ElCONFIDENCIAL/Marbella* : La declaración del cerebro de la red de corrupción marbellí investigada en el caso Malaya, Juan Antonio Roca, abrirá, después de mes y medio, la vista oral del macroproceso que se paralizó el pasado 26 de octubre tras la exposición de las cuestiones previas. La reanudación del juicio el próximo día 13 sería una noticia menor de no ser porque Roca ha pactado presuntamente con la fiscalía “ofrecer información” a cambio de una reducción de pena y de que se “suavicen” las acusaciones en la causa de su esposa, Rosa Jimeno, y su hija, María Roca. Algunos letrados de la defensa hablan ya de “la bomba de Roca del 13-D”. Si todo sale según lo pactado, la pena de 30 años de cárcel y 810 millones de euros de multa que solicita el fiscal se reducirá casi a la mitad. No es la primera vez que el ex asesor de urbanismo utiliza esta estrategia para rebajar en lo posible su condena.
En el proceso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el que juzga la causa del caso Urquía, Roca pactó con la Fiscalía y confesó que pagó 73.800 euros al juez de instrucción de Marbella Francisco de Urquía a cambio de favores judiciales.
Revelaciones decisivas para el proceso
El magistrado José Godino entrará con el pie derecho a la sala de la Ciudad de la Justicia de Málaga el próximo 13-D. En realidad, no sabe lo que le espera. Tras el anuncio del nuevo acuerdo son muchos los que han empezado a temblar. ¿Quiénes son los que más temen que Roca cante? Desde los asientos de los juzgados se hacen apuestas. Las revelaciones del presunto jefe de la trama pueden ser decisivas para el proceso.
Si, finalmente, mantiene el acuerdo que ha cerrado con la Fiscalía, Roca aceptará en la vista las investigaciones policiales, hasta ahora criticadas unánimemente por las defensas, y se responsabilizará de los informes que Udyco y Udef realizaron sobre “sus agendas, notas personales y documentos manuscritos, donde se recogía toda una serie de pagos y cobros a empresarios y políticos”. Dentro del elenco de los que temen las palabras de Roca está la persona que se esconde tras las siglas J.A.G. Según ha podido saber El Confidencial, este hombre, presuntamente una figura de importancia en Interior, mantuvo dos reuniones con la alcaldesa Marisol Yagüe antes de que estallase el caso Malaya: una en el restaurante Cipriano de Marbella y otra en La Pesquera, ubicado en la Casa de Campo de Madrid. Ambos encuentros fueron organizados por Roca, quien ahora debe decidir si desvela las conversaciones que tuvieron lugar durante los mismos.
Dentro de estos pactos cerrados con el ministerio publico no se descarta que Roca “recite en voz alta el nombre de un número de empresarios que de momento no han sido citados en el proceso judicial”. Muchos se preguntan si entre ellos estará Judas Bistock, el verdadero padre de la moción de censura que defenestró al equipo municipal de Julián Muñoz en Marbella. Nadie entiende cómo este empresario nunca ha sido citado, ni siquiera para declarar en el proceso de instrucción de la causa.
El día del cante
Todo está preparado para que el lunes 13 Roca reanude la causa. Para que el caso no se demore en el tiempo, el tribunal ha hecho un desglose de las actuaciones por bloques. El primero será el referido a la operación Crucero Banús, en el que se analizan los delitos de blanqueo y fraude fiscal que pudieron cometerse entre 2001 y 2002 en un negocio inmobiliario en las proximidades de Puerto Banús.
Según se explica en el pliego de acusaciones de la Fiscalía, Pedro Román, primer teniente de alcalde de Marbella tras la llegada de Gil al Ayuntamiento, se puso de acuerdo con Juan Antonio Roca, el abogado Juan Hoffmann y el comisario de Policía Florencio San Agapito, para comprar una parcela, calificada inicialmente como suelo comercial. Roca es una pieza clave en esta operación. El fiscal anticorrupción Juan Carlos López Caballero dictamina que la función del presunto cerebro de Malaya consistía en promover la recalificación de la finca, aumentar su edificabilidad y conseguir que el Ayuntamiento le cediera parte de sus aprovechamientos.
