IDEAL/Granada* : El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) obtuvo ayer un respaldo del 77,8 por ciento de los votantes en el referéndum organizado por el Ayuntamiento, mientras que la abstención ha sido del 67,6 por ciento. Este referéndum, al que estaba convocados un total de 17.885 almuñequeros y 863 extranjeros residentes, supone la primera consulta que se produce en un municipio español en relación a un documento urbanístico y se ha desarrollado sin incidentes en un día gris, con ausencia de lluvia.
De las 6.083 personas que han votado, 4.734 han dado su visto bueno al documento -el 77,8 por ciento- mientras que 1.174 -el 19,3 por ciento- lo han rechazado, 112 -el 1,84- han votado en blanco y 63 -el 1,06- han sido votos nulos.
A pesar de la escasa participación -del 32,4 por ciento- el equipo de gobierno ha asegurado que es una cifra similar a las registradas en otros referéndum, como el del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
La votación ha sido impulsada por el consistorio, que ha formulado a sus vecinos la pregunta "¿Respalda usted el acuerdo del Ayuntamiento pleno de fecha 17 de agosto de 2005, aprobando inicialmente el PGOU de Almuñécar?" después de recibir la resolución favorable del Tribunal Supremo para la realización del mismo.
* Ideal - EFE - 1.03.09
Foto: Vecinos de Almuñecar en el referéndum. /EFE
El referéndum de Almuñécar hace aguas al votar tan sólo el 32% de los vecinos
El Ayuntamiento de Arrecife investigado por corrupción urbanística
CANARIASALDÍA/Lanzarote* : El Juzgado nº8 de Arrecife investiga “un caso de corrupción municipal de gran importancia cuantitativa, tanto por el importe económico de los beneficios que se pudieran haber obtenido como del también importante número de personas involucradas”, según señala un escrito de la Fiscalía.
El ministerio fiscal, en unas diligencias terminadas en mayo de 2007, apreció la posibilidad de que se estuvieran cometiendo delitos continuados de estafa y falsedad en documento público, pero también de la posible comisión de cohecho o tráfico de influencias.
Los hechos se remontan al año 2002 aunque las diligencias de la Fiscalía se incoaron el 4 de septiembre de 2006 a raíz de una denuncia de la ex alcaldesa María Isabel Déniz (CC) sobre irregularidades en la gestión del catastro. La denuncia se basa en un informe encargado por la propia regidora a Cristina Fernández, responsable del departamento de rentas. A su vez el informe lo impulsó la denuncia pública del club de fútbol Altavista, ya que le disputaban la propiedad de un solar que le pertenecía.
De manera resumida, y según el escrito de la Fiscalía, los hechos son los siguientes: Se trataría de una trama dedicada a hacerse con fincas urbanas en Arrecife, cambiar su propietario tanto en el catastro (otorgando referencias catastrales ficticias) como en el Registro de la propiedad, posteriormente hacer segregaciones ilegales, aplicar linderos que no coinciden con la realidad, solicitar la licencia municipal correspondiente y venderlas a un tercero.
Todo esto, con la colaboración necesaria de funcionarios del Ayuntamiento. Se da la circunstancia de que los compradores y los vendedores de los terrenos son siempre los mismos.
Alteración del catastro
Las fincas afectadas están en el barrio de Maneje, en la zona llamada Cercado Viejo. Se trata de terrenos sin construir que aparecen con propietario “desconocido” en la base del catastro, “lo que no quiere decir que no tengan dueño”, resalta la Fiscalía.
Además de los cambios de titularidad, se hacen múltiples segregaciones pero la finca matriz continúa siempre con las mismas dimensiones. Esas peticiones de segregación se solicitan siempre “a la misma persona del Ayuntamiento”, según el informe municipal, y están escritas a mano y sin firmar.
Notaría
Esas segregaciones serían la base para realizar las operaciones urbanísticas.
Las compraventas no sólo se hacen entre las mismas personas o sociedades sino que tanto las licencias de segregación como la constitución de esas sociedades se realizan en la notaría de Carmen Martínez Socias, de la que la Fiscalía señala que tiene una actitud “poco o nada rigurosa”.
