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ELMUNDO/Málaga* : El presidente de la Audiencia de Málaga, Francisco Javier Arroyo Fiestas, considera que los ayuntamientos que no están ejerciendo las funciones asignadas en materia urbanística "de alguna manera deberían ser intervenidas sus competencias por parte de la Junta de Andalucía".
Asimismo, Arroyo Fiestas señaló que "en el momento en que se esté iniciando una construcción ilegal y si estamos detectando que los ayuntamientos son incapaces de pararlo, la Junta de Andalucía debería tener legalmente un sistema para paralizar ese tipo de obras de inmediato".
No obstante, el magistrado precisó, a través de una entrevista concedida a Europa Press, que "no es que los ayuntamientos estén exentos de todo tipo de culpa", porque, a su entender, éstos "han transigido con muchas infracciones urbanísticas".
Para Arroyo Fiestas, "no toda infracción urbanística debe terminar en la jurisdicción penal", aunque admitió que "también es verdad que con el Código Penal en la mano esto sí puede ocurrir". "Qué habría que reformar?, el Código Penal", apuntó el presidente de la Audiencia.
Además, consideró que "habría que potenciar la jurisdicción contencioso-administrativa y las competencias urbanísticas de la Junta de Andalucía y, aparte de incrementarlas, que se ejerzan".
Dijo que "cuando detrás de un problema urbanístico hay corrupción económica, ese asunto debe verse por la vía penal, porque es un delito y así lo exige la ciudadanía", aunque señaló que "hay ocasiones en los que el ayuntamiento ha intentado de alguna manera promocionar económicamente su pueblo, que haya mayor número de gente trabajando y atraer mayor número de residentes".
Entonces, entendió que "la respuesta a los problemas urbanísticos debería venir de la Junta de Andalucía y, en su caso, de los juzgados de lo contencioso", que, apuntó, "están colapsados", mientras que "la respuesta que da la jurisdicción penal es más rápida y contundente".
* El Mundo - 1.04.10
Foto: Axarquía (Málaga), casas diseminadas - sur.es
Piden la intervención de los ayuntamientos que no cumplan con el urbanismo
Galicia: Legalización de viviendas al margen de la norma y de 1.200 naves en terreno rústico
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LAVOZDEGALICIA* : La reciente revisión de la Lei do Solo, que será la última antes de la elaboración de un nuevo marco que sustituirá al que se aprobó en diciembre del 2002, no solo establece medidas para normalizar las urbanizaciones que fueron construidas sin licencia. La decisión del Gobierno Feijoo de decantarse por facilitar una salida a las situaciones irregulares, en lugar de avanzar por la vía punitiva, también beneficiará a los propietarios de viviendas sin licencia y a los de naves industriales que fueron levantadas al margen de la ley.
En el caso de las viviendas que están fuera del marco urbanístico, la reforma legislativa habilita un plazo de dos años para una regularización que, además, requerirá de un pago por parte del propietario. Estos condicionantes, que fueron pactados en la ponencia parlamentaria en la que finalmente no cristalizó el acuerdo inicial entre populares y socialistas, matizan la lectura de que la norma podría permitir una amnistía generalizada de las construcciones fuera de ordenación. La ley abre un cauce para regularizar esas viviendas, pero no implicará una legalización automática.
Los dueños de esas casas anteriores al 2003 no podrán realizar obras de consolidación ni ampliación, porque solo estarán permitidas aquellas que se consideren imprescindibles para su mantenimiento.
Instalaciones industriales
La Xunta calcula que las medidas incorporadas a la Lei do Solo para legalizar asentamientos industriales construidos en suelos que nunca se desarrollaron urbanísticamente o en suelo rústico de uso común pueden favorecer a unas 1.200 naves diseminadas en 45 concellos. Al igual que sucede con las urbanizaciones residenciales sin licencia, la inclusión de esas instalaciones en un ámbito de suelo urbanizable queda supeditada a que sus propietarios urbanicen el entorno y lo doten de los servicios básicos necesarios.
Con estas medidas, la cuarta reforma de la Lei do Solo sumará miles de viviendas y naves industriales, y decenas de urbanizaciones, al proceso de regularización que en su día permitió legalizar 34.000 granjas. La redacción original de la norma urbanística 9/2002 dejó todas esas construcciones fuera de la ley.
