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ELPERIÓDICO/Aragón* : La postura de los ecologistas aragoneses es unánime con respecto al complejo de ocio y juego en los Monegros, un "no rotundo" para el desarrollo de un proyecto que tachan de "vergonzoso, insostenible y corrupto", y por el que ya se están movilizando para imposibilitar su ejecución. Tras la presentación de Gran Scala el pasado miércoles en Zaragoza, Ecologistas en Acción, SEO Birdlife, Ansar y la coordinadora Aragón no se vende, se reunieron ayer junto con asociaciones de vecinos de La Magdalena, Torrero, Venecia y La Paz, en una asamblea donde buscaron estrategias para frenar el desarrollo del macro-proyecto.
El portavoz de Ecologistas en Acción, José Luis Martínez, criticó la decisión del Gobierno de Aragón de no invitar a las asociaciones ecologistas al acto de presentación de Gran Scala, de este modo, señaló que los representantes políticos impidieron la participación democrática de una parte de la sociedad civil.
Por su parte, el delegado de SEO/Birdlife en Aragón, Luis Tirado, lamentó la "falta de palabra" del Ejecutivo aragonés que "parece haber olvidado" su compromiso de convertir la zona esteparia de los Monegros en un parque natural.
En este sentido, Tirado también recordó que en esta región habitan aves como el águila perdicera o la ganga, y que el Gobierno de Aragón se comprometió a elaborar un plan de conservación para estas especies.
Además del impacto medioambiental que supondría un complejo de estas características, la clase de servicios que ofrecerá el proyecto también fueron "duramente" criticados por los asistentes a la reunión.
Los 32 casinos que se preven construir traerán "graves consecuencias" para la Comunidad, afirmó Martínez, el juego arrastra una "lacra social" que no puede reportar ningún tipo de beneficio a la sociedad aragonesa, añadió.
Otra de las cuestiones que despierta recelo entre los ecologistas es la falta de información acerca de la ubicación exacta del proyecto, a este respecto consideraron que "este secretismo" esconde las "verdaderas intenciones" del complejo: especulación inmobiliaria y urbanística.
Por último, las cuatro organizaciones representadas en la asamblea hicieron constar su "absoluto rechazo" al comportamiento del Gobierno de Aragón, del que dijeron que defendía una política de desarrollo sostenible, para luego hacer otra "bien distinta".
Los ecologistas manifestaron que el cambio de la legislación vigente al antojo de unos empresarios, echa por tierra todo lo que se ha avanzado en la materia de ordenación del territorio.
Entre los asistentes, un grupo de vecinos de dos localidades de la comarca de los Monegros, Sariñena y Bujaraloz, también tomaron la palabra para manifestar su repulsa hacia el proyecto, los afectados anunciaron que el próximo 22 de diciembre habían convocado una reunión para aunar posturas y luchar juntos contra esta "barbarie".
* El Periódico de Aragón - 14/12/2007 EFE
Foto: Los Monegros (Aragón), proyecto Gran Scala
Los ecologistas se organizan contra Gran Scala y anuncian movilizaciones
Galicia: Vivienda y urbanismo copan las protestas ciudadanas ante el Valedor
ELPAÍS* : Urbanismo y vivienda son los principales motivos de preocupación de los gallegos en sus relaciones con las administraciones públicas. Trece de cada cien reclamaciones que recibió el Valedor do Pobo en 2006 están relacionadas con ambas áreas, y en su mayoría tienen como diana a la administración municipal. Al tratarse de quejas que afectan a los ayuntamientos, no extraña que tres de ellos, los de Mos, Santa Comba y Porto do Son, hayan sido declarados hostiles por el Valedor. Pero la institución contra la que más reclamaron los ciudadanos no es la local, sino la autonómica, que concentra el 60% de las protestas totales.
Son datos del informe anual del Valedor do Pobo correspondiente al año 2006, que ayer presentó en el Parlamento el titular de esta institución, Benigno López. Que urbanismo y vivienda lideren la clasificación de quejas en su distribución por áreas es una constante a lo largo de los últimos años, pero en 2006 se dispararon, con un incremento del 26% respecto a 2005. El tirón se debe sobre todo a las relacionadas con esta última área, que se duplican. Dentro del capítulo de vivienda, la ejecución de programas de ayudas públicas para el alquiler motivó la mitad de las denuncias.
