Gecen denuncia ante la Fiscalía el desarrollo del PAI Sant Gregori de Burriana

LEVANTE/Castellón* : El grupo ecologista Gecen ha denunciado ante la Fiscalía de Castellón el desarrollo del PAI Sant Gregori de Burriana por la presunta comisión de un delito sobre la ordenación del territorio y un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, según informaron en un comunicado fuentes de dicha asociación.

Los hechos, según la denuncia, se están cometiendo o tienen previsto cometerse en breve en la zona ocupada por el PAI Sant Gregori, en el término municipal de Buriana. La denuncia se dirige contra quien resulte ser el promotor o ejecute cualquier actuación sobre la zona húmeda y contra aquellos que ostenten responsabilidades en competencias urbanísticas (Ayuntamiento de Burriana, Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Ministerio de Medio Ambiente (Confederación Hidrográfica del Júcar y Costas)).

Gecen señala que en dicho PAI fue encontrada una población de galápago europeo a raíz de una denuncia cuando se enteró la Conselleria y la promotora, "y la solución fue no respetar el hábitat de la población de , que no es otro que un humedal litoral".

Según los ecologistas, "la solución elegida fue crear una charca artificial en un rincón del PAI que no moleste, es decir, eliminar una amplia zona húmeda natural y crear una especie de reserva-zoo artificial como forma burda de salir del paso, eso sí, con el beneplácito fiel de la Conselleria de Medio Ambiente, que nunca falla".

La asociación indicó que la sostenibilidad "implica el reconocimiento de límites que el Ayuntamiento de Burriana rechaza", por lo que demanda soluciones medioambientales "aceptables" para "proteger el litoral y la zona húmeda afectada por el PAI".

En su opinión, "la costa semivirgen que aún conserva una parte sustancial del término de Burriana se queda con 0 metros cuadrados para uso mediambiental (espacio natural protegido) tras el insostenible planeamiento urbanístico del Ayuntamiento".

De hecho -dijo- "pretenden urbanizar 30,36 hectáreas de la ZEPA y LIC del espacio natural protegido de la Desembocadura del Mijares, es decir, no urbanizan todo el litoral no protegido bajo alguna figura legal de protección específica (que sí genérica como los humedales), sino que desclasifican suelo estrictamente protegido para urbanizarlo".






* Levante-EMV - EUROPA PRESS - 30 de enero de 2008
Foto: Burriana (Castellón), playa - mma.es


.................................... Leer más...

Unos 3.000 vecinos de Sagunto piden estudiar todas las opciones para el Teatro

PANORAMAACTUAL/Valencia* : Unos 3.000 vecinos de Sagunto se concentraron ante la sede del Ayuntamiento para exigir a la Generalitat que contemplen todas las opciones para "minimizar los daños" que podría causar en el Teatro Romano la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que ordena la reversión de las obras de rehabilitación en el plazo de 18 meses. Los asistentes reclamaron así que se "estudien todas las alternativas legales que existen antes de proceder a la demolición, porque si se da esta posibilidad cumplir la sentencia será hundir el pueblo".

Durante el acto de protesta, convocado por la agrupación Col·lectiu pel Patrimoni Saguntí y que se desarrolló desde las 19.00 horas, se hizo lectura del manifiesto redactado por esta entidad en el que se rechaza "enérgicamente que las obras de rehabilitación del teatro se derriben porque esta actuación, dado su traumático impacto urbanístico, romperá el desarrollo urbano, turístico, cultural, artístico, social y económico del pueblo".

Por ello, los asistentes reclamaron al Gobierno valenciano que, desde el respeto a la sentencia de Alto Tribunal, se analicen las posibles salidas para ejercer el menor daño a este bien patrimonial. Entre otras cosas, recordaron, "se pondría en peligro la consolidación del Festival Sagunt a Escena y tantos otros acontecimientos culturales -como por ejemplo el Festival Grecolatino dentro de la Semana de Cultura Clásica- que nos resultan esenciales para la promoción turística de la ciudad".

