunidad, y las organizaciones ecologistas empiezan a reaccionar ahora. El grupo socialista estudia presentar un recurso de inconstitucionalidad en los próximos tres meses y las ONG locales han denunciado la situación al Defensor del Pueblo.
Esquí en zona de osos
Según fuentes socialistas, el Gobierno del conservador Juan Vicente Herrera ha impuesto este cambio para desbloquear la construcción de la estación de esquí de San Glorio, un proyecto de 100 millones de euros que pretende crear más de 50 kilómetros de pistas entre las provincias de Palencia y León, en una zona parcialmente protegida y en territorio de oso pardo. A comienzos de 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tumbó el proyecto. Ahora, según las fuentes socialistas, el PP podría presentar de nuevo el proyecto y aprobarlo como ley gracias a su mayoría en las Cortes. La consejera de Medio Ambiente y vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León, María Jesús Ruiz, rechazó hoy hacer declaraciones a este periódico sobre la argucia legal aprobada hace dos semanas.
"En temas medioambientales, en Castilla y León ya no estamos del lado de la democracia. Los ciudadanos, las ONG y las empresas ya no tenemos ningún instrumento legal para recurrir las decisiones que tome la Junta", lamenta Fernando Jubete, miembro de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica. El ecologista cree que "la ley está diseñada para San Glorio", pero teme que "a partir de ahora todos los proyectos se aprueben de la misma manera", con el rodillo. De momento, el pasado 5 de abril el PP presentó en el registro de las Cortes una proposición de ley para ejecutar de manera inmediata el proyecto Meseta Ski, un parque temático en un pueblo vallisoletano de 100 habitantes, Villavieja del Cerro, que ha sido paralizado por violar la Ley de Montes.
Informes a la basura
"Cuando la Junta presenta un proyecto de ley, tiene que incorporar informes técnicos del Consejo Consultivo de Castilla y León [equivalente al Consejo de Estado], pero con el cambio en la ley que ha hecho el PP se tiran a la basura estos informes, que hubieran dejado en una posición bochornosa a los proponentes, por los contenidos inadmisibles de sus proyectos", explica Francisco Ramos, procurador socialista en las Cortes. "Ya no gobierna el gobierno, sino el grupo parlamentario popular, para saltarse el poder judicial. Esto es matar a Montesquieu", critica el diputado autonómico.
El Gobierno de Herrera ya cambió la ley en 2006 para que la Junta, no los grupos parlamentarios como ahora, pudiera plantear la conversión de los proyectos urbanísticos en leyes. Así tramitaron en 2007 la llamada Ciudad del Medio Ambiente de Soria, un proyecto de 500 millones de euros para levantar una urbanización de 800 chalés y un parque empresarial en suelo protegido. El PSOE presentó un recurso de inconstitucionalidad, pero el Tribunal Constitucional tarda una media de seis años en pronunciarse. Las obras comienzan este mes.
El Supremo tumba la Ciudad del Golf de Herrera
El Tribunal Supremo ha desestimado, según se conoció hoy, un recurso de la Junta de Castilla y León contra la anulación de la urbanización Ciudad del Golf, dictada en septiembre de 2006 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El Gobierno de Herrera apoyaba la construcción de 1.600 viviendas, dos hoteles y un campo de golf en un pinar de Las Navas del Marqués (Ávila), una zona protegida por la legislación nacional y europea y considerada área crítica para la cigüeña negra, en peligro de extinción. Las organizaciones ecologistas temen ahora que el PP transforme la urbanización en ley para burlar el control de los tribunales de justicia ordinarios.
* Público - 15.04.10
Foto: La Justicia paralizó en 2008 la construcción de un complejo invernal en San Glorio, entre León y Palencia.- PDCC, publico.es
Santa Cruz: Venden en 8 millones la parcela que destapó las irregularidades del PGO
LAOPINIÓN/Tenerife* : La parcela de Tío Pino donde se situaba la antigua fábrica de Celgán se ha puesto a la venta. El terreno que hizo a los primeros vecinos dar la voz de alarma sobre las irregularidades detectadas en el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz de Tenerife podrá adquirirse por 8.100.000 euros, según informaban ayer fuentes cercanas a la promotora propietaria del inmueble.
