ELPAÍS* : La negativa del Ayuntamiento de Valencia a conceder licencias de obra y de actividad en el barrio marinero de El Cabanyal ha llegado al Defensor del Pueblo. La asociación de vecinos ha presentado una queja a la institución, que ha respondido que estudiará el asunto y les informará "puntualmente" de la tramitación de su caso. La orden del Gobierno de paralizar el plan urbanístico del PP para evitar un expolio del patrimonio histórico con el derribo de más de 450 casas ha servido al Consistorio para rechazar cualquier intervención en el barrio, aunque sea para pintar una fachada.
La decisión, de la que el gobierno local dirigido por Rita Barberá culpa al Ejecutivo, ha levantado las protestas de los vecinos y de los comerciantes de la zona, que también se han dirigido al Ayuntamiento para pedir que permita actuar en el barrio. Argumentan los afectados que un informe de la Abogacía del Estado especifica que la suspensión del plan de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez a través de El Cabanyal, ratificada por el Tribunal Constitucional mientras analiza varios recursos, no implica la paralización de cualquier iniciativa de mejora en el barrio, sino solo de las intervenciones que puedan dañar el patrimonio artístico e histórico que se pretende proteger.
Así lo defienden de nuevo los vecinos ante el Defensor del Pueblo -cargo que ocupa actualmente de forma interina María Luisa Cava de Llano-, al que piden que inste al Ayuntamiento de Valencia a "desbloquear" la concesión de licencias siempre que no impliquen daño al patrimonio, ya que en su opinión eso "permitiría recuperar un escenario de normalidad, que propiciaría la necesaria reactivación social y económica" del barrio. La asociación vecinal denuncia, además, la intención del Consistorio de destinar 7,5 millones de euros a comprar casas en la zona de prolongación de la avenida, un dinero con el que "se podrían rehabilitar más de 500 viviendas".
Por su parte, la Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales del Marítim (Acipmar), se entrevistó la semana pasada con los concejales de Urbanismo y de Ordenación Urbana para exponerles su petición de que se levante la suspensión generalizada de licencias, como ya hicieron en varios escritos. Según los comerciantes, el Ayuntamiento ha argumentado de nuevo que está predispuesto a conceder licencias, pero que se lo impide la orden del Gobierno de parar el plan urbanístico. Acipmar se dirigirá de nuevo por el mismo asunto al Ministerio de Cultura. En un comunicado, afirma que espera que "con urgencia" se pueda dar solución a este problema y el resto de conflictos que afectan al barrio, que "a pesar de tener unas grandes expectativas de futuro, puede por la actuación de unos y de otros quedar al margen de toda evolución social y económica".
* El País - 10.11.10
Foto: El cabanyal - Efe
.................................... Leer más...
MÁLAGAHOY* : La Sección 2ª de la Audiencia de Málaga, a la que por turno de reparto le ha tocado en principio juzgar el caso Troya contra la corrupción en Alhaurín el Grande, ha devuelto la causa al juzgado de Coín para que enumere los folios que la componen. El asunto no es baladí, puesto que si el procedimiento tiene más de 25.000 folios, a efectos de distribución interna, se consideraría de tipo tres y en esas circunstancias previsiblemente le tocaría a otra sala asumir este juicio. A esta categoría de procedimientos pertenecen tanto los que tienen más de 25.000 hojas como aquellos en los que figuran más de 15 imputados.
A falta de conocer con exactitud el número de páginas del caso Troya, por el momento el único hecho constatado es que en Troya están imputadas 20 personas, entre ellas el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, dos técnicos y 16 promotores.
La Sección Segunda, además, tiene ya experiencia con los problemas que suscita en la vista oral la falta de numeración de los folios, tal y como se ha puesto de manifiesto durante el juicio por el caso Ballena Blanca contra el blanqueo de capitales. En este macrojuicio, además, el tribunal que preside el magistrado Federico Morales también se mostró contrario a las normas de reparto de la Audiencia y a la adjudicación de la causa a esta sección. En aquella ocasión llegó a plantear una reclamación ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que finalmente no fue atendida.