Por ello, estos vecinos apostaron porque el teatro romano "continúe siendo un teatro y tenga un uso funcional en su dimensión educativa y cultural para que lo disfruten saguntinos y visitantes". "Que sea un monumento vivo y no un monumento muerto", sentencia el manifiesto.

En esta línea, el colectivo pide a la Generalitat "que el dinero que costaría una hipotética demolición se invierta en proyectos de presente y futuro ligados a la revitalización económica y cultural de Sagunt".

Presión

La presidenta del Col·lectiu pel Patrimoni Saguntí, Concha Cardo, insistió en que el fin de al concentración es "ejercer presión social para que la sentencia haga el menor daño posible al edificio", algo que produce "miedo" entre la población, reconoció.

Cardo subrayó justificó la protesta en que "hasta ahora el pueblo de Sagunt nunca ha dicho nada y ya es el momento de que diga algo porque todas las repercusiones, sobre todo las negativas, van a venir a Sagunt no a otra parte", argumentó.

La responsable de la plataforma ciudadana sostuvo que su intención es la de congregar "el mayor consenso posible de todos los ciudadanos" por lo que calificó el manifiesto de "integrador porque no se busca demonizar a nadie ni que haya ni vencedores ni vencidos", aseveró.

Cardo instó a la Generalitat a "sentarse" con el Ayuntamiento de Sagunt y el autor del recurso contra las obras de rehabilitación de Grassi y Portaceli, Juan Marco Molines, para "negociar la ejecución y que se haga el menor daño posible", insistió.







* Panorama-Actual - 29/01/2008
Foto: Sagunto (Valencia), teatro romano reformado - 20minutos.es



NOTICIA RELACIONADA: El mundo de la cultura contra la demolición del Teatro Romano de Sagunto - TERRA - 30-01-2008


.................................... Leer más...

Marbella: La Fiscalía indaga la falta de derribos

ELPAÍS/Málaga* : La alegría del gobierno de Marbella al ver que los tribunales parecían apoyar su decisión de aplazar la ejecución de sentencias, y como consecuencia los derribos de construcciones ilegales, hasta la aprobación del nuevo Plan Urbanístico se empañó ayer. La Fiscalía de Málaga investiga si el Ayuntamiento ha prevaricado al no ejecutar cuatro sentencias firmes que anulaban licencias de obras.

Las diligencias se han abierto a raíz de una denuncia contra la alcaldesa Ángeles Muñoz (PP) que la abogada Inmaculada Gálvez presentó en diciembre como representante de la comunidad de propietarios de la urbanización Los Monteros en la que se comunica una presunta falta de actuación por parte del Consistorio. "Consta que no se ha realizado actuación alguna para ejecutar la sentencia, siendo competencia exclusiva de la alcaldesa", recoge el escrito. Entre las sentencias a las que se refiere se incluye un recurso sobre la casa del actor Antonio Banderas.

Gálvez denunció que pese a que la ejecución de la sentencia es un derecho fundamental de las partes y la administración está obligada a colaborar, el Ayuntamiento marbellí no ha contestado a los requerimientos ni ha realizado "actuación alguna" para ejecutar dichas sentencias. La letrada considera que puede tratarse de un delito de prevariación.

En una ampliación de la denuncia Gálvez añade que "existe una nota interna suscrita por la alcaldesa, así como por la concejal de Urbanismo, Alba Echevarría, dando instrucciones para que se paralicen los expedientes de ejecución de sentencia" sin que se haya seguido el procedimiento establecido por ley.

"No se trata de una decisión aleatoria, sino que es algo muy meditado", señaló. Echevarría, quien añadió que la no ejecución de sentencias se trata de un criterio "permanente, constante y continuo" y que sólo piden un poco de tiempo para devolver el orden a Marbella.





* ELPAIS.com - J. V. - Marbella - 30/01/2008
Foto: Marbella, Ayuntamiento - UrbanismoPatasArriba


.................................... Leer más...