Con esta presumible intención los cuatro procesados constituyeron en Suiza la sociedad Lispag, participada al 62,5% por Pedro Román. Roca y San Agapito poseían un 15% cada uno y Juan Hoffmann el 7,5% restante. El 16 de octubre de 2001, Lispag compró Yambali, la entidad propietaria del solar. Desembolsó 4 millones que se pagaron en Suiza, aunque el fiscal sostiene que hicieron constar en la escritura como precio de venta únicamente 841.416 euros. Ese mismo día, el Ayuntamiento firmó un convenio con Hoffman gracias al cual el techo edificable del terreno pasó de 532 metros a 11.406, "con un perjuicio para las arcas municipales de casi 5 millones de euros".
* El Confidencial - 9.12.10
Foto: Marbella, Roca saliendo furgón Guardia Civil - telecinco.es
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ELPAÍS/Alicante* : El proyecto aspiraba a crear el mayor polo de atracción turística de la Comunidad Valenciana: Diez millones de metros cuadrados de negocios con el parque temático Terra Mítica de Benidorm como banderín de enganche. Sin embargo, una década después, el negocio privado generado a la sombra del complejo lúdico, a imagen y semejanza del propio parque, ha fracasado. Toda la planificación turística de Benidorm entre la autopista de peaje y el Puig Campana es, hoy por hoy, una entelequia. La AP-7 es una barrera física entre Benidorm y la zona del parque, pero también económica. Del lado de Terra Mítica, un hotel de cuatro estrellas, otro de cinco y dos campos de golf han entrado en concurso de acreedores y acumulan pérdidas de 25 millones de euros; el parque Terra Natura ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo, y en los PAI programados no se ha puesto ni un ladrillo.
Y la guinda a este ruinoso estado del negocio en el entorno de Terra Mítica es el erial que tres años después es la reserva de suelo vendida por 85 millones de euros al promotor Enrique Ortiz para levantar 2.000 casas y un hotel de lujo.
La dirección de Terra Mítica se desprendió de ese terreno para levantar una suspensión de pagos. Sin embargo, tras dos años de beneficios operativos, el parque entró de nuevo en pérdidas. El pasado verano, los primeros accionistas, que son el Consell, Bancaja y la CAM, entregaron el complejo a la iniciativa privada.
Los nuevos gestores, actuales propietarios de Aqualandia-Mundomar, tienen la responsabilidad de relanzar la zona reflotando un parque rodeado de hoteles de lujo, campos de golf y áreas urbanizables.Para el concejal de Urbanismo de Benidorm, Jaime Llinares, las causas del fracaso de Terra Mítica como polo de atracción están en el origen del proyecto. "Todo ha salido mal porque se ha gestionado a espaldas del municipio", critica, "hasta el punto de haberse constituido una especie de término municipal propio dentro del de Benidorm". La ciudad no ha recibido compensación urbanística alguna por el desarrollo del parque y su zona de influencia, sometidos a un plan especial del Consell que mantiene el suelo como no urbanizable, a pesar de la construcción de hoteles y residencias. Por ello, uno de los objetivos del actual gobierno de Benidorm, surgido de una moción de censura contra el PP, es revertir esa situación y lograr del Consell el 10% del aprovechamiento urbanístico que corresponde normalmente a los ayuntamientos en los desarrollos de suelo.
Otra muestra de la singular tramitación de proyectos en el entorno de Terra Mítica es la adjudicación de suelo para un hotel a Royal Mediterránea, empresa del peluquero Pedro Romero Aguilar, que se hizo con un pliego de condiciones diferente del resto, lo que supuestamente perjudicó al grupo hotelero local Costa Blanca, que posee la principal cadena de la ciudad. "Es seguro que Costa Blanca tendría hoy su establecimiento a pleno rendimiento", critica un destacado empresario del sector.
El caso es que, pese a las ventajas de un plan especial, los negocios no van bien. Un ejemplo es el de Xeresa Golf, SA, de Javier Cremades, uno de los socios fundadores de Terra Mítica. La empresa es propietaria de los hoteles Villaitana Wellness Golf & Business Sun y del Gran Hotel Villaitana Wellness Golf, de cuatro y cinco estrellas, además de dos campos de golf diseñados por Jack Nicklaus. El 12 de noviembre pasado declaró el concurso voluntario de acreedores tras acumular entre 2007 y 2008 más de 25 millones de euros de pérdidas. Estos establecimientos abrieron en 2006 y fueron gestionados inicialmente por Starwood bajo los nombres de Westin Real de Faula y Sheraton Real de Faula. La cadena norteamericana abandonó su explotación a finales de 2007 porque el destino turístico no casaba con la clientela que pretendía atraer.