La Fiscalía atribuye a Martín Serón cinco delitos continuados de cohecho porque presumiblemente recibió comisiones ilegales por importe de 238.785 euros. Según el Ministerio Público, el dinero supuestamente lo recibía de su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, quien se "encargaba de negociar las nuevas condiciones urbanísticas a aplicar a los proyectos de obras y las contrapartidas a abonar por los empresarios".
El fiscal reclama al alcalde cuatro años y medio de prisión, una multa de 500.000 euros y 11 años de inhabilitación por cohecho, además de otros ocho años de inhabilitación por prevaricación omisiva porque supuestamente hacía la vista gorda con los tejemanejes en el área de Urbanismo.
Para Gregorio Guerra, al que acusa de recibir 782,445 euros en comisiones, exige cinco años y medio de cárcel y 1,6 millones de multa, además de 11 años de inhabilitación.
* Málaga Hoy - 11.11.10
Foto: Alhaurín el Grande, alcalde y concejal imputados - diariosur.es
.................................... Leer más...
INFORMACIÓN/Alicante* : Tres años después de instruirse el expediente municipal de "peligrosidad por ruina" (en junio de 2007), el imponente edificio "La Ballena" continúa en su sitio en la confluencia de las calles Ulpiano y Pedro Lorca de Torrevieja. El partido de oposición Los Verdes (LV) retomó ayer este asunto -que se remonta a mayo de 2006, cuando los vecinos (una treintena de propietarios con sus familias) fueron desalojados- y criticó el "poco interés" demostrado por el equipo de gobierno (PP) para ponerle solución. Según LV, el Ayuntamiento "lleva más de tres años mareando la perdiz y peloteando con dicho asunto sin tener previsto ningún tipo de actuación para proceder a su derribo, permitiendo que la estructura y el conjunto del inmueble se vayan deteriorando progresivamente ante la indignación de vecinos y propietarios".
LV subrayó que, al parecer, el Ayuntamiento no dispone ahora de los medios ni de partida económica "para abordar directamente o mediante su adjudicación a terceros la ejecución del derribo, que fue el acuerdo que tomaron los vecinos, y ello hace que la situación de ruina se mantenga en el tiempo sin tener posibilidad alguna de poder ser resuelta a fechas vista". De hecho, muchos de los propietarios vieron su economía familiar gravemente afectada, dado que en algunos casos siguen atados a hipotecas para comprar las viviendas de las que tuvieron que marcharse.
Por todo ello, LV pidió explicaciones al PP y criticó que "con su indolente pasividad ha demostrado que no tiene interés alguno en resolver este conflicto y devolver la tranquilidad y el ornato urbano a la calle Pedro Lorca, dando seguridad a los numerosos vecinos y transeúntes que frecuentan la zona".
Los propietarios renunciaron a rehabilitar el edificio hace un año porque no podían hacerse cargo de los costes económicos, tal y como comunicaron a los servicios de Urbanismo. La estructura de cinco pisos y ático, edificada en los 70, se sigue deteriorando a marchas forzadas mientras, en principio -y dado que los propietarios no pueden asumir la reforma-, debería ser el Ayuntamiento el encargado de acometer el derribo (que podría costar en torno a 130.000 euros) y de iniciar después un procedimiento para cargar los costes a los dueños.
* Información - 10.11.10
Foto: informacion
.................................... Leer más...
ELPAÍS* : La Fiscalía Anticorrupción espera un último informe de la Unidad de Auxilio Judicial de la Intervención General del Estado para pedir al juez Pedreira que se inhiba en favor del Tribunal Superior de Castilla y León ante los indicios que afectan a varios aforados del PP sobre pagos de comisiones ilegales y amaño de adjudicaciones en esa comunidad autónoma. El último informe policial sobre la trama Gürtel en Castilla y León revela al menos tres adjudicaciones amañadas (dos carreteras y la planta de tratamiento de basuras) para beneficiar a la constructora leonesa Teconsa, que pagaría por este trato de favor un 3% del total del contrato adjudicado a la organización de Francisco Correa, quien repartiría la comisión entre dirigentes del PP.
Los dos aforados implicados en la supuesta recepción de comisiones son José Manuel Fernández Santiago, actual presidente de las Cortes de Castilla y León, y Silvia Clemente, consejera de Agricultura de esta comunidad.