En el capítulo de vivienda, el Valedor realiza un extenso informe sobre la conflictiva ejecución del programa de la bolsa de la vivienda en alquiler, puesta en marcha por la Administración de Manuel Fraga en 2004. Un informe de la asesoría jurídica de la Xunta que cita el Valedor revela la existencia de hasta 1.880 arrendamientos subvencionados que contravenían las previsiones sobre renta máxima.
La siguiente área con más reclamaciones es justicia, con 193, lo que supone el 10,69% del total. A continuación, aparecen universidades, cultura, turismo, deportes y bilingüismo (182 protestas, el 10,08%), sanidad (167, 9,25%), medioambiente (166, 9,20%) y presidencia y función pública (165, 9,14%). Pese a la preponderancia de urbanismo y vivienda, no son Política Territorial ni Vivenda las consellerías a las que los ciudadanos remitieron más protestas, sino a Educación e Ordenación Universitaria, seguida a distancia por las de Sanidade y Presidencia, Medio Ambiente y Vicepresidencia.
Otro clásico en los informes del Valedor son las protestas relacionadas con las listas de espera sanitarias, que lejos de remitir van en aumento, lo que lleva a Benigno López a reclamar una intervención "global, profunda y eficaz" del Gobierno gallego e incluso "la reforma del sistema sanitario público". El informe cita casos en que los ciudadanos reclamaron la intervención del Valedor ante demoras para consultas con especialistas de hasta dos años, algunas de ellas, resueltas gracias a la intervención de la institución. No tuvo inconveniente Benigno López en animar a los ciudadanos a denunciar las esperas exageradas, con el fin de acortarlas con su mediación.
Del informe anual del Valedor do Pobo destaca el incremento en medio millar del número total de protestas que se recibieron en esta institución, que ascendió a 1.805, de las que 29 fueron promovidas de oficio por el Valedor. Según adelantó López, 2007 se cerrará con otro incremento similar. El 49% de las iniciativas partieron de la provincia de A Coruña, aunque su capital es la tercera en la clasificación por ciudades, detrás de Vigo y Santiago, las dos que emitieron más quejas.
El informe alerta del incremento de los problemas derivados del botellón, principalmente sanitarios y de ruidos. El Valedor sostiene que la Ley del Ruido y los decretos de contaminación acústica deberían ser suficientes para actuar eficazmente contra el botellón, por lo que anima a Xunta y ayuntamientos a intervenir para atajar el conflicto. También advierte el informe del acoso escolar, que ha llevado a la institución de defensa de los ciudadanos a encargar un informe monográfico al respecto que será presentado en el primer trimestre de 2008.
* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - Santiago - 14/12/2007
Foto: Galicia, viviendas - aedru.org
El juez cita como imputado al alcalde de Xátiva por autorizar la ocupación de una parcela
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LEVANTE/Valencia* : La juez Susana Company citó ayer a declarar como imputados al alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, y al inspector jefe de la Policía Local de la ciudad, Enric Gómez, por haber autorizado retomar las obras de urbanización del polígono la Vila de Xàtiva en la parcela que ocupa la empresa Lámparas Arnau.
Los imputados están llamados a declarar hoy a las nueve y media de la mañana en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Uno de Xàtiva.
La citación judicial (recurrible en tres días) se produce dos días después de que representantes de Arnau denunciasen en el mismo juzgado a Rus y Gómez. El motivo: haber permitido que operarios y maquinaria del agente urbanizador del sector invadiesen el martes, escoltados por la policía, el aparcamiento de Lámparas Arnau para reanudar unas obras cuyo proyecto de reparcelación forzosa fue anulado (de forma subsanable) por el Tribunal Superior de Justicia de la CV en julio de 2006.
En virtud de esta sentencia (que el urbanizador considera superada al enmendarse el defecto formal que la motivó), algunos propietarios, encabezados por los Arnau, consideran las obras «ilegales». Por ello, solicitan la suspensión cautelar de las obras que ayer avanzaban en el aparcamiento de Lámparas Arnau, por donde ha de transcurrir un vial. Sin embargo, la juez no ha decretado la paralización de los trabajos hasta el momento. Esto hace temer a los Arnau que se imponga la política de hechos consumados. Es decir: que todo acabe con una indemnización económica si los tribunales les dan la razón pero las obras de urbanización ya se han ejecutado.
