Cae el Algarrobico del Cantábrico

PÚBLICO/Cantabria* : "Con todas las ventajas que siempre ha soñado: un gran bosque enteramente suyo, una ría para usted, una playa junto a su hogar. Un privilegio que Cenavi pone a su alcance". Esta era la promesa con la que, en 1991, esa constructora anunciaba la venta de 144 chalés adosados en un lugar de ensueño en Arnuero (Cantabria). La urbanización idílica pronto se convirtió, sin embargo, en paradigma del desaguisado urbanístico en esta comunidad.

Hace ya 15 años, un juez emitió la primera orden de derribo al considerar ilegal la construcción. Sin embargo, hubo que esperar hasta ayer para que las excavadoras llegaran y derruyeran 42 chalés a medio construir. Curiosamente, las máquinas eran de Cenavi. El Encinar, como se conoce a esta urbanización de Arnuero, es sólo la punta del iceberg de las irregularidades urbanísticas que han salpicado de cemento Cantabria durante casi dos décadas. Durante este tiempo, los tribunales han anulado planes generales de ordenación urbana en una decena de municipios y dictado una veintena de sentencias, aún pendientes de ejecución, que ordenan demoler cerca de un millar de viviendas con unas 4.000 personas afectadas, dos polideportivos, tres naves industriales e incluso una depuradora, obra del último Gobierno de José María Aznar.

Estas son las cifras que reflejan el alcance de la problemática urbanística en Cantabria. Cada una de las promociones pendientes de derribo tiene sus peculiaridades, pero la mayoría comparten un nexo: se construyeron bajo el amparo de sus ayuntamientos, que modificaban los planes urbanísticos a su antojo, y a la postre, acababan en los tribunales a raíz de las denuncias de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA).

La primera urbanización en caer, aunque sea parcialmente, ha sido la de Arnuero. Algunos de sus vecinos, arremolinados ayer en torno a las excavadoras con pancartas pidiendo justicia, firmaron las escrituras de compra en 1992. A los dos años, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria emitía la primera orden de demolición ratificada por el Supremo en 2000, al estimar que las casas se habían construido sobre un encinar sin condiciones legales para urbanizarlo, merced a un Plan de Ordenación Urbana "ilegal" avalado por el Gobierno cántabro y las licencias municipales.

Derribo en el Alto del Cuco

A este escándalo le han seguido otros en Argoños, Comillas, Suances, San Vicente de la Barquera, Castro Urdiales, Ramales o Piélagos. Este ayuntamiento ha sido el último en recibir un varapalo judicial por avalar con un plan parcial la erosión de una montaña para construir 398 casas. En marzo, el juez ordenó su derribo.

Por su parte, los más de 4.000 afectados que integran la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) llevan años de protestas. Exigen al Gobierno cántabro que haga "borrón y cuenta nueva", es decir, que legalice todas las urbanizaciones o, en su defecto, indemnice a los propietarios de las viviendas que haya que tirar. Ayer mismo, mientras las excavadoras derribaban los 42 chalés en El Encinar, uno de los vecinos que habita uno de los otros 102 pendientes de tirar, Emilio Bocanegra, lamentaba que la respuesta del Gobierno cántabro fuera "derribar y derribar".

ARCA rechaza que la administración pueda dar ahora cobertura legal al millar de casas sobre las que pesa una orden de demolición. Está a favor de las indemnizaciones a los afectados y también de compensaciones urbanísticas, como la entrega de otras viviendas. Pero apela a que para acabar con el clima de impunidad que ha habido en Cantabria con las construcciones irregulares hay que cumplir ya las sentencias.

Su última acción se ha centrado en Argoños, el municipio que acumula más sentencias de demolición diez contra otras tantas urbanizaciones, con más de 150 casas implicadas. ARCA ha recurrido allí el nuevo plan de ordenación urbana aprobado por el Ayuntamiento con la complicidad del Gobierno cántabro. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) dio en marzo un plazo de 15 días a su alcalde, Juan José Barretabueña, para que inicie el derribo de cinco viviendas, y ordenó a la Fiscalía que investigue si ha cometido delitos de malversación o prevaricación. Según el juez, la oposición del alcalde al derribo era "evidente".

Otro reto para este grupo ecologista es parar la modificación de la Ley del Suelo impulsada por el Ejecutivo regional, que permitiría construir viviendas unifamiliares en suelo rústico. Los ecologistas no rechazan ese desarrollo, sino que quede en manos de los consistorios: "Con lo que aquí ha llovido, la planificación debería estar bien definida por un plan riguroso y no quedar en manos de los alcaldes". Los ecologistas tampoco están conformes con que los ayuntamientos puedan tener potestad para convertir antiguas cabañas de ganado en casas.

La otra cara de la especulación urbanística en Cantabria se vivió ayer en Ajo. Mientras las excavadoras derribaban parte de El Encinar, otra tiraba la humilde casa-bar donde Domingo Herrero, Mingo, vivía desde hace 30 años. Decidió ampliarla en 2002 tras recibir la autorización del entonces consejero de Urbanismo y hoy presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, y del Ayuntamiento. El caso acabó en los tribunales por iniciativa de un ex edil del partido de Revilla, y Mingo, en la calle. "No sé qué será de mi vida", se lamentaba. Sus amigos le han dejado una caravana.

Ejemplos de sentencias sin cumplir

Minería
Una explotación ilegal
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ordenó en febrero la clausura de la actividad minera desarrollada por Minero Siderúrgica de Ponferrada en El Feixolín (León). Además, la sentencia obligó a restituir el daño ambiental causado y a abrir procedimientos sancionadores. La mina lleva funcionando desde hace 15 años, y a día de hoy no se ha cumplido la sentencia.

Campo de golf
Terminado pero sin licencia
La Junta de Castilla-La Mancha publicó en enero la resolución que declaró inviable ambientalmente
el campo de golf de Torrenueva (Ciudad Real), ya construido. No cabe recurso y el campo de golf deberá desaparecer para “restaurar la totalidad de los terrenos afectados”, un total de 48,39 hectáreas.

Hotel Algarrobico
A la espera de sentencia
El hotel El Algarrobico se levanta a medio construir por la promotora Azata del Sol en la costa almeriense. La Fiscalía de Almería investiga si algún responsable de la Junta de Andalucía cometió un delito al modificar los planos que impedían la construcción en la zona. El Ministerio de Medio Ambiente considera que finalmente el hotel se derribará, pero espera a la sentencia judicial que determine si la promotora tiene derecho a indemnización o no.







* Público - GUILLERMO MALAINA - BILBAO - 30/04/2009
Foto: Las excavadoras derriban varios chalés de la urbanización El Encinar, en Arnuero (Cantabria). - HUMBERTO BILBAO, publico.es

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Almuñécar: Un juzgado imputa a Benavides un delito de prevaricación

LAOPINIÓN/Granada* : El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza), suma una nueva causa judicial a su lista de acusaciones. Ahora ha sido la magistrada sustituta del juzgado sexitano de Primera Instancia e Instrucción nº2 la que observa indicios de un presunto delito de prevaricación por parte del regidor, el ex concejal de Urbanismo, Emilio González Pavesio, y el administrativo del Ayuntamiento Francisco Onofre.

Los hechos investigados se remontan al año 2005, cuando el gobierno local de Almuñécar dictó, en una junta extraordinaria, un expediente de disciplina urbanística que obligaba al cierre del camping Carambolo y el centro de Educación Ambiental Karanda, de los que es representante legal el concejal de IU en el Ayuntamiento, Fermín Tejero.

El auto judicial (que responde a la querella presentada por Tejero en 2006) considera, no obstante, que la resolución administrativa en contra de la empresa Karanda S. L. se dictó "a sabiendas de su injusticia, según se desprende de las diligencias practicadas".

Los argumentos aducidos en la resolución judicial se basan en un informe del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y en una sentencia del juzgado contencioso-administrativo número 3 de Granada que anulaba "por indefensión" los efectos del expediente disciplinario con efectos retroactivos. "Puede considerarse ´a prima facie´ que existen indicios de la perpetración de un posible delito de prevaricación por parte de los imputados", recoge la resolución.

Según Tejero, la actuación del grupo político de Benavides se produjo "como represalia por denunciar el urbanismo salvaje del Ayuntamiento", pues IU rechazó el planeamiento urbanístico proyectado por el Ayuntamiento y se opuso a que los terrenos donde se ubica el camping y el centro ambiental fuesen declarados de máxima edificabilidad. Es más, el querellante asegura que tras esta confrontación política, el equipo de gobierno envió hasta cuatro inspecciones en un mismo día y ordenó, tres días más tarde, el precinto de las instalaciones "sin causa justificada".

"Los únicos delitos de Karanda S. L. son instalar dos cabañas de madera legalizadas y autorizadas por la Delegación de Turismo desde 1995. Realmente, lo único que ha hecho la empresa es que yo formo parte de ella", declaró Tejero, quien alega que las inspecciones no se produjeron de forma arbitraria, pues "el resto de campings de Almuñécar no se investigó, a pesar de que muchos de ellos no tienen ni licencia".

Junto a esto, el edil de IU añadió que en la sentencia que anulaba el expediente disciplinario se obligaba al Ayuntamiento a concretar qué anomalías sufría el camping y las aulas ambientales para que pudieran ser subsanadas por la empresa gestora, sin que a día de hoy se haya pronunciado el gobierno local al respecto. "El equipo de gobierno no nos ha contestado a nada, toda la tramitación es una chapuza, los expedientes están perdidos, no tienen índices, se quitan los papeles que no interesan y no hemos conocido las actas", denunció Tejero, quien confirma que contra esta práctica se han presentado hasta seis denuncias ante el Contencioso-administrativo.

Asimismo, el concejal de IU señala que en enero de 2008 el Ayuntamiento volvió a cerrar las instalaciones motivando, en esta ocasión, un "falso" cambio de actividad de la empresa, contra lo que se interpuso un recurso de reposición que han tardado un año en contestar.

El alcalde no responde. Benavides no quiso, por su parte, hacer declaraciones al respecto y prefirió que sea la justicia la que determine la existencia o no del delito de prevaricación.

Sí se pronunció el coordinador provincial de IU, Manuel Morales, quien mostró su satisfacción ante la resolución judicial. "Esperamos que este caso prospere junto a las otras muchas causas que están abiertas", apostilló.

Supuesta falsificación. En este sentido, Tejero recordó que también acudió a la vía penal contra el Ayuntamiento de Almuñécar por un supuesto delito de falsificación de firma, que se encuentra en proceso de investigación, como consecuencia de "la presión administrativa y el acoso por parte del gobierno local". Según acusa el querellante, el equipo de gobierno usó su firma de forma fraudulenta para formular una denuncia contra un vecino.