Mientras, Terra Natura ha seguido los pasos de Terra Mítica y presentó en octubre un ERE extintivo para 18 trabajadores del parque zoológico. El 57% de las acciones de este parque son propiedad de El Pozo, la empresa murciana que en 2001 se hizo con el 5% de las acciones de Terra Mítica en su primera ampliación de capital.
Tampoco se ha movido nada en el suelo comprado por el empresario Enrique Ortiz, imputado en los casos Brugal y Gürtel. El promotor pagó 85 millones de euros en julio de 2006 por 217.000 metros del suelo de reserva de Terra Mítica, con los que el Consell pudo levantar la suspensión de pagos del parque. En el suelo debían construirse otro hotel de lujo y 2.000 viviendas. Ortiz vendió la mitad del suelo a Edival por 42,5 millones de euros con la intención de invertir conjuntamente 350 millones en cuatro años en el proyecto. Incluso llegó a pedir licencia para urbanizar, pero tres años después no se ha movido ni una piedra.
Con todo, la esperanza se llama Terra Mítica y la capacidad de su nuevo gestor para reflotar la proa de toda la zona, donde apenas resiste el hotel Barceló Asia Gardens. El presidente de la patronal hotelera Hosbec, Toni Mayor, achaca la situación a la crisis y apunta que "las inversiones se hacen a largo plazo". Él sí ve futuro a la zona, "como demuestra que por Terra Mítica se presentaran tres ofertas en un momento complicado". De momento, el gran polo de atracción del turismo sigue sin despegar.
* El País - 8.12.10
Foto: Benidorm (Alicante), Terra Mítica - mediterranea.org
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NORTECASTILLA* : Pagar al secretario municipal, la iluminación pública y la calefacción de la casa consistorial no debería suponer un esfuerzo presupuestario excesivo, pero a veces es todo lo que los regidores pueden hacer con los ingresos municipales. Para algunos ayuntamientos de la provincia llegar a fin de mes en estos tiempos de recortes está siendo casi tan difícil como para las familias que afrontan las consecuencias de la desaceleración económica. Los gastos corrientes que tienen que asumir los municipios superan en ocasiones el montante total de sus cuentas y, con ingresos que en ocasiones no alcanzan los 30.000 euros al año, es complicado pensar en algo más que llenar la cesta de la compra. Muchos alcaldes tienen iniciativas en cartera y sueños con los que evitar la lacra de la despoblación, pero se encuentran con las manos atadas a la hora de asumir cualquier proyecto inversor.
Los ingresos procedentes del Estado se han recortado este año en un 18,2%; los que provienen de los impuestos a los vecinos continúan reduciéndose en la misma medida que el vecindario y, para mayor desgracia, los Planes E no parece que vayan a tener continuidad. Entre 2009 y 2010 el Gobierno de la nación repartió entre los pueblos de Valladolid 149 millones de euros gracias a estos dos fondos extraordinarios de inversión local que, al no estar condicionados, supusieron una bocanada de aire fresco para la mayoría de los municipios.
Este año la asfixia ha tocado techo y muchas pequeñas localidades han optado por no presentar solicitud a ninguna subvención que conlleve una aportación municipal, aunque se trate de porcentajes más o menos simbólicos, como es el caso de los planes provinciales de la Diputación, o del convenio para la restauración de iglesias y ermitas.
«No es que no queramos, es que no podemos. Ningún alcalde de un pueblo pequeño desea que su municipio desaparezca, ni quiere que se convierta en una urbanización, pero sin dinero poco podemos hacer. Yo querría arreglar la iglesia para enseñarla -explica el alcalde de Almenara del Adaja, Jesús Antonio Martín- pero ni siquiera puedo mantener encendida su iluminación».