Ávila: La macrourbanización del Campo Azálvaro, en la vía penal

ÁVILADIGITAL* : Las obras de la macrourbanización ‘El Castillo’ que promueve Lagos SA con el apoyo del Ayuntamiento de Santa María del Cubillo en el Campo Azálvaro, en las inmediaciones del embalse de Serones, han llegado ya a la vía penal.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Ávila, a petición del fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Juan Miguel Gómez Cortés, ha citado a declarar a diez personas, entre ellas el representante legal de la promotora, que tendrá que comparecer como imputado el día 17 de marzo a las 10 horas, por las obras “ilegales” ejecutadas en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC) durante el verano.

Como testigos declararán también, ese mismo día, los tres guardias civiles del Seprona que llevaron a cabo las investigaciones sobre las obras ejecutadas en agosto de 2007 en la urbanización y dos agentes de la Policía Local. Y el día 19 de marzo, la secretaria del Ayuntamiento de Santa María del Cubillo, Mª Carmen Fernández Ballesteros; el secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo, Francisco Javier Machado Sánchez; y el vocal de la Ponencia Técnica, Javier Melgosa.

Obras “ilegales”
Fue el 3 de agosto de 2007 cuando la asociación ecologista Centaurea y Comisiones Obreras denunciaron ante el Seprona el inicio de obras ilegales de esta macrourbanización. Previamente, según explican, “se pudo comprobar y documentar que en plena temporada de incendios y de cría y concentración de la cigüeña negra, diversa maquinaria pesada trabajaba realizando las calles de la urbanización”, entre otras tareas.

Estos trabajos, como se detalla en el atestado, fueron ejecutados por la empresa Castillo y Cía por encargo de Lagos SA, “con el fin de llevar a cabo la acometida de la red eléctrica, abastecimiento de agua, red de saneamiento y la pavimentación de las calles de la urbanización”.

Tanto Centaurea como CCOO ya denunciaron entonces que las urbanizaciones que la empresa y el Ayuntamiento de Santa María del Cubillo pretenden levantar en el Campo Azálvaro “no son legales”, dado que no están aprobados los correspondientes planes parciales. Así consta, según explican, en un informe de noviembre de 2002 de la Dirección General de la Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Consejería de Fomento, en el que se destacaba que los planes parciales de Cantos Altos, La Lancha y El Castillo no estaban aprobados porque no existía el Plan Especial de Saneamiento.

Es, de hecho, el Plan de Saneamiento de Aguas Pluviales el que ha sido anulado recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, adoptando medidas cautelares para impedir que siguiera adelante el proyecto urbanístico.

De forma paralela, el juez ha admitido otras diligencias solicitadas por Centaurea para pedir documentos al Ayuntamiento de Santa María del Cubillo, la Dirección General de Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, la Dirección General de Urbanismo y Política del Suelo de la Consejería de Fomento y al equipo del Seprona que realizó el atestado.

Más de 2.000 viviendas junto al embalse de Serones
A juicio de Centaurea y CCOO, las obras que se ejecutaron durante el pasado verano son el “intento de reactivación del proyecto de construir más de 2.000 viviendas unifamiliares junto a los límites del embalse de Serones, que es vital para el abastecimiento de capital abulense”.

Consideran, en este sentido, que “se pretende sacar adelante el proyecto con la coartada de haber sido aprobado por el Ayuntamiento de Santa María del Cubillo hace más de 20 años”, aunque no cuenta con la autorización de la Comisión Territorial de Urbanismo.

Cabe destacar también que ambas organizaciones han iniciado una campaña para que Campo Azálvaro sea declarado Paisaje Protegido y que el Ayuntamiento de Ávila ha aprobado también instar a la Junta a que proteja esta zona.







* Ávila Digital - María Cuenca - 29/01/2008
Foto: Obras para abrir las calles de la urbanización en Campo Azálvaro, este verano - aviladigital.com


.................................... Leer más...

El juez del 'caso Guateque' ordena al Ayuntamiento auditar las licencias

ELPAÍS/Madrid* : El juez instructor del caso Guateque, Santiago Torres, ha ordenado al Ayuntamiento de Madrid, a través de una providencia, la realización de una auditoría interna para conocer la tramitación de expedientes en la Concejalía de Medio Ambiente en el Consistorio, según ha adelantado el portavoz del grupo municipal socialista, David Lucas.

