LEVANTE* : El propietario del Real Murcia y a la vez presidente de este club de fútbol, Jesús Samper, declarará esta mañana ante el juez David Castillejos en calidad de imputado en el caso Umbra, que investiga un episodio de supuesta corrupción urbanística en la zona norte del municipio, donde el empresario madrileño construyó el estadio Nueva Condomina, así como un centro comercial como parte de un plan parcial que proyectó la edificación de hasta 26.000 de viviendas.
Samper viene asegurando desde que se conoció los cargos que se le imputan –prevaricación y blanqueo de capitales– que está "muy tranquilo" y antes de emprender viaje a Murcia desde Madrid, donde vive, comentó que "no soy optimista ni pesimista", y añadió que no tiene "nada que ocultar ni que esconder por mi parte, pues todo lo que se realizó en relación a los convenios urbanísticos de la zona norte se hizo con luz y taquígrafos".
Samper, quien ha sido citado a las diez de la mañana para comparecer ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 8 de Murcia, indicó que realiza "su vida con total normalidad" y aclaró que la imputación no le quita el sueño.
"Esto no es más que un cargo y dota de garantías a los órganos judiciales a la hora de tomar declaraciones", justificó Samper, abogado de profesión.
El dueño y presidente del Murcia será el noveno implicado en la operación Umbra en pasar por delante del juez. Antes lo hicieron el ya ex director de la gerencia de Urbanismo Alberto Guerra; el abogado Higinio Pérez Mateos y el ingeniero y promotor inmobiliario italiano Renato de Noce, los tres en libertad bajo fianza; y el ex jefe de Planeamiento de Urbanismo Joaquín Peñalver, el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena; y los empresarios Francisco Arqués, Alfonso Ramírez Huguet y Juan Torres Fontes, quienes quedaron libres sin fianza.
* LEVANTE - 15.10.10
Foto: Jesús Samper, propietario y presidente del Real Murcia - La Opinión de Murcia
El presidente del Murcia declara hoy acusado por prevaricación
El juez amonesta a Gondomar por demorar un año el derribo a la hija de un funcionario
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FARODEVIGO* : El gobierno municipal de Gondomar incumple de forma reiterada los requerimientos judiciales para derribar la vivienda de la hija de un funcionario del departamento de Urbanismo, cuya licencia otorgada de forma irregular llevó al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a condenar al ex alcalde popular Carlos Silva a seis meses de prisión y siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación. El titular del Juzgado Contencioso Administrativo nº2 de Vigo, Antonio Martínez Quintanar, ordenó la demolición de la casa situada en el barrio Cruceiro de la parroquia de Donas en septiembre de 2009. Ante el retraso de un año en la ejecución del fallo, el magistrado acaba de remitir al Concello un requerimiento en el que pide explicaciones por la demora e información sobre las medidas llevadas a cabo para echar abajo la vivienda.
El escrito recuerda al gobierno municipal que ha excedido el segundo plazo concedido para contestar al requerimiento de demolición y, por ello, le pide el "nombre del funcionario responsable de la demora al objeto de ser requerido personalmente para depurar responsabilidades".
El juez se refiere concretamente a un "funcionario" ante la circunstancia de que la vivienda unifamiliar de planta baja pertenezca a Rebeca Fernández Prieto, hija de Jaime Fernández Álvarez, que trabaja en la oficina municipal de Urbanismo desde hace años. Pero la documentación que obra en el expediente podría apuntar a una supuesta responsabilidad del alcalde, Martín Urgal, en el asunto. La técnica de administración general de Urbanismo, Elena Ares Salgado, ha hecho constar en el procedimiento al menos tres diligencias el mes pasado en las que certifica que ha remitido al regidor los requerimientos a la propietaria para que solicite licencia para el derribo, así como información sobre el asunto a los juzgados. Estos documentos han sido devueltos a la oficina de Urbanismo en la carpeta de firmas del alcalde sin la debida rúbrica o incluso retirados de la misma, según recalca la funcionaria.
La licencia de la casa formaba parte de la treintena de permisos urbanísticos que sentaron en el banquillo al ex alcalde Carlos Silva y a su junta de gobierno –Ángel Gregores, José Luis Mosquera, Abelardo Meneses, Jaime Rial y José Misa– por prevaricación al concederlos con el Plan Xeral anulado por el Tribunal Supremo. Solo ésta fue tomada en consideración por el TSXG al tratarse de la única otorgada después de confirmar la secretaria municipal la llegada de un auto judicial que dejaba sin efecto un acuerdo plenario que los entonces gobernantes habían aprobado para dar por cumplida la sentencia que anulaba el Plan Xeral con unas correcciones.
