ELPAÍS* : La red intentó lograr contratos millonarios con Medio Ambiente y Economía. Ni Francisco Correa, ni Pablo Crespo, ni ninguno de los cabecillas de la red Gürtel sabían absolutamente nada de tratamiento de residuos. Sin embargo, según explica un detallado informe policial de 160 páginas que figura en el sumario, la red se asoció con el Grupo Ros Roca, especializado en residuos, para ayudarlo en la ampliación del negocio. Según el informe policial, basado en decenas de documentos encontrados en los registros de las sedes de la red, Correa, Crespo y los demás ofrecían a Ros Roca su especialidad: contactos políticos para lograr subvenciones, autorizaciones o directamente contratos públicos. Todo ello a cambio de una participación en el negocio y comisiones para sus contactos políticos, según el informe.
La novedad de esta investigación policial, muy detallada en cuanto a los documentos inéditos aportados, es que sostiene que esos contactos no se limitaron solo a comunidades autónomas o ayuntamientos gobernados por el PP, la especialidad de la red, sino que se extendió además al menos a dos ministerios del Gobierno de José María Aznar: Economía, que controlaba los créditos FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo) con los que Ros Roca pretendía construir plantas de tratamientos de residuos en países como la República Dominicana o Mozambique, y Medio Ambiente, para lograr unos contratos de suministros de contenedores destinados a la recogida selectiva de papel y cartón.
El informe detalla toda la operación, centrada en 2001 y 2002, cuando el PP gobernaba con una cómoda mayoría absoluta y Correa era un personaje clave dentro del partido, ya que hacía todas las campañas electorales y actos importantes. La red de Correa, a través de su empresa Spinaker, creada por Luis de Miguel, el abogado que la red utilizaba presuntamente para ocultar su dinero en paraísos fiscales, se alió con el Grupo Ros Roca y se convirtió en su conseguidor, según el informe.
Diversos faxes y documentos encontrados en los registros atestiguan las gestiones políticas que hacía la red Gürtel para el grupo Ros Roca. En varias ocasiones se habla de "Postura 3" o "Postura 4", que la policía interpreta, cotejando varios documentos sobre negociaciones entre la red y el grupo, como una forma de denominar a las comisiones políticas que tendrían que pagar para obtener contratos, licencias o subvenciones. Postura 3 sería una comisión del 3%, Postura 4 del 4%.
Uno de los asuntos sobre el que más documentación hay es el de las gestiones de la red Gürtel para lograr que algunos créditos FAD, dependientes de Economía, se concedieran para la realización de plantas de depuración de residuos en países del tercer mundo que gestionaría Ros Roca. En los registros de la red han aparecido diversos documentos en los que la persona clave con la que contacta la red sería Francisco Utrera Mora (identificado como U en varias ocasiones, según la policía), secretario general de Comercio Exterior del Ministerio de Economía entre 2000 y 2003, y por tanto con responsabilidad sobre los FAD, según la policía.
Uno de los múltiples documentos es muy claro. Resume una reunión el 7 de marzo de 2001 entre representantes de Ros Roca y la red y en el punto siete aclara: "República Dominicana. Las gestiones realizadas ante el FAD han tenido su efecto. El crédito ha sido aprobado por un montante de 27 M [millones] de USD [dólares]. Le gustaría 'amarrar' más el asunto y solicita una gestión con el Presidente, incrementando su colaboración hasta una postura 4 del total".
Esto es, según la policía, Correa y su equipo utilizan sus contactos políticos para lograr el crédito FAD español para que la República Dominicana desarrolle una planta de tratamiento de residuos, y Ros Roca solicita que utilice esos mismos contactos para presionar al presidente de este país para que adjudique la planta a este grupo. Efectivamente, el crédito se concedió el 25 de julio de 2002, y Ros Roca se llevó el concurso, según el informe.
