INFORMACIÓN/Alicante* : Un "emisario submarino" o tubería de desagüe ubicada a escasos metros de la zona derecha de la desembocadura del río Amadorio de La Vila Joiosa, a unos 500 metros de su playa Centro (la más amplia del municipio), vierte de forma irregular aguas fecales y pluviales justo en el borde marítimo desde hace más de dos décadas.
Así lo confirmaron fuentes del Departamento de Costas después de que se personaran en el lugar representantes del grupo ecologista Xoriguer, alertados por una demanda vecinal sobre la existencia de maquinaria pesada en la zona, donde reabrieron la pasada semana una zanja para desatascar la salida de la tubería, además de sustituir la tapa metálica de su alcantarillado.
Las obras han sacado a la luz la presencia del citado aliviadero, que según explicó el representante ecologista Jaume Vaello, "pasa desapercibido visualmente a los transeúntes pero se nota fácilmente por los olores desprendidos, más en los momentos en que se pone en marcha, ya que arroja directamente al mar todo lo imaginable, como compresas, plásticos o excrementos, sin que pasen por ningún tratamiento".
Estos restos se podían apreciar visualmente a ambos lados del "emisario", y llegan hasta allí desde "la estación de bombeo cercana en los momentos en que tiene algún problema o avería", según fuentes del Departamento de Costas, que confirmaron que esta situación "ya ha sido avisada por informes" hace tiempo, sin que hasta la fecha "se haya podido hacer nada".
Esa estación de bombeo, ubicada en la zona denominada "La Antoneta", a unos 500 metros de la desembocadura del río en dirección al núcleo urbano, es la encargada de impulsar a la Estación Depuradora de Aguas Residuales de La Vila las aguas fecales de la zona de Puntes del Moro y Poble Nou de la localidad.
El "emisario submarino" finaliza a menos de 50 metros de viviendas habitadas, justo al borde de una playa de cantos rodados, lo que supone que aun cuando expulsa sólo aguas residuales (depuradas) incumpla la directiva europea que establece la distancia que debe tener este tipo de tuberías entre la línea de la costa y el mar (25 metros de profundidad y una longitud mínima de 500 metros).
Informes
Por ello, el Grupo Ecologista Xoriguer presentó el sábado (por registro en el Ayuntamiento y por correo certificado a Costas), una solicitud para que ambas administraciones informen sobre las autorizaciones y trabajos concedidos para los trabajos realizados en ese lugar, y una solución definitiva al colector. El edil de Medio Ambiente, José María Béjar, afirmó ayer que hoy mismo buscará dicho escrito y dará orden de que "se investigue lo que está pasando", para que "si procede", desde el Ayuntamiento se tomen medidas para "exigir a Costas que arregle la situación".
* Información - 1.03.10
Foto: El aliviadero está al borde del mar, frente a viviendas habitadas y a escasos metros de la desembocadura del río - R. LÓPEZ, diarioinformacion.com
Una tubería arroja aguas fecales junto a la mayor playa de La Vila desde hace años
Los vecinos de Carabanchel "condenan" a los parquímetros
MADRIDIARIO* : Los 'antiparquímetros' han colocado a las máquinas un traje de rayas negras y blancas, un gorro a juego y una bola de preso, junto a un cartel con la palabra "ilegal". Cada vez que terminaban de ataviar a uno de ellos, brindaban con sidra, según ha explicado a Efe el presidente de la Asociación de Vecinos Carabanchel Alto-Plataforma PAU Carabanchel, Pedro Casas.
Medio centenar de vecinos de Carabanchel Alto han celebrado este domingo el cuarto aniversario de su lucha contra los parquímetros vistiendo con ropa de preso estos aparatos, a los que han colocado la careta de "Alberto Ruiz-Vampirón".
Los vecinos han adornado "los ocho o nueve parquímetros que funcionan" en esa zona, ya que "otros ocho o nueve" están estropeados, ha apuntado el presidente vecinal. El 1 de marzo de 2006, el Ayuntamiento extendió el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) a 21 nuevos barrios y varios cascos históricos de los distritos periféricos de la ciudad, lo que originó una rebelión vecinal que abanderaron el distrito de Fuencarral-El Pardo, en el norte de la ciudad, y el de Carabanchel, en el sur, aunque pronto se unieron afectados de Hortaleza y Villa de Vallecas.
Cuatro año después, los 'antiparquímetros' de Carabanchel celebran que la "resistencia vecinal se ha mantenido" y que todavía están dispuestos a luchar para que los parquímetros se retiren de las zonas en que, a su juicio, "no son necesarios" y sin embargo "causan un grave perjuicio a vecinos y comerciantes". "Vamos a seguir con esta pelea absurda y ridícula que nos ha impuesto este alcalde prepotente", ha aseverado este domingo el presidente de la asociación de vecinos.