* La Opinión de Granada - NOELIA M. ESTEBANÉ - 30.04.09
Foto: Almuñécar (Granada), vista aérea - J.Rojas (El País)

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Urbanismo abusivo e indiferencia pública

FERNANDO MANERO* : A penas una lacónica nota de prensa ha dado cuenta del informe recientemente aprobado por el Parlamento Europeo sobre «el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario». La referencia ha sido fugaz y, como suele suceder con las noticias incómodas o que no se consideran sustanciales, pronto anulada por la vorágine informativa que obliga a mirar en otras direcciones.

Y, sin embargo, el tema reviste una enorme importancia por razones que no conviene descuidar: es, de un lado, la primera vez que un país de la Unión Europea es descalificado con tanta contundencia sobre la forma de ordenar, mediante el urbanismo, su propio territorio; y supone, de otro, un aldabonazo en la conciencia de los poderes públicos y de la ciudadanía en general, destinatarios de las críticas alusivas a un modelo de crecimiento urbano que lesiona principios y derechos que tienen precisamente en la calidad de vida asociada a la calidad de territorio su punto de referencia fundamental.
No es una denuncia que haya surgido por vez primera. Ya en dos ocasiones anteriores (2005 y 2007) el mismo órgano criticó severamente los abusos de esta naturaleza cometidos en nuestro país con argumentos de los que también se haría eco a finales del 2006 el Relator Especial de Naciones Unidas «sobre Vivienda Adecuada». Destacó datos sorprendentes, al señalar que «la compra de una vivienda residencial sobre plano y su posterior venta antes de la firma de la escritura de propiedad puede generar, en algunos casos, plusvalías de más del 846% en menos de un año», o que «el 26% de los ingresos de los ayuntamientos procede de la especulación urbanística, la cual aporta a las autoridades locales más ingresos que el Gobierno central». «España - concluía el Relator de la ONU - debería reflexionar sobre sus políticas económicas y sociales, de modo que las políticas y leyes que emanen de esta reflexión adopten un enfoque de la vivienda y el suelo basado en los derechos humanos». Este informe pasó desapercibido e ignoro si alguna referencia mereció en los órganos de comunicación social.
Pero la realidad es tozuda y, por más que se intente enmascarar o eludir, acaba aflorando con mensajes aún más aleccionadores, que dicen bien poco de la capacidad de reacción de aquéllos a quienes se dirigen cuando persisten en la misma actitud de indiferencia denunciada. El Parlamento europeo, con observaciones y conclusiones muy duras, aprobadas por la mayoría, ha vuelto a llamar la atención sobre un problema que ha puesto a España en el punto de mira de quienes se preocupan por la defensa de un entorno saludable, sostenible y respetuoso con sus valores ambientales. Incluso llega a hablar de que «en España se ha generado una forma endémica de corrupción», advirtiendo del riesgo de congelación de los fondos comunitarios hasta que no se ponga fin a este tipo de actuaciones. No obstante, los eurodiputados españoles se han mostrado disconformes con el acuerdo de la Eurocámara, mientras el Gobierno lo ha ninguneado. El voto negativo de los pertenecientes al Partido Popular tuvo su correlato en la abstención de los socialistas. Un tema incómodo para ambos, en la medida en que ponía de relieve las vergüenzas domésticas a la par que sacaba a relucir responsabilidades implícitas en las que de forma directa se han visto envueltos representantes de todas las formaciones.
¿Qué está pasando en España cuando se trata de algo tan relevante como la calidad de su patrimonio territorial?. Cabe pensar que la batalla por la defensa de los valores ambientales y de la calidad del territorio está seriamente amenazada. A nadie con responsabilidad en el ámbito de la decisión pública parece importarle gran cosa el tema. Un pacto de silencio domina la escena sobre el particular. El principio del 'todo vale' se ha impuesto como principio al amparo de una justicia que en la mayoría de los casos actúa tarde y con sorprendente tibieza.
Tanto en momentos de expansión económica como de crisis la sensibilidad ambiental brilla por su ausencia. Los desastres cometidos por la urbanización abusiva de que ha sido objeto durante los últimos diez años todo el espacio susceptible de ofrecer pingües beneficios a quienes pudieran beneficiarse de ello no van a la zaga de las tolerancia concedida a cuantos en un contexto recesivo puedan encontrar en el pillaje de los valores ambientales el pretexto para justificar demagógicamente que ante todo priman el empleo y la riqueza que con ello se genera. Invocan un argumento que, en verdad, no resiste la mínima crítica: el empleo logrado siempre es precario y fugaz y, por lo que respecta a la riqueza, sólo su magnitud es perceptible en quienes a la postre engrosan sus patrimonios sin escrúpulo alguno. Tal es la lógica que ha regido para la mayoría de los ciudadanos el crecimiento urbanístico en España ante la permisividad de quienes tenían el deber de controlarlo. Algún día habrá que inventariar los casos de corrupción que en nuestro país se han fraguado en torno a la construcción inmobiliaria. Mucho me temo que no se haga, pues, si se hace, el escándalo superaría las previsiones más pesimistas. Hay que ser beligerante con este tema porque creo que, más allá de la corrupción que pueda emponzoñar la imagen de los implicados en las malas prácticas urbanísticas, en el fondo acaba minando los cimientos morales de la sociedad, adultera su jerarquía de valores, enaltece la primacía del desaprensivo y supone una perversión de la democracia cuando se respaldan electoralmente comportamientos delictivos, que lo entienden como una demostración de su impunidad ante la ley.



* FERNANDO MANERO - CATEDRÁTICO DE GEOGRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID






* El Norte de Castilla - Opinión - 30.04.09

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Valencia: El TSJ estima que el consistorio gestiona mal el suelo y le obliga a reponer 1,5 millones para VPP

LEVANTE* : Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ-CV) obliga al ayuntamiento a retornar al patrimonio municipal del suelo un millón y medio de euros que el consistorio sacó de éste para financiar varias expropiaciones, al entender que se hizo un mal uso del dinero porque no se destinó a la construcción de viviendas protegidas, tal como establece la ley.

El patrimonio municipal del suelo es una caja presupuestaria aparte cuyo objetivo es fomentar la vivienda protegida y que se retroalimenta de ésta, ya que los beneficios que genera deben ir a engrosar dicho patrimonio. Tan sólo se agota si no existe demanda de VPP, situación que actualmente parece impensable.
Para el TSJ-CV, el dinero del patrimonio municipal del suelo que el consistorio destinó a expropiaciones "no cumplió la función retroalimentadora que le es propia", sino que se convirtió "en bienes de dominio y uso público (...) en beneficio de los agentes urbanizadores que, por imperativo legal, debieron ceder de forma obligatoria y gratuita, los terrenos precisos" que requería el ayuntamiento.
El equipo de gobierno local ya ha anunciado, por su parte, que "creará una partida presupuestaria no vinculada al patrimonio municipal del suelo" por la misma cantidad para sufragar "los fines sociales e inversiones concretas que señala la sentencia",. De esta forma, aseguró el primer teniente de alcalde, Alfonso Grau, "se resuelve jurídicamente" el asunto.
Un acuerdo de hace tres años
La resolución judicial hace referencia a un acuerdo de la Junta de Gobierno del 3 de noviembre de 2006 en el que se decidió retirar 1.566.209 euros del patrimonio municipal del suelo y emplearlos en expropiaciones para obtener suelo escolar, vía pública, zonas deportivas y, sobre todo, espacios verdes. El edil socialista Juan Ferrer presentó un recurso contencioso-administrativo contra esta decisión que fue rechazado en primera instancia, aunque ahora ha sido estimado por el TSJ.
Para el concejal, la sentencia considera, "como nosotros, que el ayuntamiento debe destinar el 5% de su presupuesto al Patrimonio Municipal del Suelo, y a vivienda protegida los ingresos que obtenga de la venta de inmuebles". Por ello, exigió a Barbera que "cumpla la legalidad" y "no enmascare los agujeros generados por su gestión".







* Levante-emv.com - M. Vázquez - 29.04.09
Foto: Valencia, ayuntamiento - wikimedia.org

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Más de una decena de sentencias condenatorias ordenan demoliciones en parajes de Sevilla en 2009

SIGLOXXI* : El número de sentencias condenatorias que ordenan demoliciones en lo que va de año 2009 en distintos parajes de Sevilla, entre los que destaca "Las Minas" de la localidad de Castilblanco de los Arroyos, supera ya la cifra de diez resoluciones en este sentido, aunque no todos los condenados llevan a cabo tales demoliciones.

Según los datos recabados por Europa Press de las sentencias procedentes de los juzgados de lo Penal de Sevilla desde los últimos días del año 2008, en estos cuatro meses de 2009 se han dictado once sentencias por delitos contra la ordenación del territorio que llevan aparejada penas de entre seis meses y un año de prisión, además de la orden de demoler lo construido de manera ilegal.

La tónica habitual en los últimos años de la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía de Sevilla es precisamente instar a los jueces de lo Penal a que ejecuten las sentencias condenatorias que ordenan la demolición de viviendas ilegales en suelo rústico por delito urbanístico.

No obstante, en lo que va de 2009 también hay algunas resoluciones que absuelven a los acusados y otras, en concreto dos sentencias, que a pesar de que se condena a alguna pena de prisión no se ordena la demolición.

La Fiscalía, del mismo modo, solicita a los juzgados penales que ordenen en cada caso a los ayuntamientos de las localidades afectadas que colaboren con la Junta, poniendo a su disposición técnicos y policías locales para ayudar a los agentes que la Administración autonómica disponga para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la orden judicial.

Entre los casos más recientes se encuentra la sentencia del Penal 9 que condenó a una pena de un año de prisión a una mujer de 63 años por construir de forma ilegal una vivienda y una segunda edificación que iba a ser usada como tienda-bar en el paraje "Las Minas" de la localidad de Castilblanco de los Arroyos, en Sevilla. En este caso, el juez decretó además la demolición de lo construido y la realización de las obras que sean necesarias para reponer la parcela afectada a su estado original.

Por su parte, la Audiencia Provincial de Sevilla confirmó otra condena de seis meses de prisión impuesta por un juzgado de lo Penal a un matrimonio por el delito contra la ordenación del territorio que los acusados cometieron al edificar una vivienda sin autorización en el paraje "Las Minas". La sentencia también acordó la demolición de la casa a costa de los condenados.