Rus no sabe si irá al juzgado
El alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, afirmó ayer que no sabía si iba a acudir esta mañana a declarar ante la juez. «Como siempre, ya me dirán los servicios jurídicos del ayuntamiento lo que tengo que hacer», respondió el primer edil, quien a continuación exclamó: «¡No sé qué tengo que declarar!».
Con un tono tranquilo, Rus aseguró que le parecía «muy bien» la denuncia de la empresa Lámparas Arnau por la entrada de los operarios el pasado martes. «Si ellos entienden que se han vulnerado sus intereses, están en su derecho de acudir a los juzgados», añadió el alcalde.
En declaraciones a este periódico, Rus defendió su decisión de autorizar por escrito y enviar a la policía a la parcela de Arnau para que el agente urbanizador continuara los trabajos. «Paralizaron los trabajos hace un año. Desde entonces, hemos intentado ponernos de acuerdo con todos los empresarios. Y como no lo hemos conseguido, sólo había dos salidas: echar atrás el PAI [de la Vila] o reanudar las obras por la fuerza». Ésta última opción es la que ha decidido el alcalde de Xàtiva.
Uno de los motivos que han llevado al equipo de gobierno municipal a desbloquear las obras de urbanización en el polígono de la Vila es «para evitar que el agente urbanizador [propietario del PAI] denunciase al ayuntamiento», en palabras de Rus. Además, el alcalde justifica su decisión en que hay otros propietarios que tienen interés en que finalicen las obras de urbanización de este sector I-2 del polígono industrial la Vila, ejecutadas por Urbanitzacions Xàtiva, SA. En este caso, destacó, hay «más gente» implicada que Arnau.
Por otro lado, el alcalde de Xàtiva y presidente de la Diputación de Valencia acusó ayer de «falta de educación» al portavoz del PSPV, Roger Cerdà, por haberle comparado con Julián Muñoz a raíz de lo sucedido el martes por la mañana en la parcela que ocupa Lámparas Arnau. «Siempre me están insultando y acusándome de todo, pero la ciudadanía les pasa la factura cada cuatro años. También la próxima vez se la pasarán. Y si no, yo les pasaré la factura», dijo, enigmático, el primer edil tras ser preguntado por las declaraciones de Cerdà.
* Levante-EMV - Paco Cerdà, Xàtiva - 14/12/07
Foto: Xátiva (Valencia) - Fev, wikipedia.org
Altea no puede pagar los servicios a las urbanizaciones que autorizó
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ELPAÍS/Alicante* : El Ayuntamiento de Altea ha engordado sus arcas municipales desde los años setenta con los impuestos procedentes de los residentes en las decenas de urbanizaciones que autorizó en el extrarradio del casco urbano. Sin embargo, el Consistorio no ofreció nunca a los vecinos las contraprestaciones correspondientes en forma de servicios y mantenimiento de los viales porque oficialmente no ha recepcionado la obra.
El actual equipo de gobierno local, ante las quejas de los residentes por el galopante deterioro de estos enclaves -en su mayoría urbanizaciones con chalés sólo al alcance de personas de un medio y alto poder adquisitivo- anuncia ahora que asumirá la gestión de las urbanizaciones, aunque de manera gradual y sin fijar un plazo para el final del proceso.
Esta localidad del litoral alicantino tiene censados en la actualidad 22.000 habitantes (el 10% extranjeros) más otros tantos residentes esporádicos. Hace 40 años el censo rondaba las 8.000 personas, que vivían en los núcleos urbanos de Altea y Altea la Vella. Gobiernos de todos los signos han autorizado durante las últimas décadas la construcción de decenas de urbanizaciones que han llenado de cemento todo el litoral hasta la sierra de Bérnia y el Mascarat. Ni siquiera existe un censo de urbanizaciones controlado por el departamento de Urbanismo. Administrativamente el constructor de un plan parcial está obligado a realizar la cesión oficial al Consistorio una vez lo ha finalizado. En ese momento los viales e infraestructuras dejan de ser privados y pasan a ser responsabilidad municipal. Los vecinos pagan impuestos y el Ayuntamiento les ofrece a cambio los servicios. Sin embargo, en Altea no es así: los vecinos pagan los impuestos, pero sin recibir nada a cambio. El Ayuntamiento tan solo es responsable del casco urbano, y en las urbanizaciones unos 15.000 habitantes viven en calles que todavía son privadas. En los accesos están los buzones numerados para correos y los contenedores de reciclaje, a los que deben desplazarse en coche, en ocasiones desde kilómetros de distancia. La empresa Aquagest, concesionaria del suministro de agua en Altea, tampoco ofrece servicio, y los usuarios adquieren el líquido a otras empresas privadas.