Pedro Casas ha recordado que la celebración coincide además con el primer caso, dado este año, de anulación de una multa (que le impusieron a él mismo), en virtud de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que declaraba nula la extensión del SER del 1 de marzo de 2006.
* Madridiario - 1.03.10
Foto: Carabanchel - Kike Rincón, madridiario.es
Varapalo judicial a los planes de regularización
DIARIODECÁDIZ* : El Tribunal Constitucional (TC) acaba de fallar que no se puede suspender la ejecución de una sentencia firme de derribo de una edificación ilegal por el mero hecho de que se vayan a acometer cambios en la normativa urbanística del municipio en el que se emplace que legalizarían lo construido. El Constitucional se pronuncia así en una sentencia sobre una construcción radicada en el municipio de Siero, en Asturias.
El Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJPA) había decidido suspender la ejecución de una sentencia de derribo dictada en 2001 contra una vivienda porque el Ayuntamiento de Siero le había informado de que estaba tramitando una reforma de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que podía legalizarla.
En ese caso, el TSJPA entendió que, aunque la sentencia había sido declarada firme por el Tribunal Supremo, era conveniente otorgarse un plazo para examinar si la situación legal de esa vivienda podía cambiar con la futura reforma del PGOU del municipio asturiano.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional sostiene que esa medida vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de quien denunció una irregularidad urbanística, obtuvo una sentencia que le dio la razón en sus planeamientos y pidió que se hiciera cumplir.
Sin duda, se trata de una importante sentencia del Tribunal Constitucional que sienta una jurisprudencia que en la provincia de Cádiz va a tener gran repercusión. No en vano tanto en Chiclana como en El Puerto hay numerosas viviendas ilegales pendientes de regularización con modificaciones futuras en sus planeamientos municipales. Y en el segundo caso, en término portuense en no pocos casos anteriores mandatarios municipales habrían otorgado hasta decretos de legalización basándose en un futuro PGOU aún no aprobado.
* Diario de Cádiz - 1.03.10
Foto: PENDIENTES DE TRÁMITE. En la imagen, una vista aérea de las viviendas ilegales de El Puerto. / LA VOZ
La Fiscalía de Cataluña dobla las diligencias por delitos urbanísticos
ELMUNDO* : Una mayor eficacia. Ésta fue la principal razón de la fiscal jefe de la Fiscalía Superior de Cataluña, Teresa Compte, para crear un grupo especial dentro del Ministerio Público que persiguiese los delitos urbanísticos y contra el Patrimonio Histórico. El de urbanismo no fue el único fiscal específico creado por Compte cuando fue nombrada máxima responsable de la Fiscalía catalana, también existe la figura por delitos económicos o medio ambiente, pero sí que es uno de los que más trabajo tuvo durante el año pasado y las primeras semanas de 2010.
Según datos aportados a este diario, la Fiscalía contra delitos urbanísticos, coordinada por el fiscal Antoni Pelegrín, abrió el año pasado 61 diligencias de investigación en la provincia de Barcelona. La cifra dobla las 27 que se abrieron en 2008 o las 23 de 2007. Una de las razones del aumento de este tipo de investigaciones es el acceso a los atestados del Cos d'Agents Rurals sobre construcciones ilegales en espacios protegidos o vías de acceso.
En declaraciones a EL MUNDO, Teresa Compte explicó que la especialización de la Fiscalía permite "aumentar su eficacia". En este sentido, la fiscal jefe destacó que los temas urbanísticos son "muy complejos", ya que el Ministerio Público tiene que estar formado sobre la diversa normativa de ordenación del territorio, además de componentes del derecho contencioso administrativo y conocer su vinculación con las partidas presupuestarias.
* El Mundo - 1.03.10
Foto: zona Sta. Coloma - elpais.es
Tres nuevas imputaciones por cohecho en el ´caso Las Teresitas´
LAOPINIÓN/Tenerife* : El número total de imputaciones por el caso Las Teresitas ha crecido de 25 a 28, y el de imputados, de 12 a 13, después de que en un auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), del pasado 10 de febrero, aparecieran tres nuevas inculpaciones: el presunto delito de cohecho de los ex concejales Emilio Fresco, José Emilio García Gómez y, como incorporación a esta amplia lista, José Luis Martín.
El referido auto de la magistrada de la sala de lo penal del TSJC, Carla Bellini, que instruye la investigación por presunta corrupción en la compra-venta de los terrenos de la playa chicharrera, era uno más de los que todos los meses dicta para prorrogar las diligencias previas. Pero, encerraba una sorpresa: Fresco, García Gómez y Martín aparecían como supuestos receptores de sobornos.