En rueda de prensa, Lucas ha explicado que la auditoría será llevada a cabo por la empresa externa Tracsatec y que tendrá como finalidad conocer "las cosas que están funcionando mal" en esta concejalía -una de las afectadas por la trama junto con la de Urbanismo y varias juntas municipales- y aportar soluciones. El portavoz del PSOE ha recordado que su grupo, tan pronto tuvo conocimiento de la existencia del caso Guateque, exigió al Gobierno municipal del PP que hiciera una auditoría interna de las concejalías implicadas en la trama de corrupción en la concesión de licencias.

"El PP no hizo caso a la petición del PSOE, manifestó incluso que no era necesario hacer esta auditoría porque las cosas funcionan", ha subrayado Lucas, quien ha hecho hincapié en que si esta auditoría se hubiera hecho cuando los socialista la pidieron, en estos momentos "ya tendríamos soluciones". Por su parte, un portavoz del Ayuntamiento de Madrid ha explicado a esta web que la auditoría sólo afectará a los dossieres relacionados con el caso. "El auto

judicial sólo encarga a la empresa Tragsatec, que está haciendo los informes de Medio Ambiente, una auditoría de algunos expedientes relacionados con el caso Guateque, no de todos", subrayan fuentes municipales.

'No' a una presidencia del PP

El portavoz socialista ha criticado además que el concejal del PP del distrito de Barajas, Tomás Serrano, presida mañana la reunión de constitución de la comisión de investigación del caso de corruptelas en torno a las licencias porque el sumario incluye varios expedientes en los que se cita "la prioridad" dada por el concejal o personal de su confianza a su tramitación.

"No es compatible ser investigado y aparecer como referencia en el sumario, formar parte de la comisión de investigación y mucho menos ser presidente de la sesión de constitución", ha añadido el socialista. Lucas ha criticado también la presencia en la comisión de investigación de la concejala de San Blas, Carmen González, porque el sumario del caso incluye otro expediente en el que se detalla la agilización de una licencia por parte de la edil o del personal de confianza a su cargo. El portavoz socialista ha recordado que mañana pedirá que sea presidida por un concejal del PSOE. Éste será el primer punto del día en la reunión que tendrá lugar por la tarde.

"No parece de recibo que recaiga la presidencia en el Gobierno municipal cuando es una comisión de investigación que trata de controlar al propio Gobierno municipal", ha apuntado Lucas. El portavoz de IU, Angel Pérez, ha anunciado que apoyará que la presidencia recaiga en el PSOE porque es el principal grupo de la oposición y es lo "éticamente correcto". Ha destacado que su formación no se postulará para ocupar la presidencia porque sólo cuentan con un edil en la comisión, lo que anularía "cualquier capacidad de intervención". Pérez ha destacado que su formación centrará la comisión en la documentación analizada por el juez y solicitará una lista cerrada de comparecientes para fijar un calendario. "No queremos que Guateque sea una fiesta permanente y ocupe toda la legislatura", ha añadido.






* ELPAIS.com - AGENCIAS - Madrid - 30/01/2008
Foto: Madrid, antiguo ayuntamiento - wikipedia.org


.................................... Leer más...

Las cuevas desafían a la piqueta

PÚBLICO/Granada* : "Se está aquí como en el vientre de una madre”. Calentito en invierno, unos 15 grados, y fresco en verano, algo más. Yoni, melena estilo farruquito, es “medio gitano, medio payo”, canta en los tablaos de turistas de vez en cuando, y habita con Yesi, su pareja, una de las 44 cuevas de San Miguel Alto, en el Sacromonte granadino. Yoni grita: “moro” y de la caverna vecina sale Yagua, marroquí, ahora sin trabajo por el parón de la construcción. “Con la confianza le digo así. Él me dice gitano y no hay problema”.

Arcos y arabescos, recuerdo de su patria, franquean la entrada a varias de las estancias. Al fondo, como en todas las cuevas, la cama. Aún no ha terminado los trabajos de reforma y Yagua se toma un té calentado con una bombona de gas. Ha estado trabajando toda la mañana en su hogar. Tiene televisión también. “La luz la cede un vecino y le pagamos la diferencia entre su cuenta sin nosotros y la cuenta con nosotros”, asegura Yoni. Viven en la zona superior del cerro, sobre el Albaicín, el casco histórico, que domina la ciudad entera.