En Altea Hills, una de las urbanizaciones más antiguas de la ciudad y con propietarios de mayor poder adquisitivo, se ha creado una "entidad de conservación", que se encarga de mantener las calles en buen estado, cuidar los jardines, reparar el alumbrado y garantizar la seguridad. El coste corre a cargo de los propietarios. Pero las urbanizaciones más humildes no cuentan con este servicio y la dejadez las ha llevado a situaciones preocupantes: kilómetros de calles por asfaltar, alumbrado por renovar, redes de saneamiento obsoletas. Según la portavoz del Gobierno y concejal de Urbanismo, Verónica López, de las decenas de urbanizaciones en la última década tan solo se han recibido dos por parte del Consistorio. "Vamos a establecer un calendario de entrega de las urbanizaciones. Estudiaremos cada caso y se hará por prioridades. La situación es muy difícil", explica.
El nuevo Gobierno de Altea trata de regular la situación, y elaborar ese calendario de recepciones. El principal problema es el económico, al tener que asumir de repente el 70% de la trama urbana, que además, por la dejadez de los anteriores responsables políticos, está en avanzado estado de deterioro. En lugar de tener una situación económica brillante, los ingresos procedentes de dar miles de licencias durante estas cuatro décadas "se han esfumado", señala López. De hecho, el Gobierno ha encargado una auditoría para averiguar la situación económica heredada del PP, y tiene en marcha un plan económico-financiero de saneamiento.
Ante esta situación, la solución fácil pasa por recurrir al urbanismo de nuevo para obtener recursos. El proyecto más complejo en el que están inmersos los promotores en Altea es el plan parcial los Puentes del Algar, 6.000 viviendas junto al río, campo de golf y varias zonas comerciales. El actual gobierno y el Bloc se oponen a su ejecución, pero la empresa promotora, del Grupo Ballester, anticipó al anterior gobierno 7 millones de euros que ya están gastados. El Consistorio ha dado los primeros pasos para redactar un nuevo planeamiento que ponga orden en el caos. Entre las posibilidades, se baraja trasladar el aprovechamiento del PAI del río a las zonas de interior, pero López advierte de que el suelo disponible para construir está casi agotado y las dotaciones que corresponden al municipio por nuevos sectores están comprometidas por anteriores gobiernos por deudas a promotores.
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 14/12/2007
Foto: Altea (Alicante) - Conrad Möller, wikipedia.org
La Plataforma por una Vivienda Digna dará un 'ladrillazo' a Solbes el próximo sábado
ELMUNDO/Madrid* : La Plataforma por una Vivienda Digna convoca una concentración el próximo sábado 15 de diciembre frente al Ministerio de Economía y Hacienda entre las 12 y las 14 horas para pedir la dimisión del Vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes. La concentración consistirá en un acto simbólico en el que se hará entrega al Ministro de Economía de un ladrillo gigante.
Según esta organización, creada en 2003 para defender el derecho a la vivienda, las actuaciones del Ministerio de Economía y Hacienda durante la presente legislatura han ido en contra de los pasos dados por el Gobierno de Zapatero para favorecer el derecho de acceso a una vivienda.
En concreto, la asociación cree que el Ministerio de Economía ha incumplido su promesa electoral de eliminar las deducciones fiscales para la compra de nuevas viviendas. Según la Plataforma, el deber del Estado es garantizar el derecho a la vivienda, no el derecho a la propiedad de ésta. Critican que el Ministerio ha seguido apoyando en esta legislatura la adquisición de casas en propiedad, cuando consideran que el alquiler es una de las soluciones del problema.