Emilio Fresco, que fuera portavoz municipal socialista, y José Emilio García Gómez, ex portavoz del PP, ya figuraban como posibles autores de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Quien aún no figuraba era José Luis Martín, conocido contertulio de televisión que, como Fresco, fue expulsado del PSC-PSOE como consecuencia de un expediente por prácticas irregulares. Las otras 25 imputaciones que ya se conocían se reparten de la siguiente manera: presunta prevaricación y malversación de fondos públicos de Miguel Zerolo (alcalde), Manuel Parejo (ex concejal de Urbanismo y actual primer teniente de alcalde), Antonio Messia (ex tesorero municipal), Juan Reyes Delgado (secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo), José Luis Roca (interventor delegado de Urbanismo), José Eugenio de Zárate (secretario general de la corporación), José Tomás Martín (gerente de Urbanismo) y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González. Sobre Zerolo recae una tercera imputación, la de presunto cohecho, así como otras dos de malversación y cohecho contra Felipe Armas, un peón de la construcción que trabajaba para Ignacio González.
En el auto, al que ha tenido acceso La Opinión de Tenerife, Bellini expone las razones por las que prorroga el secreto de una parte del sumario y el proceso de diligencias previas. "El motivo que hace necesario mantener parcialmente secretas las presentes actuaciones no es otro que la elevada complejidad y magnitud de las mismas", se lee en el documento, que añade que la Policía sigue remitiendo información a la justicia sobre los imputados y su entorno, que "si fueran conocidas por las partes, podrían dar lugar a interferencias o manipulaciones que entorpecerían la investigación".
Lentos avances. El abogado José Ventura, de Justicia y Sociedad, colectivo personado en la causa, detalló ayer a este diario que "no es el auto propiamente dicho de imputación, sino de prórroga por un mes de las diligencias. Lo único que ocurre es que es la primera vez que vemos en la lista estas tres nuevas imputaciones, que pudieron haber venido de la Fiscalía Anticorrupción o como consecuencia de las averiguaciones de los cuerpos de seguridad del Estado". "Esto evidencia que se está avanzando, pero pedimos celeridad en la resolución de la investigación, que se está alargando demasiado en el tiempo", añadió Ventura, quien espera un pronto inicio de la apertura progresiva de la parte del sumario que falta por conocer.
El próximo mes de junio se cumplen cinco años de la presentación, ante la Fiscalía Anticorrupción, de la denuncia del colectivo Insula Viable contra la multimillonaria operación de compra-venta de los terrenos de Las Teresitas. La fiscal Anticorrupción presenta un año y medio después y tras dos prórrogas, en diciembre de 2006, sus conclusiones ante el TSJC, dada la condición de aforado del alcalde de Santa Cruz. Una parte de la instrucción, unos 15.000 folios, queda abierta desde enero de 2008. En todo este tiempo se han ido acumulando las imputaciones, las tomas de declaración, el seguimiento a las cuentas de los acusados y su entorno e, incluso, comisiones rogatorias.
El pelotazo
El inicio de la operación. Inversiones Las Teresitas se constituye el 24 de junio de 1998 y en sólo 48 horas consigue un préstamo de alto riesgo de 33 millones de euros. El mismo día, ILT compra por 30 millones los terrenos de Las Teresitas a la Junta de Compensación que manejaba los terrenos anexos a la playa y sólo tres días después, el Tribunal Supremo emite una sentencia que rebaja las expectativas edificatorias en el frente de playa, aunque permite levantar 6 hoteles de nueve plantas y dos centros comerciales. Tres años más tarde, el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprueba por unanimidad un convenio urbanístico por el que compra a ILT con dinero público el frente de playa por 52 millones de euros y pacta con Inversiones Las Teresitas (Antonio Plasencia, Ignacio González) la recalificación del suelo que ésta se reserva en la zona conocida como Valle de Huertas.
Un negocio perfecto. La recalificación reconvierte el uso de este suelo de extrahotelero a residencial. El Ayuntamiento adelanta a ILT el 65% de lo estipulado en el convenio y la sociedad enjuga su deuda. En 2004 se formaliza la modificación del plan parcial, que recalifica el suelo de Valle de Huertas, e Inversiones Las Teresitas vende el 90% de los terrenos a la división inmobiliaria de una aseguradora por 96,1 millones de euros. En ocho años y sin gastar ni un euro, Inversiones Las Teresitas ha quintuplicado el valor de su inversión y obtenido un beneficio de 120 millones de euros.