Entre las absoluciones, destaca la del alcalde de Lora de Estepa, Salvador Guerrero (PSOE), y el concejal del PP J.M. Díaz de un delito contra la ordenación del territorio por el que la Fiscalía pedía un año de cárcel al apreciar delito en la concesión de una licencia para la construcción de naves. El juez no apreció en este caso conductas delictivas.







* Siglo XXI - E.P. - 29,04,09
Foto: Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), urbanización Las Minas - diariodesevilla.es

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Burgos: El TSJ anula por segunda vez el proyecto de actuación del sector urbanístico S-7

DIARIODEBURGOS* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha anulado por segunda vez el proyecto de actuación del sector urbanístico S-7 (Fuentecillas norte) al considerar que vulnera la legislación urbanística vigente. En la sentencia, que estima el recurso de apelación presentado por 10 propietarios de terreno, se anula el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 29 de diciembre de 2006 por el que aprobó definitivamente ese proyecto de actuación.

La resolución judicial obliga a retrotraer el procedimiento administrativo al momento inmediatamente posterior al acuerdo de aprobación inicial para que se tramite el expediente conforme a la Ley de Urbanismo de Castilla y León y se eliminen todos los defectos detectados.
Así, los magistrados ponen de manifiesto que, al tratarse de un sector desarrollado a través del sistema de concurrencia, el proyecto de actuación debe incluir el urbanizador propuesto, así como la adjudicación del concurso para la selección del urbanizador, extremos que no han sido recogidos en el proyecto de actuación impugnado y que son «causa suficiente para anularlo y retrotraer actuaciones».
Otra de las irregularidades detectadas se refiere a que en ese proyecto aprobado definitivamente no consta la identificación registral y catastral de las fincas incluidas en la unidad con fecha posterior a la aprobación inicial. Tampoco figuran la relación de propietarios.
Además, la Sala señala que en esos terrenos existen unos inmuebles que no han sido tenidos en cuenta en el proyecto «y, que según parece, no van a ser respetados». «Los proyectos de actuación deben contener los documentos de información que reflejen adecuadamente las características relevantes de la unidad de actuación y entre ellas indica precisamente las construcciones e instalaciones existentes», indican, tras recordar que por la pericial aportada se acredita que existen construcciones en las parcelas sobre las que no figura información en el proyecto de actuación que refleje de forma adecuada las características de esas edificaciones. Igualmente, el tribunal recuerda que no se han determinado, tal y como establece la Ley, los criterios para determinar las compensaciones y las indemnizaciones que proceden por esas construcciones.
Por último, la sentencia destaca que el proyecto obvia la cuestión relativa a la retribución del urbanizador, pese a que la legislación lo exige.







* Diario de Burgos - B.D. / Burgos - 29.04.09
Foto: Imagen de archivo del sector S-7 (d.), junto a Fuentecillas. - Luis López Araico, diariodeburgos.es

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El TSJ anula la resolución del Consell que declaró urbano el paraje del Pinaret

INFORMACIÓN/Alicante* : En la misma línea que en las aparecidas la semana pasada, otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana vuelve a anular las decisiones de la Generalitat en materia urbanística avalando la actuación llevada a cabo por el Ayuntamiento de Dénia y su gerencia de Urbanismo entre 2003 y hasta la moción de censura de julio de 2007...
... cuando en plena tramitación para elaborar el nuevo Plan General asumió el Partido Popular la alcaldía de la mano de todo lo imprescindible para llevar adelante la operación: los partidos independientes Centre Unificat, Gent de Dénia y Partido Social Demócrata, y el cooperador necesario Juan Collado, tránsfuga socialista.

El fallo judicial declara ilegal la resolución por la que la entonces la Conselleria de Territorio declaró urbano en 2007 el paraje del Pinaret de Jesús Pobre, justo cuando el ayuntamiento tramitaba ya su protección.
La sentencia resuelve uno de los supuestos escándalos urbanísticos que en el anterior mandato utilizó la oposición (PP, GD y Els Verds) contra el gobierno PSPV-Bloc. Y el año pasado, nada más tomar el poder, el actual pentapartito adoptó entre sus primeras medidas constituir una comisión de investigación sobre las supuestas corrupciones del Pinaret. La comisión ni siquiera se ha reunido jamás, y ya no hace falta: el TSJ acaba de avalar las decisiones adoptadas entonces por el ejecutivo municipal. Unas iniciativas emprendidas en aras de proteger el paraje y con el objeto de resolver la problemática suscitada a raíz de que, debido a un error del Plan General Transitorio -entonces ya vigente-, el ayuntamiento había otorgado en 2006 una licencia de obra a la empresa Noka Prada para que llevara a cabo la construcción de una urbanización de 29 adosados en el emblemático paraje del Pinaret, en Jesús Pobre.
Advertido el error, originado en una incongruencia del Plan General -en la ordenación estructural figuraba el Pinaret como suelo forestal protegido, y en cambio en la ordenación pormenorizada parte del paraje constaba como urbano-, el ayuntamiento gobernado por PSPV y Bloc acordó, espoleado por las protestas vecinales e incluso una manifestación que se celebró en Jesús Pobre, iniciar la revocación de la licencia, así como la tramitación para que los terrenos se protegieran definitivamente. Ya en el pasado mes de octubre, una primera sentencia del TSJ dictaminó que la licencia se revocó de manera legal y que, además, la empresa Noka Prada no tiene derecho alguno a indemnización por ello.

La oposición llama "cínico"
al pentapartito

En los últimos 10 días, PSPV y Bloc han recibido el aval judicial a sus proyectos del T-1, del Camí dels Lladres y del Pinaret. Según la ex alcaldesa, Paqui Viciano, "se les están cayendo los motivos esgrimidos para la moción de censura" mientras Pau Reig, del Bloc, denunció la "postura cínica e hipócrita" del pentapartito. Viciano y Reig coincidieron también en acusar al Consell de ceder ante las "presiones" de las promotoras en lugar de "defender el interés general, que es lo que hacía el anterior gobierno de PSPV y Bloc".






* Información - SERGI GARCÍA - 29.04.09
Foto: Vecinos de Dénia y Jesús Pobre se manifestaron en el Pinaret para exigir la protección - ernest weber, diarioinformacion.com

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Urbanismo detecta 33 obras ilegales en la inspección por satélite

HUELVAINFORMACIÓN* : Todavía a expensas de finalizar las inspecciones, la campaña de control de obras con tecnología espacial contratada por el Ayuntamiento ha detectado ya 33 irregularidades urbanísticas en el término municipal de Huelva, infracciones que hasta la fecha se han saldado con la apertura de 11 expedientes sancionadores y otros 22 que está previsto que se incoen proximamente.

Las ilegalidades localizadas vía satélite se concentran mayormente en la franja Norte de la capital, supuestos de construcción de viviendas aisladas en terrenos rústicos; algunas ampliaciones de casas antiguas; cuadras y perreras no autorizadas; y, entre otros casos, obras de conservación y mejora sin licencia en los núcleos urbanos de La Alquería y La Ribera.

Se trata de los resultados provisionales de la revisión que se viene haciendo desde el Consistorio en los últimos cuatro años con la tecnología más avanzada. Con un presupuesto de 30.000 euros, la Gerencia Municipal de Urbanismo perpetuó los trabajos que se iniciaron años antes con fondos europeos, adjudicando en 2007 a la empresa Decasat el contrato de consultoría y asistencia técnica para la actualización de su cartografía con una serie de fotografías tomadas por el satélite Quickbird.

Según informaron desde la Gerencia, esta encomienda tiene por objeto la detección de posibles infracciones urbanísticas "no advertidas con los recursos usuales, siendo la base del trabajo dos imágenes de satélite separadas en el tiempo, datadas en diciembre de 2005 y mayo de 2007. La campaña de inspección se desarrolla en una fase previa de oficina (con tareas de planificación, definición de sectores de trabajo o emplazamiento, comprobación de la existencia de expedientes urbanísticos y/o disciplinarios, identificación del responsable o propietario…) y una segunda criba de trabajo de campo.

El área de referencia que se está analizando abarca 75 kilómetros cuadrados, esto es, el término municipal a excepción de dos vastas zonas en las que se descarta la construcción: la ría y las balsas de fosfoyesos.

El perímetro en estudio se ha dividido en cinco sectores: (1) terrenos rústicos en el entorno de Peguerillas y el centro penitenciario. (2) Suelo rústico entre la carretera de Gibraleón y el Polígono Fortíz. (3) Fincas rústicas del entorno del Parque Huelva Empresarial y el Polígono Tartessos. (4) El casco urbano y los polígonos industriales limítrofes (La Paz, la Esperanza, Polirrosa, Romeralejo, Miraval y Naviluz, entre otros).

No se han iniciado aún las tareas de inspección en el último sector, (5) que comprende la franja delimitada por la Avenida Francisco Montenegro hasta la Punta del Sebo, así el Paraje Natural Marismas del Odiel y la playa del Espigón.

Según el informe provisional de la Gerencia, entre febrero y marzo de 2008 se inició el trabajo de campo, basándose el modo de operar en la planificación realizada. Se empezó por el Polígono de Peguerillas, La Ribera, La Alquería y Carretera del Cementerio. En diciembre se retomó la identificación de los cambios constructivos detectados por las imágenes del satélite (diciembre 2005 - mayo 2007). "Durante la ejecución del trabajo de campo -explican- se detectan in situ situaciones urbanísticas inadecuadas, que no son advertidas por las imágenes fechadas entre diciembre de 2005 y mayo de 2007, ya que la ejecución de las mismas pertenecen al periodo 2004 - 2005 y anteriores. Dado el desconocimiento y la dificultad de localización en la base de datos de Disciplina, se opta por realizar una base de datos de todas las construcciones en terrenos clasificados como suelo no urbanizable, para facilitar futuras actuaciones de control y recuperar, en su caso, los expedientes disciplinarios ya incoados".

Respecto a la situación de las tareas de inspección, hasta el momento, se han realizado un centenar de visitas, que han dado lugar a la elaboración de 70 fichas de identificación. De estas, en Suelo No Urbanizable, con el 75% de visitas realizadas, han generado la apertura de 11 expedientes sancionadores y otros 22 pendientes de abrirlos. En cuanto a Suelo Urbano, tras visitar el 50% de cambios detectados por el satélite, se han abierto 16 expedientes que sin embargo, corresponden a situaciones normalizadas, aunque en tramitación (esto es, falta algún certificado, ha caducado la licencia, … pero el departamento de Disciplina urbanística tenía constancia de esa actuación).