Martín, al igual que otros tantos regidores, no dispone de más ingresos que los de los impuestos y los pagarés a cuenta del Gobierno. Sin pastos (no hay ganadería), sin apenas piñones y sin las alegrías que proporcionan las licencias de la construcción, el pueblo sobrevive con un presupuesto que ronda los 27.000 euros. Almenara tiene ahora 31 vecinos, pero sus gastos corrientes son los mismos que cuando tenía el doble.
Los pueblos de Valladolid no son los únicos. Solo la caída en la participación de los ingresos del Estado supone que los municipios de Castilla y León hayan dejado de percibir 170,5 millones de euros que se suman a las drásticas reducciones que están experimentando los planes provinciales y a que el aumento del IVA en julio generó una merma presupuestaria próxima al 1%.
Ante esta situación, las infructuosas solicitudes para modificar la Ley de Haciendas Locales están dejando paso a verdaderas llamadas de auxilio de los ayuntamientos y diputaciones de España y, sobre todo, de la Federación de Municipios y Provincias, que no deja de gritar la situación «agónica» de los ayuntamientos. La FEMP ha solicitado también recientemente un fondo de emergencia con 4.000 millones de euros que les permita, al menos, pagar sus deudas con las pymes locales.
Aunque todavía está en el aire, la amenaza del Gobierno de no permitir el endeudamiento a los ayuntamientos que tengan un volumen total de deuda pendiente de reintegro que supere el 75% de sus ingresos corrientes también ha caído como un jarro de agua fría en el medio rural. Si bien en Valladolid solo hay un puñado de pueblos que no podrían suscribir nuevos créditos los municipios, prefieren no endeudarse. «¿Para qué hacerlo, si nunca voy a tener dinero para pagarlo?», piensan los regidores.
«Los alcaldes vallisoletanos han hecho las cosas bien y por eso no están endeudados, pero eso no quita para que nos parezca que la medida debe flexibilizarse. En cualquier caso -explica el diputado de Hacienda, Víctor Alonso- los créditos no siempre solucionan el problema, porque el endeudamiento debe destinarse a inversión, no a gasto corriente».
En opinión del diputado, la disminución de los ingresos procedentes del Estado ha supuesto un duro golpe para los pueblos pequeños, que no tienen ingresos alternativos y que cada vez disponen de más instalaciones y servicios (centros cívicos o deportivos, centros de salud...) que mantener. «Es un problema de fondo -sostiene- porque el Gobierno no asume su compromiso de modificar la legislación para que las instituciones locales reciban ingresos en función de las competencias que desempeñan».
Al igual que están haciendo otras diputaciones -la de Salamanca repartirá entre los 361 ayuntamientos de la provincia 3,2 millones de euros de subvención directa- la institución provincial de Valladolid lleva años arbitrando medidas para facilitar que los ayuntamientos hagan frente a sus gastos corrientes. La disminución de la aportación municipal a los planes provinciales, que ha pasado de un 27% en 2007 al 10% en 2011, es una de las más evidentes, aunque también hay que apuntar otras como la que permite a los ayuntamientos destinar al gasto dos millones procedentes de esos planes.
Líneas de subvenciones
La Diputación invertirá también el próximo año dos millones de euros en el Fondo de Actividades y Servicios, una línea con la que cofinancia las actividades culturales, sociales y deportivas de los municipios; y mantendrá los anticipos a los ayuntamientos de gran parte de los impuestos recaudados por el Organismo Autónomo de Recaudación. Por otro lado, gracias a la Caja de Crédito, dará préstamos al 1% para financiar las aportaciones municipales a los distintos planes de la institución.
Como novedad de cara al 2011 destaca el programa energético municipal que, con 1,5 millones de euros, persigue echar una mano con todas aquellas medidas destinadas a aminorar el consumo eléctrico de los pueblos.
* Norte Castilla - 9.12.10
Foto: La restauración de la iglesia de La Asunción tendrá que esperar. El Ayuntamiento de Almenara necesita que alguien asuma el 100% de la intervención.- nortecastilla
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ELPAÍS/Lugo* : El bipartito sigue obteniendo triunfos en los tribunales contra el caos urbanístico de Barreiros veinte meses después de abandonar el poder. Pese a que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, acostumbra a repetir que en el conflicto judicial abierto entre el regidor del PP Alfonso Fuente Parga y el Gobierno anterior, los fallos judiciales caen del lado del alcalde, lo cierto es que las dos sentencias que se conocen han anulado los permisos para edificar concedidos por el Gobierno municipal. Fuente Parga ha sido denunciado a su vez por el fiscal jefe de Lugo quien le acusa de prevaricar al conceder estas licencias. De momento, el regidor solo conoce derrotas en los juzgados.