ELPAÍS* : Los cuantiosos daños de las riadas de hace nueve meses parecían motivo suficiente para tomar nota y adoptar medidas. Pero no ha sido así. Como entonces, el urbanismo ilegal, con la proliferación de viviendas en zonas inundables, y la falta de inversiones en infraestructuras de defensa han sido el principal caldo de cultivo de las avenidas registradas durante el puente de la Constitución. Sirva como ejemplo el caso de Córdoba, donde las zonas más afectadas han vuelto a ser más de 250 casas ilegales junto al aeropuerto. El Ayuntamiento precintó en febrero las 30 viviendas más dañadas, pero elude actuar sobre el resto. El portavoz del equipo de gobierno, Francisco Tejeda, ha recordado que en esta zona inundable corresponde a los vecinos culminar el plan de defensa con la construcción de una escollera que actúe de dique, pero los parcelistas rechazan asumir su coste.
Otra actuación que se viene demorando desde hace años es el plan para actuar sobre el cauce del Guadalquivir, en este caso competencia del Ministerio que ahora dirige la cordobesa Rosa Aguilar. Ecologistas en Acción ha abogado por el derribo de las viviendas ilegales y un programa de acción integral.
Aguas más abajo del Guadalquivir, en Lora del Río (Sevilla), se sigue a la espera de la construcción de un gran muro de contención que debe acometer la Agencia Andaluza del Agua. "Aunque hubiéramos empezado en febrero no estaría listo, pues la obra tiene un plazo de ejecución de 18 a 24 meses", se excusa el alcalde, Francisco Javier Reinoso. Hasta que se levante el muro, el Ayuntamiento no dará la licencia de primera ocupación a las 17 viviendas de la urbanización Virgen de Setefilla denunciadas por la fiscalía por estar en zona inundable.
En Écija, las riadas se asemejan a las producidas el 18 de diciembre de 1987, cuando el nivel del río alcanzó siete metros de altura y también se inundó un tercio del casco urbano. En este caso, la actuación que viene demorándose es el encauzamiento del arroyo Argamasilla, que se desbordó. La Agencia del Agua tiene en marcha esta obra y se prevé que se remate en 18 meses. La Consejería de Medio Ambiente ha previsto para 2011 actuaciones en más de 480 municipios en los se han identificado puntos críticos frente a avenidas con una inversión de unos 24 millones de euros.
Para Asaja, de haber estado construida la presa de San Calixto se habrían evitado gran parte de los daños causados por el desbordamiento del río Genil. El pantano, de 90 hectómetros cúbicos, lleva años en construcción, y lo mismo que ocurre con el de Siles, en Jaén.
En la provincia jiennense, el punto más conflictivo ha vuelto a ser Andújar, donde ha sido necesario evacuar a decenas de familias de las pedanías más próximas al cauce del Guadalquivir. La Junta ha invertido 7,5 millones en obras de encauzamiento, una actuación que ha evitado que se inundara el poblado de Llanos del Sotillo, pero el alcalde, Jesús Estrella, pide a Medio Ambiente mayor inversión en limpieza. Los vecinos llevan año pidiendo la demolición de la presa de Marmolejo, que ahora gestiona Endesa.
La pluviometría media anual en la comunidad es de 650 litros por metro cuadrado. Sin embargo, desde el inicio del año hidrológico, a principios de octubre, las precipitaciones caídas en muchos puntos de la cuenca del Guadalquivir suponen ya el 70% de esa media anual. Son los casos, por ejemplo, del agua caída en el entorno de los pantanos de Martín Gonzalo (Córdoba), Canales (Granada), Aguascebas (Jaén) y Huesna (Sevilla), con más de 450 litros por metro cuadrado en todos los casos.
Al contrario del temporal del pasado febrero, en esta ocasión las precipitaciones, que el día 7 fueron superiores a los 140 litros por metro cuadrado en muchos puntos de Córdoba y Sevilla, se han producido en un intervalo mucho menor, lo que también ha agravado la situación y ha dificultado la respuesta.
* El País - 12.12.10
Foto: Córdoba, inundaciones Guadalquivir (archivo) - elpais.com
DIARIODEMALLORCA* : El diputado autonómico y ex conseller de Turismo del PP, Joan Flaquer, está citado el próximo martes para declarar como imputado dentro de la instrucción del "caso Ibatur" de supuesta corrupción, después de que el viernes lo hiciera el ex director del instituto público Raimundo Alabern. El titular del juzgado nº2 de Palma, Juan Ignacio Lope Sola, instruye este caso en el que se investiga el supuesto desvío de fondos y cobro de comisiones en torno a este instituto público, un organismo dependiente de la Conselleria de Turismo, durante la pasada legislatura del PP. La citación de Flaquer se produce unos días después de que el 19 de noviembre el diputado tuviera que comparecer ante el juez por otro caso de supuesta corrupción, el "Palma Arena", en el que también está imputado.