* La Voz de Galicia - 2.04.10
Foto: Barreiros (Lugo), costa - mma.es
Teruel: La ciudad está rodeada de 832 casas ilegales, y el problema va en aumento
HERALDO* : La edificación ilegal continúa activa en el entorno de Teruel, a pesar de los sucesivos intentos del Ayuntamiento para frenar este fenómeno, el principal problema urbanístico de la ciudad. Según un censo que acaba de realizar la Gerencia de Urbanismo, en la periferia urbana existen actualmente 832 edificaciones ilegales levantadas sobre suelo no urbanizable. En la gran mayoría de los casos se trata de segundas residencias.
Las principales concentraciones se registran en las zonas de la carretera de Castralvo y la vega del Alfambra. Según indicó el concejal de Urbanismo, Luis Muñoz, durante la realización del inventario se pudo comprobar que la construcción de chalés irregulares sigue activa. La proliferación de casas ilegales es más intensa al sur de la ciudad, aunque también presenta núcleos importantes al oeste, en torno a la carretera de San Blas y La Muela, y al norte.
La elaboración del censo conlleva la imposición de sanciones por edificación ilegal si las infracciones no han prescrito -en febrero de 2009, la Gerencia tramitaba 78 expedientes sancionadores- y es el primer paso para acometer procesos de regularización, cuando sean viables. El Ayuntamiento ha mantenido desde el principio la voluntad de no acometer demoliciones, aunque algunas edificaciones, sobre todo las construidas en suelo no urbanizable protegido, quedarán fuera de ordenación y sin posibilidad de ser reformadas ni mejoradas.
Muñoz advirtió de que, una vez que se apruebe el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, los dueños de las viviendas ilegales tendrán un plazo improrrogable de tres años para presentar planes de regularización de las distintas zonas de construcción ilegal. Estos documentos deben contemplar la creación de una red viaria, la eliminación de las fosas sépticas de vertidos y las cesiones de suelo obligatorias. Además, los propietarios deberán costear las obras de urbanización.
El edil señaló que la iniciativa de los planes de regularización urbanística corresponde a los propietarios, aunque consideró que será "difícil" que esta fórmula prospere. Luis Muñoz añadió que si los dueños de las fincas no dan este paso será el Ayuntamiento el que tome la iniciativa y delimite las zonas de intervención.
Luis Muñoz explicó que, de acuerdo con la Ley de Urbanismo de Aragón recientemente aprobada, la Dirección General de Urbanismo de la DGA elaborará en cuatro años un censo de edificaciones ilegales. En el caso de Teruel, podrá aprovechar el catálogo que acaba de redactar el Ayuntamiento, donde se hacen constar las superficies de las parcelas, las características de la construcción, titularidad y fotos de las casas, entre otras informaciones.
El concejal adelantó que en el nuevo PGOU, en tramitación, las zonas de edificación ilegal se catalogarán como suelo urbanizable en lugar de la previsión inicial de englobarlas en el suelo urbano no consolidado. La propuesta inicial recibió muchas críticas por generar agravios comparativos para propietarios que habían cumplido la legislación. Según Muñoz, la fórmula del suelo urbanizable es, además, más flexible para llevar a cabo procesos de regularización.
200 más en las pedanías
El catálogo se ampliará con las viviendas ilegales levantadas en los antiguos términos municipales de las diez pedanías de la ciudad. Según el concejal de Urbanismo, "si no hay sorpresas", el número de edificaciones irregulares en los barrios rurales rondará las 200. Los principales focos se sitúan entre Castralvo y Aldehuela y en el entorno de Villaspesa.
* heraldo - 2.04.10
Foto: Teruel, ayuntamiento - .terueltirwal.es
Polémica por un proyecto hotelero en una playa virgen del litoral de Cádiz
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EUROPASUR* : La plataforma Salvar El Palmar, que cuenta con más de 19.000 adhesiones en internet, convoca este sábado la segunda manifestación sobre el terreno para mostrar su rechazo a la construcción del histórico proyecto hotelero de la playa de Vejer. La primera protesta reunió a apenas 25 personas en una jornada laborable y lluviosa de diciembre.
La nueva convocatoria está organizada desde hace meses para coincidir con un día festivo de Semana Santa y movimiento de visitantes en la costa. Servirá para calibrar la capacidad de movilización de la plataforma más allá de las "firmas virtuales" cosechadas a través de facebook valiéndose de dos fenómenos: la popularidad de la playa vejeriega en todo el país y la total defenestración del ladrillo. En el centro de la polémica está el plan para construir un apartahotel en una parcela de 245.000 metros cuadrados delimitada por el arroyo de Malcucaña, en el extremo norte del núcleo de El Palmar, donde existen varios miles de casas ilegales, y junto al paraje natural de Castilnovo, que, paradójicamente, está protegido por el Ayuntamiento de Conil (IU).