Hace más de un año la policía, enviada por el ayuntamiento, gobernado por el PP, trató de desalojar a los habitantes de las cuevas con dos excusas: que se caían y que el terreno era de propiedad municipal. Como telón de fondo está la recalificación de la colina, que, tras anunciarla, ahora niega el ayuntamiento, para edificar un foco turístico, levantar un hotel y acondicionar varios hipogeos para espectáculos de Zambra flamenca (del Albaicín son Enrique Morente y otros grandes).

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en sentencia contra la que no cabe recurso, le paró la semana pasada los pies. Los magistrados consideraron que “no existe certeza de que todas las cuevas sean propiedad municipal” y recordaron que el derecho a la inviolabilidad del domicilio está recogido en el artículo 18.3 de la Constitución. Aconsejaron, además, al ayuntamiento que presente un expediente individual por cueva y no uno conjunto como había hecho. El consistorio confirmó que así lo hará. Las cuevas del Sacromonte están habitadas al menos desde el siglo XVI.

Okupas y energía solar

Paco, pantalón de motorista, pendientes en la oreja, asegura disponer de un título de propiedad. Pagó por su caverna hace más de tres lustros casi dos millones de pesetas (12.000 euros). No vive ahora allí, adonde llegó como okupa, porque tiene una casa en el centro de Granada. Pero se pasea a menudo y conoce a todo el mundo. Él se precintó su cueva. “Por los okupas, que se me metían dentro”, asegura. Él quiere que el ayuntamiento convierta la colina en un foco turístico para así sacar provecho de su propiedad. Hace tiempo que se cansó de la vida itinerante a la larga del okupa.

Las mejores vistas de la Alhambra

En la ladera, orientada al suroeste, se disfrutan las mejores vistas de la Alhambra. Y extraordinarias puestas de sol en la vega de Granada, adornadas por las cumbres blancas de Sierra Nevada. “No hay una igual a otra”, asegura Sun (Sol, en inglés) sentado en un sofá rojo al raso, adonde llega sordo y lejano el ruido de la ciudad. Es un “hippi”, según la particular terminología de Yoni, y, es, en rigor, un alemán de unos 35 años que estudió arquitectura y técnico en energía solar empeñado en demostrar que las fuentes renovables son el futuro del planeta. De ahí su nombre artístico.

Sun habita una de las cuevas que fue cerrada por la Policía. Le costó meses vaciarla de tierra y niega la mayor: que la mayoría de las cavernas estén en ruinas. La suya ciertamente no lo está. Se llama la cueva de la mariposas –el nombre está labrado en el marco de madera que custodia la entrada– porque un día mientras cavaba apareció una. Y creyó en la metáfora. “La mariposa cambia de vida tres veces en una vida”, dice.

Al visitante le ofrece un té, que calienta en una plataforma situada en el centro de un cuenco gigante de aluminio que, enfrentado al sol, refleja sus rayos. En un momento, la temperatura de la tetera supera los 100 grados. Dentro, carga el teléfono móvil en un enchufe. Lo puede hacer porque una pequeña placa solar, que le costó 150 euros de segunda mano, alimenta una batería capaz de conservar la energía del sol durante tres días. “Es un ejemplo de cómo se puede vivir de manera simple, es un ejemplo de cómo se puede luchar contra la desertificación”, asegura. Y remacha: “La gente se ha ido a lo más futurista y se ha olvidado de lo básico. Espero que la gente cambie antes de que se vaya todo al garete”. Sun, idealista, está en contacto con redes contra el cambio climático y la violencia urbanística. La casa de las mariposas es querida en la colina y no es la única que se gestiona de esta manera.