* El Faro de Vigo - 14.10.10
Foto: La casa con orden de derribo desde hace un año, en el barrio de Cruceiro, en Donas.- farodevigo.es
Ibiza.- Los arquitectos critican que el PTE sigue «el modelo obsoleto de colonización del campo»
DIARIODEIBIZA* : Al igual como ya hizo con el PTI aprobado por el PP, el Colegio de Arquitectos de las Pitiusas se muestra muy crítico con la nueva versión que impulsan PSOE y ExC ya que resulta «poco ambiciosa» al no plantear un modelo alternativo al actual, que está «obsoleto» y se basa en «la colonización del campo». Los arquitectos piden en sus alegaciones, aprobadas por su Junta de Gobierno, que se busque un gran pacto sobre un modelo alternativo y que no se utilice la norma como arma electoral. Solicitan que se convoque un concurso para que se encargue la redacción del PTE a «un equipo multidisciplinar de contrastado prestigio» y no a los técnicos del Consell.
La Demarcación de Ibiza y Formentera del Colegio Oficial de Arquitectos de Balears critica que la nueva versión del Plan Territorial de Eivissa (PTE) apueste por mantener «el modelo actual obsoleto de colonización del suelo rústico», con un sistema de urbanización difusa de parcelas de 15.000 metros cuadrados de superficie mínima. Este colectivo asegura «no compartir» este criterio, ya que está «perjudicando de forma irreversible al paisaje de la isla y, por tanto, la economía y la calidad de vida».
Los arquitectos reconocen en su escrito de alegaciones al PTE, que presentaron ayer en el Consell, que la revisión de esta norma supone «un avance» en la «espinosa» tarea de tratar de «compatibilizar el uso de la vivienda unifamiliar con lo que debe ser el suelo rústico», dada la estructura de la propiedad en la isla, el modelo de asentamiento disperso y el relevante factor sociológico que supone que «una importante masa de la población crea inalienable el supuesto derecho de edificar en esta clase de suelo». Sin embargo, consideran que los cambios introducidos en el documento resultan «poco ambiciosos» ya que, «al reducir la superficie edificable en suelo rústico, no pretende resolver, sino reducir cuantitativamente el problema de la edificación dispersa».
Por ello, Víctor Beltrán y Marc Tur, presidente y secretario, respectivamente, del Colegio de Arquitectos en las Pitiusas, explicaron ayer en rueda de prensa que, en sus alegaciones, proponen al Consell que se estudien en profundidad «soluciones consensuadas» dirigidas hacia un cambio de modelo, como «la transferencia del aprovechamiento edificatorio a suelos urbanos o a núcleos rurales, existentes o de nueva creación, cuyo impacto ambiental, consumo de recursos y territorio sean inferiores al modelo actualmente propuesto». «Podría incluso primarse adecuadamente a los propietarios que se acogiesen a opciones de este tipo», agregan.
Los arquitectos consideran que si existiera «voluntad política y consenso social» no sería difícil emprender un estudio de las alternativas que plantean incluyendo las iniciativas legales que debería aprobar el Parlament balear. En este sentido, Beltrán destacó que si se quiere impulsar un nuevo modelo para evitar la edificación dispersa en el campo habrá que aumentar el suelo urbanizable de la isla, que, en la actualidad, está «limitado» por las Directrices de Ordenación del Territorio.
Marc Tur advierte de que como en la isla está «muy arraigado socialmente el derecho de los propietarios a construir en sus fincas», se debe hacer «un trabajo de concienciación importante», ya que, insiste, el modelo actual «no es viable a la larga» por los problemas que en la actualidad ya se hacen patentes de «seguridad, infraestructuras y energía». «Creemos que una edificación más consolidada en núcleos urbanos es medioambientalmente más sostenible», asegura, al tiempo que añade que antiguamente vivían 5.000 familias en la isla y que el ritmo de construcción era «paulatino». «Ahora con la presión urbanística actual no se puede imitar un modelo que funcionaba hace 100 años», añade Tur.