Las dimensiones del proyecto urbanístico de El Palmar se definen en parámetros que ya han sido aprobados por la Junta de Andalucía: el apartahotel tendrá alrededor de 650 apartamentos de lujo en régimen hotelero en varios edificios. Los inmuebles tendrán una altura de dos plantas, bajo más una, y ático en algunos casos. Aunque será uno de los complejos con mayor capacidad de la Costa de la Luz, el proyecto de Malcucaña tiene un índice de edificabilidad de 0,15 (metros cuadrados construidos por cada metro cuadro de superficie); una de las tasas más bajas de la costa, y que además es la exigida por la Administración andaluza para espacios de valor natural y paisajístico, como es el caso de Trafalgar.
Los hoteles estarán separados al menos 200 metros de la costa, tal y como exige la ley, y no taparán el frente litoral, no por voluntad del Ayuntamiento ni de los promotores, sino simplemente por una cuestión de espacio: la parcela es perpendicular a la playa.
El plan no es nuevo. Fue impulsado en 2001 y, desde 2007, cuenta con la aprobación definitiva de la Junta. ¿Por qué surge ahora, sin apenas margen de maniobra, un movimiento organizado en contra? Antonio Morales, portavoz de la plataforma, responde que "es el momento oportuno". "El no al ladrillo es ahora más clamoroso, y el poder de las redes sociales ha permitido articular la reclamación de mucha gente, algo que antes no era posible", razona.
En la página de Salvar ElPalmar en facebook hay una actividad constante. Se cuelgan y comentan artículos periodísticos, cartas, apuntes de blogs, fotos y vídeos. También se venden camisetas con un ladrillo-chancla como logo a 12 euros, y se solicitan donaciones para la campaña. El portavoz de la plataforma explica que hay "un grupo de diez o quince personas más activo" que está sufragando hasta ahora gastos como la organización de una jornada informativa y la edición de un lustroso folleto en el que niegan los supuestos beneficios del apartahotel y se aboga por un desarrollo turístico en torno a pequeñas empresas.
El alcalde de Vejer, el socialista Antonio Verdú, que abandera el proyecto, insiste en que hay "intereses económicos" en la plataforma y, como ejemplo, denuncia la ilegalidad de los cortijos turísticos (www.nabu-cortijos.es) que el propio Antonio Morales regenta en El Palmar. "No es serio ni defendible que una persona que tiene un negocio ilegal en El Palmar se oponga a un proyecto que es legal desde todos los puntos de vista", arremete. Y si es ilegal ¿por qué no se decreta su cierre? "Así se hará, pero ahora no es el momento porque parecería una represalia contra la plataforma y no tiene nada que ver con eso", sostiene el regidor. Morales defiende que los inmuebles están en vías de legalización y cuentan con todos los permisos, salvo la licencia municipal. "Lo hemos intentado todo en el Ayuntamiento pero no nos ofrecen solución. ¿Qué vamos a hacer? ¿Decir que vivimos aquí y alquilar las habitaciones fomentando aún más la economía sumergida?", se pregunta.
En este conflicto hay dos agentes más. Los promotores (Grupo Tarje y Cajamadrid) se mantienen al margen de la bronca y avanzan en la gestión de un plan sellado por la Junta. Y los vecinos, más preocupados por el acondicionamiento del poblado y la legalización de sus casas que por la construcción del hotel, esperan que al menos los comestibles para la manifestación del sábado se compren en El Palmar.
* Europa Sur - 1.04.10
Foto: Representantes de asociaciones de vecinos, padres y madres de alumnos, comerciantes y mayores de El Palmar caminan por la playa. - europasur.es
Las Rozas: Protesta Sábado 3 de Abril contra el PGOU
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SALVEMOSLASROZAS/Madrid* : La asociación Salvemos Las Rozas denuncia que el documento actualmente en exposicion pública, que se propone para aprobación definitiva del PGOU de Las Rozas, es un atentado contra los intereses ciudadanos, un ejemplo de urbanismo salvaje, especulativo y depredador. Esta versión del PGOU es aun más agresiva que la realizada en 2006 en la aprobación inicial, a que aumenta la edificabilidad en los nuevos sectores, añadiendo 11.300 viviendas en vez de 10.000, lo que supone añadir una población de 40.000 habitantes.