Se trata de la zona en la que el texto inicial del nuevo y criticado planeamiento de la capital dejaba fuera las últimas alturas de la práctica totalidad de los edificios circundantes con una sola excepción: la parcela de 6.003 metros cuadrados perteneciente a la empresa Amojo S.L. La misma que ahora se encuentra en venta y en la que estaba previsto (antes de las alegaciones de los vecinos) que se construyeran dos torres de quince pisos de altura.
Amojo S.L. divide su accionariado entre los cinco hijos de Manuel Hermoso Rojas, ex presidente del Gobierno de Canarias y otra sociedad limitada, denominada Amam S.L., de la que también son copropietarios los herederos del cuarto presidente de la Comunidad Autónoma.
Las voces más críticas con el PGO han acusaron reiteradamente a la Gerencia de Urbanismo del consistorio capitalino de contribuir a la especulación urbanística sacrificando las plantas superiores de los edificios de la urbanización de La Florita para que la futura edificación en el terreno de Celgán pudiera alcanzar las 15 plantas previstas.
Las alegaciones presentadas por los vecinos de la zona, que veían peligrar la mitad de las alturas de sus edificios, hicieron que Urbanismo rectificara el texto del PGO para incluir todas las plantas de la urbanización. La planificación definitiva está pendiente de su aprobación por la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente (Cotmac) del Gobierno de Canarias.
Tras las variaciones efectuadas en el Plan General, la nueva parcela sólo podrá albergar un edificio de nueve plantas con 15.000 metros cuadrados disponibles y una plaza de 2.000 metros cuadrados con varios locales comerciales.
Mientras, otros vecinos de la capital no han tenido tanta suerte con sus alegaciones como los de La Florita y se enfrentan a una situación de alegalidad en sus viviendas. Entre las posibles consecuencias de ser propietario de una vivienda fuera de la ordenación municipal están la práctica imposibilidad de ejecutar cualquier reforma en el piso y su enorme pérdida de valor económico. Sólo algunas de las alegaciones han sido incluidas en el texto que pasará por la Cotmac, como la presentada por los vecinos de la Torre de Tristán.
Esta semana, el Parlamento de Canarias ha vetado la propuesta del parlamentario socialista Santiago Pérez de crear un catálogo que contemplara todas las viviendas que se han quedado fuera de ordenación para que fuera incluido en la tramitación definitiva del PGO de Santa Cruz. Aunque se estima que son unos 70.000 los vecinos afectados, no hay cifras concretas de los edificios que se quedarán fuera de planificación.
* La Opinión Tenerife - 15.04.10
Foto: Una propiedad bajo la sombra. El terreno de 6.003 metros cuadrados donde antiguamente se ubicaba la fábrica de Celgán luce ahora el cartel de "Se vende". Pese a que en un primer momento se había previsto la construcción de dos torres de quince pisos, las alegaciones presentadas han dejado el proyecto en una sola torre de nueve plantas. josé luis gonzález, laopinion.es
La fiscalía denuncia por prevaricación al edil de Urbanismo de Valencia
ELPAÍS* : La Fiscalía de Valencia lleva a los tribunales al Ayuntamiento de Valencia. Ha denunciado por prevaricación y delito contra el patrimonio a Jorge Bellver, concejal de Urbanismo, por la aprobación del derribo parcial del muro de los Jardines de Monforte de Valencia, bajo protección cultural. Es la consecuencia de una investigación realizada después de que la asociación Cercle Obert presentara ante la fiscalía una denuncia a primeros del pasado febrero. La fiscalía practicó, entre otras diligencias, el estudio del expediente administrativo.
La primera evidencia fue la ausencia del preceptivo informe de la Consejería de Cultura, tal como recoge, entre otros, el artículo 11 de la ley de Patrimonio de la Generalitat. La decisión del consistorio, la decisión de Bellver, podría, por tanto, no ajustarse a derecho.