* Huelva Información - Inma Gallego/ Huelva - 27.04.09
Foto: Huelva, imagen satélite - huelvainformacion.es

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Un aparejador del Ayuntamiento de Yaiza declara que había personas que llegaban a la oficina de Urbanismo “con la licencia en la mano”

CANARIAS7/Lanzarote* : El aparejador del Ayuntamiento de Yaiza, en excedencia, Pablo Carrasco Cabrera, declaró el pasado viernes en calidad de imputado en el Juzgado nº2 de Arrecife por el caso de la concesión de licencias a hoteles en Playa Blanca. Durante los dos últimos días de la semana declararon varios testigos e imputados.

Carrasco está en situación de excedencia desde hace tres años y trabajó en la oficina técnica del área municipal de Urbanismo entre 1988 y 2006. Durante su declaración señaló que hubo ocasiones excepcionales en que los proyectos llegaban al departamento después de que la licencia estuviera ya concedida. Aseguró que comentaba esa circunstancia con su compañero Alfredo Morales, esto es, “que había llegado una persona con la licencia en la mano” antes de haber informado sobre el proyecto.

El aparejador señaló que había un volumen de trabajo muy grande en esa época (1998) y que se tardaba al menos dos semanas en realizar un informe para la licencia de un hotel. Sin embargo, el viernes 29 de mayo de 1998 se solicitaron seis licencias de hoteles que se concedieron el lunes 1 de junio, tras conseguir los informes técnicos y el decreto de alcaldía.

Carrasco aseguró que cuando un proyecto no cumplía la normativa informaba negativamente y se lo decía de modo expreso al alcalde y que este, José Francisco Reyes, en ocasiones acudía a la oficina técnica a preguntar cómo iban los proyectos.

Detalló a preguntas de la juez el procedimiento para la concesión de una licencia y señaló que en ocasiones llegaba el informe del secretario y en otras no. También dijo que al principio hacía las advertencias de la falta de informe del Plan Insular de Ordenación (PIO) pero luego no, porque había mucho “lío”, especificando que se refería a lo que leía por la prensa, que se aprobaba un decreto y después se dejaba sin efecto.

Papagayo Arena

Con respecto a la agrupación de las parcelas para construir el hotel Papagayo Arena, el aparejador señaló que no informó de dicha agrupación y de la licencia de vuelo del establecimiento, ya que las parcelas las agrupó el Ayuntamiento. Hay que recordar que al agrupar las parcelas, el consistorio sumó al suelo urbano un pasillo verde, que ahora ocupa el edificio del recinto hotelero.

En relación a otro de los imputados en el procedimiento, el letrado Felipe Fernández Camero, ex secretario del Ayuntamiento de Arrecife y defensor de Yaiza en los pleitos por estas licencias, señaló que sabe que asesoraba a la corporación, pero que tuvo poco contacto con él y que alguna vez, muy pocas, le hizo alguna consulta.

Morales

El otro aparejador del Ayuntamiento de Yaiza, Alfredo Morales, también declaró, como testigo, el día anterior a la declaración de Carrasco y otros imputados. Señaló que no recordaba haber realizado seis informes técnicos en un fin de semana para conceder otras tantas licencias a hoteles.

También declaró que las ordenanzas del plan parcial donde se asienta el hotel Princesa Yaiza establecían claramente menor altura de la construida y con respecto al PIO dijo que no hacía referencia a este documento en sus informes porque sólo contrastaba los proyectos con las ordenanzas del plan parcial, aunque posteriormente la mayoría de los informe de la oficina del PIO fueron negativos.







* Canarias 7 - ACN Press - 28.04.09
Foto: Yaiza (Lanzarote) - dis.ulpgc.es

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"Hay un enorme pastel urbanístico para gente muy golosa y hambrienta"

MÁLAGAHOY/Entrevista a Rafael Yus* : Se conoce la Axarquía como la palma de su mano. La vigila y la mima difundiendo sus valores naturales y paisajísticos. Después de 15 años como presidente del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía, su labor ha tomado protagonismo porque una de tantas denuncias urbanísticas que han interpuesto en la comarca desembocó en el caso Arcos.

Sin embargo, ha colaborado con muchos ayuntamientos e instituciones en la elaboración de las Agendas 21. También consiguió el Premio Provincial de Medio Ambiente por su decisiva aportación tras las inundaciones de Rincón de la Victoria de 2004.

-¿Cómo llegó a la Axarquía?

-Llegué por razones laborales. Conseguí una beca predoctoral en el Centro Experimental La Mayora de Algarrobo y allí estuve dos años hasta que ingresé en el Departamento de Zoología de la Universidad de Granada, donde di clases otros dos años. Posteriormente ingresé en el cuerpo de profesores de Enseñanza Media y al poco tiempo fui nombrado Catedrático de Ciencias Naturales. Como tal he pasado por Torrox, Nerja y finalmente Vélez-Málaga, donde resido desde hace treinta años. El hecho de que su paisaje nos cautivara (a mi esposa y a mí) fueron concluyentes para quedarnos en este lugar, a pesar de que teníamos otras opciones a nuestro alcance.

-Y desde entonces, no existe una duna, una planta o un animal que se escape a su control.

-Lo hemos intentado, pero la Axarquía tiene infinidad de rincones y cada año descubrimos cosas nuevas. A lo largo de estos años hemos escrito más de veinte libros, verdaderos tratados sobre el medio natural de todos los ambientes de la comarca, que constituyen por sí solos el único inventario realizado sobre los elementos naturales de esta comarca. Pero lamentablemente nuestro control no es suficiente.

-¿Ha cambiado mucho la comarca desde que decidió instalarse?

-Sí que ha cambiado, y esto lo podemos demostrar con las típicas fotografías del "antes y ahora". El cambio ha sido vertiginoso en los últimos diez años, sobre todo en las partes más sensibles del paisaje de la Axarquía, no solo el litoral, que ya empezaba a estar degradado con las torres tipo Benidorm, sino en el campo, que se ha ido llenando de casas o mansiones, además con estilos arquitectónicos que desentonan con la arquitectura popular. La consecuencia es la banalización del paisaje y la degradación de un activo que ya es muy difícil ponerlo en valor para la auténtica actividad turística.

-Y las mansiones y casas en el campo empezaron a hacerse evidentes a la vista de todos. Hace años, usted ya lo advirtió.

-Es que es algo muy evidente. Mucha gente comenta que las casas crecen como hongos, a veces en un tiempo récord. Nuestra asociación, que inicialmente se dedicaba a hacer excursiones de estudio de la naturaleza, pronto se percató que algunos enclaves o hitos paisajísticos eran ocupados por casas, destruyendo el paisaje o eliminando el derecho a disfrutar del mismo, cuando no destruyendo vegetación o animales. Esto nos motivó a empezar a denunciar públicamente lo que calificábamos como desastre, inicialmente a la Junta de Andalucía, y finalmente a la Fiscalía de Medio Ambiente, ante la inoperancia de la administración.

-Han llegado a presentar más de 500 denuncias en toda la comarca.

-Si tenemos en cuenta que en la Axarquía hay unas 22.000 viviendas en suelo no urbanizable, de las cuales más de la mitad se construyeron en tan solo diez años y de éstas especialmente en los años 2006-2007, ya podemos darnos cuenta de que nuestras denuncias sólo rozan la realidad. Nosotros no solemos denunciar viviendas aisladas, nos centramos en procesos urbanizadores encubiertos en suelo no urbanizable, es decir en construir casas en una serie de parcelas de un mismo propietario que las vende una a una de una forma sistemática, como si fueran casas de aperos, con lo cual hace una urbanización sin plan parcial, y por tanto saltándose la obligación de urbanizar y dar al ayuntamiento el porcentaje de suelo estipulado por la Ley del Suelo. Un negocio redondo, con mucha ganancia, pero a costa de un daño irreversible.

-¿Considera una victoria que la Fiscalía haya abierto el caso Arcos contra la corrupción urbanística en Alcaucín?

-No lo calificaría como una victoria, porque nuestra intención nunca ha sido meter gente en la cárcel, ha sido más bien una triste consecuencia de nuestro tesón. Nuestro esfuerzo, aun sabiendo que tenía pocos frutos, ha ido dirigido siempre a que la población y los gobernantes, tomaran conciencia de esta especie de cáncer de la Axarquía. Somos de esta comarca y queremos lo mejor para ella y sus habitantes, pero ciertamente nuestras propuestas no dan un dinero de forma tan rápida y fácil como el negocio inmobiliario. El caso Arcos, que igualmente podría haberse producido en otros municipios de la comarca de haberse contado con suficiente información, ha tenido en cambio la virtud de que los alcaldes se enteren de que las leyes están para respetarlas y hacerlas respetar, y que el poder tiene sus límites.

-Sus denuncias por irregularidades urbanísticas se extienden por todos los pueblos.

-Prácticamente todos, aunque unos mucho más que otros. Por ejemplo, municipios como Alfarnate, Salares, Benamocarra, Totalán y El Borge tienen un ritmo más pausado. En cambio, en municipios como Alcaucín, La Viñuela, Cómpeta, Sayalonga, Torrox, Frigiliana, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Archez, Arenas, Moclinejo, Comares, Riogordo y Periana el ritmo ha sido trepidante en los últimos años. Los fundadores del proceso fueron Alcaucín, Cómpeta, Sayalonga, Torrox, Frigiliana y La Viñuela. Los demás, como Periana, Arenas y Canillas de Aceituno intentaron imitarles porque a fin de cuentas no les pasaba nada y se decían "¿si éste puede por qué yo no?"

-Así, algunos alcaldes lo consideran su azote porque nada pasa desapercibido a sus ojos

-Somos una modesta asociación que lo único que hace es protestar públicamente por el incumplimiento de leyes que son de todos. Algunos alcaldes nos consideran garbanzos en sus zapatos, otros son más comprensivos pero nos siguen viendo algo extremistas. El asunto es que en estos temas no hay término medio: o cumples o no cumples la ley.

-¿Puede entender, de alguna forma, que los alcaldes se quejen de recibir el mismo tratamiento que los políticos de Marbella o Estepona?

-Es evidente que no hay dos casos exactamente iguales. Algunas veces solo son delitos de ordenación del territorio, otras veces incluyen problemas de corrupción. Pero es raro que un político que se arriesga a cometer un delito de este tipo no pida algo a cambio (sea para su beneficio o para el ayuntamiento o para ambos), y aquí viene la corrupción. Por este motivo, los criminólogos tienen establecido un modelo básico de corrupción urbanística que se puede decir que, salvo matices locales, es el mismo en todos los lugares. Lógicamente pueden variar las cantidades porque no es lo mismo un negocio en la Costa del Sol que en la Axarquía, el suelo allí es mucho más caro, y por tanto hay que pagar más por delinquir.