Residuos orgánicos y compostaje

Yoni, Yagua, Sun y los habitantes sacan el agua de la fuente del aceituno, en una ermita cercana. La conservan en bidones y la utilizan para lavarse. Yoni se cuida mucho su melena. En la colina, unos mean y cagan donde pueden y ahí se queda. Otros reivindican el compostaje, una técnica alternativa y natural para reciclar la materia orgánica como abono. “Es gratis, sólo hay que reunir todos los restos orgánicos y apilarlos durante un tiempo”, explica. Sun tiene un pequeño huerto con tomates y limones.

La mayoría tiene claro que su paso por la colina es temporal. “Alguien la habitó antes que yo y alguien la recibirá después”, dice Jon (nombre ficticio), pala en mano. Es danés y se fue de Copenhague, donde era cartero, tras apostar demasiado fuerte al dos de corazones. “Aquí soy feliz. Me siento libre por primera vez”, asegura en una pausa del trabajo en la cueva, que comparte con un amigo francés. El inglés y el español, las palabras en cualquier lengua y la mímica son los idiomas oficiales de las cuevas de Babel. Conviven, no sin problemas, como en todas partes. Disfrutan del trabajo en las cavernas, de la cultura, de la música y de la vida.

Y a la mesa, Yoni y Yesi aportan patatas y tomate con sal y pimienta y Yagua arroz con ternera.







* Público - RAÚL BOCANEGRA - Sevilla - 28/01/2008
Foto: Granada, cuevas Sacromonte - granada.org


.................................... Leer más...

Keynes y la actividad inmobiliaria

GERARDO ROGER FERNÁNDEZ* : Llevamos unos meses en que el desarrollo inmobiliario se encuentra en clara desaceleración. El aumento de los tipos de interés del Banco Central Europeo, el agotamiento de la demanda de viviendas de renta libre y el efecto-contagio de la crisis hipotecaria norteamericana explican el cambio de signo en el proceso "desarrollista" que caracterizaba al sector desde finales de los noventa. Conviene recordar que tras construirse más viviendas que nunca (entre 600.000 y 800.000 viviendas por año en el periodo 1998-2005), su precio ascendió un 150%, cinco veces y media más que el IPC en esos años, y el precio del suelo en un 500%, quince veces más.

Pero más grave aún ha sido la dramática caída en la producción de vivienda protegida. Si al principio de los años noventa la ratio viviendas protegidas-libres alcanzaba el 30%, en la primera mitad de los dos mil bajó al 10%. Se comprende así la desesperación de muchísimos ciudadanos, sobre todo jóvenes, "cautivos" de la vivienda protegida, que ven imposible la realización de sus proyectos de vida salvo que recurran a endeudamientos vitalicios, siempre sometidos al riesgo de una sobrevenida subida de intereses imposible de absorber.

Por ello sea bienvenido el esfuerzo económico que los poderes públicos han puesto últimamente en servicio para impulsar la promoción de vivienda protegida, tanto en propiedad como en alquiler. Así, en 2007 la ratio protegidas/libres ya ha remontado más del 50% y continúa aumentando.

Este sensible aumento ha sido posible, en gran medida, por la puesta en disposición de importantes contingentes de suelo público, fundamentalmente de titularidad estatal. Pero junto a este "plan de choque", debe disponerse una estrategia a medio-largo plazo que venga a impedir la dramática situación vivida desde mediados de los noventa. Y para ello, lo más inteligente es hacer efectivo el viejo aforismo: "La mejor política de vivienda es una buena política de suelo".

Así, la regulación establecida en la reciente Ley de Suelo, que dispone una reserva mínima del 30% con destino a vivienda protegida, se manifiesta como la primera línea adecuada, colocándose en el mercado, junto al resto de usos y tipologías de renta libre, solares de valor tasado oficialmente que posibiliten la promoción de vivienda protegida. De hecho, diversas legislaciones autonómicas ya han legislado en este sentido, como por ejemplo el País Vasco, donde asciende al 75%.

Una segunda medida establecida por la nueva Ley de Suelo consiste en regular la participación pública en las plusvalías que la propia Administración genera con el planeamiento, cuantificándose entre el 5% y el 15% del valor del suelo urbanizado y obligando a que las parcelas edificables correspondientes tengan que destinarse a la promoción de vivienda protegida, lo que producirá una adecuada y catalizadora presencia pública en el mercado de suelo.