Por otro lado, la recientemente aprobada Ley Hipotecaria se ha elaborado, "a juicio de la asociación, al dictado de los grandes bancos, despreciando enmiendas de corte social y vías para favorecer el acceso a la vivienda a medio y largo plazo". Entienden que la ley debería haber incluido como mínimo un límite en la duración y cuantía de los créditos hipotecarios para ayudar a contener los precios y por lo tanto a facilitar el acceso a la vivienda.
Por último, las críticas se han centrado en la negativa del Gobierno a fiscalizar los tres millones de pisos vacíos que hay en España. La salida al mercado de estas casas bajaría los precios y supondría una solución para millones de ciudadanos para la plataforma.
La concentración se celebrará frente al Ministerio de Economía y no frente al de Vivienda porque éste "no tiene competencias suficientes para, por medio de política de vivienda o urbanismo, hacer cumplir el precepto constitucional definido en el artículo 47 de la Constitución", ya que la mayoría de las competencias en materia de urbanismo y vivienda han sido asumidas por las Comunidades Autónomas a través de sus Estatutos de Autonomía.
* El Mundo - 12/12/2007
Foto: Una de las manifestaciones convocadas por la plataforma (viviendadigna.org)
Los Monegros, tierra de espías y casinos
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ELPAÍS/Zaragoza* : No pudo ser en Dubai, no pudo ser en Francia, pero va a ser en el desierto de Los Monegros. De la arena surgirán 32 casinos, 70 hoteles, 232 restaurantes, 500 comercios, un campo de golf, un hipódromo, una plaza de toros, un cámping, réplicas de las pirámides egipcias, de los templos romanos y hasta una del Pentágono que servirá de hotel para Spyland, un parque temático sobre el espionaje. Se llamará Gran Scala y necesita una inversión de 17.000 millones de euros para convertir el desierto en una tierra de espías y tragaperras.
Es más del doble de lo que se invirtió en Barcelona para los Juegos Olímpicos de 1992 y casi cinco veces el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente en 2007. Será el segundo complejo de casinos más grande del mundo tras Las Vegas.
Además del dinero, también hará falta cambiar la ley del juego (que autoriza un máximo de un casino por provincia), recalificar 2.025 hectáreas de terreno, y llevar agua, tendido eléctrico y redes de saneamiento hasta Los Monegros, hasta ahora un desierto al uso, es decir, vacío. El Gobierno aragonés y los promotores confían en llenarlo con 25 millones de visitantes por año a partir de 2015, es decir, más de la mitad del total de turistas que recibió España en 2006. "Va a ser el primer destino turístico de la Península", declaró ayer uno de los inversores.
El Gobierno de Aragón dio ayer el definitivo sí quiero a ILD, el grupo de 12 inversores extranjeros (australianos, británicos, franceses, libaneses, americanos...) que promueven el proyecto. Lo hizo en su propia sede, en un fastuoso acto al que invitó a 700 operadores y 180 periodistas. "Hoy es un día importante para Aragón. Gran Scala es una enorme esperanza, un éxito. Un concepto nuevo que atenderá a millones de familias de todo el planeta. No podíamos dejar pasar la oportunidad", explicó ufano el vicepresidente de Aragón, José Ángel Biel, primero en subir a la tribuna. "No somos una comunidad condenada al pesimismo", añadió.
Le siguieron en la tribuna seis de los 12 promotores de Gran Scala, entusiasmados inversores que iban dando paso a vídeos con música techno y representaciones en 3D en las que se veía algunos de los futuros habitantes de esta ciudad: hombres de cromañón, faraones, griegos, romanos, mayas, samuráis... En total, habrá 16 periodos históricos cada uno con dos museos, dos hoteles y dos casinos, ambientados hasta la última consecuencia en la época. ILD estima que convivirán en el parque unas 100.000 personas. "Esto va a ser el escaparate de Aragón ante el mundo, el relevo de la Expo", despidió el presidente, Marcelino Iglesias.
Tras la presentación, corría el champán y era indisimulable la euforia. "Yo me pido el casino de los faraones"; "de eso nada, ese me lo quedo yo, para ti los romanos", bromeaban, quizá, dos empresarios bebiendo cava.