* La Opinión Tenerife - 1.03.10
Foto: Manifestación contra la corrupción en Santa Cruz celebrada en las playa de Las Teresitas en febrero de 2008. efe
Fraude urbanístico a la vista de todos
LEVANTE/Valencia* : Viviendas ilegales. Antes que Montroy fue Llíber. Y antes, l'Atzúvia. Los personajes de la trama son casi siempre los mismos: promotores sin escrúpulos y políticos y técnicos municipales que les dejaron hacer y que incluso se beneficiaron de la millonaria estafa. Que el guión se repita revela que fallaron los mecanismos para preservar el territorio. Lo curioso es que el fraude urbanístico se perpetró a la vista de todos. Ahora hay cientos de casas ilegales.
Al interior de la Marina Alta no le vino nada bien mirarse en el espejo del boom urbanístico del litoral. Con Normas Subsidiarias desfasadas y prisa por rebañar las migajas del negocio de la construcción, pueblos como Gata o Pego dieron luz verde a PAI que devinieron auténticos fiascos. Gata Residencial se convirtió en una colmena inacabada de adosados y Penya Roja, en una urbanización fantasma en plena montaña. Pero esos traspiés urbanísticos son legales.
Esa fiebre tuvo un lado mucho más oscuro. En ayuntamientos como los de l'Atzúvia o Llíber, promotores sin demasiada buena reputación en el sector encontraron la complicidad de políticos y técnicos. Que de la noche a la mañana empezaran a proliferar viviendas en suelo no urbanizable y en parcelas muy inferiores a 10.000 metros cuadrados no escandalizaba a casi nadie. Incluso en Llíber, el alcalde entre 1999 y 2003, José Mas Avellà, del PP, aplicaba una ordenanza a todas luces ilegal para autorizar chalés en parcelas de 5.000 metros cuadrados de terreno rústico.
Pero, aparentemente, no pasaba nada. Los grupos ecologistas ponían el grito en el cielo y denunciaban las irregularidades. El negocio urbanístico podía más. Mientras, cientos de familias de residentes extranjeros caían en la tela de araña tejida por promotores sin escrúpulos. Les prometían un retiro feliz en un paraje de ensueño y, en realidad, les vendían casas ilegales con suministro de luz y agua en precario. Los constructores pronto desaparecían y para las familias quedaba la amenaza del posible derribo.
Precisamente, las denuncias de esos residentes estafados destaparon las tramas de viviendas ilegales. En Llíber, durante ese periodo de 1999 a 2003 se construyeron nada menos que 300. La Guardia Civil detuvo el pasado mes de diciembre al promotor Miguel Muntaner, al ex alcalde José Mas Avellà y al arquitecto técnico Amador Signes. El técnico informó favorablemente las licencias fraudulentas (algunas eran para reformar ruinas que ni existían) y el ex primer edil las otorgó. Además, hay unos veinte imputados entre constructores, concejales, abogados y hasta un notario de Xàbia.
Mientras, en l'Atzúvia, la policía arrestó en enero de 2008 al promotor alemán Klaus Dieter May por edificar en suelo no urbanizable 13 chalés de lujo que vendió a potentados clientes. Los construyó con licencia para viviendas unifamiliares o de casa de labranza que le concedió el entonces alcalde, Manuel Reig, del PP, quien ya ha fallecido. En este caso, la denuncia la presentaron los grupos ecologistas Gelibre y Agró que de nuevo ahora han advertido de que el ayuntamiento sigue haciendo la vista gorda con estas viviendas ilegales en lugar de restituir la legalidad urbanística.
Llíber y l'Atzúvia son los casos más llamativos, pero no la excepción. También en los pueblos del litoral, donde unos PGOU sobredimensionados ampararon un frenético crecimiento urbanístico, se han hecho gordas. En Calp, el plan general aprobado en 1989 legalizó unas 2.000 viviendas fuera de ordenación y desperdigadas por todo el término municipal.
Además, fuentes conocedoras del urbanismo en el interior de la Marina Alta han comentado a este diario el caso de un promotor que acumulaba 10.000 metros cuadrados en suelo rústico (la superficie mínima para construir una vivienda unifamiliar) y segregaba mil metros que vendía a un residente extranjero para que se edificara una vivienda. Posteriormente, volvía a adquirir otros mil metros para recuperar los 10.000 y poder obtener otra licencia de obra. De nuevo, segregaba una parcela de mil metros y vuelta a empezar en una práctica fraudulenta que dio pie a la construcción de decenas de chalés ilegales.
Es evidente que en aquellos años de boom urbanístico los mecanismos de control fallaron. Ni los ayuntamientos ni el Consell fueron demasiado celosos en hacer cumplir la disciplina urbanística. La herencia son cientos de casas irregulares y de propietarios -la mayoría residentes extranjeros- estafados. Desde luego que el urbanismo valenciano, al menos en la Marina Alta, se ha ganado a pulso su mala fama en Europa.
* Levante-EMV - 1.03.10
Foto: Llíber - medioambiente.ladipu.com