Téngase en cuenta que este porcentaje público de plusvalías equivaldrá al 30%-40% de la reserva de suelo para vivienda protegida, con lo que se constata el importante papel de la Administración en el proceso y la considerable oferta de suelo para satisfacer la demanda social de vivienda a precios asequibles.

Pero estas medidas resultan insuficientes si no se adoptan otras complementarias que permitan, en los casos de suelos públicos, el mantenimiento de esa titularidad propiciándose el régimen de alquiler y, sobre todo, el escasamente conocido régimen del derecho de superficie que la ya nueva ley regula y amplía intencionada y pormenorizadamente. De nuevo la experiencia del País Vasco en esta materia es paradigmática, como demuestra la política de vivienda en las grandes ciudades vascas.

Asimismo, el suelo reservado para promoción privada deberá garantizar su destino final a los ciudadanos de rentas medias, evitando su vulneración a causa de irregularidades en la enajenación o facilitando su descalificación y retorno al mercado libre al cabo de un tiempo. Por ello, medidas como el mantenimiento de su calificación a lo largo de la vida útil, así como la intervención pública en la identificación de su adjudicatario, son disposiciones inteligentes de concertación público-privada que vendrán a impedir el lamentable escenario de fraude que, tan a menudo, ha venido sufriendo el mercado privado de la vivienda protegida.

Esperemos que la lamentable experiencia de los últimos años no vuelva a repetirse y que la aplicación de las nuevas disposiciones legales de la Ley de Suelo 8/2007, con la necesaria complementariedad de las legislaciones autonómicas y del planeamiento municipal, consiga una razonable satisfacción del mandato constitucional para garantizar el derecho ciudadano a la vivienda, y, adicionalmente, disponer de un importante contingente de recursos públicos aplicados responsablemente en su promoción, que junto a la potenciación de la inversión en obra pública, sobre todo en infraestructuras de comunicaciones y transportes, termine por conformar una rediviva política de tipo keynesiano que venga a compensar, intencionadamente, la ralentización económica que está sufriendo el mercado inmobiliario privado.



* Gerardo Roger Fernández es arquitecto y profesor de Urbanismo del Instituto Pascual Madoz de la Universidad Carlos III.




* ELPAIS.com - Opinión - 29/01/2008



.................................... Leer más...

Los expertos exigen un pacto social para atajar la corrupción urbanística

INFORMACIÓN/Alicante* : La corrupción urbanística, en algunas zonas del territorio, tiene rasgos de auténtico golpe de estado permanente porque determinados poderes fácticos tienen capacidad de decidir sobre actividades fundamentales a base de presionar a los poderes democráticos por la vía de la extorsión y el chantaje", señaló ayer Manuel Alcaraz, profesor de Derecho Constitucional y director del libro "El Estado de Derecho frente a la corrupción urbanística", presentado ayer en el Club INFORMACION.

La publicación, que recopila artículos de forma monográfica sobre este fenómeno desde un punto de vista jurídico, incluye artículos del fiscal general del Estado Conde Pumpido, de la criminóloga Alejandra Gómez, del asesor del Banco Mundial José Ugaz o del presidente del tribunal que juzga a Fujimori, César Eugenio San Martín.
Alcaraz apuntó que el Estado de Derecho "está lejos de disponer de instrumentos legales suficientes para atajar este fenómeno y el Derecho no puede convertirse en excusa para la inmoralidad al generalizarse que si no hay condena no hay comportamiento inmoral". A juicio del responsable del libro, hay casos de corrupción urbanística que acaban con la absolución de los implicados "pero muestran que hay actitudes totalmente reprobables, que concluyen que son inocentes penales pero auténticos corruptos morales".

Manuel Alcaraz reclamó un compromiso social para poder eliminar la corrupción de la vida pública: "El Estado de Derecho no triunfará, por más leyes y jueces justos que haya, si no hay un compromiso social entre todos por ejercer un liderazgo ético. Mientras exista el actual modelo urbanístico, la corrupción no podrá erradicarse porque es lo que engrasa el sistema".