-El proceso urbanizador en la Axarquía comienza hace décadas, y ahora empieza a intervenirse. Usted ha señalado la inoperancia de la Junta de Andalucía.

-Cuando ponemos una denuncia administrativa, a veces tarda un año en contestarnos y es porque se pone un marcha un pesado mecanismo burocrático que empieza por pedir información al ayuntamiento en cuestión, dándole un plazo de un mes, que frecuentemente se alarga, luego tiene que enviar inspectores, que son pocos y por tanto tampoco pueden aligerar el proceso, y así sucesivamente. Si encuentran que es una falta, inician un proceso judicial pero por el contencioso administrativo, que puede emplear de dos a tres años en resolverse. Luego están las presiones de los políticos que reclaman vista gorda porque son del mismo partido, a veces chantajeando con cambiar de partido, o amenazar con la pérdida de votos por el exceso de celo. La justicia es algo más rápida pero su falta de recursos también la enlentece, pero al menos es teóricamente neutral y no se ve colapsada por las influencias políticas.

-Las construcciones en suelo rural, ¿son un problema endémico de la Axarquía?

-No lo creo. Este problema se reproduce donde se juntan tres factores: hay minifundios, la agricultura ha perdido competitividad y el lugar tiene un alto interés turístico (por su clima, paisaje, etc.). Esta situación se da en muchos lugares, por ejemplo en Mijas, Estepona, Veger o Chiclana. Ciertamente hay un cuarto factor: la relajación de las autoridades ante los hechos. Los ayuntamientos tienen competencia urbanística y esto supone hay un enorme pastel urbanístico para gente muy golosa y hambrienta. La rentabilidad del negocio inmobiliario es enorme.

-¿Cree que el POT de la Axarquía es un buen instrumento para regular la situación?

-El POT de la Axarquía es un documento válido, posiblemente el único documento que yo conozca que defienda tan bien el paisaje, porque sus redactores se percataron de la importancia de este activo. Nosotros colaboramos en su redacción, junto con otros sectores, políticos y empresariales, por lo que es un documento consensuado. Los alcaldes se quejan de que este instrumento frena el desarrollo de los pueblos, pero es que el POT no puede ir en contra de la Ley del Suelo (LOUA) que es de rango superior, y si esta ley dice que no se puede construir en suelo no urbanizable, pues hay que cumplirlo.

-¿Qué tiene de especial la naturaleza de esta comarca del levante malagueño?

-El paisaje de la Axarquía es un cromo, una instantánea que te muestra el modo de vida de miles de agricultores, el resultado de una titánica labor de roturación en laderas escarpadas. Es una comarca muy humanizada, por lo que apenas hay lugares donde se ha permitido desarrollarse la naturaleza a su aire. Tan sólo los más agrestes y rocosos nos muestran una naturaleza de tipo mediterráneo cuya máxima expresión la tenemos en el Parque Natural de Tejeda y Almijara, donde se congregan las especies más singulares tanto de flora (el tejo) como de fauna (la cabra montesa). Pero la zona agrícola también es rica en fauna, siendo el elemento más destacado el camaleón, que encuentra en esta comarca la zona donde más ampliamente se ha desarrollado en todo el continente europeo.

-Y sus habitantes lo desconocen… Y los estudiantes, ¿se interesan?

-Las especies más corrientes son conocidas por todos los habitantes. Lo que se desconocen son los endemismos vegetales y animales, que lógicamente solo son reconocidos por los expertos. A través de artículos de divulgación hemos intentado que haya más gente que los conozca. A los estudiantes les interesa más la naturaleza viva, la que se ve en el medio natural, que la que está petrificada en los libros de textos. Están abiertos a conocer curiosidades.

-¿Cómo son vuestras relaciones con las instituciones?

-Nuestra actitud siempre es y será de colaboración, de ayuda desinteresada, como asociación sin ánimo de lucro que somos. Así lo hemos demostrado en la Diputación Provincial, los Ayuntamientos, la Mancomunidad, el CEDER, las escuelas, etc. Pero si observamos faltas graves, las denunciamos sin más. No hay paños calientes para nadie, mantenemos nuestra independencia y nuestra no alineación con ningún partido político.

-¿Existe hoy en día más concienciación con el medio ambiente o sólo es de boquilla?

-En la era de la información es lógico que la gente esté más enterada de la existencia de problemas ambientales. La concienciación es otra cosa, requiere un replanteamiento de valores y esto no sucede en personas que no reflexionan sobre lo que hacen, sobre lo que están contribuyendo con su actividad diaria, o bien son extremadamente antropocéntricas. El dato más palpable es la falta de movilización ciudadana ante los atentados más graves contra el medio ambiente. Fenómenos mediáticos y gregarios como la marea blanca de voluntarios frente al chapapote del Prestige no nos deben engañar.







* Málaga Hoy - 26.04.2009
Foto: Axarquía (Málaga), diseminados - laopiniondemalaga.es

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Anticorrupción se queja de su precariedad ante el "espectacular" incremento de trabajo

ELPAÍS* : La Fiscalía Anticorrupción experimentó en 2008 un incremento "espectacular", del cien por cien, en el número de diligencias de investigación incoadas respecto al año anterior, según la memoria de esta fiscalía especial que dirige Antonio Salinas. Durante 2008 se interpusieron 15 nuevas querellas o denuncias y ampliaciones de otras anteriores.

El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, menciona la "precariedad de medios ofimáticos" y de que no dispone de los medios informáticos apropiados para el tratamiento de la información y documentación acorde con las necesidades de la Fiscalía especial.

En la actualidad, Anticorrupción interviene en un total de 246 procedimientos penales, entre los que destacan la Operación Gürtel contra la trama corrupta vinculada al PP, además de casos como el del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra; la Operación Ballena Blanca, sobre corrupción en Marbella; las presuntas estafas filatélicas de Afinsa y Fórum o Gescartera. La Fiscalía investiga también una treintena de convenios celebrados por el Ayuntamiento de Marbella.

A lo largo de 2008, la Fiscalía Anticorrupción estudió 268 denuncias de particulares, de colectivos u organismos, además de 1.724 comunicaciones. La plantilla de la Fiscalía especial es de 92 personas, de las que 29 son fiscales y el resto personal colaborador de unidades de apoyo de la Agencia Tributaria, la Intervención General del Estado, policía y Guardia Civil.

Memoria 2008

- Diligencias informativas de la Fiscalía Anticorrupción. En trámite. Dieciséis en 2008; seis en 2007.

Concluidas. Once en 2008; una en 2007.

- Diligencias de investigación.

En trámite. Veintiséis en 2008; nueve en 2007.

Concluidas: Doce en 2008; ocho en 2007.






* ELPAIS.com - J. M. L. - Madrid - 28/04/2009

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El juez atribuye al ex alcalde de Lanjarón delitos urbanísticos

LAOPINIÓN/Granada* : El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Órgiva considera que existen "motivos suficientes" para atribuir a varios miembros del anterior equipo de gobierno de Lanjarón, entre ellos al que fuera alcalde José Rubio (PP), su participación en un presunto delito de prevaricación de funcionario público, otro de usurpación de funciones públicas o intrusismo y contra la ordenación del territorio por permitir la construcción de una vivienda en un lugar de especial protección donde sólo había autorización para levantar una nave agrícola.

En el auto de procedimiento abreviado por el que se da traslado a las partes para la solicitud de juicio oral, se incluye también como imputados a Belén Rodríguez Iglesias, la persona que promueve la obra y a su vez esposa del arquitecto municipal que contrató el entonces alcalde, y al secretario municipal: este último por no presentar "objeción alguna ni poner reparo" cuando se concedió la licencia de primera ocupación sin el informe técnico y jurídico preceptivo.

El asunto se remonta a junio de 2006 cuando la mujer del arquitecto solicita una licencia de obras para construir una nave-almacén y una alberca de 50.000 litros para riego de unos terrenos clasificados como suelo no urbanizable de especial protección al ser Paisaje Agrario Singular. La solicitud se traslada a la junta de gobierno local que procede a aprobarlo al contar con informe favorable el proyecto de nave de aperos. Sin embargo, en su lugar se construyó una casa de hormigón que en nada se ajusta al proyecto, violando las normas subsidiarias que prohíben la construcción de viviendas a menos de dos kilómetros del casco urbano.

Una vez finalizadas las obras, el 29 de mayo de 2007 la propietaria solicita la licencia de primera ocupación que la comisión de gobierno presidida por José Rubio y los ediles Francisco Gutiérrez Castro y Juan José Romero Chaves, en presencia del secretario municipal, Antonio Gijón Aguado, votó favorablemente dos días después pese a la "inexistencia de informe técnico y jurídico preceptivo" y "a sabiendas de que tal decisión carecía de amparo legal alguno".
Intrusismo de Rubio. Según se refleja en el citado auto, al que ha tenido acceso este diario, el entonces alcalde era "plenamente consciente de la inexistencia del informe técnico" pues obvió pedírselo al otro arquitecto municipal que no es el marido de la promotora de la vivienda y que ya en febrero de 2008 inspeccionó la obra determinando que en modo alguno se ajustaba al proyecto.

Conscientes de la inexistencia de dicho informe, el secretario se dirigió verbalmente a los integrantes de la comisión para decirles que "esto es lo que hay, ustedes deciden". El entonces alcalde aseguró que "él personalmente había subido a ver la finca y todo estaba correcto", lo que es interpretado por el juez instructor como una presunta usurpación de funciones puesto que "se arroga un rol que en modo alguno le correspondía y por el que carece de la más mínima cualificación profesional". "Además falta manifiestamente a la verdad ya que las obras realizadas no se ajustaban al proyecto ni siquiera en su apariencia externa", precisa dicho escrito. La inexistencia de actividad agrícola fue igualmente comprobada por los agentes del Seprona de la Guardia Civil.

Según el instructor, había una voluntad del entonces equipo de gobierno de favorecer a la promotora de la edificación y a su esposo dada la "muy buena relación personal" con el alcalde, quien incluso reconoció que la contratación de este último como arquitecto municipal obedecía a la intención de contar con una segunda opinión cuando los criterios del perito no fueran compartidos por la comisión de gobierno. "Todo ello con la premura y urgencia motivada por un inminente cambio de equipo de gobierno ya que días antes el partido de la oposición, el PSOE, había ganado las elecciones municipales por mayoría absoluta".