Mejor que el PTI del PP
Este colectivo ya fue muy crítico con el PTI aprobado la pasada legislatura por reproducir el «modelo obsoleto de lo años 70». Ahora los arquitectos no cambian su posición al entender que con los cambios introducidos el PTE «se limita a reproducir un modelo territorial muy similar al que tiene su origen en el Plan Provincial de Balears de 1973». Echa en falta también que no se plantee alguna alternativa. En todo caso, Beltrán indicó que, si se aceptan las alegaciones presentadas (las más significativas se detallan en la página siguiente), el PTE aprobado inicialmente por el PSOE y ExC es «mejor» que el PTI del PP, aunque destacan que la nueva versión está «muy verde» y que «algunas de las normas, basadas en criterios subjetivos, se han de pulir muchísimo».
* Diario de Ibiza - 14.10.10
Foto: Ibiza - mma.es
Una firma del alcalde de Tui achaca su crisis a la falta de plan urbanístico
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ELPAÍS/Pontevedra* : Una de las empresas del grupo inmobiliario que apodera el alcalde de Tui, Antonio Fernández Rocha (PP), atribuye la pérdida de casi el 45% de su facturación en 2008 a que no se aprobase dl plan general de urbanismo. Con ello trataba de justificar el despido de un albañil que finalmente no le ha sido aceptado por el Tribunal Superior de Xustiza (TSXG). De no extinguirse ese puesto de trabajo, "se desequilibraría el proyecto empresarial", adujo la empresa en la argumentación del despido, en julio del citado 2008. Todo pinta que las cosas están ahora peor.
J.F.E. Guillarey Construcciones y Promociones, que ahora responde a la denominación Galconser, la empresa que ejecutó el despido de un albañil de segunda "por causas objetivas", pertenece, según establece la sentencia, a la media docena de sociedades limitadas que se integran en el Grupo Provitui, administradas por el hijo del alcalde, José Antonio Fernández Estévez, y en cuatro de las cuales el propio Rocha figura como apoderado y en otra, Promingal, como administrador único.
La delimitación del grupo que hace el TSXG en su sentencia parte de la constatación, con otros indicios, de que todas comparten teléfono y fax en un mismo domicilio social, en el número 20 de la calle Foxo de Tui. Además de las citadas Galconser y Promingal, forman el grupo Promociones Tuyvi, Gesprovi de Tuy, Promociones Viventuy y Promociones Alcaro de Tui, a todas las cuales trasladó sus reclamaciones el albañil despedido. El TSXG, confirmando la sentencia de primera instancia, entiende que "resultan acreditados los elemenentos indicados para atribuir a las empresas condenadas responsabilidad solidaria por pertenecer a un grupo".
Galconser había atribuido la extinción del contrato y amortización del puesto de trabajo del albañil "a la disminución importante y continuada de la carga de trabajo debida a la baja demanda de nuestros servicios de construcción de edificios de viviendas y de viviendas unifamiliares". La empresa prosigue su justificación aduciendo que su ámbito de actuación "fundamentalmente se sitúa en el municipio de Tuy, y al estar el plan de urbanismo pendiente de aprobación, la empresa no puede ejecutar obras nuevas. Esta situación representa una disminución del 44,82% de nuestra facturación. Además, las promotoras para las que habitualmente presta servicios esta empresa han finalizado sus obras y los terrenos donde tenían previsto construir están pendientes de la aprobación del PGOU".
20 millones de euros de facturación en 2008
El mismo día que J.F.E. Guillarey Construcciones y Promociones cambió su denominación a la de Galconser, el pasado 18 de agosto, la empresa registró una ampliación de su capital social desde los 6.010 euros iniciales a 66.864 euros. Responde a una reorganización del Grupo Protuivi, administrado por José Antonio Fernández Estévez, hijo del alcalde de Tui y del que es apoderado el propio regidor.
Todas las empresas del grupo sumaron en 2008 -último ejercicio del que presentaron cuentas en el Registro Mercantil- una facturación de más de 20 millones de euros, que solo aportó beneficios a una de ellas, Promociones Viventuy, 1,3 millones de euros, suficiente para enjugar las pérdidas de las demás, sin incluir los resultados de Promociones Alcaro de Tui, a los que este periódico no ha podido acceder (en 2007 declaró 1.555 euros de pérdidas).
Alcaro sería la promotora directamente beneficiada por la polémica recalificación de terrenos de la finca Patazumba que ha contribuido a retrasar la aprobación del plan general. Con un quebrando evidente para el grupo empresarial vinculado al alcalde, aunque en el caso del despido improcedente del albañil de Galconser, el Tribunal Superior indica que el problema no se centra en si esta sociedad disminuyó su actividad en Tui por no haberse aprobado su plan general. "Lo que se acreditó fue una disminución global de los pedidos", dice el fallo.