También participaron en el acto el teniente fiscal de la Audiencia Provincial, Juan Carlos López Coig; el decano del Colegio de Arquitectos de la Comunidad, Juan Castillo, y el catedrático de Derecho Procesal José María Asencio, que planteó reformar la legislación con medidas que combatan expresamente la corrupción, "que se recojan tipos penales para esta actividad y mecanismos probatorios que atiendan a esta realidad porque normalmente nunca no hay pruebas directas, sino indiciarias".





* Información - A. P. - 29 de enero de 2008
Foto: Un momento de la presentación del libro "El Estado de Derecho frente a la corrupción urbanística", ayer/ CRISTINA DE MIDDEL, diarioinformacion.com


.................................... Leer más...

Las Teresitas y el juego de la ceguera

FRANCISCO SUÁREZ ÁLAMO* : Contar lo que pasó en el caso Las Teresitas no es un ejercicio de arqueología. La playa no es Atapuerca, por más que algunos de los intervinientes se comporten a veces con formas propias de los homínidos de la mítica sima. Tampoco es un viaje inútil al pasado sin billete de vuelta, y ello a pesar de que en las andanzas de esta operación inmobiliaria, financiera y política haya expertos en los asuntos de los viajes como Rodolfo Núñez, que lo mismo navega al timón de Fred Olsen que pilota un ATR de Binter.

Ytampoco es un documental más de Canal de Historia, y ello a pesar de que cada página que se repasa del sumario devuelve al presente a personajes de la primera línea de la vida pública que algunos -oh ingenuos- creían convenientemente jubilados.

Y si no es nada de eso, ¿por qué interesa tanto lo que sucedió allá por 1998? Primero porque el caso es de gran actualidad desde el momento en que muchos de sus actores siguen hoy en los mismos puestos o incluso con responsabilidades superiores. Ahí están, por ejemplo, Rodolfo Núñez, cuyo homenaje de despedida con todos los honores al frente de Cajacanarias está casi ultimado; y ahí sigue en la dirección general de la entidad Álvaro Arvelo, inasequible al paso del tiempo, al expediente sancionador del Banco de España y a la propia la sanción en sí, hasta el punto de que ahora aspira a ser presidente ejecutivo de Cajacanarias como si allí no hubiese pasado nada. Y es precisamente esto último, esa sensación de que el cristal de la legalidad y la honradez nunca se rompió, lo que justifica este buceo en el tiempo al que obliga al caso Las Teresitas. Sólo así se saca del silencio esa sanción del Banco de España, un castigo del que, no lo olvidemos, eran conocedores, como mínimo, el Consejo de Administración en pleno, el director general y su equipo, la Comisión de Control, la Asamblea General -¿o es que se le ocultó ese hecho tan relevante?- y -tome nota, estimado lector- la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias. Así las cosas, ahora es noticia lo que debió serlo hace siete años (la sanción se aprobó en 2000) y ese salto en el calendario no le quita valor alguno;al contrario, pone de relieve cómo se urdían algunas componendas y cómo se jugaba con la ceguera de la sociedad para así perpetuar ciertos comportamientos. Alguien dijo en su día que ojos que no ven, corazón que no siente, y en torno a Las Teresitas se aplicó la variante de ojos que no ven, negocios que siguen engordando.

Ahora, en suma, Las Teresitas refleja la cara menos amable del sumo poder entendido como el poder para sumar en beneficio de unos pocos, que no es lo mismo. Y no lo digo por González y Plasencia, cuyo pecado (presunto) es dejarse llevar por las ganas de crecer, sino por las facilidades que otros (Núñez, Arvelo y unos cuantos más) les pusieron al margen de las normativas bancarias.


PD: ojalá tanta porquería (presunta) saliendo a flote sirva para que algunos partidos se den cuenta de que la presidencia de una caja no es cosa para incluir en el orden del día de un partido político. Esto va por CC en Tenerife. Y no sólo por ellos:los periódicos, por suerte, sí tienen memoria.






* Canarias 7 - Opinión Del Director - Las Palmas de Gran Canaria - 28/01/2008




.................................... Leer más...