Cuando el pasado octubre supo de su imputación en el "caso Ibatur", Flaquer negó en rueda de prensa las acusaciones en su contra realizadas por dos imputados de esta causa, que dijeron que en dicha entidad, en la pasada legislatura, se cobraban comisiones.
Flaquer negó que, tal y como afirmó al juez la ex gerente del Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) Antònia Ordinas, en el Instituto Balear de Turismo (Ibatur) se pagaban comisiones superiores al 15 por ciento durante el pasado mandato, cuando él era conseller de Turismo.
El diputado popular también rechazó las acusaciones realizadas por el ex concejal del PP en Lloseta Felipe Ferré, sobrino político del ex presidente Jaume Matas (PP), quien aseguró que sus socios cobraron comisiones ilícitas del Ibatur que se articularon hinchando facturas.
En concreto, Ferré dijo al juez del "caso Ibatur" que Flaquer autorizó el pago de una prima de 40.000 euros mediante facturas hinchadas.
El ex concejal, que participó en tres empresas beneficiarias de contratos del Ibatur, reconoció que Flaquer le dijo en enero de 2006 que le pagaría una prima de 40.000 euros por la "buena organización" de un viaje a China por parte de la empresa Gourmet, administrada por él.
"Me parece lamentable que se pueda acusar indiscriminadamente a las personas de forma impune, sin ofrecer ningún tipo de prueba, sin ningún documento, diciendo cosas que ahora mismo son solo sus palabras contra las de otras personas", se defendió Flaquer en su momento.
SUR/Málaga* : La juez que instruye el "caso Arcos" contra la corrupción urbanística, que investiga una supuesta trama que construía viviendas sobre suelo no urbanizable en la sierra de Axarquía malagueña, ha acordado levantar el secreto sobre estas actuaciones. En un auto, el Juzgado de Instrucción nº3 de Vélez- Málaga acuerda dejar sin efecto el secreto de sumario al considerar que "en este momento, el conocimiento de lo actuado por las partes, no va a perjudicar la investigación en curso". La trama de este caso, con una veintena de imputados, llevó a prisión al hasta entonces alcalde del PSOE en Alcaucín, José Manuel Martín Alba, y al que era jefe adjunto de Arquitectura de la Diputación malagueña, José Francisco Mora, quienes quedaron en libertad unos meses después tras pagar sendas fianzas de 120.000 euros.
Martín fue acusado de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental y dimitió de la Alcaldía que ocupaba desde 1991 antes de ir a la cárcel en marzo de 2009, aunque abandonó la prisión tres meses después tras hacer efectiva la fianza de 120.000 euros impuesta por la jueza.
Tras el levantamiento parcial del secreto el pasado enero se supo que en el sumario se apunta a una "red de corrupción política-empresarial" en esta localidad más que a "unos meros ilícitos relacionados con la ordenación del territorio" aunque los hechos tengan su origen en asuntos vinculados al urbanismo.
Así se indicaba en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según el cual los investigadores creían ya en septiembre de 2008 que, de resultar ciertas las informaciones de las que disponían, el entonces alcalde "se habría enriquecido a cambio de permitir determinados actos".
LEVANTE/Valencia* : La parálisis de la construcción en Sagunt ha tenido otro efecto menos visible: La caída en picado de las excavaciones arqueológicas en solares privados que en los florecientes años del boom inmobiliario tanta luz aportaron sobre el rico pasado de la ciudad. La Ley de Patrimonio que, desde 1998, obliga a los promotores a sufragar este tipo de estudios fue el verdadero motor de ese repunte investigador pues, inevitablemente, cada vez que se construye en el casco antiguo es obligado hacer prospecciones de este tipo. Esto encarece sin duda los costes, pero también permite unos hallazgos que de otro modo habrían quedado bajo tierra para siempre. Los mejores frutos de este despegue de la iniciativa privada han sido, sin duda, los espectaculares hallazgos encontrados desde 2002 a 2004 durante la construcción de una finca en la Plaza de la Moreria en un solar de 1.700 m2.