* La Opinión de Granada - ÁLVARO CALLEJA - 27.04.09
Foto: Lanjarón (Granada) - ideal.es

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Protesta contra Nou Mil·leni

ELPAÍS/Valencia* : Bajo el lema Por Catarroja, contra la destrucción: Nou Mil·leni no, vecinos de esta localidad de l'Horta Sud se concentraron ayer ante el Ayuntamiento para mostrar su rechazo al plan urbanístico que prevé 12.000 viviendas, 7.000 de ellas de protección oficial.

El proyecto, pendiente de diversos recursos en los tribunales, cuenta con el beneplácito del equipo de gobierno, del PP y UV, y con el rechazo frontal de la oposición, PSPV-PSOE, Bloc y EU. En la imagen, un momento de la protesta.




* ELPAIS.com - JOSÉ JORDÁN 27/04/2009
Foto: Rechazo al plan urbanístico de Nou Mil·leni - elpais.com

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El TSJB invalida uno de los mayores ´pelotazos´ en el caso Plan Territorial

DIARIODEMALLORCA* : El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha invalidado una operación urbanística contemplada en el Plan Territorial de Mallorca y que presuntamente dio pie a uno de los mayores pelotazos denunciados por la Fiscalía Anticorrupción e investigados ahora por el juzgado de instrucción nº6. Se trata del antiguo urbanizable AS-16, en el Port d´Alcúdia, cuya clasificación como suelo rústico acaba de confirmar una reciente sentencia.

En 2003, al poco de comprar la finca por 6 millones de euros el promotor inmobiliario Mateo Sastre, del grupo Ibercon, ésta fue incluida en el Plan Territorial de Mallorca dentro de una área de reconversión territorial (ART), consistente en trasvasar sus derechos de edificabilidad hasta el predio de es Crevers, en Marratxí, que el ex presidente del Mallorca y dueño del Grupo Drac, Vicente Grande, compró y revendió posteriormente también a Sastre, según el primero por 46 millones.
Los propietarios iniciales de la parcela en Alcúdia -la sociedad anónima Montañamar- interpusieron en 2003 un contencioso contra el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento por la aprobación definitiva de la adaptación del planeamiento municipal a varias normativas superiores, en el que la mayor parte del sector AS-16 aparecía clasificado como suelo rústico. Los demandantes reclamaban la inclusión de sus terrenos en el suelo urbanizable, y con el plan parcial y el proyecto de urbanización aprobados.
Sin embargo, los magistrados que han visto el recurso han fallado que la desclasificación del antiguo urbanizable fue ajustada a Derecho, recordando que la misma se produjo ya anteriormente al año 2000, y subrayando que en la adaptación de las normas subsidiarias de 2002 -objeto del litigio- el Ayuntamiento no introdujo ningún cambio en este sentido. Y es que el actual consistorio alcudienc viene defendiendo desde hace años en los tribunales que el mantenimiento de este antiguo urbanizable, enclavado bajo el puig de Sant Martí y próximo a la zona de los lagos, resultaría "insostenible" para el municipio.

Apelación ante el Supremo

Los demandantes se han mostrado disconformes con el fallo judicial, y han presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, al no caber otro por la vía ordinaria. Si finalmente este no prosperara a su favor, podría quedar definitivamente abortado el traslado de los dudosos derechos urbanísticos desde Alcúdia hasta Marratxí.






* Diario de Mallorca - M. FERRER/ F. ARMENDÁRIZ. PALMA - 27.04.09
Foto: Panorámica de los terrenos del AS-16, en el Port d´Alcúdia, declarados suelo rústico. - Guillem Bosch, diariodemallorca.es

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Una promotora ganó 34 millones en año y medio con cinco 'pelotazos' en La Muela

HERALDO/Zaragoza* : La compraventa de suelo en La Muela no ha podido resultar más fructífera para la promotora Construcciones Sagain, con la que está vinculado uno de los imputados, Francisco Aramburu Altuna. Esta empresa obtuvo en plusvalías 33,9 millones de euros en apenas 16 meses, según se desprende de la investigación de la Operación Molinos.

Estos beneficios provinieron en parte de la adquisición de varias fincas justo antes de su recalificación y en parte de que, según queda acreditado, la sociedad urbanística le vendió parcelas muy por debajo del precio real del suelo.



El inicio de esta sucesión de exitosas operaciones se sitúa en septiembre de 2004, cuando Construcciones Sagain pagó 10,5 millones a casi una decena de propietarios por varias parcelas integradas en uno de los sectores de desarrollo del municipio, en la zona conocida como Partida El Morrón (UE-5). Según la Policía, al menos dos de las fincas eran en ese momento rústicas. Medio año después, cuando todas las parcelas tenían ya la calificación de urbanas, Sagain revendió el suelo a dos promotoras por 22,5 millones, lo que le originó plusvalías de 12 millones.



En esa misma zona, la empresa investigada compró suelo por 500.000 euros a otro particular en noviembre de 2004 y lo revendió a otra firma en enero de 2006 por 2,5 millones, lo que supone multiplicar por cinco su valor en poco más de un año. Cuando Construcciones Sagain efectuó el desembolso, el suelo estaba calificado como urbano no delimitado, mientras que en el momento de la venta era ya urbano consolidado.

Una tercera operación similar, que también incluye la recalificación del suelo, se llevó a cabo entre julio de 2005 y marzo de 2006, cuando Sagain compró fincas en la partida de San Antonio de Zafranares, en la UE-13, a seis propietarios por 4,2 millones y las vendió después por 7 millones.



Estas tres compraventas, con plusvalías de 14,8 millones para Sagain, son las que motivan la imputación de Aramburu por presunto uso de información privilegiada.



La investigación se dirige asimismo hacia otras dos transacciones de características diferentes: la compra de más de 20 hectáreas de suelo a la sociedad urbanística municipal por un precio inferior al del mercado, según las pesquisas. La Policía considera responsable de estos hechos a Julián de Miguel, administrador único de Aranade, y a la propia alcaldesa, como presidenta y apoderada de la sociedad urbanística.

La primera compraventa se desarrolló entre noviembre de 2004 y enero de 2005. En menos de siete semanas, Construcciones Sagain adquirió 11.666 m2 de la UE-14 -suelo urbano- por 1,7 millones de euros, a poco más de 150 euros por metro cuadrado, y los vendió a otra promotora en dos fases, la primera a 826,69 euros por metro y la segunda por 360,56 euros por metro. En total, las plusvalías fueron de 5,1 millones, cuatro veces lo invertido inicialmente.



La otra operación que ha levantado las sospechas de los investigadores fue aún más rentable para Sagain. En este caso, la sociedad urbanística le vendió 200.000 metros cuadrados en la cuarta fase de Centrovía en mayo de 2005 por 14,4 millones. A su vez, la promotora obtuvo 26,4 millones siete meses más tarde al transmitírsela a otra empresa, lo que supuso una plusvalía de 12 millones.



Los investigadores de la Operación Molinos no dejan de lado la fugaz tramitación registrada con la sexta fase de Centrovía. Incluida su aprobación por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio en la sesión del 26 de diciembre de 2008, tan solo cinco meses más tarde de que este mismo órgano rechazase la delimitación del suelo. El hecho de que el contenido de uno y otro informe sea casi idéntico hace pensar a la Policía que sus promotores hicieron uso "de su influencia en altas instancias" para lograr su aprobación. La reunión de diciembre no estuvo presidida por la directora de Urbanismo, Nuria Mas, sino por el subdirector, Carlos Martín Rafecas, otro de los imputados en la presunta trama de corrupción.







* Heraldo - LUIS FACI. Zaragoza - 27.04.09
Foto: La Muela (Zaragoza), Parque_eolico - elpais.com

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El juez Torres ve insuficiente la actuación administrativa contra la corrupción

GRANADAHOY* : El que fuera instructor del caso Malaya, el juez Miguel Ángel Torres, consideró ayer necesaria más tutela de las administraciones públicas para prevenir la corrupción urbanística, puesto que, en ocasiones, las condenas penales son "mínimas y se imponen años después ser detectadas las irregularidades". "Los juzgados de lo Penal son como una funeraria, que ya no podemos hacer nada, mientras que las administraciones públicas son la ambulancia, que todavía pueden salvar al enfermo", señaló durante la conferencia que pronunció hoy en el Palacio de Congresos de Granada sobre la corrupción urbanística en la Costa del Sol, un acto en el que además aludió a estadísticas que calculan que el 5 por ciento del PIB mundial se genera por la corrupción.

Torres defendió que en la Costa del Sol no se dan más casos, sino que hay más investigaciones activas. El ahora titular del Juzgado de lo Penal 5 de Granada y que comenzó a instruir el caso Malaya, reconoció que factores "que pueden parecer absurdos, como el buen tiempo, pueden atraer a personas de otros países ya con antecedentes pero sin control". A esto habría que sumar la proximidad a Gibraltar, "un paraíso fiscal que "favorece el blanqueamiento de dinero", y las buenas comunicaciones.

Todos estos factores, añadió, han generado en la costa "una industria auxiliar de la corrupción formada por abogados, gestores y asesores fiscales". Profesionales dispuestos a dar instrucciones, por ejemplo, sobre cómo blanquear fondos.

"Cualquiera puede ser objeto de corrupción puesto que entre los ciudadanos de alguna manera se percibe que si los responsables políticos cometen este tipo de delitos y quedan impunes, ellos también se ven legitimados para realizar ciertas prácticas", mantuvo el magistrado durante su intervención. Tampoco la corrupción urbanística va asociada a la dimensión de los municipios, puesto que hasta en los más pequeños ésta "se extiende como una marea negra", por la necesidad además de los ayuntamientos de conseguir financiación y la ausencia de controles y disciplinas urbanísticas, entre otras razones.

La crisis, sin embargo, ha frenado mucho este fenómeno, ya que en la situación actual "no interesa corromper a nadie para conseguir sacar determinados proyectos, cuando éstos ya no existen".

"Hay corruptores porque hay corruptos y hay corruptos porque hay gente dispuesta a corromperlos", indicó el juez que también se quejó de la ausencia de medios policiales y judiciales para perseguir las redes del crimen organizado en la Costa del Sol.






* Granada Hoy - Agencias / Granada - 25.04.09

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Vecinos de Las Vistillas protestarán hoy en la Marathón de Madrid por el plan urbanístico de la Cornisa

EUROPAPRESS* : Vecinos de Las Vistillas anunciaron que expresarán su malestar en la Marathón de Madrid que se celebrará hoy por los planes urbanísticos que el Ayuntamiento de la capital ha aprobado en la Cornisa de San Francisco al considerar que "acabaría con la zona verde y de recreo" de la que ahora disfrutan.