El último informe policial señala que Correa cobró 384.670 euros en mayo de 2003 como adelanto de una comisión total de 600.000 euros por la adjudicación de la planta de tratamiento de residuos de Gomecello (Salamanca) por parte de la Consejería de Medio Ambiente a una UTE formada por Teconsa y SUFI, SA. Ambas empresas y sus responsables están implicados en el caso Gürtel por otras adjudicaciones supuestamente amañadas. La policía cree que Correa y ex altos cargos del PP, entre ellos el ex tesorero nacional Luis Bárcenas, el ex eurodiputado Gerardo Galeote y el ex diputado por Segovia Jesús Merino lograron que Clemente, entonces consejera de Medio Ambiente, adjudicase la planta de Gomecello a la citada UTE por 22 millones. La comisión pactada la repartió Correa entre Bárcenas, Merino, Galeote y él mismo (60.000 euros cada uno). Se basa en la contabilidad B de las empresas de Correa, en las que se cita a estas cuatro personas con sus iniciales. En esa contabilidad figura una quinta persona, que se llevó 144.200 euros, y que la policía cree que es Silvia Clemente. En dicha contabilidad B se alude así a esa quinta persona: "1 sobre de 24mm=144.200 E - CL- S". Los agentes sospechan, aunque los indicios son endebles, que la "S" corresponde a Silvia, y que CL es la abreviatura de Castilla y León.
La policía tiene más clara la supuesta recepción de comisiones, en otras obras, por parte de Fernández Santiago, quien en la contabilidad B de Correa es mencionado como "TOTI".
* El País - 10.11.10
Foto: José Manuel Fernández Santiago, presidente de las Cortes de Castilla y León, en la sesión de ayer.- elpais
.................................... Leer más...
LEVANTE* : Lo mismo que a la Asociación de Vecinos del Botánico, la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valencia comunicó a la entidad vecinal Cercle Obert de Benicalap que la pavimentación de las grandes vías Fernando el Católico y Marqués del Turia se reduciría a un pasillo central y no abarcaría la totalidad del paseo de tierra. La diferencia en este caso, es que los responsables de Cercle Obert aseguran sentirse "engañados" y anuncian que dirigirán un escrito al Gobierno para que retire o aplace los 4,6 millones de euros del Plan Zapatero que se gastarán en el proyecto.
En declaraciones a Levante-EMV, el portavoz de la entidad, Antonio Marín Segovia, explicó que la concejalía había mantenido una reunión con ellos en el mes de septiembre en la que les informó del proyecto y les aseguraron que la pavimentación afectaría únicamente a un pasillo central para peatones.
Recibieron, por tanto, la misma información que la Asociación de Vecinos del Botánico, que posteriormente apoyó el proyecto sumándose a la idea de que la pavimentación general era necesaria para poder acceder limpiamente a los bancos laterales.
Preocupación por el paseo
En el caso de Cercle Obert, sin embargo, no sólo no hay apoyo al proyecto sino que hay auténtica indignación y oposición, pues aseguran que el concejal los ha engañado. "A unas asociaciones no las han consultado y a las que nos han consultado nos han mentido", dijo Marín Segovia en referencia a colectivos como el de Russafa-Gran Vía o la propia Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia que aún no han podido dar su opinión al respecto. Sólo lo han hecho a través de este periódico y ha sido para oponerse al proyecto.
Así las cosas, Antonio Marín Segovia anunció que enviará un escrito al Ministerio de Administraciones Publicas para que congele o aplace el pago de los 4,6 millones de euros que costarán las obras. Según dice, la pavimentación total del bulevar de las grandes vías, además de ser un gasto no prioritario en estos momentos, acabaría con el paseo histórico y no se ajusta a los cánones de conservación que defiende la entidad.
Bien para la movilidad, mal para la adherencia
La Asociación Amigos de la Movilidad Urbana ha mostrado su satisfacción por el adoquinado del paseo interior de las grandes vías previsto por el Ayuntamiento de Valencia, pero asegura que el pavimento elegido tendrá problemas de adherencia y de limpieza, por lo que propone sustituir el hormigón por material cerámico.
Para la entidad, "la tierra natural tiene graves inconvenientes en materia de accesibilidad integral", pues resulta "insegura e incómoda" para las personas mayores o con problemas de movilidad.