De aquel suelo surgieron entonces los restos de la calzada romana mejor conservada de la Comunitat Valenciana, atribuidos en su día a la Vía Augusta. Junto a ellos aparecieron otros muchos vestigios que además demostraron que los límites de Saguntum eran mucho más extensos de lo conocido hasta entonces.
Otra obra particular que acabó dando excelentes frutos fue el edificio construido sobre el antiguo cine Marvi. A pocos metros del suelo, en 2002 se hallaron restos de una casa de época romana que aún conservaba las pinturas murales originales de algunas habitaciones, entre otros atractivos.
La importancia de estos vestigios impulsó la creación de dos nuevos museos en los bajos de estos edificios para exhibir los hallazgos. La iniciativa municipal se centró en primer lugar en la Plaza de la Moreria, donde se logró la colaboración de Unión Fenosa y del propio promotor, si bien esta última acabó por truncarse hace unos años.
Además, el consistorio ha aprovechado el Plan Confianza para musealizar los restos del cine Marvi. Con las dos actuaciones ya encarriladas o a punto de comenzar, la intención es poder abrir los dos espacios antes de las elecciones, como reconocía el edil de Inversiones, Juan Serrano. "En la Moreria estará lista en unos meses la primera fase del museo. La ampliación se hará con fondos del plan Confianza para dejar a la luz también los restos encontrados bajo el edificio colindante en los años 90", decía.
Lo que sí parece difícil es que Sagunt vuelva a recuperar repunte de arqueología vivido desde 2004 a 2007 gracias a una iniciativa privada que estos años dio lugar a entre 55 y 78 excavaciones anuales, según los datos municipales. "Ahora está todo bastante parado. Habrá que esperar", decía el presidente vecinal de Ciutat Vella, Carlos Forner.
* Levante - 12.12.10
Foto: Sagunto (Valencia), teatro romano 1905 - levante-emv.com
INFORMACIÓN/Jerez* : Las aperturas de Ikea y el parque comercial Luz Shopping constituyen el final feliz de unas historias que no siempre tiene por qué acabar igual de bien. Más aún si ese cuento tiene que escribirse en pleno periodo de crisis económica. En Jerez abundan los ejemplos de historias de final incierto. El 15 de septiembre de 2006, el entonces coordinador de Política Territorial, Pedro Pacheco, presentaba el proyecto de construcción de un complejo hotelero de cinco estrellas situado junto al campo de golf de Guadabajaque. El desarrollo de esta iniciativa, promovida por el Grupo Tremón, debía llevar aparejada una inversión aproximada de 300 millones de euros, contemplándose la generación de un centenar de empleos directos y 160 indirectos. En octubre de 2007 se colocó la primera piedra del complejo hotelero, sobre una parcela de 25.000 metros cuadrados de superficie.
Apenas unos meses duró la aventura, ya que en noviembre de 2008 el Grupo Tremón se declaraba insolvente, quedando en suspenso el desarrollo del proyecto. El hecho de que en los meses previos ya se hubieran parado las obras no invitaba precisamente al optimismo. A partir de entonces, no faltaron declaraciones entusiastas de distintos portavoces del Gobierno local, convencidos de que otra promotora se decidiera a dar continuidad a tan ambicioso proyecto.
La realidad, sin embargo, es bien distinta. En diciembre de 2010, cuando el fastuoso hotel de 600 camas que iba distribuirse a lo largo y ancho de siete magníficos edificios debía llevar ya un año en funcionamiento, la parcela de 25.000 metros cuadrados de superficie se vende como solar en una especie de bazar inmobiliario del Banco de Sabadell.
se vende hotel sin inaugurar
También en www.solvia.es se ofrece en régimen de venta un hotel a medio construir en la céntrica calle San Agustín. El establecimiento, más modesto que el anterior, dispone de 31 habitaciones. Sus promotores se vieron obligados a abandonar la ejecución del proyecto cuando la rehabilitación del viejo edificio se encontraba ya al 85 por ciento. El edificio tiene ahora un precio de algo más de 4 millones de euros.