* El País - 12.10.10
Foto: Tui (Pontevedra), vista - wikipedia.org
La Operación Juncal salpica ya a dos antiguos dirigentes de IP en El Puerto
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DIARIODECÁDIZ* : La Operación Juncal desarrollada por la Policía Autonómica en El Puerto, y que desmanteló una supuesta trama liderada por el arquitecto Joaquín Pallí y el promotor de Chiclana Francisco Doña Marín, que levantó una promoción de chalés en Los Desmontados, en la zona norte, en suelo destinado a equipamientos deportivos, ha acabado salpicando a antiguos dirigentes de Independientes Portuenses. Tanto el ex responsable de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, como el sucesor de Hernán Díaz al frente de la Alcaldía, el ex edil de IP y hoy en día teniente de alcalde de Turismo del Gobierno del Partido Popular de El Puerto, Fernando Gago, han acabado siendo imputados en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción nº3 de El Puerto.
El propio Gago confirmó en declaraciones a este diario su imputación en la causa, en su caso, por parte del Ministerio Fiscal, habiendo sido citado para comparecer en los próximas días en el Juzgado para declarar por el asunto. El edil no ocultó su sorpresa por haberse visto involucrado en un asunto que aseguró desconocer "por completo", mostrándose convencido de que su imputación es únicamente debida a que "yo era en ese momento alcalde". Y no dejó de ironizar con el hecho de que "he sido alcalde de El Puerto sólo diez meses y medio (sucedió a Hernán Díaz tras ser inhabilitado por prevaricación) y parece que todo lo he hecho yo!".
La Policía Autonómica sitúa al frente de la supuesta asociación ilícita al promotor Doña Marín, a Pallí y al jefe de obras del primero, que fueron detenidos en febrero pasado y puestos en libertad con cargos. Junto a estos tres detenidos, fueron imputadas entonces otras 25 personas, entre ellas, dos arquitectos más y un arquitecto técnico (de Jerez, Chiclana y El Puerto); cuatro personas que, según la investigación, actuaban como testaferros , obteniendo los préstamos hipotecarios para financiar los chalés, y hasta un director de banco, el que estaba en aquella época al frente de la sucursal del Banco Sabadell Atlántico en El Puerto.
Las pesquisas policiales determinaron que la empresa Los Viñazos, de Doña Marín, adquirió una parcela de 5.000 metros cuadrados en Los Desmontados a muy bajo precio al tratarse de suelo clasificado en el PGOU vigente como sistema general de equipamiento con la calificación de uso dotacional deportivo. La finca fue sometida a división horizontal, en noviembre de 2001, ante la Notaría de Cádiz de R.C., con un certificado falso de obra nueva de Pallí, asegurando que había una antigua edificación de 897 metros cuadrados. Este certificado permitió dividirla en catorce viviendas registrales.
A continuación, la organización inició la construcción de viviendas unifamiliares y su venta a particulares. Algunas de estas ventas, según la investigación policial, fueron ficticias para eludir los expedientes del Ayuntamiento de El Puerto, llegando a ofrecer viviendas a familias en precario para su ocupación como vivienda habitual y así evitar el precinto de las casas.
La empresa de Doña Marín solicitó préstamos sobre cada una de las viviendas a construir por un montante total de 1,2 millones de euros. Para avalar estas operaciones, presentó según la investigación informes de tasación falsos, en algunos casos sobre viviendas inexistentes, y en casi todos los supuestos falseando la antigüedad de construcción. El valor de venta de los chalés se cifra en 4 millones de euros.
Arrancaron las obras. Y en 2005, el por entonces concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, asistió al precinto por parte de la Policía Local (convocando incluso a los medios de comunicación locales) de algunas de las viviendas, varias de ellas aún en construcción. Eso sí, se negó a hacerlo con aquellas que ya estaban ocupadas. Sin embargo, el precinto valió para poco porque los chalés se terminaron de construir y a día de hoy siguen habitados. Las diligencias judiciales se iniciaron en 2007 tras una denuncia que presentó Ecologistas en Acción ante la Fiscalía, en la que acusaba a los dirigentes municipales de permitir ésta y otras actuaciones ilegales.