En el escrito se analizan cuatro casos particulares, que han llegado a los tribunales reclamando su propiedad. Algunos han terminado y otros llegaron a un acuerdo extrajudicial. Se han detectado hasta 53 movimientos de fincas y la Fiscalía señala que estos casos “no son más que una mínima parte de todos los que han ocurrido o pueden estar todavía ocurriendo”.
Los mismos protagonistas
La parte vendedora siempre es la misma: Mercedes Cabrera Medina o herederos de Cabrera Sastre, mientras que la compradora siempre es Lucía Medina Tavío, que es quien solicita las segregaciones, o bien una constructora (Piconca, Volcán de la Lapa, Mayreb u otras). Entre los administradores de algunas de estas empresas están Segundo Martín Cibantos, Raquel Inmaculada Martín Rebolo o Teresa Tavío Robayna, madre de Lucía Medina.
El fiscal pide la imputación, al menos, de Lucía Medina y Mercedes Cabrera y señala que, dentro del Ayuntamiento, “los datos apuntan a la participación primordial de Dulce Carmona, el señor Morera, Martín Robayna, Jesús Morales y Miguel Bethencourt”, pero apuna que también existen indicios contra otros funcionarios “por cuanto los hechos investigados se conocen de largo y se consintió durante largo tiempo".
Se cita también en el escrito a la ex concejal de Urbanismo, Nuria Cabrera, expulsada del PSOE, que participó en una reunión entre afectados. Asimismo, se pide que se esclarezca la participación de la notario Carmen Martínez Socias, “cuya actuación resulta poco o nada rigurosa y habrá de aclararse al menos si pudiera haber incurrido en responsabilidad civil o disciplinaria, si no penal, por cuanto resulta coincidente que todo movimiento que lleva a cabo Lucía Medina es a través de ella [de Martínez Socias]".
La Fiscalía de Arrecife tomó declaración a la firmante del informe-denuncia, Cristina Fernández, sobrina del ex secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero. Además solicitó información de las fincas y de las empresas implicadas, pidió datos al Ayuntamiento y a la Gerencia territorial del Catastro, que no aportó apenas nada y tomó declaración a cuatro de los perjudicados.
+ canarias al Día - ACN Press - 2.03.09
Foto: Vista aérea de Arrecife. / Canariasaldia.com
Urbanización a tierra
ELPAÍS/Girona* : La urbanización Sun Village, un complejo de apartamentos con piscina y jardines privados a pie de la sierra de la Albera, en Palau-saverdera (Alt Empordà) tendrá que echarse a tierra después de años de litigios por un proyecto urbanístico ilegal.
Los vecinos tienen seis meses para acatar una sentencia de 2006 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordena el derribo del complejo y anula licencia municipal, puesto que en esa zona sólo podía edificarse un hotel. El Ayuntamiento ha acatado el veredicto después que el TSJC desestimara todos los recursos presentados para evitar la demolición.
El caso se remonta a 2001, cuando el alcalde, Narcís Deusedas (CiU), aprobó una promoción de 40 pisos en unos terrenos calificados de equipamientos en el planeamiento urbanístico local. A finales de ese año, un vecino de la localidad presentó un recurso contencioso administrativo al ver que se construían viviendas y que los bloques superaban la altura permitida. Los vecinos, a su vez, comenzaron a presentar alegaciones. "Aquí podía ir un supermercado, o un hotel o un apartotel, pero en ningún caso viviendas", explica Carme Montenegro, portavoz de la asociación de vecinos del municipio.
Pero el proyecto tiró adelante e incluso se construyó una segunda fase sobre una riera. La urbanización era en principio de "lujo", pero hoy tiene ya grietas y un aspecto descuidado. Allí viven unos pocos vecinos, la mayoría holandeses, ingleses y franceses sin apenas relación con el pueblo. Sólo unas tres o cuatro familias residen todo el año.