Además incluye una enorme depuradora comarcal en suelo protegido de alto valor ecológico del Parque del Rio Guadarrama y dos nuevos campos de golf.
En Las Rozas hay cerca de 6.000 viviendas vacías en la actualidad y otras 2.500 aun pendientes de construir del PGOU de 1994. Estas 8.500 viviendas supondrán ya un aumento de población de más de 30.000, sobre los 85.000 actuales. Si a estas sumamos las nuevas viviendas propuestas en el PGOU nos encontramos con que la población de las Rozas se duplicaria en unos años, pasando de 85.000 a 160.000 habitantes.
Esto supone una masificación y una perdida definitiva y total de la calidad de vida en el municipio, y la consolidación de un modelo altamente insostenible de ocupación intensiva del territorio, contrario a todo criterio de ordenación territorial, especialmente teniendo en cuenta la actual saturación de infraestructuras básicas, especialmente de saneamiento, y la escasez de servicios, como institutos u hospitales.
A su vez la cantidad de viviendas vacias y pedientes de construir subrayan la absoluta injustificación de este nuevo PGOU y sus 11.300 nuevas viviendas. Esto implica un flagrante incumplimiento de la ley estatal de suelo, que exige la plena justifcación de los desarrollos previstos y demanda la DESCLASIFICACIÓN de aquellos suelos urbanizables de anteriores PGOUs que no se hallan urbanizado y que no estén justificados.
Dado que hay 6.000 viviendas vacias en Las Rozas es evidente que no hay demanda de nuevas viviendas. Dado también que las obras en sectores como la Marazuela están paradas desde hace uno o dos años por efecto de la crisis económica y de la carencia de demanda la asociación exige la DESCLASIFICACION como suelo urbano de las parte no construidas del sector de a Marazuela y la no inclusión de nuevos sectores urbanizables.
La inclusión de dos nuevos campos de golf, con la consiguiente demanda de agua es otro ejemplo más de urbanismo insostenible y especulativo.
El PGOU es expresión máxima de todo aquello que el Parlamento Europeo critica duramente en su Informe AUKEN de 2009, sobre el urbanismo salvaje en España, informe en el que insta a la retirada de fondos europeos a España, por el modelo insostenible de desarrollo y las vulneraciones europeas que se cometen a través de él. El PGOU de Las Rozas prevé una enorme planta depuradora en suelo protegido y el municipio incumple las normativas europeas de saneamiento con un sistema de colectores deficitario y tecermundista, por lo que puede contribuir a la retirada de fondos europeos a España.
Tal como afirma el informe AUKEN, ha sido el modelo económico del ladrillo lo que ha inducido la crisis de especial gravedad que se vive actualmente en España, un suicidio económico del pais que se perpetua y se intensifica con este PGOU. La respuesta a la crisis no puede ser más ladrillo, sino la diversificación radical de la economía, anteponiendo ante todo la sostenibilidad ambiental y social.
La asociación lamenta que el ayuntamiento halla hecho oídos sordos a las quejas y alegaciones de cientos de ciudadanos que defendian un desarrollo sostenible, social y medioambiental y que lejos de ello, halla hecho una redacción aun más agresiva que la anterior, destinada a destruir definitivamente el municipio y atentar contra los intereses ciudadanos, la calidad de vida y el medioambiente.
La asociación denuncia también las dificultades a la participación ciudadana que se ha experimentado durante el proceso de aprobación del PGOU y el secretismo con el que el ayuntamiento ha querido sacarlo adelante. La asociación cuenta a eso efectos con un informe del Defensor del Pueblo que denuncia el ocultamiento de información que se produjo
La asociación exige la retirada del PGOU, la eliminación de todos los nuevos sectores urbanizables, de la depuradora comarcal en suelo protegido y de los dos campos de golf previstos, así como la desclasificación de suelo urbano o urbanizable pendiente de desarrollar del PGOU de 1994.
La asociación anuncia acciones legales, por la via contencioso-administrativa y en Europa, principalmente en función de los siguientes motivos:
1. ocultamiento de información en la aprobación inicial y dificultades a la participación ciudadana
2. incumplimiento de la ley estatal de suelo e injustificación de los nuevos desarrollos y necesidad de desclasificar suelo urbanizable.
3. vulneraciones de directivas europeas de saneamiento y espacios protegidos
* * Asociación Salvemos Las Rozas - 1.04.10
Foto: Las Rozas (Madrid), pancarta contra PGOU - salvemoslasrozas.org