El problema, a juicio de Ignacio Andrés, portavoz de la asociación, es que las losas de hormigón elegidas por la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valencia tendrán problemas de adherencia. Aunque en el momento de su colocación cumplan con las exigencias de "resbaladicidad" del Código Técnico de Edificación, de obligado cumplimiento, "pasados un año y medio a dos años" habrá perdido esas cualidades y será necesario someterlo a un tratamiento muy costoso para las arcas municipales.
Su propuesta es que, al igual que se ha hecho en otras ciudades como Alicante y Castelló, se utilicen pavimentos cerámicos, "especialmente desarrollados bajo todas las premisas de diseño universal, accesibilidad y seguridad".
* Levante - 10.11.10
Foto: Valencia, Gran Vía Marqués de Turia - urbanity
.................................... Leer más...
ELPAÍS* : Los propietarios de apartamentos de uso turístico deberán tener licencia municipal y los vecinos podrán vetar la presencia de estos negocios en los edificios donde viven, según el decreto que el Gobierno catalán aprobó ayer. El sector, agrupado en la Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur), expresó inmediatamente su malestar por una normativa que considera que "no regula efectivamente" la actividad y aseguró que recurrirá el decreto en los próximos días. Convergència i Unió criticó la falta de consenso.
El decreto, que, para ser exactos, habla de "viviendas de uso turístico", pretende regular los pisos que se ceden a terceros para estancias inferiores a tres meses y se enmarca en la Ley del Derecho a la Vivienda de 2008.La Ley del Derecho a la Vivienda creó la figura de las viviendas de uso turístico, las que se ceden a un tercero de forma temporal. El texto, que ha sido redactado por el Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, busca, según el Gobierno, dar mayor seguridad jurídica y garantías tanto a los propietarios como a los usuarios de estos pisos, y traspasa a los Ayuntamientos la concesión de licencias y la capacidad inspectora.
Pero el nuevo decreto detalla que la licencia "no será posible si está prohibida por la ordenación de usos del sector [por el urbanismo] o limitada por los estatutos de la comunidad en los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal". Esto es, explica el subdirector de Ordenación Turística, Joan Abad, "si cuatro quintas partes de los popietarios del edificio deciden que no quieren usos turísticos".
Desde el punto de vista de las condiciones de los apartamentos, el decreto fija estándares de calidad -deberán tener cédula de habitabilidad y estar amueblados y equipados- y, lo fundamental, exige que el titular de la vivienda obtenga la autorización o licencia del Ayuntamiento. Este es uno de los puntos polémicos, porque la Federatur alerta de que cada Consistorio podrá fijar sus condiciones sin que existan unas exigencias homogéneas.
La nueva norma prevé que los Ayuntamientos creen la figura de un inspector que -al no tratarse de un domicilio- pueda entrar a revisarlos. Además el propietario deberá facilitar un teléfono de contacto, garantizar el mantenimiento del espacio y disponer de hojas de reclamación. El decreto también establece el cese de la actividad si no se dispone de licencia e incluso multas de entre 30.000 y 90.000 euros a quienes comercialicen viviendas para estancias cortas sin la licencia. "El decreto viene a dar cobertura a un agujero legal", defendió ayer el consejero Joaquim Nadal, que ejerció de portavoz del Gobierno tras su reunión semanal.
El decreto, que llega tras siete años de reuniones y sucesivos borradores, soliviantó ayer a la federación que agrupa a los empresarios. "No estamos en contra de la regulación, todo el mundo debe estar debidamente inscrito, pero no se pueden pasar las competencias a los Ayuntamientos, que no tienen medios y actuarán cada uno por su lado", lamentó el presidente de la Federatur, Lluís Torrent. "Lo debería controlar la Generalitat a través del registro de Turismo, como ocurría hasta ahora", añadió.
El sector calcula que existen entre 350.000 y 400.000 apartamentos de uso turístico. Sus propietarios tienen un año para obtener la licencia y cuatro años de plazo para adaptarse en el caso de los Ayuntamientos que ya hayan regulado la actividad, como el de Barcelona y el de Palamós.
Convergència i Unió tachó el decreto de "inaceptable" y acusó al tripartito de actuar "a la desesperada, a 19 días de las elecciones y sin el apoyo del sector".
* El País - 10.11.10
Foto: Barcelona, ciutat vella - ciudadbarcelona
.................................... Leer más...