Las protestas, llevadas a cabo por los vecinos junto con entidades como Ecologistas en Acción, se materializarán al paso de la Maratón por el Madrid de los Austrias. Anuncian además que las próximas fechas festivas serán empleadas para nuevas acciones de protestas ciudadanas haciendo una "oposición pacífica" al proyecto urbanístico de la Cornisa.

Los vecinos anuncian que se apostarán en la confluencia entre las calles Mayor y Bailén con pancartas y cacerolas para expresar su disconformidad con el Plan aprobado por el Ayuntamiento de Madrid que plantea urbanizar el ámbito urbano de esta Cornisa, que calificaron como un "auténtico emblema paisajístico de la capital", y todo ello "en beneficio de instalaciones de la Iglesia".

El Plan Parcial de la Cornisa de San Francisco salió adelante en el Pleno municipal de febrero con los votos favorables del PP y la oposición de PSOE e IU a la espera del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el movimiento vecinal con el que critican lo que consideran una "tropelía" urbanística.

El Plan se aprobó inicialmente en Junta de Gobierno el 31 de julio de 2008. El Grupo Municipal de IU recordó que esta operación, iniciada hace una década, otorga a la Iglesia 19.000 metros cuadrados, que se suman a los 6.000 conseguidos en la etapa de mandato de José María Álvarez del Manzano, en total, 25.000 metros cuadrados de nueva edificabilidad para el Arzobispado, más un parking de 200 plazas y viales para un entorno con edificios de uso exclusivo para la Iglesia.






* Europa Press - 26.04.09
Foto: Madrid, cornisa de San Francisco el Grande - madridiario.es

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El TSJ ve imposible demoler las obras del Teatro Romano

ELPAÍS/Valencia* : Sentencia imposible de cumplir. Ese es el dictamen del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) respecto a la ejecución del fallo por el que debía demolerse la polémica rehabilitación del Teatro Romano de Sagunto. El propio TSJ, el 30 de abril de 1993, consideró ilegal la intervención arquitectónica en el monumento saguntino que modificó la cávea y el muro de cierre de la escena. En 2000, el Tribunal Supremo ratificó ese fallo judicial, desestimando el recurso que interpuso el Ayuntamiento de Sagunto.

En 2007, ese mismo tribunal respondió a la petición de Manuel Marco Molines, abogado y ex diputado del PP que interpuso la demanda, que obtuvo respuesta favorable a su petición de ejecución de sentencia. El Supremo dijo claramente que debían levantarse las placas de mármol que modificaban la cávea y rebajar la altura del muro de cierre de la escena. En definitiva, devolver el monumento a su estado anterior a la rehabilitación. Una sucesión de plazos ha dejado la intervención pendiente. Y la Generalitat esgrimió ante el TSJ una imposibilidad que ahora ve amparada.

Marco Molines anunció ayer mismo que recurrirá la decisión. La Generalitat, por su parte, no tardó en expresar su satisfacción por el amparo encontrado en el TSJ. Y el arquitecto valenciano Manuel Portaceli -autor, junto a Giorgio Grassi, de la rehabilitación del Teatro Romano de Sagunt aprobada en 1988 por la Consejería de Cultura- expresó su deseo de que el monumento rehabilitado pueda ser entregado de forma definitiva "al ciudadano, para su uso y disfrute".

El fallo del TSJ ha recogido en efecto las aspiraciones de la Generalitat. Su argumento, en esencia, se sustancia en que la modificación legislativa realizada en 2007 sobre la Ley de Patrimonio daba cobijo a la rehabilitación realizada en el Teatro Romano.

El TSJ considera además que esa modificación no está hecha expresamente para amparar la intervención en el monumento romano sino que tiene un carácter general que "responde a una corriente arquitectónica que tiene más de un siglo". Sin embargo, el auto del plenario de la sala de lo Contencioso-Administrativo tiene un voto particular, extenso y crítico, firmado por el magistrado Fernando Nieto.

Para Nieto, no está ni mucho menos claro que deba darse por imposible la ejecución de la sentencia porque al día siguiente de tirar lo reconstruido podría volverse a hacer al amparo de la modificación legal. Según Nieto, la argumentación del auto tiene carencias y pone en duda que esté garantizado que se resuelve atendiendo a los intereses públicos y no de la Administración competente, la autonómica.

Según explica el magistrado en su voto particular, habría sido más que recomendable que se hubiera contado con informes varios, no solo con el realizado por el Servicio de Patrimonio Arquitectónico, dependiente de la Generalitat.

La diputada socialista en las Cortes Valencianas Ana Noguera valoró con satisfacción que el TSJ "ponga fin al conflicto". La Generalitat aplaudió el auto que acepta la inejecución de la sentencia que obligaba a demoler la rehabilitación del Teatro Romano. Por su parte, la consejera de Cultura, Trinidad Miró, se felicitó, a través de un comunicado, de que el TSJ haya "entendido y compartido los argumentos del Gobierno valenciano".

Manuel Portaceli, uno de los autores de la rehabilitación polémica, pidió ayer que finalice ya la confrontación por una obra que entiende consolidada y confió en que a partir de ahora efectivamente el monumento sea entregado al público, a los ciudadanos, como el espacio que él y Grassi concibieron en su actuación sobre un tesoro de la arquitectura romana.






* ELPAIS.com - LYDIA GARRIDO - Valencia - 25/04/2009
Foto: Sagunto (Valencia), teatro romano reformado - J.Císcar, elpais.com

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Vecinos se unen para denunciar un urbanismo atroz

LAVOZDESALAMANCA* : Un grupo de vecinos se ha organizado dispuesto a denunciar la obra permitida en los jardines traseros del Hospital Santísima Trinidad de Salamanca. Han formado una plataforma de unos 40 afectados entre vecinos de las calles de alrededores.

Han mandado al Ayuntamiento (Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo) escritos de personación y solicitud de copias del expediente de la obra, el primero enviado el día 31 de marzo de 2009. Hasta la fecha no han tenido respuesta del Ayuntamiento. Este edificio no se ha ajustado en absoluto a lo ya concedido en el proyecto y excede con creces todos los límites permitidos.

Los vecinos también han colgado un vídeo el YouTube mostrando «cómo se destruye el patrimonio de Salamanca construyéndose una aberración de edificio en el jardín totalmente pegado a un hospital histórico del siglo XIX, aniquilando totalmente el jardín y el entorno del hospital y del vecindario».







* La Voz de Salamanca - 24 de abril de 2009
Foto: lavozdesalamanca.com

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Arnuero: Comienzan los derribos

ELDIARIOMONTAÑÉS* : Cantabria asistirá el próximo miércoles a los dos primeros derribos de viviendas en cumplimiento de sentencias judiciales: las fases primera y segunda de la Urbanización El Encinar, en la Playa de la Arena (Arnuero), y el 'Chiringuito de Mingo', en la Playa de Ajo (Bareyo). En Arnuero, los trabajos comenzarán a las 8.30 horas. En Ajo, a las 10.00. Su coincidencia en el tiempo, el próximo día 29, hará de esa fecha una jornada histórica para el urbanismo de la región, y también en lo relativo al cumplimiento de sentencias judiciales.

La demolición de la Urbanización El Encinar no será completa. Afecta a las dos primeras fases de aquella promoción, pero no a la totalidad de ella. En total, se trata de 42 apartamentos, de los 144 que componen el conjunto.
Estas viviendas son precisamente las que no llegaron a concluirse en su momento y, por tanto, las únicas que se encuentran deshabitadas. En su mayoría pertenecen a la empresa constructora (Cenavi), que a partir de la demolición podrá iniciar las acciones judiciales tendentes a reclamar la indemnización económica a la que tiene derecho.
El resto de la urbanización -102 apartamentos- permanecerá en su actual estado, aunque sobre ella también pesa una sentencia de derribo. Sus propietarios vienen exigiendo una solución a través de las demandas planteadas por la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a un millar de propietarios de viviendas afectadas por sentencias de derribo en Cantabria.
La misma empresa
Los trabajos de demolición se prolongarán por espacio de varios días y comenzarán el miércoles con el vallado de la zona. El hecho de que los bloques afectados no dispongan de servicios básicos como el abastecimiento de agua, el suministro eléctrico o el cableado telefónico facilitará los trabajos, sin duda, aunque el resto de las viviendas no deben verse afectadas en ese aspecto por los trabajos de desmantelamiento de estos bloques.
Para ello, el Ayuntamiento de Arnuero ha exigido a la empresa la presentación de un plan de seguridad y salud, un compromiso por escrito en el sentido de que el derribo de los inmuebles llevará aparejado el restablecimiento de la legalidad urbanística y un aval económico para garantizar la correcta ejecución de los trabajos.
Como quiera que Inmobiliaria Arnuero es una filial de Cenavi, se da la circunstancia de que la misma empresa que las construyó, hace un par de décadas, es la encargada de proceder al derribo.
Medidas de seguridad
Ese proceso arrancará a las 8.30 horas del miércoles. Hora y media más tarde, a muy pocos kilómetros de allí, tendrá lugar el derribo del llamado 'Chiringuito de Mingo'.
En principio, la demolición de este inmueble había sido programada para el 24 de noviembre pasado, pero la presencia de un centenar de personas en apoyo de Domingo Herrero Moure, su propietario, forzó a las autoridades locales a posponer los trabajos.
Por ello, la Guardia Civil tiene previsto extremar las medidas de precaución el próximo miércoles, a fin de evitar el acceso de personas al lugar, como ocurrió en el mes de noviembre.
El 'Chiringuito' se construyó en el año 2001 como un negocio de hostelería, aunque Domingo Herrero, su propietario, lo utiliza también como residencia.







* El Diario Montañés - ÍÑIGO FERNÁNDEZ - 25.04.09
Foto: Urbanización El Encinar, en la Playa de la Arena. El derribo comenzará por la zona inacabada. / CELEDONIO, eldiariomontanes.es

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Un tribunal anula un PAI de Vall d'Alba con una parcela del alcalde

ELPAÍS/Castellón* : La intención de someter el programa a la antigua LRAU en lugar de tramitarlo con la actual Ley Urbanística Valenciana (LUV), algo más estricta, fue el motivo por el que el Ayuntamiento de Vall d'Alba aprobó, sin cumplir los preceptivos plazos, un PAI que ahora ha sido anulado por los tribunales. "Resulta evidente que el acuerdo plenario es contrario a derecho", señala el fallo del juzgado nº2 de lo contencioso administrativo de Castellón, que es recurrible.