Por segunda vez , los tribunales avalan una impugnación efectuada por la Consellería de Política Territorial que presidía la socialista María José Caride y que llegó a recurrir 44 licencias del Gobierno municipal. La mayoría o las ha retirado o las está dejando morir en el juzgado el Gobierno de Feijóo, que aboga por solucionar las tropelías inmobiliarias con un convenio que prevé invertir 14 millones de euros de fondos públicos para dotar de infraestructuras a esas nuevas construcciones.
El pasado 28 de octubre, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Lugo volvió a dictar sentencia: el Ayuntamiento de Barreiros no debió conceder permiso a la sociedad Promociones Nordés, SL, para levantar cuatro edificios y 173 pisos en la zona de Pumarín (San Miguel de Reinante) dentro del municipio lucense, porque la superficie sobre la que se asientan esos mamotretos era suelo urbano no consolidado. En su segundo fallo -el primero anuló un modificado de esta misma obra- el juez decreta que la licencia "no es conforme a derecho" y estima el recurso contencioso-administrativo interpueto por la Xunta, en la época del bipartito, contra la resolución del alcalde de Barreiros de no admitir a trámite los requerimientos del Gobierno gallego para que anulase los permisos.
Después de analizar los informes de un perito independiente, de los propios técnicos de la Xunta y en algún caso de la arquitecta municipal, el juez concluye que en el momento de conceder esta licencia (enero de 2006), el terreno en cuestión no estaba dotado de los servicios urbanísticos exigidos por el artículo 16 de la ley de ordenación urbanística de Galicia. Añade que entonces la finca no tenía "la condición de solar" ni podía llegar a serlo "si no es a través de un proceso de urbanización que supera la consideración de obras de pequeña entidad". Eso es precisamente lo que delimitaría la condición de solar.
Según recoge la sentencia, "los solares cumplen unos requisitos, a saber: acceso por vía pública pavimentada, el agua abastecida tiene que ser potable, la evacuación de aguas tendrá que realizarse a la red de saneamiento, el suministro de energía eléctrica y el alumbrado público deberán tener condiciones de caudal y potencia adecuadas a los usos permitidos". Y concluye el juez: "La licencia impugnada no debió otorgarse pues era exigible que los terrenos donde estaban proyectadas las construcciones de las viviendas hubiesen, previamente, asumido un proceso de urbaniación para la idónea y suficiente dotación de los servicios urbanísticos".
* El País - 8.12.10
Foto: Barreiros (Lugo), edificios 1º línea - lavozdegalicia.es
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SUR/Málaga* : La Fiscalía de Medio Ambiente ha presentado una querella contra el alcalde de La Viñuela, Juan Millán, por seis delitos contra la ordenación del territorio y contra cuantas otras personas resulten, a través de la investigación, responsables de los hechos. La querella de la Fiscalía, a la que ha tenido acceso Efe, se interpone después de que el ministerio público considere que el alcalde presuntamente concedió seis licencias urbanísticas sin los preceptivos informes técnicos y sin seguir el procedimiento legalmente previsto. Además, en la querella del fiscal se añade que la concesión de las citadas licencias se realizaron «por la sola y exclusiva voluntad del querellado» y, que debido a ello, tales resoluciones son «arbitrarias e injustas».
Supuestamente el regidor concedió licencias de segregación, de obras y de primera ocupación a unas solicitudes urbanísticas para segregación de 5.000 metros cuadrados y simultáneamente para la construcción de viviendas unifamiliares en diversas parcelas.
El ministerio fiscal ha pedido la admisión de la querella en los juzgados competentes y que se incoen diligencias previas para averiguar los hechos y los presuntos responsables.