Los Jardines de Monforte están ubicados junto a la plaza de la Legión Española de Valencia, cerca del paseo de la Alameda. Tuvieron su origen un huerto de mediados del siglo XIX y acabaron por ser reconocidos como Jardines Histórico Artísticos en 1941, después de la intervención en su diseño como jardín del arquitecto Sebastián Monleón en 1859. Actualmente, tienen reconocida la condición de bien de Interés Cultural (BIC).
La asociación Cercle Obert ya intentó provocar la reconsideración del Ayuntamiento presentando en diciembre pasado un escrito al consistorio y otro al Ministerio de Cultura por supuesto expolio. Pero Bellver no dio marcha atrás. Ignoró las deficiencias en el procedimiento detectadas por Cercle Obert. Así las cosas, el colectivo decidió recurrir a la Fiscalía de Valencia obligando a una investigación al presentar una denuncia.
Bellver se propone derribar el muro para abrir al público el jardín protegido. El objetivo es sustituir, por cuestiones de oxigenación de los árboles, dijo Bellver, la tapia por una reja. Tanto los descendientes de los propietarios como la investigadora María Teresa Santamaría y Amigos de los Jardines han expresado su rechazo a la decisión del Ayuntamiento. Otros, como Santiago Grisolía, presidente del Consell Valencià de Cultura (CVC), han apoyado el derribo.
* ELPAIS.com - 15.04.10
Foto: Valencia, ayuntamiento - .wikimedia.org
Galicia: Adega pide consenso social y político, no una ley para «legalizar barbaridades»
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LAVOZDEGALICIA/Lugo* : La Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia (ADEGA) ha pedido hoy «consenso político y social» para afrontar el problema creado por las irregularidades urbanísticas en el municipio de Barreiros, ya que «tiene que haber una solución que no pase por modificar la ley a medida para legalizar las barbaridades existentes». El secretario general de ADEGA, Froilán Pallín, también declaró, en rueda de prensa, que esta organización «no va a quedarse con los brazos cruzados» si la Xunta se retira del contencioso administrativo interpuesto para la reposición de la legalidad urbanística en el municipio.
Destacó que hay 44 expedientes abiertos por la Fiscalía contra el Concello porque entiende que «puede haber delito de prevaricación urbanística por parte del alcalde de esa población, de su gobierno y de la arquitecta municipal», y anunció que la organización ecologistas «también se personará» como acusación.
Pallín criticó el convenio aprobado recientemente por la Xunta por el que aportará 12 millones de euros para financiar el abastecimiento y saneamiento de varios núcleos del municipio de Barreiros, que Adega desea recurrir ante la Justicia.
Considera que sería una «malversación de fondos públicos» que la Administración autonómica financie obras que tendrían que ejecutar los promotores de esas urbanizaciones.
El Colegio de Arquitectos de Lugo llevó a visar 6.500 nuevas viviendas en un municipio con apenas 3.500 habitantes, y las nuevas urbanizaciones o bien carecían de cualquier servicio urbanístico, como accesos, abastecimiento de agua, saneamiento o suministro eléctrico, o ponían en peligro los servicios y las infraestructuras municipales, «incapaces de soportar tan desaforado crecimiento».
Froilán Pallín recordó que en 2007 el Gobierno bipartito de la Xunta, formado por PSdeG y BNG, suspendió el planeamiento municipal de Barreiros y aprobó una ordenación urbanística provisional hasta la entrada en vigor del nuevo Plan General de Ordenación.
Aseguró que el Ayuntamiento no atendió el requerimiento que se le hizo desde la administración autonómica, lo que dio lugar a que la Xunta planteara el contencioso por al menos 44 licencias ilegales por insuficiencia de servicios, con la oposición municipal.
«En ADEGA tenemos muy claro que si todas las barbaridades urbanísticas del Concello de Barreiros pueden ser legalizadas impunemente de poco van a servir de ahora en adelante las disposiciones de protección de suelo recogidas en la legislación urbanística y en cualquier otra legislación», con lo que anuncia que no escatimarán esfuerzos para «restaurar la legalidad».