A los implicados se les imputan, entre otros, delitos de ordenación del territorio, falsedad documental, estafa, desobediencia, defraudación de fluido eléctrico, asociación ilícita y alzamiento de bienes. De los préstamos que otorgó el banco para financiar la promoción de chalés, siete dejaron de abonarse, sufriendo la entidad un perjuicio patrimonial superior a 800.000 euros.
* Diario de Cádiz - 14.10.10
Foto: Rodríguez y Gago, en una rueda conjunta, en septiembre de 2006.- diariodecadiz.es
La huida hacia ninguna parte de las inmobiliarias
ROBERTO CALERA* : La banca se debate entre refinanciar la deuda de las inmobiliarias o permitir su caída, lo que también supone un peligro. Afinales de junio se conoció la entrada en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) de la inmobiliaria Sacresa. El motivo ha sido la imposibilidad de seguir refinanciando su deuda con la banca y no poder hacer frente a sus créditos.La compañía soporta una deuda de 1.740 millones de euros, lo que la ha llevado a la tercera mayor quiebra empresarial de España después de las de Martinsa-Fadesa (7.000 millones de euros) y Habitat (2.800 millones). Antes que éstas, ya habían quebrado Astroc y Llanera. Recientemente también ha sido obligada a entrar en concurso de acreedores Nozar. En su momento estas empresas compraron terrenos sobrevalorados para construir viviendas que pensaban vender también a precios de burbuja. Para comprar estos terrenos y empezar las promociones, se pedían cuantiosos créditos a los bancos, que no tenían ningún problema en concederlos en los momentos de bonanza. Todo funcionaba bien mientras se seguían vendiendo a precios de burbuja (inaccesibles para gran parte de la población) las viviendas construidas.
Pero cuando la burbuja estalla, las ventas se paran y las constructoras/ promotoras no pueden hacer frente a los créditos que tienen contraídos con los bancos. Inicialmente todos los actores interesados (promotoras y bancos) intentan evitar la quiebra y ganar tiempo refinanciando las deudas esperando a ver si el mercado se recupera y la venta de pisos vuelve a subir. Pero eso no ocurre y poco a poco (en algunos casos tras haber refinanciado un año o dos las deudas) los bancos se van convenciendo de que esas compañías no tienen futuro y que lo mejor es dejar que quiebren y salvar lo que se pueda.
En otros casos, los bancos han convertido su deuda en acciones de la empresa, como ha sido el caso de Colonial (4.500 millones de deuda se han canjeado por acciones en varias ampliaciones de capital y canje de acciones por deuda) con lo que ahora son los bancos los máximos accionistas de la empresa.
Algo parecido está ocurriendo en el caso de Metrovacesa (una deuda de 5.800 millones de euros). Asimismo, Reyal Urbis también ha conseguido refinanciar in extremis su deuda (4.600 millones de euros). También Polaris World ha conseguido salvarse en el último momento mediante la refinanciación.
El problema de la deuda
En algunos casos se refinancia la deuda durante un plazo (habitualmente un año), pero al cabo de ese tiempo, la situación no ha mejorado y los bancos se vuelven a encontrar con el mismo problema, la imposibilidad de las empresas inmobiliarias para devolver su deuda.
Por ejemplo, Habitat consiguió en su día refinanciar su deuda, pero finalmente no sirvió para nada. En estas situaciones tienen un papel principal los bancos acreedores. Si dejan caer estas empresas sin refinanciarlas, tienen que asumir el crédito como incobrable y esperar a que se resuelva el concurso para intentar recuperar parte del mismo. Si deciden refinanciarlas, el crédito sigue vivo pero en este caso corren el riesgo de estar prolongando (y quizás en algún caso aumentando) una apuesta que tiene muchas posibilidades de ser fallida.
En un contexto de restricción de la liquidez y de desconfianza hacia la banca española como el actual, los bancos a su vez tienen problemas ellos mismos para renovar sus propios créditos en el interbancario europeo. Esto hace que la opción de refinanciar a las inmobiliarias les sea costosa, pues en ocasiones pueden tener problemas para poder obtener la liquidez necesaria.
Con estos antecedentes, y sabiendo que en España hay varios millones de viviendas pendientes de vender que no encuentran comprador al precio actual, es de esperar que las ventas sigan siendo bajas durante mucho tiempo hasta que se absorba el stock y los precios bajen mucho más de lo que hasta ahora han bajado. Es por ello que seguramente Sacresa no será la última empresa inmobiliaria que entrará en concurso de acreedores, y que habrá casos parecidos en el futuro, sin importar el tamaño.
* Diagonal - Opinión - 12.10.10