El alcalde de la Viñuela tiene otros procedimientos abiertos por delitos contra la ordenación del territorio y ya ha sido condenado anteriormente a quince años y seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público por dos delitos de prevaricación urbanísticas por la concesión de tres licencias. Debido a ello, Juan Millán tras su condena por delito urbanístico pidió la baja temporal como militante del PSOE.
Millán siempre se declaró inocente y cuando fue condenado aseguró que continuaría con su defensa y las acciones judiciales oportunas hasta que la causa tenga una sentencia absolutoria.
En la sentencia que lo condenó el juez destacó que el alcalde otorgó por decreto las tres licencias «en un claro ejemplo de flagrante arbitrariedad contraria a los principios más básicos del recto ejercicio del poder público».
Las licencias fueron otorgadas por decretos de agosto de 2001 y de octubre de 2003 y se concedieron sin atender las indicaciones de los informes de procedimiento emitidos por el secretario municipal
El regidor anunció hace unos días su intención de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales, a la vez que pedía la suspensión de la ejecución de la sentencia por delitos urbanísticos recientemente confirmada por la Audiencia de Málaga.
* Sur - EFE - 7.12.10
Foto: La Viñuela (Málaga) - vinuela.es
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TATIANA FÉLIX* : Movimientos sociales, activistas y ambientalistas están movilizándose en varios países para realizar una intensa campaña internacional, hoy 8 de diciembre, que tiene como foco protestar contra la inclusión del Banco Mundial en el financiamiento para resolver cuestiones climáticas, con la intención de reducir los impactos ambientales del planeta y sobre la población mundial. La idea es recoger miles de firmas para una carta abierta que se enviará a los gobernantes reunidos en Cancún, México, en ocasión de la 16ª Conferencias de las Partes (COP 16) de la Convención Marco de la Organización de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Las firmas pueden enviarse al e-mail: bancomundialfuera@gmail.com. "Hacemos un llamamiento a los gobiernos del mundo para que cumplan con su obligación de garantizar que recursos públicos nuevos y adicionales para financiar estén disponibles, ahora y de una manera que se base en el principio de responsabilidad histórica, que no aumente la carga de la deuda y que esté libre de condicionamientos políticos", puntualizan.
Otras acciones de la campaña pueden ser la divulgación de comunicados y/o conferencias de prensa, movilizaciones frente a las oficinas del Banco Mundial, de las embajadas de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y otros países europeos. Además se recomienda que los (as) activistas se unan a la red Amigos de la Tierra Internacional (FOEI, por su sigla en inglés), a través del sitio web: http://www.foei.org.
En la carta abierta, los (as) ambientalistas resaltan que los pueblos de los países del Sur necesitan sí altas inversiones para reducir los impactos del cambio climático y para adoptar alternativas de desarrollo, sin embargo, las organizaciones rechazan la ‘ayuda’ del Banco Mundial, alegando que la entidad tiene principios contrarios a la necesidad de un financiamiento climático justo y equitativo. Alegan que el Banco Mundial tampoco tiene estructuras democráticas, ya que está representado por países ricos e industrializados.
Los militantes recuerdan además que instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial contribuyeron con financiamiento de proyectos de combustibles fósiles que agudizaron la crisis climática, y además imponen políticas internacionales que causan daño al medio ambiente. Por eso, justifican, "no se puede y no se debe confiar, a estas instituciones, el financiamiento del clima".
La propuesta de los (as) ambientalistas es que se cree un Fondo Climático Mundial bajo coordinación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, con una estructura de gobierno equitativa, que dé prioridad a la participación de las comunidades afectadas. Este Fondo, según los que lo proponen, debe ser operado con transparencia, democracia y participación, y sin la participación del Banco Mundial o de otros bancos multilaterales de desarrollo.
"El Fondo Climático Mundial debe tener una representación mayoritaria de los países y pueblos del Sur global en su estructura de gobierno, ya que son la mayoría del mundo y los más afectados por el cambio climático", finalizan.
Firman la convocatoria organizaciones y redes como la Federación de los Amigos de la Tierra, Jubileo Sur, Jubileo Américas, Alternativas Asia, Iniciativa contra los Agronegocios en América Latina, Action Aid, Campaña Mesoamericana para la Justicia Climática, entre otras. Fuente: http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?boletim=1〈=ES&cod=52927
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
* Rebelión - Adital - Opinión - 8.12.10
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