Todos sonreían, menos Izquierda Unida, el único grupo que se opone al macroparque y que hoy pedirá una reprobación en el Parlamento aragonés. "Parece que somos los aguafiestas, los cenizos, pero todo esto nos parece una barbaridad", lamentaba Adolfo Barrena, coordinador general de IU en Aragón. "Resulta que vamos a la cumbre del cambio climático y quedamos todos en que sí, en que hay un problema y hay que hacer cosas, reducir las emisiones, etc, y a la vuelta ya aprobamos un proyecto que va en la dirección contraria. Es una locura".
* ELPAIS.com - NATALIA JUNQUERA - Zaragoza - 13/12/2007
Foto: Los Monegros, tierra de espías y casinos / ELPAIS.com
Pretenden triplicar el número de viviendas del 'Manhattan' de Cullera
ELCONFIDENCIAL/Valencia* : El ‘Manhattan’ de Cullera se queda pequeño al lado de los dos planes urbanísticos que esta pequeña localidad valenciana de unos 23.000 habitantes tiene pendientes. Se trata de dos PAIs, que en la terminología urbanística valenciana significa Programa de Actuación Integrada, que reclasificarán 10,5 millones de metros cuadrados para 15.000 viviendas. Es decir, triplican el volumen residencial de los agro-rascacielos de la desembocadura del Júcar.
Las promociones de los dos PAIs en concreto, denominados El Brosquil y el Marinyet, están lideradas por el Grupo Roig -firma del ex-presidente del Valencia- , Lubasa y por Cullera Playa y Golf, a quienes ha sido adjudicada la figura de agentes urbanizadores.
En el proyecto Cullera Playa y Golf participaba la malograda Llanera, actualmente en concurso de acreedores, que hubo de vender su participación del 12,5% a Intersa Desarrollos Inmobiliarios, SL por 2,7 millones de euros, según informó en septiembre Expansión. Otra de las compañías participantes es Rover Alcisa.
Ambos PAIs fueron aprobados por el Ayuntamiento el 29 de diciembre de 2005. Ese mismo día, se aprobaron más de 70 planes en toda la Comunidad valenciana. El pasado mes de octubre fueron remitidos a la Consellería de Vivienda de la Generalitat.
"Interés de hacer acopio de suelo barato, aunque luego no construyan"
No son los únicos, el Conseller de Urbanismo, Agua y Vivienda, José Ramón García Antón, se comprometió el pasado mes de noviembre ante la patronal de los constructores locales (Fopa) a desbloquear en un año gran parte del centenar de PAIs que llevaban paralizados en Valencia desde la época de sus predecesores en el cargo, Rafael Blasco y Esteban González Pons, según detalla el diario Levante.
En aquel ágape, la junta directiva de la Federación de Obra Pública valenciana (Fopa) trasladó al conseller de Urbanismo la inquietud que se vive en el sector por la recesión que sufren la venta de viviendas y las operaciones de compraventa de suelo, lastradas por los problemas hídricos que sufre la comunidad.
Teniendo en cuenta esta situación, unida al cierre del grifo de las entidades para financiar aventuras relacionadas con el ladrillo, desde la asociación Abusos Urbanísticos No consideran que la ansiedad de los empresarios por acelerar los PAIs responde al "interés de hacer acopio de suelo barato, aunque luego no construyan”.
* El Confidencial - Fátima Martín.- 13/12/2007
Foto: Cullera (Valencia), zona nuevo Manhattan - EFE
Los victorianos
MONCHO ALPUENTE* : La recomendación y el enchufe, ancestrales y perversas costumbres profundamente enraizadas en la idiosincrasia celtibérica, siguen medrando en las oficinas y despachos de la municipalidad en la capital del reino, siempre a la cabeza, capitalidad obliga, de malas prácticas, corruptelas y chanchullos burocráticos. La Operación Guateque destapa, día a día, el tarro de sus fétidas esencias. Algo huele a podrido en Medio Ambiente y esta vez no se debe a la acumulación de gases, ni al ozono troposférico ni a la climatología hostil. El medio ambiente de Madrid tiene nombre y apellidos, el medio ambiente de Madrid se llama Victoriano, así lo proclamaba, en público y sin vergüenza, el funcionario municipal mientras pasaba su tarjeta de visita a los clientes que le urgían para que agilizara las licencias de apertura de sus locales de ocio y esparcimiento: "No cumples ni esto, ni esto, pero, tranquilo, no importa, se puede resolver. Son 3.000 euros".