Zafiro Europea S.L. levantó una promoción de chalets en la zona de Montecastillo. Las viviendas de lujo que en 2006 salieron a la venta en 688.223 euros ahora pueden comprarse por 360.000 euros. La división inmobiliaria del Banco de Sabadell también está tratando de captar clientes para esta promoción fantasma, que al igual que otras muchas que han proliferado estos últimos años por el término municipal de Jerez no ha conseguido superar con éxito su proceso de comercialización.
un símbolo de decadencia
Si se trata de encontrar a un edificio que sintetice la crisis del sector inmobiliario y financiero en Jerez no hay más que acercarse a la vieja carretera de circunvalación. Decenas de miles de vehículos circulan a diario ante la estructura de lo que debía ser ya el palacio de congresos.
Antonio Gómez, director comercial en Andalucía de Hispánica de Palacios de Congresos (Hispalcon), aseguraba en octubre de 2008 que el complejo promovido por esta sociedad entraría en funcionamiento den 2010. Incluso, se mostraba convencido de que la crisis económica no iba a afectar al proyecto ni al turismo de negocios, ya que la organización de congresos no dependía a su juicio de las empresas, sino de los colegios profesionales.
La mole de hormigón que se alza al pie de la circunvalación desmiente de manera categórica estas afirmaciones. El apartado que la web de Hispalcon dedicaba al palacio de congresos de Jerez sigue estando en construcción. Toda una paradoja.
Las obras reales llevan ya un par de años paralizadas y lo peor es que no parece probable que a corto plazo aparezcan los inversores necesarios para retomar este ambicioso proyecto. El Ayuntamiento lleva meses -quizá años- tratando de involucrar en la iniciativa a alguna sociedad, pero no parece que esas gestiones hayan obtenido de momento el fruto apetecido.
casi cinco años ‘en marcha’
La historia del palacio de congresos arranca en febrero de 2006, con la firma en la entonces Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de la compraventa de los 28.000 metros cuadrados de superficie situados junto al Hospital del SAS.
Entonces, la empresa Grupo Baremo 80, S.L. anunció una inversión de 50 millones de euros, estimando que la construcción del complejo concluiría coincidiendo con la Fiesta de la Vendimia de 2008. Además de contemplar la construcción del palacio de congresos más innovador de Andalucía, el complejo llevaba aparejado un hotel de diez plantas de altura y más de doscientas habitaciones.
un solar en pleno centro
Más enrevesado aún parece el caso de Grupo Jale, que en febrero de 2008 presentó concurso de acreedores, lo que paralizó la ejecución de las obras del residencial San Mateo, un “magnífico complejo situado en pleno casco histórico de Jerez, en uno de los barrios más típicos de la ciudad, frente al famoso Palacio de Riquelme y junto a la plaza del Mercado, a sólo 5 minutos del mayor espacio comercial de la ciudad”.
La construcción de este complejo implicó el derribo de un antiguo casco bodeguero, convirtiendo a la calle Cordobeses en un auténtico solar. El problema, en este caso, no es sólo de carácter urbanístico, toda vez que numerosas familias llevan cuatro años esperando a la entrega de unas viviendas que a fecha de hoy no tienen siquiera unos cimientos sobre los que levantarse.
Algunos clientes llegaron incluso a solicitar prisión preventiva para los administradores de Inmobiliaria Amuerga, la filial del Grupo Jale, por presunta estafa, delito societario y apropiación indebida, sustentando estas denuncias en la presunta venta sin autorización de una serie de inmuebles que ya habían sido adquiridos.
En esa denuncia, presentada ante el juzgado de Instrucción número 2 de Jerez en el verano de 2008, los querellantes recordaban que desde 2006 los imputados venían recibiendo importantes cantidades de dinero para la ejecución de unas obras que ya debían haber terminado entonces y que aún no se han iniciado.
Presuntamente, Inmobiliaria Amuerga estaría revendiendo los pisos que aún no habían sido construidos sin el consentimiento de sus propietarios y sin resolver los contratos de compraventa suscritos en su momento.
El proceso judicial sigue su curso, para desesperación de las familias que apostaron por trasladar su residencia al barrio de San Mateo y que siguen asistiendo a la paralización de unos trabajos que, en honor a la verdad, apenas llegaron a iniciarse. Y es que, a veces, la crisis no ha dejado ni hormigón sobre el que lamentarse.
* Información Jerez - 11.12.10
Foto: Por la estructura del palacio de congresos no aparece un obrero desde hace dos años - ai