* La Voz de Galicia - 14.04.10
Foto: Barreiros (Lugo), edificios denunciados - lavozdegalicia.es
Esto no es urbanismo
MARÍA DIAGO/Valencia* : El conflicto de El Cabanyal ha dado en las últimas semanas un salto cualitativo que ha transformado un problema político-urbanístico en una peligrosísima confrontación social. En un ambiente de cierta confusión jurídica, en un momento que requería tomar una pausa para la reflexión y el diálogo, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat han optado por la estrategia de la provocación y el enfrentamiento. Salvo aquellos medios que no han querido recoger argumentos contrapuestos a las tesis oficiales y han decidido silenciarlos o combatirlos abiertamente con técnicas muy alejadas del periodismo profesional, salvo en esos medios que han hecho piña ciega con el Partido Popular, casi todo se ha dicho y explicado sobre el Urbanismo de El Cabanyal.
Más recientemente, en un ambiente político poco favorable a ese partido cuyos más de tres lustros gobernando este País y su capital le han hecho impermeable a toda razón que no sea la suya, el Ayuntamiento de Valencia hace ostentación de su desafío para azuzar con las excavadoras la tensa desazón de quienes no entienden que pueda hacerse realidad una pérdida irreversible que ha encontrado amparo en el Tribunal Supremo y en el Ministerio de Cultura. Un desafío provocador, un irresponsable detonante, porque no otra cosa significa el programa de bombardeos selectivos sobre el barrio, no ya de dudosa legalidad, sino de una absoluta falta de ética política.
Esto no es urbanismo, es la muestra más evidente de que el gobierno municipal se ha decantado definitivamente (¿?) por la sinrazón de la fuerza contra un barrio y contra un sector de la ciudadanía, cada vez más amplio y cargado de argumentos -a pesar de la intoxicación informativa de tales medios-, que no comparte los motivos ni los objetivos de su plan para el Cabanyal. Unos objetivos que ya se han desvelado en toda su crudeza, por si quedaba alguna duda: destruir un barrio popular para crear otro nuevo, sin importar las consecuencias de una confrontación social sin precedentes en los años de la Democracia en nuestra ciudad.
Esto no es Urbanismo, como tampoco lo ha sido el alud febril de planes transformadores y recalificadores que hemos vivido en la última década -y que todavía colean entre las cenizas- a lo ancho y largo del País, y cuyas secuelas vamos a pagar duramente en los próximos años.
El Urbanismo, para merecer ese título, ha de ser prudente y participativo, atender todas las opiniones y someterlas a debate, sin perder nunca de vista el reto de potenciar y crear ambientes urbanos que mejoren la calidad de vida de la gente, la responsabilidad de mantener y generar cohesión social y la obligación de recuperar y enriquecer los mejores valores culturales e históricos de la ciudad... lo que debe resolverse con cuidados proyectos, ajustados en coste y en uso de recursos.
Lo que hemos vivido estos días en El Cabanyal no es urbanismo, es barbarie. No nos cabe otra opción que condenar sin paliativos la actuación del Ayuntamiento de Valencia y también la brutal actuación de la policía, con la complicidad de quienes intentan justificarla como una cuestión de orden público con el fin de criminalizar a quienes no se resignan ser víctimas mudas ni testigos complacientes de la destrucción. Un orden público estratégicamente alterado por unas máquinas absolutamente ajenas a las prácticas civilizadas del urbanismo contemporáneo, unas máquinas que no están autorizadas moralmente a irrumpir en un barrio, hasta hace bien poco muy pacífico.
A pesar del clima, o precisamente por ello, no vemos más futuro que seguir apostando por el diálogo, por muy difícil que parezca en estos momentos. Un diálogo entre todos, sereno y cualificado, para favorecer la recuperación formal y social de El Cabanyal sin fracturas, un objetivo en el que estamos seguros confluye el pensamiento y la voluntad de la mayoría de sus vecinos.
* Firman también este artículo José Albelda, Carles Dolç, Fernando Gaja, Adolf Herrero, Antonio Montiel, Joan Olmos, Rafa Rivera, Josep Mª Sancho, Trini Simó y Vicent Torres
* Levante-EMV - 15.04.10