"No sé qué va a ser de nosotros, con 62 años que tenemos, adónde vamos a ir", se lamentan Antonia Rodríguez y Juan Marqués. Su coqueto apartamento de 70 metros cuadrados con jardín está sentenciado. "Que lo echen abajo de una vez, pero que nos compensen", reclama Marqués. Los propietarios exigen al Consistorio una indemnización de 12 millones de euros, 310.000 euros por vivienda. "La culpa es del alcalde. Concedió la licencia y cuando empezaron los problemas nos prometió que se legalizaría la situación", dicen.
El alcalde asegura que ha iniciado el proceso administrativo que obliga a demoler los pisos para evitar que le acusen de "desacato a la autoridad". Sobre las indemnizaciones que reclaman los vecinos, Deusedas ya ha avanzado que no pueden pagar esa cantidad tan elevada y emplaza a sus abogados a buscar una solución pactada.
* ELPAIS.com - NATALIA IGLESIAS - Girona - 01/03/2009
Foto: Palau-saverdera - veinspalau.com
La Axarquía, el puzle del caos
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ELPAÍS/Málaga* : Los recientes años de boom de la construcción han supuesto un caos para el urbanismo de La Axarquía, comarca de importante tradición agraria al sureste de de la provincia de Málaga que ha visto en el desarrollo inmobiliario una oportunidad de superar su debilidad económica.
El resultado ha sido un desarrollo muy desordenado, una insoportable presión sobre el territorio y los recursos naturales que ha supuesto una pérdida de paisaje y de otros valores tradicionales de la comarca, con generalmente la aquiescencia y el beneplácito de los gobiernos municipales encantados con que sus vecinos obtuvieran importantes beneficios de tierras que creían no valían un duro, y de que los pueblos crecieran en habitantes y recursos económicos.
La mayoría de los 31 municipios de la comarca de La Axarquía carece de planes de ordenación urbanística y en el mejor de los casos cuentan con unas normas subsidiarias muy débiles para afrontar la presión de los últimos años. No había más suelo sobre el que construir que el no urbanizable, sin miramiento de sus valores ecológicos añadidos.
Muy cercana a la costa, con unos paisajes bellísimos y fuertes pendientes, La Axarquía comenzó a transformar en viviendas residenciales las viejas casas de aperos, que fueron ganando dimensión, plantas, piscinas y utilidades, pese a no disponer en muchos casos de servicios elementales de abastecimiento. Los alcaldes suelen escudarse en que en La Axarquía ha habido tradicionalmente una división del suelo en parcelas más pequeñas que hacía imposible de cumplir el listón puesto en 2003 por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) de no permitir ningún tipo de construcción en terrenos rurales con menos de a 25.000 metros cuadrados.
En torno a 10.000 viviendas ilegales se estima que existen en la comarca. En el caso concreto de Alcaucín, la Junta ha impugnado 28 licencias municipales, de las que 18 ya han sido sentenciadas y todas en contra del ayuntamiento anulando los permisos. Los técnicos de la consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio han emitido seis informes periciales a requerimiento de instancias judiciales. En la última década, el Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía, GENA-Ecologistas en Acción había presentado más de un centenar de denuncias por infracciones medioambientales. Las parcelas edificadas han pasado 1.025 en 1998, a 1.169 en 2002, y a 1.538 en 2007, según la Dirección General del Catastro.
El Plan de Ordenación del Territorio de la Axarquía aprobado en 2006 estableció una serie de requisitos para afrontar un proceso de legalización vinculando las viviendas a proyectos de reforestación, o conservación de cultivos tradicionales, pero siempre y cuando no superaran determinadas pendientes, ni se afectara suelo especialmente protegido, y dispusieran de todos los suministros básicos costeados por sus promotores. Poco se ha avanzado por el recelo de los alcaldes al documento, sea cual sea su color.
La nueva consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio ha ofrecido a los ayuntamientos un plan de acción conjunta de normalización. Siete municipios ya lo han pedido, entre ellos Alcaucín, que en un pleno celebrado en octubre aceptó la condición de no volver a dar una licencia en suelo no urbanizable y actuar contra las construcciones que se levanten sin permiso. El primer paso ahora es elaborar un inventario para conocer la situación legal de cada una de las viviendas del término municipal.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 28/02/2009
Foto: Axarquía (Málaga), diseminados - laopiniondemalaga.es