El desparpajo de Victoriano asombraba a los empresarios que recurrían a su mediación milagrosa. Nadie podría acusar a Victoriano de doblez o hipocresía, todo estaba claro, en su tarjeta personal, letras negras sobre fondo amarillo, figuraban su nombre y su cargo, la dirección de su oficina, su teléfono directo, su fax y su página web, sólo faltaban las tarifas.
Para que la rueda, bien engrasada, siguiera rodando, en las oficinas municipales, funcionarios de menor rango, escribían en los márgenes de los expedientes congelados: "Preguntar a Victoriano si se prioriza la licencia". Protegido por el anonimato, un concejal del Ayuntamiento de Madrid habla de "regalitos y favores" y aventura que tras los funcionarios denunciados "tiene que caer la Policía y Protección Civil". Todos metían mano, unos más que otros en este promiscuo guateque organizado por Victoriano al que también estaban invitados concejales y altos cargos que, de vez en cuando, se sumaban al baile para presentar en sociedad a sus recomendados.
"Prioridad director general"; "prioridad concejal de Tetuán"; "se adelanta por escrito del concejal", éstas y otras acotaciones del mismo tenor se han detectado, por ahora, en más de 100 de los 3.390 historiales que se están investigando. No es lo que parece, aclaran algunos de los concejales implicados en estas notas al margen: "A veces se adelantan expedientes porque estamos saturados", dice Luis Asúa, concejal de Centro, y sus compañeros hablan de atascos y cuellos de botella. El tráfico de licencias está congestionado, quien lo descongestionará, el descongestionador que lo descongestione, buen descongestionador será, sólo que el método desatascador utilizado por los victorianos desatascaba poco y sólo favorecía a unos cuantos. Algo así como si para agilizar el tráfico rodado, un guardia diese prioridad a unos vehículos frente a otros al margen de su ubicación sobre la calzada: "A ver, abran paso al BMW azul de la tercera fila", "apártense para que circule ese Mercedes plateado".
La lógica indica que los expedientes a trámite deberían ser tramitados según su orden de aparición en las oficinas, así lo recomienda la ética y lo exige la propia maquinaria burocrática, fiel al procedimiento riguroso y al orden cronológico. Las excusas concejiles vulneran el principio de equidad porque no favorecen a todos los desfavorecidos por igual y no son de recibo justificaciones como "ese local llevaba dos años esperando la licencia" (Luis Miguel Boto, concejal de Chamartín) o "puede ser que me haya interesado por la situación de un expediente que llevara mucho tiempo paralizado en Medio Ambiente", dubitativa, posibilista y perifrástica coartada de Dolores Navarro, concejal de Tetuán, pudo ser y tal vez tuvo que interesarse. Mucho más claro lo tiene Íñigo Henríquez, concejal de Salamanca, cuando responde a este periódico: "No he adelantado nada. Firmo lo que me ponen delante", sin leerlo, que es una pérdida de tiempo y de dinero público porque un concejal, y más aún si es del distrito de Salamanca, tiene otras cosas más perentorias en las que ocuparse, y entretenerse en leer la letra pequeña de los expedientes podría interpretarse como signo de desconfianza hacia sus diligentes subordinados.
En la Operación Guateque, a Victoriano le tocó bailar con la más fea, a él que siempre fue con la verdad de sus mentiras por delante y que ahora está dando la cara por sí mismo y por su cuñado, cuñadísimo, el ex concejal socialista Saturnino Zapata, que le colocó, por "designación" mayestática, en su poltrona y sentó las bases de su fulgurante carrera, de los bancos al banquillo, carrera auspiciada después, ese chico valía mucho, por los sucesivos consistorios populares que supieron reconocer sus méritos al margen de sus siglas. Nada se sabe de Zapata, que desapareció por el foro dejando a su hermano político bien colocado, encastrado en un puesto estratégico, en el centro de la vieja trama, de la ancestral tela de araña de las corruptelas municipales, factótum indispensable y servicial al que sólo le faltaba incluir al dorso de su tarjeta un eslogan rompedor: "Inaugure más temprano consultando a Victoriano".
* ELPAIS.com - Madrid - 12/12/2007