El programa anulado es el denominado Nuevo Sector Residencial. Ampliación del Instituto de Secundaria de Vall d'Alba. La decisión del tribunal no sólo implica que el Ayuntamiento habrá de realizar, de nuevo, todos los trámites para su aprobación, sino que la ampliación del instituto se paralizará hasta que el programa se legalice, pese a que el suelo ya había sido cedido a la Generalitat para el desarrollo de ese centro. Además, tal como expuso ayer Fernando Grande, portavoz del PSPV en Vall d'Alba, las arcas públicas habrán de costear, por segunda vez, el proyecto, coste al que habrá que sumar las indemnizaciones que reclamen los vecinos afectados por la expropiación que se llevó a cabo y entre los que se encuentran quienes recurrieron la decisión municipal. Además, Grande recordó que entre las parcelas que surgieron de este PAI, que recalificó suelo, se encuentra una de la que es titular el propio alcalde del municipio y vicepresidente de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez. Según el registro, Martínez comparte este suelo con un socio, Raúl Babiloni que, tal como añadió el edil socialista, fue quien también adquirió otra parcela que era de titularidad municipal y que salió a subasta pública.

El Ayuntamiento sometió a exposición pública el PAI en diciembre de 2005, dos meses antes de que entrara en vigor la LUV. Durante el mes de enero se recogieron alegaciones, se presentaron proposiciones jurídico-económicas y se presentaron las ofertas pero el Ayuntamiento no cumplió el último plazo que exigía que, a partir del 24 de enero, fecha en la que se abrieron las plicas, se abriera otro período de exposición pública de diez días. De haberlo cumplido, la propuesta no podría haberse aprobado antes del 2 de febrero, cuando ya había entrado en vigor la LUV. El Ayuntamiento aprobó el proyecto justo el día antes de que entrara en vigor la nueva ley. El fallo del tribunal refleja que la normativa señalaba que los procedimientos urbanísticos iniciados podrían acogerse a la LRAU siempre que hubiera concluido el trámite de información pública, cosa que no ocurrió. "El programa debió tramitarse nuevamente conforme a lo que establece la LUV", indica la sentencia.

El PAI se encuentra actualmente totalmente urbanizado después de que, en mayo de 2006 la junta de gobierno adjudicara a Lubasa los trabajos por un importe de cerca de 400.000 euros.





* ELPAIS.com - M. FABRA - Castellón - 25/04/2009
Foto: Vall D'alba (Castellón) - abc.es

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La cárcel de Lledoners se hizo con una planificación urbanística ilegal

LAVANGUARDIA/Barcelona* : El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado el decreto de la Generalitat que permitió construir la prisión de Lledoners en Sant Joan de Vilatorrada porque se utilizó un proceso urbanístico ilegal. La Plataforma "Respectem el Pla de Bages", contraria al centro penitenciario, ha hecho pública esta sentencia, que les da la razón, y estudian acusar de prevaricación al Ayuntamiento de Sant Joan y a la Comisión de Urbanismo de Barcelona.

El conseller de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat, Joaquim Nadal, ha dicho que la sentencia no cuestiona la idoneidad del emplazamiento del centro. En este aspecto, Nadal ha añadido que "la sentencia debe leerse bien leída", según ha informado el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas.

La sección tercera del TSJC estima así el recurso presentado por la citada plataforma y considera nula la resolución del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de febrero de 2005 en que se aprobaba el texto refundido del plan especial urbanístico de esta zona.

La sentencia cuestiona cómo se hizo la tramitación urbanística para la construcción de la prisión. Según el TSJC, un equipamiento de estas características no se puede efectuar a través de un Plan Especial, tal y como se hizo hace cinco años en Sant Joan, o a través de una modificación del POUM.

El Portavoz de la Plataforma, Joan Vilà, ha explicado en rueda de prensa que "la sentencia nos da la razón y, además, anula de pleno derecho el decreto del conseller Nadal que aprobaba el Plan Especial de Sant Joan". Según Vilà, el texto señala que el centro penitenciario se hizo sobre un suelo donde el Ayuntamiento de Sant Joan no tenía determinado construir un equipamiento de estas características. "A día de hoy tenemos un centro penitenciario ilegal en Sant Joan", ha manifestado Joan Vilà.

La Plataforma ha denunciado la impunidad con la que actúan las administraciones, "haciendo y deshaciendo, y a la larga ya vemos lo que pasa. Tenemos un centro penitenciario ya abierto y ahora la Justicia dice que se ha hecho de forma ilegal".

Vilà también ha reprochado al Ayuntamiento de Sant Joan que no modificara hace cinco años el Plan Urbanístico del municipio para construir la prisión con plenas garantías. Además, ahora a la Plataforma le preocupa el futuro de la finca de las Torres, al lado de Lledoners, primera opción para erigir el centro penitenciario, y que al final se descartó.

Joan Vilà ha añadido que están acabando de analizar cómo al Ayuntamiento de Sant Joan de Vilatorrada, "con un largo bagaje municipal", y a la Comisión de Urbanismo se les pudo escapar este detalle de planeamiento urbanístico de estas características. Esta Plataforma entiende que no se les escapó, sino "que querían ir deprisa. "Ahora valoramos si ha habido prevaricación, y si entendemos que ha habido, actuaremos en consecuencia", dice Joan Vilà.

El abogado de la Plataforma ha explicado que a partir de ahora las dos partes pueden recurrir el texto del TSJC. Como toda sentencia, ha recordado el abogado, se puede ejecutar, y "por lo tanto la prisión podría tener que derribarse. Nosotros no estamos en plan destructivo, nunca lo hemos estado, y siempre hemos buscado la legalidad".

Según el letrado, el objetivo final era demostrar que todo el movimiento anti-prisión de hace cinco años fue fundamentado, y por lo tanto, "moralmente hemos tenido uno reconocimiento al esfuerzo que hicimos", y ha añadido que "no descartamos ejecutar la sentencia e ir hasta las últimas consecuencias".

El Departamento de Política Territorial y Obras Públicas ha admitido que "el instrumento" utilizado para la aprobación de la construcción del centro penitenciario no ha sido el "adecuado", en alusión al plan especial que autorizaba su construcción, una maniobra que el TSJ ha desaprobado.

En lugar de aprobar un plan especial, Política Territorial debería haber modificado el plan general urbanístico de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) -un proceso más largo en la tramitación- pero que, tras la sentencia, va a iniciar para seguir un procedimiento "adecuado".

No obstante, el departamento ha anunciado que presentará "un recurso de casación" por "discrepar" del criterio de la sala, que considera ilegal el proceso urbanístico.

En la actualidad se está realizando en Sant Joan de Vilatorrada la modificación del POUM, tal y como pide la sentencia, aunque todavía esta en la fase de aprobación inicial.






* La Vanguardia - EFE - 24.04.09
Foto: Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), cárcel Lledoners - abc.es

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Un juez ve presuntos excesos en el Nevada y manda revisar la licencia

IDEAL/Granada* : Existen «indicios» que hacen que sea «de todo punto necesario» revisar la licencia que permitió la construcción del gigantesco armazón del Centro Comercial Nevada de Armilla. De esa forma, será posible determinar «el presunto exceso en la ocupación del solar, así como el presunto exceso de altura y de edificabilidad».

A pesar de que los actos judiciales relacionados con el Nevada llegan siempre envueltos en una cierta confusión informativa -parece que deliberada-, el caso es que el juez que ha abordado la vertiente contencioso-administrativa de este asunto ha llegado a unas conclusiones que en poco difieren de las que aconsejaron la apertura del juicio oral en la vía penal -que sigue abierta: sólo falta conocer la fecha de la celebración de la vista oral-. En este sentido, el Juzgado Contencioso-Administrativo numero uno de Granada -en una sentencia difundida ayer- ordena al Ayuntamiento de Armilla que obedezca a la Junta de Andalucía y revise de oficio «la licencia de obras otorgada» al multimillonario murciano Tomás Olivo para levantar el Nevada.
Razones urbanísticas
El juez advierte de que existen razones de «índole urbanística» para que el Consistorio vuelva a estudiar el permiso que concedió en su día. De hecho, el magistrado recalca que esa revisión «puede determinar, no sólo la nulidad de la licencia, sino también, en su caso, eventuales indemnizaciones».
Es verdad que el tribunal no accede al deseo de la Junta de invalidar la citada licencia, ya que el Ejecutivo andaluz la impugnó fuera del plazo legal establecido. Es decir, que la administración autonómica cometió un error formal -una grave muestra de 'dejadez' que ya desveló en su día IDEAL-.
Pero la 'no anulación' de la licencia no quiere decir que el Nevada sea 'trigo limpio'. Ni mucho menos. El propio autor de la sentencia se preocupa en todo momento por dejar claro ese extremo. «Lo que resulta de todo punto incuestionable es que la licencia concedida -por el Ayuntamiento de Armilla- no coincide con la otorgada inicialmente y que fue aprobada e informada favorablemente por la Consejería de Economía y Hacienda en el año 2001. Por el contrario, se trama una estrategia de adquisición de suelo urbanizable que se desarrolla con el denominado Plan Parcial PP-B, cuyas determinaciones en materia de ocupación de parcela, edificabilidad y alturas son diferentes a las del proyecto inicialmente autorizado y para el que se concedió la oportuna licencia».
Este es un argumento que ya han manejado con insistencia todos los involucrados en la vertiente penal del caso: el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil -encargado del trabajo de campo-, la Fiscalía, los peritos judiciales, el propio juez instructor... Todos ellos han coincidido en señalar que entre lo que autorizó la Junta y lo que finalmente se hizo hay un mundo... a favor de la empresa, claro. El juez de lo Contencioso también ha suscrito ahora esa afirmación.
Sin patente de corso
Sin embargo, el magistrado se aparta de esa 'doctrina' cuando sugiere cambios que permitan legalizar el Nevada, sobre todo, ahora que la crisis económica se ha convertido en una máquina de fabricar parados. La Fiscalía y los peritos judiciales, en cambio, han recomendado la demolición total o parcial del edificio.
Por lo demás, el fallo recuerda que la autonomía municipal no es un sinónimo de «patente de corso» para que un ayuntamiento haga lo que le plazca.
El alcalde de Armilla, el socialista, Gerardo Sánchez, ofreció ayer diálogo a la Junta para abrir cuanto antes el Nevada.






* Ideal - 24.04.09 - C. M
Foto: Armilla (Granada), centro comercial Nevada - ideal.es

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